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Sentencia AP-1197-04 — Registro 3862

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por Juzgado de primera instancia contentiva a sobreseimiento definitivo a favor de varios imputados, algunos de ellos por suponerlos responsables de delitos de encubrimiento y Violación de los Deberes de los Funcionarios y a otros por el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de la Administración Pública; La Autoridad recurrida consideró que el recurrente no logró acreditar de manera indubitable que los fusiles AK-47 se encontraban como piezas de convicción en manos del órgano jurisdiccional competente ni en custoria de los imputados con esa finalidad por lo que no se les puede considerar piezas de convicción; Además, por ahora el recurrente no ha comprobado la evidente participación de los imputados

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio de los antecedentes traídos a la vista se deduce que la pretensión del recurrente, es hacer ver a esta Sala de lo Constitucional, que efectivamente existen indicios para determinar la participación de los antes mencionados en el caso en análisis, por lo que considera que la sentencia que confirma el sobreseimiento definitivo dictado por el Juez de instrucción, vulnera la norma constitucional antes señalada. La Sala de lo Constitucional considera que se debe recordar que tiene vedado realizar este tipo de pronunciamientos propios de instancia, así por ejemplo sobre la procedencia o improcedencia de la emisión de un auto de prisión, o de un sobreseimiento definitivo o provisional, pues ello obliga al análisis de los elementos probatorios presentados en primera instancia, con el fin de llegar a establecer si el hecho cometido se subsume en determinado tipo penal, actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia..."..."la determinación judicial de decretar un sobreseimiento definitivo, provisional o un auto de prisión, es una cuestión de mera legalidad, resolución judicial que resulta del análisis realizado sobre el fondo del asunto, recordando que la misión de la Sala Constitucional se limita al análisis del razonamiento lógico que realizó el órgano jurisdiccional para llegar a cierta conclusión, en el caso de mérito, a confirmar el sobreseimiento definitivo dictado en primera instancia a favor de los imputados..."..."la pretensión de que se otorgue el presente recurso de amparo obviamente es con la finalidad de que se revoque el sobreseimiento recurrido, para lo cual es forzoso entrar al análisis de los presupuesto señalados en el artículo 92 constitucional, es decir, que exista plena prueba de haberse cometido un delito, y que existan indicios racionales de quien sea su autor, competencia exclusiva de primera y segunda instancia, por cuanto se observa que lo desarrollado hasta este momento procesal no vulnera las disposiciones constitucionales señaladas, más aun cuando el argumento toral de primera instancia es la falta de dolo en la actuación de los procesados..."..."por las razones legales expuestas es procedente DENEGAR el amparo interpuesto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice:”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, nueve de noviembre del año dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto ante este Tribunal de Justicia en fecha siete de mayo de dos mil cuatro, por el Abogado OSCAR CRUZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio; en su condición de Fiscal Especial del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución proferida por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de Francisco Morazán, de fecha dieciséis de abril de dos mil cuatro, mediante la cual RESOLVIO: 1) Declarar sin lugar el Recurso de apelación interpuesto por la Abogada DENIA YADIRA DERAS, mayor de edad, hondureña de este domicilio, actuando en su condición de Representante del Ministerio Público. 2) CONFIRMO la Resolución de fecha diecisiete de febrero de dos mil cuatro, contentiva de Sobreseimiento, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en el que se favorece a los imputados JUAN MANUEL AGUILAR GODOY, Inspector de Policía, MIRNA SUAZO RIVERA, Comisionada de la Policía Preventiva mayores de edad, hondureños, de este domicilio, y a CORALIA RIVERA RAMOS, mayor de edad, soltera, Directora General de la Policía Preventiva Comisionada de Policía, hondureña, de este domicilio, dictándoles SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO; en relación a la causa instruida mediante Requerimiento Fiscal presentado ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha nueve de diciembre de dos mil tres, contra la Señora CORALIA RIVERA RAMOS, por el delito de ENCUBRIMIENTO Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, JUAN MANUEL AGUILAR GODOY Y MIRNA SUAZO RIVERA, por el delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de ADMINISTRACIÓN PUBLICA.- Estima el recurrente que se ha violado el derecho contenido en el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. RESULTA: Que mediante auto de fecha ocho de junio de dos mil cuatro, se ordenó dar vista de los antecedentes al recurrente por el término de cuarenta y ocho horas para que formalizara su recurso por escrito, haciéndolo en fecha veintidós de junio de dos mil cuatro, el Abogado OSCAR CRUZ mayor de edad y de este domicilio, actuando como Fiscal del Ministerio Público, de la siguiente manera: “NORMA CONSTITUCIONAL ULTRAJADA.- 1.- Tal como lo expresamos al momento de la interposición del presente recurso, el Ministerio Público estima que la sentencia recurrida ha violentado el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, esto porque brevemente en la resolución que resuelve la reposición se dice que no se ha acreditado la preexistencia del delito, y por ahora el Ministerio Público no ha comprobado de manera evidente la participación de los imputados, en el hecho criminoso que ha motivado de su parte el ejercicio de la acción penal. Criterio que esta Fiscalía no comparte, dado que en autos es evidente la presencia de los elementos objetivos del tipo penal denunciado, así como los indicios racionales de participación de los imputados en el delito de Violación a los deberes de los funcionarios, veamos: con la declaración del testigo MARCO EDGARDO VARELA RODRÍGUEZ, armero de la Escuela Técnica del Ejercito, rendida en sede administrativa y tomada como prueba anticipada con las formalidades exigidas por la ley, se estableció que este testigo el 20 de agosto del 2002 recibió la orden por parte de la comisionada MIRNA SUAZO, para que utilizara seis (6) fusiles AK-47, a fin de que quedara inhabilitadas, y que lo hiciera de forma diferente para cada una de esas armas, y así lo hizo: quitó resortes, fiador, desconectó disparador, y se limó el cañón de una de ellas, agregando que en el momento en que estaba realizando dicho trabajo se encontraba una persona, quien posteriormente fue identificado como JUAN MANUEL AGUILAR GODOY (Inspector, pero que en esa fecha desempeñaba como asistente del Ministro). Con esta declaración se hace patente que tanto este último indiciado como MIRNA SUAZO RIVERA sí tenían conocimiento del hecho que el día 21 de agosto del 2002, en horas de la mañana se realizaría una inspección por parte de Fiscales del Ministerio Público, en el almacén del Departamento Logístico de Casamata, con la finalidad de localizar y trasladar al Laboratorio de Balística las armas registradas, y que eran buscadas a raíz de unas investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos; extremo que se comprueba con la nota enviada por el Fiscal Mario Chinchilla al Ministro de Seguridad el 20 de agosto del 2002. No hay duda que los imputados, no podían ignorar que esas armas constituían piezas de convicción, y siendo así su deber era en asegurarlas y conservarlas, y no ordenar su inhabilitación, como efectivamente lo hicieron, violentando con tal comportamiento el inciso 2 del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional inobservando también lo dispuesto en el artículo 217 del Código Procesal Penal. 2.- En definitiva, los mencionados funcionarios, en vez de conservar debidamente las armas, objeto de investigación, lo que hicieron fue omitir ese deber de aseguramiento y conservación, pues la Oficial de Policía MIRNA SUAZO RIVERA ordenó la manipulación e inhabilitación de las mismas, mientras que el Inspector JUAN0 MANUEL AGUILAR GODOY colaboró con el armero (Marcos Edgardo Varela) en la manipulación.- Asimismo corren en la causa la declaración del testigo PEDRO ALONSO HENRIQUEZ ALEMAN (Jefe del Almacén de Armas) quien entre otras cosas prefiere que la imputada MIRNA SUAZO le dijo: “Si la Fiscalía se hace presente a requerir esas armas, le dé otras”; mientras que el testigo SAUL COCA CANTARERO (Director de la Escuela Técnica del Ejercito) indica que dicha imputada el 20 de agosto (1 día antes de la inspección que realizaría la Fiscalía) solicitó la ayuda de una armero con el argumento de arreglar el almacén y revisar unas armas, localizándose al armero Marcos Edgardo Varela.- Por su parte el Jefe del Almacén de Armas PEDRO ALONSO HENRIQUEZ ALEMAN dijo en su testimonio que el oficio enviado por la Fiscalía requiriendo las armas estaba en el escritorio de la imputada MIRNA SUAZO, y que de ese mismo oficio él tomo los números de registros para buscar las armas en cuestión, oficio (o nota) que reconoció ante el Juez conocedor. Por otro lado, en cuanto a la participación de la encausada CORALIA DEL TRANSITO RIVERA, se estima que también tenía conocimiento del hecho criminal en que habían incurrido sus subalternos Mirna Suazo y Juan Manuel Aguilar, pues de lo contrario no hubiera inducido al testigo PEDRO ALONSO HENRIQUEZ ALEMAN (Jefe del Almacén de Armas) ante el Ministerio Público, tal como lo dejó establecido en su declaración dicho testigo ante el órgano encargado de impartir justicia en audiencia de prueba anticipada, testimonio que fue confirmado por la Comisionada María Luisa Borjas, faltando más bien a su deber de investigar los delitos que fueren de su conocimiento, como el que se les imputa a sus subalternos, quebrantando con ello el numeral 2 del artículo 10 de la Ley de la Policía Nacional que dice: “...para el logro de sus objetivos y el cumplimiento de sus responsabilidades tendrá las atribuciones siguientes: 1)...2) Prevenir, disuadir, controlar, investigar y combatir el delito, falta e infracciones”, violentando a su vez lo prescrito en el numeral 2 del artículo 349 del Código Penal. 3.- El principal argumento del Tribunal Ad-quem es que el Ministerio Público no logró acreditar de manera indubitable que los seis fusiles AK-47, en realidad se encontraban como piezas de convicción y al no hacerlo, su acción que ha incoado no puede cobrar vida en la esfera penal, por lo que se descarta la configuración de los ilícitos penales atribuidos a los imputados y que las armas en mención nunca estuvieron en manos del órgano jurisdiccional competente ni tampoco en custodia de los imputados con esa finalidad, por lo que no se les puede considerar piezas de convicción o instrumento del delito, es privativa de la autoridad judicial, sin que en el caso particular conste debidamente acreditado que las armas del problema hayan sido conceptualizadas como tales. Ante tal argumento, se hace necesario reiterar que conforme a la nueva normativa procesal penal, los objetos y documentos relacionados con el delito que puedan ser importantes para la investigación y los que puedan ser objeto de comiso, serán tomados en depósito por las respectivas autoridades o asegurados y conservados del mejor modo posible. Quienes tengan en su poder objetos o documentos de los señalados en el párrafo anterior, deberán presentarlos y entregarlos al solo requerimiento del Ministerio Público. De allí que no cabe la menor duda que las armas en cuestión constituían objetos relacionados con delitos cometidos en la zona norte del país y que naturalmente eran importantes para la investigación, y esta naturalmente le corresponde a la Dirección General de Investigación, bajo la supervisión y orientación del Ministerio Público, teniendo el deber los policías enjuiciados de asegurarlas, así como conservarlas del mejor modo posible, pero no, lo que se hizo fue todo lo contrario, al ordenarse su inhabilitación, incurriendo en la comisión del ilícito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, habida cuenta que con su conducta, lis indiciados impidieron que tales objetos relacionados con el delito y que constituían piezas importantes para la investigación, fueran puestas a la orden de la autoridad encargada de la dirección y persecución penal, para posteriormente si fuere el caso presentarlas ante la autoridad jurisdiccional. 4.- Por otro lado, en el auto que resuelve la reposición, el tribunal de segunda instancia dice, que el Ministerio Público por ahora, no ha comprobado de manera evidente la participación de los imputados; sin embargo se esta confirmando un sobreseimiento definitivo a favor de los mismos, existiendo una notoria contradicción, pues de ser lo primero estaríamos frente a un sobreseimiento provisional. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- Fundamentamos la presente formalización de Amparo en el primer párrafo del artículo 90 de la Constitución de la República; 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1, 5, 25 28 y demás aplicables de la Ley de Amparo”. RESULTA: Que este Tribunal de Justicia, dictó auto en fecha veintitrés de junio de dos mil cuatro, que en su parte conducente literalmente dice: "Admítase el escrito que antecede, tiénese por formalizado en tiempo el Recurso de Amparo por parte del Abogado OSCAR CRUZ, en su condición de Fiscal del Tribunal, y en consecuencia omítase la vista al Fiscal del Tribunal.” CONSIDERANDO (1): Que la demanda de amparo presentada el siete de mayo de dos mil cuatro, se dirige contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de Tegucigalpa, el dieciséis de abril del mismo año que, confirma la resolución de fecha diecisiete de febrero de dos mil cuatro, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la misma Sección Judicial, en la causa que se instruye en contra de CORALIA RIVERA RAMOS, MIRNA SUAZO RIVERA y JUAN MANUEL AGUILAR GODOY, a quienes se les supone responsable de la comisión del delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA. CONSIDERANDO (2): Que el examen de la demanda de amparo debe iniciarse señalando que el recurrente alega que la resolución emitida en segunda instancia, violenta la norma constitucional establecida en el artículo 90 párrafo primero, de la Carta Magna. CONSIDERANDO (3): Que del estudio de los antecedentes traídos a la vista se deduce que la pretensión del recurrente, es hacer ver a esta Sala de lo Constitucional, que efectivamente existen indicios para determinar la participación de los antes mencionados en el caso en análisis, por lo que considera que la sentencia que confirma el sobreseimiento definitivo dictado por el Juez de instrucción, vulnera la norma constitucional antes señalada. La Sala de lo Constitucional considera que se debe recordar que tiene vedado realizar este tipo de pronunciamientos propios de instancia, así por ejemplo sobre la procedencia o improcedencia de la emisión de un auto de prisión, o de un sobreseimiento definitivo o provisional, pues ello obliga al análisis de los elementos probatorios presentados en primera instancia, con el fin de llegar a establecer si el hecho cometido se subsume en determinado tipo penal, actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia. CONSIDERANDO (4): Que la determinación judicial de decretar un sobreseimiento definitivo, provisional o un auto de prisión, es una cuestión de mera legalidad, resolución judicial que resulta del análisis realizado sobre el fondo del asunto, recordando que la misión de la Sala Constitucional se limita al análisis del razonamiento lógico que realizó el órgano jurisdiccional para llegar a cierta conclusión, en el caso de mérito, a confirmar el sobreseimiento definitivo dictado en primera instancia a favor de los imputados. CONSIDERANDO (5): Que la pretensión de que se otorgue el presente recurso de amparo obviamente es con la finalidad de que se revoque el sobreseimiento recurrido, para lo cual es forzoso entrar al análisis de los presupuesto señalados en el artículo 92 constitucional, es decir, que exista plena prueba de haberse cometido un delito, y que existan indicios racionales de quien sea su autor, competencia exclusiva de primera y segunda instancia, por cuanto se observa que lo desarrollado hasta este momento procesal no vulnera las disposiciones constitucionales señaladas, más aun cuando el argumento toral de primera instancia es la falta de dolo en la actuación de los procesados. CONSIDERANDO (6): Que el amparo es una institución procesal que tiene por objeto mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales.CONSIDERANDO (7): Que por las razones legales expuestas es procedente DENEGAR el amparo interpuesto. POR TANTO: la Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 64, 82, 88 párrafos 3-4, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 Y 321 de la Constitución de la República; 3, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 18, 25 y 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 1, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 78 atribución 12, y 153 numeral 6 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1 No.1, 41, 42, 63 y 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 354 y 409 del Código Procesal Penal. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado CHINCHILLA BANEGAS.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR POR LEY. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL".

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el tres de febrero de dos mil once, certificación de la sentencia de fecha nueve de noviembre de dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No 1197-1422-1478=04.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA CONSTITUCIONAL