Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AL-1086-09 — Registro 4943

Resumen

Sentencia confirmó resolución que declaró sin lugar excusa médica de representante procesal demandante por inasistir a audiencia de trámite por considerar que tenía tiempo para sustituir el poder en otro profesional del derecho o notificar al Tribunal de su incapacidad con relación a demanda ordinaria laboral promovida por recurrente contra Fábrica Muebles, SA. de C.V. para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos, vacaciones causadas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala constata que en fecha doce de mayo de dos mil nueve la recurrente, abogada Ana Gloria Virginia Salmerón Amaya, formuló comparecencia verbal ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, presentando formal excusa, en virtud de no haber podido comparecer a Audiencia de Trámite que se verificó el doce de junio del año dos mil nueve, en su condición de Apoderada Legal de los señores: Marlene Dinora Casco Alvarez y Marvin Porfirio Escoto, que instauraran en contra del señor Haynes Willigham, en su carácter de Presidente de Fábrica de Muebles S.A. de C. V., comparecencia que si bien aparece con fecha doce de mayo del dos mil nueve, no es menos cierto que el Ministro de Fe Pública lo recibió el quince de junio del año dos mil nueve, petición que plantease al amparo del artículo 708 del Código del Trabajo. Que la certificación médica acompañada como fundamento de la citada excusa refiere en lo medular lo siguiente: “…Por este medio hago constar que la Sra. Ana G. Salmerón, acudió a mi consulta el día martes 9 de junio por presentar un sangrado uterino disfuncional de forma repentina, por tal motivo se le indicó anticoagulante inyectado y v.o. más reposo por cuatro (4) días a partir de la fecha hasta el 12/junio/09…” (Fin de la cita). Ante esa pretensión el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, declaró sin lugar la excusa presentada que se invocó como causa para justificar la inexistencia a audiencia de trámite, la A-quo argumentó en soporte de su negativa lo siguiente: a) Ante la eventualidad de una incapacidad médica por enfermedad y apegada a sus obligaciones profesionales, debió sustituir el poder en ella conferido y b) Que la comparecencia o solicitud de excusa tiene fecha doce de mayo del año dos mil nueve (2009), fecha que difiere de la presentación real de la misma. Resolución que fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la misma sección judicial, el veintiuno de agosto del año dos mil nueve..."..."esta Sala, para poder determinar un diagnóstico si la sentencia cuestionada es o no violatoria de las garantías del Derecho de Defensa y Debido Proceso aludidos por la impetrante, deviene obligada a analizar el artículo 70 del Código del Trabajo, que en su parte conducente dice: “…si el actor o su representante no concurriere a la audiencia de trámite, sin excusa debidamente comprobada, se continuará el juicio sin su asistencia. Si no compareciere ninguna de las partes, seguirá la actuación sin asistencia de ellas. Si se presentaren las partes o una de ellas antes de dictarse la sentencia, y el Juez estimare justo el motivo de la inasistencia, podrá señalar día y hora para la celebración de la audiencia de trámite.”..."..." En el caso de autos la parte actora a través de su Apoderada Legal o Representante, la abogada Ana Gloria Virginia Salmerón Amaya, a sabiendas de que la audiencia de trámite se efectuaría el doce de junio del año dos mil nueve, pudo perfectamente notificar con vista a la certificación médica o la prescripción médica que le prescribía reposo hasta ese día, al tribunal de primera instancia su imposibilidad para su comparecencia a la Audiencia de Trámite, pues era situación previsible de la cual estaba al tanto la Recurrente Apoderada Legal de los actores Marlen Dinora Casco y Marvin Porfirio Escoto, en todo caso esta Sala observa que también pudo la referida abogada Salmerón Amaya sustituir el Poder en otro Profesional del Derecho, pues contaba con una prescripción médica de incapacidad otorgada cuatro días antes de la celebración de la Audiencia de Trámite lo que era de su pleno conocimiento. En otras palabras no se duda de la Certificación Médica, independientemente de la fecha de comparecencia y presentación de la misma ante el A-quo, el doce de mayo del año dos mil nueve, acompañando el documento médico extendido el quince (15) de junio del año dos mil nueve, pues resulta evidente la incongruencia de dicha actuación, sin embargo existió un descuido de la amparista en cuanto a la posibilidad real de practicar cualquier diligencia atinente a la notificación al Tribunal conocedor de la demanda laboral de su imposibilidad de asistir a audiencia por incapacidad concedida cuatro días antes de la celebración de la misma o en su defecto la posibilidad plena de sustituir el poder en otro profesional del Derecho mediante la presentación de un escrito previo aviso al Juzgado sobre la autenticidad de dicha sustitución..."..."esta Corte Suprema de Justicia externó criterio en sentencia de fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa y dos, Expediente No. 376-595-681-92, relativo al Principio de Celeridad Procesal en el procedimiento laboral al decir que impone a las partes litigantes la obligación de cooperar en la rápida resolución del litigio, compareciendo y actuando en los debates con la debida diligencia. Por otro lado otro de los principios que rige el procedimiento laboral es el de la preclusión, es decir, que transcurridos los momentos procesales sin que las partes hayan ejercitado su derecho, éstos precluyen, fenecen, terminan o se acaban..."..."en el caso que nos ocupa, no se ha violado la Garantía o Derecho de Defensa de los demandantes, pues los mismos en el caso sub-júdice han tenido acceso a los tribunales para ejercitar las acciones en la forma que señalan las leyes y han recurrido a los tribunales para defender sus intereses sin obstaculización alguna. Por otra parte, el argumento que esgrime la Recurrente Apoderada, sobre la excusa presentada, que a su juicio constituye causa de justificación suficiente para su no comparecencia a Audiencia de Trámite en la demanda laboral supraindicada, ésta fue sometida a un análisis desde el punto de vista estrictamente procesal y tanto el Tribunal de segunda instancia, como esta Sala, han ilustrado la improcedencia de la misma, pues pudo perfectamente la impetrante, soslayar ese extremo, merced a otros caminos procesales oportunos como se le ha indicado y no lo verificó. En cuanto al Debido Proceso no aparece haberse demostrado dicha vulneración constitucional, toda vez que la acción laboral se está llevando a cabo, ante un juez natural predeterminado por la ley, con las formalidades que franquea nuestra Legislación del Trabajo y con los derechos de Defensa que la ley establece..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de agosto de dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada ANA GLORIA VIRGINIA SALMERON AMAYA, a favor de los señores MARLENE DINORA CASCO ALVAREZ y MARVIN PORFIRIO ESCOTO, ambos mayores de edad, solteros, hondureños y de este domicilio, contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de agosto del año dos mil nueve, que confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de junio de dos mil nueve; con relación a la Demanda Ordinaria Laboral, promovida por los señores MARLENE DINORA CASCO ALVAREZ Y MARVIN PORFIRIO ESCOTO, contra el señor HAYNES WILLINGHAM, en su condición de Presidente de la fábrica MUEBLES S.A. de C.V. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diez de enero del año dos mil ocho, comparecieron ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, los señores MARLENE DINORA CASCO ALVAREZ Y MARVIN PORFIRIO ESCOTO, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral, contra el señor HAYNES WILLINGHAM, en su condición de Presidente de la fábrica MUEBLES S.A. de C.V., para que mediante sentencia definitiva sea condenado a pagar las cantidades correspondientes en concepto de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de derechos adquiridos, vacaciones causadas y proporcionales, treceavo y catorceavo mes proporcional, salarios dejados de percibir desde el despido hasta la fecha en que quede firme la sentencia, más las costas del juicio. 2) Que en fecha dieciocho de junio del año dos mil nueve, el referido Juzgado, declaró sin lugar, la excusa presentada por la abogada ANA GLORIA VIRGINIA SALMERON AMAYA, apoderada legal de la parte demandante, ante su no comparecencia a la audiencia de conciliación, y posteriormente audiencia primera de trámite, celebrada en fecha doce de junio de dos mil nueve, por considerar que ante la eventualidad presentada y apegada a sus obligaciones profesionales, la abogada ANA GLORIA VIRGINIA SALMERON AMAYA, debió sustituir el poder en ella conferido, antes de la fecha de la celebración de dicha audiencia; fundamentando su decisión en el artículo 708 del Código del Trabajo. 3) Que en fecha veintiuno de agosto del año dos mil nueve, la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la abogada ANA GLORIA VIRGINIA SALMERON AMAYA, contra el auto dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, relacionado en el numeral que precede, confirmó la resolución del A-quo, por considerar que, la abogada ANA GLORIA VIRGINIA SALMERON AMAYA, en su condición ya conocida, según la certificación medica presentada, se encontraba delicada de salud desde el nueve de junio, teniendo tiempo suficiente para sustituir el poder en otro profesional del derecho o bien notificar al Tribunal por cualquier medio, de su incapacidad para asistir a la audiencia señalada para el doce de junio de dos mil nueve. 4) La recurrente abogada ANA GLORIA VIRGINIA SALMERON AMAYA, compareció ante este Tribunal, en fecha cuatro de septiembre del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor de los señores MARLENE DINORA CASCO ALVAREZ Y MARVIN PORFIRIO ESCOTO, afirmando que la decisión del Ad quem, de fecha veintiuno de agosto del año dos mil nueve, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 62, 64, 82, 90, 128 numeral cuatro y 129 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional, conoce de la demanda de Amparo interpuesta por la abogada ANA GLORIA VIRGINIA SALMERON AMAYA, contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veintiuno (21) de agosto del año dos mil nueve (2009), mediante la cual confirma la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo, departamento de Francisco Morazán, el dieciocho (18) de junio del año dos mil nueve (2009), en las diligencias de Demanda laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, promovida por los señores MARLEN DINORA CASCO ALVAREZ Y MARVIN PORFIRIO ESCOTO, contra la FABRICA DE MUEBLES S.A. DE C.V., a través de su representante legal el señor HAYNES WILLIGHAN. CONSIDERANDO: Que el amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del examen de los autos traídos a la vista, esta Sala constata que en fecha doce de mayo de dos mil nueve la recurrente, abogada Ana Gloria Virginia Salmerón Amaya, formuló comparecencia verbal ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, presentando formal excusa, en virtud de no haber podido comparecer a Audiencia de Trámite que se verificó el doce de junio del año dos mil nueve, en su condición de Apoderada Legal de los señores: Marlene Dinora Casco Alvarez y Marvin Porfirio Escoto, que instauraran en contra del señor Haynes Willigham, en su carácter de Presidente de Fábrica de Muebles S.A. de C. V., comparecencia que si bien aparece con fecha doce de mayo del dos mil nueve, no es menos cierto que el Ministro de Fe Pública lo recibió el quince de junio del año dos mil nueve, petición que plantease al amparo del artículo 708 del Código del Trabajo. Que la certificación médica acompañada como fundamento de la citada excusa refiere en lo medular lo siguiente: “…Por este medio hago constar que la Sra. Ana G. Salmerón, acudió a mi consulta el día martes 9 de junio por presentar un sangrado uterino disfuncional de forma repentina, por tal motivo se le indicó anticoagulante inyectado y v.o. más reposo por cuatro (4) días a partir de la fecha hasta el 12/junio/09…” (Fin de la cita). Ante esa pretensión el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, declaró sin lugar la excusa presentada que se invocó como causa para justificar la inexistencia a audiencia de trámite, la A-quo argumentó en soporte de su negativa lo siguiente: a) Ante la eventualidad de una incapacidad médica por enfermedad y apegada a sus obligaciones profesionales, debió sustituir el poder en ella conferido y b) Que la comparecencia o solicitud de excusa tiene fecha doce de mayo del año dos mil nueve (2009), fecha que difiere de la presentación real de la misma. Resolución que fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la misma sección judicial, el veintiuno de agosto del año dos mil nueve. CONSIDERANDO: Que la amparista reprocha la sentencia del Ad-quem, que confirma la del A-quo referente a la declaratoria de sin lugar de la excusa médica presentada por su inasistencia a la Audiencia de Trámite, pues considera vulnerados los derechos de sus representados, contemplados en los artículos 62, 64, 80 y 82 las garantías del Derecho de Defensa, 90 Garantía del Debido Proceso, 128 No. 4 y 10 Derechos que garantizan al trabajos y 129 de la Constitución de la República. Si bien esta Sala observa que la Censora no ha desarrollado puntualmente algunas de las garantías enunciadas como conculcadas por la resolución de la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, si ha podido recepcionar que el malestar obedece, según lo alegado en su escrito y formalización de la Demanda de Amparo, a una posible violación a las garantías del Derecho de Defensa y al Debido Proceso. CONSIDERANDO: Que el precitado Tribunal de alzada, si bien no cuestiona la certificación médica contentiva de reposo recomendado a la abogada Salmerón Amaya por los cuatro días, desde el nueve (9) hasta el doce (12) de junio del año dos mil nueve (2009), si estima improcedente la excusa para su no comparecencia a la Audiencia de Trámite, pues a criterio de la autoridad judicial censurada, perfectamente la recurrente pudo haber notificado al Tribunal por cualquier medio, su incapacidad, para asistir a la audiencia de trámite celebrada precisamente el doce de junio del año dos mil nueve, fecha en que se le vencía el término de cuatro días que le fue concedido por reposo, según se advierte de los términos de la certificación médica, o en su caso expone la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, pudo la expresada profesional del Derecho, haber sustituido el poder en otro profesional del Derecho ya que la incapacidad se le había otorgado cuatro días antes de celebrarse la audiencia de trámite que se verificó el doce de junio del año dos mil nueve, amén de ello continúa afirmando el Ad-quem, la abogada Gloria Virginia Salmerón Amaya comparece al Tribunal de primera instancia el doce de mayo de dos mil nueve, acompañando un certificación médica extendida el quince de junio del año dos mil nueve, lo cual resulta incongruente. Asimismo que en materia laboral rige el principio de preclusión que consiste en que una vez que han transcurrido los momentos procesales, sin que las partes hayan ejercitado su derecho, éstos precluyen, es decir, se acaban. CONSIDERANDO: Que ante la panorámica procesal laboral apuntada, esta Sala, para poder determinar un diagnóstico si la sentencia cuestionada es o no violatoria de las garantías del Derecho de Defensa y Debido Proceso aludidos por la impetrante, deviene obligada a analizar el artículo 70 del Código del Trabajo, que en su parte conducente dice: “…si el actor o su representante no concurriere a la audiencia de trámite, sin excusa debidamente comprobada, se continuará el juicio sin su asistencia. Si no compareciere ninguna de las partes, seguirá la actuación sin asistencia de ellas. Si se presentaren las partes o una de ellas antes de dictarse la sentencia, y el Juez estimare justo el motivo de la inasistencia, podrá señalar día y hora para la celebración de la audiencia de trámite.” Del precepto laboral adjetivo trascrito, fácilmente se infieren tres circunstancias; una, cuando el actor o su representante no compareciere a la audiencia de trámite sin excusa; otra, cuando ninguna de las partes comparece y la última, si se presentaren las partes o una de ellas antes de dictarse sentencia, es decir, en todas ellas subsiste un elemento común que el órgano jurisdiccional que conoce de la acción laboral podrá apreciar y validar, que es la excusa debidamente comprobada. Vale decir, el Derecho de Defensa como garantía de las partes no puede verse lesionado si las partes o una de ellas, no presente oportunamente su excusa para su no comparecencia a determinada audiencia de trámite. En el caso de autos la parte actora a través de su Apoderada Legal o Representante, la abogada Ana Gloria Virginia Salmerón Amaya, a sabiendas de que la audiencia de trámite se efectuaría el doce de junio del año dos mil nueve, pudo perfectamente notificar con vista a la certificación médica o la prescripción médica que le prescribía reposo hasta ese día, al tribunal de primera instancia su imposibilidad para su comparecencia a la Audiencia de Trámite, pues era situación previsible de la cual estaba al tanto la Recurrente Apoderada Legal de los actores Marlen Dinora Casco y Marvin Porfirio Escoto, en todo caso esta Sala observa que también pudo la referida abogada Salmerón Amaya sustituir el Poder en otro Profesional del Derecho, pues contaba con una prescripción médica de incapacidad otorgada cuatro días antes de la celebración de la Audiencia de Trámite lo que era de su pleno conocimiento. En otras palabras no se duda de la Certificación Médica, independientemente de la fecha de comparecencia y presentación de la misma ante el A-quo, el doce de mayo del año dos mil nueve, acompañando el documento médico extendido el quince (15) de junio del año dos mil nueve, pues resulta evidente la incongruencia de dicha actuación, sin embargo existió un descuido de la amparista en cuanto a la posibilidad real de practicar cualquier diligencia atinente a la notificación al Tribunal conocedor de la demanda laboral de su imposibilidad de asistir a audiencia por incapacidad concedida cuatro días antes de la celebración de la misma o en su defecto la posibilidad plena de sustituir el poder en otro profesional del Derecho mediante la presentación de un escrito previo aviso al Juzgado sobre la autenticidad de dicha sustitución. CONSIDERANDO: Que esta Corte Suprema de Justicia externó criterio en sentencia de fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa y dos, Expediente No. 376-595-681-92, relativo al Principio de Celeridad Procesal en el procedimiento laboral al decir que impone a las partes litigantes la obligación de cooperar en la rápida resolución del litigio, compareciendo y actuando en los debates con la debida diligencia. Por otro lado otro de los principios que rige el procedimiento laboral es el de la preclusión, es decir, que transcurridos los momentos procesales sin que las partes hayan ejercitado su derecho, éstos precluyen, fenecen, terminan o se acaban. CONSIDERANDO: Que en el caso que nos ocupa, no se ha violado la Garantía o Derecho de Defensa de los demandantes, pues los mismos en el caso sub-júdice han tenido acceso a los tribunales para ejercitar las acciones en la forma que señalan las leyes y han recurrido a los tribunales para defender sus intereses sin obstaculización alguna. Por otra parte, el argumento que esgrime la Recurrente Apoderada, sobre la excusa presentada, que a su juicio constituye causa de justificación suficiente para su no comparecencia a Audiencia de Trámite en la demanda laboral supraindicada, ésta fue sometida a un análisis desde el punto de vista estrictamente procesal y tanto el Tribunal de segunda instancia, como esta Sala, han ilustrado la improcedencia de la misma, pues pudo perfectamente la impetrante, soslayar ese extremo, merced a otros caminos procesales oportunos como se le ha indicado y no lo verificó. En cuanto al Debido Proceso no aparece haberse demostrado dicha vulneración constitucional, toda vez que la acción laboral se está llevando a cabo, ante un juez natural predeterminado por la ley, con las formalidades que franquea nuestra Legislación del Trabajo y con los derechos de Defensa que la ley establece. CONSIDERANDO: Que por las apreciaciones de hecho y de Derecho expuestas, es procedente denegar el amparo relacionado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No. 2, 5, 7, 9 No. 2, 41, 56, 63 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGAR la garantía constitucional de Amparo, interpuesta por la abogada ANA GLORIA VIRGINIA SALMERON AMAYA a favor de los señores MARLEN DINORA CASCO ALVAREZ y MARVIN PORFIRIO ESCOTO contra las actuaciones de la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, propiamente contra la resolución de fecha veintiuno de agosto del año dos mil nueve. MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los fines legales consiguientes. Redactó el Magistrado RUIZ GAEKEL. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. COORDINADOR. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el dieciséis de septiembre de dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha diecisiete de agosto del año dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Laboral con orden de ingreso en este Tribunal No. 1086-P851-P940=09.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL