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Sentencia AC-985-09 — Registro 3860

Resumen

Resolución recurrida que declaro sin lugar recurso de apelación de hecho interpuesto contra la resolución dictada por el A-quo que declaro sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el recurrente contra un auto para mejor proveer con relación a la Demanda Ordinaria de Reconocimiento Forzoso de Paternidad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que en atención a lo reseñado en el considerando anterior, habría que establecer y dilucidar si el Recurso de Impugnación interpuesto por el Amparista, abogado Carlos Edgardo Loucel García, debió sujetarse al Código de Procedimientos del año mil novecientos seis o si, por lo contrario, como esgrime la Corte de Apelaciones de Choluteca debió regularse su trámite conforme a la norma adjetiva del Código Procesal Civil emitido por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 211-2006 de fecha veintidós de enero del año dos mil siete que entrará en plena vigencia el uno de noviembre del año dos mil diez, pero que sin embargo estuvo vigente durante el período del veintisiete de mayo del año dos mil nueve al diecisiete de agosto del mismo año. Bajo las anteriores premisas es pertinente afirmar que la Demanda Sumaria para el Reconocimiento de Paternidad promovida por la señora Dalila Lamar García Fiallos contra el señor Marvin Arrazola Raudales fue presentada ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, el diecinueve de febrero de dos mil ocho y en decurso del juicio dicho tribunal de primera instancia, profirió un auto para mejor proveer el nueve de junio del año dos mil nueve y contra dicha resolución el Amparista interpuso recursos ordinarios, los que le fueron denegados en auto de fecha quince de junio del mismo año, lo que derivó en la Apelación de Hecho interpuesta ante la Corte de Apelaciones de Choluteca, que fundamentó y declaró inadmisible la Apelación de Hecho, bajo el argumento que el trámite impugnatorio debió sujetarse al Código Procesal Civil, contenido en Decreto No. 211-2006, que estuvo vigente por un período de casi tres meses, es decir, del veintisiete de mayo del año dos mil nueve al dieciocho de agosto del año dos mil nueve. Sin duda que la Apelación se interpuso durante se encontraba en vigencia el nuevo Código Procesal Civil. No obstante ello, las disposiciones transitorias, de ese mismo Código que entrará en vigencia nuevamente el uno de noviembre del año dos mil diez, nos determina el camino procesal a seguir y nos dilucida el Código a aplicar en el caso de autos, así el artículo 913 expresa: “JUICIOS EN PRIMRA INSTANCIA. Los juicios declarativos que se encontraren en primera instancia al entrar en vigencia este Código, se continuarán tramitando hasta que recaiga sentencia o auto que le ponga fin a dicha instancia de conformidad a la legislación procesal civil anterior, y a partir de la fecha de esas resoluciones se aplicará el presente Código.” En el presente caso, relativo a la demanda sumaria de Reconocimiento de Paternidad no ha recaído sentencia, toda vez, que lo que el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca decretó fue un auto para mejor proveer y previo a dictar Sentencia Definitiva. Bajo ese aspecto, el proceso se regula y cae bajo la órbita del Código de Procedimientos Comunes del año mil novecientos seis actualmente vigente, en orden a lo ya preceptuado en el Código Procesal Civil durante el ínter lapso de su temporal vigencia, el cual es coincidente con la cuestión constitucional ahora bajo examen. Aunado al precepto legal citado, contribuye a dilucidar la cuestión jurídica planteada la letra y el espíritu del artículo 916 del mismo cuerpo legal: Artículo 916. “RECURSO EN TRAMITE. Los recursos que se encuentren en trámite en toda clase de procesos e instancias y en casación, a la entrada en vigencia de este Código, se continuarán desarrollando y se resolverán de conformidad al régimen de recursos previstos por la legislación procesal civil anterior”. - En consecuencia, el régimen legal aplicable en materia recursiva para el derecho procesal civil, se rige por las normas jurídicas antes expresadas, lo cual no es una cuestión simplemente de legalidad, habida cuenta que el derecho fundamental a ser juzgado por juez competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece y que alude como violentado el garantista lleva como implícitas las nociones de fuero natural y principio de legalidad previa, estricta y escrita, por lo cual se infiere que los conflictos ínter temporales de vigencia deben ser acordados y resueltos con arreglo a la legalidad vigente. De allí, la doble vinculación a la Constitución y a la Ley a que se encuentra sujeta la autoridad recurrida en orden de subsanar lo proveído en el presente caso, lo cual es todo caso es concerniente al derecho a un debido proceso invocado por el garantista. Por todo ello, y en virtud de lo señalado en el iter del presente fallo, se estima procedente otorgar la presente Acción de Amparo de que se ha hecho merito."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de agosto de dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CARLOS EDGARDO LOUCEL GARCIA, a favor del señor MARVIN ARRAZOLA RAUDALES, mayor de edad, casado, Ingeniero Eléctrico, hondureño y con domicilio en Choluteca, departamento de Choluteca, contra la resolución de fecha veinticuatro de junio del año dos mil nueve, emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, departamento de Choluteca, que resolvió el recurso de apelación de hecho interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Primero departamental de Choluteca el nueve de juno de dos mil nueve; con relación a la Demanda Ordinaria de Reconocimiento Forzoso de Paternidad, interpuesta por la señora DALILA LAMAR GARCIA FIALLOS, contra el señor MARVIN ARRAZOLA RAUDALES. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecinueve de febrero del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca y de Familia por Ministerio de Ley, el abogado HECTOR ANTONIO BACCA MONDRAGON, en su condición de apoderado legal de la señora DALILA LAMAR GARCIA FIALLOS, promoviendo Demanda sumaria de Reconocimiento Forzoso de Paternidad, contra el señor MARVIN ARRAZOLA RAUDALES, para que mediante Sentencia Definitiva se declare con lugar la demanda y se le reconozca como padre de su menor hijo Christopher Jossua García Fiallos. 2) Que en fecha nueve de junio del año dos mil nueve, el A-Quo, previó a dictar sentencia definitiva dictó auto par mejor proveer mediante el cual ordena librar atento oficio al Ministerio Público, de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a fin de ponerles en conocimiento que ése Tribunal, de oficio, en fecha siete de abril del año dos mil ocho, nombró como perito a la Doctora MILDRED ALVARENGA, quien es la Jefa de Laboratorio Criminalístico y de Ciencias Forenses del Misterio Público, para que practique examen sanguíneo de marcadores genéticos ADN, o en su defecto que ella designe al médico especializado con entrenamiento adecuado en inmunohematología, al señor MARVIN ARRAZOLA RAUDALES, en su condición de demandado y al menor CRISTOPHER JOSSUA GARCIA FIALLOS, quien se hará acompañar de su madre la señora DALILA LAMAR GARCIA FIALLOS, a quien se le solicitó informe el día, fecha y hora en que puede realizar la diligencia judicial ordenada, para efecto de que pueda ser citado en legal y debida forma el señor MARVIN ARRAZOLA RAUDALES, a fin de que comparezca a las oficinas del Ministerio Público, Tegucigalpa M.D.C., el día que se señale; fundamentando su decisión en el artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles. 4) Que en fecha veinticuatro de junio del año dos mil nueve, la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, departamento de Choluteca, mediante resolución declaró inadmisible el recurso de apelación de hecho interpuesto por el abogado CARLOS EDGARDO LOUCEL GARCIA, en su condición de apoderado legal del señor MARVIN ARRAZOLA RAUDALES, por considerar que dicho recurso lo interpuso en fecha diecinueve de junio del año dos mil nueve, ya estando en vigencia el nuevo Código Procesal Civil, procedimiento al que también debía remitirse el A-quo al resolver el planteamiento formulado por el apoderado legal de la parte demandada; fundamentando su decisión en los artículos 730 y 916 del Código Procesal Civil. 5) El recurrente Abogado CARLOS EDGARDO LOUCEL GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta y uno de julio del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor del señor MARVIN ARRAZOLA RAUDALES, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha veinticuatro de junio del año dos mil nueve, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 90 y 96 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO: Que se conoce en Amparo la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca, departamento de Choluteca, el veinticuatro de junio del año dos mil nueve, mediante la cual, declara inadmisible la apelación de hecho, interpuesta por el abogado CARLOS EDUARDO LOUCEL GARCIA, contra la providencia emitida el nueve de junio del año dos mil nueve, por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, merced a la cual, dicha judicatura, decreta un Auto para mejor proveer, previo a dictar sentencia definitiva, por lo que el expresado profesional del Derecho interpuso los recursos ordinarios, los que le fueron denegados en auto de fecha quince de junio del año dos mil nueve, en las diligencias de Demanda Sumaria de Reconocimiento de Paternidad, instaurada ante la referida Judicatura por el licenciado HECTOR ANTONIO BACA, como Apoderado Judicial de la señora DALILA LAMAR GARCIA FIALLOS, contra el señor MARVIN ARRAZOLA RAUDALES. CONSIDERANDO: Que el amparista, el abogado Carlos Edgardo Loucel García, Apoderado Judicial del señor Marvin Arrazola Raudales, aduce, tanto en el escrito de la presente acción extraordinaria, como en su formalización, que la supraindicada resolución del Ad-quem, es violatoria de las garantías constitucionales siguientes: Artículo 64 “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan.” Artículo 90 párrafo 1º., “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…” y Artículo 96 “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”, de la Constitución de la República, contentivos respectivamente de la Primacía de la Carta Magna, el Debido Proceso y la no retroactividad de la ley. CONSIDERANDO: Que al analizar la resolución censurada, esta Sala observa que la Corte de Apelaciones de Choluteca, basó su decisión en que el Impugnante no sujetó su actuación o recurso a lo prescrito en los artículos 730 y 916 del Código Procesal Civil vigente en aquella fecha y que derogaba el Código de Procedimientos emitido por el Poder Ejecutivo el ocho de febrero de mil novecientos seis, a excepción de los actos de jurisdicción voluntaria. El citado tribunal de Alzada argumenta que el Recurso de Apelación de Hecho fue interpuesto el diecinueve de junio del año dos mil nueve, ya estando en vigencia, según lo expresa la Corte de Segunda Instancia, el nuevo Código Procesal Civil. CONSIDERANDO: Que frente a las inquietudes expuestas por el Recurrente contra la resolución del Ad-quem y para determinar si efectivamente se han vulnerado garantías constitucionales, es conveniente, efectuar una reseña de la vigencia y vacatio legis del Código Procesal Civil que deroga el Código de Procedimientos Civiles contenido en el Decreto No. 76 de la Asamblea Nacional Constituyente contentivo del Código de Procedimientos Comunes emitido en fecha 8 de febrero de 1906, el cual entró en vigencia el uno de marzo de mil novecientos seis, disposiciones que estarán vigentes hasta el treinta y uno de octubre del año dos mil diez. Al respecto, el Código Procesal Civil contenido en Decreto No. 211-2006, que deroga el Código de Procedimientos Comunes de mil novecientos seis, a excepción de los Actos de Jurisdicción Voluntaria, en principio entró en vigencia veinticuatro meses después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, efectuada el veintiséis de mayo del año dos mil siete, por lo que entró en plena vigencia el veintisiete de mayo del año dos mil nueve, sin embargo, en virtud del Decreto No. 168-2009, del Poder Legislativo publicado en el Diario Oficial, el día lunes diecisiete de agosto del año dos mil nueve, le fue concedida una nueva vacatio legis de quince (15) meses, efectiva a partir del dieciocho del mismo mes y año, de tal manera que el Código de Procedimientos Civiles o Comunes de mil novecientos seis, entró nuevamente en plena vigencia a partir de la indicada fecha, dieciocho de agosto del año dos mil nueve, hasta el treinta y uno de octubre del año dos mil diez, dado que el nuevo Código Procesal Civil se pondrá en vigencia a partir del uno de noviembre del año dos mil diez. CONSIDERANDO: Que en atención a lo reseñado en el considerando anterior, habría que establecer y dilucidar si el Recurso de Impugnación interpuesto por el Amparista, abogado Carlos Edgardo Loucel García, debió sujetarse al Código de Procedimientos del año mil novecientos seis o si, por lo contrario, como esgrime la Corte de Apelaciones de Choluteca debió regularse su trámite conforme a la norma adjetiva del Código Procesal Civil emitido por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 211-2006 de fecha veintidós de enero del año dos mil siete que entrará en plena vigencia el uno de noviembre del año dos mil diez, pero que sin embargo estuvo vigente durante el período del veintisiete de mayo del año dos mil nueve al diecisiete de agosto del mismo año. Bajo las anteriores premisas es pertinente afirmar que la Demanda Sumaria para el Reconocimiento de Paternidad promovida por la señora Dalila Lamar García Fiallos contra el señor Marvin Arrazola Raudales fue presentada ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, el diecinueve de febrero de dos mil ocho y en decurso del juicio dicho tribunal de primera instancia, profirió un auto para mejor proveer el nueve de junio del año dos mil nueve y contra dicha resolución el Amparista interpuso recursos ordinarios, los que le fueron denegados en auto de fecha quince de junio del mismo año, lo que derivó en la Apelación de Hecho interpuesta ante la Corte de Apelaciones de Choluteca, que fundamentó y declaró inadmisible la Apelación de Hecho, bajo el argumento que el trámite impugnatorio debió sujetarse al Código Procesal Civil, contenido en Decreto No. 211-2006, que estuvo vigente por un período de casi tres meses, es decir, del veintisiete de mayo del año dos mil nueve al dieciocho de agosto del año dos mil nueve. Sin duda que la Apelación se interpuso durante se encontraba en vigencia el nuevo Código Procesal Civil. No obstante ello, las disposiciones transitorias, de ese mismo Código que entrará en vigencia nuevamente el uno de noviembre del año dos mil diez, nos determina el camino procesal a seguir y nos dilucida el Código a aplicar en el caso de autos, así el artículo 913 expresa: “JUICIOS EN PRIMRA INSTANCIA. Los juicios declarativos que se encontraren en primera instancia al entrar en vigencia este Código, se continuarán tramitando hasta que recaiga sentencia o auto que le ponga fin a dicha instancia de conformidad a la legislación procesal civil anterior, y a partir de la fecha de esas resoluciones se aplicará el presente Código.” En el presente caso, relativo a la demanda sumaria de Reconocimiento de Paternidad no ha recaído sentencia, toda vez, que lo que el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca decretó fue un auto para mejor proveer y previo a dictar Sentencia Definitiva. Bajo ese aspecto, el proceso se regula y cae bajo la órbita del Código de Procedimientos Comunes del año mil novecientos seis actualmente vigente, en orden a lo ya preceptuado en el Código Procesal Civil durante el ínter lapso de su temporal vigencia, el cual es coincidente con la cuestión constitucional ahora bajo examen. Aunado al precepto legal citado, contribuye a dilucidar la cuestión jurídica planteada la letra y el espíritu del artículo 916 del mismo cuerpo legal: Artículo 916. “RECURSO EN TRAMITE. Los recursos que se encuentren en trámite en toda clase de procesos e instancias y en casación, a la entrada en vigencia de este Código, se continuarán desarrollando y se resolverán de conformidad al régimen de recursos previstos por la legislación procesal civil anterior”. - En consecuencia, el régimen legal aplicable en materia recursiva para el derecho procesal civil, se rige por las normas jurídicas antes expresadas, lo cual no es una cuestión simplemente de legalidad, habida cuenta que el derecho fundamental a ser juzgado por juez competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece y que alude como violentado el garantista lleva como implícitas las nociones de fuero natural y principio de legalidad previa, estricta y escrita, por lo cual se infiere que los conflictos ínter temporales de vigencia deben ser acordados y resueltos con arreglo a la legalidad vigente. De allí, la doble vinculación a la Constitución y a la Ley a que se encuentra sujeta la autoridad recurrida en orden de subsanar lo proveído en el presente caso, lo cual es todo caso es concerniente al derecho a un debido proceso invocado por el garantista. Por todo ello, y en virtud de lo señalado en el iter del presente fallo, se estima procedente otorgar la presente Acción de Amparo de que se ha hecho merito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 80, 82, 90, 183, 298, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; artículos 1, 3, 913 y 916 del Código Procesal Civil, contenido en Decreto No. 211-2006; FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al órgano jurisdiccional de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado RUIZ GAEKEL. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello, JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. COORDINADOR. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidos días del mes de octubre del año dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal bajo el número 985-P823-P824=09.-

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL