Sentencia AC-672-09 — Registro 4921
Resumen
Resolución declaró con lugar recurso de apelación y reformó sentencia en cuanto a la guarda y custodia del menor quedando a favor de la madre del hijo menor; señaló régimen de visitas del padre recayendo sobre esté la obligación de dar pensión alimenticia para su hijo y esposa por considerar que el fallo apelado no se pronuncio con relación a la solicitud de separación de hecho promovida por el recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala estima que no se encuentra en la foliada en estudio, que tales vulneraciones constitucionales se hayan producido en perjuicio del señor ROBERTO RAMON CASTILLO LAINEZ, ya que la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de esta Sección Judicial al reformar la sentencia que el a-quo dictó en su oportunidad, no ha concitado con ello las vulneraciones constitucionales alegadas por el recurrente; al respecto esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de hacer algunas acotaciones, así tenemos que de la audiencia que los cónyuges celebraron ante el a-quo en fecha tres de abril del año dos mil ocho (Vid. Folio 8 de la p.p.a.), a fin de ponerse de acuerdo sobre los puntos señalados en el articulo 233 del Código de Familia, únicamente sirvió para que los mismos se pusieron de acuerdo en cuanto a la distribución de los días en que cada uno de los padres podía tener al menor, y que previo a dictar sentencia definitiva por parte del a-quo, se llevara a cabo un estudio psicosocial de ambos cónyuges y su respectivo entorno social; esta Sala observa que las partes en la referida audiencia ni siquiera mencionaron quien de ellos asumiría la obligación de dar alimentos y la proporción en que estos se darían, por lo que se estima que tal audiencia no cumplió precisamente con el objeto para la cual fue convocada y que no era otro mas que lo preceptuado en el ya citado articulo del Código de Familia. En ese orden de ideas el párrafo segundo del articulo 234 del Código de Familia preceptúa que: “Si no se pusieren de acuerdo, el juez resolverá lo pertinente”, entiende esta Sala que en el caso subjúdice las partes en la ya referida audiencia, no es que no se hayan podido poner de acuerdo sobre los otros puntos preceptuados en la normativa del Código de Familia, sino mas bien se estima que lo que paso es que los referidos puntos de acuerdo a que tenían que llegar fueron obviados, ocasión en la que tanto la jueza y los apoderados legales de las partes no hicieron nada para que los mismos fueran tratados en la audiencia; ante tal omisión evidentemente que el a-quo, devenía en la obligación de pronunciarse sobre los mismos en su fallo, ahora bien nos encontramos con que el fallo dictado por el a-quo en fecha veintiocho de agosto del año dos mil ocho, en parte es inexacto al señalar que los señores ROBERTO RAMON CASTILLO LAINEZ y DANIELA PÉREZ CADALSO ÁLVAREZ, en la audiencia celebrada en ese juzgado se pusieron de acuerdo con relación a lo estipulado en el artículo 233 del Código de Familia, situación que como ya se dejo establecido no sucedió así, también nos encontramos con que el fallo dictado por el a-quo en su parte resolutiva declara con lugar la solicitud de separación de hecho, y en cuanto a la guarda, y custodia del menor y régimen de comunicación se acoge a lo acordado por las partes en la audiencia y finalmente señala que la pensión alimenticia a favor del menor recaerá en su padre el señor ROBERTO RAMON CASTILLO LAINEZ, sin especificar cantidad alguna; así pues la decisión del ad-quem de fijar una pensión alimenticia de cinco mil lempiras (L. 5000.00) a favor del menor Roberto Ramón Castillo Pérez Cadalso y la cantidad de dos mil quinientos lempiras (L.2,500.00), a favor de la señora DANIELA PÉREZ CADALSO ÁLVAREZ, no vulnera las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, y si bien esté aduce que el tribunal ad-quem no debió de haber condenado a su representado al pago de tal pensión alimenticia ya que en la causa no existe ni siquiera prueba sumaria de cual es la situación económica del mismo, también es cierto que esta Sala corrobora que del estudio psicosocial que se le practico al señor ROBERTO RAMON CASTILLO LAINEZ, este manifiesta que percibe la cantidad de quince mil lempiras (L.15,000.00) mensuales como diputado suplente del Congreso Nacional de la República (vid. Folio 23 vuelto de la p.p.a.), por lo que no se puede aducir por parte del recurrente que tal declaración no es fidedigna, porque eso equivale a decir que su representado mintió en la referida entrevista..."..."Que el artículo 121 de la Constitución de la República establece, que los padres, es decir, tanto el padre como la madre, están obligados a alimentar, asistir y educar a sus hijos durante su minoría de edad. Por su parte, el artículo 73 del Código de la Niñez y de la Adolescencia prevé que para los efectos legales se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral y educación e instrucción del niño, y los artículos 207 y 208 del Código de Familia, prescriben que los alimentos deben ser proporcionales a los recursos del que los debe y las circunstancias del que los recibe, así como también que los alimentos no se deben sino en la parte que los bienes y el trabajo del alimentario no los satisfagan, de este modo, nuestro Texto fundamental como la legislación secundaria establecen parámetros a partir de los cuales en un ejercicio de ponderación y con apego a principios generales del derecho como lo es el de la equidad, los Tribunales competentes en materia de Familia han de resolver lo atinente a la cantidad que se ha de fijar como pensión alimenticia, en aquellos casos en que como en la separación de hecho, las partes no lo hicieren..."..."Que por las razones antes expuestas es procedente en derecho denegar el amparo que se recurre..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 121 (Decreto)
- Código de Familia, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Familia, art. 233 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Familia, art. 234 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de la Niñez y de la Adolescencia, art. 73 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice:”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de septiembre de dos mil diez. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto ante este Alto Tribunal, por el abogado ENEAS PORTILLO CABRERA, mayor de edad, soltero, hondureño, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con el numero 2191, con despacho profesional ubicado en el Edificio Florencia Sur, en la ciudad de Tegucigalpa MDC., departamento de Francisco Morazán; a favor del señor ROBERTO RAMON CASTILLO LAINEZ, mayor de edad, casado, hondureño, diputado suplente al Congreso Nacional de la República; contra las resoluciones de fecha dieciocho de noviembre de dos mil ocho y dos de febrero de dos mil nueve dictadas por la Corte Segunda de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa MDC., departamento de Francisco Morazán, que resuelve un recurso de apelación y declara sin lugar un recurso de reposición respectivamente, interpuestos contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán, el veintiocho de agosto de dos mil ocho; con relación a la solicitud de separación de hecho promovida por el señor ROBERTO RAMON CASTILLO LAINEZ, contra la señora DANIELA PEREZ CADALSO ALVAREZ. ANTECEDENTES 1) Que en fecha doce de marzo de dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras de Familia del departamento de Francisco Morazán, el señor ROBERTO RAMON CASTILLO LAINEZ, en su condición personal, solicitando que mediante sentencia definitiva se declare la separación de hecho de su esposa la señora DANIELA PEREZ CADALSO ALVAREZ. 2) Que en fecha veintiocho de agosto de dos mil ocho, el Tribunal A-quo, dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró con lugar la solicitud de separación de hecho de los cónyuges ROBERTO RAMON CASTILLO LAINEZ y DANIELA PEREZ CADALSO ALVAREZ, otorgando la guarda y custodia y el régimen de comunicación del menor Roberto Ramón Castillo Pérez Cadalso con relación a sus padres de la siguiente manera: el señor Castillo Laínez entregará el lunes a las once de la mañana el menor a su madre la señora Pérez Cadalso Álvarez y lo ira a recoger el martes a las ocho de la noche, el jueves el padre ira a dejar al menor a las once de la mañana y lo ira a recoger el viernes a las ocho de la noche, el sábado lo ira a dejar a las once de la mañana y lo ira a recoger el domingo a las dos de la tarde; y señaló el derecho de alimentos a favor del menor recayendo la obligación en el señor ROBERTO RAMÓN CASTILLO LAÍNEZ.- Fundamenta su fallo el a-quo en los artículos 232, 234 y 235 del Código de Familia. 3) Que la Corte Segunda de Apelaciones de ésta sección judicial, al conocer de los autos por el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado JORGE ALBERTO MATUTE OCHOA, en su condición de apoderado legal de la parte demandada, contra la sentencia definitiva que se deja relacionada en el numeral que precede, en fecha dieciocho de noviembre de dos mil ocho, dictó sentencia mediante la cual, declaró con lugar el citado recurso; reformó la sentencia definitiva apelada; decretó la guarda y custodia a favor de la señora DANIELA PÉREZ CADALSO ÁLVAREZ; y señaló el régimen de visitas, estableciendo que de lunes a viernes el menor permanecería con su madre, dos días a la semana el padre podrá visitarlo o sacarlo a pasear a las once de la mañana, retornándolo a las seis de la tarde del mismo día, alternando fines de semana el padre podrá llevar al niño el viernes a las cinco de la tarde y retornarlo el lunes a las diez de la mañana (en caso de que el niño estuviera enfermo o no pudiera salir lo sacará el siguiente fin de semana), el día del cumpleaños del padre puede llevarlo con él, las fiestas navideñas, el menor estará con su madre y año nuevo con su padre pudiendo llevarlo a las tres de la tarde del treinta y uno (31) de diciembre y retornándolo a las once de la mañana del dos (02) de enero siguiente, alternándose los años venideros, semanas santas y cumpleaños del niño se alternará por años, y viajes al exterior deberán ser autorizados por ambos padres; recayendo sobre el padre la obligación de dar una pensión alimenticia, para el niño por la cantidad de cinco mil lempiras (L. 5,000.00) y para su esposa y madre del menor, por la cantidad de dos mil quinientos lempiras (L. 2,500.00), por considerar que el a-quo en su sentencia omitió decir quien de los cónyuges ostentaba la guarda y custodia del menor y por no cuantificar la suma debida por concepto de pensión alimenticia. Cita la Corte los artículos 232, 233 y 234 del Código de Familia. 4) Que en fecha dos de febrero de dos mil nueve, la citada Corte de Apelaciones, declaró sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el abogado ENEAS PORTILLO CABRERA, en su condición de apoderado legal del señor ROBERTO RAMÓN CASTILLO LAÍNEZ, por considerar que la sentencia recurrida valora tanto las necesidades del menor como los derechos de ambos padres. CONSIDERANDO: Que el recurrente abogado ENEAS PORTILLO CABRERA, compareció ante este Tribunal, el veintisiete de marzo de dos mil nueve, reclamando amparo a favor del señor ROBERTO RAMON CASTILLO LAINEZ, alegando que la sentencia de fecha dieciocho de noviembre de dos mil ocho y la resolución de fecha dos de febrero de dos mil nueve, dictadas por la Corte Segunda de Apelaciones de esta sección judicial, son violatorias de las garantías constitucionales del derecho a la igualdad de que gozan todos los hondureños ante la ley, de que todo hondureño tiene derecho a hacer lo que no perjudique a otro, el derecho de Defensa, el del Debido Proceso, el derecho de toda persona natural que tenga la libre administración de sus bienes de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramiento y la de que los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley, consignados en los artículos 60, 70, 82, 90, 110 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que en sustento de la acción de amparo el abogado ENEAS PORTILLO CABRERA, en su condición antes indicada argumenta lo siguiente: “Que con la sentencia dictada por el ad-quem en fecha dieciocho de noviembre del año dos mil ocho, violo a su representado el señor ROBERTO RAMON CASTILLO LAINEZ, la garantía del debido proceso consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la República, ya que en la solicitud que esté promovió para la separación de hecho de su esposa la señora DANIELA PÉREZ CADALSO, se le ha juzgado sin las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, señala que tales formalidades son las consignadas en los artículos 233 y 234 del Código de Familia, artículos que señalan los puntos en que las partes se pondrán de acuerdo en la audiencia que se celebre en el juzgado, acuerdo que debe versar sobre el nombre del cónyuge que quedara al cuidado de los hijos comunes, así como el que asumirá la obligación de dar alimentos y la proporción en que estos se darán y el régimen de visitas a los hijos por parte del cónyuge que no tenga la guarda de ellos; señala que sobre tales puntos las partes llegaron a un acuerdo en la audiencia celebrada ante el a-quo en fecha tres de abril del año dos mil ocho, acuerdo que fue totalmente desvalorizado por el ad-quem en la sentencia que hoy es motivo del presente recurso. Aduce que otra forma en que se ha violentado el debido proceso en contra de su representado, es que el tribunal ad-quem, lo ha condenado a pagar una pensión alimenticia, sin constar en autos de manera fehaciente sus ingresos, con lo cual el referido Tribunal obvio disposiciones como las del articulo 78 del Código de la Niñez y la Adolescencia ya que en toda la causa no aparece ni siquiera prueba sumaria de la capacidad económica del demandado, y que el ad-quem se ha basado para fijar tal pensión, en la mención que el señor ROBERTO RAMON CASTILLO LAINEZ, hizo de que era diputado suplente del Congreso Nacional de la Republica, y que percibía un sueldo de quince mil lempiras (L. 15,000.00), pero que tal declaración ni es prueba, ni es información sumaria y que si el ad-quem de oficio pretendía señalar una pensión alimenticia, debió haberlo hecho en base a pruebas y no en base a una simple declaración. Que en cuanto a la vulneración del derecho defensa, arguye si bien es cierto que su representado tuvo acceso al juzgado de Letras de familia y a la Corte de Apelaciones, no se le ha permitido ejercitar su acción de solicitar la separación de hecho en la forma en que señalan los artículos 233 y 234 del Código de Familia, ya que su cliente llego a un acuerdo sobre los puntos señalados en los referidos artículos y el Tribunal ad-quem, hizo a un lado tal acuerdo, modificándolo a su parecer, sin que alguno de los cónyuges lo hubiese pedido, señala que de acuerdo con el articulo 2 del Decreto Nº 14 del nueve de enero de mil novecientos setenta y tres, el procedimiento que se ha seguir para afectar el sueldo de una persona, mediante una pensión alimenticia, es que previamente se debe de obtener del patrono una constancia en papel simple del salario o sueldo que devenga el demandado, y que en el caso de merito el Tribunal ad-quem ha prescindido de dicho procedimiento, y que no se ha basado en ninguna prueba para condenar al señor ROBERTO RAMON CASTILLO LAINEZ, a pagar una pensión alimenticia de siete mil quinientos lempiras (L.7,500.00), aduce también que la declaración de igualdad ante la ley de los hondureños, se ha violentado en perjuicio de su representado, puesto que se le ha discriminado al quitarle la guarda de su hijo, para dárselo a la madre del mismo, la señora DANIELA PÉREZ CADALSO, señora esta quien presenta un cuadro clínico de bipolaridad, lo cual coloca al niño en riesgo latente. Señala que se ha producido la vulneración de lo consignado en el articulo 70 de la Constitución de la República, puesto que a su cliente se le ha impedido de disponer de común acuerdo con la madre de su hijo acerca de la guarda y cuidado del mismo; y que teniendo el señor castillo la libre administración de sus bienes, se le ha violado su derecho individual de terminar por transacción la diferencia suscitada con la madre de su hijo acerca de la manutención, guarda y cuidado del niño, asunto sobre los cuales puede transarse, tal y lo señalado en el articulo 110 de la constitución de la República”. CONSIDERANDO: Que del examen de la foliada, esta Sala de lo Constitucional constata lo siguiente: 1) Que a folios uno al tres, de la primera pieza del juicio, el señor ROBERTO RAMON CASTILLO LAINEZ, presento en fecha doce de marzo del año dos mil ocho, solicitud para la separación de Hecho de su esposa la señora DANIELA PÉREZ CADALSO, la que fue admitida por el Juzgado de Letras de Familia del departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de marzo del dos mil ocho; auto por el cual el referido juzgado señalo audiencia para el día jueves tres de abril del año dos mil ocho, a las diez de la mañana, a fin de que las partes se pongan de acuerdo sobre los puntos siguientes: a) Cual de los conyugues quedara al cuidado del menor habido en común; b) Cual de los conyugues asumirá la obligación de dar alimentos y la proporción en que estos se darán y c) La forma y periodos en que podrá ver a su hijo el cónyuge que no tenga la guarda de el. 2) A folio ocho de la primera pieza de autos, se constata la celebración de la audiencia en el Juzgado de Letras de Familia, en el día y hora señalado por esté; audiencia en las que las partes se pusieron de acuerdo en lo siguiente: “El padre entregará el lunes a las once de la mañana al menor a su madre y lo ira a recoger el martes a las ocho de la noche, el jueves el padre ira a dejar al menor a las once de la mañana y lo ira a recoger el viernes a las ocho de la noche, el sábado lo ira a dejar a las once de la mañana y lo ira a recoger el domingo a las dos de la tarde”; y que previo a dictar sentencia definitiva se llevara a acabo un estudio psicosocial de ambos conyugues y su respectivo entorno familiar.3) Que a folio cuarenta y siete (47) de la primera pieza de autos obra el fallo de fecha veintiocho de agosto del año dos mil ocho, dictado por el juzgado de Letras de Familia, de esta ciudad, mismo que en uno de sus considerándos expresa: “Que en fecha tres de abril del año dos mil ocho, se celebro audiencia con la comparecencia de los señores ROBERTO RAMON CASTILLO LAINEZ y DANIELA PÉREZ CADALSO, quienes se pusieron de acuerdo con relación a lo estipulado en el articulo 233 del Código de familia”. Fallo por el cual el a-quo declaro con lugar la solicitud de separación de hecho de los conyugues ROBERTO RAMON CASTILLO LAINEZ y DANIELA PÉREZ CADALSO. 4) Que la Corte Segunda de Apelaciones de ésta sección judicial, en fecha dieciocho de noviembre del año dos mil ocho, al conocer de los autos por el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado JORGE ALBERTO MATUTE OCHOA, en su condición de apoderado legal de la parte demandada, reformó la sentencia definitiva dictada por el a-quo; reformas que se contraen a que la guarda y custodia del menor quede a favor de la señora DANIELA PÉREZ CADALSO ÁLVAREZ; señalando el régimen de visitas del padre, y recayendo sobre esté la obligación de dar una pensión alimenticia, por la cantidad de cinco mil lempiras (L. 5,000.00), para su hijo y para su esposa por la cantidad de dos mil quinientos lempiras (L. 2,500.00). CONSIDERANDO: Que si bien el recurrente manifiesta que la sentencia dictada fecha dieciocho de noviembre del año dos mil ocho, por la Corte Segunda de Apelaciones de esta Sección Judicial transgrede derechos constitucionales; esta Sala estima que no se encuentra en la foliada en estudio, que tales vulneraciones constitucionales se hayan producido en perjuicio del señor ROBERTO RAMON CASTILLO LAINEZ, ya que la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de esta Sección Judicial al reformar la sentencia que el a-quo dictó en su oportunidad, no ha concitado con ello las vulneraciones constitucionales alegadas por el recurrente; al respecto esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de hacer algunas acotaciones, así tenemos que de la audiencia que los cónyuges celebraron ante el a-quo en fecha tres de abril del año dos mil ocho (Vid. Folio 8 de la p.p.a.), a fin de ponerse de acuerdo sobre los puntos señalados en el articulo 233 del Código de Familia, únicamente sirvió para que los mismos se pusieron de acuerdo en cuanto a la distribución de los días en que cada uno de los padres podía tener al menor, y que previo a dictar sentencia definitiva por parte del a-quo, se llevara a cabo un estudio psicosocial de ambos cónyuges y su respectivo entorno social; esta Sala observa que las partes en la referida audiencia ni siquiera mencionaron quien de ellos asumiría la obligación de dar alimentos y la proporción en que estos se darían, por lo que se estima que tal audiencia no cumplió precisamente con el objeto para la cual fue convocada y que no era otro mas que lo preceptuado en el ya citado articulo del Código de Familia. En ese orden de ideas el párrafo segundo del articulo 234 del Código de Familia preceptúa que: “Si no se pusieren de acuerdo, el juez resolverá lo pertinente”, entiende esta Sala que en el caso subjúdice las partes en la ya referida audiencia, no es que no se hayan podido poner de acuerdo sobre los otros puntos preceptuados en la normativa del Código de Familia, sino mas bien se estima que lo que paso es que los referidos puntos de acuerdo a que tenían que llegar fueron obviados, ocasión en la que tanto la jueza y los apoderados legales de las partes no hicieron nada para que los mismos fueran tratados en la audiencia; ante tal omisión evidentemente que el a-quo, devenía en la obligación de pronunciarse sobre los mismos en su fallo, ahora bien nos encontramos con que el fallo dictado por el a-quo en fecha veintiocho de agosto del año dos mil ocho, en parte es inexacto al señalar que los señores ROBERTO RAMON CASTILLO LAINEZ y DANIELA PÉREZ CADALSO ÁLVAREZ, en la audiencia celebrada en ese juzgado se pusieron de acuerdo con relación a lo estipulado en el artículo 233 del Código de Familia, situación que como ya se dejo establecido no sucedió así, también nos encontramos con que el fallo dictado por el a-quo en su parte resolutiva declara con lugar la solicitud de separación de hecho, y en cuanto a la guarda, y custodia del menor y régimen de comunicación se acoge a lo acordado por las partes en la audiencia y finalmente señala que la pensión alimenticia a favor del menor recaerá en su padre el señor ROBERTO RAMON CASTILLO LAINEZ, sin especificar cantidad alguna; así pues la decisión del ad-quem de fijar una pensión alimenticia de cinco mil lempiras (L. 5000.00) a favor del menor Roberto Ramón Castillo Pérez Cadalso y la cantidad de dos mil quinientos lempiras (L.2,500.00), a favor de la señora DANIELA PÉREZ CADALSO ÁLVAREZ, no vulnera las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, y si bien esté aduce que el tribunal ad-quem no debió de haber condenado a su representado al pago de tal pensión alimenticia ya que en la causa no existe ni siquiera prueba sumaria de cual es la situación económica del mismo, también es cierto que esta Sala corrobora que del estudio psicosocial que se le practico al señor ROBERTO RAMON CASTILLO LAINEZ, este manifiesta que percibe la cantidad de quince mil lempiras (L.15,000.00) mensuales como diputado suplente del Congreso Nacional de la República (vid. Folio 23 vuelto de la p.p.a.), por lo que no se puede aducir por parte del recurrente que tal declaración no es fidedigna, porque eso equivale a decir que su representado mintió en la referida entrevista. CONSIDERANDO: Que el artículo 121 de la Constitución de la República establece, que los padres, es decir, tanto el padre como la madre, están obligados a alimentar, asistir y educar a sus hijos durante su minoría de edad. Por su parte, el artículo 73 del Código de la Niñez y de la Adolescencia prevé que para los efectos legales se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral y educación e instrucción del niño, y los artículos 207 y 208 del Código de Familia, prescriben que los alimentos deben ser proporcionales a los recursos del que los debe y las circunstancias del que los recibe, así como también que los alimentos no se deben sino en la parte que los bienes y el trabajo del alimentario no los satisfagan, de este modo, nuestro Texto fundamental como la legislación secundaria establecen parámetros a partir de los cuales en un ejercicio de ponderación y con apego a principios generales del derecho como lo es el de la equidad, los Tribunales competentes en materia de Familia han de resolver lo atinente a la cantidad que se ha de fijar como pensión alimenticia, en aquellos casos en que como en la separación de hecho, las partes no lo hicieren. CONSIDERANDO: Que por las razones antes expuestas es procedente en derecho denegar el amparo que se recurre. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer de la Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 121, 183, 303, 304, 313 Nº 5), 316 Nº 1) de la Constitución de la República; 900 del Código de Procedimientos Civiles; 206, 207, 208, 210, 232, 233 y 234 del Código de Familia; 1, 3 Nº 2) 4, 5, 9 Nº 2), 41 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: Denegando el recurso de amparo interpuesto por el abogado ENEAS PORTILLO CABRERA, a favor del señor ROBERTO RAMON CASTILLO LAINEZ, contra las resoluciones dictadas por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán de fechas dieciocho de noviembre de dos mil ocho y dos de febrero de dos mil nueve, que resuelven un recurso de apelación y que declara sin lugar un recurso de reposición respectivamente, interpuestos contra una sentencia dictada por el Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán en fecha veintiocho de agosto de dos mil ocho .Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR POR LEY. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO. JORGE REYES DIAZ. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el ocho de octubre de dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha siete de septiembre de dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Civil (Familia) con orden de ingreso en este Tribunal No 672-P379-382=09.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA CONSTITUCIONAL