Sentencia AC-232-09 — Registro 3758
Resumen
Se interpone el recurso de amparo contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Que después de revisado el fallo venido en consulta, y de conformidad con lo expuesto por el demandante de amparo, la Sala de lo Constitucional debe analizar si la honorable Corte Tercera de Apelaciones de esta Sección Judicial ha vulnerado los derechos de defensa, debido proceso y Legalidad a los señores PABLO CESAR, JOSE BAYARDO, JOSESSTHELLA y ROSA MARGARITAtodos de apellidos MEJIA HERNANDEZ, al consignar en su fallo que la empresa demandada por éstos, “cuenta con un día para contestar la demanda”.Es decir, este alto tribunal deviene en la obligación de revisar si tal termino concedido por el ad-quem atenta contra el derecho de Defensa, del Debido Proceso y la legalidad de los impetrantes; asimismo si el mismo se impuso de conformidad con los presupuestos necesarios.” Que en ese orden de ideas, entendemos que el recurso de apelación tiene por objeto obtener del tribunal superior respectivo, la enmienda, con arreglo a derecho, de la resolución del inferior; esta Sala observa que en el caso subjúdice el Tribunal de alzada, declara con lugar el recurso de apelación interpuesto, consecuentemente con lugar el incidente de nulidad, a su vez declara nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha cuatro de junio del año dos mil ocho (vid. Folio 19 de la p.p.a.), auto en que se tiene por contestada la demanda y se ordena la apertura a pruebas; con lo cual el Tribunal de alzada al declarar la nulidad del referido auto, este se vuelve inexistente, por lo que el a-quo devine obligado a dictar un nuevo auto y siendo que la parte demandada hizo uso de cinco días para contestar la demanda, por lo que consecuentemente le resta un día del plazo de seis días que establece el articulo 264 del Código de Procedimientos Civiles para contestar la misma, en cuyo caso no se puede tener a la parte demandada en rebeldía, tal y lo alegado por el amparista en virtud de que el referido plazo que establece el ya citado articulo del Código de Procedimientos Civiles no ha vencido” Quela Sala de lo Constitucional al hilo de lo señalado en el acápite anterior no comparte los argumentos del impetrante en el sentido de que el Tribunal de alzada al aclarar en su fallo de que la empresa demandada, “cuenta con un día para contestar la demanda”, con ello ha violentado las garantías constitucionales invocadas, ya que según el amparista el termino para contestar la misma había caducado, y la decisión del ad-quem lo que ha hecho es suspender el referido plazo para contestar la demanda, tal tesis como se dejo anteriormente apuntado no esta apegada a derecho, ya que del simple examen de la foliada de mérito se comprueba que la parte demandada fue citada en legal y debida forma en fecha veintiséis de mayo del año dos mil ocho (Vid. Folio 14 p.p.a.), contestando la demanda en fecha dos de junio de ese mismo año, por lo que al utilizar cinco de los seis días que fija la ley, tiene un día para contestar la demanda, tal y como lo dejo aclarado el ad-quem en su fallo, por lo tanto esta Sala estima que en el caso de subjúdice no se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas por el amparista.” Que en virtud de lo expuesto la Sala de lo Constitucional estima procedente denegar el recurso de amparo de que se ha hecho mérito”
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA:La sentencia que literalmente dice:”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de junio de dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales JUAN GABRIEL MARTINEZ DURAN, mayor de edad, casado, hondureño, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero 10102, con dirección profesional en el Bufete Mairena Discua y Asociados, sita en la Colonia Palmira avenida Republica de Argentina casa numero 343 en esta ciudad, a favor de los señores PABLO CESAR, JOSE BAYARDO, JOSESSTHELLA y ROSA MARGARITA todos de apellidos MEJIA HERNANDEZ, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha cuatro de noviembre del año dos mil ocho, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras Primero Seccional del departamento de Olancho en fecha doce de septiembre del dos mil ocho; en relación a la Demanda Ordinaria de Nulidad Absoluta de un título supletorio, promovida por el licenciado MARCO ANTONIO REYES AVILA a favor de los referidos señores contra la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION “TALANQUERA NUMERO UNO”.ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciséis de mayo del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado Primero de Letras Seccional del departamento de Olancho, el Licenciado MARCO ANTONIO REYES AVILA, en su condición ya indicada, interponiendo Demanda Ordinaria de Nulidad Absoluta de un título supletorio, contra la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION “TALANQUERA NUMERO UNO”, para que mediante sentencia se declare su nulidad absoluta y su inscripción en el Registro de la Propiedad, así como las ventas derivadas del mismo, se reivindique el inmueble propiedad de los poderdantes, mas la indemnización de pago de daños y perjuicios, pago de lucro cesante y daño emergente e intereses legales con especial condena en costas. 2) Que en fecha diecisiete de julio del año dos mil ocho, el Licenciado JUAN GABRIEL MARTINEZ DURAN, en su condición de apoderado legal de los demandantes, compareció ante el a-quo presentando escrito donde expresa: “Se Interpone Incidente de Nulidad Absoluta y Posteriores Actuaciones de Previo y Especial Pronunciamiento por tener Relación con la Validez del Proceso, que se tenga por no contestada la demanda y se Declare en Rebeldía a la Parte Demandada”; por considerar el abogado JUAN GABRIEL MARTINEZ DURAN, que la contestación de la demanda, tal y como lo establece el articulo 11 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, tuvo que haberse hecho mediante apoderado legal y no a través del representante de la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION “TALANQUERA NUMERO UNO”, y que en ese sentido la parte demandada nunca contestó la demanda y debería ser declarada en rebeldía. 3) Que en fecha doce de septiembre del año dos mil ocho, el Juzgado de Letras citado, dicto sentencia interlocutoria declarando sin lugar el incidente de nulidad absoluta de actuaciones y posteriores actuaciones de previo y especial pronunciamiento y mandó a que se tuviera por bien hecha la contestación de la demanda y las demás actuaciones judiciales realizadas en el juicio, por considerar que dichas actuaciones para que puedan ser calificadas como incidentes, deben tener relación inmediata con el asunto principal que sea objeto del pleito en que se promueven, o con la validez del procedimiento y que en el presente caso no se ha violentado en ningún sentido la validez del procedimiento para continuar con el trámite o la prosecución correspondiente, en virtud de que todas las actuaciones realizadas por la parte demandada están conforme a derecho; fundamentando su decisión en los artículos 2, 4, 5, 7, 8, 131 y 132 del Código de Procedimientos Comunes. 4) Que en fecha cuatro de noviembre del año dos mil ocho, la Corte Tercera de Apelaciones de ésta Sección Judicial, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado JUAN GABRIEL MARTINEZ DURAN en su condición expresada, revocó la sentencia interlocutoria relacionada, declaró con lugar el incidente de nulidad y declaró nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha cuatro de junio de dos mil ocho, por considerar que en el presente caso la demandada es la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION “TALANQUERA NUMERO UNO” a través del señor SANTOS RAMON ACOSTA, quien no puede comparecer para la contestación de la demanda personalmente como demandado, sino que debió hacerlo mediante un profesional del derecho, con escritura de Poder General para Pleitos debidamente otorgada; fundamentando su decisión en lo dispuesto en los artículos 2 párrafo segundo y 4 del Código de Procedimientos Comunes. 5) Que el recurrente Licenciado JUAN GABRIEL MARTINEZ DURAN, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veintiséis de enero del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor de los señores PABLO CESAR, JOSE BAYARDO, JOSESSTHELLA y ROSA MARGARITA todos de apellidos MEJIA HERNANDEZ, afirmando que la sentencia del Ad-quem de fecha cuatro de noviembre de dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 párrafo primero, y 95 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que se conoce en Amparo la sentencia interlocutoria dictada en fecha cuatro de noviembre del año dos mil ocho por la Corte Tercera de Apelaciones de esta Sección Judicial, mediante la cual falla: a) Declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado JUAN GABRIEL MARTINEZ DURAN, b) Revoca la sentencia interlocutoria, c) Declara con lugar el incidente de nulidad y d) Declara nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha cuatro de junio del año dos mil ocho (folio 19), y ordena la apertura a pruebas, aclarando que la empresa demandada, cuenta con un día para contestar la demanda.CONSIDERANDO: Que el ad-quem en la motivación factica y jurídica de la sentencia que se deja relacionada en el acápite anterior, expresa entre otros aspectos, lo siguiente: (Sic) “Que con fecha dos de junio del año dos mil ocho, en el quinto día del termino de seis días que se le concedió para ello, compareció el señor Santo Ramón Acosta, contestando la demanda, sin acreditar su condición de profesional del derecho, no obstante lo cual, en el auto de fecha cuatro de junio del año dos mil ocho, la juez a-quo tiene por contestada en tiempo y forma la demanda, y ordena abrir el juicio a pruebas, cuando lo que debió hacer es, no darle curso al escrito de contestación de la demanda, y mandar, que en el tiempo restante, del termino concedido contestara la demanda, por medio de un profesional del derecho, que debería comparecer con poder general para pleitos. Que en fecha diecisiete de junio del año dos mil ocho, se notifico por la tabla de avisos del despacho, el auto de apertura a prueba, al licenciado Marco Antonio Reyes Ávila, no obstante que este, en el escrito de la demanda, sustituyo el poder en el de igual titulo JUAN GABRIEL MARTINEZ DURAN, y que tal auto de apertura a prueba, debió notificársele al mismo, por ser el quien en ese momento ostentaba la representación de la parte demandante y, al no hacerlo, se le violenta el derecho de defensa y debido proceso a su representado”.CONSIDERANDO: Que el Licenciado JUAN GABRIEL MARTINEZ DURAN, al formalizar el recurso de amparo a favor de sus representados estima que con el fallo del ad-quem se han quebrantado los derechos de defensa, debido proceso y principio de legalidad contenidos en los artículos 82, 90 y 95 de la Constitución de la República. El garantista expone que: “La sentencia emitida por la Honorable Corte Tercera de Apelaciones, en cuanto a la aclaración que hace de que la empresa demandada, cuenta con un día, para contestar la demanda; con ello ha violentado los principios constitucionales invocados y tergiversa la ley, estableciendo la no caducidad de derechos por el transcurso de los términos judiciales y otorgándoles un sentido de suspensión a los mismos, lo que en materia civil esta prohibido y por tanto no puede aplicarse en este proceso. Señala que la ley es obligatoria en virtud de su promulgación y que nadie puede alegar ignorancia de la misma, y siendo que esta, señala que los términos judiciales no podrán suspenderse ni abrirse después de cumplidos por vía de restitución, ni por otro motivo alguno y transcurrido los mismos se tendrá por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el tramite o recurso que hubiere dejado de utilizarse, por lo tanto no se pueden suspender dichos términos, como equivocadamente pretende hacerlo valer la Honorable Corte Tercera de Apelaciones, porque el termino concedido a la parte demandada fue vencido y dejado de utilizar, ya que fue utilizado por una persona distinta.” CONSIDERANDO: Que después de revisado el fallo venido en consulta, y de conformidad con lo expuesto por el demandante de amparo, la Sala de lo Constitucional debe analizar si la honorable Corte Tercera de Apelaciones de esta Sección Judicial ha vulnerado los derechos de defensa, debido proceso y Legalidad a los señores PABLO CESAR, JOSE BAYARDO, JOSESSTHELLA y ROSA MARGARITA todos de apellidos MEJIA HERNANDEZ, al consignar en su fallo que la empresa demandada por éstos, “cuenta con un día para contestar la demanda”.Es decir, este alto tribunal deviene en la obligación de revisar si tal termino concedido por el ad-quem atenta contra el derecho de Defensa, del Debido Proceso y la legalidad de los impetrantes; asimismo si el mismo se impuso de conformidad con los presupuestos necesarios.CONSIDERANDO: Que en ese orden de ideas, entendemos que el recurso de apelación tiene por objeto obtener del tribunal superior respectivo, la enmienda, con arreglo a derecho, de la resolución del inferior; esta Sala observa que en el caso subjúdice el Tribunal de alzada, declara con lugar el recurso de apelación interpuesto, consecuentemente con lugar el incidente de nulidad, a su vez declara nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha cuatro de junio del año dos mil ocho (vid. Folio 19 de la p.p.a.), auto en que se tiene por contestada la demanda y se ordena la apertura a pruebas; con lo cual el Tribunal de alzada al declarar la nulidad del referido auto, este se vuelve inexistente, por lo que el a-quo devine obligado a dictar un nuevo auto y siendo que la parte demandada hizo uso de cinco días para contestar la demanda, por lo que consecuentemente le resta un día del plazo de seis días que establece el articulo 264 del Código de Procedimientos Civiles para contestar la misma, en cuyo caso no se puede tener a la parte demandada en rebeldía, tal y lo alegado por el amparista en virtud de que el referido plazo que establece el ya citado articulo del Código de Procedimientos Civiles no ha vencido.CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional al hilo de lo señalado en el acápite anterior no comparte los argumentos del impetrante en el sentido de que el Tribunal de alzada al aclarar en su fallo de que la empresa demandada, “cuenta con un día para contestar la demanda”, con ello ha violentado las garantías constitucionales invocadas, ya que según el amparista el termino para contestar la misma había caducado, y la decisión del ad-quem lo que ha hecho es suspender el referido plazo para contestar la demanda, tal tesis como se dejo anteriormente apuntado no esta apegada a derecho, ya que del simple examen de la foliada de mérito se comprueba que la parte demandada fue citada en legal y debida forma en fecha veintiséis de mayo del año dos mil ocho (Vid. Folio 14 p.p.a.), contestando la demanda en fecha dos de junio de ese mismo año, por lo que al utilizar cinco de los seis días que fija la ley, tiene un día para contestar la demanda, tal y como lo dejo aclarado el ad-quem en su fallo, por lo tanto esta Sala estima que en el caso de subjúdice no se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas por el amparista.CONSIDERANDO: Que en virtud de lo expuesto la Sala de lo Constitucional estima procedente denegar el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del señor Fiscal, POR UNANIMIDAD de votos, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2 párrafo dos, 4, 263 y 264 del Código de Procedimientos Civiles; 256 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 Nº 2, 4, 5, 7, 9 Nº 2, 41, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8.1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Licenciado JUAN GABRIEL MARTINEZ DURAN, a favor de los señores PABLO CESAR, JOSE BAYARDO, JOSESSTHELLA y ROSA MARGARITA todos de apellidos MEJIA HERNANDEZ, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de esta Sección Judicial en fecha cuatro de noviembre del año dos mil ocho; y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado BUSTILLO PALMA. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. COORDINADOR. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el treinta de julio de dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha ocho de junio de dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Civil con orden de ingreso en este Tribunal No 232-P164-P210=09.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA CONSTITUCIONAL
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