Sentencia AC-194-08 — Registro 4902
Resumen
Sentencia confirmó fallo impugnado en cuanto a estimar la demanda sumaria de alimentos promovida por recurrente contra Demandado; Revocó el monto de la pensión alimenticia fijada por el Juzgado de Instancia (L.3,000.00 mensuales); se impuso otras obligaciones al demandado según su ofrecimiento voluntario para el alimentante, al no acreditarse el monto del salario mensual o promediado que percibe éste, tomando en cuenta que no vaya más allá del salario mínimo de un trabajador de campo; El Tribunal de Alzada fijó la pensión alimenticia en L.1,500.00 mensuales, ya que los alimentos deben ser proporcionales a los recursos del que los debe y las circunstancias del que los recibe; entre otras disposiciones sobre el tema de alimentos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala Constitucional ve que a lo largo del proceso el ahora recurrente ha tenido libre acceso a los Tribunales, está ejercitando las acciones que estima convenientes, y estas se han desarrollado de la forma que señalan las leyes, por lo que no se puede alegar una violación al derecho de defensa..."..."uno de los requisitos para la procedencia del recurso de amparo, lo constituye la violación a un derecho fundamental, y del estudio de los antecedentes y de los mencionados recursos, por ahora no se aprecia ninguna violación, por lo que es procedente en derecho denegar el mismo..."..."lo reclamado por el recurrente y planteado en los primeros considerandos de esta sentencia, constituye un asunto de mera legalidad, competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia, por lo que nos esta vedado entrar a conocer del mismo a través de un recurso de amparo..."..."la resolución recurrida no vulnera la garantía fundamental del debido proceso, es procedente DENEGAR el amparo interpuesto..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 120 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código de Familia, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Familia, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de la Niñez y de la Adolescencia, art. 73 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 73 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de mayo del año dos mil diez. VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ALFREDO ODWALDO LUJAN GONZALES, a favor de la señora GLORIA SUYAPA NUÑEZ RODRIGUEZ, mayor de edad, soltera, ama de casa, hondureña y con domicilio en la ciudad de Tela, departamento de Atlántida, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Atlántida, en fecha diez de enero del año dos mil ocho, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Atlántida, en fecha quince de febrero de dos mil seis; en relación a la demanda de alimentos promovida por la señora GLORIA SUYAPA NUÑEZ contra el señor AURELIO ACOSTA CARTAGENA. A N T E C E D E N – T E S 1) Que en fecha veintinueve de junio del año dos mil cinco, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida, la señora GLORIA SUYAPA NUÑEZ RODRIGUEZ, actuando en su condición personal y en representación de sus hijos KEVIN AURELIO, JULISSA EUSEBIA, CRISTHIAN y ANA IRIS todos de apellidos ACOSTA NUÑEZ, interponiendo Demanda Sumaria de Alimentos contra el señor AURELIO ACOSTA CARTAGENA, para que mediante sentencia definitiva sea condenado al pago de una pensión no menor a dos mil ochocientos lempiras (L 2,800.00) mensuales para su hija menor. 2) Que en fecha quince de febrero del año dos mil seis, el Juzgado de primera instancia, dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró con lugar la Demanda Sumaria de Alimentos, señalando como pensión alimenticia a favor de los menores KEVIN AURELIO, JULISSA EUSEBIA, CRISTHIAN y ANA IRIS todos de apellidos ACOSTA NUÑEZ, la cantidad de tres mil lempiras (L.3,000.00) mensuales, por considerar que con la declaración de las señoras DALIA RUTH TREJO SABILLON y ANITA RODRIGUEZ se acreditó que el demandado dejó en completo abandono a su compañera de hogar y sus hijos; fundamentando su decisión en los artículos 210, 211, 212, y 219 del Código de Familia; y 78 del Código de Niñez y Adolescencia. 3) Que en fecha diez de enero del año dos mil ocho, la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, reformó la sentencia recurrida, y en consecuencia la dictó de la siguiente forma: a) confirmando la sentencia en cuanto declara ha lugar la demanda; b) revocando la sentencia en cuanto al monto de la pensión establecida en primera instancia; y por ende este Tribunal fija dicha pensión en un mil quinientos lempiras (L.1,500.00) mensuales, así mismo le impone al demandado, aparte de la pensión a que queda obligado, brindarle vivienda a sus menores hijos, incluyendo los servicios de agua potable y energía eléctrica, útiles escolares, calzado, ropa normal y uniformes escolares, beneficios que fueron ofrecidos voluntariamente por el alimentante; por considerar que en el presente juicio no se encuentra acreditado en autos el monto del salario mensual o promediado que percibe el demandado, de tal suerte que resulta contraproducente se le fije al demandado una pensión que vaya más allá del salario mínimo de un trabajador de campo, rebajando de éste lo necesario para su subsistencia; fundamentando su decisión en lo dispuesto en los artículos 207 y 208 del Código de Familia; 190 y 200 del Código de Procedimientos Comunes. 4) Que el recurrente abogado ALFREDO ODWALDO LUJAN GONZALES, compareció ante este Tribunal, en fecha ocho de abril del año dos mil ocho, reclamando amparo a favor de la señora GLORIA SUYAPA NUÑEZ, afirmando que la sentencia del Ad-quem de fecha diez de enero del año dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO(1): Que el artículo 120 de la Constitución de la República, establece que los padres, es decir, tanto el padre como la madre, están obligados a alimentar, asistir y educar a sus hijos durante su minoría de edad. Por su parte, el artículo 73 del Código de la Niñez y de la Adolescencia prevé que para los efectos legales se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral y educación e instrucción del niño, y el artículo 207 y 208 del Código de Familia, que los alimentos deben ser proporcionales a los recursos del que los debe y las circunstancias del que los recibe, así como también que los alimentos no se deben sino en la parte que los bienes y el trabajo del alimentario no los satisfagan, de este modo, nuestro Texto fundamental como la legislación secundaria establecen parámetros a partir de los cuales en un ejercicio de ponderación y con apego a principios generales del derecho como la equidad, los Tribunales competentes en materia de Familia han de resolver lo atinente a la procedencia de las pretensiones que para el pago de prestaciones alimenticias, los particulares sometan a su conocimiento y decisión. CONSIDERANDO (2): Que no obstante lo anterior, después del estudio de la presente causa, esta Sala Constitucional ve que a lo largo del proceso el ahora recurrente ha tenido libre acceso a los Tribunales, está ejercitando las acciones que estima convenientes, y estas se han desarrollado de la forma que señalan las leyes, por lo que no se puede alegar una violación al derecho de defensa. CONSIDERANDO(3): Que uno de los requisitos para la procedencia del recurso de amparo, lo constituye la violación a un derecho fundamental, y del estudio de los antecedentes y de los mencionados recursos, por ahora no se aprecia ninguna violación, por lo que es procedente en derecho denegar el mismo. CONSIDERANDO(4): Que la garantía genérica del debido proceso, encuentra reconocimiento expreso en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, donde se establece que “nadie puede ser juzgado sino por un juez o tribunal competente de acuerdo con las formalidades derechos y garantías que la ley establece….”. Que en otro orden de cosas, el artículo 90 constitucional, no debe ser señalado como vulnerado cuando las decisiones judiciales son contrarias a las pretensiones de las partes, puesto que lo que garantiza esta norma constitucional es el obtener una respuesta motivada y fundada en derecho de acuerdo a las formalidades derechos y garantías establecidas por la ley. CONSIDERANDO(5): Que la Sala de lo Constitucional, tiene como función entre otras, el estudio del análisis del razonamiento lógico que realizó el órgano jurisdiccional recurrido para llegar a cierta conclusión. No obstante lo anterior, lo reclamado por el recurrente y planteado en los primeros considerandos de esta sentencia, constituye un asunto de mera legalidad, competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia, por lo que nos esta vedado entrar a conocer del mismo a través de un recurso de amparo. CONSIDERANDO(6): Que el amparo es una institución procesal que tiene por objeto mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales, y siendo que la resolución recurrida no vulnera la garantía fundamental del debido proceso, es procedente DENEGAR el amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 64, 69, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 322, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, y 14 N.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18, 24, y 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. NOTIFIQUESE. Firmas y sello, JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL, COORDINADOR, OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS, JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS, GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA, firma y sello, DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONALIDAD”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de junio de dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha cuatro de mayo de dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número 194-P264-P266=08.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA CONSTITUCIONAL