Sentencia AC-07-09 — Registro 3755
Resumen
Corte de Apelaciones revocó el fallo dictado por el Juzgado de Letras Segundo departamental de Santa Bárbara con relación a la Querella de Restitución
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que en el caso de autos, la señora MARIA AUXILIADORA MUÑOZ FERNANDEZ, compareció en juicio confiriendo en el primer escrito poder de representación y encomendando la gestión del pleito a un Profesional del Derecho debidamente colegiado, derivándose de ello que la presencia de la referida señora en la audiencia señalada por el Juzgado no era necesaria, toda vez que con el poder conferido se facultaba al profesional del derecho a intervenir en toda la secuencia del juicio, y por consiguiente esté podía ratificar a nombre de su representada la querella, tal y como efectivamente se dio en el caso de mérito, entiende entonces esta Sala que la no presencia de la parte querellante en la referida audiencia, pero sí la de su representante judicial, en modo alguno contraria lo preceptuado en el articulo 663 del Código de Procedimientos Civiles"
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 80 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90, parrafo 1 (Decreto)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 261 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 663 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 675 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de junio de dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado FRANCISCO DANIEL GOMEZ BUESO, mayor de edad, casado, hondureño, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero 01585, con oficina profesional en el Bufete Rivera-Gómez, ubicado en el edificio Marive, sita en la colonia Palmira, calle Republica del Brasil en esta ciudad, a favor de la señora MARIA AUXILIADORA MUÑOZ FERNANDEZ, mayor de edad, soltera por viudez, ama de casa, hondureña y con domicilio en la aldea de Guacamaya, Municipio de Gualala, departamento de Santa Bárbara, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil ocho, que revocó el fallo dictado por el Juzgado de Letras Segundo departamental de Santa Bárbara, en fecha quince de octubre del año dos mil ocho; con relación a la Querella de Restitución, promovida por la señora MARIA AUXILIADORA MUÑOZ FERNANDEZ, contra los señores ALBA LUZ SABILLON MUÑOZ y EULOGIO ANTONIO FERNANDEZ RIVERA. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiséis de agosto del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado Segundo de Letras Departamental de Santa Bárbara, la señora MARIA AUXILIADORA MUÑOZ FERNANDEZ, en su condición personal, promoviendo Querella de Restitución en contra de los señores ALBA LUZ SABILLON MUÑOZ y EULOGIO ANTONIO FERNANDEZ RIVERA, para que mediante sentencia definitiva se declare con lugar la misma, se obligue a los querellados a restituirle una fracción de terreno que según la querellante ilegalmente están ocupando, más las costas del juicio. 2) Que en fecha quince de octubre del año dos mil ocho, el Juzgado de primera instancia, declaró con lugar la querella de restitución promovida por la señora MARIA AUXILIADORA MUÑOZ FERNANDEZ, en contra de los señores ALBA LUZ SABILLON MUÑOZ y EULOGIO ANTONIO FERNANDEZ RIVERA, por considerar que la parte querellante aportó los medios probatorios que ofrecen la certeza que los hechos establecidos en la demanda son objetivamente ciertos, consecuentemente se tienen como ciertos los hechos alegados por la parte querellante; tomando como fundamento de su decisión los artículos 897 y 902 del Código Civil; y 659 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles. 3) Que en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil ocho, la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, declaró; 1) ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado FAVIO CANTILLANO CHAVEZ, en su condición de apoderado legal de los querellados; 2) revocó la resolución impugnada; y 3) declaró no ha lugar la querella interpuesta por la señora MARIA AUXILIADORA MUÑOZ FERNANDEZ, en contra de los señores ALBA LUZ SABILLON MUÑOZ y EULOGIO ANTONIO FERNANDEZ RIVERA, por considerar que la querellante no compareció a la audiencia señalada a ratificar la querella, por lo tanto la ratificación hecha y la prueba propuesta por el abogado CARLOS ROBERTO PEREZ PINEDA, en la referida audiencia, al no estar presente la señora MARIA AUXILIADORA MUÑOZ FERNANDEZ, no se le debe de dar ningún valor probatorio, ya que si el abogado PEREZ PINEDA, hubiere comparecido con poder especial para pleitos otorgado por la querellante, estaba obligado el juez a cederle la palabra para que ratificara la querella y asimismo proponer los medios probatorios, pero que al no ser así, se violó el debido proceso y todo con el consentimiento del juzgador; fundamentando su decisión el ad-quem, entre otros en el artículo 659 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles. CONSIDERANDO: Que el recurrente Abogado FRANCISCO DANIEL GOMEZ BUESO, compareció ante este Tribunal, en fecha cinco de enero del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor de la señora MARIA AUXILIADORA MUÑOZ FERNANDEZ, afirmando que la sentencia del ad-quem de fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 80, 82, 90 párrafo 1, 321 y 323 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que el amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que se conoce en Amparo la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, de fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil ocho, mediante la cual revoca el fallo dictado en fecha quince de octubre del año dos mil ocho, por el Juzgado de Letras Segundo departamental de Santa Bárbara, en relación a la querella de restitución promovida por la señora MARIA AUXILIADORA MUÑOZ FERNANDEZ, contra los señores ALBA LUZ SABILLON MUÑOZ y EULOGIO ANTONIO FERNANDEZ RIVERA, fallo con el que el recurrente no esta de acuerdo por considerar que el mismo vulnera las garantías constitucionales, de la no aplicabilidad de leyes que regulen el ejercicio de las declaraciones o derechos establecidas en la Constitución, el de Petición, el de Defensa, del Debido Proceso y el Principio de Legalidad, contenidos en los artículos 64, 80, 82, 90, 321 y 323 de nuestra norma fundamental. Violación que estima se ha cometido por parte del Ad-quem al haber pronunciado un fallo incongruente, mediante el cual se revoca el fallo de primera instancia y declara a su vez no ha lugar a la querella de restitución interpuesta por su representada, decisión del ad-quem que según el recurrente se ha basado en un criterio totalmente erróneo, de que la parte querellante no compareció a la audiencia señalada en el auto de admisión de las diligencias, y que por ello no se había ratificado la querella y por lo tanto a la ratificación y prueba propuesta por el apoderado judicial de la parte querellante, no se le podía dar ningún valor probatorio; señala que tal fallo no es congruente con lo actuado ya que la parte querellante o sea la señora MARIA AUXILIADORA MUÑOZ FERNANDEZ, desde el momento que concurrió al Juzgado a presentar la querella, consta en el escrito respectivo que le confirió Poder al abogado CARLOS ROBERTO PEREZ PINEDA, no solo con las facultades para que la representara en dicho asunto, sino que lo invistió de las facultades generales del mandato judicial y las especiales consignadas en el párrafo segundo del articulo 8 del Código de Procedimientos Civiles, señala que con la decisión del ad-quem se le esta negando a la parte querellante no solo el derecho a obtener una respuesta congruente a su petición sino que también se esta desconociendo la representación o poder conferido al profesional del derecho referido, y que en ninguna parte de nuestra legislación procesal se exige la comparecencia personal de la parte querellante para la audiencia señalada en el auto de admisión, ya que no siendo una cuestión personalísima no es necesario hacerlo, si ya se cuenta con el profesional del derecho que la represente en el proceso, aduce que el poder se entiende conferido para todo el juicio en que se presente, tal y como lo establecen los artículos 4, 5 y 8 del Código de Procedimientos Civiles en relación con lo preceptuado en los artículos 239, 256, 257 numeral 7 y 258 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y que si bien es cierto que el articulo 663 del referido Código, indica la comparecencia de las partes a una audiencia, tal articulo no excluye la posibilidad de que alguna de las partes pueda acudir a la misma por medio de un apoderado o mandatario, en los términos del articulo 1889 del Código Civil; y que con el fallo del Tribunal de segunda instancia se han inobservado las formalidades y derechos que la querellante tiene de instar el proceso con el escrito inicial de la querella, por lo que resulta claro que el Tribunal recurrido violento el marco legal de sus atribuciones y se excedió al resolver el fondo del asunto por una cuestión diferente y no aplicable al caso, ya que las consideraciones que utiliza para justificar o motivar lo resuelto son ajenas a lo que el marco legal le facultaba resolver, y que en ese sentido no se ha respetado ni observado lo que la ley procesal le permite realizar en este tipo de tramites, por lo que se ha violado el debido proceso, señalando además que con tal decisión se ha producido la vulneración del articulo 64 de la Constitución de la Republica, ya que consta que el tramite de la querella de restitución se ha ajustado a la normativa vigente, al conferírsele poder a un profesional del derecho a fin de que representara a la parte querellante en el tramite del juicio, conforme a lo preceptuado en la normativa del Código de Procedimientos Civiles y de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, por lo que restringir o limitar un derecho por una exigencia formal no determinada o particularizada en ninguna parte de la ley, es contraria a la garantía constitucional preceptuada en el articulo 64, vulnerando también el principio de legitimidad consagrado en la Constitución de la Republica, al haberse trasgredido el marco jurídico nacional, ya que a la parte querellante se le veda, limita o restringe en su derecho con el fallo recurrido, y que por mandato de la ley el Tribunal de alzada no tiene facultades para limitar o negar la procedencia de una querella, por una cuestión de procedimiento, que no fue alegada en su momento procesal oportuno y cuyo ultimo extremo seria la de subsanar lo actuado, es decir anular las actuaciones que se estimaron violatorias del procedimiento. CONSIDERANDO: Que esta Sala después del estudio de los antecedentes y del fallo que es motivo del presente recurso de amparo, considera que el fondo del asunto en el caso de
mérito se contrae a establecer: a) si es necesario que en la audiencia que fija el Tribunal, para el quinto día hábil después de la notificación al querellado, las partes necesariamente tienen que hacer presencia física en la misma, o por el contrario no es óbice para que pueda celebrarse tal audiencia la presencia de los apoderados legales en representación de sus poderdantes y b) Si el tribunal de alzada puede declarar no ha lugar a la querella de restitución interpuesta. CONSIDERANDO: Que con respecto a lo señalado en el acápite anterior, esta Sala estima oportuno hacer algunas acotaciones, así con arreglo a lo previsto por el artículo 2 del Código de Procedimientos Civiles, solamente podrán comparecer personalmente en juicio quienes estén en el ejercicio de sus derechos civiles, estableciendo por otro lado, que tratándose de corporaciones, sociedades y demás entidades jurídicas, comparecerán las personas que legalmente las representen. CONSIDERANDO: Que ninguna de las disposiciones de la normativa jurídica del país incluyendo la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras, impide que las personas naturales o jurídicas, comparezcan en juicio a través de sus representantes legales, pues ello es factible y no vulnera en modo alguno la normativa vigente siempre y cuando encomienden en el acto de la comparecencia y en el primer escrito presentado ante el Juez o Tribunal competente, la representación judicial a un Abogado o a un Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales debidamente colegiado. CONSIDERANDO: Que la acotación que hace el tribunal de alzada en uno de los considerándoos del fallo dictado, en el sentido de que la parte querellante debió previamente otorgar poder especial de representación al abogado CARLOS ROBERTO PEREZ PINEDA en escritura pública, para que éste último compareciera en la referida audiencia, no es valida pues constituye una carga o gravamen impuesto a la parte querellante que no encuentra apoyo en ninguna disposición legal, y que más bien desconoce lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales en virtud del cual se establece que el nombramiento de Procurador Judicial puede hacerse por diversos medios, esto es a través de escritura pública, por declaración escrita, comparecencia verbal autorizada por el Secretario y tratándose de juicios verbales mediante la presentación de la respectiva carta-poder. CONSIDERANDO: Que el articulo 675 del Código de Procedimiento civiles, establece que el que intente querella de restitución expresara las circunstancias enumeradas en el articulo 261 del citado Código, articulo que en su numeral 2 señala que la demanda debe contener el nombre y personalidad o representación legal del demandante o su procurador; en ese orden de ideas resulta claro que en el primer escrito de interposición de una querella, la parte querellante podrá conferir Poder a un profesional del derecho para que la represente en juicio. En el caso de mérito se ha constatado que la parte querellante en el primer escrito confirió Poder al abogado CARLOS ROBERTO PEREZ PINEDA, (Vid. Folios 1 al 3 de la p.p.a.), poder que el referido profesional del derecho acepto, tal y como consta a folio nueve (9) vuelto de la primera pieza de autos; así pues, esta Sala no entiende el porqué ha de exigirse contra legem, que las personas naturales comparezcan por medio de un Profesional del Derecho cuyo poder debe ser previamente otorgado en escritura pública, en tanto que por muchos años y sin discusión alguna se ha venido admitiendo en un sinnúmero de asuntos judiciales tramitados en distintos Juzgados y Tribunales de la República, que las personas naturales comparezcan en el mismo escrito en que se plantea el cuerpo de la demanda y de su contestación, confiriendo poder de representación al final del mismo a un Profesional del Derecho. CONSIDERANDO: Que en el caso de autos, la señora MARIA AUXILIADORA MUÑOZ FERNANDEZ, compareció en juicio confiriendo en el primer escrito poder de representación y encomendando la gestión del pleito a un Profesional del Derecho debidamente colegiado, derivándose de ello que la presencia de la referida señora en la audiencia señalada por el Juzgado no era necesaria, toda vez que con el poder conferido se facultaba al profesional del derecho a intervenir en toda la secuencia del juicio, y por consiguiente esté podía ratificar a nombre de su representada la querella, tal y como efectivamente se dio en el caso de mérito, entiende entonces esta Sala que la no presencia de la parte querellante en la referida audiencia, pero sí la de su representante judicial, en modo alguno contraria lo preceptuado en el articulo 663 del Código de Procedimientos Civiles. CONSIDERANDO: Que al tenor de lo antes apuntado es criterio de esta Sala que en el caso de mérito, con el fallo dictado por el ad-quem se ha producido efectivamente la vulneración de las garantías constitucionales del derecho de defensa y de la garantía genérica del debido proceso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la Republica, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 82, 90, 183, 303, 304, 313 Nº 5) y 316 Nº 1) de la Constitución de la República; 2, 4, 7, 8, 261 Nº 2), 662, 663, 675 y 676 del Código de Procedimientos Civiles; 256 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 13 de la ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras; 1, 3 Nº 2), 4, 5, 9 Nº 3) literal b), 41 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado FRANCISCO DANIEL GOMEZ BUESO, a favor de la señora MARIA AUXILIADORA MUÑOZ FERNANDEZ, contra la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil ocho dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado BUSTILLO PALMA.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello, JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. COORDINADOR. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de julio del año dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha ocho de junio del año dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal bajo el número 07-P127-P146=09.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL