Sentencia AA-881-09 — Registro 3751
Resumen
se intentó remover de manera ilegal y arbitraria al recurrente de su cargo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, por el hecho de no acatar y ejecutar órdenes que a todas luces son ilegales por atentar contra el orden jurídico constitucional.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO: Que igualmente, dentro de los principios orientadores de las actuaciones administrativas figura el principio de contradicción. En virtud de este principio, los interesados tienen derecho a conocer y controvertir las decisiones de las autoridades administrativas por los medios legales. Por esta razón, para que el acto administrativo produzca efectos jurídicos exige su notificación o comunicación o ejecución. En cumplimiento a este principio, a cada una de las partes debe concedérsele una cantidad y calidad de oportunidades, para intervenir, atacando, defendiéndose o probando.[1] CONSIDERANDO: Que el Artículo 82 de nuestro texto constitucional establece: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”CONSIDERANDO: Que el Artículo 90 de nuestra Carta Magna en su primer párrafo manda: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.”CONSIDERANDO: Que al estudiarse la foliada no se observa el Acuerdo Ejecutivo; ni mucho menos las diligencias que sirvieron de respaldo para tal actuación administrativa; y como consecuencia de ello consta el estado de indefensión en el que fue colocado aquel, para el que hoy se solicita el Amparo. Por lo que esta Sala, arriba a la conclusión que el acto de destitución no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental.CONSIDERANDO: Que la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, al revisar la sentencia contra la cual se reclama, aprecia conculcación a derecho fundamental alguno, ni para la parte recurrente, ni para algún tercero que fuera afectado con dicha resolución judicial, por lo que este Tribunal es del parecer porque se otorgue el recurso. "
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 322 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 323 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de marzo de dos mil diez. VISTOS: Para dictar sentencia los Recursos de Amparo Administrativos (Acumulados), interpuestos por: I. el Abogado MANUEL RODRÍGO MAZARIEGOS ZUNIGA, a favor del señor ROMEO ORLANDO VÁSQUEZ VELÁSQUEZ y II. el Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación de los Intereses Generales de la Sociedad del Estado de Honduras, ambos contra la resolución dictada por el Presidente de la República señor JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES, en fecha veinticuatro de junio de dos mil nueve, que destituye al General ROMEO ORLANDO VÁSQUEZ VELÁSQUEZ de su cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras. ANTECEDENTES1) Que en fecha veinticinco e junio del año dos mil nueve, comparecieron ante esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, los Abogados MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS y RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, promoviendo Recursos de Amparo, el primero a favor del señor ROMEO ORLANDO VÁSQUEZ VELÁSQUEZ y el segundo en representación de los Intereses Generales de la Sociedad del Estado de Honduras, contra la resolución proferida por el Presidente de la República señor JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, en fecha veinticuatro de junio de dos mil nueve, que destituye al General ROMEO ORLANDO VÁSQUEZ VELÁSQUEZ de su cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, al considerar que dicha resolución viola lo dispuesto en los Artículo 1, 64, 80, 82, 90, 94, 127, 129, 245 numeral 1, 278, 321 y 323 de la Constitución de la República. 2) Que en fecha veinticinco de junio de dos mil nueve, esta Sala, para mantener la unidad y continencia de la causa, ordenó que se acumularan los recursos que se dejan relacionados, admitió los mismos, decretando la suspensión provisional del acto reclamado bajo la responsabilidad de los recurrentes, en virtud de que la relación fáctica expuesta por éstos se enmarca dentro de lo preceptuado en los Artículos 49 y 59 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. 3) Que en fecha ocho de octubre de dos mil nueve, se tuvieron por formalizados los recursos por parte de los Abogados MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS y RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, omitiéndose la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho para que emitiera dictamen, en base a lo que establece el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO: Que los recurrentes coinciden en sus escritos de formalización del Recurso de Amparo, fundamentalmente en que consideran vulnerados los derechos constitucionales contemplados en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, en relación con los Artículos 1, 245 numeral 1; y, 278 de ese mismo cuerpo legal. Derechos estos que consideran ultrajados en virtud de que si bien es cierto el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas podrá ser seleccionado y removido por el Presidente de la República de conformidad con lo que establece el Escalafón de Oficiales, prescrito en la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, también es cierto que el Artículo 40 de esta misma Ley, prescribe lo siguiente: “La Jefatura del Estado Mayor Conjunto está formada por el Jefe y Sub Jefe del Estado Mayor Conjunto. El Jefe del Estado Mayor Conjunto será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República y prestará la promesa constitucional de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la República y la presente ley. Tendrá una duración de tres (3) años en su cargo y solo será removido por las causas siguientes: 1) Renuncia; 2) Incapacidad absoluta acreditada fehacientemente; 3) Inhabilitación del cargo por sentencia firme; y, 4) Perdida o suspensión de la ciudadanía decretada por autoridad competente de conformidad con la ley y por finalizar su tiempo de servicio activo en las Fuerzas Armadas.” Señalan que la Ley señala de manera taxativa las causas mediante las cuales un Jefe y Sub Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas puede ser removido, por el Presidente de la República, no encontrándose comprendido el General Romeo Orlando Vásquez Velásquez, dentro de alguna de estas causales, siendo evidente que su remoción del cargo es completamente arbitraria y su separación es producto de que como Jefe del Estado Mayor Conjunto desobedeció el Acuerdo Ejecutivo No.027-2009, de fecha 29 de mayo de 2009, que dicho sea de paso por estrategia y para evitar que este Acuerdo Ejecutivo fuera impugnado, no se publicó en el Diario Oficial la Gaceta. Dicho Acuerdo ordenaba a las Fuerzas Armadas de Honduras, en todas sus ramas apoyaran al Instituto Nacional de Estadísticas en la realización de una Encuesta o Consulta. Consulta que fue declarada nula mediante sentencia de fecha 28 de septiembre de ese mismo año, por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, que consideró que el acto impugnado violenta y va en contra de la misma constitución de la República, contra el Estado de Derecho, contra la democracia del país y además es violatorio del ordenamiento jurídico vigente.CONSIDERANDO: Que los recurrentes en Amparo, en sus escritos señalan además que el en ese entonces Presidente de la República, desconoció que de conformidad al Artículo 278 constitucional “las órdenes que imparta el Presidente de la República deberán ser acatadas y ejecutadas con apego a la Constitución de la República y a los principios de legalidad, disciplina y profesionalismo militar.” Así como también ignoró el contenido de los Artículos 322 y 323 del mimo texto constitucional, al estar sometidos al imperio de la Ley y al principio de legalidad, razón por la cual todas las actuaciones de un funcionario público tienen forzosamente que estar enmarcadas en Ley, lo cual no ocurrió en el presente caso cuando se intentó remover de manera ilegal y arbitraria al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Romero Vásquez Velásquez, por el hecho de no acatar y ejecutar órdenes que a todas luces son ilegales por atentar contra el orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO: Que el derecho de defensa en todo proceso, ya sea judicial o administrativo; es una garantía de las reglas del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo; y sin lugar a dudas un presupuesto de validez del procedimiento y en fin de la sentencia, será la defensa técnica eficaz.CONSIDERANDO: Que igualmente, dentro de los principios orientadores de las actuaciones administrativas figura el principio de contradicción. En virtud de este principio, los interesados tienen derecho a conocer y controvertir las decisiones de las autoridades administrativas por los medios legales. Por esta razón, para que el acto administrativo produzca efectos jurídicos exige su notificación o comunicación o ejecución. En cumplimiento a este principio, a cada una de las partes debe concedérsele una cantidad y calidad de oportunidades, para intervenir, atacando, defendiéndose o probando.[1] CONSIDERANDO: Que el Artículo 82 de nuestro texto constitucional establece: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”CONSIDERANDO: Que el Artículo 90 de nuestra Carta Magna en su primer párrafo manda: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.”CONSIDERANDO: Que al estudiarse la foliada no se observa el Acuerdo Ejecutivo; ni mucho menos las diligencias que sirvieron de respaldo para tal actuación administrativa; y como consecuencia de ello consta el estado de indefensión en el que fue colocado aquel, para el que hoy se solicita el Amparo. Por lo que esta Sala, arriba a la conclusión que el acto de destitución no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental.CONSIDERANDO: Que la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, al revisar la sentencia contra la cual se reclama, aprecia conculcación a derecho fundamental alguno, ni para la parte recurrente, ni para algún tercero que fuera afectado con dicha resolución judicial, por lo que este Tribunal es del parecer porque se otorgue el recurso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 185, 304, 313 No.5 y 319 atribución 8ª. de la Constitución de la República; 1º. y 78 atribución 5ª. y 46 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 49 y 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGAR los Recursos de Amparo de que se ha hecho mérito. Manda que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. COORDINADOR. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Y a solicitud del Licenciado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el uno de junio de dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha nueve de marzo de dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo (Acumulado) con orden de ingreso en este Tribunal No. 881 y 883=09.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA CONSTITUCIONAL
[1] parra Quijano, Jairo. Derecho Procesal Civil. Edit. Tem Santa Fe de Bogota, 1990. Pág. 16