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Sentencia AA-08-09 — Registro 5300

Resumen

Resolución excluyó a recurrentes de una lista de noventa y ocho profesionales del derecho escogidos para ser precandidatos a elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."el acto que se impugna cumplió sus efectos desde el momento mismo en que la Junta Nominadora concluyó la fase de las audiencias públicas, pues del resultado de las mismas, conformó la nómina que por ley debía entregar al Poder Legislativo. La Sala advierte que el propósito de seleccionar a estos primeros NOVENTA Y OCHO precandidatos, era someterlos a la fase de selección determinada por las audiencias públicas que fueron celebradas posteriormente a la publicación referida por la impetrante y de la conclusión de ésta fase, surgió la nómina de candidatos de la cual el Congreso Nacional eligió a los QUINCE Magistrados que conforman la actual Corte Suprema de Justicia..."..."ha sido aceptado doctrinariamente y así ha sido criterio del Tribunal Supremo, que los actos consumados son aquellos en los que se han realizado en forma total todos sus efectos, es decir aquéllos que han alcanzado la finalidad que persiguen y se han producido por ende todas sus consecuencias jurídicas..."..."esta Sala concuerda que para determinar si se está en la presencia de un acto consumado de modo irreparable, se debe de atender primeramente a los efectos y consecuencias de su ejecución. Ello no implica ciertamente, que estos efectos y consecuencias deban circunscribirse al tiempo o momento de la consumación del acto para determinar su reparabilidad, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el sólo hecho del transcurso del tiempo de su realización, por no poder retrotraerse en el tiempo, es un acto consumado de modo irreparable, pues la restitución del acto ejecutado es factible aun y cuando esta restitución se de en otro tiempo y momento. Los actos consumados de modo irreparable, lo son así, porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para el juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de la ocurrencia de las violaciones cometidas..."..."esta Sala advierte que la restitución del acto reclamado en amparo no resultaría viable, pues éste no solamente ha producido todos sus efectos y consecuencias, sino que su reparabilidad material, ya no es factible, puesto que ello implicaría inter alia lo siguiente: 1. La reintegración de la ya disuelta Junta Nominadora; 2. La reinstauración del procedimiento de selección de candidatos al cargo de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia en todas y cada una de sus fases; y, 3. La disolución de la actual Corte Suprema de Justicia en funciones desde el 25 de enero de 2009 y la consecuente anulación de todas sus actuaciones a partir de esa fecha. En consecuencia esta Sala puede afirmar de todo lo anterior, que el acto reclamado por vía de amparo se constituye como un acto consumado de modo irreparable al no poderse obtener ya en este momento, ni física ni materialmente su restitución..."..."de conformidad con el Artículo 46 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo contra los actos consumados de modo irreparable, estableciendo además que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuere inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad..."..."a criterio de esta Sala Ad-Hoc de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobreseer el presente recurso de amparo, al constar en el trámite la causal de inadmisibilidad anteriormente relacionada..."..."La Sala ha advertido ya que la Junta Nominadora debió por una parte, antes de arribar a una decisión sobre la conducta de la recurrente para aspirar al cargo al que aplicó, cerciorarse del estado actual de la denuncia que sobre ella pesaba y por la otra, debió brindar la oportunidad a la misma, hacer llegar la prueba de descargo sobre estos cargos; ahora bien, esto no implica tampoco, ni se podría afirmar, que de haberse procedido de esta forma por parte de la Junta Nominadora, es decir, de haber conocido el resultado del proceso penal al que se sometió a la recurrente y de haber permitido a ésta producir prueba en descargo, que la recurrente necesariamente habría sido incluida en la lista de los NOVENTA Y OCHO candidatos ya relacionada y de haber sido incluida en ella, tampoco ello aseguraba de ninguna manera que hubiera sido incorporada a su vez en la subsiguiente nómina de CUARENTA Y CINCO candidatos que fue presentada al Congreso Nacional y mucho menos se podría aseverar con absoluta certeza que ésta hubiera sido electa como Magistrada a la Corte Suprema de Justicia. El perjuicio ocasionado por la omisión de la autoridad cuestionada no fue privar a los recurrentes de ser incluidos en las fases posteriores de selección y tampoco de no haber sido electos al cargo de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, pues estas decisiones no dependían directamente del acto impugnado, sino de la voluntad y discernimiento de las autoridades llamadas a tomar estas decisiones..."..."esta Sala ha concluido que: 1) El acto contra el cual se reclama es un acto consumado de modo irreparable, al haber producido todos los efectos para los que fue dispuesto y al no ser factible en este momento, ni física ni materialmente retrotraer las cosas al estado en el que se encontraban al momento de realizarse el acto, el mismo no puede en este tiempo y momento ser reparado por el juicio de garantías, con ello el recurso que se ha planteado resulta a todas luces inadmisible, conforme lo dispone la causal que ya se ha relacionado; 2) La Junta Nominadora debió, en atención a los derechos de defensa y al principio de presunción de inocencia que regula la ley, brindar la oportunidad a la recurrente presentar los descargos sobre la denuncia de la que fue objeto y la Junta debió además, siendo que conocía de dicha denuncia, verificar el resultado de la misma previo a pronunciarse sobre la conducta profesional y ética de la amparista, sin embargo el perjuicio ocasionado con esta conducta no puede ser reparado por el juicio de garantías, como queda ya establecido; 3) No puede afirmarse con grado absoluto de certeza, ni ha podido demostrarse en la tramitación del presente recurso, que el acto cuyo cumplimiento se reclama privó a los recurrentes de ser electos al cargo de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, aún y cuando la Junta Nominadora hubiera procedido en forma distinta, pues el sometimiento a un proceso de selección no produce para quien participa en él derechos adquiridos ni garantía alguna de resultar favorecido; 4) De lo actuado no se ha podido demostrar que el acto impugnado haya sido violatorio de la garantía del debido proceso, al haber actuado la Junta Nominadora en el uso de sus facultades legales; 5) De lo actuado no se ha podido demostrar que el acto impugnado haya sido violatorio de los principios de publicidad y transparencia o que se haya vulnerado el derecho a la no discriminación, al derecho de igualdad o a la propia imagen..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice:”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL AD-HOC Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de marzo de dos mil diez. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto ante este Tribunal, por la señora LINDA LIZZIE RIVERA LOBO, mayor de edad, soltera, Abogada y Notaria, hondureña y de este domicilio, a favor SI MISMA y de los señores ZUNILDA SUAZO y JORGE ALBERTO BURGOS, ambos mayores de edad, Abogados, hondureños y del mismo domicilio; contra el acto realizado por la Junta Nominadora para seleccionar a los Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, consistente según la recurrente, en la exclusión de los recurrentes Linda Lizzie Rivera Lobo, Zunilda Suazo y Jorge Alberto Burgos, de una lista de noventa y ocho profesionales del derecho que fueron escogidos por dicha Junta, como Precandidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ANTECEDENTES

  1. Que en fecha seis de enero de dos mil nueve, compareció ante ésta Sala de lo Constitucional, la Abogada LINDA LIZZIE RIVERA LOBO, presentando amparo a favor de Sí Misma y de los profesionales Zunilda Suazo y Jorge Alberto Burgos, alegando que el acto realizado por la Junta Nominadora de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, consistente en la exclusión de los recurrentes Linda Lizzie Rivera Lobo, Zunilda Suazo y Jorge Alberto Burgos, de la lista de noventa y ocho profesionales del derecho que fueron escogidos por dicha Junta, como Precandidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, violenta los artículos 60, 76, 82 y 94 de la Constitución de la República. 2) Que el siete de enero de dos mil nueve, la Abogada ZUNILDA SUAZO MEJIA, compareció ante ésta Sala, solicitando que se tuviera como no presentado en cuanto a su persona, el recurso de amparo interpuesto por la Abogada Rivera Lobo. 3) Que el nueve de enero de dos mil nueve, la Sala tuvo por desistido el recurso de amparo en cuanto a la Abogada Zunila Suazo Mejía y admitió sin suspensión del acto reclamado el Amparo a favor de los Abogados Linda Lizzie Rivera Lobo y Jorge Alberto Burgos. 4) Que la Junta Nominadora para la selección de los Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el quince de enero del presente año, informó que no preseleccionó a los Abogados Linda Lizzie Rivera Lobo y Jorge Alberto Burgos Córdova, dentro de los noventa y ocho candidatos invitados a las entrevistas en audiencias públicas, por considerar que, en cuanto a la Abogada Rivera Lobo, ésta incurrió en inexactitudes notariales en la autorización de un instrumento público y no aseguró la neutralidad política que debe caracterizar a un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia; y en cuanto al Abogado Burgos Córdova, se identificó que en el informe enviado a la Junta, por la Corte Suprema de Justicia, éste había sido objeto de nueve denuncias como funcionario judicial, de la cuales dos de ellas identificadas con los números 633-04-PJ y 249-05-PJ fueron declaradas procedentes. 5) Que mediante providencia judicial de fecha dieciséis de de enero del año dos mil nueve, este supremo Tribunal de Justicia dio vista a la recurrente para que dentro del termino de cuarenta y ocho horas formalizara la precitada acción de amparo, haciéndolo en fecha diecinueve de enero del dos mil nueve, expresando, argumentando y desarrollando en dicha formalización de recurso de amparo, la violación de garantías constitucionales referente específicamente: a) la violación de la garantía constitucional de no discriminación e igualdad ante la Ley contenida en el articulo sesenta de la Constitución de la Republica; b) la violación de la garantía constitucional que garantiza el honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, contenida en el articulo setenta y seis de la Constitución de la Republica; c) la violación de la garantía constitucional del derecho de defensa contenido en articulo ochenta y dos de la Constitución de la Republica; d) la violación de la garantía Constitucional del debido proceso contenida en el articulo noventa y cuatro de la Constitución de la Republica y e) referente a la garantía de la presunción de inocencia, que la recurrente se refiere en su escrito de interposición de esta acción de amparo, sin embargo no la desarrolla ni argumenta sobre la misma en la formalización. 6) Que en fecha veintidós de enero de dos mil nueve, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, a través de la Fiscal Especial Nellie Jeannette Vallejo Díaz, emitió dictamen, siendo del parecer porque no se otorgue la acción de amparo, por no vulnerar los derechos fundamentales alegados por la impetrante. 7) Que en fechas cinco de febrero y veinticinco de marzo ambos del año dos mil nueve, los Magistrados propietarios e integrantes del pleno de esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se excusaron de manera voluntaria de conocer el presente recurso de conformidad a lo establecido en el artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, en consecuencia según lo ordenado en el artículo 189 del mismo cuerpo legal en relación con los artículos 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia y 5 del Reglamento Interno de la Sala de lo Constitucional, así como el 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Presidencia de este Poder Judicial designó como Magistrados AD-HOC de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a los Abogados ROSMAN MONTIEL GIRON, DORIS IMELDA MADRID, ELMER EDDY FUGON, JOSUE ARGEÑAL CERRATO y PORFIRIO ORELLANA, quienes rindieron su promesa de ley, y quedaron en posesión de su cargo el once de noviembre del dos mil nueve. CONSIDERANDO (1): Que el acto contra el cual se reclama en amparo, lo constituye, según la impetrante, la conformación de una lista por parte de la Junta Nominadora para la Elección de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la que se incluyeron NOVENTA Y OCHO precandidatos a Magistrados de la referida Corte, siendo excluidos de la misma los recurrentes, LINDA LIZZIE RIVERA LOBO y JORGE ALBERTO BURGOS.CONSIDERANDO (2): Que la autoridad impugnada la constituye la Junta Nominadora para la Elección de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (en adelante la Junta Nominadora), organismo de carácter temporal, creado por el Artículo 311 de la Constitución de la República y el cual es definido por su Ley Orgánica en su Artículo 1, como un órgano colegiado y deliberante, dotado de absoluta independencia y autonomía en sus decisiones, las cuales estarán regidas por la Constitución de la República y su Ley Orgánica.CONSIDERANDO (3): Que en su escrito de interposición, los recurrentes alegan que la exclusión del listado impugnado les ha causado perjuicio al habérseles violentado derechos y garantías constitucionales, como ser el derecho de defensa; la garantía del debido proceso; los principios de publicidad y transparencia; los derechos a la no discriminación y a la igualdad ante la ley y el derecho a la propia imagen. CONSIDERANDO (4): Que para acreditar su pretensión, la recurrente presentó durante la tramitación de la presente acción de amparo los siguientes documentos: 1) Copia de la resolución de fecha 7 de noviembre de dos mil dos mediante la que se sobresee por parte del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, la causa instruida contra la recurrente LINDA LIZZIE RIVERA, por el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio de LA FE PÚBLICA; 2) Copia de la sentencia de fecha veintisiete de febrero de dos mil tres dictada por la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, que conociendo en apelación, confirmó la resolución referida en el numeral anterior; y, 3) Copia de la Sentencia dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de fecha quince de octubre de dos mil tres, que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Apelación antes referida.CONSIDERANDO (5): Que la recurrente expuso en la formalización de su recurso, que el acto impugnado fue dado a conocer públicamente a través del noticiero de televisión TN5; dicho listado surgió de los DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO (248) abogados que se sometieron al proceso de selección inicial a ser realizado por la Junta Nominadora, entre los que figuraban abogados nominados por las organizaciones determinadas por la Ley Orgánica de la Junta Nominadora Para la Elección de Candidatos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como profesionales que se autonominaron para dicho concurso. Los NOVENTA Y OCHO (98) nominados incluidos en el listado que ahora se impugna, se someterían posteriormente a otra fase de selección establecida por la Junta Nominadora, que consistió en la celebración de audiencias públicas que tuvieron lugar ante dicho órgano a partir del día cinco de enero de dos mil nueve. CONSIDERANDO (6): Que conforme con su Ley Orgánica, la función única de la Junta Nominadora es la preparación de una nómina conformada al menos por cuarenta y cinco (45) candidatos que reúnan los requisitos y no se encuentren comprendidos en las inhabilidades establecidas en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Junta, entre los cuales el Congreso Nacional de la República debía elegir a quince (15) Magistrados que pasarían a integrar la Corte Suprema de Justicia.CONSIDERANDO (7): Que es de lato conocimiento que una vez concluida la fase de las audiencias públicas, la Junta Nominadora presentó al Congreso Nacional de la República, en veintitrés de enero de dos mil nueve la nómina de los CUARENTA Y CINCO (45) candidatos al cargo de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia. En fecha veinticinco de enero de dos mil nueve, el Poder Legislativo eligió a los quince Magistrados que integran en la actualidad la Corte Suprema de Justicia, asumiendo sus funciones el 25 de enero de 2009. Con ello la Junta Nominadora cumplió con el mandato delegado por la ley y con la función para la cual fue conformada.CONSIDERANDO (8): Que resulta de todos estos actos ejecutados a la fecha, que las fases de selección que fueron dispuestas por la Junta Nominadora en el ejercicio de sus atribuciones legales, fueron concluidas en su totalidad y surtieron los efectos para los que fueron establecidas. La nómina de candidatos al cargo de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, que sumó CUARENTA Y CINCO (45) candidatos, fue entregada al Congreso Nacional de la República por la Junta Nominadora, como queda dicho, culminando entonces este procedimiento, con la elección y posterior instalación de la Corte Suprema de Justicia tal y como lo manda la ley.CONSIDERANDO (9): Que siendo así, se logra determinar que con la culminación del procedimiento estipulado por la ley para ese propósito, el acto que se impugna cumplió sus efectos desde el momento mismo en que la Junta Nominadora concluyó la fase de las audiencias públicas, pues del resultado de las mismas, conformó la nómina que por ley debía entregar al Poder Legislativo. La Sala advierte que el propósito de seleccionar a estos primeros NOVENTA Y OCHO precandidatos, era someterlos a la fase de selección determinada por las audiencias públicas que fueron celebradas posteriormente a la publicación referida por la impetrante y de la conclusión de ésta fase, surgió la nómina de candidatos de la cual el Congreso Nacional eligió a los QUINCE Magistrados que conforman la actual Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO (10): Que ha sido aceptado doctrinariamente y así ha sido criterio del Tribunal Supremo, que los actos consumados son aquellos en los que se han realizado en forma total todos sus efectos, es decir aquéllos que han alcanzado la finalidad que persiguen y se han producido por ende todas sus consecuencias jurídicas. CONSIDERANDO (11): Que la doctrina en materia de amparo ha clasificado los actos consumados en dos categorías: 1) Los actos consumados de modo reparable y 2) Los actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparada por la sentencia recaída en amparo. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias; física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías.CONSIDERANDO (12): Que siguiendo esta línea de pensamiento doctrinario, esta Sala concuerda que para determinar si se está en la presencia de un acto consumado de modo irreparable, se debe de atender primeramente a los efectos y consecuencias de su ejecución. Ello no implica ciertamente, que estos efectos y consecuencias deban circunscribirse al tiempo o momento de la consumación del acto para determinar su reparabilidad, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el sólo hecho del transcurso del tiempo de su realización, por no poder retrotraerse en el tiempo, es un acto consumado de modo irreparable, pues la restitución del acto ejecutado es factible aun y cuando esta restitución se de en otro tiempo y momento. Los actos consumados de modo irreparable, lo son así, porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para el juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de la ocurrencia de las violaciones cometidas. CONSIDERANDO (13): Que siendo así y pasando al conocimiento del presente recurso de amparo, si el acto reclamado es, como lo señala la impetrante, la conformación y posterior publicación del listado de los NOVENTA Y OCHO (98) candidatos que serían sometidos a la segunda fase de selección dispuesta por la Junta Nominadora, con la exclusión de los recurrentes; aplicando los criterios antes citados, debe determinarse si este acto consumado, es o no de naturaleza irreparable para establecer la procedencia del recurso que se intenta. Si partimos de los efectos y consecuencias de la ejecución de este acto, como nos ilustra la doctrina, se advierte que el efecto y consecuencia inmediata de la conformación de esta lista fue la culminación del proceso de selección de NOVENTA Y OCHO profesionales del derecho que fueron incluidos en la misma, partiendo éstos del universo de los DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO (248) que fueron propuestos y auto propuestos al iniciar el concurso. De igual manera el efecto de este acto fue permitir el inicio de la segunda fase de selección antes relacionada, en la cual los NOVENTA Y OCHO candidatos se someterían a un nuevo escrutinio a través de las audiencias públicas que dirigió la Junta Nominadora, cuyo fin inmediato era producir la nómina de los CUARENTA Y CINCO candidatos al cargo de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que debía ser presentada al Congreso Nacional como lo manda la ley y como ha quedado dicho. CONSIDERANDO (14): Que el anterior razonamiento supone entonces que el acto que se reclama en amparo, fue una de las fases del procedimiento que dispuso la Junta Nominadora para alcanzar su cometido su efecto final no fue otro que la elección que llevó a cabo el Congreso Nacional de la República en aquél momento. El propósito final del procedimiento establecido por la Junta Nominadora era conformar la nómina de los no menos de CUARENTA Y CINCO candidatos al cargo de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, dispuesta por el Artículo 2 de la Ley Orgánica de la Junta Nominadora para luego ser entregada al Poder Legislativo. La nómina se contempla por ende como un requisito sine qua non para la elección de los Magistrados, pues la máxima constitucional dispone en su Artículo 311, que la elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hará de la nómina de candidatos que presente la Junta Nominadora. CONSIDERANDO (15): Que dicho lo anterior, esta Sala advierte que la restitución del acto reclamado en amparo no resultaría viable, pues éste no solamente ha producido todos sus efectos y consecuencias, sino que su reparabilidad material, ya no es factible, puesto que ello implicaría inter alia lo siguiente:
  1. La reintegración de la ya disuelta Junta Nominadora; 2. La reinstauración del procedimiento de selección de candidatos al cargo de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia en todas y cada una de sus fases; y,
  2. La disolución de la actual Corte Suprema de Justicia en funciones desde el 25 de enero de 2009 y la consecuente anulación de todas sus actuaciones a partir de esa fecha. En consecuencia esta Sala puede afirmar de todo lo anterior, que el acto reclamado por vía de amparo se constituye como un acto consumado de modo irreparable al no poderse obtener ya en este momento, ni física ni materialmente su restitución. CONSIDERANDO (16): Que de conformidad con el Artículo 46 numeral
  1. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo contra los actos consumados de modo irreparable, estableciendo además que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuere inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO (17): Que en acatamiento a la ley y atendiendo los razonamientos aquí establecidos deriva procedente, a criterio de esta Sala Ad-Hoc de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobreseer el presente recurso de amparo, al constar en el trámite la causal de inadmisibilidad anteriormente relacionada. CONSIDERANDO (18): Que sin perjuicio de lo anterior, esta Sala encuentra necesario, dada la importante trascendencia de los hechos que han dado lugar a la presente acción de amparo y haciendo plenamente efectivo el derecho de petición que asiste a los recurrentes conforme con el Artículo 80 de la Constitución de la República, analizar las alegaciones de los recurrentes y pronunciarse sobre las mismas indistintamente de la decisión ya anunciada en este fallo. CONSIDERANDO (19): Que al formalizar su recurso de amparo, la impetrante explica la manera en que, a su parecer, la autoridad recurrida violentó los derechos de defensa, la garantía del debido proceso, los principios de publicidad y transparencia y el derecho a la propia imagen. La recurrente no argumentó suficientemente en sus intervenciones, sobre los derechos a la no discriminación y al derecho de igualdad, que también consideró lesionados, sin embargo al pretender hacer ver los agravios que aduce le ha ocasionado el acto cuyo cumplimiento se reclama, centra argumentos en su exposición que se interrelacionan con estos derechos, lo cual se ha tomado en consideración por parte de esta Sala al momento de pronunciarse sobre sus alegatos. CONSIDERANDO (20): Que el argumento central del presente recurso lo constituye lo que para los quejosos consistió en una arbitraria decisión de la Junta Nominadora de excluirlos de la lista de precandidatos nominados al cargo de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, decisión ésta que fue tomada, según manifiestan, en grave desatención de las máximas constitucionales antes citadas. La impetrante aduce que la razón de su exclusión del listado, se debió a la existencia de una denuncia criminal presentada en su contra, siendo que así se le hizo saber por parte de uno de los miembros de la mencionada Junta, en este caso el Doctor Ramón Custodio López. La impetrante alega que el Doctor Custodio López sabía o conocía que los hechos motivados por dicha denuncia habían sido objeto de un proceso penal, el cual culminó a favor de la recurrente, al ser sobreseída de toda responsabilidad penal por tales hechos, como lo demuestra con los documentos que ha presentado a esta Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (21): Que primeramente, esta Sala debe dejar plasmado, previo a pronunciarse sobre las violaciones alegadas, que no se ha logrado establecer en la tramitación del presente recurso, si efectivamente el Doctor Ramón Custodio López o alguno de los demás miembros de la Junta Nominadora tenían o no conocimiento del resultado del proceso penal incoado en contra de la recurrente. En el trámite de este recurso de amparo los recurrentes no han logrado demostrar fehacientemente, que la documentación contentiva de las tres resoluciones judiciales señaladas halla sido conocida o presentada al seno de la Junta, siendo que ello tampoco se colige del escrito mediante el que la recurrente interpuso su recurso de reposición, presentado en fecha cinco de enero de dos mil nueve, al no encontrarse mención alguna de la denuncia referida o de las resoluciones que le favorecieron. Por otro lado, ni de la resolución emitida por la Junta, ni del informe rendido ante esta Sala con ocasión del presente recurso, se deduce que el mencionado órgano, haya tenido conocimiento de estas decisiones judiciales, mediante las que se relegaron, como queda dicho, los cargos que en principio fueron presentados en contra del la recurrente, LINDA LIZZIE RIVERA. CONSIDERANDO (22): Que esto resulta relevante, puesto que una de las conductas que se denuncia por la amparista es precisamente que la Junta Nominadora a sabiendas del resultado del proceso penal incoado en su contra, resolvió excluirla del proceso a razón de tales hechos aún y cuando dichos cargos habían sido desvanecidos por el sobreseimiento de la causa. Esta Sala no podría presumir tal conducta por parte de la Junta Nominadora sin prueba que la manifieste en forma irrefutable y al no apoyarse esta alegación con el debido sustento probatorio no puede ser considerada como irrebatible. No obstante lo anterior, de la documentación aportada en autos, específicamente de la resolución emitida por la Junta Nominadora en fecha nueve de enero de dos mil nueve, puede colegirse que dicho órgano sí tuvo al menos conocimiento de la existencia de la denuncia referida, pues así lo deja entrever en el acápite PRIMERO de la relación de hechos que consideró probados y que a la letra dice: “[sic] Que la recurrente en su carácter de notaria al momento de autorizar un documento público en su protocolo de instrumentos públicos en el caso de la señora Belia Etelvina Varela Osorio, no constató personalmente la veracidad de ciertos hechos esenciales para autorizar la venta de bienes, situación que posteriormente determinó la anulación de dicho contrato por sentencia judicial”. La conclusión a la que se arriba sobre este punto es entonces, que la Junta Nominadora tenía conocimiento de la denuncia criminal en la cual la señora BELIA ETELVINA VARELA OSORIO configura como ofendida, más no del resultado de la misma. CONSIDERANDO (23): Que en atención a lo anterior y pasando a analizar las alegaciones de la recurrente, particularmente sobre la invocada violación al principio de presunción de inocencia, esta Sala advierte que, efectivamente la Junta debió procurar, en atención a lo preceptuado por el Artículo 89 de la Constitución de la República, conocer y constatar el resultado del proceso penal incoado contra la recurrente a razón de la denuncia que pendía en su contra, si iba a hacerse una valoración a priori sobre la conducta profesional y ética de la candidata y hoy recurrente LINDA LIZZIE RIVERA. Por otra parte, en atención a la alegada violación al derecho de defensa, que constituye uno de los pilares del sistema de justicia y garantía innegable del debido proceso, el cual no rige exclusivamente para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo, la Sala concurre de igual forma, que si la Junta Nominadora se aprestaba, en cumplimiento con su mandato, a hacer una valoración previa sobre la conducta profesional y ética de la Abogada LINDA LIZZIE RIVERA, partiendo de la denuncia criminal referida y con miras a determinar por ende su idoneidad para poder postularse como candidata a Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, debió, en atención a la inviolabilidad del derecho de defensa consagrado en el Artículo 82 de la Constitución de la República, brindar la oportunidad a la recurrente presentar en descargo de la denuncia referida, todos los elementos que sirvieran para demostrar el estado en el cual se encontraba la misma. CONSIDERANDO (24): Que por otro lado esta Sala estima que el derecho de defensa implica, además de la debida garantía y tutela por parte de la autoridad encargada de hacerlo valer, la potestad de ser ejercido por su titular en el momento oportuno. En este sentido, se colige que la recurrente pudo y debió a la vez poner al tanto a la Junta de su situación legal con relación a este caso desde el momento mismo en que optó someterse al proceso de selección que la Junta había iniciado, proporcionando la documentación necesaria para acreditar que esta denuncia de la que fue objeto, había sido resuelta a su favor. CONSIDERANDO (25): Que el juicio de valor que se formó la Junta Nominadora de la recurrente LINDA LIZZIE RIVERA, en virtud de la denuncia incoada en su contra, queda evidenciada con la afirmación que el mencionado órgano estableció en su resolución de fecha nueve de enero de dos mil nueve, al indicar en su parte resolutiva, que la mencionada profesional, no aseguraba el “[sic] requerimiento de ser un juez independiente, con neutralidad política, pulcro y cuidadoso”, lo que le valió la exclusión del procedimiento de selección al cual se había sometido. Si bien no ha quedado claramente establecido de la tramitación del recurso que esta resolución haya sido dada a conocer públicamente y tampoco pudo determinarse el impacto que pudo tener en la imagen profesional de la recurrente, el hecho mismo de emanar de la autoridad, supone agravio para la recurrente, no por el hecho de haber sido consignada, pues la autoridad tenía la facultad legal para hacerlo, sino porque la denuncia que llevó a la autoridad a arribar a esta decisión fue desestimada por la autoridad judicial competente y la Junta Nominadora debió cerciorarse de ello y/o brindar la oportunidad de presentar prueba en descargo, antes de formar su juicio. CONSIDERANDO (26): Que al estar dispuesto por la ley, que la Junta Nominadora establecerá el procedimiento para la selección de los candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, todo aquél que se disponga someterse a dicho concurso, lo hace también a la autonomía de la voluntad de la Junta Nominadora y a sus decisiones, pero las mismas deben ser tomadas en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna, bajo los criterios de independencia, autonomía, publicidad, transparencia, riguroso apego a la Ley, solemnidad, ética, escogencia idónea y el respeto a los principios democráticos. La ley otorga a la Junta la potestad para establecer y utilizar el sistema de valoración que considere oportuno para decidir la calificación de los candidatos postulados, de acuerdo a criterios de honorabilidad pública profesional, capacidad e idoneidad y en virtud de ello debió haberse actuado en el presente caso. CONSIDERANDO (27): Que la participación de los profesionales del Derecho en el concurso para la escogencia de los candidatos a Magistrados, fue voluntaria, como lo fue también su sometimiento al procedimiento de oposición que dispuso la Junta Nominadora. El concurso como mecanismo, tiene por objeto determinar la mayor idoneidad para el desempeño del cargo. La idoneidad sin embargo, no la determina el participante, sino el órgano llamado a calificarla, partiendo de los conocimientos y aptitudes que el opositor presenta. Claramente todo aquél que obtiene el derecho a participar en un concurso, podría en el mayor de los casos considerarse a sí mismo como idóneo para resultar favorecido, pero el sometimiento al concurso no podría llevar implícita garantía alguna de ello, esto desnaturalizaría la esencia misma de lo que es un concurso o un proceso de selección. CONSIDERANDO (28): Que en este orden de ideas, la simple exclusión del procedimiento de selección, no podría llevar implícita tampoco la violación de derechos individuales, pues el concurso no otorga en sí mismo derechos adquiridos, como parece inferir la recurrente. La Sala ha advertido ya que la Junta Nominadora debió por una parte, antes de arribar a una decisión sobre la conducta de la recurrente para aspirar al cargo al que aplicó, cerciorarse del estado actual de la denuncia que sobre ella pesaba y por la otra, debió brindar la oportunidad a la misma, hacer llegar la prueba de descargo sobre estos cargos; ahora bien, esto no implica tampoco, ni se podría afirmar, que de haberse procedido de esta forma por parte de la Junta Nominadora, es decir, de haber conocido el resultado del proceso penal al que se sometió a la recurrente y de haber permitido a ésta producir prueba en descargo, que la recurrente necesariamente habría sido incluida en la lista de los NOVENTA Y OCHO candidatos ya relacionada y de haber sido incluida en ella, tampoco ello aseguraba de ninguna manera que hubiera sido incorporada a su vez en la subsiguiente nómina de CUARENTA Y CINCO candidatos que fue presentada al Congreso Nacional y mucho menos se podría aseverar con absoluta certeza que ésta hubiera sido electa como Magistrada a la Corte Suprema de Justicia. El perjuicio ocasionado por la omisión de la autoridad cuestionada no fue privar a los recurrentes de ser incluidos en las fases posteriores de selección y tampoco de no haber sido electos al cargo de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, pues estas decisiones no dependían directamente del acto impugnado, sino de la voluntad y discernimiento de las autoridades llamadas a tomar estas decisiones. CONSIDERANDO (29): Que tampoco se puede apreciar que para la configuración del hecho impugnado se haya violentado la garantía del debido proceso, pues este partió de una norma Constitucional, y por delegación Legislativa, en una Ley Orgánica, que no es manifiestamente arbitraria o ilegal. Los actos discrecionales de la Administración que conceden ventajas a determinados particulares, no crean a favor de estos auténticos derechos oponibles frente a la administración concedente, en virtud de que todo derecho subjetivo es la correspondencia de un deber jurídico, y supone una norma que lo limite y garantice, siempre y cuando los derechos subjetivos constitutivos sean adquiridos, caso contrario estos derechos están en una fase de expectativa. CONSIDERANDO (30): Que de todo lo anterior esta Sala ha concluido que: 1) El acto contra el cual se reclama es un acto consumado de modo irreparable, al haber producido todos los efectos para los que fue dispuesto y al no ser factible en este momento, ni física ni materialmente retrotraer las cosas al estado en el que se encontraban al momento de realizarse el acto, el mismo no puede en este tiempo y momento ser reparado por el juicio de garantías, con ello el recurso que se ha planteado resulta a todas luces inadmisible, conforme lo dispone la causal que ya se ha relacionado; 2) La Junta Nominadora debió, en atención a los derechos de defensa y al principio de presunción de inocencia que regula la ley, brindar la oportunidad a la recurrente presentar los descargos sobre la denuncia de la que fue objeto y la Junta debió además, siendo que conocía de dicha denuncia, verificar el resultado de la misma previo a pronunciarse sobre la conducta profesional y ética de la amparista, sin embargo el perjuicio ocasionado con esta conducta no puede ser reparado por el juicio de garantías, como queda ya establecido; 3) No puede afirmarse con grado absoluto de certeza, ni ha podido demostrarse en la tramitación del presente recurso, que el acto cuyo cumplimiento se reclama privó a los recurrentes de ser electos al cargo de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, aún y cuando la Junta Nominadora hubiera procedido en forma distinta, pues el sometimiento a un proceso de selección no produce para quien participa en él derechos adquiridos ni garantía alguna de resultar favorecido; 4) De lo actuado no se ha podido demostrar que el acto impugnado haya sido violatorio de la garantía del debido proceso, al haber actuado la Junta Nominadora en el uso de sus facultades legales; 5) De lo actuado no se ha podido demostrar que el acto impugnado haya sido violatorio de los principios de publicidad y transparencia o que se haya vulnerado el derecho a la no discriminación, al derecho de igualdad o a la propia imagen. CONSIDERANDO (31): Que al haberse advertido por esta Sala Ad-Hoc las anteriores conclusiones, estima oportuno señalar la imperativa necesidad de reglamentar debidamente los procedimientos de selección que dirijan futuras Juntas Nominadoras para la Elección de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en este sentido esta Sala Ad-hoc tiene a bien hacer las siguientes recomendaciones: 1) Los procedimientos que se instauren por la Junta Nominadora deben garantizar en forma absoluta y efectiva todos los derechos y garantías consagradas en la Constitución de la República, en las leyes e instrumentos internacionales de derechos humanos, particularmente el derecho de defensa y para ello se debe brindar la oportunidad a los candidatos que se sometan a los mismos, aportar en su caso, la prueba pertinente en descargo de las denuncias que puedan ser presentadas en su contra; 2) La Junta Nominadora deberá hacer valer en forma absoluta y efectiva el principio de presunción de inocencia, que implica conforme con el Artículo 89 de la Constitución de la República que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; a todas las personas que se sometan al concurso que se conforme y en tal sentido, deberá valorar en forma objetiva las denuncias que puedan presentarse contra los postulantes al cargo de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, debiendo conocer a fondo la procedencia de las mismas, así como los procesos que hayan podido incoarse en virtud de ellas, rechazando toda pretensión maliciosa que tenga como propósito desacreditar indebidamente a los postulantes. En este sentido el procedimiento de valoración de la denuncia deberá ser debida y objetivamente reglamentado, para precaver que los miembros de la Junta Nominadora asuman funciones que por ley competen a los órganos jurisdiccionales del Estado; 3) Los miembros de la Junta Nominadora deberán hacer valer en forma absoluta y efectiva los derechos de protección a la Honra y a la Dignidad de los postulantes al cargo de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la forma prevista por la Convención Americana de los Derechos Humanos y abstenerse por ello, de hacer pronunciamientos públicos en descrédito de los mismos, cuando éstos no alcancen a llenar los requisitos de idoneidad exigidos por la ley o no sean incluidos en las nóminas que se conformen; 4) Los miembros de la Junta Nominadora deberán hacer valer en forma absoluta y efectiva los derechos a la Libertad de Pensamiento y de Expresión en la forma prevista por la Convención Americana de los Derechos Humanos, asegurando en virtud de ellos la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro medio que lo permita, procurando asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de las personas. POR TANTO: La SALA CONSTITUCIONAL AD-HOC DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, oído el parecer del fiscal, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 183, 303, 304, 311, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Junta Nominadora Para la Elección de Candidatos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; 5, 7, 46 numeral 5), 63 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por la señora LINDA LIZZIE RIVERA LOBO a favor SI MISMA y del señor JORGE ALBERTO BURGOS; contra el acto realizado por la Junta Nominadora para seleccionar a los Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por las razones que se dejan aquí señaladas. Y MANDA:
  2. Que una vez firme la presente sentencia, se proceda a devolver los antecedentes que obren en autos al lugar de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan; y 2) Poner en conocimiento de este fallo y de las recomendaciones contempladas en el mismo, al Congreso Nacional de la República y cada una de las organizaciones que por ley conforman la Junta Nominadora de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. NOTIFÍQUESE. Firmas. ROSMAN MONTIEL GIRON. DORIS IMELDA MADRID. ELMER EDDY FUGON. JOSUE ARGEÑAL CERRATO. PORFIRIO ORELLANA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL"

Y a petición de la Magistrada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de septiembre de dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha diez de marzo de dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo con orden de ingreso en este Tribunal No. 08=09.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA CONSTITUCIONAL