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Sentencia RI-595-09 — Registro 4482

Resumen

en contra de los artículos 41 de la Ley de Municipalidades y el 31 del Reglamento de la expresada ley, contemplados respectivamente en el Decreto 134-90

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...“CONSIDERANDO: En primer lugar y previo el análisis de rigor, esta Sala estima que es improcedente el reclamo de Inconstitucionalidad contra una disposición legal contemplada en un reglamento, como lo pretende la impetrante al referirse al artículo 31 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, la Carta Magna así lo ilustra en el artículo 184 correlativo con el artículo 76 de la Ley sobre Justicia Constitucional, dicho esto, esta Sala asume, que la censura en demanda de Inconstitucionalidad se origina en el artículo 41 de la Ley de Municipalidades que contrasta, según lo argumenta la recurrente, con las citadas disposiciones constitucionales y tratados internacionales enunciados en el acápite anterior, en tal sentido esta Sala procedió a revisar el referido artículo de dicha ley, a tal efecto citamos: “En caso de que vacara el Alcalde lo sustituirá el Vice-alcalde, en el caso de los Regidores su sustitución se hará conforme lo establece la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. Si vacaren el Alcalde y el Vice-alcalde, corresponderá a la organización política que los hubiere propuesto, efectuar la sustitución respectiva, por conducto de la Directiva Central.” (fin de la cita); bajo esa proyección jurídica, la señora María Elena Gaboritt Núñez, aduce que en las elecciones primarias del Partido Nacional de Honduras, participó como candidata a Regidora de la Corporación Municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, quedando electa como Quinta Regidora para participar en las Elecciones Generales de noviembre de dos mil cinco, de la cual resultó la más votada, no integrante para el organismo edilicio, sin embargo, prosigue la impetrante, el ciudadano Oscar Eduardo Kilgore López fue electo a través del Partido Nacional como Regidor Tercero de la Municipalidad de San Pedro Sula, en las elecciones generales de noviembre de 2005, quien fue suspendido del cargo, produciéndose una vacante; funciones o cargo público que a ella le corresponde en su doble carácter de ciudadana afiliada al partido político del ciudadano Kilgore López y por haber sido la más votada y en virtud del derecho que le garantiza a la mujer la Ley de Igualdad de Oportunidades. No obstante ello, alega la recurrente, la Secretaría de Gobernación y Justicia le discriminó amparándose en las disposiciones de la Ley de Municipalidades y su Reglamento, procediendo al nombramiento de otro ciudadano. CONSIDERANDO: Que a pesar de que a esta Sala, no le resulta muy clara la Inconstitucionalidad que se demanda, habida cuenta, como antes lo expresó, que se ataca y censura una disposición de un reglamento bajo la pretensión de que esta Sala, declare una inconstitucionalidad entre dichas normas con la carta magna, lo que desnaturalizaría los referidos artículos 184 de nuestra ley fundamental y 76 de la Ley sobre Justicia Constitucional, por lo que haciendo caso omiso de lo perseguido por la reclamante y en aras de una satisfacción a la Demandante, es procedente afirmar lo siguiente: No cabe duda que en el asunto en comento, la soberanía reside en el pueblo y que de esa fuente primigenia se origina el poder público, no obstante, al analizar el artículo 197 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, por remisión expresa del transcrito artículo 41 de la Ley de Municipalidades, se desprende como corolario que en la disposición electoral se regular únicamente a vacantes de miembros de una Corporación Municipal que se produzcan entre la fecha de la elección general y la Declaratoria de Elecciones, de tal manera que no es vinculante al caso en estudio, precepto que se origina de la Constitución de la República que tutela la soberanía popular y que por ende, dispone que todos los actos y procedimientos electorales serán materia y competencia del Tribunal Supremo Electoral regulados por la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, que además determina que los partidos políticos son instituciones de derecho público y gozan de los derechos establecidos en la Constitución de la República, en la Ley Electoral, sus estatutos y reglamentos, para lograr la efectiva participación política de los ciudadanos. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su artículo 46, si bien adopta el sistema proporcional o por mayoría en los casos que franquea la ley, para declarar electos en sus cargos a los candidatos de elección popular, pero esta dimensión de proporcionalidad, adquiere su preponderancia, consecuente con la ley fundamental, atinente al presente caso, cuando se trata de candidatos electos conforme el resultado total del sufragio de los votos escrutados, es decir, en las elecciones generales y conforme el orden por resultado electoral que ilustra el artículo 195 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, para la elección de miembros de las corporaciones municipales, bajo los criterios expuestos, la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas no prevé esa proporcionalidad para eventuales aspirantes edilicios que no fueron electos, por lo que la salida, al no existir una disposición expresa, como en el caso apuntado, para llenar la vacante del señor Oscar Eduardo Kilgore López, fue el de acudir al artículo 33 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, que autoriza a que las vacantes que ocurran en las corporaciones municipales, ya sea en forma temporal o definitiva, sean cubiertas por el Poder Ejecutivo mediante acuerdo que emitirá la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia a propuesta de los organismos directrices centrales de la organización política a la cual pertenezca el miembro sustituido y en su caso, sino lo verificase el instituto político en un término de treinta (30) días, el nombramiento lo hará directamente dicha Secretaría, lo que se justifica, al apreciar esta Sala el vacío existente en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas y contando además con la propuesta de los partidos políticos. CONSIDERANDO: Que apreciadas las motivaciones de hecho y de derecho expuestas, esta Sala ha llegado a la convicción, que la disposición legal cuya inconstitucionalidad se invoca, no confronta nuestra ley fundamental, en consecuencia es procedente denegar el recurso a que se ha hecho mérito.”

Legislación citada

  • Ley de Municipalidades, art. 41 (Jerarquía Ordinaria)
  • Reglamento de la Ley de Municipalidades, art. 33 (Reglamentos)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de noviembre de dos mil nueve. VISTA: Para dictar sentencia en el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por vía de acción por la señora MARIA ELENA GABORITT NUÑEZ, hondureña, mayor de edad, casada, Licenciada en Administración de Empresas y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, actuando en su condición personal, para que se declare la Inconstitucionalidad de los artículos 41 de la Ley de Municipalidades y 31 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, publicados en el Diario Oficial “La Gaceta”, por considerar que lesionan de forma directa los derechos fundamentales de los grupos étnicos de nuestro país. ANTECEDENTE1) Que en fecha cuatro de marzo del año dos mil nueve, compareció ante este Tribunal, la señora MARIA ELENA GABORITT NUÑEZ, promoviendo Recurso de Inconstitucionalidad, a favor de SI MISMA, contra lo dispuesto en los artículos 41 de la Ley de Municipalidades y 31 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, publicados en el Diario Oficial “La Gaceta”, por considerar que contravienen lo preceptuado en los artículos 2, 46, 59, 63 y 294 de la Constitución de la República; 21 numeral 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 23 numeral 1, letra b de la Convención americana de los Derechos Humanos. 2) Que la representante del Ministerio Público emitió dictamen en fecha veintisiete de abril del dos mil nueve, en el sentido que se declara improcedente el Recurso de Inconstitucionalidad. CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conoce la garantía de inconstitucionalidad parcial que por vía de acción interpuso por razón de contenido, la señora MARIA ELENA GABORITT NUÑEZ, en contra de los artículos 41 de la Ley de Municipalidades y el 31 del Reglamento de la expresada ley, contemplados respectivamente en el Decreto 134-90 del Congreso Nacional que entró en vigencia el 1º. De enero de 1991, y Acuerdo No. 018-93, emitido por el Presidente de la República, demandando que se declare su inconstitucionalidad e inaplicabilidad. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que quien tenga un interés directo personal y legítimo puede interponer por vía de acción ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, la garantía de Inconstitucionalidad contra una ley que considere ser contraria a la norma fundamental. CONSIDERANDO: Que de la simple lectura del recurso interpuesto ante esta Sala por la señora María Elena Gaboritt Núñez, se infiere que sus alegaciones se concretan a que se declare la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley de Municipalidades y el 31 del Reglamento de la misma, por contravenir, según su afirmación, las disposiciones constitucionales siguientes: a) Artículo 294 que establece en lo conducente: “…Los departamentos se dividirán en municipios autónomos administrados por las corporaciones electas por el pueblo de conformidad con la ley.” b) El artículo 46 que plasma la adopción del sistema de representación proporcional o por mayoría en los casos que determine la ley, para declarar electos en sus cargos a los candidatos de elección popular, c) El artículo 2, que dispone que la soberano soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación, y d) El artículo 63 que refiere que las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías, en el caso de mérito, vinculadas a la Ley de Igualdad de Oportunidades. Y, finalmente, como referente obligatorio expresa que las disposiciones citadas de la Ley y Reglamento de la Ley de Municipalidades lesionan el artículo 21 numeral 3º., de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 23 letra b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que de consuno determinan que en el pueblo reside el poder político producto de su voluntad reflejada en las urnas. CONSIDERANDO: En primer lugar y previo el análisis de rigor, esta Sala estima que es improcedente el reclamo de Inconstitucionalidad contra una disposición legal contemplada en un reglamento, como lo pretende la impetrante al referirse al artículo 31 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, la Carta Magna así lo ilustra en el artículo 184 correlativo con el artículo 76 de la Ley sobre Justicia Constitucional, dicho esto, esta Sala asume, que la censura en demanda de Inconstitucionalidad se origina en el artículo 41 de la Ley de Municipalidades que contrasta, según lo argumenta la recurrente, con las citadas disposiciones constitucionales y tratados internacionales enunciados en el acápite anterior, en tal sentido esta Sala procedió a revisar el referido artículo de dicha ley, a tal efecto citamos: “En caso de que vacara el Alcalde lo sustituirá el Vice-alcalde, en el caso de los Regidores su sustitución se hará conforme lo establece la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. Si vacaren el Alcalde y el Vice-alcalde, corresponderá a la organización política que los hubiere propuesto, efectuar la sustitución respectiva, por conducto de la Directiva Central.” (fin de la cita); bajo esa proyección jurídica, la señora María Elena Gaboritt Núñez, aduce que en las elecciones primarias del Partido Nacional de Honduras, participó como candidata a Regidora de la Corporación Municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, quedando electa como Quinta Regidora para participar en las Elecciones Generales de noviembre de dos mil cinco, de la cual resultó la más votada, no integrante para el organismo edilicio, sin embargo, prosigue la impetrante, el ciudadano Oscar Eduardo Kilgore López fue electo a través del Partido Nacional como Regidor Tercero de la Municipalidad de San Pedro Sula, en las elecciones generales de noviembre de 2005, quien fue suspendido del cargo, produciéndose una vacante; funciones o cargo público que a ella le corresponde en su doble carácter de ciudadana afiliada al partido político del ciudadano Kilgore López y por haber sido la más votada y en virtud del derecho que le garantiza a la mujer la Ley de Igualdad de Oportunidades. No obstante ello, alega la recurrente, la Secretaría de Gobernación y Justicia le discriminó amparándose en las disposiciones de la Ley de Municipalidades y su Reglamento, procediendo al nombramiento de otro ciudadano. CONSIDERANDO: Que a pesar de que a esta Sala, no le resulta muy clara la Inconstitucionalidad que se demanda, habida cuenta, como antes lo expresó, que se ataca y censura una disposición de un reglamento bajo la pretensión de que esta Sala, declare una inconstitucionalidad entre dichas normas con la carta magna, lo que desnaturalizaría los referidos artículos 184 de nuestra ley fundamental y 76 de la Ley sobre Justicia Constitucional, por lo que haciendo caso omiso de lo perseguido por la reclamante y en aras de una satisfacción a la Demandante, es procedente afirmar lo siguiente: No cabe duda que en el asunto en comento, la soberanía reside en el pueblo y que de esa fuente primigenia se origina el poder público, no obstante, al analizar el artículo 197 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, por remisión expresa del transcrito artículo 41 de la Ley de Municipalidades, se desprende como corolario que en la disposición electoral se regular únicamente a vacantes de miembros de una Corporación Municipal que se produzcan entre la fecha de la elección general y la Declaratoria de Elecciones, de tal manera que no es vinculante al caso en estudio, precepto que se origina de la Constitución de la República que tutela la soberanía popular y que por ende, dispone que todos los actos y procedimientos electorales serán materia y competencia del Tribunal Supremo Electoral regulados por la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, que además determina que los partidos políticos son instituciones de derecho público y gozan de los derechos establecidos en la Constitución de la República, en la Ley Electoral, sus estatutos y reglamentos, para lograr la efectiva participación política de los ciudadanos. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su artículo 46, si bien adopta el sistema proporcional o por mayoría en los casos que franquea la ley, para declarar electos en sus cargos a los candidatos de elección popular, pero esta dimensión de proporcionalidad, adquiere su preponderancia, consecuente con la ley fundamental, atinente al presente caso, cuando se trata de candidatos electos conforme el resultado total del sufragio de los votos escrutados, es decir, en las elecciones generales y conforme el orden por resultado electoral que ilustra el artículo 195 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, para la elección de miembros de las corporaciones municipales, bajo los criterios expuestos, la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas no prevé esa proporcionalidad para eventuales aspirantes edilicios que no fueron electos, por lo que la salida, al no existir una disposición expresa, como en el caso apuntado, para llenar la vacante del señor Oscar Eduardo Kilgore López, fue el de acudir al artículo 33 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, que autoriza a que las vacantes que ocurran en las corporaciones municipales, ya sea en forma temporal o definitiva, sean cubiertas por el Poder Ejecutivo mediante acuerdo que emitirá la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia a propuesta de los organismos directrices centrales de la organización política a la cual pertenezca el miembro sustituido y en su caso, sino lo verificase el instituto político en un término de treinta (30) días, el nombramiento lo hará directamente dicha Secretaría, lo que se justifica, al apreciar esta Sala el vacío existente en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas y contando además con la propuesta de los partidos políticos. CONSIDERANDO: Que apreciadas las motivaciones de hecho y de derecho expuestas, esta Sala ha llegado a la convicción, que la disposición legal cuya inconstitucionalidad se invoca, no confronta nuestra ley fundamental, en consecuencia es procedente denegar el recurso a que se ha hecho mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos 1, 51, 184, 185, 303, 304, 313 No. 5, 316 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 197 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas; 41 de la Ley de Municipalidades; 33 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, 1, 2, 3 No. 3, 5, 7, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de inconstitucionalidad, interpuesto por la Ciudadana María Elena Gaboritt Núñez. MANDA: Que se certifique la presente sentencia y se comunique a las autoridades correspondientes para los fines legales consiguientes. Redactó el Magistrado RUIZ GAKEL. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. COORDINADORA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veintisiete de noviembre de dos mil nueve, certificación de la sentencia de fecha diez de noviembre de dos mil nueve, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad con orden de ingreso en este Tribunal No. 595=09.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACION:El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de noviembre de dos mil nueve. VISTA: Para dictar sentencia en el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por vía de acción por la señora MARIA ELENA GABORITT NUÑEZ, hondureña, mayor de edad, casada, Licenciada en Administración de Empresas y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, actuando en su condición personal, para que se declare la Inconstitucionalidad de los artículos 41 de la Ley de Municipalidades y 31 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, publicados en el Diario Oficial “La Gaceta”, por considerar que lesionan de forma directa los derechos fundamentales de los grupos étnicos de nuestro país. ANTECEDENTE1) Que en fecha cuatro de marzo del año dos mil nueve, compareció ante este Tribunal, la señora MARIA ELENA GABORITT NUÑEZ, promoviendo Recurso de Inconstitucionalidad, a favor de SI MISMA, contra lo dispuesto en los artículos 41 de la Ley de Municipalidades y 31 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, publicados en el Diario Oficial “La Gaceta”, por considerar que contravienen lo preceptuado en los artículos 2, 46, 59, 63 y 294 de la Constitución de la República; 21 numeral 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 23 numeral 1, letra b de la Convención americana de los Derechos Humanos. 2) Que la representante del Ministerio Público emitió dictamen en fecha veintisiete de abril del dos mil nueve, en el sentido que se declara improcedente el Recurso de Inconstitucionalidad. CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conoce la garantía de inconstitucionalidad parcial que por vía de acción interpuso por razón de contenido, la señora MARIA ELENA GABORITT NUÑEZ, en contra de los artículos 41 de la Ley de Municipalidades y el 31 del Reglamento de la expresada ley, contemplados respectivamente en el Decreto 134-90 del Congreso Nacional que entró en vigencia el 1º. De enero de 1991, y Acuerdo No. 018-93, emitido por el Presidente de la República, demandando que se declare su inconstitucionalidad e inaplicabilidad. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que quien tenga un interés directo personal y legítimo puede interponer por vía de acción ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, la garantía de Inconstitucionalidad contra una ley que considere ser contraria a la norma fundamental. CONSIDERANDO: Que de la simple lectura del recurso interpuesto ante esta Sala por la señora María Elena Gaboritt Núñez, se infiere que sus alegaciones se concretan a que se declare la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley de Municipalidades y el 31 del Reglamento de la misma, por contravenir, según su afirmación, las disposiciones constitucionales siguientes: a) Artículo 294 que establece en lo conducente: “…Los departamentos se dividirán en municipios autónomos administrados por las corporaciones electas por el pueblo de conformidad con la ley.” b) El artículo 46 que plasma la adopción del sistema de representación proporcional o por mayoría en los casos que determine la ley, para declarar electos en sus cargos a los candidatos de elección popular, c) El artículo 2, que dispone que la soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación, y d) El artículo 63 que refiere que las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías, en el caso de mérito, vinculadas a la Ley de Igualdad de Oportunidades. Y, finalmente, como referente obligatorio expresa que las disposiciones citadas de la Ley y Reglamento de la Ley de Municipalidades lesionan el artículo 21 numeral 3º., de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 23 letra b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que de consuno determinan que en el pueblo reside el poder político producto de su voluntad reflejada en las urnas. CONSIDERANDO: En primer lugar y previo el análisis de rigor, esta Sala estima que es improcedente el reclamo de Inconstitucionalidad contra una disposición legal contemplada en un reglamento, como lo pretende la impetrante al referirse al artículo 31 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, la Carta Magna así lo ilustra en el artículo 184 correlativo con el artículo 76 de la Ley sobre Justicia Constitucional, dicho esto, esta Sala asume, que la censura en demanda de Inconstitucionalidad se origina en el artículo 41 de la Ley de Municipalidades que contrasta, según lo argumenta la recurrente, con las citadas disposiciones constitucionales y tratados internacionales enunciados en el acápite anterior, en tal sentido esta Sala procedió a revisar el referido artículo de dicha ley, a tal efecto citamos: “En caso de que vacara el Alcalde lo sustituirá el Vice-alcalde, en el caso de los Regidores su sustitución se hará conforme lo establece la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. Si vacaren el Alcalde y el Vice-alcalde, corresponderá a la organización política que los hubiere propuesto, efectuar la sustitución respectiva, por conducto de la Directiva Central.” (fin de la cita); bajo esa proyección jurídica, la señora María Elena Gaboritt Núñez, aduce que en las elecciones primarias del Partido Nacional de Honduras, participó como candidata a Regidora de la Corporación Municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, quedando electa como Quinta Regidora para participar en las Elecciones Generales de noviembre de dos mil cinco, de la cual resultó la más votada, no integrante para el organismo edilicio, sin embargo, prosigue la impetrante, el ciudadano Oscar Eduardo Kilgore López fue electo a través del Partido Nacional como Regidor Tercero de la Municipalidad de San Pedro Sula, en las elecciones generales de noviembre de 2005, quien fue suspendido del cargo, produciéndose una vacante; funciones o cargo público que a ella le corresponde en su doble carácter de ciudadana afiliada al partido político del ciudadano Kilgore López y por haber sido la más votada y en virtud del derecho que le garantiza a la mujer la Ley de Igualdad de Oportunidades. No obstante ello, alega la recurrente, la Secretaría de Gobernación y Justicia le discriminó amparándose en las disposiciones de la Ley de Municipalidades y su Reglamento, procediendo al nombramiento de otro ciudadano. CONSIDERANDO: Que a pesar de que a esta Sala, no le resulta muy clara la Inconstitucionalidad que se demanda, habida cuenta, como antes lo expresó, que se ataca y censura una disposición de un reglamento bajo la pretensión de que esta Sala, declare una inconstitucionalidad entre dichas normas con la carta magna, lo que desnaturalizaría los referidos artículos 184 de nuestra ley fundamental y 76 de la Ley sobre Justicia Constitucional, por lo que haciendo caso omiso de lo perseguido por la reclamante y en aras de una satisfacción a la Demandante, es procedente afirmar lo siguiente: No cabe duda que en el asunto en comento, la soberanía reside en el pueblo y que de esa fuente primigenia se origina el poder público, no obstante, al analizar el artículo 197 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, por remisión expresa del transcrito artículo 41 de la Ley de Municipalidades, se desprende como corolario que en la disposición electoral se regular únicamente a vacantes de miembros de una Corporación Municipal que se produzcan entre la fecha de la elección general y la Declaratoria de Elecciones, de tal manera que no es vinculante al caso en estudio, precepto que se origina de la Constitución de la República que tutela la soberanía popular y que por ende, dispone que todos los actos y procedimientos electorales serán materia y competencia del Tribunal Supremo Electoral regulados por la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, que además determina que los partidos políticos son instituciones de derecho público y gozan de los derechos establecidos en la Constitución de la República, en la Ley Electoral, sus estatutos y reglamentos, para lograr la efectiva participación política de los ciudadanos. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su artículo 46, si bien adopta el sistema proporcional o por mayoría en los casos que franquea la ley, para declarar electos en sus cargos a los candidatos de elección popular, pero esta dimensión de proporcionalidad, adquiere su preponderancia, consecuente con la ley fundamental, atinente al presente caso, cuando se trata de candidatos electos conforme el resultado total del sufragio de los votos escrutados, es decir, en las elecciones generales y conforme el orden por resultado electoral que ilustra el artículo 195 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, para la elección de miembros de las corporaciones municipales, bajo los criterios expuestos, la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas no prevé esa proporcionalidad para eventuales aspirantes edilicios que no fueron electos, por lo que la salida, al no existir una disposición expresa, como en el caso apuntado, para llenar la vacante del señor Oscar Eduardo Kilgore López, fue el de acudir al artículo 33 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, que autoriza a que las vacantes que ocurran en las corporaciones municipales, ya sea en forma temporal o definitiva, sean cubiertas por el Poder Ejecutivo mediante acuerdo que emitirá la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia a propuesta de los organismos directrices centrales de la organización política a la cual pertenezca el miembro sustituido y en su caso, sino lo verificase el instituto político en un término de treinta (30) días, el nombramiento lo hará directamente dicha Secretaría, lo que se justifica, al apreciar esta Sala el vacío existente en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas y contando además con la propuesta de los partidos políticos. CONSIDERANDO: Que apreciadas las motivaciones de hecho y de derecho expuestas, esta Sala ha llegado a la convicción, que la disposición legal cuya inconstitucionalidad se invoca, no confronta nuestra ley fundamental, en consecuencia es procedente denegar el recurso a que se ha hecho mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos 1, 51, 184, 185, 303, 304, 313 No. 5, 316 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 197 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas; 41 de la Ley de Municipalidades; 33 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, 1, 2, 3 No. 3, 5, 7, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de inconstitucionalidad, interpuesto por la Ciudadana María Elena Gaboritt Núñez. MANDA: Que se certifique la presente sentencia y se comunique a las autoridades correspondientes para los fines legales consiguientes. Redactó el Magistrado RUIZ GAKEL. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. COORDINADORA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veintisiete de noviembre de dos mil nueve, certificación de la sentencia de fecha diez de noviembre de dos mil nueve, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad con orden de ingreso en este Tribunal No. 595=09.Firma y Sello.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".