Sentencia RI-444-08 — Registro 4476
Resumen
Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía de acción contra el
Decreto Ejecutivo No. PCM-015-2008
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"CONSIDERANDO: Que en Auto Acordado de fecha 27 de abril de 1990, la Honorable Corte Suprema de Justicia dispuso que con la creación de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los Juzgados y Tribunales admitirían el amparo contra actos de la Administración Pública, solamente en los siguientes casos: a) cuando los actos que se recurran sean de aquellos que la ley expresamente excluya de la vía contencioso-administrativa, y b) cuando el acto de carácter administrativo que se estime dictado en contravención de la ley, violente directamente una garantía constitucional y que por disposiciones legislativas especiales, no haya posibilidad de impugnación en la vía contencioso-administrativa. De este modo, y con la entrada en funcionamiento de los órganos jurisdiccionales contencioso- administrativos, la regla general es que los actos administrativos solamente pueden ser revisados por esa vía, y excepcionalmente en sede de amparo. CONSIDERANDO: Que en este sentido, y dado el carácter subsidiario y extraordinario del amparo, la posibilidad de utilizar ese recurso para impugnar actos administrativos, solamente será posible cuando una ley expresamente establezca la facultad de interponer esa acción constitucional, o cuando dadas las circunstancias extraordinarias del caso en concreto, recurrir a la vía contencioso-administrativa, no se ofrece, -en razón de la duración propia de un procedimiento judicial ordinario-, como el cauce procesal adecuado para la eficaz y ágil protección de los derechos fundamentales cuya tutela se pide. CONSIDERANDO: Que un examen detenido del acto objeto del presente recurso, esto es, el decreto ejecutivo No. PCM-O15-2008 de fecha doce de junio de dos mil ocho, emitido por el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS Y publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" No. 31,650 en fecha cuatro de julio de dos mil ocho, pone en evidencia que el mismo no tiene el rango o categoría de una ley secundaria, sino la de un acto administrativo con efectos generales, mediante el cual se establecen los aspectos técnicos relativos al establecimiento de un patrón para determinar los factores de corrección por temperatura, a los combustibles derivados del petróleo. CONSIDERANDO: Que en vista de la motivación expuesta y no obstante haberse admitido la acción Constitucional de merito, esta Sala de lo Constitucional aprecia que existió un error de forma al haberse decretado el auto de admisión de las presentes acciones Constitucionales, ordenado el trámite correspondiente en las mismas, por lo que siguiendo el hilo del razonamiento expuesto en este auto podemos afirmar, que la impugnación de un acto que no tiene rango de ley a través del recurso de inconstitucionalidad, comporta la elección de un cauce procesal inadecuado, y que por lo tanto dándose dicha circunstancia en el caso que ahora nos ocupa, lo procedente en Derecho, en este estado del procedimiento, es sobreseer los recursos, acumulados e interpuestos contra el decreto ejecutivo No. PCM-O15-2008 de fecha doce de junio de dos mil ocho, emitido por el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS y publicado en el Diario Oficial "La Gaceta” No. 31,650 en fecha cuatro de julio de dos mil ocho."
Legislación citada
- Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales -LOAT-, art. 83 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley General de la Administración Pública, art. 116 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Las resoluciones que literalmente dicen:”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M. D. C., diecinueve de marzo de dos mil nueve. Vistos los antecedentes contentivos de los recursos de inconstitucionalidad acumulados interpuestos vía acción por el Abogado RAMON OVIDIO NAVARRO D. actuando en su condición de Apoderado Legal de: 1º la Sociedad Mercantil denominada PETROLEOS DE HONDURAS S.A. de C.V. (HONDUPETROL S.A. de C.V.) y 2º La sociedad ESSO ESTÁNDAR OIL S. A. LIMITED; ambos. contra el Decreto Ejecutivo No. PCM-015-2008 de fecha doce de junio de dos mil ocho, emitido por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS y publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" No. 31,650 en fecha cuatro de julio de dos mil ocho. CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional, en providencia de fecha ocho de septiembre de dos mil ocho, dispuso acumular las presentes acciones de inconstitucionalidad y proceder a su admisión, concediendo traslado al Fiscal del Despacho para que emitiera su opinión, habiendo comparecido este funcionario a evacuar la misma en fecha ocho de enero del año en curso, pronunciándose por la improcedencia en cuanto a las acciones constitucionales de mérito. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República establece el control de la constitucionalidad de las leyes, previendo que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción la Inconstitucionalidad de una ley que considere contraria a la referida norma fundamental. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su carácter de intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, tiene la facultad originaria y exclusiva para conocer de la acción de inconstitucionalidad de normas con rango de ley, una vez que éstas hayan entrado en vigor, así como también del control previo de constitucionalidad previsto en el articulo 216 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que el artículo 184 de la Constitución de la República expresa, que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, de tal manera que dicho precepto consagra dos categorías o clases de inconstitucionalidad, esto es, la formal o de procedimiento y la material o sustancial. CONSIDERANDO: Que la inconstitucionalidad formal se daría por ejemplo, cuando el órgano que crea la ley, dicta la misma con trasgresión de las normas constitucionales que regulan el proceso de su formación. La inconstitucionalidad material se presentaría para el caso, cuando una ley que ha sido elaborada correctamente, en cuanto a procedimientos se refiere, contiene mandatos o disposiciones que vulneran, menoscaban o tergiversan derechos o garantías individuales o sociales contenidas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo previsto por el Art. 116 de la Ley General de la Administración Pública, los actos que emitan los órganos de la Administración Pública, adoptarán la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias. CONSIDERANDO: Que en Auto Acordado de fecha 27 de abril de 1990, la Honorable Corte Suprema de Justicia dispuso que con la creación de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los Juzgados y Tribunales admitirían el amparo contra actos de la Administración Pública, solamente en los siguientes casos: a) cuando los actos que se recurran sean de aquellos que la ley expresamente excluya de la vía contencioso-administrativa, y b) cuando el acto de carácter administrativo que se estime dictado en contravención de la ley, violente directamente una garantía constitucional y que por disposiciones legislativas especiales, no haya posibilidad de impugnación en la vía contencioso-administrativa. De este modo, y con la entrada en funcionamiento de los órganos jurisdiccionales contenciosoadministrativos, la regla general es que los actos administrativos solamente pueden ser revisados por esa vía, y excepcionalmente en sede de amparo. CONSIDERANDO: Que en este sentido, y dado el carácter subsidiario y extraordinario del amparo, la posibilidad de utilizar ese recurso para impugnar actos administrativos, solamente será posible cuando una ley expresamente establezca la facultad de interponer esa acción constitucional, o cuando dadas las circunstancias extraordinarias del caso en concreto, recurrir a la vía contencioso-administrativa, no se ofrece, -en razón de la duración propia de un procedimiento judicial ordinario-, como el cauce procesal adecuado para la eficaz y ágil protección de los derechos fundamentales cuya tutela se pide. CONSIDERANDO: Que un examen detenido del acto objeto del presente recurso, esto es, el decreto ejecutivo No. PCM-O15-2008 de fecha doce de junio de dos mil ocho, emitido por el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS Y publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" No. 31,650 en fecha cuatro de julio de dos mil ocho, pone en evidencia que el mismo no tiene el rango o categoría de una ley secundaria, sino la de un acto administrativo con efectos generales, mediante el cual se establecen los aspectos técnicos relativos al establecimiento de un patrón para determinar los factores de corrección por temperatura, a los combustibles derivados del petróleo. CONSIDERANDO: Que en vista de la motivación expuesta y no obstante haberse admitido la acción Constitucional de merito, esta Sala de lo Constitucional aprecia que existió un error de forma al haberse decretado el auto de admisión de las presentes acciones Constitucionales, ordenado el trámite correspondiente en las mismas, por lo que siguiendo el hilo del razonamiento expuesto en este auto podemos afirmar, que la impugnación de un acto que no tiene rango de ley a través del recurso de inconstitucionalidad, comporta la elección de un cauce procesal inadecuado, y que por lo tanto dándose dicha circunstancia en el caso que ahora nos ocupa, lo procedente en Derecho, en este estado del procedimiento, es sobreseer los recursos, acumulados e interpuestos contra el decreto ejecutivo No. PCM-O15-2008 de fecha doce de junio de dos mil ocho, emitido por el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS y publicado en el Diario Oficial "La Gaceta” No. 31,650 en fecha cuatro de julio de dos mil ocho. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 184, 185 No.1), 303, 304, 313 No.5), 316 No.1) de la Constitución de la República, 1,2,3 No.3), 5, 74, 75, y 77 No.1), de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 83 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, Auto Acordado de la Honorable Corte Suprema de Justicia aprobado en fecha 27 de abril de 1990, 1, 116 de la Ley General de la Administración Pública, 1, 2 literal a), 4 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, 1 y 45 de la Ley del Salario Mínimo, RESUELVE: SOBRESEER los recursos de inconstitucionalidad acumulados interpuestos por vía de acción por el Abogado RAMON OVIDIO NAVARRO D., actuando en su condición de Apoderado Legal de: 1º la Sociedad Mercantil denominada PETROLEOS DE HONDURAS S.A de C.V.(HONDUPETROL S.A. de C.V.) y 2º la sociedad ESSO ESTÁNDAR OIL S.A. LIMITED. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se preceda al archivo de los antecedentes.- NOTIFIQUESE. Firmas. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. COORDINADORA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- RECEPTOR DE LA SALA CONSTITUCIONAL".”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., tres de abril de dos mil nueve.Visto el recurso de reposición interpuesto por el Abogado RAMON OVIDIO NAVARRO D., contra la resolución de fecha diecinueve de marzo de dos mil nueve, recaída en los recursos de inconstitucionalidad acumulados interpuestos vía acción por él, actuando en su condición de Apoderado Legal de 1º la Sociedad Mercantil denominada PETROLEOS DE HONDURAS S.A. de C.V. (HONDUPETROL S.A. de C.V.) y 2º la sociedad ESSO ESTÁNDAR OIL S.A. LIMITED, ambos, Contra el Decreto Ejecutivo No. PCM-015-2008 de fecha doce de junio de dos mil ocho, emitido por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 31,650 en fecha cuatro de julio de dos mil ocho. CONSIDERANDO: Que de la exposición hecha por este Tribunal en la resolución reclamada, se aprecia que esta Sala de lo Constitucional no solo motiva la denegatoria impugnada, sino que además le indica al peticionario la garantía Constitucional a ser ejercitada para garantizar la tutela de los derechos que la Constitución garantiza a sus poderdantes. CONSIDERANDO: Que de lo expuesto por el recurrente en el texto de su escrito de reposición se aprecia que no existen razones de fondo o forma para proceder a la enmienda de la resolución impugnada, por la cual, esta Sala estima que la misma se encuentra apegada a derecho y procede en consecuencia declarar sin lugar por improcedente el recurso de reposición intentado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 184, 185, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 74, 79, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 numerales 1) y 3), 16 Nº 1), 36, de la Ley del Ministerio Público; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REPOSICION interpuesto por el Abogado RAMON OVIDIO NAVARRO D., contra la resolución de fecha diecinueve de marzo de dos mil nueve; Y MANDA: Que se de cumplimiento a lo ordenado en la resolución impugnada.-NOTIFIQUESE. Firmas. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. COORDINADORA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Y a solicitud de la Abogada NELLIE JEANNETTE VALLEJO DIAZ, en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, se extiende en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el ocho de febrero de dos mil diez, certificación de las resoluciones de fechas diecinueve de marzo de dos mil nueve y tres de abril de dos mil nueve, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad (Acumulados) con orden de ingreso en este Tribunal No. 444 y 454=08.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.
SECRETARIO DE LA
SALA CONSTITUCIONAL