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Sentencia RI-1004-09 — Registro 4487

Resumen

Recurso de Inconstitucionalidad que por vía acción contra el artículo 133 numeral 1 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas,del Decreto Legislativo No.44-2004 del 15 de mayo de 2004,mediante el cual se establece que para que un ciudadano pueda ser inscrito como candidato independiente debe presentar una nómina de ciudadanos que respaldan la candidatura en un número equivalente al 2% del total de los votos válidos de la última elección general nacional, departamental o municipal, según el cargo que se postula

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."" Sin embargo hay que distinguir que uno es el derecho de participación política que de modo genérico lo tienen todos los ciudadanos de manera eventual y otro es las condiciones o requisitos que tienen que acreditar todos los ciudadanos con intención de integrarse al sistema de elección para poder participar en una contienda electoral, es decir, para ejercer dicho derecho. Aceptar que la disposición legal que exige el requisito de nómina de ciudadanos que respaldan una candidatura independiente, entra en pugna con lo dispuesto en el Artículo 23 de la citada Convención, seria tan insostenible, como afirmar entonces que la inscripción de una candidatura en el Tribunal Supremo Electoral coarta el derecho de participación en la vida política de la nación, o que el requisito de presentar declaración de principios y programa de acción política restringe dicho derecho, pues los requisitos están establecidos en función de la naturaleza del derecho electoral. Finalmente esta Sala Constitucional considera que una disposición legal que contiene requisitos para la inscripción de una candidatura, podría entrar en pugna con la Constitución de la República o con la citada Convención, cuando el requisito de fondo fuera de tal naturaleza o envergadura que constituyera un absurdo, un ilógico, un imposible o irrealizable que impida frontalmente el ejercicio de dicho derecho o lo desnaturalice, lo que para el caso del Artículo 133 numeral 1) está demostrado que no lo es, puesto que es de público conocimiento que para las elecciones a celebrarse el veintinueve de noviembre del presente año se encuentra inscrito un candidato independiente, lo que evidencia que los requisitos exigidos por la ley secundaria son realizables.CONSIDERANDO: Que a la luz de lo anteriormente expuesto el Artículo 133 numeral 1) de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas contenida en el Decreto No. 44-2004, publicado en el Diario oficial La Gaceta No.30,390 del quince de mayo de 2004, no entra en conflicto, ni con la Constitución de la República ni con Convenios ni Tratados Internacionales aprobados y ratificados por Honduras y que forman parte del ordenamiento jurídico interno."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA las resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de septiembre de dos mil nueve. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad que por vía acción interpuso el señor CARLOS ALBERTO SABILLON DAVILA, de este domicilio, mayor de edad, soltero, Doctor en Economía y hondureño, en su condición personal, contra el artículo 133 numeral 1 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, emitido por el Congreso Nacional de la República, mediante el cual se establece que para que un ciudadano pueda ser inscrito como candidato independiente debe presentar una nómina de ciudadanos que respaldan la candidatura en un número equivalente al 2% del total de los votos válidos de la última elección general nacional, departamental o municipal, según el cargo que se postula. A N T E C E D E N T E S 1) Que el siete de agosto de dos mil nueve, el señor CARLOS ALBERTO SABILLON DAVILA, en su condición ya indicada, compareció ante ésta Sala de lo Constitucional, interponiendo Recurso de Inconstitucionalidad, contra el artículo 133 numeral 1 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, emitido por el Congreso Nacional de la República, por considerar que contraviene lo preceptuado en los artículos 45, 60, 61 y 64, ya que no hay igualdad ante la ley para los candidatos independientes. 2) Que el uno de septiembre de dos mil nueve, el Ministerio Público por intermedio del Fiscal Especial para la defensa de la Constitución Abogado Oscar Arnaldo Alvarado García, emitió dictamen, siendo del parecer porque no se otorgue el recurso de mérito, por no existir confrontación de contenido entre el referido numeral 1) del artículo 133 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas y las disposiciones constitucionales invocadas. CONSIDERANDO: Que la garantía de inconstitucionalidad de una ley podrá solicitarse por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo; y, en el caso del señor CARLOS ALBERTO SABILLON DAVILA, éste pretende que se declare la inconstitucionalidad del Artículo 133 del Decreto Legislativo No.44-2004 del 15 de mayo de 2004, porque dicha disposición le exige la presentación de nóminas de ciudadanos que respalden su candidatura independiente para la Presidencia de la República en proporción superior a la exigible a los movimientos internos de los partidos políticos legalmente inscritos. Y siendo, que consta en autos que el señor Sabillón Dávila compareció ante el Tribunal Supremo Electoral solicitando su inscripción como candidato independiente en el nivel electivo de Presidente de la República, su interés directo, personal y legítimo es evidente, por lo que está habilitado para la promoción de la acción de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO: Que la disposición legal denunciada como inconstitucional es el Artículo 133 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas contenida en el Decreto No. 44-2004 del 15 de mayo del 2004 disposición legal que literalmente establece: “Artículo 133. SOLICITUD Y REQUISITOS. Cuando se trate de candidaturas independientes, los interesados presentarán personalmente, ante el Tribunal Supremo Electoral y dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la convocatoria de las elecciones generales, la solicitud de inscripción, debiendo cumplir con los siguientes requisitos: 1) Presentar nóminas de ciudadanos que respaldan la candidatura, en un número equivalente al dos por ciento (2%) del total de los votos válidos en la última elección general, nacional, departamental o municipal según el cargo al que se postula”. CONSIDERANDO: Que el promotor ejercita la acción de inconstitucionalidad argumentando que la citada disposición legal es inconstitucional en su contenido por confrontar, colisionar y ser contraria a los Artículos 45, 60, 61 y 64 de la Constitución de la República, lo que explica básicamente así: 1) Según el texto del numeral 1 del Artículo 133 en relación a lo dispuesto en el Artículo 116 de la Ley Electoral y de la Organizaciones Políticas, se requiere menos nóminas de ciudadanos a los candidatos presidenciales de los partidos políticos, que a los candidatos independientes, ya que a estos últimos se les exige un número equivalente a la sumatoria de los cinco partidos, mientras que a los primeros sólo se les solicita nóminas en función de los votos que obtuvo ese partido en las últimas elecciones. 2) Arguye que el Artículo 133 numeral 1 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas establece desigualdad ante la ley para los candidatos independientes y en particular ubica al ciudadano en la imposibilidad de participar en la vida política de la nación, limitando su derecho frente a otros ciudadanos a quienes se les exige menos en función de requisitos derivados de la ley. 3) Finalmente señala que el recurso de inconstitucionalidad también lo fundamenta en que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 y ratificada por Honduras el 5 de septiembre de 1977 en su Artículo 27 establece en su Artículo 23 numeral 1 inciso c) y numeral 2, que: “Todos los ciudadanos deben gozar del derecho a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país y que la ley puede reglamentar el derecho de un ciudadano a tener acceso a las funciones públicas, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal” y, dado, que el Artículo 133 numeral 1 de la Ley Electoral y de la Organizaciones Políticas no ofrece iguales derechos a los candidatos independientes y que los requisitos exigidos en la misma no atiende a razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal, la citada disposición legal entra en conflicto con lo establecido por dicha convención. CONSIDERANDO: Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley de la Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha uno de septiembre de 2009, pronunciándose en el sentido que no se otorgue el recurso de inconstitucionalidad por no existir confrontación de contenido entre el numeral 1 del Artículo 133 de la Ley Electoral y de la Organizaciones Políticas y las disposiciones constitucionales invocadas. CONSIDERANDO: Que al confrontar lo dispuesto en el Artículo 133 numeral 1 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas con lo estatuido en el Artículo 45 de la Constitución de la República, que textualmente indica: “Se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país”; no se aprecia entre dichas normas, colisión alguna, ya que la primera, establece requisitos exigibles a las candidaturas independientes, lo que jurídicamente es permisible, pues derechos, como el de optar a cargos públicos o participar en la vida política del país no son absolutos y pueden ser limitados atendiendo el bien público o el interés general y la norma constitucional declara reprochable penalmente el impedir la participación política de los ciudadanos, más sin embargo, no puede interpretarse que la exigencia legal de requisitos como el de la presentación de nóminas de ciudadanos que respalden una candidatura, sea un acto de impedimento, sino mas bien la realización del principio de legitimidad que informan el proceso electoral conforme lo indica el Artículo 2 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. CONSIDERANDO: Que en relación a lo expresado por el recurrente, que el Artículo 133 numeral 1), al relacionarlo con el Artículo 116 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, se opone a los Artículos 60 y 61 de la Constitución de la República que establecen literalmente: “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley ” Y “ La Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país, el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley a la propiedad”; es insostenible, debido a que estas disposiciones constitucionales, si bien recogen la declaración universal de igualdad de los hombres, también es cierto, que conforme lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el valor jurídico de igualdad, que envuelve implícitamente la prohibición de discriminación, ha superado el sentido mecánico de “igualdad ante la ley” que postulaba un tratamiento idéntico para todos en todas las situaciones, y fue sustituido por el concepto moderno de “igualdad jurídica” entendiéndolo como una medida de justicia, que otorga un tratamiento razonable igual a todos los que se encuentren en igualdad de circunstancias, reconociendo que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato es ofensiva de la dignidad humana y solo se considera discriminatoria una distinción cuando carece de justificación objetiva y razonable. Al hilo de lo antes expuesto, al dar lectura a los Artículos 116 y 133 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, se aprecia, que la primera disposición se ubica en el capitulo destinado a desarrollar lo concerniente a las elecciones primarias, estableciendo específicamente los requisitos para la inscripción de los movimientos internos de los partidos políticos en las elecciones internas, sistema previsto por el legislador, con el fin de democratizar a lo interno a los partidos políticos y que lógicamente no son aplicables a los candidatos independientes, por cuanto estos no participan en el proceso electoral primario y su incursión política no goza del respaldo de un partido político legalmente constituido, que conforme a la Constitución de la República son instituciones de derecho público. Por otra parte, los requisitos contenidos en el Artículo 133 numeral 1) son para la inscripción de los candidatos independientes para su participación en las elecciones generales, con lo cual es evidente las circunstancias totalmente diferentes en que son exigidos los requisitos de inscripción, por lo que no puede sostenerse que existe un trato desigual. Amen de lo anterior, el Artículo 65 numeral 7) de la Ley Electoral y Organizaciones Políticas establece para la inscripción de un partido político, entre otros requisitos, que deberá acompañarse “nomina de ciudadanos que respaldan la solicitud, equivalente al dos por ciento (2%) del total de votos válidos emitidos en la última elección general en el nivel electivo presidencial”, es decir, la ley da el mismo tratamiento a los partidos políticos y a las candidaturas independientes para concederles el derecho de participar en el proceso electoral. CONSIDERANDO: Que el recurrente argumenta que el Artículo 133 numeral 1) de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas también es contrario a lo dispuesto en el Artículos 64 de la Constitución de la República que literalmente expone: “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”, disposiciones que al confrontarse no se aprecia que sean inconciliables, pues el establecimiento de requisitos de inscripción para un candidato independiente a la Presidencia de la República, si bien regula el ejercicio del derecho consignado en la Constitución de la República de participación política de los ciudadanos, no lo disminuye, restringe o tergiversa, pues como se señaló anteriormente, dicho derecho no es absoluto y su regulación por la ley es razonable, principalmente cuando dicho derecho esta vinculado directamente con valores como la democracia que postula la Constitución, siendo así, podemos afirmar que el requerimiento de un determinado caudal político avala y legitima la existencia de una candidatura independiente y es consecuente con el valor democracia que se ejercita justamente con la participación de los ciudadanos, que para el caso de los partidos políticos, la nómina de ciudadanos es exigible en su inscripción como tales, entendiendo que el apoyo masivo justifica su existencia como opción política. Por otra parte, es oportuno señalar que el legislador, a falta de la previsión constitucional de la existencia de candidaturas independientes y sabiendo que los derechos que enumera la Constitución nunca serán entendidos como negación de otros derechos que nacen de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre, reconoció, a través de la Ley secundaria, la posibilidad de participación directa de los ciudadanos en el proceso electoral desvinculados de los partidos políticos, procediendo para ello a reconocer como medio de participación las candidaturas independientes. CONSIDERANDO: Que el demandante de la declaratoria de inconstitucionalidad, aduce además, que el contenido de la supra mencionada disposición legal contraría lo dispuesto en La Convención Americana de Derechos Humanos, que es parte del derecho positivo interno y específicamente el Artículo 23 que a la letra dice: “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, autenticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c)De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. La Ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal”; señalando y denunciando que lo que requiere el Artículo 133 numeral 1 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas no es por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal, por lo que dicho requisito entra en conflicto con la Convención. Sin embargo hay que distinguir que uno es el derecho de participación política que de modo genérico lo tienen todos los ciudadanos de manera eventual y otro es las condiciones o requisitos que tienen que acreditar todos los ciudadanos con intención de integrarse al sistema de elección para poder participar en una contienda electoral, es decir, para ejercer dicho derecho. Aceptar que la disposición legal que exige el requisito de nómina de ciudadanos que respaldan una candidatura independiente, entra en pugna con lo dispuesto en el Artículo 23 de la citada Convención, seria tan insostenible, como afirmar entonces que la inscripción de una candidatura en el Tribunal Supremo Electoral coarta el derecho de participación en la vida política de la nación, o que el requisito de presentar declaración de principios y programa de acción política restringe dicho derecho, pues los requisitos están establecidos en función de la naturaleza del derecho electoral. Finalmente esta Sala Constitucional considera que una disposición legal que contiene requisitos para la inscripción de una candidatura, podría entrar en pugna con la Constitución de la República o con la citada Convención, cuando el requisito de fondo fuera de tal naturaleza o envergadura que constituyera un absurdo, un ilógico, un imposible o irrealizable que impida frontalmente el ejercicio de dicho derecho o lo desnaturalice, lo que para el caso del Artículo 133 numeral 1) está demostrado que no lo es, puesto que es de público conocimiento que para las elecciones a celebrarse el veintinueve de noviembre del presente año se encuentra inscrito un candidato independiente, lo que evidencia que los requisitos exigidos por la ley secundaria son realizables. CONSIDERANDO: Que a la luz de lo anteriormente expuesto el Artículo 133 numeral 1) de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas contenida en el Decreto No. 44-2004, publicado en el Diario oficial La Gaceta No.30,390 del quince de mayo de 2004, no entra en conflicto, ni con la Constitución de la República ni con Convenios ni Tratados Internacionales aprobados y ratificados por Honduras y que forman parte del ordenamiento jurídico interno. POR TANTO: La Sala de lo Constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, haciendo aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 15, 22, 24, 36, 37, 59, 60, 62, 63, 64, 184, 185 párrafo 1º., 303, 304, 313 atribución 5ª., 314 de la Constitución de la República; 1, 11 y 74 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 74, 75, 77 y 79 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARANDO NO HA LUGAR el Recurso de Inconstitucionalidad de que se ha hecho mérito; MANDA: Que con la certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondiente.- Redactó la Magistrada ROSALINDA CRUZ DE WILLIAMS.- NOTIFIQUESE. Firmas, ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA, COORDINADORA, JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL, OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS, JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS, GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA, firma y sello, DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., trece de octubre de dos mil nueve. Visto el recurso de reposición interpuesto por el Abogado RAMON OVIDIO NAVARRO, contra la sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil nueve, dictada por este Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el señor CARLOS ALBERTO SABILLON DAVILA actuando en su condición personal, contra el ARTICULO 133 NUMERAL 1 DE LA LEY ELECTORAL Y DE LAS ORGANIZACIONES POLITICAS, emitida por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA mediante el cual se establece que para que un ciudadano pueda ser inscrito como candidato independiente debe: “presentar una nomina de ciudadanos que respaldan la candidatura en un número equivalente al 2% del total de los votos válidos de la última elección general, nacional, departamental o municipal según al cargo que se postula. CONSIDERANDO: Que del acto en el cual el peticionario solicita reposición se aprecia que éste ataca la motivación hecha por esta sala en cuanto a la no existencia de vulneración a lo establecido artículo 45 de nuestra Constitución, haciendo una alusión imprecisa de dos ejemplos (candidatos Presidenciales), en los cuales no se reunió más de las nominas exigidas por la Ley para una inscripción como candidatos a cargos de elección popular, sin embargo no determina sus nombres y diluye su exposición en un análisis que se relaciona a la observancia o no de similares prohibiciones en otros países y sus efectos en los resultados electorales, así como relativo a impedir a alguien con la capacidad académica del señor Sabillón el participar en las elecciones presidenciales, extremo que no es, ni ha sido objeto de juicio en la presente acción Constitucional. Asimismo una serie de argumentos relacionados a la historia electoral hondureña (En cuanto a inscripciones), que no fueron planteadas en su escrito de interposición y que además no confrontan el fondo o la forma de la motivación emitida por esta Corte en su fallo, por lo cual deben ser desestimadas como sustento del recurso intentado. CONSIDERANDO: Que al limitarse el recurrente, a presentar una serie de argumentos de naturaleza subjetiva, que no atacan de manera puntual la motivación hecha por este Tribunal Supremo en el fallo que recurre en reposición, limitándose a externar su inconformidad con el fallo dictado por este Tribunal; en consecuencia y conforme se desprende de la motivación de la resolución recurrida, esta se encuentra apegada a derecho y en consecuencia procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 64 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICION interpuesto por el Abogado RAMON OVIDIO NAVARRO, contra la sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil nueve. Y MANDA: Que en definitiva se de cumplimiento a lo ordenado en la sentencia recurrida por el peticionario.-NOTIFIQUESE. Firmas, ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA, COORDINADORA, JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL, OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS, JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS, GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA, firma y sello, DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.

Y para ser enviada al Tribunal Supremo Electoral, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de enero de dos mil diez, certificación de las resoluciones de fechas veintinueve de septiembre y trece de octubre ambas del año dos mil nueve, recaídas en el Recurso de Inconstitucionalidad registrado en este Tribunal bajo el número 1004=09.

DANIEL ARTURO SIBRIÁN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA CONSTITUCIONAL