Sentencia AP-672-07 — Registro 3845
Resumen
Sentencia recurrida que confirmó el auto de prisión; con relación a la causa instruida contra el impetrante, por suponerlo responsable del delito de Enriquecimiento Ilícito
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."…"CONSIDERANDO(13): Que la Sala de lo Constitucional manifiesta que la valoración de los elementos probatorios encaminada a decidir si es o no procedente dictar un auto de prisión, es una tarea que corresponde en esencia a los juzgados y tribunales de instancia en el orden Penal, de ahí que el Juez Constitucional solo ha de intervenir cuando en esa valoración la jurisdicción ordinaria ha quebrantado o vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución. CONSIDERANDO(14): Que analizado el razonamiento para dictar y confirmar, respectivamente, el auto de prisión que conoce, la Sala Constitucional observa que el mismo se ha dictado siguiendo las reglas mínimas de la experiencia y la lógica, cuando advierte para el caso, en el FALLO del Tribunal de Alzada “Que en las Audiencia Inicial basta aportar los elementos de prueba mínimos al órgano jurisdiccional para que éste forme convicción sobre la ocurrencia de plena prueba de haberse cometido un ilícito penal y la existencia de indicios racionales de quien es el responsable de su comisión”. CONSIDERANDO(15): Que con respecto a la supuesta vulneración del Derecho Fundamental de Defensa, consagrado en el artículo 82 constitucional, en perjuicio del recurrente, la Sala ha observado que el mismo ha sido respetado en el decurso del proceso, gozando el imputado de una defensa técnica, obteniendo respuestas dentro de los plazos razonables, considerando los mismas congruentes con lo peticionado. Debemos entender que la norma constitucional establece que toda persona tiene derecho a la defensa, a ser oído en todo procedimiento administrativo o judicial, presentar pruebas, disponer de recursos procésales y a no ser juzgado en ausencia. CONSIDERANDO(16): Que en el debido proceso, ambas partes deben tener la posibilidad de formular alegaciones y probarlas. Una buena pauta para establecer si existe desigualdad en el contradictorio, y , por ende, indefensión, consiste generalmente en descubrir la presencia de un error in procedendo, en tanto son las normas procesales las encargadas de regular de manera responsable el tiempo, lugar y modo de actuación de las partes., pero la simple presencia de un vicio no configura por si misma indefensión, resulta indispensable, también, que ese vicio sea trascendente, es decir, que determine un resultado probablemente distinto en la decisión judicial. Toda persona al acceder a un proceso, solicitando tutela efectiva por parte del Estado, goza de un conjunto de derechos con implicancias procesales, que le aseguran la posibilidad de sostener sus posiciones, y que la Parte contraria haya podido formular lo propio. Si el Ministerio Público, incoa una acción penal contra el imputado, es imprescindible que éste posea la posibilidad de oponerse a ella. Ambas partes tienen la posibilidad de argumentar y aportar elementos de prueba a favor de sus pretensiones y sólo podrá en consecuencia de ello hablarse de indefensión cuando exista para una de ellas la privación a la oportunidad de hacer uso de tal facultad, de manera que el hecho de que la respuesta judicial a las peticiones formuladas, no sean accediendo a las mismas, no significa que estemos frente a una violación al Derecho de Defensa. En este sentido esta SALA DE LO CONSTITUCIONAL, es del criterio porque se deniegue el amparo interpuesto, sin perjuicio del derecho que le asiste al imputado para seguir aportando en el transcurso del proceso los elementos probatorios y alegatos que estime pertinentes, en el entendido que conserva incólume su estado de inocencia que la misma Constitución le garantiza. CONSIDERANDO(17): Que el artículo 90 constitucional referente al debido proceso, comprende el derecho de toda persona a ser juzgada por juez o tribunal competente, siendo incompetentes los tribunales que no hayan sido previamente establecidos por la ley. No puede haber juicios de excepción. Siendo el objeto de estas formalidades, asegurar la igualdad de las partes en el proceso, garantizar a los litigantes en el procedimiento judicial y a los acusados en general, un proceso contradictorio y amplia defensa con los medios y recursos inherentes al proceso.- En el caso subjudice, la garantía constitucional referida ha sido respetada, permitiendo a los litigantes y procesado acudir directamente a los tribunales competentes para hacer valer sus derechos, a ser oídos en forma oral y pública por un juez o tribunal. CONSIDERANDO(18): Que el auto de prisión, es el medio constitucional de suspender la presunción constitucional de inocencia cuando haya plena prueba: a) Que demuestren que hubo delito, tal como el homicidio o el robo, a manera de ejemplo, y b) Que hay indicios racionales de quien fue su autor. Tal como lo afirma la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca en su resolución, toda persona tiene derecho a que no se le provea auto de prisión sin que haya plena prueba de haberse cometido un delito. Sobre la base del Principio de Legalidad, el delito debe estar previamente establecido en la ley y debe fundarse en la prueba sustentada que acredita que se cometió un ilícito. CONSIDERANDO(19): Que el recurrente invoca infracción del artículo 95 constitucional, referido al principio NEBIS IS IN IDEM, este artículo preceptúa “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos.”.- “El principio de legalidad en consustancial al Estado de Derecho, no hay pena sin delito, ni delito sin ley, lo que significa que no hay lugar a considerar delito lo que una ley anterior no lo ha tipificado así, por otra parte si no hay delito tampoco puede haber pena o castigo y aunque hubiere delito tipificado, si la ley no establece pena alguna, tampoco hay castigo. Si alguien pudiera volver a ser juzgado nuevamente por hechos en los cuales ya fue juzgado, habría inseguridad jurídica y no habría paz individual ni social. Una sentencia firme, es cosa juzgada, es considerada verdad legal; por otra parte no se infiere en este caso, que se haya enjuiciado a alguien nuevamente por hechos en los cuales ya haya sido juzgado, si este fuera el caso, habría inseguridad jurídica. CONSIDERANDO(20): Que el recurrente invoca infracción del artículo 96 constitucional, referente a la retroactividad de la ley. Con respecto al ámbito temporal de validez, en el considerando 6 de este fallo, se explica lo referido al artículo 111 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, en el sentido de que los casos que se encuentren en trámite a la fecha en vigencia de dicha ley, se resolverán de acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito de los servidores públicos, tampoco se infiere en este caso que haya sido vulnerado dicho principio constitucional."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de junio del año dos mil nueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Licenciado JESUS E. CHINCHILLA ORELLANA, a favor del señor JUAN RAMON MARADIAGA ZUNIGA, mayor de edad, hondureño, soltero, Perito Mercantil y Contador Público y con domicilio en la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca, contra la Sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha veintinueve de agosto del año dos mil siete, que confirmó el Auto de Prisión de fecha quince de junio del año dos mil siete, emitido por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca; con relación a la causa instruida contra el señor JUAN RAMON MARADIAGA ZUNIGA, por suponerlo responsable del delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO, en perjuicio del PATRIMONIO DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinte de abril del año dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, el Abogado JULIO HUMBERTO NUÑEZ, actuando en su condición de agente de tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor JUAN RAMON MARADIAGA ZUNIGA, por suponerlo responsable del delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO, en perjuicio del PATRIMONIO DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en fecha quince de junio del año dos mil siete, el juez instructor en audiencia inicial, decretó auto de prisión contra el señor JUAN RAMON MARADIAGA ZUNIGA, por suponerlo responsable del delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO, en perjuicio del PATRIMONIO DEL ESTADO DE HONDURAS, por considerar que existe un aumento injustificado en el capital a favor del imputado, el cual no fue desvirtuado con las pruebas presentadas, por lo que se pudo acreditar la comisión del tipo penal que se le imputa y la probabilidad que el encausado haya tenido participación en el mismo; citando como fundamento de su decisión los artículos 173, 174 y 297 del Código Procesal Penal. 3) Que en fecha veintinueve de agosto del año dos mil siete, la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, departamento de Choluteca, declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmó la resolución que se deja relacionada en el inciso que precede, por considerar que existe plena prueba de que se ha cometido un delito, en virtud de que se da la concurrencia de todos los elementos del tipo penal; asimismo existe indicio racional que el imputado ha tenido participación en el mismo; fundamentando su decisión en los artículos 294 numeral 3) y 297 del Código Procesal Penal. 4) El recurrente Licenciado JESUS E. CHINCHILLA ORELLANA, compareció ante este tribunal, en fecha uno de noviembre del año dos mil siete, reclamando amparo a favor del señor JUAN RAMON MARADIAGA ZUNIGA, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veintinueve de agosto del año dos mil siete, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 92, 95 y 96 de la Constitución de la República CONSIDERANDO(1): Que se conoce el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JESUS E. CHINCHILLA ORELLANA a favor de JUAN RAMON ZUNIGA MARADIAGA, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, en fecha veintinueve de agosto de dos mil siete, que confirma un auto de prisión decretado por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, con relación a la causa instruida contra JUAN RAMON ZUNIGA MARADIAGA, por el delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO(2): Que como antecedentes en el presente caso se debe mencionar: Que es de suma importancia referir que la presente causa tuvo su origen en una citación de la Dirección General de Probidad Administrativa, de fecha 14 de septiembre del año 2001, en la cual requiere al señor JUAN RAMON MARADIAGA ZUNIGA, para que justifique el aumento en su patrimonio, y el señor MARADIAGA ZUNIGA, remite un informe a la Dirección General de Probidad Administrativa con fecha 28 de septiembre de 2001. El Tribunal Superior de Cuentas, practica una Auditoria, que comprende del 1 de febrero del año 1997 al 31 de mayo del 2001, y en la que se determinó que el señor JUAN RAMON ZUNIGA MARADIAGA, posee bienes en una cuantía superior a los ingresos percibidos desde el año 1997 al año 2000, un millón doscientos ochenta y dos mil novecientos un lempiras con cinco centavos (LPS. 1, 282,901.05), según dictamen número 78-2005-DAL-TSC período durante el cual se desempeñó como Administrador de la Región Sanitaria Número 6, con sede en la ciudad de Choluteca, dependencia del Ministerio de Salud Pública. CONSIDERANDO(3):Que la Corte Primera de Apelaciones Seccional de Choluteca, departamento de Choluteca, sustenta en su fallo, fundamentándose en los artículos 109, 111, 112, 115, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas; 80, 82, 90, 92, 303, 314 de La Constitución de la República, 173, numerales 6, 7, 10, 294 numeral tercero, 297, 354, 355, 356 del Código Procesal Penal, Resuelve.- “PRIMERO: Declarar SIN Lugar, el Recurso de Apelación interpuesto por los Abogados NARDIN FABRICIO GALO y JESUS ELFIDIO CHINCHILLA, en contra de la resolución pronunciada en fecha quince de junio del año dos mil siete, dictada por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, en la causa penal instruida contra el señor JUAN RAMON MARADIAGA ZUNIGA, por suponerlo responsable del delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO, en perjuicio del PATRIMONIO DEL ESTADO DE HONDURAS.- SEGUNDO: Confirmar la Resolución recurrida.”. CONSIDERANDO(4): Que el Juez de Instrucción expone como argumento para dictar auto de prisión lo siguiente: ”El juzgado resuelve tener por admitidos los elementos probatorios que ha hecho llegar a esta audiencia el Ministerio Público, los cuales consisten en documentación del Tribunal Superior de Cuentas, en cuanto a documentación bancaria de vivienda, así como análisis de declaraciones juradas y pasivos del señor RAMON MARADIAGA, no se iniciaron acciones que se tramitaran con aquellas leyes de cuya obligatoriedad el Estado se obligaría a su cumplimiento, la resolución en el caso del señor JUAN RAMON MARADIAGA ZUNIGA, mediante informe provisional fue dado en el 2005, el seis de octubre, cuando ya estaba en vigencia la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, y derogado completamente las leyes que le contrarían y en ese sentido cobran plena vigencia la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas como la ley a aplicar en todos sus extremos y contextos formales en los casos que se iniciaron en investigación con esta ley, incluso el servidor público tuvo la oportunidad que franqueó la propia ley para oponerse a las resoluciones que le causaban agravios. Asimismo había una obligación de presentar declaraciones juradas y los que no tenían esta obligación, la misma Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas otorgaba algún tiempo para que lo hicieran, obteniendo la gracia de no tener sanciones algunas hasta en tanto no se pusieran al día con ésta, en ese sentido consideramos que en el ejercicio de las potestades legales y constitucionales, el Tribunal Superior de Cuentas, es competente para la fiscalización y las investigaciones especiales cuando a su juicio considere que existe causa justificada para realizarla y que ha respetado las garantías constitucionales y el derecho de defensa, así como el debido proceso.- Por tal razón consideramos declarar SIN LUGAR las excepciones, que ha tramitado la defensa en esta audiencia y continuar sin perjuicio los recursos legales con la tramitación normal del proceso. CONSIDERANDO(5): Que en el caso de autos, la Corte de Apelaciones de Choluteca, departamento de Choluteca, como recurrida, en aplicación de su atribución de enmendar los errores del inferior, realizó las correcciones de merito a su juicio, al ser explícita en la motivación tanto fáctica como jurídica, al analizar detenidamente los argumentos expuestos por la parte apelante en la expresión de agravios, así como las refutaciones expresadas por la apelada, al analizar y apreciar cuidadosamente el material probatorio aportado por las partes procesales en la audiencia inicial y en especial el Informe del Tribunal Superior de Cuentas donde se establece un aumento de capital del imputado JUAN RAMON MARADIAGA ZUNIGA y que no concuerda con sus reales ingresos, aumento de capital que no fue desvirtuado en la referida audiencia con elementos de prueba alguno presentado por la defensa. Además en parte del informe levantado por el Tribunal Superior de Cuentas, el a-quen estableció que el hoy imputado JUAN RAMON MARADIAGA ZUNIGA, en fecha 7 de mayo de 1997, celebró contrato de compra-venta de dos lotes de terreno y con fecha 8 de junio de 1997 celebró contrato de compra-venta de un lote de terreno, los que suscribió con la Asociación Hondureña de Desarrollo Comunitario (AHDSEC), por valor de VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (LPS.23,250.00) cada terreno. En el año de 1998 consta en el mismo informe, construyó dos viviendas de igual diseño y área de construcción, al avaluarse dichas propiedades por el Departamento de Arquitectura de la Dirección de Auditorias de Proyectos de la Contraloría General de la República, ascendió el monto a CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (LPS.489,279.40) las que fueron incorporadas al patrimonio de MARADIAGA ZUNIGA ya que a la fecha de su cesantía es decir al 30 de julio del 2001 ya habían sido construidas por el hoy imputado, según se evidencia mediante recibos de servicio de energía eléctrica, recibos de alquiler de casa, extendidas por este a favor de sus inquilinos, indica el informe del órgano contralor; elementos probatorios que para este Tribunal de Alzada arrojan indicios de culpabilidad del imputado en la comisión del delito por el cual le responsabiliza el Ministerio Público, haciendo la salvedad que los documentos solo conllevan a la probabilidad que existe un aumento de capital injustificado, no sobre la certeza de culpabilidad del imputado en dicho ilícito penal, porque en este en un eventual juicio oral y público podría desvanecer los indicios que hoy pesan sobre él y justificar sobradamente el aumento de su capital y bienes. CONSIDERANDO(6): Que el Tribunal de Alzada, en la argumentación de su Fallo, de fecha veintinueve de agosto del año dos mil siete, al resolver el Recurso de apelación, de la resolución del juez instructor, expresa: “Que si bien es cierto, el artículo 111 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas creada mediante Decreto número 10-2002-E establece respecto al ámbito temporal de validez, que los casos que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigencia de dicha ley, se resolverán de acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos”, es claro en el caso subjudice que aun cuando en el período comprendido del año 1997 al 2001 se analizaron de Probidad Administrativa, adscrita a la Contraloría General de la República, los activos y pasivos del señor JUAN RAMON MARADIAGA ZUNIGA, en ese período en que aún no estaba vigente la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, no se iniciaron acciones legales al amparo de la ley de la Contraloría General de la República y la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos, leyes hoy derogadas y que en ningún momento se aplicaron en el presente caso, ya que la resolución que se pronunció por el Tribunal Superior de Cuentas en el caso del señor JUAN RAMON MARADIAGA ZUNIGA, data de fecha 6 de octubre del 2005, fecha en que ya estaba vigente La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.- En consideración a lo anteriormente dicho, la resolución judicial que Declaró Sin Lugar las excepciones legales de incompetencia y falta de acción planteadas por la defensa del hoy imputado, son procedentes. CONDIDERANDO(7): Que el artículo 297 del Código Procesal Penal exige que para que se decrete auto de prisión es necesaria la concurrencia de dos presupuestos legales: 1) La existencia de la plena prueba de la comisión del delito es decir, la concurrencia de los elementos objetivos del tipo penal y 2) la existencia de indicios racionales de culpabilidad del imputado. En la causa de mérito, con las pruebas presentadas por el ente acusador concurren los presupuestos referidos. CONSIDERANDO(8): Que la parte defensora en el presente juicio, no conforme con la respuesta jurisdiccional brindada en segunda instancia, interpuso la garantía constitucional de Amparo, alegando que la decisión del Tribunal de Alzada, es violatoria de las Garantías Constitucionales comprendidas en los artículos 82, 90, 92, 95, 96, de la Constitución de la República en relación con los artículos 20, 139, 141, párrafo tercero, 202, 294 párrafo tercero del Código Procesal Penal, artículo 9 del Código Penal.- La acción constitucional de amparo la interpone el impetrante, contra la resolución de la Corte de Apelaciones de Choluteca, así como también la resolución emitida por el Tribunal Superior de Cuentas, mismas que considera ilegales, improcedentes y fuera de todo contexto jurídico por no estar apegadas a derecho. CONSIDERANDO(9): Que el recurrente concluye en el escrito de formalización de la Acción de Amparo, afirmando que la resolución proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de Choluteca, departamento de Choluteca, constituye una infracción al derecho de defensa y el debido proceso. CONSIDERANDO(10): Que los artículos 62 y 63 de la LEY Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, literalmente dicen: Artículo 62: “El enriquecimiento ilícito o incremento patrimonial sin causa o justificación, consiste en el aumento del patrimonio del servidor público desde la fecha en que hayan tomado posesión de su cargo hasta aquella en que hayan cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido obtener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente y de los incrementos de su capital por cualquier otra causa ilícita”. “Artículo 63: Quien cometa el delito de Enriquecimiento Ilícito cuyo monto exceda de UN MILLON DE LEMPIRAS, incurre en la pena de cinco (5) a quince años de reclusión.- La sentencia firme, impondrá, además, al responsable una multa hasta por el monto de enriquecimiento ilícito comprobado o hasta por el monto del incremento patrimonial injustificado, la cual se hará efectiva sobre los bienes del responsable”. CONSIDERANDO(11): Que el momento procesal en el que se encuentra el caso que ahora nos ocupa, es la etapa preparatoria, en su fase final ya celebrada, (audiencia inicial), artículo 264 del Código Procesal Penal, tras cuya finalización fue dictado el auto de prisión, con medidas sustitutivas, de la prisión preventiva, que motivó el Recurso de Apelación interpuesto, para, ante la Corte de Apelaciones de la ciudad de Choluteca. CONSIDERANDO(12): Que para dictar el auto de prisión no se exige que exista un estado de certeza en el animo del juzgador sobre la culpabilidad del procesado, sino la conclusión de que el imputado, con un grado razonable de probabilidad ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito, misma que el a-quo y la ad-quem pondero. CONSIDERANDO(13): Que la Sala de lo Constitucional manifiesta que la valoración de los elementos probatorios encaminada a decidir si es o no procedente dictar un auto de prisión, es una tarea que corresponde en esencia a los juzgados y tribunales de instancia en el orden Penal, de ahí que el Juez Constitucional solo ha de intervenir cuando en esa valoración la jurisdicción ordinaria ha quebrantado o vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución. CONSIDERANDO(14): Que analizado el razonamiento para dictar y confirmar, respectivamente, el auto de prisión que conoce, la Sala Constitucional observa que el mismo se ha dictado siguiendo las reglas mínimas de la experiencia y la lógica, cuando advierte para el caso, en el FALLO del Tribunal de Alzada “Que en las Audiencia Inicial basta aportar los elementos de prueba mínimos al órgano jurisdiccional para que éste forme convicción sobre la ocurrencia de plena prueba de haberse cometido un ilícito penal y la existencia de indicios racionales de quien es el responsable de su comisión”. CONSIDERANDO(15): Que con respecto a la supuesta vulneración del Derecho Fundamental de Defensa, consagrado en el artículo 82 constitucional, en perjuicio del recurrente, la Sala ha observado que el mismo ha sido respetado en el decurso del proceso, gozando el imputado de una defensa técnica, obteniendo respuestas dentro de los plazos razonables, considerando los mismas congruentes con lo peticionado. Debemos entender que la norma constitucional establece que toda persona tiene derecho a la defensa, a ser oído en todo procedimiento administrativo o judicial, presentar pruebas, disponer de recursos procésales y a no ser juzgado en ausencia. CONSIDERANDO(16): Que en el debido proceso, ambas partes deben tener la posibilidad de formular alegaciones y probarlas. Una buena pauta para establecer si existe desigualdad en el contradictorio, y , por ende, indefensión, consiste generalmente en descubrir la presencia de un error in procedendo, en tanto son las normas procesales las encargadas de regular de manera responsable el tiempo, lugar y modo de actuación de las partes., pero la simple presencia de un vicio no configura por si misma indefensión, resulta indispensable, también, que ese vicio sea trascendente, es decir, que determine un resultado probablemente distinto en la decisión judicial. Toda persona al acceder a un proceso, solicitando tutela efectiva por parte del Estado, goza de un conjunto de derechos con implicancias procesales, que le aseguran la posibilidad de sostener sus posiciones, y que la Parte contraria haya podido formular lo propio. Si el Ministerio Público, incoa una acción penal contra el imputado, es imprescindible que éste posea la posibilidad de oponerse a ella. Ambas partes tienen la posibilidad de argumentar y aportar elementos de prueba a favor de sus pretensiones y sólo podrá en consecuencia de ello hablarse de indefensión cuando exista para una de ellas la privación a la oportunidad de hacer uso de tal facultad, de manera que el hecho de que la respuesta judicial a las peticiones formuladas, no sean accediendo a las mismas, no significa que estemos frente a una violación al Derecho de Defensa. En este sentido esta SALA DE LO CONSTITUCIONAL, es del criterio porque se deniegue el amparo interpuesto, sin perjuicio del derecho que le asiste al imputado para seguir aportando en el transcurso del proceso los elementos probatorios y alegatos que estime pertinentes, en el entendido que conserva incólume su estado de inocencia que la misma Constitución le garantiza. CONSIDERANDO(17): Que el artículo 90 constitucional referente al debido proceso, comprende el derecho de toda persona a ser juzgada por juez o tribunal competente, siendo incompetentes los tribunales que no hayan sido previamente establecidos por la ley. No puede haber juicios de excepción. Siendo el objeto de estas formalidades, asegurar la igualdad de las partes en el proceso, garantizar a los litigantes en el procedimiento judicial y a los acusados en general, un proceso contradictorio y amplia defensa con los medios y recursos inherentes al proceso.- En el caso subjudice, la garantía constitucional referida ha sido respetada, permitiendo a los litigantes y procesado acudir directamente a los tribunales competentes para hacer valer sus derechos, a ser oídos en forma oral y pública por un juez o tribunal. CONSIDERANDO(18): Que el auto de prisión, es el medio constitucional de suspender la presunción constitucional de inocencia cuando haya plena prueba: a) Que demuestren que hubo delito, tal como el homicidio o el robo, a manera de ejemplo, y b) Que hay indicios racionales de quien fue su autor. Tal como lo afirma la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca en su resolución, toda persona tiene derecho a que no se le provea auto de prisión sin que haya plena prueba de haberse cometido un delito. Sobre la base del Principio de Legalidad, el delito debe estar previamente establecido en la ley y debe fundarse en la prueba sustentada que acredita que se cometió un ilícito. CONSIDERANDO(19): Que el recurrente invoca infracción del artículo 95 constitucional, referido al principio NEBIS IS IN IDEM, este artículo preceptúa “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos.”.- “El principio de legalidad en consustancial al Estado de Derecho, no hay pena sin delito, ni delito sin ley, lo que significa que no hay lugar a considerar delito lo que una ley anterior no lo ha tipificado así, por otra parte si no hay delito tampoco puede haber pena o castigo y aunque hubiere delito tipificado, si la ley no establece pena alguna, tampoco hay castigo. Si alguien pudiera volver a ser juzgado nuevamente por hechos en los cuales ya fue juzgado, habría inseguridad jurídica y no habría paz individual ni social. Una sentencia firme, es cosa juzgada, es considerada verdad legal; por otra parte no se infiere en este caso, que se haya enjuiciado a alguien nuevamente por hechos en los cuales ya haya sido juzgado, si este fuera el caso, habría inseguridad jurídica. CONSIDERANDO(20): Que el recurrente invoca infracción del artículo 96 constitucional, referente a la retroactividad de la ley. Con respecto al ámbito temporal de validez, en el considerando 6 de este fallo, se explica lo referido al artículo 111 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, en el sentido de que los casos que se encuentren en trámite a la fecha en vigencia de dicha ley, se resolverán de acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito de los servidores públicos, tampoco se infiere en este caso que haya sido vulnerado dicho principio constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como interprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 82, 90, 92, 95, 96, 303, 304, 313 No. 5, 316 No.1 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 Nº 2, 5, 7, 9 Nº 2, 41, 56 y 62 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 140 de la Ley de Organización y Atribuciones del Tribunal; 62 y 63 de la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito; 45, 240, 284 y 332 del Código Penal; 141 del Código Procesal Penal; FALLA: Denegando el Amparo interpuesto por el Licenciado JESUS E. CHINCHILLA ORELLANA contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha veintinueve de agosto del año dos mil siete.- Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado GUTIERREZ NAVAS. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. COORDINADORA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el veintinueve de julio de dos mil nueve, certificación de la sentencia de fecha nueve de junio de dos mil nueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 672=07/P25-P30=08.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA CONSTITUCIONAL