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Sentencia AP-469-08 — Registro 3823

Resumen

Sentencia recurrida violenta el Debido Proceso al valorar fotocopias sin autenticar

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que la Sala de lo Constitucional estima que es correcto el criterio de la Corte de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, declarando Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por los Abogados CENDY JACQUELINE ROMERO RIVERA Y RAUL ROLANDO SUAZO BARILLAS, en su condición de defensores de los imputados, señores RAUL BARNICA SOLORZANO y JOSE ALFREDO SARMIENTO ZELAYA; en contra del los Autos de Prisión a ellos dictados el diecisiete de abril del año dos mil ocho, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán, apreciando que una vez establecido el cuerpo del delito, basta el indicio racional para dictar el Auto de Prisión.- También esta sala estima que se ha respetado el derecho de defensa al permitir a ambas partes iguales oportunidades de formular sus alegaciones y defenderlas mediante la prueba de los hechos fundamentadores y de la proposición de los correspondientes argumentos jurídicos, garantizando el principio procesal de contradicción.- Igual se ha respetado el debido proceso, garantía que se enmarcan en el principio de juez legal, el cual responde a la necesidad de que, una vez reconocido el derecho de la tutela judicial, se ha determinado ante que órgano jurisdiccional se puede reclamar dicha tutela; principio que se considera como elemento esencial del debido proceso, pues, lo primero en efecto, que define la legalidad del proceso es la legitimidad del juez, y esa legitimidad esta dada por la natural competencia que la constitución le ha asignado. " Que por todo lo expuesto por esta Sala y no constando en autos violación constitucional alguna de las alegadas por el recurrente, es procedente denegar el Recurso de Amparo interpuesto. "

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

":Que la Sala de lo Constitucional estima que es correcto el criterio de la Corte de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, declarando Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por los Abogados CENDY JACQUELINE ROMERO RIVERA Y RAUL ROLANDO SUAZO BARILLAS, en su condición de defensores de los imputados, señores RAUL BARNICA SOLORZANO y JOSE ALFREDO SARMIENTO ZELAYA; en contra del los Autos de Prisión a ellos dictados el diecisiete de abril del año dos mil ocho, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán, apreciando que una vez establecido el cuerpo del delito, basta el indicio racional para dictar el Auto de Prisión.- También esta sala estima que se ha respetado el derecho de defensa al permitir a ambas partes iguales oportunidades de formular sus alegaciones y defenderlas mediante la prueba de los hechos fundamentadores y de la proposición de los correspondientes argumentos jurídicos, garantizando el principio procesal de contradicción.- Igual se ha respetado el debido proceso, garantía que se enmarcan en el principio de juez legal, el cual responde a la necesidad de que, una vez reconocido el derecho de la tutela judicial, se ha determinado ante que órgano jurisdiccional se puede reclamar dicha tutela; principio que se considera como elemento esencial del debido proceso, pues, lo primero en efecto, que define la legalidad del proceso es la legitimidad del juez, y esa legitimidad esta dada por la natural competencia que la constitución le ha asignado." Que por todo lo expuesto por esta Sala y no constando en autos violación constitucional alguna de las alegadas por el recurrente, es procedente denegar el Recurso de Amparo interpuesto. "

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve de agosto del año dos mil nueve VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RAUL ROLANDO SUAZO BARILLAS a favor de los señores RAUL BARNICA SOLORZANO, Abogado, y JOSE ALFREDO SARMIENTO, Comerciante Individual, ambos mayores de edad, solteros, hondureños, y de este domicilio, contra la Sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de junio del año dos mil ocho, que confirmó los Autos de Prisión, dictados en fecha diecisiete de abril del año dos mil ocho, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán; con relación a la causa instruida contra los señores RAUL BARNICA SOLORZANO Y JOSE ALFREDO SARMIENTO ZELAYA, por suponerlos responsables de los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y FRAUDE, en perjuicio de LA FE PÚBLICA Y LA ADMINISTRACION PÚBLICA. ANTECEDENTES 1) Que en fecha siete de noviembre del año dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán, el Abogado JULIO HUMBERTO NUÑEZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores RAUL BARNICA SOLORZANO Y JOSE ALFREDO SARMIENTO ZELAYA, por suponerlos responsables de los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y FRAUDE, en perjuicio de LA FE PÚBLICA Y LA ADMINISTRACION PÚBLICA; LUIS FERNANDO VARELA MONCADA, por suponerlo responsable de los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y ESTAFA, en perjuicio de LA FE PÚBLICA Y LA ADMINISTRACION PUBLICA (PROYECTO PRAF-SALUD); y TANIA GRISELDA SANTOS CHIRINOS por suponerla responsable del delito de ESTAFA, en perjuicio del Proyecto PRAF-SALUD. 2) Que en fecha diecisiete de abril del año dos mil ocho, el Juzgado Instructor, en Audiencia Inicial, dictó Auto de Prisión en contra los señores RAUL BARNICA SOLORZANO, JOSE ALFREDO SARMIENTO ZELAYA y TANIA GRISELDA SANTOS CHIRINOS, por considerar que se han dado en cada uno de las figuras penales los elementos de su tipificación legal, considerando que se acreditó la plena prueba de su comisión, así como los indicios racionales mínimos necesarios para dictar Auto de Prisión ya que este no causa estado y en esa etapa procesal es suficiente contar con un mínimo de probanza para establecer esa probabilidad de participación y no la certeza; citando como fundamento de su decisión los artículos 1, 240, 284 numeral 4) y 376 del Código Penal; 173 numerales 6) y 7), 294, 297 y 298 del Código Procesal Penal. 3) Que en fecha dieciséis de junio del año dos mil ocho, la Corte Primera de Apelaciones de esta Sección Judicial, declaró sin lugar los recurso de Apelación interpuestos por los Abogados CENDY JACQUELINE ROMERO RIVERA Y RAUL SUAZO BARILLAS, en su condición de defensores de los imputados, y confirmó la resolución que se deja relacionada en el inciso que precede, por considerar que concurren los presupuestos legitimadores que la ley establece como necesarios para dictar Auto de Prisión, porque las conductas atribuidas a las personas imputadas encuadran en los tipos penales invocados por el Ministerio Público y consecuentemente existen fundamentos suficientes para sustentar una resolución como la apelada; citando como fundamento de su decisión los artículos 240, 284 numeral 4) y 376 del Código Penal; 294 y 297 del Código Procesal Penal. 4) El recurrente Abogado RAUL ROLANDO SUAZO BARILLAS, compareció ante este Tribunal, en fecha doce de septiembre del año dos mil ocho, reclamando amparo a favor los señores RAUL BARNICA SOLORZANO Y JOSE ALFREDO SARMIENTO ZELAYA, afirmando que la decisión del Ad Quem, de fecha dieciséis de junio del año dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 59, 82, 90, 92 y 94 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO(1): Que se conoce en Amparo la resolución dictada por la Corte primera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha diez y seis (16) de junio del año dos mil ocho, en la cual se CONFIRMA la resolución del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán, al dictarle Auto de Prisión, a los señores: RAUL BARNICA SOLORZANO y JOSE ALFREDO SARMIENTO, por los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS y FRAUDE, en perjuicio de la FE PÚBLICA y LA ADMINISTRACION PÚBLICA, invocando como Garantías constitucionales que se consideran violadas, las contenidas en los artículos 59, 82, 90, 92 y 94 de la Constitución de la República, las cuales se refieren al derecho de Defensa, el Derecho al Debido Proceso y el Principio de Legalidad, en perjuicio de sus representados. CONSIDERANDO(2): Que el acto reclamado que se conoce por vía de Amparo es la Sentencia proferida el dieciséis de junio del año dos mil ocho, por la Corte Primera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por los Abogados CENDY JACQUELINE ROMERO RIVERA y RAUL ROLANDO SUAZO BARILLAS, en su condición de Defensores de los imputados, y confirma los autos de prisión de fecha diecisiete de abril de dos mil ocho dictados por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán, en la causa que se instruyo contra los señores RAUL BARNICA SOLORZANO y JOSE ALFREDO SARMIENTO ZELAYA, por los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de la FE PÚBLICA, y FRAUDE CONTINUADO, en perjuicio de la ADMINISTRACION PÚBLICA (Proyecto PRAF-SALUD); y contra TANIA GRISELDA SANTOS CHIRINOS por ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de la ADMINISTRACION PÚBLICA (Proyecto PRAF-SALUD). CONSIDERANDO(3): Que el Abogado RAUL ROLANDO SUAZO BARILLAS, en su condición de Defensor Privado de los señores RAUL BARNICA SOLORZANO y JOSE ALFREDO SARMIENTO, invoca violación del Derecho de Defensa, cuestionando que en el expediente y propiamente en el Acta de Continuación de la celebración de la Audiencia de Evacuación de medios de pruebas, se recibió oficio del Ministerio Público, indicando que no dispone de los originales de los Títulos Valores cuestionados, por lo que interrogado el Perito al respecto, contestó que las fotocopias carecen de valores frafometricos y no permiten apreciar signos, rasgos y características generales e individualizantes por lo que no es posible hacer el Peritaje; por lo que se cerro la Audiencia.- También argumenta el Amparista que les causa agravio la resolución ya que violenta el Debido Proceso, el hecho de que la Honorable Corte Primera de Apelaciones en su resolución haya resuelto Declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación, que es criterio de ese Tribunal, por mayoría de votos, que concurren todos los elementos objetivos de la tipicidad penal ya que, en efecto, algunos números de tarjeta de identidad no existen o corresponden a personas distintas a aquellas a quienes se les asignó y que algunos nombres de personas a cuyo favor se emitieron los cheques no aparecen en la base de datos, lo que conduce a concluir en que al elaborarse los cheques se faltó a la verdad en la narración de los hechos, consignando como beneficiarios a personas, que no existen o que, en el menor de los casos no prestaron efectivamente sus servicios al proyecto piloto para la extensión de la cobertura en salud (PRAF- SALUD).- Amplia el Amparantista, que la resolución del Ad-quem, viola el Debido Proceso, en virtud del cual nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las facultades, derechos y garantías que la ley establece.- Ya que el Debido Proceso, garantiza y preserva no solo el hecho de ser juzgado por la autoridad judicial competente, sino, más importante, que tal juzgamiento, lo sea de acuerdo con la ley, las formalidades. Derechos y Garantías que la misma establece, en otras palabras un juicio justo sin violentar o limitar la defensa e intereses de una de las Partes en litigio; Asimismo manifiesta que La Honorable Corte Primera de Apelaciones con su resolución violenta el Debido Proceso al valorar fotocopias sin autenticar, como documentos realizados por sus poderdantes.- Se puede observar que La Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, al motivar su resolución expresa: “En el desarrollo de la Audiencia Inicial, la parte acusadora presentó como medios de prueba el Convenio de Colaboración para la Ejecución del Proyecto Piloto entre el programa de Asignación Familiar y la Secretaria de Salud (PRAF-SALUD); las impresiones Microfilmes de los cheques proporcionados por el Banco Central de Honduras; Constancia extendida por el Subgerente de Recursos Humanos de la mencionada Secretaría que varios de los Beneficiarios de los cheques, no han sido trabajadores de esa dependencia, los Acuerdos de Nombramiento de los señores RAUL BARNICA SOLORZANO Y JOSE ALFREDO SARMIENTO ZELAYA, como Secretario General y Coordinador del proyecto Piloto para la Extensión de la Cobertura en Salud (PRAF-SALUD) respectivamente; varios oficios de correspondencia cruzada entre el Ministerio Público, con el Banco Central, con el Registro Nacional de la Personas y uno del Registro Civil Municipal del Distrito Central indicando respecto de una información que les fue solicitada, que algunos números de tarjeta de identidad no existen o corresponden a personas distintas de aquellas a quienes se les asignó y que algunos nombres de personas no aparecen en la base de datos”.- Sigue argumentando la Corte De Apelaciones de Francisco Morazán, “En el caso particular, observa esta Corte que la defensa de los imputados a quienes se les imputa el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, desde el momento de celebración de la audiencia inicial atacó de apócrifas las fotocopias de los cheques presentados por el Ministerio de Salud, habiendo continuado con esta tesis en la sustanciación del recurso de apelación, que hoy se decide, reclamando la admisión de prueba en segunda Instancia lo que dio lugar al nombramiento de Perito que recayó en un Funcionario del propio Ministerio Público, quien ante la respuesta del Fiscal General de la República, indicando que no dispone de los originales de los cheques cuestionados, manifestó el Perito nombrado que no puede practicarse la pericia porque los resultados de la misma sobre simples fotocopias no producirían la verdad que se busca establecer, no obstante, en esta etapa del proceso penal en que prevalece el principio In dubio Pro Societate, luego de considerarse establecido el cuerpo del delito referido, basta el indicio racional para dictar Auto de Prisión, circunstancia que se estima acreditada, pues precisamente tales fotocopias de los cheques que fueron extraídas del Microfilm del Banco Central de Honduras, confirman el indicio de la comisión de este delito. CONSIDERANDO(4):Que la Sala de lo Constitucional estima que es correcto el criterio de la Corte de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, declarando Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por los Abogados CENDY JACQUELINE ROMERO RIVERA Y RAUL ROLANDO SUAZO BARILLAS, en su condición de defensores de los imputados, señores RAUL BARNICA SOLORZANO y JOSE ALFREDO SARMIENTO ZELAYA; en contra del los Autos de Prisión a ellos dictados el diecisiete de abril del año dos mil ocho, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán, apreciando que una vez establecido el cuerpo del delito, basta el indicio racional para dictar el Auto de Prisión.- También esta sala estima que se ha respetado el derecho de defensa al permitir a ambas partes iguales oportunidades de formular sus alegaciones y defenderlas mediante la prueba de los hechos fundamentadores y de la proposición de los correspondientes argumentos jurídicos, garantizando el principio procesal de contradicción.- Igual se ha respetado el debido proceso, garantía que se enmarcan en el principio de juez legal, el cual responde a la necesidad de que, una vez reconocido el derecho de la tutela judicial, se ha determinado ante que órgano jurisdiccional se puede reclamar dicha tutela; principio que se considera como elemento esencial del debido proceso, pues, lo primero en efecto, que define la legalidad del proceso es la legitimidad del juez, y esa legitimidad esta dada por la natural competencia que la constitución le ha asignado. CONSIDERANDO(5): Que por todo lo expuesto por esta Sala y no constando en autos violación constitucional alguna de las alegadas por el recurrente, es procedente denegar el Recurso de Amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª; 316 No. 1, 321, 323 de La Constitución de la República; 1, 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No. 2, 4, 5, 7, 9 No. 2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RAUL ROLANDO SUAZO BARILLAS, en su condición de defensor de los imputados…RAUL BARNICA SOLORZANO Y JOSE ALFREDO SARMIENTO ZELAYA, contra la resolución dictada por La Honorable Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de junio del año dos mil ocho, mediante la cual CONFIRMO la resolución del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se procedió a dictarles Auto de Prisión, a los señores RAUL BARNICA SOLORZANO y JOSE ALFREDO SARMIENTO, por los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y FRAUDE, en perjuicio de la FE PÚBLICA Y LA ADMINISTRACION PÚBLICA.- Y MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado GUTIERREZ NAVAS.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. COORDINADORA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el dieciséis de octubre de dos mil nueve, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de agosto de dos mil nueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 469-P585=08.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA CONSTITUCIONAL