Sentencia AP-460-08 — Registro 3821
Resumen
Resolución recurrida omite pronunciarse sobre la supuesta falta de legitimación del Ministerio Público para incoar la acción penal de orden privado como vicio de nulidad absoluta
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
" Que con respecto al segundo hecho, viciado de nulidad absoluta a criterio del impetrante, por la supuesta falta de legitimación del Ministerio Público para incoar la acción por el delito de ESTAFA, en virtud de no haber otorgado la victima (Banco HSBC), una autorización por escrito al Ministerio Público para incoar la acción, esta Sala se manifiesta a continuación. La falta de legitimación del Ministerio Público, en efecto, constituye una causa de nulidad absoluta que llega al extremo de vulnerar derechos fundamentales, como el derecho fundamental a ser juzgado de acuerdo a las formalidades y mediante los procedimientos que la ley establece, es decir el derecho a un debido proceso. El Estado a través del ente acusador, se involucraría en una decisión exclusiva de la victima, y consecuentemente se daría relevancia penal a hechos que solo interesan a particulares. Así las cosas, queda en un segundo plano el momento procesal oportuno para plantear una nulidad absoluta proveniente de una acción penal incoada por el Ministerio Público sin la legitimación necesaria, y adquiere absoluta relevancia el saneamiento del proceso. " Que la sala de lo Constitucional observa que la Corte de Apelaciones, no se pronuncia sobre todos los puntos alegados por el recurrente, y se limita a señalar que en vista de haberse planteado la nulidad extemporáneamente se declara sin lugar la apelación y se confirma la resolución apelada. Esa respuesta vulnera el derecho fundamental a obtener una sentencia con una motivación suficiente que resuelva los puntos litigiosos planteados. Además de lo anterior, esgrime la alzada que, independientemente que se hayan cometido o no las infracciones al procedimiento señaladas, sino se respeta el momento procesal oportuno para incoar la nulidad, es procedente denegarla, la respuesta a este ultimo planteamiento esta contenida en el considerando anterior. Se señala que la alzada debió pronunciarse sobre la legitimación o no del Ministerio Público, ya que dicha omisión podría dar pie, en su caso, a las vulneraciones antes indicadas. " Que se considera que la Corte de Apelaciones recurrida, ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, en tanto no ha dado una respuesta completa a los agravios plateados, por lo que es procedente otorgar el recurso de amparo para efecto de que se dicte una sentencia congruente con lo peticionado."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Código Procesal Penal, art. 350 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA:La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de julio del año dos mil nueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN FRANCISCO ZAVALA CANALES, a favor de la señora ISELA MARGOTH AYALA MARTINEZ, hondureña, mayor de edad, soltera y con domicilio en el Barrio Nueva Esperanza, municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha trece de agosto del año dos mil ocho, que confirmó el auto dictado por el Juzgado de Letras Primero Seccional de Danlí, departamento de El Paraíso, en fecha veintiocho de febrero del año dos mil ocho; con relación a la causa instruida contra la señora ISELA MARGOTH AYALA MARTINEZ, por considerarla responsable de los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PRIVADOS Y HURTO AGRAVADO CONTINUADO, en perjuicio del BANCO GRUPO AHORRO HONDUREÑO, S.A. “BGA”, ahora BANCO HSBC HONDURAS, S.A. “HSBC”. ANTECEDENTES 1) Que en fecha quince de noviembre del año dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras Primero Seccional de Danlí, departamento de El Paraíso, la Licenciada YENY LORENA VEGA NAJERA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra la señora ISELA MARGOTH AYALA MARTINEZ, por considerarla responsable de los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PRIVADOS Y HURTO AGRAVADO CONTINUADO, en perjuicio del BANCO GRUPO AHORRO HONDUREÑO, S.A. “BGA”, ahora BANCO HSBC HONDURAS, S.A. “HSBC”, siendo el mismo admitido mediante Auto de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil siete. 2) Que en fecha veintiocho de febrero del dos mil ocho, el Juzgado Instructor, declaró sin lugar por extemporánea la Nulidad Absoluta de Actuaciones a partir e inclusive del Auto de Admisión, planteada por el Abogado JUAN FRANCISCO ZAVALA CANALES, en su condición de Apoderado Legal de la señora ISELA MARGOTH AYALA MARTINEZ, por considerar que debió haberse planteado la nulidad referida a la falta de consignación del número de colegiación profesional de la Fiscal del Ministerio en el Requerimiento Fiscal, en la Primera Audiencia, es decir en la Audiencia de Declaración de Imputado, constatándose de autos que ya se celebró la Audiencia Inicial; fundamentando su decisión en el artículo 167 del Código Procesal Penal. 3) Que en fecha trece de agosto del año dos mil ocho, la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUAN FRANCISCO ZAVALA CANALES, en su condición indicada, y confirmó la providencia que se deja relacionada en el inciso que precede, por considerar que procedía denegar de plano la nulidad planteada, en virtud de que independientemente de que se hayan cometido o no infracciones al procedimiento, la nulidad se impetró de manera extemporánea, habiendo transcurrido no solo la primera audiencia, sino también la Audiencia Inicial; citando como fundamento jurídico de su decisión el artículo 167 del Código Procesal Penal. 4) El recurrente Abogado JUAN FRANCISCO ZAVALA CANALES, compareció ante este Tribunal, en fecha diez de septiembre del año dos mil ocho, reclamando amparo a favor de la señora ISELA MARGOTH AYALA MARTINEZ, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha trece de agosto del año dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (1): Que se conoce del recurso de amparo interpuesto por el abogado JUAN FRANCISCO ZAVALA CANALES a favor de la señora ISELA MARGOTH AYALA MARTINEZ, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de esta sección judicial, en fecha trece de agosto de dos mil ocho, la que confirma la resolución emitida por el Juzgado Primero de Letras seccional de Danlí, Departamento de El Paraíso el veintiocho de febrero de dos mil ocho, en el proceso instruido por el Ministerio Público en contra de la ahora recurrente ISELA MARGOTH AYALA MARTINEZ, por considerarla responsable de la comisión de los delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS Y HURTO AGRAVADO CONTINUADO en perjuicio del BANCO GRUPO AHORRO HONDUREÑO ahora Banco HSBC, HONDURAS S.A. CONSIDERANDO (2): Que en el decurso de la causa criminal incoada, consta la celebración de la audiencia inicial en fecha diecinueve de diciembre de dos mil siete (ver folio 321-) en la cual comparece el Ministerio Público ratificando el requerimiento fiscal incoado por los delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS Y HURTO, así como el acusador privado apoderado del Banco HSBC, Abogado Jeovany Joel Hernández Sánchez, quien ratificó el requerimiento fiscal solamente por el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS, y no así con respecto al delito de HURTO, manifestando que el hecho cometido debe calificarse como ESTAFA CONTINUADA. El Juez de instrucción, decretó auto de prisión en contra de la imputada ISELA MARGOTH AYALA MARTINEZ, por el delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio del Banco HSBC HONDURAS, S. A., y sobreseyó la causa con respecto al delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS, decisión jurisdiccional que fue objeto de apelación. CONSIDERANDO (3): Que la Apoderada Judicial de la imputada, en el momento procesal previo a la audiencia preliminar, opuso un incidente de nulidad absoluta de actuaciones, desde el auto de admisión de la demanda, en base a los siguientes hechos: 1.- La fiscal omitió en el requerimiento fiscal consignar su número de colegiación profesional y con ello violenta lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras y el Artículo 13 del Reglamento de dicha Ley los que mandan que ningún Juzgado podrá darle trámite a demandas, contestaciones o primeros escritos que se presenten, sino se consigna el número de colegiación profesional obligatoria en vista de que dicha omisión acarrea nulidad absoluta de actuaciones. 2.- Sostiene como fundamento principal para que se decrete la nulidad absoluta, el hecho de que el ente acusador no contó con la legitimación de la supuesta victima para haber presentado el requerimiento fiscal, en vista de que el delito de ESTAFA es un delito que se persigue a instancia de particular. Expone que el Ministerio Público, debió contar con una autorización del Banco HSBC, extendida por el representante legal de la institución bancaria, previo a incoar la acción penal. CONSIDERANDO (4): Que el Juez de instrucción declaró sin lugar lo solicitado por extemporáneo, y explica que la nulidad peticionada por la omisión de indicación de número de colegiación profesional en el requerimiento fiscal, debió haberse planteado en la primera audiencia del proceso, es decir en la audiencia de declaración de imputado, y no después de haberse celebrado la audiencia inicial. Este auto dictado el veintiocho de febrero de dos mil ocho fue conocido por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quien en el acápite de su sentencia “motivación probatoria y jurídica”, se limita a manifestar que “…independientemente de que se hayan cometido o no las infracciones al procedimiento señaladas, la nulidad se impetró de manera extemporánea, cuando ya había transcurrido no solo la primera audiencia, sino también la Audiencia Inicial, lo que hace procedente, por economía procesal, denegarla de plano.” CONSIDERANDO (5): Que el tema a analizar, como consecuencia de la respuesta emitida por el tribunal de alzada, radica en que si el respeto irrestricto a los momentos procesales establecidos en la norma procesal penal para la interposición de nulidades, impide entrar a analizar una posible vulneración a derechos fundamentales. En el caso de autos, como quedó dicho, el planteamiento de la nulidad es por dos razones, la primera: la falta de indicación del número de colegiación del Colegio de Abogados de Honduras, omisión subsanable en base al artículo 9 del Código Procesal Penal, que de modo alguno trae como consecuencia una nulidad absoluta, y, aun y cuando así lo establezca una ley, ésta contraría la finalidad del proceso penal, cual es la realización pronta y efectiva de la justicia penal. Con respecto a la primera causal de nulidad, aun y cuando se hubiera interpuesto en el momento procesal oportuno, no hubiera progresado. CONSIDERANDO (6): Que con respecto al segundo hecho, viciado de nulidad absoluta a criterio del impetrante, por la supuesta falta de legitimación del Ministerio Público para incoar la acción por el delito de ESTAFA, en virtud de no haber otorgado la victima (Banco HSBC), una autorización por escrito al Ministerio Público para incoar la acción, esta Sala se manifiesta a continuación. La falta de legitimación del Ministerio Público, en efecto, constituye una causa de nulidad absoluta que llega al extremo de vulnerar derechos fundamentales, como el derecho fundamental a ser juzgado de acuerdo a las formalidades y mediante los procedimientos que la ley establece, es decir el derecho a un debido proceso. El Estado a través del ente acusador, se involucraría en una decisión exclusiva de la victima, y consecuentemente se daría relevancia penal a hechos que solo interesan a particulares. Así las cosas, queda en un segundo plano el momento procesal oportuno para plantear una nulidad absoluta proveniente de una acción penal incoada por el Ministerio Público sin la legitimación necesaria, y adquiere absoluta relevancia el saneamiento del proceso. CONSIDERANDO (7): Que la sala de lo Constitucional observa que la Corte de Apelaciones, no se pronuncia sobre todos los puntos alegados por el recurrente, y se limita a señalar que en vista de haberse planteado la nulidad extemporáneamente se declara sin lugar la apelación y se confirma la resolución apelada. Esa respuesta vulnera el derecho fundamental a obtener una sentencia con una motivación suficiente que resuelva los puntos litigiosos planteados. Además de lo anterior, esgrime la alzada que, independientemente que se hayan cometido o no las infracciones al procedimiento señaladas, sino se respeta el momento procesal oportuno para incoar la nulidad, es procedente denegarla, la respuesta a este ultimo planteamiento esta contenida en el considerando anterior. Se señala que la alzada debió pronunciarse sobre la legitimación o no del Ministerio Público, ya que dicha omisión podría dar pie, en su caso, a las vulneraciones antes indicadas. CONSIDERANDO (8): Que se considera que la Corte de Apelaciones recurrida, ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, en tanto no ha dado una respuesta completa a los agravios plateados, por lo que es procedente otorgar el recurso de amparo para efecto de que se dicte una sentencia congruente con lo peticionado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 69, 80, 82, 89, 90, 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 322, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 3, 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 18, 24, 25 y 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 350 del Código Procesal Penal; FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado CHINCHILA BANEGAS. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. COORDINADORA. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. JORGE ALBERTO RIVERA AVILES. JORGE REYES DIAZ. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el dieciséis de septiembre de dos mil nueve, certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de julio de dos mil nueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 460-P567=08.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA CONSTITUCIONAL
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