Sentencia AP-308-06 — Registro 3808
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó responsabilidad solidaria de impetrante como consecuencia de ilícitos culposos y claramente establece la negligencia por parte del conductor del cabezal que ocasiono colisión y la falta de señalización del carretón propiedad de impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"esta Sala observa que el amparista fuera de su tesis jurídica puntualiza algunas irregularidades de instancia, es decir, del Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, Cortés, en la cual él como apoderado defensor de la Sociedad Mercantil demandada, Azucarera del Norte, S.a., tuvo toda la participación plena, ejerciendo toda actividad atinente a la defensa técnica en el decurso de la acción civil desarrollada en el Juzgado de Ejecución, amén de ello, no se pone en duda y esta Sala así lo entiende, que la Sociedad Mercantil demandada era titular dominical del carretón que se desplazaba cargado de caña de azúcar la noche del veinticuatro de abril de dos mil cuatro, en el sector de la Aldea Guacamaya, Jurisdicción de El Progreso, Yoro, unido a un cabezal color blanco, con placa 3164, conducido por el señor Mario Ulises Sosa García, carretón que no se le colocó una cinta reflectiva o foco que permitiera la visibilidad, porque tal como se estima en el hecho probado de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, el cabezal con el carretón cargado ingresó a la calzada principal sin ceder derecho preferente, a consecuencia de lo cual, el vehículo que manejaba el señor Sergio Rolando López y en el que viajaba su propietario, el señor José Rolando Lemus Ortega, fue a impactar contra éste, ocasionando lesiones físicas y daños al vehículo en que viajaban los señores López y Lemus. D) Para arribar a la existencia de responsabilidad solidaria de la demandada Azucarera del Norte, S.A., vale decir, si fue legítimamente demandada, conviene establecer la relación contractual entre el señor Carlos Andrés Puerto Fuentes con la propietaria del vehículo cabezal color blanco, placa PAR-3164, la señora Ercilia Peña y con la demandada Azucarera del Norte, S.A., así como la relación con el referido señor Puerto Fuentes, así las cosas, el amparista ilustra en su escrito de Recurso Extraordinario dicho extremo, al afirmar lo siguiente: “…La señora Ercilia Peña, la cual dio en arrendamiento este vehículo al señor Carlos Andrés Puerto Fuentes, quien tiene un contrato de acarreo de caña con mi representada…” efectivamente consta de autos que en Inspección Judicial practicada en las oficinas de la Empresa Azucarera del Norte, S.A., se determinó que dicha Empresa tiene entre sus activos, un carretón número 588 para 20 toneladas de carga y que fue puesto a disposición del contratista de transporte Carlos Andrés Puerto Fuentes, mercede a un Contrato Privado suscrito el quince de febrero de dos mil tres, contentivo de las normativas de seguridad de AZUNOSA, haciendo responsable al contratista de cualquier incumplimiento, asimismo consta que en dicho carretón impactó el vehículo Jeep Cherokee en que viajaba el demandante el día del accidente, vehículo de su propiedad. E) El artículo 11, Decreto 117 (sobre Tránsito Terrestre), establece en lo conducente lo siguiente: “El conductor de un vehículo, será responsable de los daños y perjuicios que se deriven de un accidente ocurrido por su culpa. El dueño de vehículo que permitiere que lo conduzca una persona que carezca de licencia de conductor y todos aquellos que con cualquier título explotaren vehículos dedicados al transporte remunerado de pasajeros o de carga, o que los utilizaren en una empresa industrial o comercial, responderán solidariamente con el conductor, de los daños y perjuicios que se consignaren en un accidente de que éste sea culpable…” No cabe duda que el cabezal que provocó el accidente no es propiedad de la Azucarera del Norte, S.A., y que el conductor no era empleado de dicha empresa, pero que el carretón que chocó con el Jeep Cherokee propiedad del demandante, dicho carretón si es propiedad de la Empresa AZUNOSA. Sin embargo, existe un Contrato Privado (visible a folio 125), en el que se establece (Contratante, AZUNOSA, Contratista, Carlos Andrés Puerto Fuentes), de que si para la realización de los servicios indicados en el presente Contrato Privado, necesitare el Contratista la cooperación o ayuda de terceros en el cumplimiento de las obligaciones provenientes de este contrato, éstos estarán bajo su responsabilidad o riesgo en cuanto a salario, riesgos profesionales, prestaciones e indemnizaciones legales y todo lo que puedan tener derecho de conformidad con el Código de Trabajo. Igualmente el Contratista será responsable de cualquier riesgo pasado, presente y futuro, que pueda ocurrir bajo este concepto, vinculado a las cláusulas convencionales expuestas, se concluye que la Empresa Azucarera del Norte, S.A., es responsable solidaria, con el conductor del cabeza, toda vez que se encuentra plenamente establecido que el carretón propiedad de dicha empresa al momento del accidente estaba unido al cabezal y contra la cual impactó el vehículo del demandante. Amén de lo expuesto en la cláusula de exoneración de responsabilidad por cualquier riesgo pasado, presente, futuro que pueda ocurrir mientras el contratista presta el servicio de transporte de caña no surte efectos frente a terceros, sino que sólo entre las partes contratantes, así lo prescribe el artículo 1549 del Código Civil. F) Si bien consta de que la Acción Civil de Indemnización de Daños y Perjuicios, sólo fue citado y emplazado uno de los demandados, la Sociedad Mercantil Azucarera del Norte, S.A., no es menos cierto que conforme lo dispuesto en el artículo 1403 del Código Civil, el acreedor puede dirigir su acción contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por ello pueda oponérsele el beneficio de división.
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Código Civil, art. 1403 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1346 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1549 (Jerarquía Ordinaria)
- Decreto 117 sobre Tránsito Terrestre, art. 11 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 105 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de diciembre de dos mil nueve.VISTA: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NORMAN ENRIQUE MEJIA OROZCO, a favor de la Empresa AZUCARERA DEL NORTE S.A., del domicilio de el Progreso, Yoro, contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, Cortes, en fecha tres de mayo del año dos mil seis. La que confirma la sentencia dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el día doce de septiembre de dos mil cinco. ANTECEDENTES 1) Que en fecha seis de abril del año dos mil cinco, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, el señor JOSE DONALDO LEMUS ORTEGA, promoviendo demanda por la vía de apremio para la ejecución de sentencia condenatoria firme, contra MARIO ULISES SOSA GARCIA y MARIO HERNANDEZ, en su condición de Gerente de la AZUCARERA DE NORTE (AZUNOSA) S.A., para que previo los tramites de ejecución de sentencia penal condenatoria y firme se les ordene responder por la indemnización de perjuicios, daños morales, psicológicos y económicos que se estiman en la cantidad de LPS 976,698.71 (NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS), mas las costas del juicio.-2) Que en fecha doce de septiembre del año dos mil cinco, el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, falló declarando con lugar la demanda civil para la indemnización de daños promovida por el señor JOSE DONALDO LEMUS ORTEGA contra MARIO ULISES SOSA GARCIA en su condición de responsable directo y contra la sociedad AZUCARERA DEL NORTE S.A., representada por el señor MARIO HERNANDEZ en su condición de Gerente General de la demandada y condeno a la referida empresa a pagar la cantidad de LPS 826,698.71 (OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y UN LEMPIRAS), absolviendo a la parte demandada del pago de los daños morales y psicológicos y condenó en costas al demandado por considerar que la sentencia firme emanada por el Tribunal de Sentencias de esta Sección Judicial tiene carácter de Título Ejecutivo y claramente establece la negligencia por parte del conductor del cabezal y la falta de señalización del carretón propiedad de AZUNOZA; y que si bien es cierto, el cabezal no es propiedad de la parte demandada, no es menos cierto, que la colisión fue provocada por la omisión en el señalamiento de sus carretones, fundamentando su decisión en los artículos 432, 437, 438 y 440 del Código Procesal Penal.- 3) Que en fecha tres de mayo del año dos mil seis, la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés falló declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado NORMAN ENRIQUE MEJIA OROZCO contra la sentencia definitiva de fecha doce de septiembre del año dos mil cinco y confirmando la misma por considerar que la empresa AZUCARERA DE NORTE S.A. de C.V, es solidariamente responsable con el conductor del cabezal, porque es la propietaria del carretón que en el momento del accidente estaba unido al cabezal y contra el cual chocó el demandante, además la cláusula de exoneración de responsabilidad por cualquier riesgo pasado, presente o futuro que pueda ocurrir mientras el contratista presta el servicio de caña, que contiene el contrato, no surte efectos frente a terceros, sino solo entre los contratantes: la empresa AZUNOSA y CARLOS ANDRES PUERTO FUENTES; Fundamentando su decisión en los artículos: 11 decreto 117 y en el articulo 1403 del Código Civil 5) El recurrente Abogado NORMAN ENRIQUE MEJIA OROZCO, compareció ante este Tribunal, el ocho de mayo de dos mil seis, reclamando amparo a favor de la empresa AZUCARERA DEL NORTE S.A., afirmando que la decisión del Ad Quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 321, 323 párrafo primero y 325 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que el recurso de mérito fue interpuesto por el abogado NORMAN ENRIQUE MEJIA OROZCO, Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil “AZUCARERA DEL NORTE” SOCIEDAD ANONIMA, mediante el cual el amparista lo interpone contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, el tres de mayo de dos mil seis, conociendo vía apelación y mediante la cual confirma la sentencia definitiva dictada el doce de septiembre de dos mil cinco, por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Tribunal que declara con lugar la demanda civil para la indemnización de daños promovida por el señor JOSE DONALDO LEMUS ORTEGA, contra MARIO ULISES SOSA GARCIA, en su condición de responsable directo y contra la sociedad AZUCARERA DEL NORTE, S.A., representada por MARIO HERNANDEZ, en su condición de Gerente General de dicha sociedad mercantil y condena a ésta última a pagar la cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCYO LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (L. 826,698.71), por daños morales y psicológicos y condena en costas al demandado. CONSIDERANDO: Que esta Sala observa que nace la fuente de la obligación, que produjo la sentencia del Juzgado de Ejecución y que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, vía apelación interpuesta por el apoderado de Azucarera del Norte S.A., de la acción promovida por el señor José Donaldo Lemus Ortega, ante el Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, contentiva de demanda civil de apremio contra Mario Ulises Sosa García y la Compañía Azucarera; documento acompañado, fallo condenatorio dictado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula y que el Juzgado de Ejecución conoció de dicha demanda en base a lo dispuesto en los artículos 432, 433 y demás del Procedimiento Especial para deducir responsabilidad civil del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO: Que básicamente los elementos fácticos y jurídicos que invoca el recurrente en este caso, el apoderado de Azucarera del Norte, S.A., en soporte de su Amparo, son los siguientes: 1) Afirma que el fallo del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés, fuente de la obligación o fundamento de la demanda civil de Apremio instaurada contra su representada, se refiere a condena a Mario Ulises García por Lesiones Culposas y Daños Culposos en concurso ideal en perjuicio de Sergio Rolando López y José Donaldo Lemus, a la pena de dos años de reclusión, como pena principal, accesoria de Interdicción Civil y asimismo se declara al condenado responsable civilmente del importe de la reparación de daños causados por el delito. El amparista argumenta que no se menciona a su representada en ningún momento. Al respecto esta Sala transcribe para un mejor estudio de la Acción Extraordinaria el único hecho probado del fallo dictado por el Juzgado de Ejecución de la cual infiere la causa del accidente que ocasionó las lesiones y daños y que conforme las alegaciones del demandante José Donaldo Lemus, y que ilustra la dinámica del hecho culposo fuente de la obligación que se acompañó a la demanda civil de Apremio indicada; la que se ilustra en el considerando seis del fallo definitivo proferido por el Juzgado de Ejecución el doce de septiembre de dos mil cinco, que literalmente dice: “El día jueves veinticuatro de abril del año dos mil cuatro en horas de la noche, en el sector de la Aldea de Guacamaya, Jurisdicción de El Progreso, Yoro, por desvío de la finca de Azucarera AZUNOSA, se transportaba el señor Mario Ulises Sosa García en un cabezal, color blanco, con placa 3164, el cual llevaba en la parte trasera un carretón cargado de caña que pertenecía a la Empresa Azucarera AZUNOSA, al cual el acusado no le colocó cinta reflectora o algún reflector o foco que permitiera la visibilidad del mismo, el acusado al llegar al cruce de la calzada principal ingresó a la misma sin ceder el derecho preferente debido a lo cual el vehículo tipo camioneta, marca Jeep, color verde, con placas PBL 5879 que manejaba el señor Sergio Rolando López y en el cual viajaba el propietario de dicho vehículo, el señor José Donaldo Lemus Ortega, fue a chocar contra éste, resultando los mismos con lesiones en sus cuerpos que les causaron incapacidad por el término de sesenta días y daños en el vehículo en que viajaban los señores López y Lemus.” 2) Del anterior Hecho Probado, señala el amparista, lo único que vincula a su representada es que el cabezal llevaba en la parte trasera un carretón cargado de caña que pertenecía a la Empresa AZUNOSA (mi representada), pero el vehículo o cabezal con que se produjo el accidente no le pertenece. En la formalización del recurso, el censor argumenta, que si bien es cierto en los hechos probados el Tribunal de Sentencia señala que el cabezal en la parte trasera traía un carretón cargado de caña que pertenecía a la Empresa AZUNOSA), también es cierto que el hecho que el carretón sea propiedad de mi representada (cosa que no se ha negado nunca), no quiere decir que el carretón causó el accidente, ya que el carretón por si solo no puede movilizarse ni mucho menos tiene su propio motor que lo movilice manipulado por un conductor, es menester que sea arrastrado por un vehículo automotriz, el cual fue el que ha causado el accidente y que fue manejado por el señor Mario Ulises Sosa García y que como se señala anteriormente, pertenece a la señora Arcilia Peña (o Ercilia Peña) y nunca propiedad de mi representada. Asimismo estima que la misma no tiene responsabilidad pues el artículo 11, Decreto Ley 117, expresa que son solidarios en un accidente de vehículo el dueño del mismo para con el conductor que produjo el accidente, extremos que no abarca ni comprende a la Azucarera del Norte S.A., toda vez que el carretón no es un vehículo. CONSIDERANDO: Que esta Sala al respecto observa lo siguiente: A) El censor afirma que se han violado a su representada, la Sociedad Mercantil Azucarera del Norte, S.A., el Derecho sagrado de Defensa, dado que se les está condenando con el fallo impetrado dictado por la Corte de Apelaciones de San Pedro sula, que ratifica lo fallado por el Juzgado de Ejecución a pagar una indemnización que no es responsabilidad de ella, ni siquiera es parte de los que incurren en la responsabilidad, en lo referente a ello esta Sala acepto que todo aquel que incurra en responsabilidad penal por un delito o falta, lo es también civilmente, disposición establecida en el artículo 105 del Código Penal, sin embargo el artículo 433 del Código Procesal Penal relativo al procedimiento para deducir responsabilidad civil, determina que la demanda civil, “deberá ser dirigida contra los condenados, contra los responsables civilmente según lo dispuesto en el Código Penal o contra terceros que, por previsión legal o relación contractual, son responsables civilmente como consecuencia de la conducta de que se conoció en el respectivo proceso”; este último presupuesto es el atinente a la Sociedad Mercantil Azucarera del Norte S.A., que cuestiona el recurrente en lo atinente a la sentencia definitiva del Ad-quem, que ratifica la sentencia del A-quo, el Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula, Cortés. B) La Sociedad Mercantil mencionada objeto de la Demanda Civil de Indemnización por vía de Apremio que le instaurara el señor José Donaldo Lemus Ortega, ante el Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 437 del Código Procesal Penal, esencialmente cuestionando al referido acto en cuanto esa demanda dirigida contra su Representada era improcedente habida cuenta que en legítimo derecho carecía de propia responsabilidad en la comisión del ilícito culposo, fuente de la obligación, pues alega que el vehículo que colisionó con el vehículo propiedad del señor Lemus Ortega, no era de su propiedad sino de la señora Arcilia Peña (o Ercilia Peña) y que era conducido por el condenado Mario Ulises Sosa García y que lo único que era propiedad de su representada era el carretón unido al cabezal, por lo que de plano la responsabilidad solidaria por los daños emergentes era atribuible al titular del vehículo o cabezal y al conductor del mismo al amparo del artículo 11, Decreto Ley 117. C) Para mayor abundamiento, esta Sala observa que el amparista fuera de su tesis jurídica puntualiza algunas irregularidades de instancia, es decir, del Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, Cortés, en la cual él como apoderado defensor de la Sociedad Mercantil demandada, Azucarera del Norte, S.a., tuvo toda la participación plena, ejerciendo toda actividad atinente a la defensa técnica en el decurso de la acción civil desarrollada en el Juzgado de Ejecución, amén de ello, no se pone en duda y esta Sala así lo entiende, que la Sociedad Mercantil demandada era titular dominical del carretón que se desplazaba cargado de caña de azúcar la noche del veinticuatro de abril de dos mil cuatro, en el sector de la Aldea Guacamaya, Jurisdicción de El Progreso, Yoro, unido a un cabezal color blanco, con placa 3164, conducido por el señor Mario Ulises Sosa García, carretón que no se le colocó una cinta reflectiva o foco que permitiera la visibilidad, porque tal como se estima en el hecho probado de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, el cabezal con el carretón cargado ingresó a la calzada principal sin ceder derecho preferente, a consecuencia de lo cual, el vehículo que manejaba el señor Sergio Rolando López y en el que viajaba su propietario, el señor José Rolando Lemus Ortega, fue a impactar contra éste, ocasionando lesiones físicas y daños al vehículo en que viajaban los señores López y Lemus. D) Para arribar a la existencia de responsabilidad solidaria de la demandada Azucarera del Norte, S.A., vale decir, si fue legítimamente demandada, conviene establecer la relación contractual entre el señor Carlos Andrés Puerto Fuentes con la propietaria del vehículo cabezal color blanco, placa PAR-3164, la señora Ercilia Peña y con la demandada Azucarera del Norte, S.A., así como la relación con el referido señor Puerto Fuentes, así las cosas, el amparista ilustra en su escrito de Recurso Extraordinario dicho extremo, al afirmar lo siguiente: “…La señora Ercilia Peña, la cual dio en arrendamiento este vehículo al señor Carlos Andrés Puerto Fuentes, quien tiene un contrato de acarreo de caña con mi representada…” efectivamente consta de autos que en Inspección Judicial practicada en las oficinas de la Empresa Azucarera del Norte, S.A., se determinó que dicha Empresa tiene entre sus activos, un carretón número 588 para 20 toneladas de carga y que fue puesto a disposición del contratista de transporte Carlos Andrés Puerto Fuentes, mercede a un Contrato Privado suscrito el quince de febrero de dos mil tres, contentivo de las normativas de seguridad de AZUNOSA, haciendo responsable al contratista de cualquier incumplimiento, asimismo consta que en dicho carretón impactó el vehículo Jeep Cherokee en que viajaba el demandante el día del accidente, vehículo de su propiedad. E) El artículo 11, Decreto 117 (sobre Tránsito Terrestre), establece en lo conducente lo siguiente: “El conductor de un vehículo, será responsable de los daños y perjuicios que se deriven de un accidente ocurrido por su culpa. El dueño de vehículo que permitiere que lo conduzca una persona que carezca de licencia de conductor y todos aquellos que con cualquier título explotaren vehículos dedicados al transporte remunerado de pasajeros o de carga, o que los utilizaren en una empresa industrial o comercial, responderán solidariamente con el conductor, de los daños y perjuicios que se consignaren en un accidente de que éste sea culpable…” No cabe duda que el cabezal que provocó el accidente no es propiedad de la Azucarera del Norte, S.A., y que el conductor no era empleado de dicha empresa, pero que el carretón que chocó con el Jeep Cherokee propiedad del demandante, dicho carretón si es propiedad de la Empresa AZUNOSA. Sin embargo, existe un Contrato Privado (visible a folio 125), en el que se establece (Contratante, AZUNOSA, Contratista, Carlos Andrés Puerto Fuentes), de que si para la realización de los servicios indicados en el presente Contrato Privado, necesitare el Contratista la cooperación o ayuda de terceros en el cumplimiento de las obligaciones provenientes de este contrato, éstos estarán bajo su responsabilidad o riesgo en cuanto a salario, riesgos profesionales, prestaciones e indemnizaciones legales y todo lo que puedan tener derecho de conformidad con el Código de Trabajo. Igualmente el Contratista será responsable de cualquier riesgo pasado, presente y futuro, que pueda ocurrir bajo este concepto, vinculado a las cláusulas convencionales expuestas, se concluye que la Empresa Azucarera del Norte, S.A., es responsable solidaria, con el conductor del cabeza, toda vez que se encuentra plenamente establecido que el carretón propiedad de dicha empresa al momento del accidente estaba unido al cabezal y contra la cual impactó el vehículo del demandante. Amén de lo expuesto en la cláusula de exoneración de responsabilidad por cualquier riesgo pasado, presente, futuro que pueda ocurrir mientras el contratista presta el servicio de transporte de caña no surte efectos frente a terceros, sino que sólo entre las partes contratantes, así lo prescribe el artículo 1549 del Código Civil. F) Si bien consta de que la Acción Civil de Indemnización de Daños y Perjuicios, sólo fue citado y emplazado uno de los demandados, la Sociedad Mercantil Azucarera del Norte, S.A., no es menos cierto que conforme lo dispuesto en el artículo 1403 del Código Civil, el acreedor puede dirigir su acción contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por ello pueda oponérsele el beneficio de división. G) Por las razones expuestas, es visto que no se ha violado la garantía constitucional de Defensa, contemplada en el artículo 82 constitucional, pues se llega a colegir, con el estudio de los autos, que la Sociedad Mercantil Azucarera del Norte, S.A., ha tenido toda la defensa técnica y con las motivaciones argumentadas por esta Sala de lo Constitucional, no se le quebrantó el Debido Proceso (Artículo 90 párrafo primero), pues se le ha juzgado con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, pues si bien se ha fallado en su contra condenándole al pago de cantidad de lempiras, no es menos cierto como bien lo expone la sentencia definitiva censurada dictada por el Juzgado de Ejecución de S.an Pedro Sula, que tuvo como fuente de obligación al amparo del artículo 1346 del Código Civil por hechos ilícitos culposos generados por un cabezal arrendado por el señor Carlos Andrés Puerto Fuentes, quien a su vez suscribió Contrato Privado con la Empresa demandada, Azucarera del Norte S.A., con cláusulas contractuales únicamente válidas entre los contratantes, Sociedad Mercantil que le suministró un carretón de su propiedad el cual formaba una sola unidad al instante del choque con el vehículo Jeep Cherokee, propiedad del demandante, José Donaldo Lemus Ortega, por lo que existía un vínculo de solidaridad de dicha empresa derivado de los daños físicos y materiales como consecuencia del accidente, pues la responsabilidad solidaria o las cláusulas del contrato sólo tienen efecto entre los contratantes y no contra terceros, el artículo 11 Decreto 117, es más que elocuente al afirmar que la responsabilidad de los daños que se deriven de un accidente comprende también a todos aquellos que con cualquier título explotaren vehículos dedicados al transporte remunerado de pasajeros o de carga o que utilizaren en una empresa industrial o comercial, responderán solidariamente con el conductor, de los daños y perjuicios que se consignaren de un accidente de que éste sea culpable. CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional, por lo motivado en el presente fallo, deniega la garantía constitucional de Amparo interpuesta por el abogado Norman Enrique Mejía Orozco, como Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil Azucarera del Norte S.A., contra las actuaciones de la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 3 No. 2, 5, 7, 9 No. 2, 41, 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 432, 433, 437, 438 del Código Procesal Penal; 1346, 1348, 1360, 1365, 1403, 1539 y 1549 del Código Civil; 11 del Decreto 117 sobre Tránsito Terrestre, FALLA: DENEGAR la garantía constitucional de Amparo, interpuesta por el abogado NORMAN ENRIQUE MEJIA OROZCO, como Apoderado Legal de la Azucarera del Norte, S.A., contra las actuaciones de la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en la sentencia de fecha tres de mayo de dos mil seis. MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los fines legales consiguientes. Redactó el Magistrado RUIZ GAEKEL. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. COORDINADORA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el nueve de febrero de dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha tres de diciembre de dos mil nueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 308-P427-P434=06.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA CONSTITUCIONAL