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Sentencia AP-296-07 — Registro 3806

Resumen

No obstante de estar pendiente recurso de apelación de hecho ante la Corte de Apelaciones,contra auto denegatorio de petición de suspensión de audiencia de conciliación y prueba por juez de ejecución ,éste llevo a cabo la misma,sin esperar que se resolviera dicho recurso y omitiendo notificación a recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional, luego de estudiar la demanda de amparo y sus antecedentes, constata que el auto emitido por el Juzgado de Ejecución de fecha catorce de diciembre del año dos mil seis, y por el cual se deniega la suspensión de la audiencia señalada para el día quince de diciembre de ese mismo año, a las ocho con treinta minutos de la mañana, el mismo no fue notificado a las partes, pues tal resolución se hizo con la fórmula CUMPLASE; situación procesal irregular que si bien es cierto es una cuestión de forma, ha creado una situación que afecta el fondo del asunto, creando consecuentemente una situación de indefensión al Estado de Honduras, con lo cual se han infringido las disposiciones constitucionales consagradas en los artículos 82, 90 y 94; que contienen el Derecho de Defensa y el Debido Proceso. Fundamentado ello en lo contenido en el artículo 352 del Código Procesal Penal, el cual es claro al prescribir que de todas las providencias y autos, proferidos durante el proceso, podrá pedirse reposición; en tal sentido ha quedado establecido, que al haberse dictado el auto ya citado por parte del tribunal de Ejecución con la formula CÚMPLASE y no con la formula NOTIFIQUESE, ha dejado a la parte demandada en la imposibilidad de hacer uso del recurso de reposición, consignada en el articulo antes citado, y es que entendemos que la notificación es el acto de poner en conocimiento de las partes de cualquiera de las providencias judiciales, para que dándose por enteradas de ellas, se sepa el estado del litigio y pueda utilizar los recursos que contra la misma sean legales. CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso esta consagrada en nuestra Constitución en el articulo 90, en el cual se establece “que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades derechos y garantías que la ley establece”; este principio implica entre otros aspectos la posibilidad efectiva de acudir ante el órgano jurisdiccional competente y preestablecido, y el derecho de las partes de realizar ante el mismo todos los actos encaminados a la defensa de sus derechos en juicio, así como también la observancia por parte del tribunal de todas las normas relativas a la tramitación de aquel. Si al aplicarse la ley procesal al caso concreto, se privase a una de las partes de poder accionar ante jueces competentes y preestablecidos, de defenderse, de ofrecer y aportar pruebas, de presentar alegatos, de usar medios de impugnación contra las resoluciones judiciales, entonces estaríamos ante una violación de la garantía constitucional del debido proceso; y es que en todo proceso debe entenderse como formalidades procesales esenciales las de otorgar oportunidad de defensa a todas las partes, esto evidentemente incluye el que las mismas puedan manifestar sus pretensiones, defenderse, presentar y evacuar pruebas, oponerse así como también poder conciliar. Tenemos entonces que las formalidades que exige el debido proceso, no son más que las establecidas en la ley procesal para cada acto concreto del procedimiento. CONSIDERANDO: Que si bien es cierto la interposición del recurso de apelación de hecho no suspendió la jurisdicción del Juez de Ejecución, el hecho de haberse omitido una notificación, por parte del Juzgado de Ejecución, ha dejado a una de las partes en estado de indefensión lo que le causa perjuicio, y resulta violatorio del postulado del debido proceso, así, pues la omisión de una de las formalidades de las que señala la ley procesal, en este caso, la falta de notificación a las partes del auto de fecha catorce de diciembre del año dos mil seis, mediante el cual se denegaba una petición para que se pospusiera la audiencia señalada para el día siguiente, trajo como consecuencia, que llegado el día y la hora de la audiencia y no estando presente el representante de la Procuraduría General de la República, el Juez de Ejecución procedió a dejar firme una indemnización en contra del Estado de Honduras, situación esta que a juicio de esta Sala dejó imposibilitado al representante del Estado de ser escuchado y vencido en juicio, lo cual evidentemente vulnera el Derecho de Defensa consagrado en nuestra carta magna en el articulo 82 que establece que “el derecho de defensa es inviolable”, además se infringe lo preceptuado por el articulo 94 constitucional que establece “Que a nadie se le impondrá pena alguna sin haber sido vencido y oído en juicio, y sin que se le haya impuesto por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente”. CONSIDERANDO: Que por todas las razones anteriormente expuestas, la Sala de lo constitucional estima que procede otorgar la garantía de amparo de mérito, a fin de que el Juzgado de Ejecución de la sección judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, proceda conforme a derecho en el caso de autos."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA:La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de julio de dos mil nueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado don NELSON GERARDO MOLINA FLORES, a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución de fecha diecisiete de abril del año dos mil siete, dictada por la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, que confirma la disposición contenida en el auto motivado dictado por el Juez de Ejecución de esta sección judicial de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día veinte de marzo del año dos mil siete, en relación con la demanda respecto al pago de los daños económicos e indemnización de perjuicios morales y psicológicos de responsabilidad civil por la vía de apremio promovida por el abogado MARCO TULIO LARA GUEVARA, en representación de la señora SONIA YANETH MARTÍNEZ ESCOBAR, contra el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de la Defensa Nacional. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diez de octubre del año dos mil tres, compareció ante el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, el Abogado MARCO TULIO LARA GUEVARA, actuando en su condición de apoderado legal de la señora SONIA YANETH MARTÍNEZ ESCOBAR, quien es mayor de edad, soltera, comerciante, hondureña y de este domicilio, interponiendo demanda por la vía de Apremio para que se ejecute la sentencia condenatoria firme dictada por el Tribunal de Sentencia de la misma Sección Judicial en fecha nueve de junio del año dos mil tres, contra el señor JERSON ENAN ROMERO RUIZ, mayor de edad, soltero, militar de la Fuerza Aérea Hondureña, hondureño y de este domicilio, y de manera solidaria contra el ESTADO DE HONDURAS por intermedio de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL, pidiendo el pago en concepto de responsabilidad civil correspondiente a los daños económicos e indemnización de perjuicios, daños morales y psicológicos que según la parte demandante ocasionó el señor JERSON ENAN ROMERO RUIZ a la familia de la occisa, la menor DIANA CAROLINA COELLO MARTÍNEZ. 2) Que habiendo sido declarada sin lugar la demanda que se dejó relacionada en el numeral que antecede, por falta de legitimación del demandante, nuevamente el Abogado MARCO TULIO LARA GUEVARA, en su condición indicada, en fecha diecinueve de mayo del año dos mil seis, presentó nueva demanda de pago por la vía de apremio contra el ESTADO DE HONDURAS por intermedio de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL, en su condición de tercero responsable solidario, en concepto de la responsabilidad civil correspondiente a los daños económicos e indemnización de perjuicios morales y psicológicos que, según el demandante, ocasionó el señor JERSON ENAN ROMERO RUIZ, a la familia de la occisa, la menor DIANA CAROLINA COELLO MARTÍNEZ. 3) Que en fecha seis de noviembre del año dos mil seis, el Juez A-quo, mediante auto motivado dispuso lo siguiente: Estimar procedente la Admisión de la demanda que se deja relacionada en el inciso que precede contra el ESTADO DE HONDURAS, como tercero responsable civilmente, y ordena provisionalmente la indemnización por la cuantía igual a la de diez millones de Lempiras (L.10,000,000.00), que se divide de la manera siguiente: ocho millones quinientos mil lempiras (8,500,000.00), como indemnización por el daño y truncamiento del proyecto de vida de la menor DIANA CAROLINA COELLO MARTÍNEZ y un millón quinientos mil lempiras (1,500.000.00) por daños morales o psicológicos, citando como fundamento legal de su decisión los artículos 324 de la Constitución de la República, 105 del Código Penal, y 2236 y 2237 del Código Civil. 4) Que en fecha catorce de diciembre del año dos mil seis, el abogado Nelson Gerardo Molina Flores actuando en su condición de procurador judicial del Estado interpuso recurso de apelación de hecho, ante la Corte de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, recurso que fue admitido por dicha Corte, librando comunicación en esa misma fecha al Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, a fin de que se le informase a dicha Corte y se hiciera remisión del expediente; fundamentando su decisión en el articulo 351 del Código Procesal Penal. 5) Que en fecha veinte de marzo del año dos mil siete, el juzgado instructor, mediante auto motivado dispuso: a) Reconocer por disposición de la ley procesal penal la Firmeza del auto motivado de fecha seis de noviembre del año dos mil seis, b) Reconocer como definitiva la indemnización provisional señalada en el mismo, y c) Proceder a la ejecución de la resolución de fecha seis de noviembre del año dos mil seis, debiendo requerir para tal efecto al ESTADO DE HONDURAS para que en el término de veinticuatro horas pague o consigne la cantidad que ha quedado señalada como indemnización definitiva y que ha quedado establecida en la cantidad de diez millones de lempiras, por considerar que el Abogado NELSON GERARDO MOLINA FLORES, en su condición de representante de la Procuraduría General de la República, no se presentó a la audiencia de conciliación y evacuación de pruebas fundamentando su decisión en los artículos 436 y 438 del Código Procesal Penal. 6) Que en fecha diecisiete de abril del año dos mil siete, la Corte Primera de Apelaciones de esta Sección Judicial, mediante sentencia, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado NELSON GERARDO MOLINA FLORES, en su condición indicada y confirmó el auto motivado apelado, por considerar que la incomparecencia de la parte demandada a la Audiencia de Conciliación y Evacuación de Pruebas, de la cual se le notificó a la parte en legal y debida forma, conlleva la firmeza de la resolución de fecha seis de noviembre del año dos mil seis; basando su decisión en el artículo 436 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO: Que el amparista abogado don NELSON GERARDO MOLINA FLORES, compareció ante este tribunal, en fecha ocho de mayo del año dos mil siete, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del ad quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 94 y 97 de la Constitución de la República. Expone que tanto el Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa, M. D. C., así como la honorable Corte Primera de Apelaciones de esta sección judicial, han infringido las disposiciones constitucionales antes señaladas; disposiciones que se refieren al Derecho de Defensa y por consiguiente a la obligación ineludible de respetar el debido proceso, señala que tal proceso no se respetó en virtud de la resolución emitida por la honorable Corte Primera de Apelaciones de esta sección judicial de fecha diecisiete de abril del año dos mil siete, mediante la cual se resuelve, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, y a la vez confirmando lo resuelto por el a-quo, mediante resolución de fecha veinte de marzo de ese mismo año; resoluciones que a juicio del recurrente han violentando las garantías constitucionales citadas, y razona que lo anterior se desprende de los siguientes hechos. PRIMERO: Que habiendo, el Juzgado de Ejecución, señalado la fecha del quince de diciembre del año dos mil seis, a las ocho de la mañana con treinta minutos, para la celebración de la audiencia de conciliación y prueba; el recurrente un día anterior o sea el día catorce de diciembre, había presentado escrito ante ese mismo tribunal solicitando la suspensión de la misma, todo en virtud de que había interpuesto un recurso de apelación de hecho, ante la Honorable Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, contra la resolución de fecha cuatro de diciembre del año dos mil seis; situación de la cual el juzgado en referencia ya tenia conocimiento, todo en virtud de que la honorable Corte Primera de Apelaciones le había solicitado la remisión de las actuaciones; sigue exponiendo el recurrente que el juzgado de ejecución le denegó tal petición y reafirmo que la audiencia se llevaría a cabo en la fecha y hora señalada, auto que el juzgador decreto con la formula CUMPLASE, por lo que considera que a su representado se le ha violentado el legitimo Derecho a la Defensa consagrado en nuestra carta magna no permitiendo de esta manera hacer uso de los recursos admisibles en contra de tal resolución denegatoria; además, señala que el a-quo, tenia suspendida la jurisdicción en virtud de la solicitud de remisión de los antecedentes hecha por la Corte de Apelaciones, y puntualiza que aun así sin haber sido notificado en legal y debida forma su representado de tal resolución denegatoria, el se presentó el día de la audiencia a las ocho de la mañana con cuarenta y ocho minutos, por lo que el juez levanto constancia de que el no había comparecido a la audiencia señalada para las ocho de la mañana con treinta minutos, situación de la cual, ante petición de él, se dejo constancia por la secretaria adjunta del tribunal, manifiesta que aun así el juez contando con ambas partes no quiso celebrar la audiencia, pese a los argumentos que el señaló para su demora. SEGUNDO: El amparista expresa que la resolución del veinte de marzo del dos mil siete, emitida por el juez de primera instancia, le causa indefensión a su representado ya que la misma violenta las garantías constitucionales de el Derecho de Petición, Debido Proceso y del Derecho de Defensa, considerando que tal resolución es arbitraria al dejar firme la de igual carácter de fecha seis de noviembre del dos mil seis, todo lo cual trae como consecuencia que se reconoce como definitiva una indemnización provisional de carácter millonario en perjuicio del Estado de Honduras; afirma que en todo esto resulta evidente la violación de derechos y garantías fundamentales en perjuicio de su representado pues al emitirse tal resolución denegatoria el mismo se ve imposibilitado a hacer uso de sus garantías, como serían la introducción de los medios de prueba y de todas las argumentaciones que en su defensa pueda oponer en el momento procesal oportuno; esto en vista de que el momento procesal en que se produjo el percance fue precisamente en la audiencia de conciliación y producción de prueba. Añade que al haberse interpuesto el recurso de apelación de hecho ante la Corte Primera de Apelaciones y estando pendiente de resolución tal apelación, la jurisdicción del tribunal inferior quedaba suspendida por lo que era pertinente la suspensión de la audiencia. Señala que el juez de ejecución se contradice en sus resoluciones, ya que en una primera solicitud planteada al tribunal para la suspensión de la audiencia de conciliación y prueba, éste accedió a la misma bajo la formula NOTIFIQUESE; y en la segunda petición de suspensión de la audiencia de conciliación y prueba, el juez resuelve denegando tal petición con la fórmula CUMPLASE, a pesar, reitera, de que se le acreditó al tribunal la interposición del recurso de apelación de hecho ante la honorable Corte de Apelaciones; asimismo, argumenta que el referido auto al haberse emitido bajo tal formula de cúmplase, y haberlo tenido como ausente a la audiencia señalada al día siguiente, le acarrea indefensión a su representado. Por otro lado, puntualiza en el hecho de que la Corte de Apelaciones había ordenado a dicho tribunal que se remitieran los antecedentes, situaciones éstas que no fueron apreciadas por el juez, quien en aplicación del articulo 436 párrafo segundo del Código Procesal Penal, procedió a dejar firme la resolución en la cual se condena a su representado al pago de una indemnización. Estima el recurrente que el precepto legal que invocó el juzgador no es aplicable en el caso de mérito, ya que estando pendiente el recurso de apelación de hecho ante la Corte de Apelaciones, lo correcto por parte del juez de ejecución de sentencia, era esperar que se resolviera tal recurso y que una vez hecho esto, hubiera procedido a citar a las partes a la audiencia de conciliación y prueba; en consecuencia, considera entonces que al haberse confirmado la resolución del a-quo tantas veces mencionada, se ha violentado lo consignado en el artículo 94 de la Constitución de la República y que por lo tanto tal resolución no obliga a su representado. CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional, luego de estudiar la demanda de amparo y sus antecedentes, constata que el auto emitido por el Juzgado de Ejecución de fecha catorce de diciembre del año dos mil seis, y por el cual se deniega la suspensión de la audiencia señalada para el día quince de diciembre de ese mismo año, a las ocho con treinta minutos de la mañana, el mismo no fue notificado a las partes, pues tal resolución se hizo con la fórmula CUMPLASE; situación procesal irregular que si bien es cierto es una cuestión de forma, ha creado una situación que afecta el fondo del asunto, creando consecuentemente una situación de indefensión al Estado de Honduras, con lo cual se han infringido las disposiciones constitucionales consagradas en los artículos 82, 90 y 94; que contienen el Derecho de Defensa y el Debido Proceso. Fundamentado ello en lo contenido en el artículo 352 del Código Procesal Penal, el cual es claro al prescribir que de todas las providencias y autos, proferidos durante el proceso, podrá pedirse reposición; en tal sentido ha quedado establecido, que al haberse dictado el auto ya citado por parte del tribunal de Ejecución con la formula CÚMPLASE y no con la formula NOTIFIQUESE, ha dejado a la parte demandada en la imposibilidad de hacer uso del recurso de reposición, consignada en el articulo antes citado, y es que entendemos que la notificación es el acto de poner en conocimiento de las partes de cualquiera de las providencias judiciales, para que dándose por enteradas de ellas, se sepa el estado del litigio y pueda utilizar los recursos que contra la misma sean legales. CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso esta consagrada en nuestra Constitución en el articulo 90, en el cual se establece “que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades derechos y garantías que la ley establece”; este principio implica entre otros aspectos la posibilidad efectiva de acudir ante el órgano jurisdiccional competente y preestablecido, y el derecho de las partes de realizar ante el mismo todos los actos encaminados a la defensa de sus derechos en juicio, así como también la observancia por parte del tribunal de todas las normas relativas a la tramitación de aquel. Si al aplicarse la ley procesal al caso concreto, se privase a una de las partes de poder accionar ante jueces competentes y preestablecidos, de defenderse, de ofrecer y aportar pruebas, de presentar alegatos, de usar medios de impugnación contra las resoluciones judiciales, entonces estaríamos ante una violación de la garantía constitucional del debido proceso; y es que en todo proceso debe entenderse como formalidades procesales esenciales las de otorgar oportunidad de defensa a todas las partes, esto evidentemente incluye el que las mismas puedan manifestar sus pretensiones, defenderse, presentar y evacuar pruebas, oponerse así como también poder conciliar. Tenemos entonces que las formalidades que exige el debido proceso, no son más que las establecidas en la ley procesal para cada acto concreto del procedimiento. CONSIDERANDO: Que si bien es cierto la interposición del recurso de apelación de hecho no suspendió la jurisdicción del Juez de Ejecución, el hecho de haberse omitido una notificación, por parte del Juzgado de Ejecución, ha dejado a una de las partes en estado de indefensión lo que le causa perjuicio, y resulta violatorio del postulado del debido proceso, así, pues la omisión de una de las formalidades de las que señala la ley procesal, en este caso, la falta de notificación a las partes del auto de fecha catorce de diciembre del año dos mil seis, mediante el cual se denegaba una petición para que se pospusiera la audiencia señalada para el día siguiente, trajo como consecuencia, que llegado el día y la hora de la audiencia y no estando presente el representante de la Procuraduría General de la República, el Juez de Ejecución procedió a dejar firme una indemnización en contra del Estado de Honduras, situación esta que a juicio de esta Sala dejó imposibilitado al representante del Estado de ser escuchado y vencido en juicio, lo cual evidentemente vulnera el Derecho de Defensa consagrado en nuestra carta magna en el articulo 82 que establece que “el derecho de defensa es inviolable”, además se infringe lo preceptuado por el articulo 94 constitucional que establece “Que a nadie se le impondrá pena alguna sin haber sido vencido y oído en juicio, y sin que se le haya impuesto por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente”. CONSIDERANDO: Que por todas las razones anteriormente expuestas, la Sala de lo constitucional estima que procede otorgar la garantía de amparo de mérito, a fin de que el Juzgado de Ejecución de la sección judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, proceda conforme a derecho en el caso de autos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras con la abstención del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos números: 1, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 94, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los tribunales; 1, 2, 3 Nº2, 4, 5, 7, 9 Nº2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 352, 437 y 438 del Código de Procedimientos Penales, FALLA: OTORGANDO el Amparo interpuesto contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de este departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de abril del año dos mil siete, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado BUSTILLO PALMA. NOTIFIQUESE. Firmas Y Sello. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. COORDINADORA. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. JORGE ALBERTO RIVERA AVILES. JORGE REYES DIAZ. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el veinticinco de septiembre de dos mil nueve, certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de julio de dos mil nueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 269-P397=07.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA CONSTITUCIONAL

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