Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-2550-04 — Registro 3785

Resumen

Recurso de amparo interpuesto contra la sentencia que confirma auto de prisión dictado , por el delito de Estafa y otros fraudes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

....."CONSIDERANDO:(12) Que para dictar el auto de prisión no se exige que exista un estado de certeza en el ánimo del Juzgador sobre la culpabilidad el procesado, sino la conclusión de que el imputado, con un grado razonable de probabilidad ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito.".....

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice:”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Cuatro de Marzo del año Dos Mil Nueve. VISTO: Para dictar Sentencia del Recurso de Amparo interpuesto ante este Tribunal, el seis de octubre de dos mil cuatro, por el Abogado MARCOS AVIDAN LOPEZ MARTINEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, a favor de LEON VICTOR JALLU ROSALES; y contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, Cortés, el diez de septiembre de dos mil cuatro, mediante la cual declara sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado MARCOS AVIDAN LOPEZ MARTINEZ, en su condición indicada; y confirma el auto de fecha seis de agosto de dos mil cuatro, dictado por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en las diligencias que contienen el Requerimiento Fiscal presentado contra LEON VICTOR JALLU ROSALES, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA Y OTROS FRAUDES, en perjuicio de LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE PETROLERO LIMITADA (COTRAPEL). Estima el recurrente que se han violado las garantías contenidas en los artículos 82, 90 párrafo primero y 98 de la Constitución de la República.RESULTA: Que de lo antecedentes aparecen: a)Que el seis de agosto de dos mil cuatro, se celebró audiencia inicial donde el Juzgador de Primera Instancia, dictó providencia mediante la cual decretó Auto de Prisión contra el señor LEON VICTOR JALLU ROSALES, por los delitos de ESTAFA Y OTROS FRAUDES, en perjuicio de LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE PETROLERO LIMITADA (COTRAPEL), y se le impusieron las medidas cautelares de: Prisión Preventiva, que consiste en presentarse periódicamente a la Secretaría de ese órgano judicial cada quince días en donde se llevará un registro de su asistencia, y la prohibición de salida del país.b)Que conociendo de los autos por apelación interpuesto por el Abogado MARCOS AVIDAN LOPEZ MARTINEZ, en su condición indicada, el Tribunal de Segunda Instancia el diez de septiembre de dos mil cuatro, dictó sentencia declarando Sin Lugar el Recurso de Apelación y Confirmando el auto recurrido por estimar que, en la audiencia inicial celebrada por el A Quo se logró acreditar la plena prueba de la existencia de dichos ilícitos, así como los indicios racionales y lógicos de la probable participación que en el mismo haya tenido el imputado JALLU ROSALES, elementos que se desprenden de las pruebas relacionadas y que constan en el expediente de mérito, así como también de la prueba testifical que se produjo en la audiencia. RESULTA: Que el Abogado MARCOS AVIDAN LOPEZ MARTINEZ, en su condición indicada, al fundamentar el Recurso de Amparo y contra lo resuelto diez de septiembre de dos mil cuatro, por la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, Cortés, conceptualiza la violación que alega expresando entre otros extremos, lo siguiente: a) Que la Sentencia dictada por el Ad Quem confirmando el auto de prisión, no se encuentra dictada conforme a derecho porque no existe evidencia de la presunta comisión de los delitos de ESTAFA Y OTROS FRAUDES, en tanto que las pruebas presentadas por el Ministerio Público, así como por la parte acusadora así lo demuestran. b) Que la confesión que LEON VICTOR JALLU ROSALES rindió en el Acta número 85 no tiene ningún valor porque no reúne los requisitos exigidos por la Ley para que pueda ser considerada como prueba y tampoco como indicio. c) Que no se demostró que LEON VICTOR JALLU ROSALES haya cobrado los cheques emitidos por PARISH TRUCK (proveedora de cabezales) y tanto el Juzgador instructor como la Corte sentenciadora, aunque no lo dicen expresamente, llegan al convencimiento que el acusado se apropió de ese dinero. d) Que el documento de informe de la compra de los cabezales, no es mas que un documento privado sin fuerza probatoria como para deducir siquiera un indicio y menos una prueba en contra de LEON VICTOR JALLU ROSALES, además que sirva para que se le dicte un auto de prisión y que luego se le confirme. e) Que previo al requerimiento fiscal, debió exigirse una rendición de cuentas ya que se trataba de una persona que administraba una cooperativa, en ese sentido es totalmente inaceptable la auditoria realizada por el señor OVED ALVARADO, ya que este obviamente es parte interesada pues se le contrató para ese trabajo y luego se ha quedado trabajando en COTRAPEL. f) Que lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Cooperativas de Honduras, “ en caso de conflicto sobre el cumplimiento de las recomendaciones, decidirá la Asamblea General”, no se dio cumplimiento en el presente caso, al contrario, se nombró un auditor ex profeso, es decir, que al margen de lo dispuesto en el artículo precitado se procedió a nombrar un auditor expresamente y con el propósito de perjudicar a LEON VICTOR JALLU ROSALES, asimismo los Tribunales de instancia no solo han permitido ese arbitrario proceder, sino que lo han autorizado pues han omitido la aplicación de la Ley y con ello por supuesto, han puesto en precario el derecho de defensa de LEON VICTOR JALLU ROSALES y también el debido proceso, pues es de simple lógica que admitir un requerimiento fiscal y luego dictar un auto de prisión y confirmarlo además sin que haya observado una formalidad legal cual es, que el órgano encargado de investigar cualquier irregularidad de orden legal, financiero o económico administrativo es la junta de vigilancia o en su defecto los otros que de manera sustitutiva, complementaria o auxiliar haya sido nombrada o bien en el Reglamento o bien en los Estatutos. g) Que el auto de Prisión dictado con fundamento en pruebas infundadas y en inobservancia de preceptos legales de cumplimiento obligatorio, infringe los derechos constitucionales de LEON VICTOR JALLU ROSALES, porque se le ha violentado su derecho de defensa y del debido proceso. En cuanto al debido proceso porque el Tribunal sentenciador ha desestimado las evidencias que saltan a la vista y demuestran la inocencia del imputado; y en cuanto a la indefensión de LEON VICTOR JALLU ROSALES, se produce cuando el Tribunal sentenciador declara que existen evidencias de haberse cometido el ilícito y de ser él el responsable, esto que es que al contrario de lo que se supondría, de que no existe mérito alguno, el Tribunal ha considerado que si. h) Que el Ad Quem ha sostenido en diferentes sentencias que no podrá proveerse auto de prisión sin que exista plena prueba de haberse cometido un delito que merezca pena de privación de libertad y sin que resulte indicio racional de quien es su autor. i) Que un hecho que demuestra la intensión dolosa de actuar de la parte acusadora, es que se presentó la denuncia ante el Ministerio Público porque habiendo sido despedido arbitrariamente, ilegal e injustificadamente LEON VICTOR JALLU ROSALES, procedió a demandar ante los Juzgados del trabajo, el pago de sus prestaciones y cuando obtuvo sentencia definitiva a su favor, entonces ellos, los acusadores, optaron por acusarlo criminalmente. En efecto Honorable Corte, LEON VICTOR JALLU ROSALES, demandó ante el Juzgado de Letras Primero Seccional del Trabajo de San Pedro Sula a la Cooperativa de Transporte Petrolero Limitada (COTRAPEL), y en fecha 9 de marzo de 2004 obtuvo sentencia definitiva a su favor y condenando a la demandada al pago de las respectivas prestaciones laborales y salarios caídos, posteriormente y recurriendo de apelación la demandada, el Tribunal de Alzada en sentencia de fecha 23 de abril de 2004, confirmó la dictada en primera instancia, y por último, el recurso de casación que presentaron ante esa Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha 18 de agosto de 2004, lo declaró no ha lugar. RESULTA: Que habiéndose aperturado el juicio de Amparo a pruebas, el recurrente Abogado MARCOS AVIDAN LOPEZ MARTINEZ, presentó el medio de prueba documental, el cual consiste en: 1) Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintitrés de abril de dos mil cuatro, la cual confirma en su parte resolutiva la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de esa misma sección judicial, el nueve de marzo del mismo año, a favor de LEON VICTOR JALLU ROSALES, en la Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento Para que un Patrono pruebe en juicio la justa causa de un despido, o por omisión sea condenado a pagar sus prestaciones sociales, pago de salario adeudado, pago de vacaciones, aguinaldo y catorceavo mes proporcionales y pago de salarios caídos, y 2) Certificación de Sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral Contencioso-Administrativo de fecha dieciocho de agosto de dos mil cuatro, la cual falla no a lugar el recurso de casación interpuesto por el Abogado SIGBERTO EDUARDO LOZANO CASTRO, como apoderado legal de la Cooperativa de Transporte Petrolero Limitada (COTRAPEL), contra la Sentencia Definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintitrés de abril de dos mil cuatro. RESULTA: Que el recurrente en la formulación de sus alegatos expone: 1) Que los medios de prueba evacuados en las presentes diligencias, “ratifican a través de las fechas establecidas que los supuestos perjudicados de la Cooperativa COTRAPEL, en colusión con el Ministerio Público buscaron la manera de chantajear a mi representado para que retirara la Demanda Laboral, a cambio de no promover el Requerimiento Fiscal, pues la sentencia laboral condenó a dicha cooperativa A PAGAR LA CANTIDAD DE UN MILLON NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (Lps.1,917,311.11), más salarios caídos, razón por la cual el Ministerio Público y el Acusador Privado decidieron promover el Requerimiento Fiscal; 2) Que al presentar el Requerimiento Fiscal contra el señor LEON VICTOR JALLU ROSALES, y al haberlo despedido de su trabajo, se hace imposible demostrar con documentos que dicho señor estafó o se apropió de cantidades de dinero propiedad de los socios de la Cooperativa, por lo que se considera violado el artículo 82 de la Constitución de la República; y 3) “Que tuvo de transcurrir un año para que los supuestos perjudicados accionaran en contra de mi mandante, dicho accionar se hizo por la razón que al ver que el Juzgado de Trabajo había declarado con lugar la Demanda Laboral, y por ende la Corte de Apelaciones ratificó dicha apelación, eso los motivó para iniciar el requerimiento fiscal por un delito que está obligada la parte perjudicada a escuchar los descargo ante la autoridad administrativa (IDEHCOOP), dicho de otras palabras es imposible demostrar en una audiencia inicial que mi mandante no es responsable del delito que se le imputa, ya que el Juez rechazó un medio de prueba denominado inspección a la Institución Bancaria (Banco de Occidente), medio de prueba éste que esclarecería que los dinero que dicen ellos que mi mandante los tomo, a través de esa inspección se le iba a probar al Juez de Primera Instancia todo lo contrario a lo aseverado por el Fiscal y el Acusador Privado, y por consiguiente se considera violado el derecho de defensa”. CONSIDERANDO:(1) Que se conoce del recurso de amparo interpuesto por el abogado MARCOS AVIDAN LOPEZ MARTINEZ, a favor del señor LEON VICTOR JALLU ROSALES, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de San Pedro Sula Cortés, en fecha diez de septiembre de dos mil cuatro, mediante la cual se confirmó el auto de prisión decretado por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Cortés, el seis de agosto de dos mil cuatro. El recurso de amparo ha recaído en el proceso criminal instruido por el Ministerio Público en contra de LEON VICTOR JALLU ROSALES, por considerarlo responsable de la comisión de los delitos de ESTAFA Y OTROS FRAUDES, en perjuicio de la COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PETROLEO LIMITADA, “COTRAPEL.”. CONSIDERANDO:(2) Que como antecedentes en el presente caso se debe mencionar que: 1.- EL génesis de la causa en estudio, es la compra de unos cabezales que la junta directiva de la Cooperativa en cuestión ordenó que la realizara el imputado en su condición de Gerente General de la Cooperativa de Transporte Petrolero Limitada (COTRAPEL) en Estados Unidos de Norte América. La compra se hizo, sin embargo al momento de brindar el informe ante dicha junta directiva, se observó una sobre valoración en la cantidad de dos mil quinientos dólares por cada unidad. El descubrimiento de este hecho provocó el nombramiento de una comisión investigadora, la cual constató, que las unidades tenía un precio menor al pagado y que el ahora imputado, recibió dos cheques emitidos por la compañía vendedora. Posteriormente se realizó una auditoria interna sobre el desempeño del imputado durante los años mil novecientos noventa y ocho y dos mil dos, arrojando la misma la existencia de un faltante de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VENTINTITRÉS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS DE LEMPIRA, (L.1,453,823.50). 2.- En fecha diez de junio de dos mil cuatro, el Agente de tribunales del Ministerio Público FELIX ANTONIO COCA GONZALEZ, asignado a la fiscalía de delitos comunes, presentó ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, un requerimiento fiscal en contra del señor LEON VICTOR JALLU ROSALES, por considerársele responsable de la comisión de los delitos de ESTAFA y OTROS FRAUDES, en perjuicio de la Cooperativa de Transporte Petrolero Limitada (COTRAPEL). 3.- En auto de fecha catorce de junio de dos mil cuatro, el Juez de instrucción admitió el requerimiento fiscal y accedió a la petición efectuada por el Ministerio Público ordenando librar orden de captura en contra del imputado, quien se sometió al proceso de manera voluntaria. 4.- En audiencia inicial celebrada en fecha seis de agosto de dos mil cuatro, el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Cortés, dictó auto de prisión en contra del señor LEÓN VICTOR JALLU ROSALES, por los delitos de ESTAFA Y OTROS FRAUDES, en perjuicio de la COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PETROLEO LIMITADA, COTRAPEL, y se le ratifican las medidas sustitutivas a la prisión preventiva impuestas en su oportunidad. CONSIDERANDO:(3) Que el Juez de instrucción expone como argumento para dictar auto de prisión el siguiente: “…y en la audiencia de mérito se ha logrado acreditar la plena prueba de la existencia de dichos ilícitos, así como los indicios racionales y lógicos de la probable participación que en el mismo haya tenido el imputado Jallu Rosales, elementos que se desprenden de las pruebas relacionadas y que constan en el expediente de mérito así como también de la prueba testifical que se produjo en la audiencia…”. La Sala observa que la motivación apuntada adolece de precisión, y manifiesta que la motivación de las resoluciones no debe entenderse como un razonamiento exhaustivo sobre las pretensiones de las partes o de la decisión del juzgador, sino que bastará con un razonamiento lógico, preciso y apegado a derecho. CONSIDERANDO:(4) Que en el caso de autos, si bien la Corte de Apelaciones recurrida, en aplicación de su atribución de enmendar los errores del inferior, no menciona lo relativo a la pobreza en la motivación de la resolución, sí realizó las correcciones de mérito al ser explícita en la motivación tanto fáctica como jurídica, al considerar que para ese tribunal de alzada producen plena prueba de haberse cometido los delitos de ESTAFA Y OTROS FRAUDES así como indicio racional de que el imputado LEÓN VICTOR JALLU ROSALES, tuvo participación en la comisión de los mismos, los siguientes medios de prueba: “…… a) El informe de la compra de los cabezales donde se establece la adulteración; b) acta número ochenta y cinco de una reunión donde el imputado reconoce haber realizado el desfalco; c) constancia de la empresa auditora GRANT THORNTON en la cual se establece que las auditorias eran sobre cuestiones específicas del señor imputado por medio de las cuales se determinaron los faltantes; d) una serie de cheques y facturas hechas por el señor JALLU a fin de que sean analizadas; e) las declaraciones de los señores: RAMON MARTIN PAZ quien manifiesta que se procedió a hacer las investigaciones correspondientes a la compra de dieciocho cabezales realizada por el procesado, y se comisionó a otro miembro de la cooperativa para que se desplazara a Nueva Orleans y se pusiera en contacto con el proveedor de los camiones denominado PARISH TRUCK, para cotejar los documentos de la liquidación presentada a la asamblea por LEON VICTOR JALLU ROSALES, y la empresa entregó los documentos y en ellos se notaba la diferencia en los precios y se estableció que el procesado engaño a la asamblea y se apropió de dichos fondos; la declaración de FELIX CRUZ DIAZ, quien relata que el procesado LEON VICTOR JALLU ROSALES, utilizaba los fondos de la caja chica para fines personales.- CUARTO: De la lectura de los autos este Tribunal aprecia que a folio treinta y cinco obra un documento denominado COSTO DE CABEZALES el cual está firmado supuestamente por el procesado LEON VICTOR JALLU R del que se desprende que once cabezales costarían quince mil setecientos dólares y siete de ellos costarían quince mil dólares; tal documento al ser comparado con el contrato que obra a folio 46 presenta una diferencia entre el precio pagado por la Cooperativa y el contenido en el documento denominado COSTO DE CABEZALES.- QUINTO: También se aprecia la existencia de dos cheques girados por PARISH TRUCKS (Proveedora de los cabezales), uno por nueve mil dólares a favor de la COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PETROLEO LIMITADA, COTRAPEL (40) y otro por ciento diecinueve mil trescientos noventa y tres dólares (42) a favor de la COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PETROLEO LIMITADA, COTRAPEL o LEON VICTOR JALLU sin que se encuentre acreditado en autos en razón de qué la empresa proveedora giró esos cheques.- SEXTO: Las diligencias antes relacionadas producen plena prueba de haberse cometido los delitos por los cuales se ha iniciado la presente causa y los indicios de participación del imputado en su ejecución, elementos que en esta etapa del proceso son suficientes para dictar y mantener el auto de prisión; en consecuencia, esta Corte estima que el auto de prisión se encuentra ajustado a derecho y procede su confirmación…..”. La Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, en base a la prueba antes señalada, determinó declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado MARCOS AVIDAN LOPEZ MARTÍNEZ, en su condición de apoderado defensor, y confirmar el auto de prisión dictado en perjuicio del señor LEÓN VICTOR JALLU ROSALES. CONSIDERANDO:(5) Que la parte defensora en el presente juicio, no conforme con la respuesta jurisdiccional brindada en segunda instancia, interpuso la garantía constitucional de amparo, alegando que la decisión de la alzada vulnera el derecho al debido proceso (Artículo 90 CH), el derecho a la defensa (Artículo 82 CH), y el derecho a no ser detenida, arrestada o presa, por obligaciones que no provengan de delito o falta; (Artículo 98 CH). Se debe manifestar que el recurrente, en el acápite intitulado “concepto de la violación” (vid folio 17-28), hace un análisis general sobre cada uno de los medios de prueba evacuados en la audiencia inicial, análisis propio de una expresión de agravios, expresando que el auto de prisión no se encuentra dictado conforme a derecho porque no existe evidencia de la presunta comisión del delito de ESTAFA Y OTROS FRAUDES. Manifiesta el recurrente que se habla de una confesión rendida por el imputado, la que a juicio del recurrente no debe valorarse puesto que no fue rendida ante juez competente tal y como lo estatuye el artículo 88 constitucional, arguye que no se demostró que el imputado cobró los cheques girados por PARISH TRUCK (proveedora de los cabezales) ó cual fue el destino de los mismos. Que el informe de la compra de los cabezales en un documento privado que no tiene fuerza probatoria para deducir ni siquiera un indicio, que previo a la presentación del requerimiento fiscal debió exigírsele al imputado una rendición de cuentas, considerando sin valor alguno la auditoria interna ordenada. Seguidamente analiza la declaración de los testigos de cargo RAMON MARTIN PAZ MADRID y FELIX CRUZ DIAZ, este último declara sobre las regalías que hacía el imputado en su condición de Gerente, y que posteriormente las hace parecer como bonificaciones, señalando que las declaraciones son confusas y nada creíbles, por lo que no debieron ser valoradas por la alzada. También expone que se inobservó lo dispuesto en la Ley de Cooperativas de Honduras, y en su Reglamento, en lo relativo entre otros, a que la fiscalización de las cooperativas está a cargo de la junta de vigilancia, y puede ser sustituida por el INTITUTO HONDUREÑO DE COOPERATIVAS (IHDECOOP), señalando que es arbitraria la decisión de la admisión del requerimiento fiscal, y más aún el confirmar el auto de prisión dictado. CONSIDERANDO:(6) Que el recurrente concluye en el escrito de formalización del recurso, que el auto de prisión ha sido confirmado con fundamento en pruebas infundadas y que al inobservar las leyes de obligatorio cumplimiento le vulneran a su representado el derecho al debido proceso y el derecho de defensa. Expone que considera vulnerado el derecho fundamental del debido proceso porque el tribunal de alzada ha desestimado las evidencias que demuestran la inocencia del imputado, y que si bien el imputado ha gozado de una defensa técnica y ha tenido acceso a los tribunales, se le ha vulnerado el derecho de defensa. La indefensión se produce, dice, cuando el tribunal declara que existen evidencias de haberse cometido el ilícito e indicios racionales de la participación del imputado, resultado contrario al que se hubiera obtenido, si dicho tribunal hubiese seguido un proceso lógico de valoración de las pruebas. CONSIDERANDO:(7) Que el recurrente finaliza peticionando apertura del juicio a pruebas, cuya pretensión es demostrar la actuación dolosa del acusador, y manifiesta que su defendido fue objeto de un despido ilegal e injusto por parte de la COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PETROLEO LIMITADA, COTRAPEL, quien demandó ante la jurisdicción de lo laboral, obteniendo sentencias definitivas a su favor en primera instancia (sentencia de fecha 09 de marzo de 2004) en la que se condena a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PETROLEO LIMITADA, COTRAPEL a pagar al señor LEON VICTOR JALLU ROSALES la cantidad de UN MILLON NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L.1,917.311.11), confirmada por el tribunal de alzada en sentencia dictada el veintitrés de abril de dos mil cuatro, y posteriormente el recurso de casación intentado, fue declarado no ha lugar en virtud de una defectuosa presentación de la demanda, según sentencia dictada por la Sala de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia el dieciocho de agosto de dos mil cuatro. En la formulación de los alegatos, manifiesta el recurrente que es evidente la colusión entre la COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PETROLEO LIMITADA, COTRAPEL y el Ministerio Público, quienes intentaron chantajear al imputado para que retirara la demanda laboral a cambio de no interponer el requerimiento fiscal de autos, constituyendo prueba el hecho de que el requerimiento fue interpuesto un año después, según el recurrente, una vez firme la decisión que declara con lugar la demanda laboral apuntada. CONSIDERANDO:(8) Que como quedó dicho la defensa interpuso recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, arguyendo que la resolución impugnada ha vulnerado en su perjuicio, la garantía genérica del debido proceso, y el precepto relativo a los requisitos exigidos para dictar auto de prisión, consagrados respectivamente, en los artículos 90 párrafo primero y 92 de la Constitución de la República y consecuentemente el derecho de defensa. CONSIDERANDO:(9) Que el artículo 240 del Código Penal establece que “…comete el delito de estafa quien con nombre simulado, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro a error, defraudándolo en provecho propio o ajeno”. Así, el artículo 242 numeral ocho del mismo cuerpo legal preceptúa que: “Quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que conlleve obligación de entregarle o devolverla, o negare haberla recibido…..”.CONSIDERANDO:(10) Que de la definición legal antes transcrita, se deducen los elementos esenciales para la existencia de la estafa, es decir, el engaño, error, disposición patrimonial y el perjuicio, debiendo existir entre el engaño y el perjuicio una relación de causalidad de tal manera que el engaño sea el motivo o causa del perjuicio.CONSIDERANDO:(11) Que el momento procesal en el que se encuentra el caso que ahora nos ocupa, es la audiencia inicial, en la etapa preparatoria, y tras cuya finalización se ha dictado el auto de prisión correspondiente. CONSIDERANDO:(12) Que para dictar el auto de prisión no se exige que exista un estado de certeza en el ánimo del Juzgador sobre la culpabilidad el procesado, sino la conclusión de que el imputado, con un grado razonable de probabilidad ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito. CONSIDERANDO:(13) Que la Sala de lo Constitucional manifiesta que la valoración de los elementos probatorios encaminada a decidir si es o no procedente dictar un auto de prisión, es una tarea que corresponde en esencia a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de ahí que el Juez Constitucional solo ha de intervenir cuando en esa valoración la jurisdicción ordinaria ha quebrantado o vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución. CONSIDERANDO:(14) Que analizado el razonamiento seguido para dictar y confirmar, respectivamente, el auto de prisión que se conoce, la Sala observa que el mismo se ha dictado siguiendo las reglas mínimas de la experiencia y la lógica, cuando advierte para el caso, después de haber enumerado y valorado los medios de prueba señalados en el considerando cuarto de esta sentencia, que las diligencias antes relacionadas producen plena prueba de haberse cometido el delito y los indicios de participación del imputado en su ejecución, elementos que es esta etapa, indica la alzada, le son suficientes para dictar y confirmar el auto de prisión. De tal modo que no se constata la vulneración de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 90 y 92.CONSIDERANDO:(15) Que con respecto a la supuesta vulneración del derecho fundamental de defensa en perjuicio del recurrente, la Sala ha observado que el mismo ha sido respetado en el decurso del proceso, gozando el imputado de una defensa técnica, obteniendo respuestas dentro de plazos razonables, considerando las mismas congruentes con lo peticionado. En lo atinente a la violación al derecho de defensa y el principio de igualdad que alega el recurrente, debemos entender que ambos tópicos conducen indefectiblemente a ser analizados en el marco del debido proceso. Para que podamos hablar de debido proceso ambas partes deben tener la posibilidad de formular alegaciones y probarlas. Una buena pauta para establecer si existe desigualdad en el contradictorio, y, por ende, indefensión, consiste –generalmente– en descubrir la presencia de un error in procedendo, en tanto son las normas procesales las encargadas de regular –de manera razonable– el tiempo, lugar y modo de actuación de las partes. Pero, la simple presencia de un vicio no configura por si misma indefensión, resulta indispensable, también, que ese vicio sea trascendente; es decir, que determine un resultado probablemente distinto en la decisión judicial, de lo contrario la eficacia de la dialéctica procesal y la igualdad que ella supone no se vería afectada. Toda persona al acceder a un proceso, solicitando tutela efectiva por parte del Estado, goza de un conjunto de derechos con implicancias procesales, que le aseguran la posibilidad de sostener argumentalmente su respectiva posición y rebatir los fundamentos que la parte contraria haya podido formular en apoyo de las suyas; en eso radica la dialéctica procesal. Si la parte proactiva –Ministerio Público- incoa una acción penal contra el imputado, es imprescindible que este posea la posibilidad de oponerse a ella. Nótese, pues, como es consustancial a la dialéctica, la igualdad de armas con que se enfrentan los justiciables. Es decir, y a manera de elemental conclusión, que la igualdad de armas radica en que ambas tienen la posibilidad de argumentar y aportar elementos de prueba a favor de sus pretensiones y solo podrá en consecuencia de ello hablarse de indefensión cuando exista para una de ellas la privación a la oportunidad de hacer uso de tal facultad, de manera que el hecho de que la respuesta judicial a las peticiones formuladas por la parte no sean accediendo a las mismas, no significa que estemos frente a una violación al derecho de defensa. En ese sentido esta Sala es del criterio porque se deniegue el amparo interpuesto, sin perjuicio del derecho que le asiste al imputado para seguir aportando en el transcurso del proceso los elementos probatorios y alegatos que estime pertinentes, en el entendido que conserva incólume su estado de inocencia que la misma Constitución le garantiza. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 92, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 240 y 242 numeral 8 del Penal; 141 del Código Procesal Penal, 1, 4, 5 No. 3 y 32 de la Ley de Amparo, FALLA: Denegando el Amparo interpuesto contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 10 de Septiembre del 2004, Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado CHINCHILLA BANEGAS. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. COORDINADORA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el dieciséis de septiembre de dos mil nueve, certificación de la sentencia de fecha cuatro de marzo del dos mil nueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 2550-2805-2810=04.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA CONSTITUCIONAL

14