Sentencia AP-232-08 — Registro 3802
Resumen
Sentencia recurrida que revocó sobreseimiento provisional ordenando al A-Quo que procediera a proferir el auto de prisión contra recurrente por el delito de Atentado y Portación Ilegal de Armas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional al estudiar las diligencias de mérito establece que efectivamente el acta de decomiso del arma no se encuentra firmada por el imputado; sin embargo, no existe disposición alguna que sancione con nulidad la omisión a dicho requisito. Al respecto el artículo 132 del Código Procesal Penal indica que las actas serán levantadas por el funcionario interviniente auxiliado por su secretario de actuaciones o en su defecto dos testigos de asistencia; asimismo, deberán contener todas las firmas de los intervinientes, salvo que alguno no quisiera o no pudiera firmar, situación que se hará constar en la misma acta. Además señala, que sí alguno de los intervinientes no sabe firmar, podrá hacerlo otra persona a su ruego o un testigo de actuación convocado al efecto.CONSIDERANDO: Que el párrafo final de ese mismo artículo 132 citado en forma expresa señala que la omisión de alguna de las anteriores menciones, podrán ser subsanadas posteriormente por cualquier medio de prueba suficiente. En el caso que nos ocupa, el Ministerio Público no sólo aportó el acta de decomiso durante la audiencia inicial, de manera que la decisión del Ad quem no sólo depende de dicha acta, prueba de ello es que en la sentencia impugnada, refiere otros medios de prueba como las declaraciones de los policías que intervinieron en la captura o las actas de las declaraciones de los testigos rendidas en sede administrativa. Por otra parte, el hecho de que se llegara a anular el acta de decomiso, no significa que se anula o que no existe el incautamiento del arma en manos del imputado, hecho que es posible acreditarlo mediante otros medios de prueba. CONSIDERANDO: Que como se colige de lo anterior, el argumento del garantista no es lo suficientemente convincente para apreciar violación a los derechos invocados; lo que se aprecia únicamente es que existen en el acta de decomiso algunas omisiones, que pudieran ser subsanables. En todo caso el juicio verdadero, será cuando se verifique la etapa del debate, donde se va a valorar la verdad de los hechos mediante las pruebas que aporten cada una de las partes. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional no encuentra que exista violación a los derechos constitucionales que se invocan y por ende estima procedente denegar la garantía constitucional de Amparo de mérito"
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 92 (Decreto)
- Código Procesal Penal, art. 132 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA:La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de enero de dos mil nueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE RUBEN CHINCHILLA GUERRA, a favor del señor MARIO ENRIQUE DIAZ MENDEZ, hondureño, mayor de edad, soltero, labrador y con domicilio en el Municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazán, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de abril de dos mil ocho, que revocó el sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Talanga, departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de marzo del año dos mil ocho; con relación a la causa instruida contra el señor MARIO ENRIQUE DIAZ MENDEZ por suponerlo responsable de los delitos de ATENTADO Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la POLICIA PREVENTIVA Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diez de marzo del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Talanga, departamento de Francisco Morazán, el Licenciado YURI DAGNE NUÑEZ VALLECILLO, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor MARIO ENRIQUE DIAZ MENDEZ por suponerlo responsable de los delitos de ATENTADO Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la POLICIA PREVENTIVA Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO. 2) Que en fecha dieciocho de marzo del año dos mil ocho, el Juzgado Instructor, dictó resolución en Audiencia Inicial mediante la cual declaró sin lugar la solicitud del Ministerio Público y decretó Sobreseimiento Provisional a favor del señor MARIO ENRIQUE DIAZ MENDEZ, por los delitos de ATENTADO Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la POLICIA PREVENTIVA Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO, señalándole al Ministerio Público que debía aportar los elementos de prueba consistentes en las declaraciones de testigos, documentales y cualquier otro elemento de prueba útil y pertinente; citando como fundamento jurídico los artículos 294 y 295 del Código Procesal Penal. 3) Que en fecha diecisiete de abril del año dos mil ocho, la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, declaró Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado YURI DAGNE NUÑEZ VALLECILLO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y Revocó el Sobreseimiento Provisional que se deja relacionado en el inciso que precede, ordenando al A-Quo que procediera a proferir el Auto de Prisión correspondiente, por considerar que con las pruebas de cargo se ha acreditado o producido plena prueba de la comisión de los delitos de ATENTADO Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS, así como el grado de participación que en la categoría de autor corresponde atribuir al señor MARIO ENRIQUE DIAZ MENDEZ; fundamentando su decisión en los artículos 294, 297 numeral 1 del Código Procesal Penal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley de Control de Armas, Municiones, Explosivos y Otros Similares. 4) El recurrente Abogado JOSE RUBEN CHINCHILLA GUERRA, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta de abril del año dos mil ocho, reclamando amparo a favor del señor MARIO ENRIQUE DIAZ MENDEZ, afirmando que la decisión del Ad Quem, de fecha diecisiete de abril del año dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha diecisiete de abril de dos mil ocho, por la Corte Primera de Apelaciones de esta Sección Judicial, mediante la cual revoca el sobreseimiento provisional dictado en fecha dieciocho de marzo de ese mismo año, por el Juzgado de Letras Penal de la sección de Talanga, departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa criminal instruida contra el señor MARIO ENRIQUE DÍAZ MÉNDEZ por el delito de ATENTADO Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que el acto reclamado que se conoce por vía de Amparo es la resolución dictada por unanimidad de votos el diecisiete de abril de dos mil ocho, por la honorable Corte Primera de Apelaciones, de Francisco Morazán mediante la cual revocó el sobreseimiento provisional dictado en fecha dieciocho de marzo del dos mil ocho, por el Juzgado de Letras de lo Penal de Talanga, Francisco Morazán. La Corte de Apelaciones motivó su decisión en que de conformidad a lo expresado por el Ministerio Público, el día domingo nueve de marzo de dos mil ocho, en la colonia Santa Fé, municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazán, el imputado MARIO ENRIQUE DÍAZ MÉNDEZ al momento de ser requerido por los policías preventivos Eduardo Alonzo Rivera Thomas y Francisco Javier Varela Rodríguez, disparó un arma de fuego que portaba sin permiso. En respuesta a esta agresión los agentes del orden le infirieron un balazo en el pie derecho, lo detuvieron y le decomisaron el revolver que portaba; asimismo, la honorable Corte de Apelaciones manifiesta que en virtud de las pruebas aportadas en la Audiencia Inicial por el Ministerio Público, consistentes en una inspección ocular, el acta de decomiso o secuestro de objetos y las declaraciones de los policías mencionados, tiene por acreditado plenamente el cuerpo del delito de Atentado y Portación ilegal de Armas, el primero de ellos perpetrado al haber atacado a los agentes de policía y el segundo al habérsele encontrado en posesión y uso del arma del fuego, revolver calibre.38 especial, marca Smith & Wesson, serie 559208, sin permiso de la autoridad competente. En referencia a la prueba aportada por la defensa, la Corte de Apelaciones mencionada, sostiene que no desvanecen los cargos atribuidos al imputado. Por otra parte, en referencia a la inspección ocular (folios 18 y 19), concluye que dentro de la casa del ahora encartado no se observó ningún orificio o impacto producido por algún proyectil disparado por arma de fuego, así mismo menciona que las manchas de supuesta sangre se encontraron en la parte externa de la vivienda. CONSIDERANDO: Que el ABOGADO JOSÉ RUBÉN CHINCHILLA GUERRA en su condición de defensor del ciudadano MARIO ENRIQUE DÍAZ MÉNDEZ al momento de formalizar la Garantía de Amparo, invoca la violación de los derechos de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; de la misma forma, cita el artículo 8.2c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para el recurrente el acta de decomiso del arma es prueba ilícita porque carece de la firma del imputado, igualmente porque niega que el arma le fue incautada. Resta credibilidad a la versión de que el imputado le disparó a la policía en vista de que no cree posible que su poderdante no le haya atinado a la patrulla en que se conducían los policías. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional al estudiar las diligencias de mérito establece que efectivamente el acta de decomiso del arma no se encuentra firmada por el imputado; sin embargo, no existe disposición alguna que sancione con nulidad la omisión a dicho requisito. Al respecto el artículo 132 del Código Procesal Penal indica que las actas serán levantadas por el funcionario interviniente auxiliado por su secretario de actuaciones o en su defecto dos testigos de asistencia; asimismo, deberán contener todas las firmas de los intervinientes, salvo que alguno no quisiera o no pudiera firmar, situación que se hará constar en la misma acta. Además señala, que sí alguno de los intervinientes no sabe firmar, podrá hacerlo otra persona a su ruego o un testigo de actuación convocado al efecto.CONSIDERANDO: Que el párrafo final de ese mismo artículo 132 citado en forma expresa señala que la omisión de alguna de las anteriores menciones, podrán ser subsanadas posteriormente por cualquier medio de prueba suficiente. En el caso que nos ocupa, el Ministerio Público no sólo aportó el acta de decomiso durante la audiencia inicial, de manera que la decisión del Ad quem no sólo depende de dicha acta, prueba de ello es que en la sentencia impugnada, refiere otros medios de prueba como las declaraciones de los policías que intervinieron en la captura o las actas de las declaraciones de los testigos rendidas en sede administrativa. Por otra parte, el hecho de que se llegara a anular el acta de decomiso, no significa que se anula o que no existe el incautamiento del arma en manos del imputado, hecho que es posible acreditarlo mediante otros medios de prueba. CONSIDERANDO: Que como se colige de lo anterior, el argumento del garantista no es lo suficientemente convincente para apreciar violación a los derechos invocados; lo que se aprecia únicamente es que existen en el acta de decomiso algunas omisiones, que pudieran ser subsanables. En todo caso el juicio verdadero, será cuando se verifique la etapa del debate, donde se va a valorar la verdad de los hechos mediante las pruebas que aporten cada una de las partes. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional no encuentra que exista violación a los derechos constitucionales que se invocan y por ende estima procedente denegar la garantía constitucional de Amparo de mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 69, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 322, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 132 del Código Procesal Penal; FALLA: DENEGANDO el recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; y, MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada DUBON VILLEDA DE FLORES. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO. COORDINADOR. CARLOS ARMANDO FLORES CARIAS. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA. SUYAPA THUMANN CONDE. JOSE ROLANDO ARRIAGA MANCIA. Firma y Sello. MIRNA LIZETTE ALVARADO.- SECRETARIA POR LEY”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el trece de marzo de dos mil nueve, certificación de la sentencia de fecha doce de enero de dos mil nueve recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 232-P327=08.Firma y Sello.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
RECEPTOR ADSCRITO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
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