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Sentencia AP-232-07 — Registro 3801

Resumen

Orden de Incautación de equipo de telecomunicaciones, en relación a la investigación sobre la probable comisión del uso fraudulento del espacio radioeléctrico de servicio telefónico.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…."CONSIDERANDO: Que un estudio detenido de los antecedentes revela, que las ordenes de incautación del equipo de telecomunicaciones, documentación contable y administrativa del establecimiento mercantil conocido como PRONTO, ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, se hizo en el marco de la investigación iniciada para indagar sobre la probable comisión del uso fraudulento del espacio radioeléctrico del servicio telefónico, en virtud del cual, sin contar con la debida autorización, y mediante subterfugios de carácter técnico, dicha empresa supuestamente reportaba a HONDUTEL la realización de múltiples llamadas como locales, cuando en realidad las mismas eran internacionales, causando con ello un perjuicio patrimonial a la entidad estatal en referencia. CONSIDERANDO: Que por otro lado también se constata, que con la autorización del representante legal de la sociedad INVERSIONES APOLO S.A., se realizó un “vaciado” del equipo de telecomunicaciones previamente incautado, dándose la circunstancia de que practicada la pericia correspondiente, poco tiempo después el mencionado equipo fue devuelto al recurrente, sin perjuicio de proseguir con las investigaciones respectivas. En este sentido, aparte del fundamento legal antes citado, la Sala estima que la medida temporal, de carácter real, consistente en la incautación del equipo y documentación del establecimiento mercantil conocido como “PRONTO” no se presenta infundada, arbitraria y desproporcionada, por lo que el proceso de investigación hasta ahora seguido por el Ministerio Público no ha quebrantado las formalidades esenciales que la ley establece en el ejercicio de sus funciones de investigación y persecución de delitos de orden público, consecuentemente, no se aprecia la vulneración de la garantía del debido proceso en perjuicio de INVERSIONES APOLO S.A.. CONSIDERANDO: Que por todas las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se deniegue el amparo interpuesto por el recurrente."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de enero de dos mil nueve.-VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, a favor de la sociedad mercantil denominada INVERSIONES APOLO, S.A. DE C.V., también conocida como PRONTO, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.ANTECEDENTES 1) Que en fecha catorce de marzo del dos mil siete, el Abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, en su condición de Apoderado Judicial de la sociedad mercantil denominada INVERSIONES APOLO, S.A. DE C.V., también conocida como PRONTO, compareció ante la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, interponiendo recurso de amparo, reclamando la restitución y goce de derechos y garantías Constitucionales que afirma fueron infringidas en su perjuicio, por la Fiscalía del Crimen Organizado de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el doce de marzo del año dos mil siete, que ordenó desmantelar y decomisar el equipo técnico con que opera la referida sociedad mercantil, la documentación contable y administrativa y el equipo de computo de la oficina; lo anterior en relación a las diligencias investigativas que realiza la Fiscalía de esa Sección Judicial por la supuesta comisión del delito de HURTO CONTINUADO POR EL USO FRAUDULENTO DE LAS FRECUENCIAS DEL ESPÉCTRO RADIOELÉCTRICO Y DEMÁS CLASES DE ONDAS O ENERGÍAS EN LOS SISTEMAS TELEFÓNICOS en perjuicio de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES “HONDUTEL”. 2) Que en fecha veintinueve de marzo del año dos mil siete, la Corte de Apelaciones referida, ordeno remitir a este Alto Tribunal, el caso referido, por declararse incompetente para conocerlo; remitiéndolo en fecha once de abril del año dos mil siete. CONSIDERANDO: Que en fecha 14 de marzo de 2007, el Abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, donde interpuso recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil denominada INVERSIONES APOLO S.A. DE C.V., que opera comercialmente bajo el nombre de “PRONTO”, exponiendo que por órdenes verbales giradas por el Fiscal adscrito a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, Abogado MARCIO ZUNIGA, en fecha 12 de marzo de 2007, se procedió al desmantelamiento e incautación de equipo técnico de telecomunicaciones y de cómputo así como también de documentación contable y administrativa propiedad de la referida sociedad, llevándose los objetos incautados a las oficinas de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, quedando imposibilitado el establecimiento mercantil denominado PRONTO para proveer el servicio público de telefonía, para lo cual estaba habilitado como suboperador autorizado por contrato suscrito con la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones. CONSIDERANDO: Que según expuso el recurrente, el desmantelamiento e incautación del equipo y documentación referidos, constituye una violación de la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, en tanto en cuanto que con ello se han vulnerado entre otros principios el de continuidad en la prestación del servicio, al tenor de lo que dispone el artículo 14 de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones y 6 del Reglamento General de dicha Ley. Por otro lado, el contrato suscrito entre la sociedad mercantil recurrente en amparo y HONDUTEL, establece que las controversias y diferencias surgidas entre las partes se dirimirán por la vía de la conciliación, la mediación y el arbitraje, disposición que no fue observada en el presente caso, así como tampoco lo dispuesto en el artículo 75 literal d) No. 16) del Reglamento antes mencionado, donde se prevé que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) debe apercibir a las empresas operadoras, cuando estas hayan cometido infracciones graves o muy graves, como acto previo a que se decrete la resolución de la sanción correspondiente. CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo expuesto por el recurrente, tampoco se observó en el caso bajo examen, lo previsto en el artículo 108-A del Reglamento General de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, donde se dispone que cuando el operador concesionario se encuentre en alguna de las causas que dan lugar a la revocatoria de la concesión, CONATEL, de conformidad a lo consignado en el artículo 46 de la Ley Marco, tomará posesión y ejercerá el derecho de usufructo sobre los bienes, redes y equipo utilizado por el concesionario para garantizar la continuidad eficiente e ininterrumpida del servicio público de telecomunicaciones correspondiente. CONSIDERANDO: Que en auto motivado de fecha 20 de marzo de 2007, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, bajo la responsabilidad del recurrente, y con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio prestado a los usuarios, decretó como medida cautelar la suspensión del acto de incautación del equipo de telecomunicaciones propiedad de la sociedad INVERSIONES APOLO S.A., ordenando para tales efectos al Representante del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, Abogado MARCIO ZUNIGA que devolviera el referido equipo, sin perjuicio de la continuidad de las acciones de investigación emprendidas por el ente acusador. (vid. Folios No. 49-50). CONSIDERANDO: Que en fecha 22 de marzo de 2007, el señor MAURICIO GABRIEL KATTAN SALEM, actuando como representante legal de la sociedad INVERSIONES APOLO S.A., autorizó al Ministerio Público para que procediera a realizar un vaciado de información, sobre el equipo incautado. (vid. Folio No. 83). CONSIDERANDO: Que en escrito de fecha 26 de marzo de 2007, el Licenciado BENJAMIN LAVAIRE, en su condición de Representante del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, presentó la documentación donde se acredita que en fecha 24 de marzo de 2007, fue devuelto el equipo incautado al representante de la sociedad recurrente, señor MAURICIO KATTAN SALEM, luego de haberse practicado el peritaje correspondiente. (vid. Folios No. 100-102). CONSIDERANDO: Que en resolución motivada de fecha 29 de marzo de 2007, la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, se declaró incompetente para seguir conociendo de las presentes diligencias, arguyendo que la autoridad responsable del acto impugnado, esto es, el Abogado MARCIO ZUNIGA, en su condición de Fiscal Especial designado para investigar los delitos de hurto continuado por el uso fraudulento de las frecuencias del espectro radioeléctrico y demás clases de ondas y energías en los sistemas telefónicos, tiene jurisdicción a nivel nacional, concluyendo que por tales razones, el amparo interpuesto por el recurrente, debía ser conocido en lo sucesivo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. (vid. Folios No. 106-107). CONSIDERANDO: Que en resolución de fecha 13 de abril de 2007, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia decretó el sobreseimiento de las diligencias, en tanto en cuanto que al haberse reanudado la actividad de la empresa mercantil de la que es titular la sociedad recurrente, tras haberse efectuado el peritaje correspondiente ordenado por el Ministerio Público, y por ende habiendo cesado la incautación temporal del equipo de telecomunicaciones de la referida empresa, los actos impugnados por el Quejoso adquirieron el carácter de consumados de modo irreparable, concurriendo de ese modo la causa de inadmisibilidad de la acción prevista por el artículo 46 No. 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO: Que no conforme con la resolución dictada por la Sala de lo Constitucional, el Apoderado Judicial de la sociedad INVERSIONES APOLO S.A., interpuso recurso de reposición, alegando que no procedía decretar el sobreseimiento de las diligencias, en tanto en cuanto que este Tribunal debía pronunciarse sobre la violación de los derechos constitucionales supuestamente vulnerados por las actuaciones del Fiscal, Abogado MARCIO ZUNIGA. CONSIDERANDO: Que en resolución de fecha 25 de mayo de 2007, la Sala de lo Constitucional declaró con lugar el recurso de reposición interpuesto por el Apoderado Judicial de INVERSIONES APOLO S.A., ordenando que se siguiera con el trámite normal de la demanda de amparo interpuesto a favor de dicha sociedad, revocando la medida cautelar de suspensión provisional del acto reclamado que había decretado la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, al haberse perdido el objeto de la misma, toda vez que el equipo de telecomunicación incautado había sido ya devuelto y a la vez se había reanudado la actividad de la empresa mercantil (vid. Folios No. 123-124) CONSIDERANDO: Que en fecha 1 de agosto de 2007, el Apoderado Judicial de la sociedad INVERSIONES APOLO S.A., formalizó el amparo presentado a favor de ésta última, desarrollando en esencia los mismos conceptos de la violación expuestos al momento de interponer dicho recurso. CONSIDERANDO: Que a diferencia del antiguo proceso penal, que primaba el papel del Juez Instructor, funcionario judicial que ejercía un control casi absoluto sobre el impulso y control de las actividades de investigación, el actual confiere al Ministerio Público a través de sus funcionarios y órganos auxiliares, la investigación de los hechos con apariencia delictiva y la promoción de la acción penal pública en representación de la sociedad. CONSIDERANDO: Que de este modo, es que el artículo 217 del Código Procesal Penal establece que los objetos y documentos relacionados con el delito que puedan ser importantes para la investigación serán tomados en depósito por las respectivas autoridades o asegurados y conservados de la mejor manera posible. CONSIDERANDO: Que un estudio detenido de los antecedentes revela, que las ordenes de incautación del equipo de telecomunicaciones, documentación contable y administrativa del establecimiento mercantil conocido como PRONTO, ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, se hizo en el marco de la investigación iniciada para indagar sobre la probable comisión del uso fraudulento del espacio radioeléctrico del servicio telefónico, en virtud del cual, sin contar con la debida autorización, y mediante subterfugios de carácter técnico, dicha empresa supuestamente reportaba a HONDUTEL la realización de múltiples llamadas como locales, cuando en realidad las mismas eran internacionales, causando con ello un perjuicio patrimonial a la entidad estatal en referencia. CONSIDERANDO: Que por otro lado también se constata, que con la autorización del representante legal de la sociedad INVERSIONES APOLO S.A., se realizó un “vaciado” del equipo de telecomunicaciones previamente incautado, dándose la circunstancia de que practicada la pericia correspondiente, poco tiempo después el mencionado equipo fue devuelto al recurrente, sin perjuicio de proseguir con las investigaciones respectivas. En este sentido, aparte del fundamento legal antes citado, la Sala estima que la medida temporal, de carácter real, consistente en la incautación del equipo y documentación del establecimiento mercantil conocido como “PRONTO” no se presenta infundada, arbitraria y desproporcionada, por lo que el proceso de investigación hasta ahora seguido por el Ministerio Público no ha quebrantado las formalidades esenciales que la ley establece en el ejercicio de sus funciones de investigación y persecución de delitos de orden público, consecuentemente, no se aprecia la vulneración de la garantía del debido proceso en perjuicio de INVERSIONES APOLO S.A.. CONSIDERANDO: Que por todas las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se deniegue el amparo interpuesto por el recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5), 316 No. 1) de la Constitución de la República, 217 del Código Procesal Penal, 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b) y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Denegando el amparo interpuesto contra las órdenes de incautación de equipo técnico de telecomunicaciones, equipo de oficina, mobiliario y papelería de la sociedad antes mencionada, impartidas en fecha 12 de marzo de 2007, por el Fiscal adscrito a la Fiscalía Especial del Crimen Organizado, Abogado MARCIO ZUNIGA, Y MANDA: Que se remita copia certificada del presente fallo al Señor Fiscal Especial de Lucha contra el Crimen Organizado,.- Redactó el Magistrado GOMEZ MORENO.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO. COORDINADOR CARLOS ARMANDO FLORES CARIAS. SUYAPA THUMANN CONDE. JOSE ROLANDO ARRIAGA MANCIA. DAISY RODRIGUEZ. Firma y Sello. LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL".

Y para ser entregada al FISCAL ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, se extiende en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el veinticinco de marzo de dos mil nueve, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de enero de dos mil nueve recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 232=07.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

RECEPTOR ADSCRITO

DE LA SALA CONSTITUCIONAL