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Sentencia AL-599-07 — Registro 4957

Resumen

Sentencia confirmó resolución interlocutoria que declaró sin lugar excepción dilatoria de falta de personalidad del demandado con relación a demanda ordinaria laboral para pago de prestaciones e indemnizaciones laborales más salarios dejados de percibir contra recurrente por considerar que ésta aceptó que el demandante dirigió su demanda en su contra ya que lo había contratado, hecho aceptado por la demandada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales no pueden hacer mas que lo que la ley le autoriza o manda a realizar, por tanto, tiene la representación legal exclusiva de los intereses del Estado en materia de Medio Ambiente y recursos naturales y su comparecencia en juicio está limitada a los asuntos civiles y criminales en Materia Ambiental, conforme lo establece los Artículos 1 y 4 de la Ley de la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales; por lo que, en los demás asuntos, la representación legal corresponde por disposición Constitucional a la Procuraduría General de la República..."..."al hacer un examen del acto recurrido, se aprecia, en cuanto al derecho de Petición y Derecho de Defensa que este no ha sido conculcado, pues consta en la pieza contentiva de la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones identificada con el No. 4890 que el recurrente no solo hizo uso de los recursos legales que la ley le concede para buscar remedio a la resolución que considera le causan agravio, sino que obtuvo respuesta a los mismos, a tal efecto, al momento de contestar la demanda opuso la excepción dilatoria de falta de personalidad legal en el demandado, contra la sentencia interlocutoria de fecha 16 de mayo de 2007 que resolvió dicha excepción, interpuso el recurso de reposición y apelación subsidiaria, recurso primero que le fue declarado sin lugar y en cuanto al recurso de apelación una vez remitidas las diligencias al Tribunal Ad-quem este dio respuesta mediante sentencia proferida el veintisiete de julio del 2007, confirmando la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de fecha dieciséis de mayo de 2007, por lo que no hubo hecho o acto de autoridad judicial que perturbara dichos derechos constitucionales..."...."se aprecia en el caso sub judice, que el elemento de la representación legal o capacidad procesal no está presente en relación al demandado, pues la acciòn fue dirigida contra la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales, cuando por disposición legal, éste ente tiene delimitada y concentrada la representación del Estado, únicamente en materia ambiental; en consecuencia fuera de este ámbito carece de capacidad para comparecer en juicio por sí. En razón de lo anterior, el Derecho al Debido Proceso que comprende no solo la condición de ser juzgado por Juez o Tribunal competente, sino que también con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, se ve vulnerado con el acto recurrido, por cuanto se somete a la contienda judicial a un ente que carece de la capacidad procesal para comparecer a nombre del Estado, quebrantándose la formalidad procesal de llevar a juicio a una persona que carece de legitimación en causa o representación en este caso particular..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA:La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veinte de octubre de dos mil nueve VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ALEXANDER ROBERTO LAGOS FLORES, a favor de la PROCURADURIA DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de julio del año dos mil siete, que confirma la sentencia interlocutoria de fecha dieciséis de mayo del año dos mil siete, dictada por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; con relación a la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el señor HILDER DANILO BLANCO BLANCO contra la PROCURADURIA DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.ANTECEDENTES

  1. Que en fecha diecinueve de octubre del año dos mil cinco, compareció ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el señor HILDER DANILO BLANCO BLANCO, en su condición personal, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral, contra la PROCURADURIA GENERAL DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, a través de su Procurador Abogado RENE AUGUSTO ZUNIGA VARGAS, para que mediante Sentencia Definitiva se le condene al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales mas los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido directo hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria, con especial condena en costas. 2) Que en fecha veintiocho de marzo del año dos mil siete, el Abogado RENE AUGUSTO ZUNIGA VARGAS, actuando en su condición de PROCURADOR DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, compareció ante el Juez A-Quo contestando la demanda de mérito y oponiendo la Excepción Dilatoria de Falta de Personalidad Legal del Demandado, en cuanto que el nombre correcto de la Institución que él representa es Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales y no Procuraduría General del Ambiente y Recursos Naturales, cuyas facultades legalmente conferidas se limitan al campo civil y criminal en materia Ambiental, y que la Representación del Estado de Honduras le corresponde a la Procuraduría General de la República. 3) Que en fecha dieciséis de mayo del año dos mil siete, el Juzgador de Primera Instancia, mediante Sentencia Interlocutoria, declaró sin lugar la Excepción Dilatoria de Falta de Personalidad del Demandado, por considerar que la parte demandada aceptó que el señor Hilder Blanco dirigió su demanda en contra de la persona jurídica que lo había contratado hecho aceptado por la demandada. 4) Que en fecha veintisiete de julio del año dos mil siete, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia, mediante la cual confirmó la Sentencia Interlocutoria que se deja relacionada en el inciso que precede, por considerar que procede declarar sin lugar la excepción planteada, en virtud de que la demandada reconoce la relación laboral que existió entre el demandante y la Institución demandada. 5) El recurrente Abogado ALEXANDER ROBERTO LAGOS FLORES, compareció ante este Tribunal, en fecha veintisiete de septiembre del año dos mil siete, reclamando amparo a favor de la PROCURADURIA DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, afirmando que la decisión del Ad Quem de fecha veintisiete de julio del año dos mil siete, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 94, 321 y 323 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales, conforme lo establece el Art.1 de la Ley de la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales, es un órgano desconcentrado adscrito a la Procuraduría General de la República, respecto de la cual funciona con independencia técnica, financiera, presupuestaria y administrativa, tendrá la representación legal exclusiva de los intereses del Estado en materia de medio ambiente y recursos naturales. Así mismo el Artículo 4 de ese mismo Cuerpo Legal señala que las acciones civiles y criminales en materia ambiental serán ejercidas directamente por la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales, y en estos casos, el Procurador del Ambiente y Recursos Naturales tendrá las facultades de Apoderado General del Estado en esa materia. CONSIDERANDO: Que la desconcentración es una situación jurídica mediante la cual, a través de una ley se atribuye a un órgano una competencia exclusiva parcial sobre determinadas materias a fin de descongestionar los órganos de los entes estatales; la desconcentración, puede ser funcional ya sea por las competencias que se transmiten o geográfica según el territorio; en el caso particular de la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales la desconcentración es funcional, en atención, tanto, a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley de la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales antes citado, como por lo que indica el Artículo 5 del mismo texto legal, que señala que en los asuntos ambientales la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales, gozará de plena autonomía y solo recibirá indicaciones de tipo técnico por parte de las entidades que tengan atribuidas por la ley, las investigaciones, gestión y otros asuntos de Medio Ambiente y Recursos Naturales a efecto de que las infracciones administrativas, delitos y faltas conexas no queden impunes. CONSIDERANDO: Que la Ley General de la Administración Pública en sus Artículos 43 y 45 señala que la desconcentración funcional se verifica mediante la creación de entidades u órganos que no obstante depender jerárquicamente de un órgano central, se les atribuye competencia propia, la cual ejercitan con autonomía técnica-administrativa y financiera y que los órganos o entidades desconcentradas se crearán mediante leyes y sus titulares responderán de su gestión ante la dependencia de la Administración centralizada de quien dependan; en el caso particular de la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales por estar adscritos a la Procuraduría General de la República responden frente a ella. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su Artículo 228 establece que la Procuraduría General de la República tiene la representación legal del Estado y su organización y funcionamiento serán determinados por la Ley; por lo tanto, corresponde a este ente comparecer en juicio en nombre y representación del Estado. Por otra parte, el Artículo 321 postula el principio de legalidad que manda que los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley, todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. CONSIDERANDO: Que con fundamento en el principio de legalidad antes citado, la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales no pueden hacer mas que lo que la ley le autoriza o manda a realizar, por tanto, tiene la representación legal exclusiva de los intereses del Estado en materia de Medio Ambiente y recursos naturales y su comparecencia en juicio está limitada a los asuntos civiles y criminales en Materia Ambiental, conforme lo establece los Artículos 1 y 4 de la Ley de la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales; por lo que, en los demás asuntos, la representación legal corresponde por disposición Constitucional a la Procuraduría General de la República. CONSIDERANDO: Que el recurrente invoca como disposiciones constitucionales violadas las contenidas en los Artículos 80, 82, 90, 94, 321 y 323 de la Constitución de la República, referidos al Derecho de Petición, Derecho de Defensa, Debido Proceso, el principio de legalidad y Responsabilidad de los Servidores del Estado; Sin embargo, al hacer un examen del acto recurrido, se aprecia, en cuanto al derecho de Petición y Derecho de Defensa que este no ha sido conculcado, pues consta en la pieza contentiva de la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones identificada con el No. 4890 que el recurrente no solo hizo uso de los recursos legales que la ley le concede para buscar remedio a la resolución que considera le causan agravio, sino que obtuvo respuesta a los mismos, a tal efecto, al momento de contestar la demanda opuso la excepción dilatoria de falta de personalidad legal en el demandado, contra la sentencia interlocutoria de fecha 16 de mayo de 2007 que resolvió dicha excepción, interpuso el recurso de reposición y apelación subsidiaria, recurso primero que le fue declarado sin lugar y en cuanto al recurso de apelación una vez remitidas las diligencias al Tribunal Ad-quem este dio respuesta mediante sentencia proferida el veintisiete de julio del 2007, confirmando la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de fecha dieciséis de mayo de 2007, por lo que no hubo hecho o acto de autoridad judicial que perturbara dichos derechos constitucionales. CONSIDERANDO: Que con relación a la legitimación ad processum, situación que fue cuestionada por el recurrente con la excepción de falta de representación legal del demandado y que fue desestimada por el A-quo y confirmada por el Ad-quem, mediante la sentencia de fecha veintisiete de julio de 2007; entendiéndose por tal, como la condición de que sólo pueden estar en el proceso quienes ostentan no solo la legitimación derivada de la titularidad por los litigantes de la situación jurìdica controvertida, sino también las personas que pueden intervenir en el proceso como partes, se aprecia en el caso sub judice, que el elemento de la representación legal o capacidad procesal no está presente en relación al demandado, pues la acciòn fue dirigida contra la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales, cuando por disposición legal, éste ente tiene delimitada y concentrada la representación del Estado, únicamente en materia ambiental; en consecuencia fuera de este ámbito carece de capacidad para comparecer en juicio por sí. En razón de lo anterior, el Derecho al Debido Proceso que comprende no solo la condición de ser juzgado por Juez o Tribunal competente, sino que también con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, se ve vulnerado con el acto recurrido, por cuanto se somete a la contienda judicial a un ente que carece de la capacidad procesal para comparecer a nombre del Estado, quebrantándose la formalidad procesal de llevar a juicio a una persona que carece de legitimación en causa o representación en este caso particular. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, y con fundamento en los artículos 1, 183, 228, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 43 y 45 de la Ley General de la Administración Pública;1, 4 y 5 de la Ley de la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales; 1, 4, 41, 47, 63, 65 y 32 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: Otorgando el Amparo interpuesto contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de Francisco Morazán de fecha veintisiete de julio de 2007, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada CRUZ DE WILLIAMS.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. COORDINADORA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el once de noviembre de dos mil nueve, certificación de la sentencia de fecha veinte de octubre de dos mil nueve, recaída en el Recurso de Amparo Laboral con orden de ingreso en este Tribunal No. 599-P745-P751=07.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.

SECRETARIO DE LA

SALA CONSTITUCIONAL