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Sentencia AL-139-08 — Registro 4953

Resumen

Resolución declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó providencia dictada por juzgado de primera instancia que desembargó bienes muebles embargados al Hospital y Clínicas San Jorge, S.A. pero solicitados por Centro de Imágenes San Jorge, S.A. se ordenó la devolución de la caución rendida en base al derecho de terceros considerando que no procede incidente de nulidad de demandante en virtud que dicha resolución quedó firme al no haber sido impugnada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la Sala de lo Constitucional, ha establecido que el fondo del asunto en el caso de merito lo constituye la resolución que el tribunal de primera instancia emitió, en fecha seis de septiembre del año dos mil siete (Ver folio 222 de la causa); comparecencia por la cual el abogado MARLON RENIERY DUARTE AMADOR, actuando en nombre y representación del CENTRO DE IMÁGENES SAN JORGE S. A., solicita que ese Tribunal se digne resolver sobre su derecho de tercero; acta por la cual la jueza del referido Tribunal, resuelve favorablemente a favor del compareciente ordenando el desembargo de ciertos bienes muebles que se encontraban en poder del Centro de Imágenes San Jorge S. A., y la devolución de la garantía o caución presentada; resolución que a juicio del amparista no le fue notificada y que por lo tanto acarrea nulidad..."..."esta Sala sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, o sea la procedencia o no del desembargo de los bienes muebles decretada por la juez de primera instancia, si estima, al tenor del citado articulo 782, que en tales asuntos cuando se ventilen ante el tribunal, el juez deberá resolver de plano o sea en forma breve, pero el actuar en forma breve tal y como lo exige el citado articulo, no faculta al tribunal en manera alguna a obviar formalidades procesales ya establecidas, como es el caso de las notificaciones, en estos casos tal situación se regula en el Capitulo XII de Los Procedimientos Especiales y del Juicio Ejecutivo, concretamente en el articulo 787 del Código del Trabajo..."..."en el caso de merito, nos encontramos que a folios 187 a 188, se encuentra la comparecencia del abogado MARLON RENIERY DUARTE AMADOR, quien se persona haciendo uso de derecho de terceras personas a favor de su representado, y en el folio 218 siempre de la misma causa, nuevamente comparece el mismo profesional rindiendo garantía bancaria y solicitando la inspección personal de la juez en el local de la empresa Imágenes San Jorge; comparecencias de las que no hay constancia en el expediente que hayan sido notificadas mediante avisos a las otras partes en el proceso, como tampoco consta que se haya notificado de la providencia dictada por el tribunal de primera instancia en fecha seis de septiembre del año dos mil siete, a las partes intervinientes; y si bien es cierto que a folio 220 de la causa la parte demandante, compareció ante el tribunal argumentando sobre la improcedencia del derecho de tercera persona, con lo que se podría estimar que la misma estaba enterada de lo que estaba sucediendo en el tribunal; también es cierto que no se puede obviar de ninguna manera lo prescrito en el articulo antes citado en cuanto que el mismo deja plenamente establecido que en este tipo de procesos, las providencias serán notificadas a las partes mediante avisos, situación que en el caso de merito no sucedió así, con tal omisión el juez, no ha brindado a las partes la oportunidad de defender las propias posiciones en el proceso judicial que afecte los derechos o intereses propios así como promover la contradicción, tal omisión ha violentado en perjuicio de las mismas, las garantías constitucionales de defensa y del debido proceso..."..."En cuanto a las consideraciones del ad-quem esgrimidas en su fallo de fecha veinticuatro de enero del año dos mil ocho, razones por las cuales se argumenta que en el caso de merito y en virtud de que la resolución ya tantas veces citada, no fue impugnada por lo que la misma quedó firme y en consecuencia no cabe el incidente de nulidad interpuesto por el apoderado legal de la parte demandante, tomando como base jurídica lo establecido en el articulo 188 del Código de Procedimientos Comunes; esta Sala estima que tal apreciación jurídica no es correcta, ya que del análisis de las actuaciones realizadas por la juez de primera instancia en la solicitud del reconocimiento de un derecho de tercero, se establece que a tal solicitud no se le dio un tramite incidental, ni ningún otro que por analogía pudiese aplicar; lo que si se ha establecido es que la juez resolvió sobre lo solicitado favorablemente, en providencia dictada en una acta de comparecencia, con la única participación del peticionario, resolución que no fue notificada por avisos a las otras partes ausentes, lo que violenta el citado articulo 787 del Código del Trabajo..."..."Entiende esta Sala que hay debido proceso si se cumplen los fines superiores como son la libertad, la justicia, la dignidad humana, la igualdad, la seguridad jurídica y derechos fundamentales como la legalidad, la controversia, la defensa, la celeridad, la publicidad, etc., estamos, pues frente a un conjunto de derechos, garantías y formalidades cualquiera de las cuales tiene que ser violentada para que pueda hablarse de que a su vez, se ha irrespetado el debido proceso como un todo. Así que esta Sala estima que la falta de notificación a las partes de la resolución de fecha seis de septiembre del año dos mil siete y que obra al folio número 222 del expediente respectivo, ha suscitado la vulneración a las garantías constitucionales del derecho de defensa y del debido proceso..."..."Que por todas las razones anteriormente expuestas, la Sala de lo Constitucional estima que es procedente que se otorgue el amparo que es objeto de esta sentencia..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA:La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de noviembre de dos mil nueve. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO BAQUEDANO REYES, mayor de edad, hondureño, con carné del Honorable Colegio de Abogados de Honduras numero 9595 y con oficinas profesionales en el edificio Midence Soto, cubículo numero 403, de este domicilio; a favor de la señora MARIA CONCEPCION DUARTE FLORES, mayor de edad, soltera, Enfermera Auxiliar, hondureña y de este domicilio, contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de ENERO del año dos mil ocho, que confirmó la resolución dictada por el Juzgado Segundo de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil siete; con relación a la demanda ordinaria laboral interpuesta por el Abogado MARCO ANTONIO BAQUEDANO REYES, en su condición de apoderado legal de la señora MARIA CONCEPCION DUARTE FLORES, contra la sociedad mercantil denominada HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A., a través de su Gerente General la señora GLADYS MOREIRA DE FRAZER. ANTECEDENTES

  1. Que en fecha cuatro de octubre del año dos mil cinco, compareció ante el Juzgado Segundo de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado MARCO ANTONIO BAQUEDANO REYES, en su condición de apoderado legal de la señora MARIA CONCEPCION DUARTE FLORES, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral, contra la sociedad mercantil denominada HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A., a través de su gerente general la señora GLADYS MOREIRA DE FRAZER, para que mediante Sentencia Definitiva se declare con lugar la demanda y se condene a dicha sociedad al pago de la cantidad de Ciento Dos Mil Ciento Noventa y Dos Lempiras con Cincuenta y Cuatro Centavos (L.102,192.54), en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales, vacaciones proporcionales, decimotercero y decimocuarto mes proporcional, salarios adeudados, mas el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, con especial condena en costas. 2) Que en fecha cuatro de mayo del año dos mil seis, el Juzgado de Letras Segundo de Trabajo del Departamento de Francisco Morazán dictó sentencia declarando Con Lugar la demanda ordinaria interpuesta, siendo confirmada la misma en fechas quince de junio del año dos mil seis, por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este departamento y veintitrés de febrero del año dos mil siete por la Honorable Corte Suprema de Justicia, en virtud de los recursos de apelación y casación interpuestos por la parte demandada, por lo que en fecha veintisiete de abril del año dos mil siete, el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, procedió a realizar la liquidación de la sentencia conforme a derecho, iniciándose en fecha diez de mayo de ese mismo año, la fase de ejecución de la misma mediante el requerimiento de pago contra el señor GEORGE ALBERTO FRASER STAÍN en su calidad de gerente general de la empresa demandada, CENTRO COMERCIAL LA BOLSA, S. DE R. L. DE C.V. 3) Que en fecha cuatro de julio del año dos mil siete, a solicitud de la parte demandante se procedió al embargo de bienes muebles, propiedad de la empresa demandada.4) Que en fecha treinta y uno de julio del año dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en la causa que nos ocupa, el abogado MARLON RENIERY DUARTE AMADOR, en su condición de apoderado legal de la empresa Centro de Imágenes San Jorge S. A. a fin de hacer uso del derecho de terceras personas, amparándose en el articulo 782 del Código del Trabajo, solicitando del tribunal el desembargo de cierto equipo medico que afirmó se encontraba en poder de su representada al momento de realizarse el embargo, por lo que en fecha seis de septiembre del año dos mil siete, el juzgado una vez rendida caución por parte del peticionario y habiéndose realizado la inspección judicial, ordenó en el acta respectiva, el desembargo de los bienes solicitados y la devolución de la caución rendida. 5) Que en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil siete, el Juzgador de Primera Instancia, señaló audiencia para el día seis de noviembre del año dos mil siete, a efecto de rematar en pública subasta los bienes muebles embargados por el tribunal y tasados por perito, para lo cual mandó a publicar los avisos de remate en legal y debida forma y rechazó la nulidad solicitada por el abogado MARCO ANTONIO BAQUEDANO REYES, por considerar que los incidentes solo pueden oponerse en la Audiencia Primera de Trámite, habiendo resuelto en fecha seis de septiembre del año dos mil siete, ese Tribunal, el derecho de terceros presentado por la sociedad mercantil denominada CENTRO DE IMÁGENES SAN JORGE S.A. 6) Que en fecha veinticuatro de enero del año dos mil ocho, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo la apelación interpuesta por el Abogado MARCO ANTONIO BAQUEDANO REYES, en su condición indicada, confirmó la providencia que se deja relacionada en el inciso que precede, por considerar que contra la resolución de fecha seis de septiembre del año dos mil siete, no cabe el incidente de nulidad propuesto, en virtud de que la misma quedó firme, al no haber sido impugnada; fundamentando su decisión en los artículos 275 y 282 del Código Procesal Civil.7) El recurrente, Abogado MARCO ANTONIO BAQUEDANO REYES, compareció ante éste Tribunal, en fecha veinticuatro de marzo del año dos mil ocho, reclamando amparo a favor de la señora MARIA CONCEPCION DUARTE FLORES, afirmando que la decisión del ad-quem, de fecha veinticuatro de enero del año dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 127, 128, 129, 133, 136 y 138 de la Constitución de la República, arguye que la resolución impugnada vulnera en perjuicio de su representada tales preceptos constitucionales en el fondo del proceso, por las siguientes razones: a)Dice que pidió nulidad del auto de fecha seis de septiembre del año dos mil siete, porque el mismo no fue notificado a las partes, auto por el cual el juez de primera instancia resuelve la comparecencia del abogado MARLON RENIERY DUARTE AMADOR apoderado de la parte tercerista, alega que el juez de primera instancia al resolver favorablemente el derecho a terceros, lo hace unilateralmente y que con ello ha violentando el articulo 787 del código del Trabajo (folios 222 y 223 del expediente 1693-05); b) Señala que a folio 184 del expediente en cuestión, el juez de primera instancia ya había rechazado la comparecencia del abogado MARLON RENIERY DUARTE AMADOR por considerar que no era parte en el juicio, por lo que a juicio del recurrente quedaba en autos que no procedía tercería alguna; C) Que en fecha treinta de julio del año dos mil siete, y a folio 187 de la causa, consta nuevamente la comparecencia del abogado MARLON RENIERY DUARTE AMADOR solicitando el desembargo de los bienes, no obstante que el tribunal ya había rechazado su presencia por no ser parte en el proceso; d) Señala que a folio 221 de la causa, se constata una nueva violación al proceso, en lo referente a la inspección que de manera arbitraria y unilateral según el amparista, fue llevada a cabo por la juez de primera instancia, inspección que la realizó sin la comparecencia de las partes en el juicio, y dice que de quien solicitó la referida inspección, no aparece su firma en el acta de inspección. e) Que no obstante que en fecha dieciséis de agosto del año dos mil siete, el perito evaluador presentó su informe, quedando aprobado éste en autos por lo que el mismo era firme, al no presentar la parte demandada recurso alguno en su contra; obviando lo anterior se procedió por parte del Tribunal de primera instancia a desembargar parte de los bienes muebles que se encontraban embargados a la empresa HOSPITAL Y CLÍNICAS SAN JORGE, y que tal acción no fue notificada a las partes en el juicio. f) Señala que otra de las violaciones de las garantías procesales en que incurrió el juez de primera instancia, es en cuanto a la solicitud de desembargo, ya que no pidió para efectuarlo, una garantía suficiente y si por el contrario aceptó una mínima y simple garantía, y que la omisión por parte del tribunal de no notificar el auto de desembargo a las partes en el proceso, es una flagrante aberración jurídica. g)Esgrime que la Corte de Apelaciones del Trabajo al momento de emitir su fallo, no analizó las violaciones al procedimiento en que incurrió el juez de primera instancia, ya que no se tuvieron a la vista por parte del referido tribunal de alzada el expediente contentivo de la causa y que obra bajo el numero 1693-05, a sabiendas de que tales situaciones se hicieron ver en la audiencia de alegaciones del cinco de diciembre del año dos mil siete, en el recurso de apelación que el interpuso; reitera que el articulo 787 del Código del Trabajo es contundente en el sentido que se tienen que notificar a las partes de toda resolución o auto que los jueces del trabajo resuelvan. Concluye que el fallo recurrido no está conforme a derecho ya que en el mismo se violaron las garantías constitucionales de los artículos 127, 128 numeral 4,129,133,136 y 138 y el articulo 787 del Código del Trabajo. CONSIDERANDO: Que con fecha veinticuatro de enero del año dos mil ocho, la Corte de Apelaciones del Trabajo, de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán; dictó sentencia en el recurso de apelación interpuesto por el abogado MARCO ANTONIO BAQUEDANO REYES, contra la resolución dictada por el Juzgado Segundo de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el veinticuatro de octubre del año dos mil siete, sentencia mediante la cual el tribunal ad-quem declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por considerar que en el caso de merito, se constató lo siguiente: Que el apoderado legal de la parte demandante, solicitó al tribunal de primera instancia la nulidad del auto de fecha seis de septiembre del año dos mil siete, en virtud de que no le fue notificado; auto mediante el cual el tribunal resuelve la comparecencia del abogado MARLON RENIERY DUARTE AMADOR, y la interposición de un derecho a terceros, actuando en su condición de apoderado de la EMPRESA DE IMÁGENES SAN JORGE S.A., argumenta que al tenor de lo establecido en el articulo 782 del Código del Trabajo, el que establece que queda a salvo el derecho de terceras personas, si prestan caución de indemnizar a las partes por los perjuicios que de su acción se les sigan para pedir en cualquier tiempo, antes del remate, que se levante el secuestro de los bienes, alegando que tenia la posesión de ellos al tiempo en que aquel se hizo; explica que de lo preceptuado en la norma citada resulta claro que el presupuesto de la misma es la rendición de caución como requisito previo para el levantamiento del secuestro o embargo, en el caso de terceros que aleguen y prueben estar en posesión de los bienes afectados con la referida medida, así es como el titular de un derecho que recae sobre una cosa, realiza y observa determinadas conductas sobre ellas y que no constituyen mas que la puesta en ejecución del ejercicio de un derecho, y que en ese sentido la posesión es el señorío sobre la cosa, y que ha resultado acreditado que la posesión de los bienes afectados con el embargo, estaban en poder de la sociedad IMÁGENES SAN JORGE S.A., que tal extremo se constató con la inspección realizada por el tribunal de primera instancia, por lo que legalmente procedía el derecho a tercero formulado, y por ende el desembargo de los bienes muebles solicitado, así como la devolución de la garantía o caución presentada. Dice que se ha constatado que de la referida resolución no se interpuso recurso alguno, o sea que no fue impugnada, y que consecuentemente la misma quedó firme y que no cabe por ende el incidente de nulidad propuesto por la parte demandante, incidente que fue presentado un mes y medio después de la referida resolución a favor del derecho de tercero; y que de acuerdo con el Código del Trabajo, los incidentes solo podrán proponerse en la audiencia primera de tramite, y que los mismos se sustanciaran sin interrumpir el curso del juicio y se decidirán en la sentencia definitiva, salvo aquellos que por su naturaleza o sus fines requieran una decisión previa, y que en virtud de las consideraciones legales apuntadas es que confirma la resolución que revisa en apelación. CONSIDERANDO: Que después de una minuciosa revisión de los antecedentes, la Sala de lo Constitucional, ha establecido que el fondo del asunto en el caso de merito lo constituye la resolución que el tribunal de primera instancia emitió, en fecha seis de septiembre del año dos mil siete (Ver folio 222 de la causa); comparecencia por la cual el abogado MARLON RENIERY DUARTE AMADOR, actuando en nombre y representación del CENTRO DE IMÁGENES SAN JORGE S. A., solicita que ese Tribunal se digne resolver sobre su derecho de tercero; acta por la cual la jueza del referido Tribunal, resuelve favorablemente a favor del compareciente ordenando el desembargo de ciertos bienes muebles que se encontraban en poder del Centro de Imágenes San Jorge S. A., y la devolución de la garantía o caución presentada; resolución que a juicio del amparista no le fue notificada y que por lo tanto acarrea nulidad. El articulo 782 del Código del Trabajo literalmente expresa: “Queda a salvo el derecho de terceras personas, si prestan caución de indemnizar a las partes los perjuicios que de su acción se les sigan para pedir en cualquier tiempo, antes del remate, que se levanten el secuestro de bienes, alegando que tenían la posesión de ellos al tiempo que aquel se hizo. Junto con su petición, el tercero deberá presentar las pruebas en que la funde y el juez lo resolverá de plano”; el citado articulo, que sirve de fundamento de la resolución impugnada, faculta pues la intervención de terceras personas en el juicio laboral y supone de estas que hayan tenido la posesión de los bienes secuestrados al tiempo en que se practicó esta diligencia; y en tal caso, comprobados los extremos que dispone dicho articulo, el juez ordenara el levantamiento del secuestro, quedando pendiente el embargo sobre ellos; pero el peticionario además deberá rendir caución para responder por los perjuicios que pudiere resultar de tal acción, la calificación de esta la hará el juez; vemos pues como se puede suspender el secuestro a instancias de un tercero que se considera poseedor sobre los bienes, pero queda vigente la garantía de embargo sobre los bienes en tanto se resuelve la procedencia o no de la ejecución. Ahora bien, esta Sala sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, o sea la procedencia o no del desembargo de los bienes muebles decretada por la juez de primera instancia, si estima, al tenor del citado articulo 782, que en tales asuntos cuando se ventilen ante el tribunal, el juez deberá resolver de plano o sea en forma breve, pero el actuar en forma breve tal y como lo exige el citado articulo, no faculta al tribunal en manera alguna a obviar formalidades procesales ya establecidas, como es el caso de las notificaciones, en estos casos tal situación se regula en el Capitulo XII de Los Procedimientos Especiales y del Juicio Ejecutivo, concretamente en el articulo 787 del Código del Trabajo, que literalmente dice “Las providencias que se dicten en el curso de este juicio se notificaran por avisos, salvo la primera, que lo será personalmente al ejecutado, y sólo serán apelables en el efecto devolutivo”, en el caso de merito, nos encontramos que a folios 187 a 188, se encuentra la comparecencia del abogado MARLON RENIERY DUARTE AMADOR, quien se persona haciendo uso de derecho de terceras personas a favor de su representado, y en el folio 218 siempre de la misma causa, nuevamente comparece el mismo profesional rindiendo garantía bancaria y solicitando la inspección personal de la juez en el local de la empresa Imágenes San Jorge; comparecencias de las que no hay constancia en el expediente que hayan sido notificadas mediante avisos a las otras partes en el proceso, como tampoco consta que se haya notificado de la providencia dictada por el tribunal de primera instancia en fecha seis de septiembre del año dos mil siete, a las partes intervinientes; y si bien es cierto que a folio 220 de la causa la parte demandante, compareció ante el tribunal argumentando sobre la improcedencia del derecho de tercera persona, con lo que se podría estimar que la misma estaba enterada de lo que estaba sucediendo en el tribunal; también es cierto que no se puede obviar de ninguna manera lo prescrito en el articulo antes citado en cuanto que el mismo deja plenamente establecido que en este tipo de procesos, las providencias serán notificadas a las partes mediante avisos, situación que en el caso de merito no sucedió así, con tal omisión el juez, no ha brindado a las partes la oportunidad de defender las propias posiciones en el proceso judicial que afecte los derechos o intereses propios así como promover la contradicción, tal omisión ha violentado en perjuicio de las mismas, las garantías constitucionales de defensa y del debido proceso. En cuanto a las consideraciones del ad-quem esgrimidas en su fallo de fecha veinticuatro de enero del año dos mil ocho, razones por las cuales se argumenta que en el caso de merito y en virtud de que la resolución ya tantas veces citada, no fue impugnada por lo que la misma quedó firme y en consecuencia no cabe el incidente de nulidad interpuesto por el apoderado legal de la parte demandante, tomando como base jurídica lo establecido en el articulo 188 del Código de Procedimientos Comunes; esta Sala estima que tal apreciación jurídica no es correcta, ya que del análisis de las actuaciones realizadas por la juez de primera instancia en la solicitud del reconocimiento de un derecho de tercero, se establece que a tal solicitud no se le dio un tramite incidental, ni ningún otro que por analogía pudiese aplicar; lo que si se ha establecido es que la juez resolvió sobre lo solicitado favorablemente, en providencia dictada en una acta de comparecencia, con la única participación del peticionario, resolución que no fue notificada por avisos a las otras partes ausentes, lo que violenta el citado articulo 787 del Código del Trabajo. CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional estima que entre los muchos artículos constitucionales que el recurrente al formalizar el recurso invoco como violados en perjuicio de su representada; son las garantías de la defensa y del debido proceso, las que efectivamente se han vulnerado, la primera de ellas consagrada en nuestra carta magna en el articulo 82 que establece que “el derecho de defensa es inviolable”,la inviolabilidad de la defensa consiste, radicalmente, en que el justiciable disponga de oportunidad suficiente para participar con utilidad en el proceso, y para ello se requiere entre varios aspectos, el tener noticia o conocimiento del proceso y de cada uno de sus actos o etapas; ahora bien entendemos que tal conocimiento se hace a través de notificaciones, emplazamientos, traslados, vistas, etc., en cuanto a la garantía del debido proceso está consagrada en nuestra Constitución en el articulo 90,que en su párrafo primero establece “que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades derechos y garantías que la ley establece”; este principio implica la posibilidad efectiva de acudir ante el órgano jurisdiccional competente y preestablecido, y el derecho de las partes de realizar ante el mismo todos los actos encaminados a la defensa de sus derechos en juicio, así como también la observancia por parte del tribunal de todas las normas relativas a la tramitación de aquel, incluyendo las contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si al aplicarse la ley procesal al caso concreto, se privase a una de las partes de poder accionar ante jueces competentes y preestablecidos, de defenderse, de ofrecer y aportar pruebas, de presentar alegatos, de usar medios de impugnación contra las resoluciones judiciales, entonces estamos ante una violación de la garantía constitucional del debido proceso; y es que en todo proceso debe entenderse como formalidades procesales esenciales las de otorgar oportunidad de defensa a todas las partes, esto evidentemente incluye el que las mismas puedan manifestar sus pretensiones, defenderse, presentar y evacuar pruebas. Tenemos entonces que las formalidades que exige el debido proceso, no son más que las establecidas en la ley procesal para cada acto concreto del procedimiento. Entiende esta Sala que hay debido proceso si se cumplen los fines superiores como son la libertad, la justicia, la dignidad humana, la igualdad, la seguridad jurídica y derechos fundamentales como la legalidad, la controversia, la defensa, la celeridad, la publicidad, etc., estamos, pues frente a un conjunto de derechos, garantías y formalidades cualquiera de las cuales tiene que ser violentada para que pueda hablarse de que a su vez, se ha irrespetado el debido proceso como un todo. Así que esta Sala estima que la falta de notificación a las partes de la resolución de fecha seis de septiembre del año dos mil siete y que obra al folio número 222 del expediente respectivo, ha suscitado la vulneración a las garantías constitucionales del derecho de defensa y del debido proceso. CONSIDERANDO: Que por todas las razones anteriormente expuestas, la Sala de lo Constitucional estima que es procedente que se otorgue el amparo que es objeto de esta sentencia. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos números: 1,80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 664,665,665,672, 718, 726,779,782, 786, 787 y 858 del Código del Trabajo; 1, 78 numeral 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1,2,3 Nº 2,4,5,7,9 Nº 2,41,63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; FALLA: OTORGANDO el amparo interpuesto por el abogado MARCO ANTONIO BAQUEDANO REYES, a favor de la señora MARIA CONCEPCION DUARTE FLORES,contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de enero del año dos mil ocho; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado BUSTILLO PALMA. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. COORDINADORA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veintitrés de noviembre de dos mil nueve, certificación de la sentencia de fecha tres de noviembre de dos mil nueve, recaída en el Recurso de Amparo Laboral con orden de ingreso en este Tribunal No. 139-P235-P250=08.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA CONSTITUCIONAL