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Sentencia AC-729-07 — Registro 4925

Resumen

Sentencia anuló de oficio actuaciones a partir e inclusive del auto de admisión de la demanda con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por la recurrente contra la Municipalidad de San Pedro Sula por considerar que no se agotó la vía administrativa previo a la interponer la demanda, no acompañó documento que acredite haber finalizado el procedimiento administrativo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la Sala manifiesta que al analizar en su conjunto los cuatro preceptos que conforman el titulo quinto de la Ley de Procedimiento Administrativo, se deduce que en principio tal y como lo señala la Corte, nos encontramos ante una norma prohibitiva, que condiciona el ejercer una acción en materia de derecho privado, en contra de las Municipalidades, sin que se haya presentado un relamo administrativo, ante el titular del órgano o de la entidad respectiva. Posteriormente, el legislador orienta sobre la esencia en que se deberá sustentar dicho reclamo. No obstante, conociendo el legislador lo engorroso y tardío que son los trámites administrativos, en aras de una tutela efectiva, fijó un término para resolver los reclamos administrativos presentados, señalando así que sesenta días son suficientes. Así las cosas, en el segundo párrafo del artículo 148 de la Ley en mención, se prevé la posibilidad de que la administración no responda en el plazo señalado de sesenta días, y ante este caso o si se ha obtenido una resolución negativa, el precepto autoriza a intentar la vía judicial. La Sala concluye que es requisito sine qua non, la presentación del reclamo administrativo previo a demandar judicialmente, en materia de derecho privado a las Municipalidades, y en el presente caso consta a folio 4 al 8, copia fotostática debidamente autenticada del reclamo administrativo que la sociedad mercantil PRISMAVISIÓN, presentó ante la Secretaría de la Alcandía Municipal de San Pedro Sula. Se considera que ese procedimiento, iniciado con la presentación del reclamo, se agotó ante el silencio de la administración, lo que se corrobora con el hecho de que como apoderado judicial de la Municipalidad de San Pedro Sula, ha comparecido el Procurador General Municipal, abogado HECTOR RODOLFO BUESO HERNANDEZ, oponiendo nulidades por otras razones y no por la alegada de oficio por la Corte recurrida, es decir no consta que haya habido respuesta administrativa dentro de los sesenta días que otorga la ley..."..."la Sala manifiesta que se ha vulnerado el derecho que tiene el recurrente, a una sentencia congruente, es decir, que la decisión debe ser consecuencia de la aplicación de uno o varios preceptos legales, y en el caso de autos es manifiesta la interpretación errónea que se ha hecho del artículo 146 de la Ley de Procedimiento Administrativo. En ese sentido, también se ha vulnerado el derecho de acción, al anular de plano las actuaciones desde el auto de admisión de la misma, denegando el acceso a la justicia al que tienen derecho todos los habitantes de la República, y con ello consecuentemente el derecho de defensa..."..."al estar acreditado en autos la inobservancia a las normas procedimentales señaladas, es procedente OTORGAR la acción de amparo interpuesta..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA::La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de enero de dos mil nueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada CLARIBEL MEDINA DE MALDONADO, a favor de la sociedad mercantil denominada PRISMAVISION, S.A. DE C.V., con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, contra la Sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha uno de noviembre del año dos mil siete, que conociendo en apelación del auto de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil seis, dictado por el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, decretó de oficio la nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de admisión de la demanda; con relación a la Demanda Ejecutiva de Pago promovida por el Abogado JESUS HUMBERTO MEDINA ALVA, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada PRISMAVISION, S.A. DE C.V., contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su Representante Legal señor RODOLFO PADILLA SUNCERI.ANTECEDENTES

  1. Que en fecha dieciocho de julio del año dos mil seis, compareció ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado JESUS HUMBERTO MEDINA ALVA, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada PRISMAVISION, S.A. DE C.V., promoviendo Demanda Ejecutiva de Pago contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su Representante Legal señor RODOLFO PADILLA SUNCERI, para que mediante Sentencia Definitiva sea condenada a pagar a la citada sociedad mercantil, la cantidad de Novecientos Sesenta Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Lempiras (L.960,475.00), más los intereses y las costas del juicio. 2) Que en fecha tres de noviembre del año dos mil seis, el A-Quo, admitió y mando a agregar a los antecedentes el escrito presentado por el Abogado JUAN ANGEL VIDES GUZMAN, en su condición de apoderado sustituto de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, el dos de noviembre del año dos mil seis, teniendo por presentado el escrito de oposición a la ejecución y por interpuesto el incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones a partir del auto de admisión de la demanda, asimismo le dio traslado a la parte contraria para que se pronunciara sobre la cuestión incidental; fundamentando su resolución en los artículos 470, 471 y 475 del Código de Procedimientos Civiles. 3) Que en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil seis, el Juzgado referido, admitió el escrito por medio del cual el Abogado RICARDO ANTONIO PADILLA P., en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada PRISMAVISION, S.A. DE C.V., se pronunció sobre el incidente planteado y de oficio decretó la nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive de la providencia de fecha tres de noviembre del año dos mil seis, en virtud de que el Tribunal no se pronunció sobre la excepción planteada, en consecuencia resolvió el escrito presentado por el Abogado JUAN ANGEL VIDES GUZMAN, en fecha dos de noviembre del año dos mil seis, admitiendo y agregando a los antecedentes el escrito presentado, teniendo por presentado el escrito de oposición y por interpuesta la nulidad y la excepción de Falsedad de Título Ejecutivo o del Acto que le Hubiere Dado Fuerza de Tal, los cuales indica se resolverán al momento de dictar Sentencia Definitiva; utilizando como fundamento legal los artículos 136, 470, 471 y 475 del Código de Procedimientos Civiles. 4) Que en fecha uno de noviembre del año dos mil siete, la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, conociendo en apelación de la resolución que se deja relacionada en el inciso que antecede, dictó Sentencia mediante la cual declaró de oficio la nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de admisión de la demanda, por considerar que la demanda es inadmisible por no contar con todos los requisitos procesales legalmente exigidos, en virtud de no haberse presentado y agotado el reclamo respectivo por la vía administrativa; fundamentando su decisión el Ad-Quem en los artículos 262 del Código de Procedimientos Civiles y 146 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
  2. La recurrente Abogada CLARIBEL MEDINA DE MALDONADO, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil siete, reclamando amparo a favor de la sociedad mercantil denominada PRISMAVISION, S.A. DE C.V., afirmando que la decisión del Ad-Quem de fecha uno de noviembre del año dos mil siete, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.CONSIDERANDO (1): Que el presente recurso de amparo ha sido interpuesto por la Licenciada CLARIBEL MEDINA, a favor de la sociedad mercantil PRISMAVISIÓN S. A de C. V., y contra la resolución de fecha uno de Noviembre de dos mil siete, dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, mediante la cual se decretó la nulidad absoluta de todas las actuaciones, a partir inclusive del auto de admisión de la demanda, recurso de apelación que se interpuso en contra de la resolución del veintiuno de noviembre de dos mil seis, dictada por el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, en la demanda ejecutiva de pago, promovida por la sociedad mercantil PRISMAVISIÓN, S. A. DE C. V. contra la municipalidad de San Pedro Sula, a través de su representante legal el alcalde señor RODOLFO PADILLA SUNCERI. CONSIDERANDO (2): Que el Abogado JESUS HUMBERTO MEDINA ALVA, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada PRISMAVISIÓN, S. A. de C. V., interpuso ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil, de la sección judicial de San Pedro Sula, una demanda ejecutiva de pago, en contra de la Corporación Municipal de San Pedro Sula, para que a través de su representante legal el alcalde Rodolfo Padilla Sunceri, le pague la cantidad de NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS, (960.475.00), en virtud de una letra de cambio firmada y aceptada sin protesto por el alcalde antes mencionado. CONSIDERANDO (3): Que el Juzgado de mérito, en apego al procedimiento establecido para el juicio ejecutivo, ordenó embargar bienes de la Corporación Municipal demandada, para asegurar el pago de la cantidad antes apuntada. El apoderado legal de la Corporación Municipal, presentó un escrito oponiéndose al embargo, y al mismo tiempo, interpuso las excepciones de FALSEDAD DE TITULO EJECUTIVO O DEL ACTO QUE LE DIO FUERZA LEGAL así como de NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, a partir del auto de admisión de la demanda. Es de hacer notar que el A-quo, después de admitir las excepciones interpuestas, decidió, en resolución de fecha 21 de noviembre de 2006, resolver sobre las mismas en la sentencia a pronunciar. CONSIDERANDO (4): Que no conforme con esta decisión, el Abogado JUAN ANGEL VIDES GUZMÁN, en su condición de apoderado judicial de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, impugnó la misma a través del recurso de apelación. La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, resolvió en fecha uno de noviembre de dos mil siete, DECLARANDO DE OFICIO LA NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES DESDE EL AUTO DE ADMISIÓN DE LA DEMANDA INCLUSIVE, de fecha diecinueve de julio de dos mil seis. El argumento del Tribunal de alzada para decretar la nulidad de oficio, radica en que la parte demandante no agotó la vía administrativa previo a la interposición de la demanda de mérito, ya que no acompañó a la demanda un documento que acredite haber finalizado el procedimiento administrativo ante la Municipalidad demandada, puesto que señala la alzada, que lo único que consta en los antecedentes es, el escrito de reclamo del pago, con lo que se comprueba la iniciación del procedimiento, más no la finalización del mismo. Tal argumento, señala la Corte recurrida, tiene su basamento legal en el artículo 146 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece que no se podrá demandar judicialmente en materia de derecho privado, al Estado, a las instituciones autónomas y a las Municipalidades, sin previo reclamo Administrativo. CONSIDERANDO (5): Que la resolución antes dictada por la Corte de Apelaciones en fecha uno de noviembre de dos mil siete, fue impugnada por la Abogada CLARIBEL MEDINA, en su condición de apoderada judicial de PRISMAVISIÓN S. A. de C. V., quien interpuso recurso de amparo, exponiendo lo siguiente: considera la recurrente que, la declaratoria de nulidad dispuesta por el tribunal de alzada, vulnera a su representada el derecho de acción, el derecho de defensa y consecuentemente el debido proceso, ya que sostiene que es contrario a lo probado en autos, que la Corte de Apelaciones señale que no se agotó la vía administrativa, cuando efectivamente se hizo, y acusa que la Corte recurrida, comete un error al apoyarse en la sentencia dictada por la Sala de lo Civil en fecha quince de enero de dos mil tres, en el recurso de Casación interpuesto por el Licenciado MANFREDO IVÁN GALINDO ALVARADO, a favor de MANUEL DE JESUS HERNANDEZ ESPINAL, en vista de que en este caso, se casa la sentencia por no haber presentado reclamo administrativo, lo que no ocurre en el presente asunto. Por las razones planteadas, considera la recurrente que se vulnera el derecho de defensa, el derecho de acción y el derecho genérico al debido proceso. CONSIDERANDO (6): Que La Sala de lo Constitucional, después de haber revisado detenidamente los antecedentes del presente recurso de amparo, manifiesta que el thema decidendi en la presente acción, consiste en decidir si se es requisito de admisibilidad de la demanda, no solo presentar previamente a la vía judicial, el reclamo administrativo ante el titular del órgano o de la entidad respectiva, sino que es requisito sine qua non, como señala la alzada en su sentencia, la terminación del procedimiento en vía administrativa. CONSIDERANDO (7): Que al respecto la Sala manifiesta que al analizar en su conjunto los cuatro preceptos que conforman el titulo quinto de la Ley de Procedimiento Administrativo, se deduce que en principio tal y como lo señala la Corte, nos encontramos ante una norma prohibitiva, que condiciona el ejercer una acción en materia de derecho privado, en contra de las Municipalidades, sin que se haya presentado un relamo administrativo, ante el titular del órgano o de la entidad respectiva. Posteriormente, el legislador orienta sobre la esencia en que se deberá sustentar dicho reclamo. No obstante, conociendo el legislador lo engorroso y tardío que son los trámites administrativos, en aras de una tutela efectiva, fijó un término para resolver los reclamos administrativos presentados, señalando así que sesenta días son suficientes. Así las cosas, en el segundo párrafo del artículo 148 de la Ley en mención, se prevé la posibilidad de que la administración no responda en el plazo señalado de sesenta días, y ante este caso o si se ha obtenido una resolución negativa, el precepto autoriza a intentar la vía judicial. La Sala concluye que es requisito sine qua non, la presentación del reclamo administrativo previo a demandar judicialmente, en materia de derecho privado a las Municipalidades, y en el presente caso consta a folio 4 al 8, copia fotostática debidamente autenticada del reclamo administrativo que la sociedad mercantil PRISMAVISIÓN, presentó ante la Secretaría de la Alcandía Municipal de San Pedro Sula. Se considera que ese procedimiento, iniciado con la presentación del reclamo, se agotó ante el silencio de la administración, lo que se corrobora con el hecho de que como apoderado judicial de la Municipalidad de San Pedro Sula, ha comparecido el Procurador General Municipal, abogado HECTOR RODOLFO BUESO HERNANDEZ, oponiendo nulidades por otras razones y no por la alegada de oficio por la Corte recurrida, es decir no consta que haya habido respuesta administrativa dentro de los sesenta días que otorga la ley. CONSIDERANDO (8): Que la Sala manifiesta que se ha vulnerado el derecho que tiene el recurrente, a una sentencia congruente, es decir, que la decisión debe ser consecuencia de la aplicación de uno o varios preceptos legales, y en el caso de autos es manifiesta la interpretación errónea que se ha hecho del artículo 146 de la Ley de Procedimiento Administrativo. En ese sentido, también se ha vulnerado el derecho de acción, al anular de plano las actuaciones desde el auto de admisión de la misma, denegando el acceso a la justicia al que tienen derecho todos los habitantes de la República, y con ello consecuentemente el derecho de defensa. CONSIDERANDO (9): Que al estar acreditado en autos la inobservancia a las normas procedimentales señaladas, es procedente OTORGAR la acción de amparo interpuesta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 90, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado, de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2 no.3, 41, 45, 47, 51, 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 146, 147, 148 Y 149 DE LA Ley de Procedimiento Administrativo; 6 atribución 5ª., del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, FALLA: OTORGANDO LA ACCION DE AMPARO INTERPUESTA. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado FLORES CARIAS. -NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO. COORDINADOR. CARLOS ARMANDO FLORES CARIAS. SUYAPA THUMANN CONDE. MARTHA CASTRO ROQUE. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. Firma y Sello. LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL".

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el veintidós de mayo de dos mil nueve, certificación de la sentencia de fecha trece de enero de dos mil nueve, recaída en el Recurso de Amparo Civil con orden de ingreso en este Tribunal No. 729-P856-P857=07.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA CONSTITUCIONAL