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Sentencia AC-714-06 — Registro 4924

Resumen

Sentencia tasó costas personales causadas en segunda instancia en la cantidad L.2,000.00 por haberse declarado desierto recurso de apelación contra la sentencia defintiva dictada por el juzgado de primera instancia considerando que el Arancel del Profesional del Derecho no fija honorarios para el caso de que, en virtud de la ley, deba condenarse en costas al recurrente cuyo recurso ha sido declarado desierto

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que practicadas las operaciones aritméticas respectivas, y tomando como cuantía del litigio la cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL LEMPIRAS, tenemos que los honorarios causados en la primera instancia ascienden a la cantidad de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS, de ahí que al tenor de lo previsto en el párrafo antepenúltimo del artículo 26 del Arancel de los Profesionales del Derecho, al haber condena en costas en segunda instancia, que se calculan sobre una quinta parte del monto anterior cuando la cuantía no supera los doscientos cincuenta mil lempiras, éstas ascienden a la cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS. (Lps. 6,300.00)...".."Que al hilo del razonamiento seguido en este fallo podemos afirmar, que la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, al tasar las costas personales causadas en la segunda instancia, en la cantidad de dos mil lempiras, cuando las mismas ascienden a la suma de seis mil trescientos lempiras, ha infringido en perjuicio del recurrente, la garantía del debido proceso, en tanto que al efectuar una aplicación indebida de las disposiciones contenidas en el Arancel de los Profesionales del Derecho, ha juzgado sus pretensiones sin sujeción a las normas relativas al cálculo de las costas personales previstas en el referido Arancel..."..."Que por todas las razones anteriormente expuestas, es procedente otorgar el amparo en los términos antes relacionados..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice:”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de enero de dos mil nueve.—

VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FRANCISCO DANIEL GOMEZ BUESO, a favor del COLEGIO MEDICO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) Que el ocho de diciembre de dos mil tres, compareció ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado ARQUIMIDES JIMENEZ GUZMAN, como Apoderado legal de la Sociedad SELLINGBYCLICKING.COM, INC, con domicilio principal en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de Norte América, promoviendo Demanda ordinaria contra EL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS, a través de su Representante Legal, señor JOSE MANUEL ESPINAL, mayor de edad, casado, Doctor en Medicina, de este domicilio y actuando como Fiscal de la Junta Directiva, para que mediante sentencia definitiva sea condenado a pagarle a la demandante la cantidad de CUARENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOLARES ($. 46,373,000.00) o su equivalente en lempiras, más intereses legales y costas del juicio, pagaderos a la tasa de venta bancaria máxima del día fijada por el Banco Central de Honduras al momento de la ejecución de la sentencia, derivados del incumplimiento de un contrato privado para la instalación de un sitio oficial y la prestación de servicios

internet, el pago de daño emergente por la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS(L.2,499,615.80),más intereses legales y costas del juicio. 2) Que el diecinueve de agosto de dos mil cinco, el A-Quo dictó sentencia definitiva mediante la cual: a) Declaró sin lugar la excepción de Falta de Representación Legal del Demandante interpuesta como perentoria, en virtud de que el Código de Procedimientos Civiles la tipifica como Excepción Dilatoria, en consecuencia, absuelve a la parte demandante de la pretensión deducida en dicha excepción.- b) Declaró con lugar la excepción perentoria de Falta de Derecho para demandar, interpuesta por la parte demandada e incidentista “Colegio de Abogados de Honduras” a través de su apoderado legal. c) Declaró sin lugar la demanda ordinaria para el pago de daños||||||||| y perjuicios por incumplimiento de contrato, en consecuencia, absuelve a la parte demandada e incidentista de la pretensión deducida, con costas. 3) Que el nueve de septiembre de dos mil cinco, el Abogado ARQUIMIDES JIMENEZ GUZMAN, interpuso recurso de Apelación contra la sentencia definitiva señalada en el numeral que antecede, mismo que el veintitrés de noviembre de dos mil cinco, la Corte Segunda de Apelaciones de esta Sección Judicial, declaró desierto, al no haber expresado los agravios correspondientes el apelante, imponiendo a éste la condena en costas correspondiente a la segunda instancia. 4) Que el Abogado FRANCISCO DANIEL GOMEZ BUESO, compareció ante el Ad-Quem, tasando las costas personales de segunda instancia, las que según su parecer ascienden a la cantidad de treinta y cinco millones doscientos trece mil setecientos ochenta y seis lempiras con seis centavos (L.35,213,786.06), correspondiente al 25% de los honorarios de primera instancia; declarando el Tribunal el seis de abril de dos mil seis, caducado de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por el apelante para que se pronunciara sobre la tasación de costas, citándose a las partes para oír sentencia. 5) Que el ocho de junio de dos mil seis, la Corte Segunda de Apelaciones de esta Sección Judicial, dictó resolución mediante la cual declaró ha lugar el incidente de liquidacián de costas interpuesto por el abogado Francisco Daniel Gómez Bueso, en relación al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Arquímides Jiménez Guzmán, contra la sentencia definitiva del diecinueve de agosto de dos mil cinco; en consecuencia tasó las costas que debe pagar la parte apelante a la parte apelada en la suma de dos mil lempiras exactos (L. 2,000.00), al considerar que al declararse desierto el recuso de apelación antes señalado, “el Arancel del Profesional del Derecho en vigencia no fija honorarios para el caso de que, en virtud de la ley, deba condenarse en costas al recurrente cuyo recurso ha sido declarado desierto; ante tal omisión, lo procedente es aplicar el contenido del artículo 38, que dispone que en los actos y diligencias no reguladas en el Arancel, contenciosos o no, si fueren estimables, los honorarios serán la mitad de la tarifa corriente, pero no serán inferiores en uno o en otro caso, a Dos Mil Lempiras (Lps. 2,000.00). Que en caso de autos, no se pudo determinar los honorarios de la parte apelada, dada su poca participación en el trámite de un recurso que careció de las alegaciones de instancia, y que en virtud de la deserción señalada, no fue decidido en sentencia definitiva. 6) El recurrente Abogado FRANCISCO DANIEL GOMEZ BUESO, compareció ante este Tribunal, el veinticuatro de octubre de dos mil seis, reclamando amparo a favor de si mismo, afirmando que la decisión del Ad-Quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 94, 321 y 323 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la sociedad SELLINGBYCLICKING.COM S.A interpuso demanda ordinaria para obtener el pago de daños y perjuicios derivados del incumplimiento de un contrato, exigiendo por tal concepto la cantidad de CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOLARES, más DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS, intereses legales y costas del juicio.

CONSIDERANDO: Que en sentencia de fecha 19 de agosto de 2005, el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva en la que declaró sin lugar la demanda interpuesta, arguyendo fundamentalmente que el contrato supuestamente incumplido por el Colegio Médico de Honduras, y de lo cual se derivaría la obligación de pagar los daños y perjuicios demandados, no fue suscrito con la sociedad extranjera demandante, denominada SELLINGBYCLICKING.COM INC, sino que con la sociedad denominada SELLINGBYCLICKING.COM S.A. razón por la cual es procedente la excepción de falta de derecho para demandar interpuesta por el Colegio Médico de Honduras.(vid. Folio No. 838—845) CONSIDERANDO: Que en resolución de fecha 23 de noviembre de 2005, la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y por firme la sentencia definitiva impugnada, condenando en costas al recurrente (vid. Folio No. 22 de la segunda pieza de autos). CONSIDERANDO: Que en escrito de fecha 31 de enero de 2006, el Abogado FRANCISCO DANIEL GOMEZ BUESO, actuando como Apoderado Judicial del Colegio Médico de Honduras, solicitá a la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán que hiciera la tasación de las costas causadas en la segunda instancia, expresando que de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Arancel de los Profesionales del Derecho, las mismas ascienden a la cantidad de TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SEIS CENTAVOS (35,213,786.06 Lps).CONSIDERANDO: Que en sentencia interlocutoria de fecha 8 de junio de 2006, el Tribunal Ad Quem tasó las costas causadas, por un monto de DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 2,000.00), arguyendo que el Arancel de los Profesionales del Derecho no establece cual debe ser la cantidad a pagar por los honorarios devengados cuando se declara la deserción del recurso de apelación, concluyendo que por tal motivo cabe la aplicación de lo dispuesto en el artículo 38 del referido Arancel, donde se establece que en los actos y diligencias no reguladas en el Arancel, contenciosos o no, si fueren estimables, los honorarios serán la mitad de la tarifa corriente, pero no serán inferiores en uno o en otro caso, a dos mil lempiras (Lps. 2000.00). CONSIDERANDO: Que no conforme con la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, el Apoderado Judicial del Colegio Médico de Honduras, interpuso recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que la resolución impugnada ha vulnerado en perjuicio de su cliente el derecho de petición, la garantía del debido proceso, la prohibición de disminuir o tergiversar las declaraciones, derechos y garantías constitucionales y el principio de competencia reglada, consagrados respectivamente, en los artículos 80, 90 párrafo primero, 64 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que según expone el recurrente, la infracción de los preceptos constitucionales invocados se ha producido, cuando la Corte de Apelaciones no ha resuelto de manera congruente a lo solicitado, tasando las costas por debajo de los porcentajes establecidos en el Arancel de los Profesionales del Derecho, y modificando de plano la minuta presentada, pese a que no se formulara oposición alguna por la parte condenada y vencida en juicio. CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo previsto por el artículo 245 del Código de Procedimientos Civiles, el pago de las costas, comprende tanto las procesales (pago de correos, gastos de movilización de testigos, etc..), como las personales, entre las que se incluyen el pago de los honorarios profesionales de los Abogados.

CONSIDERANDO: Que en el caso de autos, la parte demandante fue condenada al pago de las costas, lo que trae como consecuencia lógica la obligación de pagar los honorarios que corresponden al Apoderado Judicial del Colegio Médico de Honduras, Abogado FRANCISCO DANIEL GOMEZ BUESO. CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo previsto por el articulo 10 del Arancel de los Profesionales del Derecho, cuando en la demanda o en la contestación se hubiere fijado el valor de la cosa litigada y la otra parte no la hubiere objetado, ese valor se tomará como base para calcular los honorarios de los Abogados que han intervenido en el asunto, ya sea como demandante o como demandado. Si el valor no se hubiere determinado de la manera indicada, se hará por la naturaleza del asunto. CONSIDERANDO: Que el artículo 26 del Arancel de los Profesionales del Derecho prevé, que en los procesos civiles y mercantiles los honorarios se fijarán, cuando de asuntos de cuantía determinada se trata, sobre el importe total de la demanda, sin perjuicio del importe final de la condenatoria o de producírse una absolución, pero deberá entenderse como cuantía determinada para fines de costas o de juicios terminados por sentencia la fijada por el órgano jurisdiccional respectivo en el fallo. CONSIDERANDO: Que un detenido examen de los antecedentes revela, tal y como quedara apuntado líneas arriba, que la parte demandante pretendía que se le hiciera efectiva en concepto de daños y perjuicios derivados de un supuesto incumplimiento contractual, la cantidad de CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOLARES, más DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS, sin embargo, por otro lado, también se desprende de los mismos antecedentes, que la parte demandada, rechazó totalmente la cuantía fijada por el actor, argumentando que por parte del Colegio Médico de Honduras no se había producido incumplimiento contractual alguno, que el contrato en referencia había sido suscrito con una persona jurídica distinta al demandante, que los daños y perjuicios supuestamente ocasionados, eran estratosféricos, y que solamente cabían en “el pensamiento galáctico de algunas personas que al estar relacionadas con las bandas y redes de Internet, vía satélite, todo se les vuelve sideral y por lo tanto desproporcional (sic) a lo que existe aquí en la tierra...”, añadiendo que rechazaba la cuantía reclamada por imaginaria y absurda, ya que el demandante no ha tenido la capacidad económica para generar ese tipo de ingresos que afirma, tomando en cuenta que su capital social está cifrado en VEINTICINCO MIL LEMPIRAS (Lps. 25,000.00) y que a la fecha no cuenta con oficina abierta al público.... “, indicando por otro lado que sí el precio fijado en el contrato de compraventa del proyecto para prestación de servicios informatizados al Colegio Médico de Honduras, que había efectuado la parte demandante a favor de otra sociedad, fue valorado en CIENTO VEINTICINCO MIL LEMPIRAS (Lps. 125,000.00), ese fue el valor que para la parte demandante tenía, por lo que resulta ilógico exigir en concepto de daños y perjuicios., una cantidad aproximada a los OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES DE LEMPIRAS (880,000,000.00 Lps.) (vid. Folios No. 620 y 622). CONSIDERANDO: Que un examen detenido de los antecedentes revela, que la elevada suma de dinero que la parte actora pretendía en su escrito de demanda, en concepto de reparación por daños y perjuicios presuntamente ocasionados por el incumplimiento contractual del Colegio Médico de Honduras, fue rechazada totalmente por el Apoderado Judicial de dicha entidad al momento de contestar la demanda. CONSIDERANDO: Que por otro lado, también se desprende de los mismos antecedentes, que en la sentencia definitiva dictada por el Juez de Letras, misma que adquirió firmeza, y que declaró sin lugar la demanda interpuesta, no se incluyó pronunciamiento alguno sobre la procedencia o no de los supuestos daños y perjuicios ocasionados por un presunto incumplimiento contractual, argumentando fundamentalmente para desestimar la acción del demandante, que este es una persona jurídica distinta a la que suscribiera el contrato anteriormente celebrado con el Colegio Médico de Honduras. CONSIDERANDO: Que en atención a las circunstancias antes apuntadas, es decir, al hecho de que la cuantía fijada por el actor fue total y frontalmente rechazada por la parte demandada, y que en la sentencia no hubo pronunciamiento alguno sobre la cuantía del objeto litigioso, cabe aquí la aplicación de lo dispuesto en los artículos 10 y 26 del Arancel de los Profesionales del Derecho, de tal manera que la cuantía se fijará en atención a la naturaleza del asunto. En este caso, y siendo que el juicio ventilado, tiene trascendencia económica, aunque no fijada en la sentencia, resulta oportuno establecer como un parámetro racional para establecer como cuantía del pleito, la cantidad señalada como precio del contrato de compraventa del proyecto, que para la prestación de servicios de Internet e instalación de página web al Colegio Médico de Honduras, en su momento efectuara la parte demandante a favor de otra sociedad, esto es, la cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL LEMPIRAS (Lps.125,000.00)(vid.Folio No.586) CONSIDERANDO: Que el artículo 26 del Arancel de los Profesionales del Derecho establece, que para el único efecto de fijar el monto de una condena en costas en segunda instancia, tratándose de la apelación interpuesta contra la sentencia definitiva, los honorarios mínimos se tasarán en una quinta parte de los que corresponde a los de la primera instancia, si la cuantía no excede los doscientos cincuenta mil lempiras, y de ahí en adelante una décima parte de los mismos honorarios.

CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo previsto en el artículo 26 del Arancel de los Profesionales del Derecho, la tarifa ordinaria para los honorarios causados en la primera instancia, se calcula con arreglo a la tabla siguiente: hasta L. 30,000.00 un 30%, sobre el exceso de L. 30,000.00 y hasta L. 100,000.00 un 25%, sobre el exceso de 100,000.00 y hasta 200,000.00 lempiras, un 20%, y sobre el exceso de Lps. 200,000.00 un 15%. CONSIDERANDO: Que practicadas las operaciones aritméticas respectivas, y tomando como cuantía del litigio la cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL LEMPIRAS, tenemos que los honorarios causados en la primera instancia ascienden a la cantidad de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS, de ahí que al tenor de lo previsto en el párrafo antepenúltimo del artículo 26 del Arancel de los Profesionales del Derecho, al haber condena en costas en segunda instancia, que se calculan sobre una quinta parte del monto anterior cuando la cuantía no supera los doscientos cincuenta mil lempiras, éstas ascienden a la cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS. (Lps. 6,300.00). CONSIDERANDO: Que al hilo del razonamiento seguido en este fallo podemos afirmar, que la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, al tasar las costas personales causadas en la segunda instancia, en la cantidad de dos mil lempiras, cuando las mismas ascienden a la suma de seis mil trescientos lempiras, ha infringido en perjuicio del recurrente, la garantía del debido proceso, en tanto que al efectuar una aplicación indebida de las disposiciones contenidas en el Arancel de los Profesionales del Derecho, ha juzgado sus pretensiones sin sujeción a las normas relativas al cálculo de las costas personales previstas en el referido Arancel. CONSIDERANDO: Que por todas las razones anteriormente expuestas, es procedente otorgar el amparo en los términos antes relacionados. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 90 párrafo primero, 183, 303, 304, 313 No. 5), 316 No.1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No 2), 5, 9 No. 3) literal b), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Otorgando el amparo interpuesto contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha ocho de junio de dos mil seis, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.— NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO. COORDINADOR. CARLOS ARMANDO FLORES CARIAS. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA. SUYAPA THUMANN CONDE. JOSE ROLANDO ARRIAGA MANCIA. Firma y Sello. LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL".

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el veinte de marzo de dos mil nueve, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de enero de dos mil nueve, recaída en el Recurso de Amparo Civil con orden de ingreso en este Tribunal No. 714-P815-P824=06

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

RECEPTOR ADSCRITO

DE LA SALA CONSTITUCIONAL”