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Sentencia AC-694-06 — Registro 4923

Resumen

Sentencia declaró inadmisible recurso de apelación de hecho contra providencia que decretó la suspensión de la ejecución de los aucerdos de la asamblea de socios de la sociedad Comercial La Epoca, S.A. de C. V. con relación a la demanda ordinaria de nulidad de acuerdos de asamblea de socios por ser extemporánea promovida en contra la recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que de la revisión de la foliada se aprecia que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones recurrida en amparo, no ultraja los derechos constitucionales de Defensa y Debido Proceso, puesto que la calificación de ser un auto de mero trámite, el dictado el veintisiete de junio de 2006, obedece a que éste, únicamente da cumplimiento al fallo dictado por la misma Corte de Apelación, en fecha quince de mayo de 2006 que decretaba la nulidad absoluta del auto proferido el veintitrés de septiembre de 2005, que en esencia ordenaba optar en cuanto a la adopción de la suspensión de los acuerdos sociales, ya fuera por vía de acto prejudicial o por vía incidental, pero de ninguna manera declaraba que no era procedente la adopción de dicha medida. Amén de lo anterior, la suspensión de los actos sociales ordenada no altera la substanciación del proceso, puesto que el Código de Comercio expresamente prevé esta circunstancia, en consecuencia, no estamos frente a un auto que modifica la substanciación del juicio ni frente a una situación no prevista por el legislador..."..."Que la Corte Segunda de Apelaciones en el auto que es objeto del presente recurso, ha señalado al recurrente que no procede el recurso de apelación contra la providencia de fecha veintisiete de junio de 2006, por estar frente a un auto de mero trámite, calificación que se deriva de lo dispuesto en el Artículo 202 del Código de Procedimientos, ya que al ordenarse seguir con el curso del juicio..."..."esta Sala de lo Constitucional no aprecia tal agravio, por cuanto el Código de Comercio autoriza y reconoce la acción de nulidad de los acuerdos de las asambleas generales de accionistas y posibilita expresamente la suspensión de los mismos (Artículos 194 y 196 del Código de Comercio), por tanto es un acto permitido por la Ley..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA:La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de abril de dos mil nueve. VISTA: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CARLOS ROBERTO CASTILLO, a favor de la Sociedad Mercantil denominada COMERCIAL LA EPOCA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de este domicilio, contra la resolución de fecha veinticuatro de agosto de dos mil seis, proferida por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que declara inadmisible el recurso de apelación de hecho interpuesto contra la providencia dictada por el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de ésta sección judicial, el veintisiete de junio de dos mil seis; en relación a la Demanda Ordinaria de Nulidad promovida por el Abogado Luis Alberto Juárez Sierra, en su condición de apoderado legal del señor Rolando Tomás Alvarado Alonzo, por sí y en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Comercial la Época, S.A. de C.V..ANTECEDENTES

  1. Que en fecha cinco de septiembre de dos mil cinco, compareció ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado LUIS ALBERTO JUAREZ SIERRA, presentando demanda ordinaria de nulidad de acuerdos de asamblea de socios por ser extemporánea, se deje sin valor y efecto la ejecución de las resoluciones adoptadas por violación a la escritura de la sociedad, sus estatutos y el Código de Comercio, contra la sociedad mercantil denominada COMERCIAL LA EPOCA, S.A. de C.V., a través del actual Presidente del Consejo de Administración el señor RIGOBERTO ALVARADO MONTALVO y el nombrado Secretario del Consejo de Administración el señor RIGOBERTO ALVARADO ALONZO. 2) Que el Juez A-Quo, mediante resolución dictada en fecha veintisiete de junio de dos mil seis, y en virtud del fallo emitido por la Corte Segunda de Apelaciones de esta sección judicial de fecha quince de mayo de dos mil seis, decretó la suspensión de la ejecución de los acuerdos de la asamblea de socios de la sociedad Comercial La Época, S.A de C.V., inscrita bajo el número 9 del Tomo 594 del Libro de Comerciantes Sociales del Instituto de la Propiedad, además ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias que posee dicha sociedad en las diferentes Instituciones Bancarias, así como las firmas de las personas que aparecen en nombre de ella. Funda el A-Quo su decisión en los artículos 158 y 185 del Código de Procedimientos Civiles. 3) Que conociendo de los autos por apelación de hecho interpuesta por el Licenciado Francis Rodolfo Parrales, en su condición de apoderado legal de la citada Sociedad, la Corte Segunda de Apelaciones de esta sección judicial, el veinticuatro de agosto de dos mil seis, dictó resolución declarando “INADMISIBLE” el recurso interpuesto contra el auto de fecha veintisiete de junio de dos mil seis, en virtud de ser un auto de mero trámite.- Fundamentando el Ad Quem su resolución en el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles.
  2. El recurrente Abogado CARLOS ROBERTO CASTILLO, compareció ante este Tribunal, el trece de octubre de dos mil seis, reclamando amparo a favor de la sociedad mercantil denominada COMERCIAL LA EPOCA, S.A. de C.V., afirmando que la resolución de fecha veinticuatro de agosto de dos mil seis, dictada por el Ad Quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 331 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la demanda ordinaria para la Nulidad de Acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Comercial la Época S.A. de C.V., promovida por el Abogado Luís Alberto Juárez Sierra en su condición de Apoderado del señor ROLANDO TOMAS ALVARADO ALONZO quien actúa por sí y en su condición de presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Comercial La Época S.A. de C.V., contra la Sociedad Mercantil denominada COMERCIAL LA EPOCA, S.A. de C.V., a través del actual nombrado Presidente del Consejo de Administración el señor RIGOBERTO ALVARADO MONTALVO y el nombrado Secretario del Consejo de Administración el señor RIGOBERTO ALVARADO ALONZO, fue admitida mediante auto de fecha dieciséis de septiembre de 2005, en dicho auto, en cuanto a la petición de resolver sobre la suspensión de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea de Socios y la petición de dejar sin valor y efecto las firmas autorizadas en la cuenta Bancaria que dicha Sociedad mantiene en Banco Promérica S.A., se resolvió, que previo, el actor rindiera fianza por la cantidad de (L.361,200.00) para responder por los daños y perjuicios que se pudieren causar a la Sociedad. Posteriormente consta en autos que el actor presentó escrito acompañando la fianza establecida por el A-quo por lo que mediante providencia del veintitrés de septiembre de 2005 se tuvo por rendida la garantía bancaria y en tal virtud se decretó la suspensión de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea de Socios de la Sociedad La Época S.A de C.V., se ordenó librar las notas correspondientes a fin de congelar la cuenta bancaria de dicha Sociedad en Banco Promèrica S.A., y se diera traslado a la parte demandada para que dentro del término de tres días se pronunciara sobre lo solicitado. CONSIDERANDO: Que consta en el expediente que contra el auto de veintitrés de septiembre de 2005 a que se hizo referencia anteriormente, el Abogado Francis Rodolfo Parrales Apoderado de la demandada Sociedad Comercial La Época S.A. de C.V., interpuso recurso de apelación de hecho, el que fue resuelto por la Corte Segunda de Apelaciones por sentencia proferida el quince de mayo de 2006, en la que se declaró la nulidad absoluta del auto de fecha veintitrés de septiembre de 2005, dictado por el Juzgado de Letras Primero de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en razón, de que si bien en el auto apelado el A-quo accedió a la petición de suspensión de los acuerdos sociales y congelar una cuenta bancaria de la Sociedad Comercial La Época S.A. de C.V., como acto prejudicial, no procedía que simultáneamente se le diera trámite incidental como lo hizo el A-quo. CONSIDERANDO: Que una vez resulta la apelación anterior y devueltos los autos a primera instancia, el Abogado Luís Alberto Juárez Sierra en su condición de actor solicitó se instara el curso del juicio y se procediera a decretar la suspensión de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea de Socios de la Sociedad Comercial La Época S.A., de C.V., por lo que el Juzgado de Letras Primero de lo Civil mediante providencia de fecha veintisiete de junio de 2006 ordenó en virtud del fallo emitido por la Corte Segunda de Apelaciones de fecha quince de mayo de 2006 la prosecución del juicio, decretó la suspensión de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea de socios de la Sociedad Comercial la Época S.A., de C.V., y ordenó se libraran notas a las instituciones bancarias a fin de ordenar su congelamiento. Contra dicha providencia, el abogado Francis Rodolfo Parrales Apoderado de la Sociedad antes citada interpuso apelación de hecho. CONSIDERANDO: Que consta en el expediente que el recurso de apelación de hecho interpuesto contra el auto de fecha veintisiete de junio de 2006 fue resuelto por la Corte Segunda de Apelaciones mediante providencia de fecha veinticuatro de agosto de 2006 mediante la cual declara inadmisible dicho recurso en virtud de considerar que dicha providencia era de mero trámite. CONSIDERANDO: Que en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado Carlos Roberto Castillo en su condición de Apoderado de la Sociedad Comercial la Época S.A de C.V., contra la providencia de fecha veinticuatro de agosto de 2006 dictada por la Corte Segunda de Apelaciones, el recurrente básicamente argumenta que la Corte Segunda de Apelaciones inadmitió el recurso de apelación de hecho interpuesto contra la providencia del veintisiete de junio de 2006 dictada por el A-quo, sin motivar ni fundamentar concretamente su resolución al indicar únicamente que dicha providencia es de mero trámite, lo que es totalmente violatorio al debido proceso y consecuentemente al derecho de defensa ya que el Artículo 202 del Código de Procedimientos Comunes establece: “Los autos o decretos no son apelables cuando... ; pero son apelables cuando alteran dicha sustanciación o recaen sobre trámites que no están expresamente ordenados por la ley”; y la apelada, no es una providencia de mero tramite, debido a que decreta la suspensión de la ejecución de los acuerdos que contienen el nombramiento del Consejo de Administración y ordena el congelamiento de cuentas bancarias de la referida Sociedad, sin darle la oportunidad a su representada de defenderse, a pronunciarse sobre los alcances de la suspensión aún estando constituida en el juicio como parte demandada. Por otra parte argumenta que la Corte Segunda de Apelaciones contradice su criterio pronunciado en el fallo del quince de mayo de 2006, manifiesta que el traslado a la parte demandada no se podía materializar, porque esta no existía procesalmente como tal, al momento que el Juzgado de Letras dictó el auto de fecha veintisiete de junio de 2006 que decreta la suspensión de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea de Socios de la Sociedad la Época S.A. de C.V. y congela las cuentas bancarias, pero ya la demandada estaba procesalmente constituida en el proceso por haber sido citada en legal y debida forma, por tanto, el Juzgado de Letras Primero de lo Civil debió darle trámite incidental a la solicitud de suspensión de conformidad a lo establecido en el Artículo 196 del Código de Comercio, por no ser procedente decretar la suspensión como acto prejudicial por ser violatorio al debido proceso, además, que no se exigió al actor el rendimiento de una fianza para responder por los daños y perjuicios que pudieran causarle a la Sociedad, ya que la garantía bancaria que el actor presentó aún no había sido resuelta en virtud de que el auto de fecha veintitrés de septiembre de 2005 que admitía la garantía bancaria, fue anulado por la proferida el quince de mayo de 2006 por la Corte Segunda de Apelaciones. Aduce que la providencia de veintisiete de junio de 2006 que ordena el congelamiento de cuentas bancarias y que fue tenido como de mero trámite, no lo es por cuanto es un acto procesal que no está previsto en ninguna normativa, por tanto es nulo e inaplicable de conformidad con lo establecido en el Artículo 321 de la Constitución de la República. Finalmente considera que con el auto recurrido se violenta el Artículo 331 de la Constitución de la República, que garantiza la libertad de empresa, ya que al haberse inadmitido el recurso de apelación de hecho, se arrastra la violación en que incurre el Juzgado de Letras Primero de lo Civil al decretar la suspensión de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea de socios de la Sociedad Comercial La Época S.A. de C.V., desconociendo con ello la decisión tomada por la Asamblea General Ordinaria de accionistas como órgano supremo de dicha Sociedad. CONSIDERANDO: Que consta en el expediente de mérito que en el escrito de demanda ordinaria de nulidad de acuerdos de asamblea de socios, promovida por el Abogado Luís Alberto Juárez Sierra en su condición de Apoderado del señor Rolando Tomas Alvarado Alonso, contra la Sociedad Comercial La Época S.A. de C.V., éste solicitó al Juzgado Primero de Letras de lo Civil que adoptara como medida prejudicial la suspensión de los acuerdos emitidos por la Asamblea de accionistas y que se dejara sin valor ni efecto las firmas autorizadas en una cuenta bancaria, petición a la que el Juzgado accedió previo el rendimiento de una fianza, mediante providencia del veintitrés de septiembre de 2005. CONSIDERANDO: Que la Corte Segunda de Apelaciones en ocasión del recurso de apelación interpuesto, mediante su fallo del quince de mayo de 2006 declaró la nulidad absoluta del auto de veintitrés de septiembre de 2005 dictado por el Juzgado de Letras Primero de lo Civil, en razón de haberse decretado por el A-quo la suspensión de los acuerdos adoptados por la asamblea de socios de forma simultanea como acto prejudicial y a su vez le dio tramite incidental, lo que no procedía realizar concurrentemente. Al retornar las diligencias al Tribunal de primera instancia para la continuación del asunto, éste, con la providencia que dictó el veintisiete de junio de 2006 únicamente da cumplimiento a la proferida por la Corte Segunda de Apelaciones en el sentido de que la suspensión de los acuerdos sociales, podrá decretarse o como acto prejudicial o como incidente en el juicio principal, optando obviamente por el primero. CONSIDERANDO: Que el auto de fecha veinticuatro de agosto de 2006 dictado por la Corte Segunda de Apelaciones mediante el cual se declaró inadmisible el recurso de apelación de hecho interpuesto por el Abogado Francis Rodolfo Parrales Apoderado de la Sociedad Comercial La Época S.A. de C.V., como parte demandada, contra el auto del veintisiete de junio de 2006 dictado a su vez por el A-quo, objeto del recurso de amparo que nos ocupa, básicamente tiene como fundamento que es un auto de mero trámite, por lo que no es recurrible de conformidad al Código de Procedimientos Civiles. CONSIDERANDO: Que de la revisión de la foliada se aprecia que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones recurrida en amparo, no ultraja los derechos constitucionales de Defensa y Debido Proceso, puesto que la calificación de ser un auto de mero trámite, el dictado el veintisiete de junio de 2006, obedece a que éste, únicamente da cumplimiento al fallo dictado por la misma Corte de Apelación, en fecha quince de mayo de 2006 que decretaba la nulidad absoluta del auto proferido el veintitrés de septiembre de 2005, que en esencia ordenaba optar en cuanto a la adopción de la suspensión de los acuerdos sociales, ya fuera por vía de acto prejudicial o por vía incidental, pero de ninguna manera declaraba que no era procedente la adopción de dicha medida. Amén de lo anterior, la suspensión de los actos sociales ordenada no altera la substanciación del proceso, puesto que el Código de Comercio expresamente prevé esta circunstancia, en consecuencia, no estamos frente a un auto que modifica la substanciación del juicio ni frente a una situación no prevista por el legislador. CONSIDERANDO: Que el Artículo 196 del Código de Comercio establece como único presupuesto para la adopción de la suspensión de las resoluciones cuya nulidad hubiere sido demandada , que el actor rinda fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que pudiere causarse a la Sociedad en caso de que se declarare infundada la oposición, en consecuencia, esta disposición autoriza para que se adopte ya sea como medida prejudicial, ya como incidente la suspensión de los acuerdos sociales, requisito que una vez satisfecho da lugar a que se decrete la medida. CONSIDERANDO: Que la Corte Segunda de Apelaciones en el auto que es objeto del presente recurso, ha señalado al recurrente que no procede el recurso de apelación contra la providencia de fecha veintisiete de junio de 2006, por estar frente a un auto de mero trámite, calificación que se deriva de lo dispuesto en el Artículo 202 del Código de Procedimientos, ya que al ordenarse seguir con el curso del juicio, lógico es, que debe pronunciarse en cuanto a la medida prejudicial solicitada por el actor en su escrito de demanda y darle el cause procesal que corresponde, el que le fue señalado por la Corte Segunda de Apelaciones en el fallo del quince de mayo de 2006 en el sentido de que se tramita como diligencia prejudicial o como incidente, de ahí, que al enmendar su decisión el A-quo y decretar la suspensión como acto prejudicial, no ha vulnerado en perjuicio del quejoso la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República y en consecuencia tampoco el derecho de defensa, puesto que ha podido concurrir al órgano jurisdiccional que conoce del asunto y ha hecho uso de los recursos que le franquea la ley, los que han sido resueltos conforme lo previsto en la legislación vigente. CONSIDERANDO: Que si bien la Constitución de la República en su Artículo 331 manda que el Estado reconozca, garantice y fomente entre otras libertades, la de empresa, la que el recurrente invoca como mancillada por la Corte Segunda de Apelaciones, por considerar que, con su auto de fecha veinticuatro de agosto de 2006, que declara inadmisible el recurso de apelación de hecho antes referido, dicho Tribunal arrastró la violación del A-quo al suspender a través de su auto de fecha veintitrés de septiembre de 2005, los acuerdos adoptados por la Sociedad La Época S.A. de C.V., sin tener facultades para ello; Sin embargo, esta Sala de lo Constitucional no aprecia tal agravio, por cuanto el Código de Comercio autoriza y reconoce la acción de nulidad de los acuerdos de las asambleas generales de accionistas y posibilita expresamente la suspensión de los mismos (Artículos 194 y 196 del Código de Comercio), por tanto es un acto permitido por la Ley. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, con fundamento en los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 809, 810 del Código de Procedimientos Civiles, 17, 2098, 2141 del Código Civil, 1, 4, 5 No. 3, y 32 de la Ley de Amparo, FALLA : Denegando el Amparo interpuesto contra el auto proferido por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán en fecha veinticuatro de agosto de 2006, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada CRUZ DE WILLIAMS.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. COORDINADORA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el dieciséis de octubre de dos mil nueve, certificación de la sentencia de fecha dos de abril de dos mil nueve, recaída en el Recurso de Amparo Civil con orden de ingreso en este Tribunal No. 694-P777-P783=06.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA CONSTITUCIONAL