Sentencia AC-669-07 — Registro 4920
Resumen
Sentencia confirmó providencia que declaró sin lugar nulidad de actuaciones por considerar que el recurrente renunció a los trámites del jucio ejecutivo con relación a la demanda ejecutiva de pago contra el recurrente en su condición personal y propietario del Hospital y Clínica Montes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala de lo Constitucional, ha podido constatar y así lo ha afirmado el Censor, que se acompañaron a la Demanda Ejecutiva de mérito dos escrituras públicas de hipotecas, prendas y fianzas solidarias de créditos otorgados a favor del Banco de los Trabajadores por el Ejecutado, el Señor José Francisco Montes Maradiaga, junto con una Certificación extendida por el Contador de la referida institución financiera, Instrumentos Públicos de garantía a favor del ejecutante otorgados por el Ejecutado ante los Oficios del Notario Roberto Pacheco Reyes, en las fechas supracitadas, que a juicio de esta Sala configuran y constituyen Título Ejecutivo, carácter que confiere el Artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero..."..."esta Sala entiende y así lo ha asumido el Mercado Bancario recogido en el Artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero, que basta el Estado de cuenta certificado por el Contador de la Institución Crediticia, tal como lo ha efectuado, en el caso de autos, el Banco de los Trabajadores sobre los adeudos del Ejecutado, el Señor José Francisco Montes Maradiaga, junto con los documentos contentivos de Hipoteca, prendas y Fianzas Solidarias para visualizar que estamos ante un Título Ejecutivo porque la sentencia censurada dictada por el Ad-quem, el diez de septiembre de dos mil siete, no violenta ni quebranta las garantías constitucionales del Derecho de Defensa, cuya apertura procesal a favor del ejecutado es manifiesta, toda vez que el apoderado ejecutado ha promovido cuantos escritos e impugnaciones ha considerado pertinentes, inclusive hasta arribar vía Amparo a esta Sala de lo constitucional y en cuanto al Debido Proceso, es procedente ratificar que el ejecutado renunció a los trámites del Juicio Ejecutivo, como se determina en las cláusulas contractuales de las Escrituras
Públicas mencionadas, renuncia autorizada por la Ley Civil sustantiva, dado que sólo es atribuible a los intereses del
renunciante..."..."procede denegar el Amparo de mérito, pues resulta evidenciado que no se han violado las garantías constitucionales que invoca el recurrente contra el fallo proferido por la Corte Segunda de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán a que se ha hecho relación..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 166 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de diciembre de dos mil nueve. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RENE VELASQUEZ DIAZ, a favor del señor JOSE FRANCISCO MONTES MARADIAGA, contra la sentencia de fecha diez de septiembre del año dos mil siete, dictada por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de esta sección judicial que confirmó las providencias emitidas el veinticinco de octubre y primero de noviembre del año dos mil seis, por el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en relación a la demanda Ejecutiva de pago, promovida por la Abogada ETNA YODEZA RUBIO FLORES en su condición de apoderada legal del BANCO DE LOS TRABAJADORES, contra el señor JOSE FRANCISCO MONTES MARADIAGA, en su condición personal y como propietario del negocio individual denominado HOSPITAL Y CLINICAS MEDICAS MONTES. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho de septiembre del año dos mil seis, compareció ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada ETNA YODEZA RUBIO FLORES, en su condición de apoderada legal del BANCO DE LOS TRABAJADORES, promoviendo Demanda Ejecutiva de Pago contra el señor JOSE FRANCISCO MONTES MARADIAGA, en su condición personal y como propietario del negocio individual denominado HOSPITAL Y CLINICAS MEDICAS MONTES, quien es mayor de edad, casado, Médico y Cirujano, hondureño y de este domicilio, para que previo los trámites legales correspondientes pague al BANCO DE LOS TRABAJADORES, la cantidad de Once Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta Lempiras con Veintiún centavos (L. 11,236,640.21), más los respectivos intereses, recargos pro mora y las costas del juicio. 2) que en fecha veinticinco de octubre del año dos mil seis, el Juez A-Quo, tuvo por personado al abogado RENE VELASQUEZ DIAZ, en su condición de apoderado legal del señor JOSE FRANCISCO MONTES MARADIAGA y declaró sin lugar la nulidad absoluta de actuaciones solicitada por el mismo, en virtud de que el compareciente renunció a los trámites del Juicio Ejecutivo, por lo que no es parte del juicio; citando como fundamento jurídico el artículo217 del Código Civil. 3) Que en fecha primero de noviembre del año dos mil seis, el Juzgado referido, admitió el escrito presentado por la abogada ETNA YODEZA RUBIO FLORES, en su condición indicada y libró la comunicación solicitada por ésta, al INSTITUTO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL del departamento de Francisco Morazán, ahora INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, a fin de que procedieran a inscribir al margen del asiento respectivo el embargo decretado y practicado por esa judicatura, su decisión la fundamentó en el artículo 459 del Código de Procedimientos Civiles. 4) Que en fecha diez de septiembre del año dos mil siete, la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, declaró sin lugar el Recurso de Apelación, interpuesto por el abogado RENE VELASQUEZ DIAZ, en su condición citada y confirmó las providencias apeladas, que se dejan relacionadas en los incisos que preceden, por considerar que en los antecedentes consta que a la demanda de mérito, se acompañó como títulos ejecutivos dos escrituras públicas de hipotecas, prendas y fianzas solidarias por créditos otorgados por el Banco de los Trabajadores al ejecutado, y una certificación extendida por el contador de dicha institución financiera en la que consta el monto de la deuda a la fecha de la presentación de la demanda, certificación que acompaña a las escrituras públicas mencionadas constituye título ejecutivo. Fundamenta al Ad quem su decisión en el artículo 166 párrafo primero de la Ley del Sistema Financiero. 5) Que el Abogado RENE VELASQUEZ DIAZ, Compareció ante este Tribunal el veintinueve octubre del año dos mil siete, presentando recurso de amparo a favor del Doctor JOSE FRANCISCO MONTES MARADIAGA, por estimar que la sentencia de fecha diez de septiembre del año dos mil siete, dictada por el Ad- Quem, es violatorio de lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que el Abogado RENE VELASQUEZ DIAZ, interpuso a favor del Doctor JOSÉ FRANCISCO MONTES MARADIAGA, en su carácter personal, y como propietario de la Empresa Mercantil individual “HOSPITAL Y CLÍNICAS MONTES”, recurso de amparo contra la resolución proferida por la Corte Segunda de Apelaciones de esta Sección Judicial, el diez de septiembre de dos mil siete, mediante la cual confirma las providencias dictadas por el Juzgado Primero de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticinco de octubre y primero de noviembre de dos mil seis, en la acción Ejecutiva promovida por el BANCO DE LOS TRABAJADORES en contra de José Francisco Montes Maradiaga, en su carácter personal y como propietario de la Empresa Mercantil Individual denominada “HOSPITAL Y CLÍNICAS MONTES.” Estima el recurrente como violadas las garantías constitucionales del Derecho de Defensa (Artículo 82) y Debido Proceso (Artículo 90 párrafo 1º.CONSIDERANDO: Que del análisis del escrito y formalización del amparo contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, el diez de septiembre de dos mil siete, esta Sala extrae como esencia o presupuesto básico o asidero jurídico para la promoción del presente Amparo, que la Demanda Ejecutiva, según el Recurrente, carece de Título Ejecutivo, es decir, cuestiona la acción instaurada por el Banco de los Trabajadores, contra su Representado José Francisco Montes Maradiaga, por sí, y como Propietario del Hospital y Clínicas Montes, en el sentido de que si bien se acompañan una serie de documentos, de los mismos uno no es Título Ejecutivo, por lo que no se podría despachar ejecución. CONSIDERANDO: Que el argumento medular del amparista, conforme lo refiere en la formalización de su amparo, es que el Ejecutante, el Banco de los Trabajadores, acompaña a la Demanda documentos que conceptualiza como ejecutivos, así: a) Testimonio de la Escritura Pública, autorizada en esta ciudad, el veintisiete de junio de dos mil uno, por el Notario Roberto Pacheco Reyes, b) Testimonio de la Escritura Pública autorizada por el mismo Notario Roberto Pacheco Reyes el tres de julio de dos mil dos; y, c) Una hoja de papel bond, tamaño carta intitulado “Certificación” suscrita por el Señor José Manuel Sosa Arriaga, Colegiado 17665, con un timbre del Colegio de Peritos Mercantiles de Honduras y cancelado el timbre en fecha catorce de septiembre de dos mil seis, merced al cual el profesional de la contabilidad, hace constar el capital adeudado por el señor José Francisco Montes Maradiaga, en su carácter indicado, al Banco de los Trabajadores, con el desglose de rigor que comprende el capital y los intereses. CONSIDERANDO: Que el recurrente cuestiona y evidencia su malestar, en que la Apoderada Ejecutante, hace relación a la hoja contentiva del documento suscrito por el Contador del Banco, pues según el impetrante, ello no constituye un certificado de cuenta de los que exige la ley, para demostrarlo acude a la tesis técnica de un Estado de cuenta, que comprende en términos legales al Debe y el Haber, desarrollando dicha terminología contable auxiliándose a lo prescrito en el Artículo 965 del Código de Comercio, concluyendo, a su criterio, que el documento “Certificación”, no constituye un Estado de Cuenta certificado por el contador, a que alude el artículo 884 del Código de Comercio y el 166 de la Ley de Sistema F1nanciero, por lo que sería imposible, según el censor, determinar la cantidad líquida debida, al no haberse ilustrado el documento contable con la serie de débitos y créditos, al tenor de lo expuesto, estima y considera que el fallo de la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, dictada el diez de septiembre de dos mil siete, al confirmar la providencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el veinticinco de octubre de dos mil seis, contentivo del rechazo a la nulidad de actuaciones invocada por el Ejecutante por haberse despachado ejecución sin cumplir los requisitos de ley, en base a que el Ejecutado renunció a los trámites del juicio ejecutivo y la del primero de noviembre de dos mil seis, atinente al libramiento de comunicación al Instituto de la Propiedad para la práctica de embargo, es atentatorio a las elementales garantías de Defensa y del Debido Proceso. CONSIDERANDO: Que expuestas las bases y la génesis procesal del caso subjúdice, esta Sala, después de un análisis concienzudo del fallo del Ad—quem, cuestionado mediante el presente remedio extraordinario y apreciadas las alegaciones del Amparista, tal como han sido i1ustradas en los — acápites anteriores con el recorrido procesal de los autos, esta Sala de lo Constitucional, ha podido constatar y así lo ha afirmado el Censor, que se acompañaron a la Demanda Ejecutiva de mérito dos escrituras públicas de hipotecas, prendas y fianzas solidarias de créditos otorgados a favor del Banco de los Trabajadores por el Ejecutado, el Señor José Francisco Montes Maradiaga, junto con una Certificación extendida por el Contador de la referida institución financiera, Instrumentos Públicos de garantía a favor del ejecutante otorgados por el Ejecutado ante los Oficios del Notario Roberto Pacheco Reyes, en las fechas supracitadas, que a juicio de esta Sala configuran y constituyen Título Ejecutivo, carácter que confiere el Artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero, que en lo conducente determina: “... Los documentos de crédito, junto con el Estado de Cuentas Certificado, serán títulos ejecutivos...” correlativo a lo
preceptuado en el Artículo 884 del Código de Comercio que
se refiere: “... El contrato o la póliza en que se hagan constar, los créditos, junto con la certificación del contador a que se refiere este artículo serán título ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito previo alguno”, de las normas transcritas fácilmente se puede concluir que la tesis básica expuesta por el Recurrente en soporte del amparo es inconsistente y no puede impedir la substanciación o Despacho de ejecución en el caso relacionado, pues el Contador de la entidad crediticia, Banco de los Trabajadores, ha descrito la cuenta que debe hacer efectiva el Deudor, determinado el capital e intereses. Consecuentemente, esta Sala entiende y así lo ha asumido el Mercado Bancario recogido en el Artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero, que basta el Estado de cuenta certificado por el Contador de la Institución Crediticia, tal como lo ha efectuado, en el caso de autos, el Banco de los Trabajadores sobre los adeudos del Ejecutado, el Señor José Francisco Montes Maradiaga, junto con los documentos contentivos de Hipoteca, prendas y Fianzas Solidarias para visualizar que estamos ante un Título Ejecutivo, porque la sentencia censurada dictada por el Ad-quem, el diez de septiembre de dos mil siete, no violenta ni quebranta las garantías constitucionales del Derecho de Defensa, cuya apertura procesal a favor del ejecutado es manifiesta, toda vez que el apoderado ejecutado ha promovido cuantos escritos e impugnaciones ha considerado pertinentes, inclusive hasta arribar vía Amparo a esta Sala de lo constitucional y en cuanto al Debido Proceso, es procedente ratificar que el ejecutado renunció a los trámites del Juicio Ejecutivo, como se determina en las cláusulas contractuales de las Escrituras
Públicas mencionadas, renuncia autorizada por la Ley Civil sustantiva, dado que sólo es atribuible a los intereses del
renunciante. Con todo, bajo los argumentos del Ejecutado y Amparista, no puede impedirse una ejecución, bajo el asidero de un Estado de Cuentas, cuya certificación fue extendida por un Contador Bancario del Banco Ejecutante que demuestra el capital e intereses adeudados por un deudor, por manera que el estado de cuenta detallado reclamado y cuya precariedad alega el recurrente, si existiese suficiente peso y fundamento podría reorientarse en otra acción. Pues es inaceptable que la pretensión de recurrir al espíritu del Artículo 965 del Código de Comercio para describir un estado de cuenta, habida consideración que dicha disposición mercantil es vinculante únicamente a depósito de cuenta de cheques sobre operaciones bancarias a depósitos de esos títulos. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas y atendiendo a que el Juicio Ejecutivo, es un trámite rápido que se sustenta en el hecho de que su fuerza reside en documentos de probanza indubitable, como el caso examinado, encaminado a hacer efectiva la prestación precisa que en el documento se contiene, base de la acción ejecutiva, por consiguiente no cabe duda que estamos en rigor ante un Título Ejecutivo, por lo que es de suyo imperativo seguir con el curso legal de la acción ejecutiva ejercitada por el Banco de los Trabajadores contra el Señor José Francisco Montes Maradiaga por sí, y como Propietario del Hospital y Clínicas Montes. CONSIDERANDO: Que con vistas en las motivaciones anteriores, procede denegar el Amparo de mérito, pues resulta evidenciado que no se han violado las garantías constitucionales que invoca el recurrente contra el fallo proferido por la Corte Segunda de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán a que se ha hecho relación. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos 1, 82, 90 párrafo primero, 183, 303 reformado, 304 reformado, 313 atribución 5 reformado, 316 No. 1 reformado de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización Atribuciones de los Tribunales; 166 de la Ley del Sistema Financiero; 1, 2, 3 No. 2, 5, 7, 9 No. 2, 4l, 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, FALLA: DENEGAR la garantía constitucional de amparo, interpuesta por el Abogado René Velásquez Díaz, a favor del Doctor José Francisco Montes Maradiaga, en su carácter personal y como propietario de la Empresa Mercantil Individual denominada “Hospital y Clínicas Montes”; interpuesta contra la resolución de fecha diez de septiembre de dos mil siete, dictada por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán. MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los fines legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas. Y Sello. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. COORDINADORA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el nueve de febrero de dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha ocho de diciembre de dos mil nueve, recaída en el Recurso de Amparo Civil con orden de ingreso en este Tribunal No. 669-P834-P835=07.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA CONSTITUCIONAL