Sentencia RI-2260-02 — Registro 4490
Resumen
Recurso de inconstitucionslidad promovido por via de excepción contra el Decreto Legislativo No.228-2001, de fecha veintinueve de Diciembre del dos mil uno, y publicado en el Diario oficial la Gaceta el 24 de Abril del dos mil dos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
" Que al hilo del razonamiento seguido en este fallo, podemos afirmar que el Congreso Nacional electo para el período 1998-2002, al improbar el contrato suscrito entre la Dirección Ejecutiva del FOSOVI y la representación de la sociedad mercantil GIGANTE S.A. DE C.V., se excedió, no por razones de materia, sino por razones de carácter temporal y por lo tanto de forma, de la atribución que la Constitución le confiere en el artículo 205 No. 19) párrafo in fine, de tal manera que en las circunstancias arriba apuntadas, la función revisora sobre la legalidad de tal contrato, únicamente le compete de manera residual al Poder Judicial que conoce de la demanda de nulidad entablada por la Procuraduría General de la República, en su condición de representante legal del Estado de Honduras, de tal manera que los órganos jurisdiccionales del Estado en el ámbito de sus respectivas competencias son los que deberán pronunciarse de manera definitiva y concluyente sobre la validez o invalidez del mencionado contrato. CONSIDERANDO: Que la declaración del Congreso Nacional manifestada en el Decreto Legislativo 228-2001 sobre la legalidad del contrato de compraventa de un inmueble suscrito entre la Dirección Ejecutiva del FOSOVI y la representación de la sociedad mercantil GIGANTE S.A., resulta extemporánea, y por lo tanto efectuada fuera del marco establecido por el artículo 205 No. 19) de nuestro Texto Fundamental, en consecuencia, es procedente declarar con lugar el recurso de inconstitucionalidad que por vía de excepción conoce esta Sala, de tal manera que la decisión de improbar que al mismo tiempo lleva consigo la declaratoria de ilegalidad del contrato por el Poder Legislativo, no es vinculante para las partes ni obligatoria para el Juzgador, sin perjuicio de la función revisora que en el marco del proceso civil le compete ejercer a los Tribunales de Justicia."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 64 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 96 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 103 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 104 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de noviembre de dos mil diez. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto ante este Tribunal, por el abogado MARIO ALONZO LAITANO ESPINOZA, a favor del señor MARCO ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ; contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de abril de dos mil ocho, que declara: 1) Con lugar el recurso de apelación, 2) De oficio reforma parcialmente el auto del quince de agosto de dos mil cinco en cuanto a admitir los medios de prueba propuestos en tiempo y forma y declara con lugar la nulidad absoluta de actuaciones, dictado por el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; y, 3) Con lugar la nulidad absoluta de actuaciones, a partir del acta de notificación de fecha diecisiete de agosto de dos mil cinco; con relación a la Demanda Ordinaria para que se declaren las Nulidades Absolutas por falsedad de un supuesto poder especial, de un contrato de apertura de línea de crédito, de un remate, de la tradición de dominio de un inmueble rematado, de las escrituras públicas que las contienen, de sus primeras copias y de sus inscripciones registrales, promovida por la abogada DELMA CRISTELA LANZA, en su condición de apoderada legal del señor MARCO ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ, contra la señora LOURDES PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ y la sociedad mercantil denominada FINANCIERA INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA S.A. DE C.V. (FIA). ANTECEDENTES 1) Que en fecha cinco de marzo de dos mil uno, compareció ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada DELMA CRISTELA LANZA, actuando en su condición de apoderada legal del señor MARCO ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ, promoviendo Demanda Ordinaria contra la señora LOURDES PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ y la sociedad mercantil denominada FINANCIERA INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA S.A. DE C.V. (FIA), para que mediante sentencia definitiva se declare la Nulidad Absoluta por la falsedad de un supuesto poder especial, de un contrato de apertura de línea de crédito, de un remate, de la tradición de dominio de un inmueble rematado, de las escrituras públicas que las contienen, de sus primeras copias y de sus inscripciones registrales, así como la prohibición de celebrar actos y contratos sobre el bien inmueble rematado, los daños y perjuicios causados, con especial condena en costas. 2) Que encontrándose el juicio en la etapa de evacuación de pruebas, el veintisiete de marzo de dos mil seis, el Juzgado de Letras citado, de oficio decretó la nulidad absoluta de los autos de fecha veintitrés de marzo de dos mil seis, que evacuaban los medios de prueba propuestos por la parte demandada y que corren agregados a folios 161 y 163, de la primera pieza de autos; así como el acta de notificación que corre a folio 163, ya que a la parte demandada le declararon sin lugar la proposición de los medios de prueba, por lo que dichos autos deberán leerse así: “Sin Lugar en virtud de que dichos Medios de Prueba nunca fueron admitidos por este Tribunal al momento de la proposición de los mismos”.- Cita el A-quo como fundamento legal de su decisión los artículos 9, 10, 1586 y 1589 del Código Civil. 3) Que la Corte Segunda de Apelaciones de esta Sección Judicial, al conocer de los autos por el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada FINANCIERA INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA S.A. DE C.V. (FIA), contra la providencia que se deja relacionada en el inciso que precede, el quince de abril de dos mil ocho, dictó sentencia mediante la cual declaró: con lugar el citado recurso, de oficio reformó parcialmente la providencia recurrida en cuanto a admitir los medios de prueba propuestos en tiempo y forma y con lugar la nulidad absoluta de actuaciones, a partir del acta de notificación del diecisiete de agosto de dos mil cinco, la cual obra a folio 100 vuelto de la primera pieza, por considerar que no existe razón legal para declarar inadmisibles los medios de prueba propuestos en su momento por la parte apelante, si el primer período probatorio estuvo abierto y en curso a partir del uno de agosto de dos mil cinco.- Cita la Corte como fundamento legal de su decisión los artículos 120, 126 y 129 del Código de Procedimientos Civiles; 1586, 1589 y 1596 del Código Civil. 5) Que el abogado MARIO ALONZO LAITANO ESPINOZA, compareció ante este Tribunal, el cuatro de septiembre de dos mil ocho, reclamando amparo a favor del señor MARCO ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ, alegando que la sentencia de fecha quince de abril de dos mil ocho, dictada por la Corte de Apelaciones citada, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que en sustento de la acción de amparo el Abogado MARIO ALONZO LAITANO ESPINOZA argumenta que la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en su sentencia expresa que en la notificación que se realizó a través de la Tabla de Avisos del despacho en fecha veintinueve de julio de dos mil cinco, en la que se notificó a las partes demandadas, también se le notificó como Apoderado demandante, y por consiguiente es inútil la notificación que realizó expresamente en fecha diecisiete de agosto de dos mil cinco y que con su sentencia está dejando sin prueba a su representado, sin ninguna oportunidad de aportar prueba en el proceso, el Tribunal de Apelación no debió decretar Nulidad Absoluta de actuaciones, ya que no existe, ni existió en el proceso motivos de nulidad. CONSIDERANDO: Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, éste emitió su dictamen en fecha dieciséis de febrero de dos mil nueve, dictaminando que se sobresean las diligencias de la acción de Amparo comentada, en consonancia a lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial, establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO: Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los Artículos 187 y 190 del Código del Procedimientos Comunes, la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO: Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que efectivamente el Abogado MARIO ALONZO LAITANO ESPINOZA en el escrito de fecha veintiséis de julio de dos mil cinco, solicitó la notificación por la Tabla de Avisos del Despacho de la providencia de fecha veintiuno de junio de dos mil cinco, a las otras partes. Razón por la cual la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, considera la notificación que consta a folio cien (100) vuelto de la primera pieza de autos, y que calza la firma del Abogado MARIO ALONSO LAITANO ESPINOZA con fecha diecisiete de agosto de dos mil cinco, notificándose de los autos de fecha veintiuno de junio y quince de agosto de ese mismo año; como inútil, específicamente la notificación del auto de fecha veintiuno de junio de dos mil cinco, por haber sido notificado éste, por la Tabla de Avisos del Despacho, el veintinueve de julio de dos mil cinco, estableciéndose que el primer periodo probatorio estuvo abierto y en curso a partir del día lunes uno de agosto del año dos mil cinco. CONSIDERANDO: Que la “notificación es el acto de hacer saber a los interesados en asunto judicial la providencia, sentencia interlocutoria o sentencia definitiva que en él haya recaído. Ninguna resolución judicial puede producir efecto ni causar perjuicio, sino se notifica a los interesados en la forma prevista por la ley”[1]. CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Código de Procedimientos Comunes, las notificaciones se clasifican en personales, por cédula, por aviso y tácitas. La notificación tácita es la que tiene la virtud de reemplazar o de involucrar a todas las notificaciones anteriores, cualquiera que sea la forma de estas exigidas por el legislador. A estas se refiere el Artículo 110 del Código de Procedimientos Comunes[2] Las notificaciones tácitas deben interpretarse con criterio restrictivo, a fin de evitar que el derecho de las partes resulte lesionado. Solo cuando de las circunstancias del caso resulte de una manera inequívoca que la parte tuvo conocimiento efectivo de la providencia o resolución, pueden suplirse las formalidades de la notificación personal o por cédula[3]. Y en el caso que nos ocupa, no hay duda que el Amparista tenia el pleno conocimiento de la providencia que hoy dice afectarle. CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional aplique el procedimiento como lo desea la parte, como parece entenderlo el recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen casa proceso administrativo o judicial general una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO: Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO: Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, ni el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, 10, 80, 85, 87, 110, 119, 120, 126, 129, 183, 184, 190, 200, 242, 244, 247, 248, 249, 430 431 y 435 del Código de Procedimientos Civiles. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el artículo 316 de la Constitución de la República.- Redactó la Magistrada CRUZ DE WILLIAMS.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello, OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS, COORDINADOR POR LEY, JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS, GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA, ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, firma y sello, DANIEL ARTURO SIBRIÁN BUESO, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de enero de dos mil once, certificación de la sentencia de fecha nueve de noviembre de dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal bajo el número 449-P541-P543=08.
DANIEL ARTURO SIBRIÁN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA
DE LO CONSTITUCIONAL
[1] TABORA, TITO LIVIO. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO, ANTECEDENTES Y COMENTARIOS. Tomo Primero, Deposiciones Comunes a la Jurisdicción Contenciosa y a la Voluntaria. Pag.182. Editorial Universitaria. 1,990.
[2] TABORA, TITO LIVIO. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO, ANTECEDENTES Y COMENTARIOS. Tomo Primero, Deposiciones Comunes a la Jurisdicción Contenciosa y a la Voluntaria. Pág.189. Editorial Universitaria. 1,990.
[3] FASSI-YAÑEZ, "CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION COMENTADO, ANOTADO Y CONCORDADO", T. I, PAG. 681/682.