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Sentencia AP-522-07 — Registro 3829

Resumen

Sentencia recurrida confirma auto de prisión

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

" Que una lectura detenida de la resolución adoptada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, revela que la misma se ha dictado con observancia de las reglas de la lógica y la experiencia, y que por lo tanto se encuentra debidamente motivada, al señalar que hasta este momento procesal se constata la existencia de un instrumento público inscrito en el Registro de la Propiedad inmueble, y con efectos frente a terceros, donde se establece que el propietario del inmueble donde habita la imputada es el señor ROGER ALFONSO EUCEDA, de ahí que sin prejuzgar en modo alguno en torno a la culpabilidad de la señora REINA ISABEL GARMENDIA, podemos afirmar que su persistencia en habitar y poseer dicho bien, en contra de la voluntad del que hasta ahora se presenta como su dueño, constituye un indicio racional suficiente para estimar con un grado razonable de probabilidad que ha incurrido en el delito de USURPACION que se le atribuye"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de noviembre de dos mil ocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ MARTINEZ Y JOSE ENRIQUE SANTOS CABRERA a favor de la señora REINA ISABEL GARMENDIA CASTRO, mayor de edad, hondureña, soltera, Comerciante Individual y de este domicilio.ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta de marzo del año mil siete, la Abogada REINA ELIZABETH VALLE DE SALANDIA en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal contra la señora REINA ISABEL GARMENDIA CASTRO, por suponerla responsable del delito de USURPACION en perjuicio de ROGER ALFONSO EUCEDA.2) Que en fecha diecisiete de mayo del año dos mil siete, el Juez A-Quo, en Audiencia Inicial dictó Resolución mediante la cual A) Decretó Auto de Prisión en contra de la imputada señora REINA ISABEL GARMENDIA CASTRO, por el delito de USURPACION en perjuicio de ROGER ALFONSO EUCEDA; B) Impuso a la imputada medidas las cautelares sustitutivas a la prisión preventiva, como ser: i) Que la imputada se presente cada viernes de cada semana a la Secretaría de ese despacho a firmar el libro de asistencia que a efecto lleva ese Juzgado, ii) La prohibición de salir del país sin autorización del Juzgado; y iii) Prohibición de acercarse al ofendido, siempre y cuando no afecte su derecho de defensa; y C) Ordenó el desalojo de la señora GARMENDIA, de la casa de habitación que actualmente habita, por considerar que existe plena prueba de que se ha cometido un delito, de la concurrencia de todos los elementos del tipo penal y que existe indicio racional que la imputada ha tenido participación en el mismo. Citando como fundamentos jurídicos los artículos 227 del Código Penal Vigente, 173 numerales 6, 7 y 9, 294 numeral 3, del Código Procesal Penal. 3) Que la Corte Primera de Apelaciones de esta Sección Judicial, al conocer los autos por apelación interpuesta por los Abogados JOSE ENRIQUE SANTOS CABRERA Y OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ MARTINEZ, en su condición de Defensores Privados de la encausada, en fecha diecinueve de julio del año dos mil siete, dictó Sentencia mediante la cual declaró NO HA LUGAR el recurso interpuesto y confirmando la resolución que se deja relacionada en el inciso que precede, por considerar que se ha establecido la plena prueba de haberse cometido el delito de usurpación y existe indicio más que suficiente de que la imputada ha participado en él a título de autora directa; fundamentando su decisión en los artículos 294 numeral 3 y 297 del Código Procesal Penal. 4) Los Abogados OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ MARTINEZ Y JOSE ENRIQUE SANTOS CABRERA, comparecieron ante este Tribunal, en fecha dieciséis de agosto del año dos mil siete, reclamando amparo a favor de la señora REINA ISABEL GARMENDIA CASTRO afirmando que la resolución de fecha diecinueve de julio del año dos mil siete, dictada por el Ad Quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 92, 94, 321 y 323 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que en fecha 30 de marzo de 2007, la Representante del Ministerio Público, Abogada ELIZABETH VALLE DE SALANDIA, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, donde interpuso requerimiento fiscal en contra de la señora REINA ISABEL GARMENDIA CASTRO, a quien se le atribuye la comisión del delito de USURPACION, en perjuicio del señor ROGER ALFONSO EUCEDA. CONSIDERANDO: Que según se expone en el requerimiento fiscal de mérito, en fecha 19 de julio de 2006, los señores PABLO EUCEDA ORELLANA y ROGER ALFONSO EUCEDA, comparecieron ante el Notario LUCIO ROMERO, ante quien formalizaron la venta de un inmueble propiedad del primero a favor del segundo, inscribiéndose la escritura pública correspondiente, bajo el número 56 Tomo 4753 del Registro de la Propiedad Inmueble del Departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO: Que continúa manifestando la Representación del Ministerio Público, que el inmueble objeto de la compraventa antes referida, se encontraba habitado por el vendedor PABLO EUCEDA ORELLANA, su compañera de hogar, la señora REINA ISABEL GARMENDIA, así como también por el sobrino del primero, ROGER ALFONSO EUCEDA, dándose la circunstancia de que entre el señor PABLO EUCEDA ORELLANA y la señora REINA ISABEL GARMENDIA, empezaron a suscitarse problemas de convivencia, dando lugar a que ésta última presentara una denuncia de violencia intrafamiliar ante el Juzgado de Letras Segundo de Familia de Francisco Morazán, misma que al ser desestimada, dio pie para que la imputada desalojara a su compañero de hogar, cambiando los llavines de la puerta y portones de acceso, negándose a entregar el inmueble al nuevo propietario, esto es, al señor ROGER ALFONSO EUCEDA, incurriendo de ese modo en la comisión del delito de USURPACION. CONSIDERANDO: Que en audiencia inicial de fecha 17 de mayo de 2007, el Juez Instructor dictó auto de prisión contra la encausada, por suponerle responsable del delito de USURPACION. CONSIDERANDO: Que no conforme con el auto de prisión dictado por el Juez A Quo, la Defensa de la imputada interpuso recurso de apelación ante el Tribunal de Alzada. CONSIDERANDO: Que en resolución de fecha 19 de julio de 2007, la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, confirmó el auto de prisión recurrido. CONSIDERANDO: Que no conforme con la decisión adoptada por el Tribunal de Segunda Instancia, los Abogados OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ MARTINEZ y JOSE ENRIQUE SANTOS CABRERA, comparecieron ante la Corte Suprema de Justicia interponiendo recurso de amparo, alegando que la resolución impugnada ha vulnerado en perjuicio de su cliente, el derecho de defensa, la garantía genérica del debido proceso, y la disposición que establece cuales son los requisitos para dictar un auto de prisión, consagrados respectivamente, en los artículos 82, 90 párrafo primero y 92 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que según exponen los recurrentes, la infracción de los preceptos constitucionales invocados se ha producido, cuando el Tribunal Ad Quem ha confirmado el auto de prisión dictado contra la imputada, sin que previamente haya resuelto sobre la petición de que se recibiera a prueba la segunda instancia, a los efectos de que se practicara inspección judicial sobre una escritura autorizada por el Notario ARNALDO GARCIA HERNANDEZ, misma que para la subsanación de defectos formales fuera devuelto por el Registro de la Propiedad, y que constituye un elemento probatorio que se encuentra bajo “custodia” del Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán; señalando los amparistas, que con dicho documento se acredita que el inmueble en el que actualmente habita la señora REINA ISABEL GARMENDIA fue adquirido a un precio mucho mayor por el señor PABLO EUCEDA ORELLANA, del que posteriormente y años después se consigna en la escritura de compraventa autorizada por el Notario LUCIO ROMERO y otorgada a favor del supuesto ofendido ROGER ALFONSO EUCEDA. CONSIDERANDO: Que a juicio de los recurrentes el Tribunal de Segunda Instancia habría vulnerado el derecho de defensa de la imputada, al no admitir como medio probatorio documental la presentación de un álbum fotográfico del que resulta evidente la incapacidad que adolecía el señor PABLO EUCEDA ORELLLANA al autorizarse la escritura de compraventa a favor del señor ROGER ALFONSO EUCEDA. CONSIDERANDO: Que por otro lado, los recurrentes sostienen que actualmente se encuentra entablada una demanda de nulidad, tramitada bajo el número 19718, en el Juzgado antes mencionado, a los efectos de demostrar que cuando se autorizó la escritura de compraventa a favor del señor ROGER ALFONSO EUCEDA, el señor PABLO EUCEDA ORELLANA no se encontraba en capacidad de expresar su consentimiento en tanto que sufría de graves quebrantos de salud, de lo cual se colige que el supuesto comprador se aprovechó de esa circunstancia para que se autorizara tal instrumento, pues resulta ilógico que el señor PABLO EUCEDA ORELLANA, teniendo dos hijos con la imputada, y habiendo adquirido el inmueble a un costo de QUINIENTOS MIL LEMPIRAS, lo haya vendido a su sobrino, años después, al precio irrisorio de DIEZ MIL LEMPIRAS, concluyendo que estando en trámite el juicio civil en referencia para decretar la nulidad de la escritura de venta antes mencionada, y que los testigos de la Defensa dan fe sobre la incapacidad que sufría el señor PABLO EUCEDA ORELLANA al momento de otorgarse la misma, no existen méritos para decretar auto de prisión contra la señora REINA ISABEL GARMENDIA por el delito de USURPACION que se le atribuye. CONSIDERANDO: Que finalmente los recurrentes señalan, que se ha vulnerado la garantía del debido proceso al ordenarse el desalojo por el Juez Instructor, señalando por un lado que se llevaría a cabo transcurridos quince días siguientes a la fecha en que adquiriera firmeza el auto de prisión, pero al mismo tiempo disponiendo que el mismo se efectuaría a más tardar el 6 de junio de 2007, desconociendo de ese modo el derecho que le asiste a la encausada para impugnar por la vía de los recursos la orden de desalojo antes referida. CONSIDERANDO: Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “..Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…” CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso en materia criminal, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. CONSIDERANDO: Que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc…. CONSIDERANDO: Que la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede o no dictar un auto de prisión, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito a los imputados en una causa criminal; es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando en esa valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso criminal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que una lectura detenida de la resolución adoptada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, revela que la misma se ha dictado con observancia de las reglas de la lógica y la experiencia, y que por lo tanto se encuentra debidamente motivada, al señalar que hasta este momento procesal se constata la existencia de un instrumento público inscrito en el Registro de la Propiedad inmueble, y con efectos frente a terceros, donde se establece que el propietario del inmueble donde habita la imputada es el señor ROGER ALFONSO EUCEDA, de ahí que sin prejuzgar en modo alguno en torno a la culpabilidad de la señora REINA ISABEL GARMENDIA, podemos afirmar que su persistencia en habitar y poseer dicho bien, en contra de la voluntad del que hasta ahora se presenta como su dueño, constituye un indicio racional suficiente para estimar con un grado razonable de probabilidad que ha incurrido en el delito de USURPACION que se le atribuye. CONSIDERANDO: Que por otro lado es importante señalar, que los alegatos concernientes a que la Corte de Apelaciones no decretó la apertura a pruebas en la segunda instancia, dando lugar a la inadmisión de los medios probatorios consistentes en una inspección judicial sobre un instrumento público que corre incorporado al expediente en el que se tramita la demanda de nulidad interpuesta contra el señor ROGER ALFONSO EUCEDA y un álbum fotográfico para acreditar la supuesta incapacidad del señor PABLO EUCEDA ORELLANA, deben ser desestimados, ya que por un lado el recurrente no hizo uso oportuno del recurso de reposición del para impugnar esa negativa cuando ha podido hacerlo, al tenor de lo prescrito por los artículos 352 y 353 del Código Procesal Penal , y por el otro, porque tal y como lo resolviera el Juez A Quo en su oportunidad, no señaló de manera puntual y concreta la pertinencia de que se practicara la inspección judicial sobre el instrumento público en referencia, y que en cuanto al álbum fotográfico por su inidoneidad, resultaba inútil para los efectos de acreditar la supuesta incapacidad que afectaba al señor PABLO EUCEDA ORELLANA al otorgar la escritura pública de compraventa a favor de su sobrino ROGER ALFONSO EUCEDA. CONSIDERANDO: Que finalmente, en lo que concierne al desalojo, es importante señalar que el artículo 227 del código penal en el que se tipifica el delito de usurpación, establece que tan pronto como se acredite en autos el derecho correspondiente, el Juez que conoce de la causa ordenará el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho usurpado. De este modo, y siendo que en el caso de autos, hasta este momento procesal no existe una duda razonable de quien aparece como propietario del inmueble ocupado por la imputada, la decisión de ordenar la desocupación por parte de ésta, no se presenta irrazonable ni arbitraria, por lo que en ese sentido no se ha producido la vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO: Que por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala es del criterio porque se deniegue el amparo interpuesto por los recurrentes. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 90 párrafo primero, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) de la Constitución de la República, 227 del Código Penal, 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b) y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Denegando el amparo interpuesto contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán en fecha diecinueve de julio de dos mil siete, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado GOMEZ MORENO.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO. COORDINADOR. CARLOS ARMANDO FLORES CARIAS. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA. SUYAPA THUMANN CONDE. JOSE ROLANDO ARRIAGA MANCIA. Firma y Sello. LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL".

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el doce de marzo de dos mil nueve, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de noviembre de dos mil ocho recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 522-P697=07.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

RECEPTOR ADSCRITO

DE LA SALA CONSTITUCIONAL