Sentencia AP-220-07 — Registro 3800
Resumen
Sentencia recurrida que confirmó la resolución que declaro con lugar la excepción por falta de accíón , por considerar que la gestión del Ministerio Público esta viciada por falta de legitimación al actuar de oficio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO: Que el artículo 26 reformado del Código Procesal Penal y su adición[1] estipulan que los delitos relativos a la propiedad intelectual o industrial y a los derechos de autor, sólo podrán ser perseguidos por el Ministerio Público a instancia de la víctima, excepto a la actividad que tenga como propósito preservar pruebas y prevenir la continuación de la actividad infractora, en virtud de lo cual podrá investigarse o tomarse otras medidas de observancia, de oficio, sin necesidad de una denuncia formal de un privado o titular del derecho, los casos de presunta falsificación de marcas o piratería lesiva de derecho de autor. CONSIDERANDO: Que el artículo 26 precitado y su adición son claros al establecer que el Ministerio Público podrá actuar de oficio en la obtención y preservación de pruebas relacionadas con los delitos contra la propiedad intelectual, industrial y de autor; lo cual no le exime de obtener la correspondiente autorización para ejercitar la acción penal ante los juzgados. Dichos artículos al utilizar la frase “sólo podrán” conmina a esta entidad del Estado a abstenerse de actuar, hasta ser autorizado por el titular del bien jurídicamente protegido. CONSIDERANDO: Que la legitimación del Ministerio Público para ejercitar la acción penal, deberá estar acreditado en autos de manera plena, de tal forma que la Sala de lo Constitucional estima que el documento que contenga el acto legitimador cumpla con todas las formalidades exigidas por la ley; en este caso siendo un documento expedido en el extranjero deberá ser legalizado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 325 del Código de Procedimientos (Civiles). Estas formalidades no son baladíes, sino que dan seguridad y fidelidad a los actos, en virtud de lo cual su exigencia no contraviene el artículo 41 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en virtud de que la legalización de documentos es necesaria. CONSIDERANDO: Que en relación al Convenio de Berna, cuando se refiere a: (sic) “el goce y ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad…,” no se aplica al caso bajo examen. Dicha disposición se encuentra en el numeral 2 del artículo 5 del instrumento precitado; artículo que se refiere a que los autores que no sean del país de origen de la obra gozarán los mismos derechos garantizados a los autores de las obras protegidas en los países de la Unión de los derechos respectivos que las leyes conceden a los nacionales y el goce y ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad. En el caso de mérito, los autores no nacionales gozan de los mismos derechos que los nacionales, puesto que no se han impuesto a los primeros formalidades especiales que no se exijan a los segundos. Es más, el artículo 5 del ADPIC señala que la extensión de la protección así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección; del mismo modo, indica que la protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional. Sin embargo, aun cuando el autor no sea nacional del país de origen de la obra protegida por el presente Convenio, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales. CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo expuesto, la Sala de lo Constitucional estima que la decisión que se conoce en amparo no contraviene los derechos constitucionales invocados por el recurrente, en consecuencia procede denegar la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 26, REFORMADO (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de noviembre de dos mil ocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo Penal interpuesto por el Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, a favor de VARIAS CASAS CINEMATOGRAFICAS Y DISQUERAS, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de febrero del año dos mil siete, que confirmó la resolución de fecha veintidós de noviembre del dos mil seis, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial De Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; con relación a la causa instruida contra GEOVANNI MARTIN OROZCO GUERRERO por suponerlo responsable del delito de VIOLACION DE LOS DERECHOS DE AUTOR en perjuicio de LA PROPIEDAD ESPECIAL (VARIAS CASAS CINEMATOGRAFICAS Y DISQUERAS).ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiséis de octubre del año dos mil seis, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, el Abogado GERMAN DAVID REYES PAVON, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor GEOVANNI MARTIN OROZCO GUERRERO por suponerlo responsable del delito de VIOLACION DE LOS DERECHOS DE AUTOR en perjuicio de LA PROPIEDAD ESPECIAL (VARIAS CASAS CINEMATOGRAFICAS Y DISQUERAS). 2) Que en fecha veintidós de noviembre del año dos mil seis, mediante resolución tomada por el A-Quo en audiencia inicial, declaró con lugar la excepción por falta de acción interpuesta por el Abogado JORGE MARADIAGA RODRIGUEZ, en su condición de Defensor Privado, en virtud de que al momento de presentar requerimiento fiscal el Ministerio Público no estaba legitimado para accionar por el delito de VIOLACION DE LOS DERECHOS DE AUTOR; citando como fundamento de su decisión los artículos 26 numeral 8 y 42 numeral 2 del Código Procesal Penal.3) Que en fecha doce de febrero del año dos mil siete, la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante sentencia, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y confirmó la resolución que se deja relacionada en el inciso que antecede, por considerar que la gestión del Ministerio Público esta viciada por falta de legitimación en causa, en virtud de que se desprende de los autos que el mismo no fue peticionado por la presunta o presuntas víctima para la substanciación del proceso; fundamentando su decisión el Ad Quem en los artículos 26 numeral 8 y 46 numeral 2. 4) El recurrente Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, compareció ante este Tribunal, en fecha nueve de abril del año dos mil siete, reclamando amparo a favor de VARIAS CASAS CINEMATOGRAFICAS Y DISQUERAS, afirmando que la decisión del Ad Quem, de fecha doce de febrero del año dos mil siete, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República CONSIDERANDO: Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha doce de febrero de dos mil siete, por la honorable Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de Francisco Morazán, mediante la cual confirmó la resolución dictada en fecha veintidós de diciembre de dos mil seis, por el Juzgado de Letras de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en relación a la causa criminal instruida contra Giovanni Martín Orozco Guerrero por el delito de Violación de los Derechos de Autor en perjuicio de varias casas cinematográficas y Disqueras, Sony Música Entretenimientos (América Central), S.A., Universal Música, S.A., BMG de Centroamérica, S.A. y Discos de Centroamérica, S.A. CONSIDERANDO: Que el acto que se impugna por vía de Amparo fue proferido por unanimidad de votos por la honorable Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de Francisco Morazán, mediante el cual confirma la estimatoria de la excepción por falta de acción opuesta por la defensa y que fuera dictada en fecha veintidós de diciembre de de dos mil seis, por el Juzgado de Letras de lo Penal del departamento de Francisco Morazán. El Ad quem ha motivado su decisión en los argumentos siguientes: “1.- Que en la Audiencia Inicial el juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes, por lo que, en este momento procesal, si el Ministerio Público decide seguir adelante con la acción penal pública, deberá explicar y fundamentar su requerimiento, presentando las pruebas que estime a bien para demostrar la existencia de los presupuestos legitimadores que la norma fundamental y el ordenamiento penal adjetivo requieren como necesarios para dictar auto de prisión. 2.- En el caso particular, el cargo atribuido por el Ministerio Público al señor Giovanni Martín Orozco Guerrero se concreta al delito de Violación de los Derechos de Autor en perjuicio de varia casas cinematográficas y disqueras, aduciendo el ente acusador que el día veintiséis de octubre de dos mil seis, el hoy encausado fue detenido en la zona del centro de Tegucigalpa cuando la policía efectuó un operativo para decomisar discos compactos y películas pirateadas”, en el momento en que aquel estaba amarrando un puesto de discos para escapar. 3.- En la Audiencia Inicial la defensa planteó excepción de falta de acción, aduciendo que por tratarse como efectivamente se trata de un delito de acción pública dependiente de instancia particular, el Ministerio Público presentó el requerimiento sin tener la autorización de la parte ofendida y que no fue sino hasta después de presentado aquel, que obtuvo una autorización, la que cuestiona porque, dice el incidentista, se trata de un documento emitido en el extranjero que no puede surtir efectos legales en Honduras por carecer de las auténticas de rigor. En descargo de la excepción deducida el Ministerio Público manifestó que con motivo de la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre la Republica Dominicana, Centro América y Estados Unidos, se reformó el Código Procesal Penal, aduciendo que ahora ya no es necesaria la instancia particular para acusar por los delitos como el de violación de los Derechos de Autor. 4.- El artículo 26 del Código Procesal Penal al referirse a las acciones públicas dependientes de instancia particular, expresa: “Los siguientes delitos sólo podrán ser perseguidos por el Ministerio Público a instancia de la víctima: 1)…;2)…;3)…; 4)…;5)…6)…; 7)…; y, 8). Los relativos a la propiedad intelectual o industrial y a los derechos de autor, excepto por lo establecido en el artículo 26-A…” A su vez, el artículo 26-A del mismo ordenamiento jurídico expresa: Acción Pública para preservar pruebas. Con el propósito de preservar pruebas o prevenir la continuación de la actividad infractora, podrán investigarse o tomarse otras medidas de observancia, de oficio, sin necesidad de una denuncia formal de un privado o titular del derecho, los casos de presunta falsificación de marcas o piratería lesiva de derecho de autor. 5.- No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explicadamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. En este orden de ideas, estima esta Corte que el delito relacionado con la violación de derechos de autor, sigue siendo un ilícito respecto del cual el Ministerio Público no puede ejercer la acción penal pública sino a instancia de la víctima; asumimos, que la medias que conforme la reforma pueden observarse bien sea de oficio y sin necesidad de una denuncia formal del afectado, sólo son aquellas orientas a la preservación de pruebas y prevención de la continuación de la actividad infractora, que obviamente son distintas del requerimiento fiscal; y finalmente, por razones de lógica jurídica, el pedimento o autorización de la víctima para que el ministerio Público plantee en tales casos el correspondiente requerimiento, debe necesariamente preceder al ejercicio de este último. 6.- En vista de lo anterior y siendo como así lo es que en el caso de estudio el Ministerio Público presentó su requerimiento sin haber peticionado para ello por la presunta o presuntas víctimas, su gestión está viciada por falta de legitimidad en causa, siendo en consecuencia procedente acoger como lo hizo el A quo, la excepción por falta de acción, confirmando la resolución apelada. CONSIDERANDO: Que el Abogado René Mauricio Aceituno Ulloa formalizó en su condición de agente del Ministerio Público, asignado a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, la Garantía de Amparo interpuesta a favor de Sony & BMG Music Entertainment y Universal Música Entretenimientos, manifestando que la honorable Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de Francisco Morazán ha quebrantado los derechos de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero, ambos de la Constitución de la República. Para el demandante de amparo, el Ad quem, ha quebrantado el derecho de defensa porque se le está negando a la sociedad el libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señala nuestro ordenamiento jurídico; asimismo, se quebranta el debido proceso, que se traduce de un modo general en el deber que tienen los tribunales de garantizar la tutela judicial efectiva, que permite a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo que genera el deber de los jueces de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, especialmente de aquellos que desembocan en una denegación, restricción o supresión de derechos según el cual, los jueces al cumplir con su función, sólo podrían hacerlo mediante un proceso penal llevado a cabo con todas las garantías. Estima la violación del principio-derecho del Debido Proceso y Derecho de Defensa por las razones fácticas y jurídicas que a continuación expone: la Honorable Corte Primera de Apelaciones al confirmar la resolución del A quo, basa su resolución en que el delito violación de derechos de autor sigue siendo un ilícito respecto del cual el Ministerio Público no puede ejercer la acción penal pública sino a instancia de la víctima y que por razones de lógica jurídica, el pedimento o autorización de la víctima para que el ente fiscal plantee en tales casos el correspondiente requerimiento, debe necesariamente preceder al ejercicio de este último. Sigue diciendo además, que el Ministerio Público presentó su requerimiento sin haber sido peticionado para ello por la presunta o presuntas víctimas, por lo que su gestión está viciada por falta de legitimación. El garantista manifiesta su desacuerdo con la sentenciadora por las razones siguientes: 1.- Honduras como miembro de la Organización Mundial del Comercio, ha suscrito una serie de tratados internacionales destinados a proteger exclusivamente el derecho de propiedad intelectual, tales tratados son: el Convenio de Berna, El convenio de París, el Acuerdo sobre los aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, en donde cada uno de ellos estipula cuatro principios que rigen el derecho de autor, siendo estos los siguientes: 1) Principio de trato nacional: el cual significa que las obras que se originan en cualquiera de los Estados miembros deben protegerse en cada uno de los Estados miembros. Al analizar este principio observamos que Honduras como miembro del Convenio de Berna se compromete a proteger los derechos de cualquier autor que no sea nacional de Honduras, sólo por el hecho de ser miembro. 2) Protección mínima: significa que los Estados miembros deben proporcionar al menos los niveles de protección establecidos en el convenio, los cuales no son otros que la investigación de oficio, el decomiso, la destrucción y cualquier otra diligencia judicial destinada a dar una respuesta ante la tal infracción. 3) Protección automática: significa que la protección no debe depender del cumplimiento de ninguna formalidad, ni administrativa, ni judicial destinada a exigir a un titular requisitos para proteger su derecho, tal es el caso de registro de las obras, así como la legalización de documentos, bastará con presumir quien es el autor. 4) Independencia de Protección: significa que el goce y el ejercicio de los derechos conferidos a los autores por el convenio y las leyes nacionales de los estados miembros es independiente de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Al analizar estos principios, dice el garantista, se puede observar que los tratados internacionales tienen aplicación constitucional por lo que están por encima de cualquier ley interna que los contradiga. 2.- Continua manifestando el garantista que el legislador con el ánimo de crear leyes acordes a los principios internacionales, procede el día veinticuatro de marzo de dos mil seis y en atención al tratado de Libre Comercio a reformar tanto la ley penal como la ley procesal, reforma procesal en donde faculta de oficiosidad a las autoridades plenamente facultadas para proteger los derechos intelectuales, reforma que se cita textualmente: “Artículo 26-A.- ACCIÓN PÚBLICA PARA PRESERVAR PRUEBAS. Con el propósito de preservar pruebas y prevenir la continuación de la actividad infractora podrán investigarse o tomarse otras medidas de observancia de oficio sin necesidad de una denuncia formal de un privado o titular del derecho, los de presunta falsificación de marcas o piratería lesiva de derechos de autor.” El demandante de amparo al analizar este artículo observa que la policía y el Ministerio Público tienen plena facultad para iniciar las primeras diligencias sin necesidad de denuncia formal, estas diligencias son de investigación y una vez comprobado el delito pueden proceder a realizar el decomiso del material ilegal; asimismo, impedir que se siga cometiendo la actividad infractora deteniendo a la persona a efecto de no obstruir la investigación; y más aun cuando es encontrado in fraganti en posesión de los materiales del delito, como ocurrió en el presente caso, en donde agentes de la Dirección General de Investigación Criminal de oficio, en atención a los tratados suscritos por Honduras como Miembro de la Organización Mundial del Comercio, destinados exclusivamente a proteger el derecho de propiedad intelectual, constataron que en varios puntos de la capital, algunas personas se dedicaban a la venta de Discos Compactos y videos, todos de origen ilícito, por lo que procedieron a darle captura al señor Giovanny Martín Orozco quien se encontraba en el centro de la ciudad, comercializando con material reproducido en forma ilícita, siendo posteriormente puesto a disposición del órgano jurisdiccional competente por el Ministerio Público, en atención a que se debe entender, dice el garantista, que estas son las primeras diligencias de oficio que nos concede nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Especial de Derechos de Autor y Derechos Conexos claramente contempla que para proteger los derechos de los autores no se requiere ninguna formalidad, basta como presumir quien es el autor (artículos 3 y 10). En ese orden de ideas, si bien es cierto que fue hasta la audiencia inicial en donde el ente acusador presentó denuncia formal y la autorización por parte del representante legal de las casas disqueras como ser, Sony Music, BMG, Universal y Dideca, por medio de la cual se aprueba lo efectuado por las autoridades policiales y fiscales de Honduras, en cuanto a defender sus derechos, a formalizar tal acción y continuar con el procedimiento correspondiente, también lo es, que examinando los tratados antes mencionados, ni siquiera se requiere denuncia; de la misma forma, al analizar nuestra ley adjetiva, en ningún momento se requiere autorización de la víctima para presentar un requerimiento fiscal, pues es hasta la audiencia inicial donde se procede a ratificar el dicho requerimiento, a mostrar los indicios mínimos para pedir un auto de prisión y a presentar dado el caso, la prueba que legitime el accionar del defensor de los intereses generales de la sociedad, circunstancia ésta que se realizó en tanto que las casas disqueras y cinematográficas ofendidas a través de su representante, procedieron a comparecer a través del órgano acusador encargado de instar la causa, el cual no es otro que el Ministerio Público. Es por ello que consideramos que la sentencia impetrada lesiona las garantías arriba indicadas, ya que con fundamento en los convenios internacionales, de los que nuestro país forma parte, estamos comprometidos a proteger los derechos de cualquier autor y proporcionar al menos los niveles de protección establecidos en estos convenios, los cuales son: la investigación de oficio, el decomiso, la destrucción y cualquier otra diligencia judicial destinada a dar una respuesta ante tal infracción, sin depender del cumplimiento de ninguna formalidad, ni administrativa ni judicial, destinada a exigir a un titular requisitos para proteger su derecho, bastará con presumir quien es el autor; sin embargo, el Ad quem, no lo entendió así, aun cuando los tribunales tienen el deber ineludible de garantizar una tutuela judicial efectiva a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, a ser oído, proponer y practicar prueba y obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, principio éste que se ve lesionado por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán al aplicar indebidamente preceptos que no se ajustan al caso en estudio. CONSIDERANDO: Que el artículo 26 reformado del Código Procesal Penal y su adición[1] estipulan que los delitos relativos a la propiedad intelectual o industrial y a los derechos de autor, sólo podrán ser perseguidos por el Ministerio Público a instancia de la víctima, excepto a la actividad que tenga como propósito preservar pruebas y prevenir la continuación de la actividad infractora, en virtud de lo cual podrá investigarse o tomarse otras medidas de observancia, de oficio, sin necesidad de una denuncia formal de un privado o titular del derecho, los casos de presunta falsificación de marcas o piratería lesiva de derecho de autor. CONSIDERANDO: Que el artículo 26 precitado y su adición son claros al establecer que el Ministerio Público podrá actuar de oficio en la obtención y preservación de pruebas relacionadas con los delitos contra la propiedad intelectual, industrial y de autor; lo cual no le exime de obtener la correspondiente autorización para ejercitar la acción penal ante los juzgados. Dichos artículos al utilizar la frase “sólo podrán” conmina a esta entidad del Estado a abstenerse de actuar, hasta ser autorizado por el titular del bien jurídicamente protegido. CONSIDERANDO: Que la legitimación del Ministerio Público para ejercitar la acción penal, deberá estar acreditado en autos de manera plena, de tal forma que la Sala de lo Constitucional estima que el documento que contenga el acto legitimador cumpla con todas las formalidades exigidas por la ley; en este caso siendo un documento expedido en el extranjero deberá ser legalizado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 325 del Código de Procedimientos (Civiles). Estas formalidades no son baladíes, sino que dan seguridad y fidelidad a los actos, en virtud de lo cual su exigencia no contraviene el artículo 41 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en virtud de que la legalización de documentos es necesaria. CONSIDERANDO: Que en relación al Convenio de Berna, cuando se refiere a: (sic) “el goce y ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad…,” no se aplica al caso bajo examen. Dicha disposición se encuentra en el numeral 2 del artículo 5 del instrumento precitado; artículo que se refiere a que los autores que no sean del país de origen de la obra gozarán los mismos derechos garantizados a los autores de las obras protegidas en los países de la Unión de los derechos respectivos que las leyes conceden a los nacionales y el goce y ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad. En el caso de mérito, los autores no nacionales gozan de los mismos derechos que los nacionales, puesto que no se han impuesto a los primeros formalidades especiales que no se exijan a los segundos. Es más, el artículo 5 del ADPIC señala que la extensión de la protección así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección; del mismo modo, indica que la protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional. Sin embargo, aun cuando el autor no sea nacional del país de origen de la obra protegida por el presente Convenio, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales. CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo expuesto, la Sala de lo Constitucional estima que la decisión que se conoce en amparo no contraviene los derechos constitucionales invocados por el recurrente, en consecuencia procede denegar la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 69, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 322, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 26 y 26 A del Código Procesal Penal; FALLA: DENEGANDO el recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; y, MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada DUBON VILLEDA DE FLORES. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO. COORDINADOR. CARLOS ARMANDO FLORES CARIAS. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA. SUYAPA THUMANN CONDE. JOSE ROLANDO ARRIAGA MANCIA. Firma y Sello. LUCILA CRUZ MENENDEZ.-SECRETARIA GENERAL".
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el seis de enero de dos mil nueve, certificación de la sentencia de fecha seis de noviembre de dos mil ocho recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 220-302=07/ 166=08.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Vid Decreto Legislativo número 14-2006 que contiene la reforma del artículo 26 del Código Procesal Penal y le adiciona los artículos 26 A y 219 A .