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Sentencia AL-274-07 — Registro 4955

Resumen

Sentencia confirmó fallo interlocutorio que declaró con lugar la cuestión de competencia por inhibitoria reconociendo la competencia al Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula con relación a demanda laboral para el pago de prestaciones laborales por despido directo e injustificado contra el Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la confirmación de la sentencia interlocutoria, que ratifica la incompetencia del Tribunal A-quo, no vulnera en perjuicio del quejoso, la garantìa genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, en tanto que el Juez A Quo como el Tribunal Ad-quem han señalado con arreglo a Derecho, cual es la jurisdicción competente para conocer de la cuestión controvertida planteada., indicándole al recurrente que tiene que acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en defensa de sus pretensiones..."..."la aplicación directa del derecho fundamental de libre acceso a los Tribunales de Justicia y con ello a una tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, así como también una aplicación práctica y no meramente programática del principio de igualdad, y por ende del principio general del derecho, aplicable sin duda alguna, cuando del reconocimiento de derechos subjetivos se trata, de que a igual razón cabe igual disposición, nos lleva a estimar que cuando en la notificación del despido, efectuada por un órgano de la Administración Pública, no se hubiere señalado concretamente al servidor público que tiene expedita la acción ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, y por esa omisión, erróneamente hubiese interpuesto la demanda ante otra Jurisdicción; declarada la incompetencia de ésta última, deberá concederse al recurrente, el término de diez días, para que interponga la demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la demanda se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación..."..."por las razones expuestas, procede otorgar la Garantía de Amparo relacionada, en el sentido de que si bien es cierto que el Juzgado competente es el de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, también lo es de que, se ha violentado el Debido Proceso y el Derecho de Defensa al no concederle al recurrente el término de diez días para que interponga la demanda ante el Juzgado de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, pues esta omisión viola el Debido Proceso y por ende el Derecho de Defensa..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Por Ley de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA:La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de agosto de dos mil ocho.VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RAMON ALBERTO MENDOZA ELVIR, a favor de los señores ANGEL GABRIEL LOPEZ ALBERTO, DANILO ENRIQUE MEJIA ZALDIVAR, MIRIAN XIOMARA MIRANDA SANTAMARIA, solteros, GLADIS SUYAPA RAMOS BENITEZ, SILVIA ROSIBEL BAUTISTA, casadas, Peritos Mercantiles y Contadores Públicos, y MOISES ALVARADO MORALES, casado, Técnico en Mecánica Industrial, todos mayores de edad, hondureños y del domicilio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintidós de junio de dos mil seis, compareció ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Copán, el Abogado RAMON ALBERTO MENDOZA ELVIR, actuando en su condición de apoderado legal de los señores ANGEL GABRIEL LOPEZ ALBERTO Y OTROS, presentando demanda laboral para el pago de prestaciones laborales por despido directo e injustificado, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuradora General de la República, Abogada ROSA AMERICA MIRANDA DE GALO, para que previo los trámites legales sea condenada a pagarle a sus representados la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON DIECISÉIS CENTAVOS (L.252,981.16), en concepto de prestaciones laborales, vacaciones causadas proporcionales, salarios correspondientes al décimo tercero y décimo cuarto mes en forma proporcional y gastos de subsistencia, más a título de daños y perjuicios los salarios que están dejando de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme la sentencia que se dicte y las costas del juicio. 2) Que en fecha seis de febrero de dos mil siete, el Juez A-Quo, dictó sentencia interlocutoria mediante la que declara Con Lugar la Cuestión de Competencia por Inhibitoria, promovida por la Abogada ROSA AMERICA MIRANDA RIVERA DE GALO, en su condición de Procuradora General de la República y por ende representante legal del Estado de Honduras, contra la acción incoada en perjuicio de su representado por los señores Angel Gabriel López Alberto y otros, por considerar que del estudio de las diligencias de mérito se aprecia que las partes, en el contrato de Servicios Profesionales, convinieron que en caso de controversia se someterían a la jurisdicción del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, por lo tanto ese Tribunal es el competente para conocer la demanda relacionada; cita el Juez como fundamento jurídico de su decisión los artículos 1, 2, 3 literal a y 4 literal a de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 3) Que conociendo de los autos por apelación interpuesta por el Abogado Ramón Alberto Medina Elvir, en su condición ya indicada, la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de COpán, departamento de Copán, el treinta de marzo de dos mil siete, falló: Declarando Sin Lugar el recurso y confirmando la sentencia interlocutoria dictada por el A-Quo el seis de febrero de dos mil siete, por considerar que la parte demandante esta obligada a la prestación de su servicio a una entidad de derecho público en virtud del contrato de nombramiento por ellos suscrito, el cual esta regido por normas de derecho administrativo. Fundamenta su fallo el Ad Quem en el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contenciosos Administrativo. 4) El recurrente Abogado RAMON ALBERTO MENDOZA ELVIR, compareció ante este Tribunal, el treinta de abril de dos mil siete, reclamando amparo a favor de los señores ANGEL GABRIEL LOPEZ ALBERTO Y OTROS, afirmando que la resolución de fecha treinta de marzo de dos mil siete, dictada por el Ad Quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 134, 321 y 323 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la garantía constitucional que se demanda es la de amparo contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copàn, Departamento de Copàn, el treinta de marzo de 2007, por medio de la cual se confirma la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Letras del mismo Departamento, el seis de febrero del mismo año, con relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás derechos promovida por ANGEL GABRIEL LOPEZ ALBERTO y OTROS, contra el Estado de Honduras. CONSIDERANDO: Que el recurrente imputa la sentencia del Tribunal de Apelación ser violatoria de los derechos y garantías constitucionales contenidos en los artículos 90 , 321 y 323 de la Constitución de la Repùblica, relativos al debido proceso , como al principio de legalidad y a la responsabilidad en que incurren los funcionarios al ejecutar actos y decisiones fuera de la ley. CONSIDERANDO: Que el agravio constitucional según el amparista, lo provoca el Ad-quem cuando confirma la decisión del A-quo en el sentido de declarar con lugar el incidente que por cuestión de competencia por inhibitoria promovió la Procuraduría General de la República, absteniéndose de seguir conociendo la demanda, reconociéndole la competencia al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de San Pedro Sula, en virtud de que las relaciones de trabajo entre la Administración Pùblica y los trabajadores no se rigen por el Código del Trabajo, sino por las disposiciones de la Ley General de la Administración Pública y las leyes de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO: Que la confirmación de la sentencia interlocutoria, que ratifica la incompetencia del Tribunal A-quo, no vulnera en perjuicio del quejoso, la garantìa genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, en tanto que el Juez A Quo como el Tribunal Ad-quem han señalado con arreglo a Derecho, cual es la jurisdicción competente para conocer de la cuestión controvertida planteada., indicándole al recurrente que tiene que acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en defensa de sus pretensiones. CONSIDERANDO: Que el artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, establece que, cuando él órgano judicial respectivo entiende, que el asunto sometido a su conocimiento no es de su competencia, indicará al interesado, cual es la jurisdicción concreta que se estime competente, de tal manera que si la parte demandante comparece ante ella en el plazo de diez (10) días, se entenderá haberla efectuado en la fecha en que se inició el plazo señalado para la presentación de la demanda, si hubiere planteado esta, siguiendo las indicaciones de la notificación administrativa o ésta fuere defectuosa; de lo cual se desprende que, si por ejemplo y en tales circunstancias, la demanda se hubiere interpuesto erróneamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuando lo correcto era hacerlo ante la Jurisdicción del Trabajo, la interposición de la demanda ante aquella Jurisdicción, pese a ser incompetente produce el efecto de interrumpir y dejar sin efecto el plazo de prescripción correspondiente, permitiendo al demandante, el ejercicio de la acción procedente ante el Juzgado de lo Laboral. En este sentido podemos afirmar que, aunque la demanda haya sido presentada ante un órgano jurisdiccional incompetente, es innegable que existe una actividad del titular del derecho, ejercida ante la Justicia, que demuestra su intención de impedir que el derecho se extinga, y que justifica por tanto la interrupción de la prescripción. CONSIDERANDO: Que tratándose del supuesto inverso, es decir, en el que erróneamente, la demanda se hubiere interpuesto ante la Jurisdicción Laboral, cuando la competente para conocer de ella es la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Código del Trabajo no regula expresamente cual es el efecto que en tales circunstancias pueda tener la declaratoria de incompetencia hecha por los Juzgados de lo Laboral. CONSIDERANDO: Que la aplicación directa del derecho fundamental de libre acceso a los Tribunales de Justicia y con ello a una tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, así como también una aplicación práctica y no meramente programática del principio de igualdad, y por ende del principio general del derecho, aplicable sin duda alguna, cuando del reconocimiento de derechos subjetivos se trata, de que a igual razón cabe igual disposición, nos lleva a estimar que cuando en la notificación del despido, efectuada por un órgano de la Administración Pública, no se hubiere señalado concretamente al servidor público que tiene expedita la acción ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, y por esa omisión, erróneamente hubiese interpuesto la demanda ante otra Jurisdicción; declarada la incompetencia de ésta última, deberá concederse al recurrente, el término de diez días, para que interponga la demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la demanda se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación.CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas, procede otorgar la Garantía de Amparo relacionada, en el sentido de que si bien es cierto que el Juzgado competente es el de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, también lo es de que, se ha violentado el Debido Proceso y el Derecho de Defensa al no concederle al recurrente el término de diez días para que interponga la demanda ante el Juzgado de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, pues esta omisión viola el Debido Proceso y por ende el Derecho de Defensa POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del señor Fiscal, POR UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 64, 80, 82, 90, 127, 128, 129, 134, 135, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.2.3 a) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2, 3, 4, 5, 6, 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1, 2, 6 y 36 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2º., 5, 6, 7, 9 numeral 2, 41 y 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 2 No.2 del Código del Trabajo; 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; FALLA: OTORGANDO el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RAMON ALBERTO MENDOZA ELVIR a favor de ANGEL GABRIEL LOPEZ ALBERTO Y OTROS, contra la sentencia interlocutoria proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copàn, Depto. de Copàn; y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ARRIAGA MANCIA.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO. COORDINADOR. CARLOS ARMANDO FLORES CARIAS. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA. SUYAPA THUMANN CONDE. JOSE ROLANDO ARRIAGA MANCIA. Firma y Sello. LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL".Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el veintitrés de enero de dos mil nueve, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto de dos mil ocho recaída en el Recurso de Amparo Laboral con orden de ingreso en este Tribunal No 274-376-391=07. Firma y Sello.

MIRNA LIZETTE ALVARADO

SECRETARIA POR LEY