Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AL-133-08 — Registro 4952

Resumen

Sentencia confirma auto que declaró de oficio sin lugar el escrito de demanda por considerar que la demandada se encuentra protegida de inmunidad jurisdiccional y no puede ser demandada en el país saldo renuncia expresa a la inmunidad con relación a demanda ordinaria laboral para que se prueba justa causa de despido promovida contra el Organismo Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."del escrito de la demanda se comprueba que ésta es dirigida contra el Estado de Honduras y no contra el organismo internacional por lo que lo resuelto en el primer auto, en el que se declara sin lugar la misma, es contrario a normativa procesal laboral que rige la materia, resultando esa resolución, al igual que la del Ad-quem, violatoria del debido proceso, ya que la demanda reúne los presupuestos procesales para ser admitida, como ser la forma de la demanda, la competencia del juez, la capacidad para ser parte y la capacidad para obrar procesalmente o legitimatio ad procesum, presupuestos que se observaron en la demanda de mérito..."..."al declarar sin lugar la demanda no sólo se lesiona el debido proceso, sino también el derecho de acción o petición, el derecho de defensa, porque se le impide al demandante el derecho de actuar en juicio para obtener el reconocimiento del derecho que se reclama, de tal manera que con la sentencia que se revisa se está negando el derecho del demandante de obtener una tutela judicial efectiva, porque la actuación del juez, una vez presentada la demanda, se concreta a revisar si ésta reúne los requisitos exigidos en el artículo 703 del Código del Trabajo, y si no los reúne, deberá devolverla al actor para que subsane las deficiencias que le señale, de manera que el papel del juez o jueza en esta etapa del proceso se relaciona con el aspecto formal de la demanda y en manera alguna se refiere al fondo de la misma, ya que ello equivaldría a calificar la acción en un simple acto..."..."por las razones antes expuestas es procedente otorgar el amparo que se conoce..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Por Ley de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA:La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de diciembre de dos mil ocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRIGUEZ VALLADARES, a favor de la señora LIGIA MARIEL LOPEZ BARAHONA, hondureña, mayor de edad, casada, ingeniera Agrónomo y de este domicilio, contra la Sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de enero del año dos mil ocho, que confirmó la resolución de fecha dieciocho de julio del año dos mil siete, emitida por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; con relación a la Demanda Ordinaria Laboral, promovida por la señora LIGIA MARIEL LOPEZ BARAHONA contra el ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintinueve de junio del año dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la señora LIGIA MARIEL LOPEZ BARAHONA, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral, contra el ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de la Procuradora General de la República Abogada ROSA AMERICA MIRANDA DE GALO, para que mediante Sentencia Definitiva sea condenado al pago de Treinta y Dos Mil Cincuenta y Seis Lempiras con Veinticinco Centavos (L.32,056.25), más a título de indemnización por daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria respectiva, con los derechos otorgados a los trabajadores en su ausencia y las costas del juicio. 2) Que en fecha dieciocho de julio del año dos mil siete, el Tribunal de Primera Instancia, declaró sin lugar la demanda promovida por la señora LIGIA MARIEL LOPEZ BARAHONA, por considerar que el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), se encuentra protegido de inmunidad jurisdiccional, lo que hace imposible que sea demandado ante los Tribunales del país; citando como fundamento de su decisión el Decreto numero 24-93 emitido por el Poder Legislativo. 3) Que en fecha diecisiete de enero del año dos mil ocho, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, declaró sin lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado OLVIN E. RODRIGUEZ, en su condición de Apoderado Legal de la parte demandante y confirmó la resolución que se deja relacionada en el inciso que antecede, por considerar que el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), goza de inmunidad, en consecuencia no puede ser demandado ante los Tribunales del Trabajo a menos que éste organismo internacional renuncie expresamente a la misma y no consta en autos que se haya dado tal situación; citando como fundamento de su decisión el artículo 134 de la Constitución de la República. 4) El recurrente Abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRIGUEZ VALLADARES, compareció ante este Tribunal en fecha catorce de marzo del año dos mil ocho, reclamando amparo a favor de la señora LIGIA MARIEL LOPEZ BARAHONA, afirmando que la decisión del Ad Quem, de fecha diecisiete de enero del año dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que se conoce del amparo laboral interpuesto por el Abogado FRANCISCO ENMANUEL RODRIGUEZ VALLADARES a favor de LIGIA MARIEL LOPEZ BARAHONA, contra la resolución proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de fecha diecisiete de enero de dos mil ocho, que conforma el auto de fecha dieciocho de julio de dos mil siete, dictado por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, con relación a la demanda ordinaria de emplazamiento para que se pruebe una justa causa de despido, promovida por su representada contra el organismo internacional Regional de Sanidad Agropecuaria “OIRSA”. CONSIDERANDO: Que el recurrente estima infringidos los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, contentivos del Derecho de Defensa y Debido Proceso, porque el A-quo, de oficio, declaró sin lugar el escrito de demanda con el argumento de que la demandada se encuentra protegida de inmunidad jurisdiccional de conformidad al Decreto No. 24-93, por lo que no puede ser demandado en el país, indicando que la única manera de hacerlo es cuando dicho organismo haya renunciado expresamente a la inmunidad. CONSIDERANDO: Que argumenta el recurrente que lo resuelto por el A-quo y confirmado por el Ad-quem infringe el derecho de defensa y debido proceso y explica los mismos así: “Considero que a la señora Ligia Mariel López Barahona se le violentaron las garantías constitucionales de: 1) El libre acceso a los Tribunales de la República; por cuanto, como se ampliará en la etapa de formalización del recurso, la demanda promovida procede a ser admitida en virtud de que: a) La inmunidad, así como la excepción de prescripción, debe, en todo caso, ser opuesta y alegada por la parte interesada pero nunca puede ser declarada de oficio; b) En el contrato de trabajo celebrado entre la señora Ligia Mariel López Barahona y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), en su penúltimo párrafo, ambas partes se sometieron expresamente a los Reglamentos Internos de OIRSA, así como a la Constitución y a las leyes laborales vigentes en Honduras, las que, de conformidad con lo pactado, siempre prevalecerían sobre los mencionados reglamentos; y, c) En la nota de despido, en su último párrafo, se le invoca a la señora Ligia Mariel López Barahona el Artículo 112 del Código del Trabajo, alegando como causa justa para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad para el patrono, por supuestos desacatos en el desempeño de los trabajos o labores a ella encomendados. De manera que sí hubo renuncia expresa por parte de OIRSA a una inmunidad que, en todo caso, está contemplada para los funcionarios internacionales de la institución en el ejercicio de sus funciones y no para los empleados de dicho organismo, que es el caso de la señora López Barahona; 2) La garantía constitucional debe ser juzgada por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece ya que al habérsele violentado su derecho de acceder libremente a los tribunales de la República se le vulneró, como consecuencia lógica, la antes mencionada garantía constitucional, impidiéndosele someter su litigio a la jurisdicción laboral hondureña para que, con todas las garantías del debido proceso, se pudiera juzgar su caso y emitirse una sentencia apegada a derecho.” CONSIDERANDO: Que del escrito de la demanda se comprueba que ésta es dirigida contra el Estado de Honduras y no contra el organismo internacional por lo que lo resuelto en el primer auto, en el que se declara sin lugar la misma, es contrario a normativa procesal laboral que rige la materia, resultando esa resolución, al igual que la del Ad-quem, violatoria del debido proceso, ya que la demanda reúne los presupuestos procesales para ser admitida, como ser la forma de la demanda, la competencia del juez, la capacidad para ser parte y la capacidad para obrar procesalmente o legitimatio ad procesum, presupuestos que se observaron en la demanda de mérito. CONSIDERANDO: Que al declarar sin lugar la demanda no sólo se lesiona el debido proceso, sino también el derecho de acción o petición, el derecho de defensa, porque se le impide al demandante el derecho de actuar en juicio para obtener el reconocimiento del derecho que se reclama, de tal manera que con la sentencia que se revisa se está negando el derecho del demandante de obtener una tutela judicial efectiva, porque la actuación del juez, una vez presentada la demanda, se concreta a revisar si ésta reúne los requisitos exigidos en el artículo 703 del Código del Trabajo, y si no los reúne, deberá devolverla al actor para que subsane las deficiencias que le señale, de manera que el papel del juez o jueza en esta etapa del proceso se relaciona con el aspecto formal de la demanda y en manera alguna se refiere al fondo de la misma, ya que ello equivaldría a calificar la acción en un simple acto. CONSIDERANDO: Que por las razones antes expuestas es procedente otorgar el amparo que se conoce. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 No. 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo promovido contra la sentencia de fecha diecisiete de enero de dos mil ocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial. MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada THUMANN CONDE. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO. COORDINADOR. CARLOS ARMANDO FLORES CARIAS. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA. SUYAPA THUMANN CONDE. JOSE ROLANDO ARRIAGA MANCIA. Firma y Sello. LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL".

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el tres de febrero de dos mil nueve, certificación de la sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil ocho recaída en el Recurso de Amparo Laboral con orden de ingreso en este Tribunal No. 133-205-210=08.

MIRNA LIZETTE ALVARADO

SECRETARIA POR LEY