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Sentencia RI-860-06 — Registro 6868

Resumen

Artículo 169 de la Ley del Sistema Financiero contenida en Decreto No.129-2004 emitido por el Congreso Nacional de fecha 21 de septiembre de 2004

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la limitación establecida por el artículo 169 de la Ley del Sistema Financiero, que únicamente permite oponer la excepción perentoria de pago al demandado en juicio ejecutivo por una institución financiera, no se presenta razonable puesto que el ordenamiento jurídico ya prevé, respecto a otras actividades económicas, igualmente importantes para la economía nacional, procedimientos que permiten con respeto al derecho de defensa, la tutela del crédito como bien jurídico digno de protección en orden a mantener la estabilidad macroeconómica del país..."..."el precepto legal cuestionado, dispensa un trato discriminatorio para los demandados ejecutivamente por las entidades financieras, puesto que sus posibilidades de defensa en juicio se ven seriamente mermadas en comparación con las de los demandados en esa misma vía, por otras personas naturales o jurídicas, que igualmente realizan actividades de gran importancia para el desarrollo de la economía nacional, de ahí que el artículo 169 de la Ley del Sistema Financiero, se opone frontalmente al contenido esencial del principio-derecho de igualdad consagrado en el artículo 60 de la Constitución de la República, así como también cercena en su contenido esencial el derecho de defensa, reconocido por el artículo 82 de nuestro Texto Fundamental..."..."por las razones anteriormente expuestas, es procedente declarar con lugar, el recurso de inconstitucionalidad que por vía de excepción y por motivos de fondo o de contenido, ha interpuesto la señora REYNA ISABEL YANES VALLECILLO, en contra de lo dispuesto por el artículo 169 de la Ley del Sistema Financiero, sin perjuicio de señalar que no le corresponde a esta Sala determinar que tipo de excepciones puede oponer la recurrente en el caso concreto, ya que el juicio de constitucionalidad de una ley, se limita a un ejercicio intelectual y abstracto de contraste, entre la norma legal impugnada y el contenido de las disposiciones contenidas en el Texto Fundamental., a fin de determinar la compatibilidad o no, de éstas últimas con aquella..."..."la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 169 de la Ley del Sistema Financiero trae como consecuencia su derogación y por lo tanto su expulsión del ordenamiento jurídico, podemos afirmar que a las personas demandadas por la vía ejecutiva en razón de obligaciones contraídas en negocios jurídicos concertados con instituciones financieras, les compete el ejercicio de las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico, atendiendo a la naturaleza del documento presentado por el acreedor como título de ejecución..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria por Ley de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de noviembre de dos mil siete.- VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía excepción por la señora REYNA ISABEL YANES VALLECILLO, a favor de SI MISMA, para que se declare la Inconstitucionalidad del artículo 169 de la Ley del Sistema Financiero, contenida en el Decreto No. 129-2004, emitido por el Congreso Nacional de la República y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 30,502, por razón de su contenido. A N T E C E D E N T E S 1) Que el dieciséis de diciembre de dos mil cinco, compareció ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada CLAUDIA ESTELA FU PALMA, en su condición de Apoderado Legal de la empresa mercantil AVAL CARD, S.A. de C.V. interponiendo Demanda Ejecutiva de Pago contra la señora REINA ELIZABETH FUNEZ MACOTO, en su condición de deudora principal y la señora REINA ISABEL YANEZ VALLECILLO, como Aval Solidario, para que en sentencia definitiva sean condenadas al pago de OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (L. 89,103.82), más intereses legales, moratorios y costas del juicio. 2) Admitida que fue la demanda por el A-Quo, el nueve de enero de dos mil seis, se ordenó que por medio del Receptor del Tribunal, se requiriera personalmente en legal y debida forma a las demandadas, para que dentro del término de veinticuatro horas, pagaran o consignaran a la orden de su ejecutante la cantidad de ochenta y nueve mil ciento tres lempiras con ochenta y dos centavos (L. 89,103.82) más intereses y costas del juicio. 3) Que habiéndose decretado embargo sobre la cuarta parte del excedente de los primeros doscientos lempiras del sueldo que percibe mensualmente la señora REYNA ISABEL YANES VALLECILLOS y habiéndose citado legalmente a ésta para que se opusiera a la ejecución, el diecisiete de agosto de dos mil seis, se personó en juicio y opuso la excepción de falsedad del título ejecutivo, solicitando a la vez la apertura del juicio a pruebas; excepción que el veintidós de agosto de dos mil seis, el A-Quo la tuvo por contestada, ordenando que se diera copia a la parte ejecutante del escrito en relación, a efecto de que en el término de tres días contestara la misma, teniéndose asimismo como apoderado legal de la ejecutada al Abogado Rodolfo Antonio Zamora como Director y al Licenciado Ronny Rafael Matute García como Procurador. 4) Que el nueve de octubre de dos mil seis, la Abogada LEYLA ISABEL MEJIA MORAZAN, como Apoderada Legal de la ejecutante, contestó la oposición de referencia, alegando que de acuerdo al artículo 169 de la Ley del Sistema Financiero, la única excepción admisible en los juicios ejecutivos que se promuevan por acciones que se fundamentan en instituciones o negocios jurídicos regulados por la norma citada, será la excepción perentoria de pago. 5) Que la señora REINA ISABEL YANES VALLECILLO, el veintidós de noviembre de dos mil seis, compareció ante el Juzgador interponiendo recurso de inconstitucionalidad vía excepción a favor de SI MISMA, para que se declare la Inconstitucionalidad del artículo 169 de la Ley del Sistema Financiero, contenida en el Decreto No.129-2004 emitido por el Congreso Nacional de la República, por razón de su contenido, al considerar que dicha normativa contraviene lo preceptuado en los artículos 59, 60, 61, 64, 82, 89 y 110 de la Constitución de la República, por las siguientes razones: a) Que en el caso de mérito, se ha probado en juicio la falsedad del título ejecutivo, sin embargo, la pretensión de la parte ejecutante es que se le condene y se proceda a la ejecución de las cantidades embargadas hasta la cancelación de la totalidad de la deuda, al aplicarse el artículo 169 de la Ley del Sistema Financiero, a pesar de que el artículo 182 de la misma Ley, no deroga explícitamente el artículo 471 del Código de Procedimientos Civiles. b) Señala la recurrente que también se ha probado en el proceso, que ella no es parte en el contrato supuestamente suscrito entre AVAL CARD y REINA ELIZABETH FUNEZ MACOTO, por lo que ha alegado la excepción de falsedad del título ejecutivo que ha presentado la ejecutante, pero que no obstante ello, está a punto de ser condenada a pagar lo que no debe. Que el artículo 1552 del Código Civil contiene un requisito esencial para la validez de los contratos, que es el consentimiento y que al no haber ella firmado el contrato de referencia, éste no puede producir efecto alguno. c) Que la norma que se acusa de inconstitucional “desnaturaliza el juicio ejecutivo, convirtiéndolo en un injusto y abusivo trámite de cobro en el que el supuesto deudor ve enervadas sus posibilidades de defensa al no poder esgrimir otra excepción que no sea la perentoria de pago y aunque lo haga, el Juez convertido en un simple tramitador de un cobro, se encuentra impedido legalmente de valorar otras excepciones”, violentándose el Derecho de Defensa. Refiere la impetrante que el acceso a la justicia y en especial, la posibilidad de contar con el acceso a la defensa en juicio, son elementos esenciales en un marco de un Estado Democrático de Derecho; un sistema de justicia democrático debe asegurar a todos los ciudadanos el ejercicio igualitario del derecho de defensa, lo que se manifiesta a través del derecho a ser oído o a la audiencia, el acceso al expediente, a formular alegatos y presentar pruebas, a una decisión expresa, motivada y fundada en derecho y a recurrir. d) Que la Ley del Sistema Financiero no cumple con la obligación de asegurar un igualitario ejercicio del derecho de defensa en juicio, sino que destruye la igualdad ante la ley y “toda actuación del poder público que desconozca el derecho a la defensa estará afectada de nulidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución de la República. Señala asimismo que el artículo 169 de la citada Ley, restringe el derecho constitucional a terminar asuntos civiles por transacción, arbitramento o de cualquier otra forma permitida por la Ley. e) Que el artículo de referencia lejos de proteger el interés general, viola la Carta Magna, al “pretender cubrir deficiencias financieras y administrativas de las Instituciones del Sistema Financiero”, disminuyendo y tergiversando declaraciones, derechos y garantías consignadas también en los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como ser la igualdad ante la Ley y el Derecho de Defensa. Que el Derecho de igualdad ante la ley se lesiona al crearse con dicha normativa un fuero especial para favorecer a una clase privilegiada (Instituciones del Sistema Financiero). f) Que hasta la vigencia formal del artículo en relación, “el único artículo vigente y aplicable en materia de excepciones en juicios ejecutivos era el 471 del Código de Procedimientos Comunes”, el que actualmente es aplicable cuando la parte demandante no es una Institución del Sistema Financiero”, coligiéndose que en Honduras existen dos fueron en materia de excepciones o defensas que puede oponer el demandado en juicio ejecutivo, es decir, un fuero ordinario o común aplicable cuando quien ejecuta no es una institución del sistema financiero y un fuero especial o privilegiado, aplicable cuando quien ejecuta es una institución del Sistema Financiero. La recurrente razona que la norma acusada, viola los artículos 1, 7 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 3, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional conoce de la acción de inconstitucionalidad, que por vía de excepción ha promovido la señora REYNA ISABEL YANES VALLECILLOS, en contra de lo dispuesto por el artículo 169 de la Ley del Sistema Financiero, donde se establece que “…la única excepción admisible en los juicios ejecutivos que se promuevan por acciones, que se fundamenten en instituciones o negocios jurídicos regulados por la presente Ley, será la excepción perentoria de pago…” CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo expuesto por el recurrente, el precepto legal impugnado vulnera el derecho a la igualdad, el derecho de defensa y la prohibición constitucional de aplicar leyes cuando éstas disminuyan, restrinjan o tergiversan las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución. CONSIDERANDO: Que en opinión del recurrente, la disposición legal cuestionada, vulnera su derecho a la defensa, consagrado por el artículo 82 de la Constitución de la República, puesto que limita en exceso la posibilidad de que las personas demandadas por obligaciones derivadas de negocios jurídicos celebrados con instituciones del sector financiero, puedan oponer excepciones y otros medios de defensa, ya que la única que se les permite interponer en tales circunstancias, es la excepción perentoria de pago. La violación del derecho constitucional en referencia resultaría evidente en el caso de autos, puesto que aún habiendo alegado y acreditado de manera fehaciente que el título de ejecución presentado por la parte demandante es falso, el recurrente se expone a ser condenado por una obligación inexistente y por lo tanto inexigible. CONSIDERANDO: Que por otro lado, el recurrente sostiene que el artículo 169 de la Ley del Sistema Financiero vulnera el derecho a la igualdad que consagra el artículo 60 de la Constitución de la República, donde se establece que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos, que todos los hondureños son iguales ante la ley, y que en Honduras no hay clases privilegiadas, puesto que al restringir en exceso el derecho de defensa de las personas demandadas por obligaciones derivadas de negocios jurídicos celebrados con instituciones financieras, se establece a favor de éstas últimas un trato de privilegio, respecto a los demás acreedores, quienes sí deben enfrentar la posibilidad de que sus deudores les opongan en juicio el amplio catalogo de excepciones previstas en el artículo 471 del Código de Procedimientos Civiles. De este modo, y según lo expuesto por el recurrente, el artículo 169 de la Ley del Sistema Financiero, daría lugar a la existencia de “..dos fueros en materia de excepciones o defensas que puede oponer un demandado en juicio ejecutivo: un FUERO ORDINARIO O COMUN, aplicable cuando quien ejecuta no es una Institución del Sistema Financiero y un FUERO ESPECIAL O PRIVILEGIADO, aplicable cuando quien ejecuta es una Institución del Sistema Financiero..." CONSIDERANDO: Que en opinión el recurrente, el artículo 169 de la Ley del Sistema Financiero, quebranta la prohibición consagrada en el artículo 64 de la Constitución, puesto que impide a los Jueces la estimación de otras excepciones distintas a la de pago, y con ello les obliga a que apliquen una disposición legal que tergiversa y disminuye de manera ostensible el derecho de defensa y el principio de igualdad, reconocidos en los artículos 82 y 60 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma legal secundaria, exige que vaya precedida de un juicio de contraste, que traiga como resultado la conclusión de que el precepto cuestionado se opone, vulnera o violenta de manera expresa o tácita, las disposiciones contenidas en el texto constitucional. CONSIDERANDO: Que el principio de igualdad encuentra reconocimiento expreso en varias disposiciones constitucionales, así tenemos que el artículo 60 de nuestro Texto Fundamental establece que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos, que en Honduras no hay clases privilegiadas, que todos los hondureños son iguales ante la ley, y que se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana; por su parte, el artículo 61 de nuestra Carta Magna expresa que “…..la Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros en el país,…el derecho...a la igualdad ante la ley…”.CONSIDERANDO: Que el mandato de igualdad es obligatorio para todos los Poderes e instituciones del Estado. En este sentido, podemos hablar de igualdad “ante” la ley por un lado, y de igualdad “en” la ley por el otro. CONSIDERANDO: Que el principio-derecho de igualdad “ante” la ley o de “igualdad en la aplicación de la ley”, resulta particularmente obligatorio para los Poderes Ejecutivo y Judicial, cuando aplican las leyes en casos concretos. En éste supuesto, ya sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo, el principio de igualdad determina que un mismo órgano no puede cambiar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, con lo cual, el órgano que considere necesario apartarse de sus precedentes deberá ofrecer para ello una fundamentación razonable y suficiente. CONSIDERANDO: Que en lo que concierne al principio-derecho de igualdad “en” la ley, podemos decir que éste es obligatorio para el legislador, quien en el ejercicio de la potestad legislativa no puede establecer discriminaciones negativas en perjuicio de los destinatarios de las normas; es por ello que el Constituyente declara punible toda discriminación por razones de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. CONSIDERANDO: Que no obstante, es necesario señalar que el mandato de igualdad no impone que todos los sujetos de derecho o destinatarios de las normas, tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones, o lo que es lo mismo, no impide que en modo alguno, se puedan enlazar o anudar a situaciones distintas, consecuencias jurídicas diferentes. El principio de igualdad impide por ejemplo, que a efectos de la atribución del derecho al voto se puedan establecer entre los ciudadanos diferencias basadas en su titulación académica, pero no que éstas se utilicen como tertium comparationis o criterios de selección para el acceso a determinados cargos públicos, (ejemplo para ser candidato a Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a Procurador General de la República, etc…), de este modo podemos afirmar, que la igualdad resultará violada o quebrantada cuando el trato diferenciador está desprovisto de una justificación objetiva y razonable. CONSIDERANDO: Que para la resolución del caso que ahora nos ocupa, es necesario entonces, que efectuemos un juicio de razonabilidad, que no se limita a constatar que el precepto legal cuestionado, prevé consecuencias jurídicas diferentes para dos o más personas, sino también verificar si esas consecuencias distintas resultan o no razonables. CONSIDERANDO: Que el precepto legal cuestionado da lugar a la existencia de un régimen diferenciado entre aquellas personas que son demandadas a través del procedimiento ejecutivo para el cumplimiento de obligaciones derivadas de negocios jurídicos celebrados con instituciones del sistema financiero, respecto a quienes lo son por obligaciones contraídas con otro tipo de acreedores, ya que las primeras únicamente podrán oponer como medio de defensa, la excepción perentoria de pago, en tanto que las segundas podrán interponer, según sea el caso, otro tipo de excepciones previstas por el ordenamiento jurídico, tales como, las establecidas en los artículos 471 del Código de Procedimientos Civiles y 465 del Código de Comercio. CONSIDERANDO: Que tras constatar que el artículo 169 de la Ley del Sistema Financiero establece un régimen de excepciones distinto para personas que ostentan la condición de demandados en el procedimiento ejecutivo, debemos ahora reflexionar si el factor de diferenciación, que en este caso es determinado por la particular condición de entidad financiera que concurre en el acreedor, es o no razonable. CONSIDERANDO: Que la recuperación ágil de los créditos otorgados por las instituciones del sistema financiero, constituye un factor clave para mantener su estabilidad, solidez y credibilidad, y por ello una condición fundamental para la estabilidad macroeconómica del país, sin embargo, tal objetivo no puede ser alcanzado en menoscabo del derecho constitucional de defensa de las personas demandadas en su condición de deudores por tales instituciones, de tal manera que si bien es cierto que los procedimientos previstos en la legislación deben garantizar que las entidades financieras no vean obstaculizados sus esfuerzos por obtener en forma expedita el pago de las obligaciones contraídas por sus deudores consignadas en títulos de ejecución, no es menos cierto, que éstos últimos también deben tener la oportunidad de ejercer el derecho a la defensa, consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la limitación establecida por el artículo 169 de la Ley del Sistema Financiero, que únicamente permite oponer la excepción perentoria de pago al demandado en juicio ejecutivo por una institución financiera, no se presenta razonable puesto que el ordenamiento jurídico ya prevé, respecto a otras actividades económicas, igualmente importantes para la economía nacional, procedimientos que permiten con respeto al derecho de defensa, la tutela del crédito como bien jurídico digno de protección en orden a mantener la estabilidad macroeconómica del país. CONSIDERANDO: Que de este modo podemos afirmar, que el precepto legal cuestionado, dispensa un trato discriminatorio para los demandados ejecutivamente por las entidades financieras, puesto que sus posibilidades de defensa en juicio se ven seriamente mermadas en comparación con las de los demandados en esa misma vía, por otras personas naturales o jurídicas, que igualmente realizan actividades de gran importancia para el desarrollo de la economía nacional, de ahí que el artículo 169 de la Ley del Sistema Financiero, se opone frontalmente al contenido esencial del principio-derecho de igualdad consagrado en el artículo 60 de la Constitución de la República, así como también cercena en su contenido esencial el derecho de defensa, reconocido por el artículo 82 de nuestro Texto Fundamental. CONSIDERANDO: Que por las razones anteriormente expuestas, es procedente declarar con lugar, el recurso de inconstitucionalidad que por vía de excepción y por motivos de fondo o de contenido, ha interpuesto la señora REYNA ISABEL YANES VALLECILLO, en contra de lo dispuesto por el artículo 169 de la Ley del Sistema Financiero, sin perjuicio de señalar que no le corresponde a esta Sala determinar que tipo de excepciones puede oponer la recurrente en el caso concreto , ya que el juicio de constitucionalidad de una ley, se limita a un ejercicio intelectual y abstracto de contraste, entre la norma legal impugnada y el contenido de las disposiciones contenidas en el Texto Fundamental., a fin de determinar la compatibilidad o no, de éstas últimas con aquella. CONSIDERANDO: Que no obstante lo anterior, y siendo que la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 169 de la Ley del Sistema Financiero trae como consecuencia su derogación y por lo tanto su expulsión del ordenamiento jurídico, podemos afirmar que a las personas demandadas por la vía ejecutiva en razón de obligaciones contraídas en negocios jurídicos concertados con instituciones financieras, les compete el ejercicio de las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico, atendiendo a la naturaleza del documento presentado por el acreedor como título de ejecución. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 184, 185 No. 2, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 1, 2, 3 No. 3), 5, 74, 75, 76 No. 1), 77 No. 2), 78, 81 y 82 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Declarar con lugar la acción de inconstitucionalidad que por vía de excepción y por razones de fondo o de contenido, ha interpuesto la señora REYNA ISABEL YANES VALLECILLOS, contra el artículo 169 de la Ley del Sistema Financiero, aprobada mediante Decreto Legislativo No. 129-2004, del 21 de septiembre de 2004, Y MANDA: Que con certificación de este fallo se remitan los antecedentes al Congreso Nacional de la República, para que proceda a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Redactó el Magistrado GOMEZ MORENO.- NOTIFIQUESE.- Firmas Y Sello. JOSE ROLANDO ARRIAGA MANCIA. COORDINADOR. CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO. CARLOS ARMANDO FLORES CARIAS. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA. SUYAPA THUMANN CONDE. Firma y Sello LUCILA CRUZ MENÉNDEZ, Secretaria General.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de marzo del año dos mil ocho, para ser enviada al CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA, certificación de la sentencia de fecha seis de noviembre del año dos mil siete, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad Vía Excepción, registrado en este Tribunal bajo el número 860=06.

MIRNA LIZETTE ALVARADO

SECRETARIA POR LEY

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