Sentencia RI-859-06 — Registro 8212
Resumen
Acción de Inconstitucionalidad contra el Artículo 24 literal b) de la Ley de la Carrera Judicial que establece… no podrán ser designados para cargo alguno en el Ramo Judicial a cualquier título…b) los sordos, los mudos,los ciegos y los que padezcan de cualquier afección física que comprometa la capacidad necesaria para el debido desempeño del cargo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO: Que es cierto que el artículo 24 literal b) de la Ley de la Carrera Judicial establece que no podrán ser designados para cargo alguno en el Ramo Judicial a cualquier título, los sordos, los mudos, los ciegos, es decir quienes adolecen de limitaciones auditivas, de expresión oral y visuales, y quienes padezcan de cualquier otra afección física o mental, pero no es menos cierto, que en el párrafo final de ése numeral claramente se establece como condición necesaria para su aplicación que ello “comprometa la capacidad necesaria para el debido desempeño del cargo…”Ello permite que la norma cuestionada pueda ser interpretada en armonía con la Constitución, en tanto en cuanto que establece un trato diferenciador razonable cuando por la particular minusvalía o discapacidad que adolezca una persona, y no obstante la adopción de medidas de compensación de desventajas, como pueden ser los instrumentos y herramientas que proporciona la tecnología, no sea posible el ejercicio de determinadas funciones o responsabilidades, y con ello la prestación eficaz de un servicio público de tanta importancia, como es el de la Administración de Justicia, con lo cual no cabría apreciar un quebrantamiento del principio-derecho de igualdad en la ley, consecuentemente, la norma en examen puede admitir sin forzar su letra ni su espíritu, que las personas que adolezcan de alguna discapacidad si puedan competir en los procesos de selección para aspirar a determinados cargos o responsabilidades comprendidos en el régimen de la Carrera Judicial. Esto determina, que en los concursos que se organicen para el ingreso a la Carrera Judicial, las personas con limitaciones visuales, auditivas, de expresión oral y otras afecciones, deberán ser admitidas en igualdad de condiciones siempre y cuando dicha limitación no resulte incompatible o insuperable frente al trabajo ofrecido, luego de haberse agotado todos los medios posibles de capacitación. Dicho de otra manera, en ningún caso la existencia de limitaciones visuales, auditivas, en la expresión oral, u otras de carácter sensorial o intelectivo podrán ser impedimento para aspirar a ingresar al servicio del Poder Judicial, a menos que estas sean incompatibles con el cargo que se vaya a desempeñar. Ello explica porque en otros ordenamientos jurídicos, disposiciones similares a la cuestionada por los recurrentes, pese al tiempo transcurrido desde que se promulgaron, no hayan sido declaradas inconstitucionales. Así por ejemplo, aunque el artículo 301 No. 2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Reino de España que entrara en vigencia el Año de 1985 prevé que...el proceso de selección para el ingreso en la carrera judicial garantizará, con objetividad y transparencia, la igualdad en el acceso a la misma de todos los ciudadanos que reúnan las condiciones y aptitudes necesarias..." el artículo 303 del mismo texto normativo establece que "... están incapacitados para el ingreso en la carrera judicial los impedidos física o psíquicamente para la función judicial...."CONSIDERANDO:Que a modo de conclusión podemos afirmar, que el artículo 24 literal b) de la Ley de la Carrera Judicial admite una interpretación armónica con la Constitución, siempre que se entienda que las personas con limitaciones sensoriales o intelectivas pueden participar en condiciones de igualdad en los concursos de selección para ocupar cargos y empleos comprendidos dentro del régimen de la Carrera Judicial, y que tales discapacidades únicamente impedirán el acceso cuando las mismas, pese a la utilización de instrumentos y herrramientas tecnológicas y otros medidas de compensación y luego de haberse agotado todos los medios posibles de capacitación y adaptación, no sean insuperables frente al trabajo ofrecido, en cuyo caso el trato diferenciador previsto en la ley es razonable y por lo tanto justificado, en orden a garantizar la efectividad del servicio, de este modo, el precepto en cuestión, entendido en los términos antes expuestos, no vulnera el principio de igualdad en la ley, no es lesivo a la dignidad humana, ni tampoco menoscaba o pone en precario el derecho al trabajo ni del principio de que a trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna. CONSIDERANDO: Que por todas las razones anteriormente señaladas, la Sala es del criterio porque se declare sin lugar el recurso de inconstitucionalidad que por vía de acción han promovido los Abogados NELSON NATTAN ZAMORA MOREL y LUIS RAUL PINOT ARMIJO, contra el artículo 24 literal b) de la Ley de la Carrera Judicial.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 1 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 184 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 185 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 303 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 304 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 313 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 77 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 78 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 81 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA:La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de marzo de dos mil siete.VISTA: Para dictar Sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por vía de acción por los Abogados NELSON NATTAN ZAMORA MOREL,Y LUÍS RAÚL PINOT ARMIJO, actuando en sus condiciones personales, para que se declare la Inconstitucionalidad del literal b) del artículo 24 de la Ley de la Carrera Judicial.A N T E C E D E N T E Que en fecha once de diciembre del año dos mil seis, comparecieron ante este Tribunal, los Abogados NELSON NATTAN ZAMORA MOREL, LUÍS RAÚL PINOT ARMIJO, ROBERTO CARLOS GUZMÁN VARELA Y JOSÉ LUÍS VALLADARES GUIFARRO, promoviendo Recurso de Inconstitucionalidad, a favor de sí mismos, contra lo dispuesto en el literal b) del artículo 24 de la Ley de la Carrera Judicial, contenida en el Decreto Número 953, de la Junta Militar de Gobierno en Consejo de Ministros de fecha dieciocho de junio de mil novecientos ochenta, por considerar que contraviene lo preceptuado en los Artículos 59, 60, 61, 63, 127 y 128 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que en fecha 11 de diciembre de 2006, los Abogados NELSON NATTAN ZAMORA MOREL, LUIS RAUL PINOT ARMIJO, ROBERTO CARLOS GUZMAN VARELA y JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO, comparecieron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, promoviendo acción de inconstitucionalidad contra el artículo 24 literal b) de la Ley de la Carrera Judicial, al tenor del cual se establece que “…..no podrán ser designados para cargo alguno en el Ramo Judicial a cualquier título: …..b) los sordos, los mudos, los ciegos y quienes padezcan de cualquier afección física o mental que comprometa la capacidad necesaria para el debido desempeño del cargo…”CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo expuesto por los recurrentes, el precepto legal antes mencionado es inconstitucional, puesto que contraviene la proclamación de que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado y del carácter inviolable de la dignidad humana, el contenido del principio-derecho de igualdad ante la ley, el derecho al trabajo y el principio de que a trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna, que consagran respectivamente, los artículos 59,60,61, 63, 127 y 128 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que en auto de fecha 12 de diciembre de 2006, ésta Sala declaró inadmisible la acción de inconstitucionalidad, en lo que concierne a recurrentes ROBERTO CARLOS GUZMAN VARELA y JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO, toda vez que el interés legítimo invocado por éstos consiste en un supuesto de incapacidad que hasta ahora no se ha producido. En cambio, tal acción sí fue admitida a trámite respecto a los Abogados NELSON NATTAN ZAMORA MOREL y LUIS RAUL PINOT ARMIJO, quienes posteriormente acreditaron su legitimación mediante la presentación de constancias en las que se establece su condición de personas que adolecen de discapacidades visuales. CONSIDERANDO: Que el principio de igualdad encuentra reconocimiento expreso en varias disposiciones constitucionales, así tenemos que el artículo 60 de nuestro Texto Fundamental establece que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos, que en Honduras no hay clases privilegiadas, que todos los hondureños son iguales ante la ley, y que se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana; por su parte, el artículo 61 de nuestra Carta Magna expresa que “…..la Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros en el país,…el derecho...a la igualdad ante la ley…”.CONSIDERANDO: Que el mandato de igualdad es obligatorio para todos los Poderes e instituciones del Estado. En este sentido, podemos hablar de igualdad “ante” la ley por un lado, y de igualdad “en” la ley por el otro. CONSIDERANDO: Que el principio-derecho de igualdad “ante” la ley o de “igualdad en la aplicación de la ley”, resulta particularmente obligatorio para los Poderes Ejecutivo y Judicial, cuando aplican las leyes en casos concretos. En éste supuesto, ya sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo, el principio de igualdad determina que un mismo órgano no puede cambiar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, con lo cual, el órgano que considere necesario apartarse de sus precedentes deberá ofrecer para ello una fundamentación razonable y suficiente. CONSIDERANDO: Que en lo que concierne al principio-derecho de igualdad “en” la ley, podemos decir que éste es obligatorio para el legislador, quien en el ejercicio de la potestad legislativa no puede establecer discriminaciones negativas en perjuicio de los destinatarios de las normas; es por ello que el Constituyente declara punible toda discriminación por razones de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. CONSIDERANDO: Que no obstante, es necesario señalar que el mandato de igualdad no impone que todos los sujetos de derecho o destinatarios de las normas, tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones, o lo que es lo mismo, no impide que en modo alguno, se puedan enlazar o anudar a situaciones distintas, consecuencias jurídicas diferentes. El principio de igualdad impide por ejemplo, que a efectos de la atribución del derecho al voto se puedan establecer entre los ciudadanos diferencias basadas en su titulación académica, pero no que éstas se utilicen como tertium comparationis o criterios de selección para el acceso a determinados cargos públicos, (ejemplo para ser candidato a Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a Procurador General de la República, etc…), de este modo podemos afirmar, que la igualdad resultará violada o quebrantada cuando el trato diferenciador está desprovisto de una justificación objetiva y razonable. CONSIDERANDO: Que para la resolución del caso que ahora nos ocupa, es necesario entonces, que efectuemos un juicio de razonabilidad, que no se limita a constatar que el precepto legal cuestionado, prevé consecuencias jurídicas diferentes para dos o más personas, sino también verificar si esas consecuencias distintas resultan o no razonables. CONSIDERANDO: Que el artículo 24 literal b) de la Ley de la Carrera Judicial, establece que “…no podrán ser designados para cargo alguno en el Ramo Judicial a cualquier título: …..b) los sordos, los mudos, los ciegos y quienes padezcan de cualquier afección física o mental que comprometa la capacidad necesaria para el debido desempeño de su cargo…”. CONSIDERANDO: Que una lectura detenida del precepto legal antes trascrito, revela que el mismo establece un trato diferenciador para las personas que padecen de una discapacidad o desventaja en el habla, el oído o la visión o de cualquier otra afección física o mental. Sentado lo anterior, debemos analizar si ese trato diferente resulta o no razonable, o lo que es lo mismo, si comporta o no un tratamiento discriminatorio negativo en atención a tales circunstancias. CONSIDERANDO: Que el artículo 4 de la Ley de la Carrera Judicial establece cual es su ámbito sujetivo de aplicación, al disponer que las disposiciones de dicha ley se aplicarán a los Magistrados de las Cortes de Apelaciones, Jueces de Letras, Jueces de Paz, Secretarios, Receptores, Escribientes, Archiveros y demás personal auxiliar de las Cortes, Juzgados, así como también a los empleados de la Dirección de Administración de Personal y demás oficinas administrativas. De todo ello se deriva que siendo tan variada la gama de funciones que se ejercen en los distintos cargos y empleos comprendidos dentro del régimen de la Carrera Judicial, para optar a algunos de ellos se requerirán determinadas y concretas habilidades, en tanto que para otros tales habilidades no resultarán imprescindibles, así por ejemplo, y en razón del principio de inmediación, sea en el ámbito penal o civil, dado el supuesto en el que se pida al Juez que constate las particularidades del entorno físico o geográfico en el que se presume fue perpetrado un delito, o en el que se encuentra ubicado el fundo o predio rural cuya propiedad se disputan las partes, será necesario e imprescindible que vea y aprecie por sí mismo lo que es el objeto de la inspección solicitada, en cambio, el ejercicio de ciertas funciones administrativas, con la adopción de las medidas compensatorias por desventajas, como ser el auxilio de otras personas para determinadas labores y la utilización de instrumentos y herramientas proporcionadas por la tecnología, podrían ser desempeñadas por una persona invidente. De igual modo, un Archivero que se encuentre en contacto permanente con el público, podría estar desprovisto del habla, y por lo tanto adolecer de graves dificultades de expresión oral, sin embargo, ello no le impedirá ejercer eficazmente sus funciones, en tanto que podría recabar de los usuarios los datos de los expedientes que aquellos necesitan, así como también ubicar los mismos en los archivos correspondientes, en cambio, un Receptor de un Juzgado de Letras que deba comunicar verbalmente las resoluciones en las que se requiere las personas para que paguen o consignen una determinada cantidad de dinero, se enfrentará a grandes obstáculos para hacerlo, particularmente cuando los requeridos no sepan leer ni escribir. CONSIDERANDO: Que un principio general en materia de justicia constitucional, es que las normas emitidas por el legislador se presumen apegadas al Texto Fundamental, salvo que de manera evidente e indiscutible resulten incompatibles con éste último, ya sea por razones de forma o de contenido. Ello determina que los pronunciamientos de inconstitucionalidad solamente procederán cuando la ley examinada no pueda ser interpretada conforme con la Constitución; de ahí, que siendo posible una interpretación armónica con la Carta Magna, el recurso interpuesto en contra de la ley, debe ser declarado sin lugar. CONSIDERANDO: Que es cierto que el artículo 24 literal b) de la Ley de la Carrera Judicial establece que no podrán ser designados para cargo alguno en el Ramo Judicial a cualquier título, los sordos, los mudos, los ciegos, es decir quienes adolecen de limitaciones auditivas, de expresión oral y visuales, y quienes padezcan de cualquier otra afección física o mental, pero no es menos cierto, que en el párrafo final de ése numeral claramente se establece como condición necesaria para su aplicación que ello “comprometa la capacidad necesaria para el debido desempeño del cargo….”. Ello permite que la norma cuestionada pueda ser interpretada en armonía con la Constitución, en tanto en cuanto que establece un trato diferenciador razonable cuando por la particular minusvalía o discapacidad que adolezca una persona, y no obstante la adopción de medidas de compensación de desventajas, como pueden ser los instrumentos y herramientas que proporciona la tecnología, no sea posible el ejercicio de determinadas funciones o responsabilidades, y con ello la prestación eficaz de un servicio público de tanta importancia, como es el de la Administración de Justicia, con lo cual no cabría apreciar un quebrantamiento del principio-derecho de igualdad en la ley, consecuentemente, la norma en examen puede admitir sin forzar su letra ni su espíritu, que las personas que adolezcan de alguna discapacidad si puedan competir en los procesos de selección para aspirar a determinados cargos o responsabilidades comprendidos en el régimen de la Carrera Judicial. Esto determina, que en los concursos que se organicen para el ingreso a la Carrera Judicial, las personas con limitaciones visuales, auditivas, de expresión oral y otras afecciones, deberán ser admitidas en igualdad de condiciones siempre y cuando dicha limitación no resulte incompatible o insuperable frente al trabajo ofrecido, luego de haberse agotado todos los medios posibles de capacitación. Dicho de otra manera, en ningún caso la existencia de limitaciones visuales, auditivas, en la expresión oral, u otras de carácter sensorial o intelectivo podrán ser impedimento para aspirar a ingresar al servicio del Poder Judicial, a menos que estas sean incompatibles con el cargo que se vaya a desempeñar. Ello explica porque en otros ordenamientos jurídicos, disposiciones similares a la cuestionada por los recurrentes, pese al tiempo transcurrido desde que se promulgaron, no hayan sido declaradas inconstitucionales. Así por ejemplo, aunque el artículo 301 No. 2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Reino de España que entrara en vigencia el año 1985 prevé que “…el proceso de selección para el ingreso en la carrera judicial garantizará, con objetividad y transparencia, la igualdad en el acceso a la misma de todos los ciudadanos que reúnan las condiciones y aptitudes necesarias..”, el artículo 303 del mismo texto normativo establece que “…..están incapacitados para el ingreso en la carrera judicial los impedidos física o psíquicamente para la función judicial…..”CONSIDERANDO: Que a modo de conclusión podemos afirmar, que el artículo 24 literal b) de la Ley de la Carrera Judicial admite una interpretación armónica con la Constitución, siempre que se entienda que las personas con limitaciones sensoriales o intelectivas pueden participar en condiciones de igualdad en los concursos de selección para ocupar cargos y empleos comprendidos dentro del régimen de la Carrera Judicial, y que tales discapacidades únicamente impedirán el acceso cuando las mismas, pese a la utilización de instrumentos y herramientas tecnológicos y otros medidas de compensación y luego de haberse agotado todos los medios posibles de capacitación y adaptación, no sean insuperables frente al trabajo ofrecido, en cuyo caso el trato diferenciador previsto en la ley es razonable y por lo tanto justificado, en orden a garantizar la efectividad del servicio, de este modo, el precepto en cuestión, entendido en los términos antes expuestos, no vulnera el principio de igualdad en la ley, no es lesivo a la dignidad humana, ni tampoco menoscaba o pone en precario el derecho al trabajo ni del principio de que a trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna. CONSIDERANDO: Que por todas las razones anteriormente señaladas, la Sala es del criterio porque se declare sin lugar el recurso de inconstitucionalidad que por vía de acción han promovido los Abogados NELSON NATTAN ZAMORA MOREL y LUIS RAUL PINOT ARMIJO, contra el artículo 24 literal b) de la Ley de la Carrera Judicial. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 184, 185 No. 1), 303, 304, 313 No. 5), 316 No. 1) de la Constitución de la República, 1, 2, 3 No. 3), 5, 74, 75, 76 No. 1), 77 No. 1), 78, y 81 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: I) Declarar sin lugar el recurso de inconstitucionalidad que por vía de acción y por razones de fondo o de contenido, han promovido en su condición personal, los Abogados NELSON NATTAN ZAMORA MOREL y LUIS RAUL PINOT ARMIJO contra el artículo 24 literal b) de la Ley de la Carrera Judicial, Y MANDA: I.- Que la presente sentencia sea notificada personalmente a los recurrentes, o en su defecto de oficio mediante fijación de la respectiva cédula en la tabla de avisos del Despacho, 2) Que una vez que sea firme este fallo, se archiven las presentes diligencias.- Redactó el Magistrado GOMEZ MORENO.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. JOSE ROLANDO ARRIAGA MANCIA. COORDINADOR. CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO. CARLOS ARMANDO FLORES CARIAS. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA. SUYAPA THUMANN CONDE. Firma y Sello. LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL".
Y a solicitud de los Abogados LUIS RAÚL PINOT ARMIJO Y NELSON NATTAN ZAMORA MOREL se extiende en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta días del mes de mayo de dos mil siete, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de marzo de dos mil siete, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad con orden de ingreso en este Tribunal No. 859=06.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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