Sentencia RI-271-07 — Registro 18053
Resumen
Pretensión del impetrante sobre Decreto 412/2002, que reforma la parte final del Numeral 1 del Artículo 240 de referente a que el Presidente del Congreso Nacional no puede ser candidato para el período constitucional a criterio de la Sala Constitucional la potestad de revisar y reformar el texto constitucional, pero sustrayendo de esta facultad lo contenido en el artículo 374 de tal suerte que el Congreso Nacional no se encuentra legitimado para ejercer su potestad revisora en los supuestos de este artículo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Hito
: Que el Poder Constituyente, como órgano originario creador de la norma superior en el ordenamiento jurídico, tiene como límites únicos los impuestos por sí mismo; a su vez fija en el texto constitucional normas con carácter vinculante para el Congreso Nacional en su carácter de órgano derivado. Entendiendo la necesidad de adaptabilidad de a los retos sobrevinientes, el Poder Constituyente dispone la posibilidad de su reforma, potestad que cede al Congreso Nacional; sin embargo, le limita esta prerrogativa señalándole un procedimiento distinto al que dispone para la creación o reforma de las normas legales. La reforma constitucional requiere más análisis y discusión, por ello, es indispensable que se lleve a cabo en dos legislaturas continuas y con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros. Si estos requisitos no son observados, la reforma constitucional es susceptible de ser declarada inconstitucional por razón de forma, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 76 de Constitucional. Otro límite impuesto por el Poder Constituyente al Congreso Nacional en su potestad reformadora de la Constitución, es la decisión de declarar irreformables o pétreos ciertos preceptos de intangibilidad que protege a estos preceptos, sustrae al Congreso Nacional de su potestad de reforma o revisión. De tal suerte, que la transgresión a la voluntad del Poder Constituyente en relación a este aspecto, es susceptible de la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de esta Corte Suprema de Justicia.25.-CONSIDERANDO: Que artífice de nuestra actual y vigente Constitución de 1982, redactó en el artículo 374 de de , los preceptos irreformables, declarando intangible en forma expresa: la forma de gobierno, el territorio nacional, el periodo constitucional, la prohibición de reelección al solio presidencial por el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser presidentes de por el periodo siguiente.26.-CONSIDERANDO: Que los actos legislativos gozan de la presunción de haber sido dictados conforme a de ; sin embargo, tal presunción admite prueba en contrario. En el presente caso, el recurrente estima que la reforma a de que prohíbe al Presidente del Congreso Nacional, postularse como candidato a de en el período siguiente al que fue elegido, contenida en el numeral 1 del artículo 240, no ha sido dictada conforme a lo mandado por hacer el ejercicio de confrontación entre la norma impugnada y el límite impuesto por el Poder Constituyente contenido en el artículo 374 constitucional, se arriba a la convicción de que la reforma constitucional objeto de esta garantía se subsume en uno de los supuestos de los preceptos declarados irreformables o pétreos; siendo, en consecuencia, la voluntad del Congreso Nacional contraria a la voluntad del Poder Constituyente.27.-CONSIDERANDO: Que reconocida la colisión entre la reforma constitucional que se impugna con el artículo 374 de de ; y siendo que la norma constitucional es primaria, se torna indispensable dejar establecidos los conceptos de Poder Constituyente y Poder Constituido con sus respectivos órganos de decisión; y el Congreso Nacional. En principio, la voluntad popular, dotada de Soberanía, se expresó a través de las urnas y tuvo a bien elegir los hombres y mujeres que formaron parte de de 1980, la cual como se ha afirmado varias veces en este fallo, redactó de estos delegados directos de la voluntad popular, cedieron al Congreso Nacional, como órgano Constituido, la potestad de revisar y reformar el texto constitucional, pero sustrayendo de esta facultad lo contenido en el artículo 374 de tal suerte que el Congreso Nacional no se encuentra legitimado para ejercer su potestad revisora en los supuestos de este artículo. Por ende este alto tribunal siguiendo el método lógico o exegético tradicional de interpretación, entendido este como la explicación gramatical y semántica de las palabras de la ley, así como de los trabajos preparatorios (anteproyectos, exposición de motivos, deliberaciones parlamentarias, etc.) y la consecuencia, o sea el juicio probable sobre la verdadera intención del legislador que se desprende del espíritu general de la ley y de las implicaciones que llevaría cada una de las interpretaciones en pugna; CONCLUYE que es importante interpretar el artículo 374 de de tomando en cuenta lo establecido en dicho método. siendo por ello, procedente que este Supremo Tribunal declare ha lugar de Inconstitucionalidad, tal como lo ha solicitado su demandante.28.-CONSIDERANDO: Que partiendo de la premisa antes apuntada, podemos afirmar que la interpretación correcta del artículo 240 No. 1) de , atendiendo al propósito del constituyente por un lado, y a la sucesión que en el transcurso del tiempo se ha venido produciendo en cuanto a la configuración de ciertos cargos e instituciones del Estado, ejemplo: de por los Designados a , el Tribunal Superior de Cuentas, por las antiguas Contraloría General de y Dirección de Probidad Administrativa, etc., nos conduce a estimar que no pueden ser elegidos Presidente de : el Vicepresidente de , Secretarios y Subsecretarios de Estado, miembros del Tribunal Supremo Electoral, Magistrados y Jueces del Poder Judicial, Presidentes, Vicepresidentes, Gerentes, Subgerentes, Directores, Subdirectores, Secretarios Ejecutivos de Instituciones descentralizadas, Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, Procurador y Sub Procurador General de , que hayan ejercido sus funciones durante los seis meses anteriores a la fecha de elección del Presidente de 29.-CONSIDERANDO: Que en relación a los efectos del recurso, debemos entender que el artículo 240 No. 1 de debe ser observado en el espíritu de su versión original, aprobada por el Poder Constituyente, de tal manera que no pueden ser elegidos Presidentes de : el Vicepresidente de , Secretarios y Subsecretarios de Estado, Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Magistrados y Jueces del Poder Judicial, Presidentes, Vicepresidentes, Gerentes, Subgerentes, Directores, Subdirectores, Secretarios Ejecutivos de Instituciones descentralizadas, Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, Procurador y Subprocurador General de , que hayan ejercido sus funciones durante los seis meses anteriores a la fecha de elección del Presidente de , razón por la cual debe entenderse suprimida la limitación que los Decretos impugnados establecen de manera concreta para el Presidente del Congreso Nacional y Presidente de de Justicia para presentarse como candidatos a de , en el siguiente período constitucional al que resultaron electos, (sin perjuicio de la limitación que por extensión le corresponde a éste último como Magistrado del Poder Judicial por un período de seis meses anteriores a la fecha de la elección). De igual modo, debe quedar suprimida toda referencia en el artículo 240 No. 1 de , al Director y Subdirectores del Registro Nacional de las Personas, Procurador y Subprocurador del Ambiente, Fiscal General de y Fiscal General Adjunto, Superintendente de Concesiones y Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.30.- CONSIDERANDO: Que finalmente es importante señalar, que la limitación temporal que establece el artículo 240 No. 1) de , aplicable al Vicepresidente de , debe entenderse sin perjuicio de lo que prevé el artículo 239 del Texto Fundamental, ya que por las razones anteriormente mencionadas, el cargo de Vicepresidente de ha venido a sustituir la figura de los Designados a la Presidencia.31.- CONSIDERANDO: Que el Artículo 90 de Constitucional permite el efecto extensivo de la declaratoria de inconstitucionalidad cuando regula lo siguiente: “La sentencia que declare la inconstitucionalidad de un precepto legal, podrá declarar también inconstitucionales aquellos preceptos de la misma ley o de otra u otras con las que tenga una relación directa y necesaria”; en este sentido, el artículo 240 No. 1 de la Constitución de la República, al haber sido reformado en tres ocasiones, se hace imperativo declarar la inconstitucionalidad de dichas reformas en cuanto a lo dispuesto en el numeral 1 párrafo último del artículo 240 de la Constitución de la República, contenido en los decretos Legislativos No. 268-02 de fecha 17 de enero de 2002, ratificado por decreto 02-02 del 25 de enero de 2002; decreto 374-02 de fecha 13 de noviembre de 2002, ratificado mediante decreto 153-03 del 22 de septiembre de 2003; y decreto 412-02 del 13 de noviembre de 2002 y ratificado mediante decreto 154-03 del 23 de septiembre de 2003
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIATegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de diciembre de dos mil siete.VISTA: Para dictar Sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad parcial, que por Vía de Acción interpuso en fecha veintiséis de abril (26) de dos mil siete, el Abogado RAFAEL ROGER ORDOÑEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, a favor del señor ROBERTO MICHELLETTI BAIN, mayor de edad, casado, Ejecutivo de Negocios, hondureño y de este domicilio, contra el DECRETO 412/2002, RATIFICADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 154/2003, por medio del cual se reforma la parte final del Numeral 1 del Artículo 240 de de , referente a que el Presidente del Congreso Nacional no puede ser candidato a de para el período constitucional siguiente a aquel para el cual fue elegido. A N T E C E D E N T E S1) El ROGER ORDOÑEZ, en fecha veintiséis de abril de dos mil siete, compareció ante la Sala de lo Constitucional de de Justicia, interponiendo por Vía de Acción Recurso de Inconstitucionalidad Parcial por Razón de su Contenido contra el Decreto Nº 412-2002 del 13 de noviembre de 2002, el cual fue ratificado mediante Decreto Nº 154-2003 del 23 de septiembre de 2003, ambos emitidos por el Congreso Nacional de , mediante los cuales se reforma el numeral 1 del Artículo 240 de de , referido a la prohibición para que el Presidente del Congreso Nacional pueda ser candidato a de para el período constitucional siguiente a aquél para el cual fue elegido, porque infringe los artículos 1, 4, 37, 45, 59, 60, 61, 63, 64, 89 y 374 de de , así como los artículos 23 y 24 de Derechos Humanos en relación con el Artículo 16 Constitucional. 2) Que el treinta y uno de agosto de dos mil siete, el recurrente, Abogado Ordoñez, compareció ante este Tribunal presentando una Manifestación para que se rectificara el acto legislativo impugnado, ya que por un error en la interposición del recurso se citó el Decreto número 412/2002 ratificado mediante Decreto número 154-2003, siendo el correcto el DECRETO 268/2002, RATIFICADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 2/2002.3) Que mediante resolución de fecha ocho de octubre de dos mil siete, se dispuso dar traslado de las presentes diligencias al Fiscal del Despacho por el plazo de seis días, a fin de que emitiera su correspondiente dictamen, presentando el mismo el dieciocho de octubre del corriente año, dictaminando que se DECLARE CON LUGAR EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALLIDAD RELACIONADO, por estimar que la reforma constitucional contenida en el Decreto Legislativo No.268-2002 ratificado en el Decreto Legislativo No.2-2002, es contraria al Artículo 374 de de , que establece que “No podrá reformarse, en ningún caso, el Artículo que se refiere a quienes no pueden ser Presidente de la república por el período subsiguiente, conocido también como artículo pétreo”.1.-CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia conoció del Recurso de Inconstitucionalidad parcial que por vía de acción y por razón de contenido interpuso el ROGER ORDOÑEZ en su condición de apoderado legal del ciudadano BAIN; el cual al ser sometido a votación para su decisión definitiva no se obtuvo la unanimidad para que la Resolución fuese considerada como una sentencia de de Justicia, tal como lo ordena el Artículo 316 párrafo primero de la Constitución de la República, razón por la cual, se turnó el expediente al pleno de esta Corte Suprema de Justicia para su resolución definitiva, en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 8 de Constitucional.2.- CONSIDERANDO: Que corresponde al pleno de de Justicia el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en materia de control de constitucionalidad, cuando en la Sala de lo Constitucional no se haya pronunciado una sentencia por unanimidad, de conformidad al Artículo 316 párrafo primero de la Constitución de la República, 8, 74 y 75 de Constitucional.3.- CONSIDERANDO: Que de en su artículo 185 establece el control de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción, de Inconstitucionalidad de una ley que considere contraria a la referida norma fundamental; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será objeto de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto derogarán dicha norma.4.- CONSIDERANDO: Que de Justicia estima legitimado al actual Presidente del Congreso Nacional, BAÍN para demandar la inconstitucionalidad de la reforma al numeral 1 parte final del artículo 240 de de , en virtud de que dicha norma extiende la prohibición para que el Presidente del Congreso Nacional sea candidato a de , en el período constitucional siguiente al que fue elegido. En conclusión la pretensión del recurrente para que la reforma al numeral 1 del artículo 240 de sea declarada inconstitucional respecto a la prohibición específica para el Presidente del Congreso Nacional, se legitima al demostrar la lesión que le causa en su interés directo personal y legitimo dado que le perjudica en sus intereses y aspiraciones particulares.5.-CONSIDERANDO: Que el artículo 240 de de ha sido modificado en cuatro ocasiones, la primera modificación, se practicó mediante decreto No.245-98, ratificada por decreto 2-99, que derogó el numeral 5 del citado artículo; la segunda reforma, está contenida en el decreto 268-02 ratificada por decreto 02-02, que modifica el numeral 1 del artículo 240 constitucional para incluir por primera vez la prohibición para el Presidente del Congreso Nacional; la tercera reforma, efectuada mediante decreto 374-02 ratificado mediante decreto 153-03; y, la cuarta y última al citado artículo contenida en decreto 412-02 ratificada mediante decreto 154-03, repiten la prohibición aludida. 6.-CONSIDERANDO: Que la regulación del artículo 240 No. 1 de de , es la contenida en los decretos que originalmente en su escrito de interposición impugna el recurrente; es decir, los contenidos en los decretos 412-2002 del 13 de noviembre de 2002 y su ratificación contenida en el decreto 154-03 del 23 de septiembre de 2003; ambos, emitidos por el Congreso Nacional de , y esto es así, en virtud de que el decreto 268-02 ratificado por decreto 02-02 fue modificado posteriormente mediante decreto 374-02 de fecha 13 de noviembre de 02, ratificado mediante decreto 153-2003 de fecha 23 de septiembre de 2003, asimismo, de declararse la inconstitucionalidad solo de los decretos contenidos en la manifestación del recurrente, quedarían subsistentes las demás reformas.7.-CONSIDERANDO: Que esta Corte Suprema de Justicia estima que en virtud del Principio de Formalismo Moderado que recoge el artículo 4 numeral 5 de Constitucional, el error cometido por el demandante al citar en su manifestación, solo determinados decretos . El principio de formalismo moderado que se menciona, establece que en la tramitación de las acciones de inconstitucionalidad, prevalecerá el fondo sobre la forma, por lo que los defectos procesales no impedirán la expedita sustanciación de los asuntos; consecuentemente el órgano jurisdiccional que conozca de tales acciones, podrá corregir de oficio dichos defectos, siempre y cuando los mismos sean subsanables. En este sentido, y pese a la errónea designación de los Decretos Legislativos impugnados por el recurrente, en aplicación de dicho principio se tiene por subsanado, entendiendo que la acción de inconstitucionalidad en examen, va dirigida contra los Decreto Legislativo 412-02 del 13 de noviembre de 2002 y ratificado mediante decreto 154-03 del 23 de septiembre de 2003, extensivo a los decretos No. 268-02 de fecha 17 de enero de 2002, ratificado por decreto 02-02 del 25 de enero de 2002; decreto 374-02 de fecha 13 de noviembre de 2002, ratificado mediante decreto 153-03 del 22 de septiembre de 2003; contentivos de las reformas constitucionales y sus ratificaciones operadas sobre el artículo 240 No. 1) párrafo final de de la República.8.-CONSIDERANDO: Que el Roger Ordoñez, al momento de interponer, en nombre y representación del ciudadano BAÍN, de Inconstitucionalidad parcial por razón de contenido contra la parte que le afecta de la reforma constitucional operada en el numeral 1 del artículo 240 de de , motiva su demanda en dos conceptos. El primero de ellos se basa en lo que dispone el numeral 1 del Artículo 76 de Constitucional, el cual dicta: “ARTÍCULO 76. DE LOS CASOS EN QUE PROCEDE de Inconstitucionalidad: 1) Contra las Leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativo que infrinjan preceptos constitucionales.” Y el segundo concepto en lo dispuesto en el mismo artículo numeral cuatro que literalmente dice: “ARTÍCULO 76. DE LOS CASOS EN QUE PROCEDE de Inconstitucionalidad:… 4) Cuando la ley ordinaria contraríe lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forma parte.”9.-CONSIDERANDO: Que al explicar el primer concepto de la violación, el recurrente manifiesta que el artículo 240 numeral 1 de de reformado, es inconstitucional, en virtud de que es producto del Congreso Nacional ordinario y contraría la voluntad de electa mediante voto popular y con el mandato de decretar una nueva Constitución de De conformidad con lo que expresa el texto original del numeral 1 del artículo 240 Constitucional, redactado por , no contiene la prohibición para que el Presidente del Congreso Nacional pueda ser elegido Presidente de razón de ello, es que el Poder Constituyente tuvo en cuenta valores jurídicos supremos, que el Congreso Nacional olvidó o no reconoció. Valores como el de perpetuidad del Estado de Derecho y el sistema de gobierno republicano, democrático y representativo, principios y valores jurídicos consagrados en los artículos 1 y 4 de de el demandante de inconstitucionalidad el Poder Constituyente reconoció el derecho a la dignidad humana y a la igualdad de los hombres; estableció que los derechos del hombre no pueden ser limitados y declaró que no se aplicará cualquier disposición que pretenda restringirlos. El recurrente entonces plantea la contradicción o colisión entre dos normas de rango constitucional, la contenida en el texto constitucional, fruto del Poder Constituyente y la contenida en la reforma, producto del Congreso Nacional; indicando además, que sólo una de ellas tiene validez, la otra es inconstitucional e inaplicable. 10.-CONSIDERANDO: Que el demandante de inconstitucionalidad manifiesta que existe una contradicción entre la parte final del numeral 1 del Artículo 240 que establece: “El Presidente del Congreso Nacional no podrá ser candidato a de para el período constitucional siguiente a aquél para el cual fue elegido.”, con lo establecido en los artículos: 37 (derechos del ciudadano como de elegir y ser electo y optar a cargos públicos); 45 (Es punible todo acto que prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país); 60 (Principio de igualdad ante la ley, se declara punible todo acto discriminatorio); 61 (Derechos a , Seguridad Individual, Libertad, Igualdad y Propiedad); 63 (Prohibición para que el contenido de se entienda como negación de otras declaraciones, derechos y garantías que provengan de la soberanía, forma republicana, democrática y representativa); 64 (Primacía de ). Entonces, dice el garantista, se debe apreciar a como un todo armónico, donde florezcan las normas orientadas hacía una línea jurídica democrática, republicana, igualitaria; y, el cuestionado numeral 1 del artículo 240 reformado, no atiende los principios jurídicos ni las doctrinas que inspira del Estado. La parte del artículo tachada por el garantista de inconstitucional, priva del derecho a su poderdante a ser electo, el cual es un derecho fundamental de todo ciudadano hondureño. La reforma constitucional le resta al ciudadano MICHELETTI BAÍN un derecho, el postularse como candidato a la Presidencia de por ser el Presidente del Congreso Nacional; además, se opone al derecho que tienen los demás ciudadanos a elegirle como tal. Por otra parte, la reforma limita la igualdad, por el hecho de ser Presidente del Congreso Nacional. Asimismo dice que, el procedimiento de reforma constitucional no puede ser entendido como un medio para limitar los derechos subjetivos públicos de los ciudadanos o alterar los principios fundamentales en que se basa nuestro Estado de Derecho, debiendo respetar las bases en que se fundan nuestros principios republicanos. Manifiesta que la reforma constitucional que se impugna restringe derechos fundamentales antes concedidos por , por ende es inconstitucional e inaplicable.11.-CONSIDERANDO: Que el demandante de inconstitucionalidad agrega, que la pretensión del Congreso Nacional con la reforma al numeral 1 del artículo 240 de , era impedir que el Presidente del Congreso Nacional tuviera una ventaja sobre los demás candidatos a la presidencia de la república, debido a que por su cargo puede, violentando la ley, valerse de su influencia política y acceso al presupuesto del Poder Legislativo para apoyar su candidatura. Es decir, dice el recurrente, el Congreso Nacional al reformar la parte del artículo precitado presumió la comisión del delito de Malversación de Caudales Públicos por parte del titular del Congreso Nacional. El recurrente juzga este objetivo del Congreso Nacional como incriminatorio y sin justificación debido a que se basa en la presunción de que se cometerán actos ilícitos para llegar a de , aprovechándose del cargo y utilizando fondos del Estado; sin embargo -concluye- se debe tomar en cuenta que garantiza la presunción de inocencia la cual no se puede vulnerar, por lo que procede declarar la inconstitucionalidad por el quebrantamiento al artículo 89 constitucional.12.-CONSIDERANDO: Agrega a los motivos de inconstitucionalidad antes expuestos que, la Constitución establece una serie de principios fundamentales sobre los cuales descansa el Estado de Derecho; y que para la defensa de dichos principios, estableció un procedimiento de reforma de , pero señalando en forma expresa qué disposiciones constitucionales nunca podrán ser reformadas. Así señala en el “Título VII De y de ”, el procedimiento de reforma de y los artículos que, desarrollando principios esenciales sobre los que descansa nuestro Estado de Derecho, no pueden ser objeto de reforma en ningún caso y por ninguna persona u organismo. Cita lo dispuesto por el artículo 374, el cual señala que: “No podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior, el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición de ser nuevamente Presidente de el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de por el período subsiguiente.” El peticionario entonces concluye: sí el artículo 374 manda, que en ningún caso podrá reformarse el artículo constitucional que se refiere a quien no puede ser Presidente de por el período subsiguiente; no se podrá reformar el artículo 240 numerales 1), 4) y 6); sin embargo éste artículo fue reformado contraviniendo el artículo 374 citado, mediante Decreto número 412-2002 emitido por el Congreso Nacional, ratificado después por el Decreto Legislativo 154-2003 y por ende esta reforma es inconstitucional.13.-CONSIDERANDO: Que el garantista en relación al segundo de los conceptos, se basa en lo que dispone el Artículo 76 de Constitucional en el numeral 4). Al explicar el concepto de la violación, menciona sobre Derechos Humanos, cita sus artículos 23 (Derechos Políticos) y 24 (Igualdad ante la ley). Menciona también de los Derechos Humanos aprobada y proclamada el 10 de diciembre de 1948. El Derecho al acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país; asimismo, declara que la voluntad popular es la base de la autoridad del poder público expresada en elecciones periódicas y auténticas por sufragio universal y secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Reconoce un conflicto entre las disposiciones de de y , la primera limita y la segunda permite. En virtud de ello, expresa que, será necesario determinar cual de las disposiciones discordantes será la que se aplique al caso concreto. Para ello propone, que se tomen en cuenta los artículos 15, 16, 17 y 18 de de , en los cuales se dispone que nuestro país hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universal. Además, proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional. Y que todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo. Por otra parte, que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno. Asimismo, manda que cuando un Tratado Internacional afecte una disposición constitucional, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de antes de ser ratificado por el Poder Ejecutivo. Y finalmente expresa que en caso de conflicto entre el Tratado o Convención y prevalecerá el primero.14.-CONSIDERANDO: Que la competencia de este alto tribunal para conocer la presente demanda de inconstitucionalidad se fundamenta en lo prescrito en el numeral 2 del artículo 76 de Constitucional, que dicta que procede la acción de inconstitucionalidad cuando se ponga en vigencia una reforma constitucional con inobservancia de los requisitos establecidos en de la República. Lo prescrito por el artículo citado, en relación al supuesto de que una reforma constitucional contravenga , se explica teniendo en cuenta que si bien es cierto, todas son de rango superior frente a las normas de carácter legal, no todas provienen del mismo órgano creador, lo que permite establecer entre ellas algunas diferencias en relación a su validez y vigencia. En principio, el texto constitucional original es fruto de un órgano concebido como supremo, libre y originario denominado Asamblea Nacional Constituyente, llamado así porque es un Poder que “constituye” o es “constituyente”. Los atributos que se arrogan a este órgano, se deben a que no se encuentra bajo sujeción de ningún orden jurídico preexistente y desde este vacío tiene la potestad de crear una Constitución. Esta potestad, deriva directamente del único poder soberano: Poder Constituyente u Originario, da vida a los denominados Poderes Constituidos clásicos (Legislativo, Judicial y Ejecutivo), los cuales se someten a materializada en el texto de bien, el Poder Constituyente faculta al Congreso Nacional como órgano del Poder Legislativo para que reforme el texto constitucional, pero esta potestad no es ilimitada, sino que está sujeta a lo previsto por así que el Poder Judicial se constituye en el contrapeso a la potestad reformadora de que detenta el Congreso Nacional, velando porque sus actuaciones se mantengan dentro de los límites preconcebidos por el Poder Constituyente. De igual forma, esta potestad de de Justicia, no es ilimitada y absoluta, dado que se ajusta a los límites de la acción de inconstitucionalidad; es decir, no actúa ex oficio, sino que, solo mediante el impulso de parte legitimada. 15.-CONSIDERANDO: Que de Justicia de conformidad con lo preceptuado por la ley fundamental, tiene mediante de Inconstitucionalidad el rol de legislador negativo o legislador contralor, ésta prerrogativa le impone el deber de expulsar del orden jurídico de , toda norma susceptible de ser impugnada mediante de Inconstitucionalidad. Sin embargo, para efectos del ejercicio responsable y ecuánime de esta prerrogativa, esta Corte, tiene como principio ineludible, la presunción de armonía constitucional, de manera que éste principio rector, es base y fundamento de todo el análisis de colisión que se practica entre las normas con rango constitucional de conformidad con lo expresado por el garantista.16.-CONSIDERANDO: Que para iniciar el análisis del caso bajo examen se estima insoslayable tomar en cuenta el espíritu que animó la discusión en torno al precepto impugnado; para ello hace una relación histórica del nacimiento de la constitución de 1982, subrayando algunos aspectos de interés para la comunidad forense y la sociedad hondureña en general; así tenemos que para el veinte de abril de 1980, los ciudadanos hondureños fueron convocados para elegir a sus representantes, que reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, recibieron el encargo de dar vida a lo que es ahora nuestro Texto Fundamental, es decir, a de que entró en vigencia a partir del día veinte de enero de 1982. 17.-CONSIDERANDO: Que este alto tribunal al examinar las actas que contienen las deliberaciones de , destaca el acta No. 46 de fecha 12 de febrero de 1981, en relación al artículo sobre quienes no pueden ser elegidos Presidente de folio 25 del Registro de Actas, encontramos la propuesta de del Dictamen sobre este artículo, la cual propuso su redacción de la siguiente manera: “Artículo 242.- No puede ser electo presidente de la republica por el periodo siguiente: 1º El Presidente del Congreso Nacional, Diputados del Congreso Nacional, Secretarios y Sub Secretarios de Estado, los Miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, los Magistrados y Jueces del Poder Judicial, Gerentes y Sub Gerentes, Directores o Presidentes de Instituciones Autónomas o Semi Autónomas, el Contralor y Sub Contralor de , Procurador y Sub Procurador General de , Director y Sub Director de Probidad Administrativa, que ejercieren sus funciones durante los seis meses anteriores a la fecha de esta moción presentada se le dio el trámite correspondiente sometiéndola a discusión de los honorables asambleístas. La primera intervención fue para sugerir que en lugar del Presidente del Congreso Nacional se dijera: “los diputados al Congreso Nacional”, en consideración a que el Presidente del Congreso es un diputado más. Seguidamente interviene otro diputado manifestando su desacuerdo con la inclusión de los diputados al Congreso Nacional; aduce el asambleísta, que revisando las dos últimas constituciones de la República (1957, 1965) sic “no encuentra que siquiera se refieran al Presidente del Congreso Nacional mucho menos a los diputados en general”, por lo tanto solicita que se excluya a los diputados de la limitación para ser candidatos a de ; seguidamente observamos una intervención que apoya la propuesta anterior y propone la inclusión dentro de los inelegibles únicamente al Presidente del Congreso Nacional y no así a los diputados.18.-CONSIDERANDO: Que sometida a discusión la redacción del artículo 242, interviene un honorable diputado que solicita se considere si se incluye al Presidente del Congreso dentro de las prohibiciones, argumentando básicamente que el Presidente del Congreso es un compañero diputado. Sometida a discusión la propuesta se aprueba la misma, por consiguiente el artículo 242 numeral 1 queda aprobado y redactado en la siguiente forma: “no pueden ser electos Presidentes de : 1º Los Designados, Secretarios y Sub Secretarios de Estado, los Miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, los Magistrados y Jueces del Poder Judicial, Gerentes, Sub Gerentes, Directores, Sub Directores, Presidentes o Vice Presidentes de Instituciones Autónomas o Semi Autónomas, el Contralor y Sub Contralor de , Procurador y Sub Procurador de , Director y Sub Director de Probidad Administrativa, que ejercieren sus funciones durante los seis meses anteriores a la fecha de la elección.”19.-CONSIDERANDO: Que de la relación que se hace de la sesión celebrada en fecha 12 de febrero de 1981, observamos que discutió la pertinencia de limitar la participación como candidatos a de a los diputados al Congreso Nacional y a su Presidente. Que después de que se produjeran las discusiones antes señaladas, , finalmente decidió que no se justificaba la imposición de limitación alguna para que el Presidente del Congreso Nacional y los Diputados, pudieran postularse a de para el período siguiente al que fueron electos, dando como resultado que la redacción definitiva del artículo 240 No. 1) de en su versión original, no estableciera la prohibición tantas veces referida.20.-CONSIDERANDO: Que de esta manera queda evidenciado que el poder constituyente originario ejercido por , excluyó al Presidente del Congreso Nacional y a los demás Diputados como sujetos de las limitaciones temporales para postularse a de 21.-CONSIDERANDO: Que por otro lado al analizar las argumentaciones y cada uno de los artículos constitucionales y preceptos de instrumentos internacionales, que el demandante de la inconstitucionalidad opone a la reforma del numeral 1 del artículo 240 constitucional, esta Corte Suprema de Justicia da respuesta concluyendo lo siguiente: Que respecto a los valores jurídicos supremos que aduce el recurrente que tomó en cuenta el poder constituyente al momento de discutir el contenido del numeral 1 del artículo 240 [242] se constata que en la deliberación no se hizo ponderación respecto a valores jurídicos supremos tales como perpetuidad del Estado de derecho y sistema de gobierno republicano, democrático o representativo. Asimismo, no encontramos que para la discusión de este precepto el Poder Constituyente haga alusión a la dignidad humana o al derecho de igualdad u otros derechos fundamentales. En consecuencia la pretendida motivación del demandante de inconstitucionalidad atendiendo al espíritu del Constituyente, carece de toda sustentación y se descarta del análisis practicado por este alto tribunal.Asimismo, en cuanto a lo manifestado por el impetrante a que la reforma al artículo 240 Numeral 1 violenta los derechos Políticos de su representado, en concreto el derecho que tiene todo ciudadano a elegir y ser electo, el cual se encuentra contenido en el artículo 37 de y que se relaciona con el artículo 23 de sobre Derechos Humanos, la Corte entiende que estos derechos no son absolutos e irreductibles y por tanto el Poder Constituyente (Asamblea Nacional) o constituido (Congreso Nacional) tienen la potestad para delimitarlos a fin de asegurar la vida democrática y el bien común. Finalmente, si se acepta la tesis del garantista, no habría razón para mantener requisitos, incompatibilidades e inhabilidades para ejercitar los derechos políticos. En consecuencia no procede declarar la inconstitucionalidad bajo este argumento. Tampoco se quebranta el derecho de igualdad, contenido en los artículos 60 constitucional y 24 de sobre Derechos Humanos, citados por el recurrente, por cuanto en materia de derechos políticos y la ley devienen en la obligación de establecer diferencias a través de incompatibilidades, adopción de requisitos e inhabilidades; siempre y cuando no revistan actos de discriminación por razón de sexo, religión, clase social, raza u otra análoga. No habiendo alegación por parte del recurrente referida a razones de discriminación, este Tribunal estima improcedente la inconstitucionalidad por este motivo. En definitiva, la Corte estima que la reforma al numeral 1 del artículo 240 constitucional no colisiona con la supremacía de alegada por el recurrente, ni con los compromisos asumidos por Honduras en materia de Derechos Humanos, en los distintos instrumentos internacionales que son parte de nuestro derecho interno, por cuanto los derechos políticos son limitables, siempre y cuando esas limitaciones sean razonables y en el caso sub judice la Corte observa que la misma se ha establecido en forma lógica y de manera proporcional, dado que no le impide al ciudadano MICHELETTI BAÌN su participación política en forma absoluta sino que de manera temporal y en razón de su cargo.22.-CONSIDERANDO: Que desestimadas las causales de inconstitucionalidad por razón de contenido, señaladas por el recurrente y establecidas en el artículo 76 numerales 1 y 4 de Constitucional, y al haber encontrado una vulneración al procedimiento de reforma nos referiremos al reclamo de inconstitucionalidad de la reforma impugnada, en virtud que la misma operó sobre un artículo irreformable o pétreo. Es aquí donde este alto Tribunal encuentra que debe centrar el análisis, valorando si los límites impuestos por el Poder Constituyente al Congreso Nacional como Poder Constituido, fueron inadvertidos por éste último. A tal efecto, se aprecia que el impugnante ha interpuesto el recurso de inconstitucionalidad de mérito, por vía de acción e invocando razones de fondo o de contenido; sin embargo, cuestiona que el Congreso Nacional no ha actuado en este caso como poder constituyente derivado en tanto en cuanto, que ha carecido absolutamente de competencia, para emprender la reforma de una disposición Constitucional pétrea, por lo tanto debe entenderse que nos encontramos ante un supuesto de Inconstitucionalidad por razones de forma; pero por otra parte alega que se ha producido una colisión directa y por ende una incongruencia entre un acto legislativo emitido por un poder legislativo ordinario, contra lo dispuesto en un artículo constitucional intangible o pétreo, que por el principio de Supremacía Constitucional, tiene un rango superior sobre el resto del ordenamiento jurídico, impugnación a todas luces propia de un alegato de fondo. Ante esta dualidad de alegatos, se estima que estas formulaciones, se producen muy a menudo por los recurrentes, dado que al cuestionar una inconstitucionalidad de forma entran también a atacar el contenido de las normas impugnadas; por lo que ante tal situación, este Supremo Tribunal apartándose nuevamente del formalismo extremo y guiándose por el moderado, admite esta causal, por considerar que predominan los fundamentos de forma, dado que es manifiesto el señalamiento que se hace de la incompetencia del poder Constituido (Congreso) para reformar un artículo considerado pétreo.23.-CONSIDERANDO: Que el análisis parte de la diferenciación entre el Poder Constituyente y el Poder Constituido. Poder Constituyente o Poder “Natural o Fundante”, es la facultad que tiene todo cuerpo político de establecer su propia ley fundamental, de fijar por lo tanto, todo lo que se refiere a lo esencial de la estructura de las instituciones llamadas a regir los intereses generales de la colectividad y a resguardar los derechos de los gobernados. Es decir, que debemos contemplarlo como la voluntad originaria, extraordinaria y soberana de una comunidad que dicta las normas fundamentales para la organización y funcionamiento de su convivencia política, ya que una vez trazada la estructura fundamental de la sociedad política queda habilitado para introducirle las modificaciones que aconseje el curso de la vida política con las limitaciones que le imponga el originario o fundante. ”Entonces tenemos que el poder constituido es el conjunto de órganos y autoridades que han sido establecidas por un texto constitucional. Son órganos constituidos entre otros el Poder Judicial y el Poder Legislativo.”24.-CONSIDERANDO: Que el Poder Constituyente, como órgano originario creador de la norma superior en el ordenamiento jurídico, tiene como límites únicos los impuestos por sí mismo; a su vez fija en el texto constitucional normas con carácter vinculante para el Congreso Nacional en su carácter de órgano derivado. Entendiendo la necesidad de adaptabilidad de a los retos sobrevinientes, el Poder Constituyente dispone la posibilidad de su reforma, potestad que cede al Congreso Nacional; sin embargo, le limita esta prerrogativa señalándole un procedimiento distinto al que dispone para la creación o reforma de las normas legales. La reforma constitucional requiere más análisis y discusión, por ello, es indispensable que se lleve a cabo en dos legislaturas continuas y con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros. Si estos requisitos no son observados, la reforma constitucional es susceptible de ser declarada inconstitucional por razón de forma, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 76 de Constitucional. Otro límite impuesto por el Poder Constituyente al Congreso Nacional en su potestad reformadora de la Constitución, es la decisión de declarar irreformables o pétreos ciertos preceptos de intangibilidad que protege a estos preceptos, sustrae al Congreso Nacional de su potestad de reforma o revisión. De tal suerte, que la transgresión a la voluntad del Poder Constituyente en relación a este aspecto, es susceptible de la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de esta Corte Suprema de Justicia.25.-CONSIDERANDO: Que artífice de nuestra actual y vigente Constitución de 1982, redactó en el artículo 374 de de , los preceptos irreformables, declarando intangible en forma expresa: la forma de gobierno, el territorio nacional, el periodo constitucional, la prohibición de reelección al solio presidencial por el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser presidentes de por el periodo siguiente.26.-CONSIDERANDO: Que los actos legislativos gozan de la presunción de haber sido dictados conforme a de ; sin embargo, tal presunción admite prueba en contrario. En el presente caso, el recurrente estima que la reforma a de que prohíbe al Presidente del Congreso Nacional, postularse como candidato a de en el período siguiente al que fue elegido, contenida en el numeral 1 del artículo 240, no ha sido dictada conforme a lo mandado por hacer el ejercicio de confrontación entre la norma impugnada y el límite impuesto por el Poder Constituyente contenido en el artículo 374 constitucional, se arriba a la convicción de que la reforma constitucional objeto de esta garantía se subsume en uno de los supuestos de los preceptos declarados irreformables o pétreos; siendo, en consecuencia, la voluntad del Congreso Nacional contraria a la voluntad del Poder Constituyente.27.-CONSIDERANDO: Que reconocida la colisión entre la reforma constitucional que se impugna con el artículo 374 de de ; y siendo que la norma constitucional es primaria, se torna indispensable dejar establecidos los conceptos de Poder Constituyente y Poder Constituido con sus respectivos órganos de decisión; y el Congreso Nacional. En principio, la voluntad popular, dotada de Soberanía, se expresó a través de las urnas y tuvo a bien elegir los hombres y mujeres que formaron parte de de 1980, la cual como se ha afirmado varias veces en este fallo, redactó de estos delegados directos de la voluntad popular, cedieron al Congreso Nacional, como órgano Constituido, la potestad de revisar y reformar el texto constitucional, pero sustrayendo de esta facultad lo contenido en el artículo 374 de tal suerte que el Congreso Nacional no se encuentra legitimado para ejercer su potestad revisora en los supuestos de este artículo. Por ende este alto tribunal siguiendo el método lógico o exegético tradicional de interpretación, entendido este como la explicación gramatical y semántica de las palabras de la ley, así como de los trabajos preparatorios (anteproyectos, exposición de motivos, deliberaciones parlamentarias, etc.) y la consecuencia, o sea el juicio probable sobre la verdadera intención del legislador que se desprende del espíritu general de la ley y de las implicaciones que llevaría cada una de las interpretaciones en pugna; CONCLUYE que es importante interpretar el artículo 374 de de tomando en cuenta lo establecido en dicho método. siendo por ello, procedente que este Supremo Tribunal declare ha lugar de Inconstitucionalidad, tal como lo ha solicitado su demandante.28.-CONSIDERANDO: Que partiendo de la premisa antes apuntada, podemos afirmar que la interpretación correcta del artículo 240 No. 1) de , atendiendo al propósito del constituyente por un lado, y a la sucesión que en el transcurso del tiempo se ha venido produciendo en cuanto a la configuración de ciertos cargos e instituciones del Estado, ejemplo: de por los Designados a , el Tribunal Superior de Cuentas, por las antiguas Contraloría General de y Dirección de Probidad Administrativa, etc., nos conduce a estimar que no pueden ser elegidos Presidente de : el Vicepresidente de , Secretarios y Subsecretarios de Estado, miembros del Tribunal Supremo Electoral, Magistrados y Jueces del Poder Judicial, Presidentes, Vicepresidentes, Gerentes, Subgerentes, Directores, Subdirectores, Secretarios Ejecutivos de Instituciones descentralizadas, Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, Procurador y Sub Procurador General de , que hayan ejercido sus funciones durante los seis meses anteriores a la fecha de elección del Presidente de 29.-CONSIDERANDO: Que en relación a los efectos del recurso, debemos entender que el artículo 240 No. 1 de debe ser observado en el espíritu de su versión original, aprobada por el Poder Constituyente, de tal manera que no pueden ser elegidos Presidentes de : el Vicepresidente de , Secretarios y Subsecretarios de Estado, Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Magistrados y Jueces del Poder Judicial, Presidentes, Vicepresidentes, Gerentes, Subgerentes, Directores, Subdirectores, Secretarios Ejecutivos de Instituciones descentralizadas, Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, Procurador y Subprocurador General de , que hayan ejercido sus funciones durante los seis meses anteriores a la fecha de elección del Presidente de , razón por la cual debe entenderse suprimida la limitación que los Decretos impugnados establecen de manera concreta para el Presidente del Congreso Nacional y Presidente de de Justicia para presentarse como candidatos a de , en el siguiente período constitucional al que resultaron electos, (sin perjuicio de la limitación que por extensión le corresponde a éste último como Magistrado del Poder Judicial por un período de seis meses anteriores a la fecha de la elección). De igual modo, debe quedar suprimida toda referencia en el artículo 240 No. 1 de , al Director y Subdirectores del Registro Nacional de las Personas, Procurador y Subprocurador del Ambiente, Fiscal General de y Fiscal General Adjunto, Superintendente de Concesiones y Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.30.- CONSIDERANDO: Que finalmente es importante señalar, que la limitación temporal que establece el artículo 240 No. 1) de , aplicable al Vicepresidente de , debe entenderse sin perjuicio de lo que prevé el artículo 239 del Texto Fundamental, ya que por las razones anteriormente mencionadas, el cargo de Vicepresidente de ha venido a sustituir la figura de los Designados a la Presidencia.31.- CONSIDERANDO: Que el Artículo 90 de Constitucional permite el efecto extensivo de la declaratoria de inconstitucionalidad cuando regula lo siguiente: “La sentencia que declare la inconstitucionalidad de un precepto legal, podrá declarar también inconstitucionales aquellos preceptos de la misma ley o de otra u otras con las que tenga una relación directa y necesaria”; en este sentido, el artículo 240 No. 1 de la Constitución de la República, al haber sido reformado en tres ocasiones, se hace imperativo declarar la inconstitucionalidad de dichas reformas en cuanto a lo dispuesto en el numeral 1 párrafo último del artículo 240 de la Constitución de la República, contenido en los decretos Legislativos No. 268-02 de fecha 17 de enero de 2002, ratificado por decreto 02-02 del 25 de enero de 2002; decreto 374-02 de fecha 13 de noviembre de 2002, ratificado mediante decreto 153-03 del 22 de septiembre de 2003; y decreto 412-02 del 13 de noviembre de 2002 y ratificado mediante decreto 154-03 del 23 de septiembre de 2003.POR TANTO: de Justicia, como intérprete último y definitivo de de , en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Señor Fiscal Especial, por MAYORIA DE VOTOS POR HABER DISENTIDO DUBON VILLEDA, quien emite voto particular y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 2, 80, 90, 95, 184, 185, 303, 304, 313 atribución 5ta., 240 numeral 1, 316 numeral 1, 321, 323, 373 y 374 de de ; 8 y 10 de de los Derechos Humanos; 1 y 25 de sobre Derechos Humanos; 18 y 24 de de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 11 y 74 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 3, 7, 8, 74, 75, 76 No. 2, 77 No. 1, 79, 80, 81, 89, 90, 92, 93 y 94 de sobre Justicia Constitucional; 17 del Código Civil; FALLA: 1º DECLARAR HA LUGAR de Inconstitucionalidad interpuesta por razón de forma y por vía de acción, en contra de la reforma de la parte final del numeral 1 del artículo 240 de de : SE DEROGA PARCIALMENTE EL DECRETO LEGISLATIVO No. 412-02 del 13 de noviembre de 2002 ratificado mediante decreto 154-03 del 23 de septiembre de 2003; y por extensión los decretos 268-02 de fecha 17 de enero de 2002, ratificado por decreto 02-02 del 25 de enero de 2002; decreto 374-02 de fecha 13 de noviembre de 2002, ratificado mediante decreto 153-03 del 22 de septiembre de 2003; específicamente la reforma establecida en el párrafo primero del artículo 240 numeral 1 constitucional en su parte final, que contiene la prohibición para que el Presidente del Congreso Nacional y el Presidente de de Justicia sean candidatos a de , en el período constitucional siguiente al que fue elegido, en consecuencia se expulsa la misma del texto Constitucional; 2º EFECTOS A FUTURO, DE CONFORMIDAD A “EX NUNC” y, MANDA: 1) Que la presente sentencia sea notificada personalmente o mediante cédula fijada en de Avisos al Roger Ordoñez a más tardar al día siguiente de su fecha. 2) Remítase al Congreso Nacional atenta Comunicación para que proceda a la publicación del presente fallo judicial en el Diario Oficial 3) Una vez notificada y firme la presente sentencia se proceda a certificar el presente fallo y archivar las diligencias en del Tribunal. NOTIFÍQUESE.