Sentencia AP-561-06 — Registro 7653
Resumen
Resolución impugnada que confirmó y declaró sin lugar incidente de recusación por denuncia interpuesta por imputado por el delito de Cohecho contra Jueces del Tribunal de Sentencias
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."Que la finalidad de la institución de la recusación se encuentra, en la necesidad de asegurar un juicio con todas las garantías, que incluya la exigencia de imparcialidad de los agentes públicos que intervienen en el mismo, fundamentalmente del Juez. De este modo, y aunque no se cite de manera expresa en el artículo 90 de nuestra Constitución, entre las garantías que deben incluirse dentro del derecho constitucional a un debido proceso, se encuentra el derecho a un Juez imparcial que constituye un presupuesto fundamental para la recta administración de Justicia.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 83 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."no obstante lo anterior, la Sala comparte la opinión externada por el Tribunal Ad Quem, en cuanto que no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello de lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas. Es lógico que así sea, porque, en caso contrario, cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa. ( vid. art. 387 del Código Penal, vid. además y para efectos de ilustración el criterio que ha seguido la doctrina y la jurisprudencia española en la aplicación de los artículos 54 No. 3) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 219 No. 4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, preceptos que tienen correspondencia con el artículo 83 No. 2) del Código Procesal .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 83 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"CONSIDERANDO: Que no obstante lo anterior, la Sala comparte la opinión externada por el Tribunal Ad Quem, en cuanto que no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello de lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas. Es lógico que así sea, porque, en caso contrario, cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa. ( vid. art. 387 del Código Penal, vid. además y para efectos de ilustración el criterio que ha seguido la doctrina y la jurisprudencia española en la aplicación de los artículos 54 No. 3) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 219 No. 4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, preceptos que tienen correspondencia con el artículo 83 No. 2) del Código Procesal hondureño: CONDE-PUMPIDO TOURON, CANDIDO, en AAVV, Los Procesos Penales, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con formularios y Jurisprudencia, Disposiciones Generales, arts. 1 al 99, Bosch S.A., Barcelona, 2000, pág. 510, CONDE-PUMPIDO FERREIRO, CANDIDO (Director), Enjuiciamiento Criminal, Ley y Legislación Complementaria, Doctrina y Jurisprudencia, Tomo I, Trivium S.A., Madrid, 1998, pág. 423). CONSIDERANDO: Que a modo de conclusión podemos afirmar, que la mera presentación de la denuncia presentada ante el Ministerio Público por el acusado, no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal manera que no se entiende suficientemente acreditada la causal de recusación invocada por aquel, y que por lo tanto no se considera infringido su derecho de defensa, ni tampoco la garantía genérica del debido proceso, consagrados en la Constitución.”. Motivos por los cuales se evidencia que el recurrente no logró acreditar con sus alegatos las causales de recusación invocadas en contra del Juez DANERY MEDAL; y por lo cual esta Sala aprecia que las actuaciones del A-quo se encuentran igualmente motivadas y revestidas de legalidad. CONSIDERANDO: Que de la exposición hecha por el recurrente y del estudio de los antecedentes se constata que los alegatos planteados en la acción de amparo que se resuelve son propios de las instancias procesales ordinarias. CONSIDERANDO: Que al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas; razón por la cual esta Sala estima, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal"
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Decreto)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 197 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice:”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de enero de dos mil siete.VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LUCIO FERRERA SALGADO, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en el Progreso, Yoro,a favor de SI MISMO A N T E C E D E N T E S 1) Que el dieciocho de marzo de dos mil cuatro, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de El Progreso, Yoro, el Abogado JUAN MIGUEL POSADAS VILLEDA, quien en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentó Requerimiento Fiscal contra los señores JOSE ANTONIO MARTINEZ, ELVIS IVAN AVILA PINEDA y LUCIO FERRERA SALGADO, por suponérseles responsables del delito de COHECHO en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, hecho que se realizó durante el mes de octubre de dos mil tres, en la ciudad de El Progreso, Yoro. 2)Que el veintitrés de marzo de dos mil cuatro, el A-Quo, emitió decretó AUTO DE PRISION contra los señores ELVIS IVAN AVILA PINEDA y LUCIO FERRERA SALGADO por suponerlos responsables del delito de COHECHO en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, adoptándose contra los imputados las medidas cautelares de presentación periódica al Tribunal, la prohibición de salida del país y la de comunicarse con los testigos y empleados o miembros de la Municipalidad de El Progreso, Yoro, contenidas en el artículo 173 numerales 6, 7 y 9 del Código Procesal Penal, al estimar el Tribunal que de acuerdo a las declaraciones rendidas en sede administrativa y las declaraciones rendidas ante el Instructor por los señores José Martínez y Carlos Alfonso Galo, se ha acreditado que el seis de octubre de dos mil tres, se desarrolló por parte de los señores Elvin Iván Avila Pineda y Lucio Ferrera Salgado, quienes asumían la condición de funcionarios públicos, una petición para recibir de varias personas mencionadas en una investigación fiscal, una suma de dinero a cambio de cerrar la investigación, por lo que arguye el Tribunal que existen indicios razonables de la participación de los imputados en el delito por el cual se les acusa. La medida cautelar se fundamenta en que los imputados cuentan con arraigo y sometimiento a la investigación. 3)Que el Abogado LUCIO FERRERA SALGADO, actuando en causa propia, el dieciocho de marzo de dos mil cinco, compareció ante el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés, promoviendo incidente de recusación contra los Jueces RICARDO PEREZ, ALBA LETICIA BUESO y GERARDO ROSALES, integrantes de la Sala “C” del relacionado Tribunal, señalando que los mismos se encuentran comprendidos dentro de la causal número dos del artículo 83 del Código de Procedimientos Penales; incidente que fue rechazado por el Tribunal en virtud de no haberse presentado el mismo ante el órgano jurisdiccional competente. 4)Que la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, el veintiséis de julio de dos mil cinco, al conocer en apelación la resolución señalada en el inciso que precede, dictó resolución mediante la cual declaró con lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado LUCIO FERRERA SALGADO y revocó la resolución impugnada, por considerar que en virtud de haber sido recusados los tres Jueces que integran la Sala “C” del Tribunal de Sentencia, los autos debían pasarse al Tribunal que debía sustituirlos, que no es otro que el Tribunal de Sentencia de esa misma jurisdicción, quien debe señalar el día y hora para la celebración de la audiencia correspondiente y una vez que fuese admitida la recusación plantada, deben remitirse las diligencias a la Corte de Apelaciones competente para que conozca del relacionado incidente, de acuerdo al artículo 87 del Código Procesal Penal.5)Que la Sala “A” del señalado Tribunal de Sentencia, al conocer del incidente de mérito, el treinta de agosto de dos mil cinco, admitió el mismo y ordenó remitir las diligencias a la Corte de Apelaciones Seccional de aquella jurisdicción para que fuese objeto de su conocimiento.6)Que el Ad-Quem, el veintitrés de junio de dos mil seis, resolvió declarar sin lugar el incidente de recusación planteado por el Abogado Lucio Ferrera Salgado, ordenando que la causa se sustancie de conformidad a Derecho y que se ponga en conocimiento de los recusados la resolución de mérito, al considerar que si bien es cierto existe en los autos una constancia en la que aparece que el diez de marzo de dos mil cinco, el Abogado Lucio Ferrera Salgado, interpuso denuncia contra los Jueces de Sentencia que integran el Tribunal C de la ciudad de San Pedro Sula, Abogados ALBA LETICIA BUESO, RICARDO PEREZ y GERARDO ROSALES, por considerarlos responsables de la posible comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA; no obstante, a tal denuncia no consta habérsele dado seguimiento, es decir, que contra los funcionarios judiciales denunciados del ilícito, se hayan presentado por parte de la Fiscalía las acciones correspondientes y que exista una resolución que así lo indique, de tal suerte que al quedar en esa categoría, la misma no adquiere la fuerza necesaria para ser invocada como causal de recusación, ya que de ser así, cualquier persona se valdría de ese mecanismo para evitar que determinado tribunal sea éste unipersonal o colegiado, conozca de su causa, poniendo en ello en precario la administración de justicia. Por otro lado, los recusados no aceptaron por ciertas las causales de recusación invocadas por el incidentista tal como consta en los informes presentados, así como no haber logrado probar el Abogado Lucio Ferrera Salgado, que le asiste las causales números 2 y 5 del artículo 83 del Código Procesal Penal que fueron invocadas, fundamentando su decisión en los artículos 9, 83, 85, 88 del Código Procesal Penal.7)El recurrente Abogado LUCIO FERRERA SALGADO, compareció ante este Tribunal, el veintinueve de agosto de dos mil seis, reclamando amparo a favor de si mismo, afirmando que la decisión del Tribunal Ad-Quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 82, 90 con relación al artículo 1 del Código Procesal Penal, 321 relacionado con los artículos 95 y 323 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que en fecha 18 de marzo de 2004, el Representante del Ministerio Público, Abogado JUAN MIGUEL POSADAS VILLEDA, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de la ciudad del Progreso, Departamento de Yoro, donde interpuso requerimiento fiscal, en contra de los señores JOSE ANTONIO MARTINEZ, ELVIS IVAN AVILA PINEDA y LUCIO FERRERA SALGADO, a quienes se les atribuye la comisión del delito de COHECHO en perjuicio de la ADMINISTRACION PÚBLICA.CONSIDERANDO: Que en fecha 19 de agosto de 2004, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, dictó auto de apertura a juicio, al estimar que existen méritos suficientes, para proseguir con la sustanciación del proceso criminal promovido contra los imputados.CONSIDERANDO: Que en providencia del 4 de octubre de 2004, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula ordenó la citación de las partes, para que procedieran a revisar las actuaciones y pudiesen plantear las recusaciones, excepciones o nulidades que estimaran pertinentes.CONSIDERANDO: Que en escrito de fecha 18 de marzo de 2004, el imputado y Profesional del Derecho, Abogado LUCIO FERRERA, presentó un incidente de recusación en contra del Tribunal de Sentencia que le juzga, conformado por los señores Jueces RICARDO PEREZ, GERARDO ROSALES PACHECO y ALBA PATRICIA BUESO, indicando que contra dichos funcionarios judiciales había presentado denuncia por la presunta comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD perpetrado en su perjuicio, causal de recusación que encontraría fundamento en lo prescrito por el artículo 83 No. 2) del Código Procesal Penal, donde se establece que son causas legítimas de recusación “…estar o haber sido acusado, denunciado o querellado por algunas de las partes como autor o cómplice de un delito o falta..”CONSIDERANDO: Que en auto de fecha 30 de marzo de 2005, la Sala “C” el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, rechazó de plano el incidente de recusación interpuesto por el encausado, al entender que el mismo debió haberse promovido ante el órgano jurisdiccional competente, es decir, ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula.CONSIDERANDO: Que contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia, el acusado interpuso recurso de apelación ante el Tribunal de Alzada. CONSIDERANDO: Que en resolución de fecha 26 de julio de 2005, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, revocó el auto apelado, ordenando que el incidente de recusación promovido por el encartado fuera sustanciado ante otra Sala, distinta a la integrada por los recusados. CONSIDERANDO: Que en audiencia de fecha 30 de agosto de 2005, la Sala “A” del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula tras escuchar a las partes, ordenó la remisión del incidente para su resolución definitiva a la Corte de Apelaciones de aquella sección judicial.CONSIDERANDO: Que en resolución de fecha 23 de junio de 2006, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, declaró sin lugar el incidente de recusación promovido por el imputado, al entender que si bien es cierto que consta la existencia de la denuncia presentada por el recusante ante el Ministerio Público, no se acredita que a la misma se le haya dado el seguimiento correspondiente, es decir que por parte de la Fiscalía se hayan presentado las acciones correspondientes y que exista una resolución que así lo indique, de tal modo que la presentación de la denuncia en las circunstancias antes apuntadas no adquiere la fuerza suficiente para ser invocada como causal de recusación, indicando finalmente, que de otro modo, la simple presentación de una denuncia, funcionaría como un mecanismo que cualquier persona podría utilizar para evitar que un determinado tribunal, sea éste unipersonal o colegiado, se aparte del conocimiento de la causa, poniendo con ello en precario, el normal funcionamiento de la administración de justicia.CONSIDERANDO: Que contra la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, el imputado LUCIO FERRERA SALGADO interpuso recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que la resolución impugnada ha vulnerado en su perjuicio, el derecho de defensa, la garantía genérica del debido proceso y el principio de competencia reglada, consagrados respectivamente, en los artículos 82, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que según expone el recurrente, la infracción de los preceptos constitucionales invocados se habría producido, en tanto en cuanto que el artículo 83 No. 2) del Código Procesal Penal, no exige que a la denuncia presentada contra los recusados se le haya dado seguimiento, ni mucho menos que haya recaído resolución en la que se declare con lugar, de ahí que estando acreditada la presentación de denuncia de mérito ante el Ministerio Público, también lo está la causal de recusación invocada por el Quejoso, de tal manera que al ser desestimada se infringe el derecho del encausado a ser juzgado por un tribunal imparcial, con quebranto de su derecho de defensa y de la garantía del debido proceso, consagrados en la Constitución.CONSIDERANDO: Que la palabra recusación se deriva del verbo latino recusare, que significa rehusar, y consiste en la facultad que compete a los litigantes o interesados, de rehusar, de oponerse, a que intervenga o intervengan en un asunto determinado, aquel o aquellos funcionarios de cuya imparcialidad pueda legítimamente dudarse. (vid. SANDOVAL, JOSE MARIA, Anotaciones a la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, Editorial Calderón, 1973, pág. 239)CONSIDERANDO: Que la finalidad de la institución de la recusación se encuentra, en la necesidad de asegurar un juicio con todas las garantías, que incluya la exigencia de imparcialidad de los agentes públicos que intervienen en el mismo, fundamentalmente del Juez. De este modo, y aunque no se cite de manera expresa en el artículo 90 de nuestra Constitución, entre las garantías que deben incluirse dentro del derecho constitucional a un debido proceso, se encuentra el derecho a un Juez imparcial que constituye un presupuesto fundamental para la recta administración de Justicia.CONSIDERANDO: Que tal derecho fundamental encuentra reconocimiento expreso en varios tratados internacionales suscritos por el Estado de Honduras, así tenemos que el artículo 8 No. 1) de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que “….toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial….”, en tanto que en términos similares el artículo 14 No. 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé que “toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial,…”CONSIDERANDO: Que el artículo 83 del Código Procesal Penal establece que los Magistrados, Jueces y los auxiliares de órganos jurisdiccionales, sólo podrán ser recusados por causa legitima, y que entre otras se considera causa legítima la prevista en su numeral 2), consistente en “estar o haber sido acusado, denunciado o querellado por alguna de las partes como autor de un delito o falta..”. CONSIDERANDO: Que un entendimiento meramente literal del precepto legal antes mencionado, nos conduciría a estimar que de acuerdo a lo prescrito por nuestro Código Procesal Penal, la presentación de denuncia criminal ante el órgano competente, incoada contra uno o más miembros del Tribunal que juzga al imputado, puede ser invocada por éste como causal de recusación, sin que sea menester el que dicha denuncia haya sido admitida en sede judicial. CONSIDERANDO: Que no obstante lo anterior, la Sala comparte la opinión externada por el Tribunal Ad Quem, en cuanto que no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello de lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas. Es lógico que así sea, porque, en caso contrario, cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa. ( vid. art. 387 del Código Penal, vid. además y para efectos de ilustración el criterio que ha seguido la doctrina y la jurisprudencia española en la aplicación de los artículos 54 No. 3) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 219 No. 4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, preceptos que tienen correspondencia con el artículo 83 No. 2) del Código Procesal hondureño: CONDE-PUMPIDO TOURON, CANDIDO, en AAVV, Los Procesos Penales, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con formularios y Jurisprudencia, Disposiciones Generales, arts. 1 al 99, Bosch S.A., Barcelona, 2000, pág. 510, CONDE-PUMPIDO FERREIRO, CANDIDO (Director), Enjuiciamiento Criminal, Ley y Legislación Complementaria, Doctrina y Jurisprudencia, Tomo I, Trivium S.A., Madrid, 1998, pág. 423). CONSIDERANDO: Que a modo de conclusión podemos afirmar, que la mera presentación de la denuncia presentada ante el Ministerio Público por el acusado, no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal manera que no se entiende suficientemente acreditada la causal de recusación invocada por aquel, y que por lo tanto no se considera infringido su derecho de defensa, ni tampoco la garantía genérica del debido proceso, consagrados en la Constitución. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b) y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Denegando el amparo interpuesto contra la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en fecha 23 de junio de 2006, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado GOMEZ MORENO.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. SUYAPA THUMANN CONDE. COORDINADORA. JOSE ROLANDO ARRIAGA MANCIA. CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO. CARLOS ARMANDO FLORES CARIAS. DAISY RODRIGUEZ. Firma y Sello. LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL".
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días del mes de mayo de dos mil siete, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil siete, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.561-716-719=06.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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