Sentencia AP-342-07 — Registro 3811
Resumen
Sentencia recurrida que revoco el sobreseimiento definitivo dictado en contra del impetrante ordenando el correspondiente auto de prisión por el delito de violación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"CONSIDERANDO: Que al hilo del razonamiento seguido en este fallo podemos afirmar, que la falta de pronunciamiento de la Corte de Apelaciones sobre la presunta comisión del delito de portación ilegal de armas de fuego que en principio se le atribuía al reo, no ha quebrantado garantía ni derecho fundamental alguno en perjuicio de éste último, ya que en primer lugar, el ente acusador de manera tácita ha dejado de sostener la pretensión de que continúe la persecución penal por dicho delito, y en segundo lugar porque al expresar sus agravios no ha puesto dentro de los puntos sometidos a discusión y decisión del Tribunal Ad Quem, dicha pretensión.. CONSIDERANDO: Que por todas las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se deniegue el amparo interpuesto por el recurrente, sin perjuicio del derecho que le asiste para proponer e instar la evacuación de pruebas, formular los alegatos que estime pertinente e interponer los recursos que la ley franquea, en etapas posteriores del proceso, en orden a mantener la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución de la República reconoce en su favor."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 89 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 92 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 92 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de noviembre de dos mil siete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCO TULIO DURON VALERIANO, a favor del señor OSCAR ROLANDO ZEPEDA VALLE, hondureño, mayor de edad, casado, motorista y de este domicilio. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dos de marzo del año dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada IVETH ONDINA GOMEZ VALDEZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor OSCAR ROLANDO ZEPEDA VALLE, por considerarlo responsable de los delitos de VIOLACION en perjuicio de la menor MARICRUZ DIAZ SANCHEZ y PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en fecha siete de marzo del año dos mil siete, el Juzgado Instructor, en Audiencia Inicial, decretó Sobreseimiento Definitivo a favor del señor OSCAR ROLANDO ZEPEDA VALLE por el delito de VIOLACION, en perjuicio de la menor MARICRUZ DÍAZ SANCHEZ y ordenó que se le suspendieran las medidas impuestas en la audiencia de declaración de imputado y se le extendiera la respectiva carta de libertad definitiva y nota de excarcelación, por considerar que se pudo acreditar que hubo una relación sexual entre la ofendida y el imputado, pero no así que la misma haya sido amenazada o que se le haya ocasionado violencia en virtud que haber transcurrido tanto tiempo sin que la misma solicitara ayuda; fundamentando su decisión en el artículo 296 párrafo segundo del Código Procesal Penal. 3) Que en fecha diecinueve de abril del año dos mil siete, la Corte Primera de Apelaciones de esta Sección Judicial, declaró CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARCO JOSUÉ TOVAR SOLORZANO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, Revocó el Sobreseimiento Definitivo dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, y ordenó que el Juez A-Quo dicte el correspondiente Auto de Prisión, por considerar que de conformidad a las pruebas presentadas, se adquiere la convicción de que el imputado participó en la comisión del delito y que el arma de fuego que utilizó fue el medio empleado para obligar a la victima a acceder a la relación sexual; citando como fundamento jurídico el artículo 297 del Código Procesal Penal. 4) El recurrente Abogado MARCO TULIO DURON VALERIANO, compareció ante este Tribunal, el veinticuatro de mayo del año dos mil siete, reclamando amparo a favor del señor OSCAR ROLANDO ZEPEDA VALLE, afirmando que la decisión del Ad-Quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que en fecha 2 de marzo de 2007, la Representante del Ministerio Público, Abogada IVETH ONDINA GOMEZ VALDEZ, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, donde interpuso requerimiento fiscal en contra del señor OSCAR ROLANDO ZEPEDA VALLE, a quien se le atribuye la comisión del delito de VIOLACION, en perjuicio de la joven MARICRUZ DIAZ SANCHEZ. CONSIDERANDO: Que según se expone en el requerimiento fiscal de mérito, a eso de las siete de la noche del día jueves 1 de marzo de 2007, la joven MARICRUZ DIAZ SANCHEZ retornaba de sus clases recibidas en la Universidad, cuando caminando a inmediaciones de la Ferretería Monolit de esta ciudad, de manera sorpresiva, fue interceptada por el ahora acusado que se conducía en un vehículo, quien pistola en mano se acercó y le conminó a que le acompañara, trasladándole en el mencionado automotor hasta el denominado MOTEL MONTEFRESCO, situado a inmediaciones de la Aldea el Chimbo de esta ciudad, en donde le obligó a mantener relaciones sexuales con él, mediante la intimidación constantemente ejercida con el arma de fuego que portaba, y que tras consumar la agresión sexual le obligó a recibir la cantidad de quinientos lempiras (que posteriormente ha sido presentada como evidencia a las autoridades), y que acto seguido detuvo al conductor de un taxi a quien igualmente intimidó para que trasladara a la ofendida hasta su casa de habitación, dándose la circunstancia que durante el trayecto, el ahora encausado seguía muy de cerca al conductor del taxi antes referido a quien continuó haciendo gestos amenazantes con la pistola que portaba, señalándose por otro lado en el requerimiento fiscal de mérito, que en el trayecto una cuñada de la ofendida entabló comunicación telefónica con ésta, y que debido al estado de nerviosismo en que se encontraba, cedió el teléfono móvil al conductor para que éste recibiera instrucciones sobre la dirección exacta de la vivienda donde habita la joven MARICRUZ DIAZ SANCHEZ, quien finalmente y al encontrarse con su cuñada, relató lo sucedido dando lugar a que se denunciaran los hechos a las autoridades policiales competentes. CONSIDERANDO: Que en audiencia inicial de fecha 7 de marzo de 2007, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, decretó el sobreseimiento definitivo de las diligencias, argumentando que de los elementos probatorios incorporados al proceso se desprende, que la relación sexual mantenida entre el acusado OSCAR ROLANDO ZEPEDA VALLE y la joven MARICRUZ DIAZ SANCHEZ fue consentida, en tanto que ésta de haber sido efectivamente intimidada, tuvo la oportunidad de pedir auxilio y sin embargo no lo hizo, pese a que en la entrada del motel donde se produjeron los hechos se encontraba un vigilante, y que al momento de ingresar a la habitación se encontraba otra persona aseando la misma, amen de que si bien es cierto que probablemente la joven MARICRUZ DIAZ SANCHEZ no tenía saldo en su teléfono móvil, pudo haber llamado a los teléfonos de emergencia que son gratuitos. CONSIDERANDO: Que contra el auto de sobreseimiento definitivo dictado por el Juez Instructor, la Representación del Ministerio Público interpuso recurso de apelación ante el Tribunal de Alzada. CONSIDERANDO: Que en resolución de fecha 19 de abril de 2007, la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, revocó el sobreseimiento definitivo dictado por el Juez A Quo y ordenó en cambio que se dictara auto de prisión, arguyendo que de los antecedentes del caso se desprende, con un alto grado de probabilidad, que el imputado ha podido incurrir en el delito de VIOLACION que se le atribuye, en tanto que de las declaraciones de los testigos presentados por la Defensa lo que se acredita fundamentalmente es que el acusado y la ofendida ingresaron al Motel Montefresco, y que la declaración de la víctima en cuanto a que fue intimidada con una arma de fuego para mantener una relación sexual con el señor OSCAR ROLANDO ZEPEDA VALLE, resulta creíble, ya que en igual sentido, el testigo protegido presentado por el Ministerio Público declaró que el encausado le pidió que llevara a la víctima hasta el domicilio de ésta, mientras que muy de cerca y cerrojeando una arma de fuego les seguía en su vehículo. CONSIDERANDO: Que contra la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, la Defensa del encausado interpuso recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que la resolución impugnada ha vulnerado en perjuicio de su cliente, la garantía genérica del debido proceso y la disposición relativa a los requisitos necesarios para dictar un auto de prisión, consagrados respectivamente, en los artículos 90 párrafo primero y 92 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que según expone el recurrente, la infracción de los preceptos constitucionales invocados se habría producido, en tanto en cuanto que de los elementos probatorios presentados por la Defensa se puede deducir que la relación sexual mantenida entre su cliente y la supuesta ofendida fue consentida, ya que sí en realidad estaba siendo intimidada pudo haber pedido ayuda y no lo hizo, como cuando el señor OSCAR ROLANDO ZEPEDA VALLE se detuvo en un establecimiento de comidas y se encontró con dos testigos con quienes conversó, entretanto la joven MARICRUZ DIAZ SANCHEZ que se encontraba a una buena distancia en el vehículo pudo solicitar auxilio de las personas que se encontraban en el negocio, amen de que portaba un teléfono móvil que en caso de no tener saldo también pudo utilizar para solicitar socorro a los teléfonos de emergencia de la policía que son gratuitos, señalando por otro lado, que no obstante que la Defensa acreditó que el reo sí tiene permiso para portar armas de fuego, el Tribunal Ad Quem ordena al Juez Instructor que dicte un auto de prisión, sin realizar motivación alguna sobre la supuesta comisión de dicho delito. Concluyendo que por todas las razones expuestas se colige que el imputado no ha cometido delito alguno, y que por lo tanto el sobreseimiento definitivo dictado en su favor se encuentra arreglado a Derecho. CONSIDERANDO: Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar un auto de prisión y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso penal y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que el objeto de la audiencia inicial es la de aportar el elemento indiciario para resolver sobre la probable realidad del hecho imputado, sobre su relevancia jurídico penal y sobre la probabilidad de que el acusado ha tenido participación en el mismo. De este modo para dictar un auto de prisión, no se exige en el Juzgador un estado anímico de certeza, que sí es requerido para los Jueces del Tribunal de Sentencia cuando dictan una sentencia condenatoria, sino que solamente el juicio hipotético y esencialmente provisional de que el encausado, con un alto grado de probabilidad, ha podido participar en la comisión de un hecho con apariencia delictiva. CONSIDERANDO: Que un examen detenido de los antecedentes revela, que la Corte de Apelaciones al ordenar que se dicte un auto de prisión en contra del imputado por la presunta comisión de un delito de violación, ha externado un razonamiento que no se encuentra reñido con las reglas de la sana crítica, entre las que se encuentran las relativas a la lógica y las máximas de la experiencia, por lo que sin prejuzgar en modo alguno sobre la culpabilidad del encausado, no se aprecia una vulneración manifiesta o evidente, de que el Tribunal Ad Quem, haya quebrantado la garantía genérica del debido proceso, ni la disposición constitucional donde se establecen cuales son los requisitos exigidos para decretar el auto de prisión. CONSIDERANDO: Que como antes quedara apuntado, el recurrente sostiene que la Corte de Apelaciones al ordenar que se dicte un auto de prisión, no se ha pronunciado ni ha realizado motivación alguna sobre el delito de portación ilegal de armas de fuego que el Ministerio Público atribuyó al imputado. CONSIDERANDO: Que una lectura exhaustiva de la audiencia inicial celebrada ante el Juez Instructor, revela que en las conclusiones formuladas por el Representante del Ministerio Público, este señaló que la intimidación que habría ejercido el imputado para lograr que la ofendida mantuviera una relación sexual no consentida, se llevó a cabo utilizando una pistola, agregando, según se lee textualmente “…que fue decomisada al encausado por Agentes de la DGIC, y que consta que el arma no tiene ningún permiso y de acuerdo al artículo 332-B es tipificado como portación ilegal de armas, y habiendo constatado en este momento que se encuentra el permiso, nos vamos a referir al delito de violación…”. CONSIDERANDO: Que por otro lado, un examen detenido de la expresión de agravios formulados por el Ministerio Publico al interponer el recurso de apelación contra el auto de sobreseimiento definitivo dictado por el Juez, no revela que en la misma se haya hecho ningún cuestionamiento a esta resolución alegando que el Tribunal Ad Quem no se pronunció sobre la presunta comisión de un delito de portación ilegal de armas. De este dato y del expuesto en el acápite anterior, se puede colegir que el ente acusador, a la vista del permiso de portación de armas de fuego arriba relacionado presentado por la Defensa, consideró pertinente no continuar con la imputación de dicho delito y centrarse únicamente en solicitar la continuación de la persecución penal por el delito de violación que se le atribuye al imputado. CONSIDERANDO: Que el artículo 350 del Código Procesal Penal establece, que “la sentencia que resuelva un recurso sólo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación”. Esta regla, aplicado al recurso de apelación, tiene su expresión en la máxima latina tantum apellatum tanto devolutum, y en virtud de su aplicación el Tribunal no puede pronunciarse oficiosamente sobre puntos que no se han solicitado, o más bien que no han sido puestos por las partes en la mesa de su discusión, aún cuando parezcan contrarios a la ley, de ahí que al decidir sobre un recurso de apelación, el Tribunal debe limitarse a resolver las cuestiones planteadas por las partes, sin que le sea dable al órgano jurisdiccional fallar sobre otros puntos, a menos que éstos aparezcan íntimamente ligados a los efectivamente impugnados. CONSIDERANDO: Que al hilo del razonamiento seguido en este fallo podemos afirmar, que la falta de pronunciamiento de la Corte de Apelaciones sobre la presunta comisión del delito de portación ilegal de armas de fuego que en principio se le atribuía al reo, no ha quebrantado garantía ni derecho fundamental alguno en perjuicio de éste último, ya que en primer lugar, el ente acusador de manera tácita ha dejado de sostener la pretensión de que continúe la persecución penal por dicho delito, y en segundo lugar porque al expresar sus agravios no ha puesto dentro de los puntos sometidos a discusión y decisión del Tribunal Ad Quem, dicha pretensión. CONSIDERANDO: Que por todas las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se deniegue el amparo interpuesto por el recurrente, sin perjuicio del derecho que le asiste para proponer e instar la evacuación de pruebas, formular los alegatos que estime pertinente e interponer los recursos que la ley franquea, en etapas posteriores del proceso, en orden a mantener la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución de la República reconoce en su favor. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5), 316 No. 1) de la Constitución de la República, 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b) y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Denegando el amparo interpuesto contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha 19 de abril de 2007, Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ARRIAGA MANCIA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO. COORDINADOR. CARLOS ARMANDO FLORES CARIAS. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA. SUYAPA THUMANN CONDE. JOSE ROLANDO ARRIAGA MANCIA. Firma y Sello. LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL".
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el veintisiete de marzo de dos mil nueve, certificación de la sentencia de fecha trece de noviembre de dos mil siete, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 342-P426=07.
DANIEL ARTURO SIBRIAN
SECRETARIO DE LA
SALA CONSTITUCIONAL
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