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Sentencia RI-57-05 — Registro 20187

Resumen

Se declaró sin lugar el recurso de inconstitucionalidad que se solicitó del artículo 89 del Arancel de Profesionales del Derecho, la Sala de lo Constitucional estima que de conformidad a Constitucional procede la acción de inconstitucionalidad contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales; en este sentido es muy importante puntualizar, que el Arancel del Profesional de Derecho sólo es susceptible de impugnación por la vía contenciosa administrativa, en virtud de no tener el rango de un cuerpo legal emitido por el Congreso Nacional, por lo que se declaró no ha lugar el recurso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Que con relación a la inconstitucionalidad que se demanda del artículo 89 del Arancel de Profesionales del Derecho, la Sala de lo Constitucional estima que de conformidad a Constitucional procede la acción de inconstitucionalidad contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales; en este sentido cabe y es de suyo muy importante puntualizar, que el Arancel del Profesional de Derecho solo es susceptible de impugnación por la vía contenciosa administrativa, en virtud de no tener el rango de un cuerpo legal emitido por el Congreso Nacional, puesto que la discusión y aprobación de su contenido no ha sido efectuada a través del Órgano competente (legislativo) de conformidad con los procedimientos previstos en la Constitución de la República para la formación de : Que en este sentido cabe subrayar que el Arancel del Profesional de Derecho sólo es susceptible de impugnación por la vía contenciosa administrativa, en virtud de que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dispone que dentro del ámbito de su aplicación conocerá inter alia de lo relativo a los actos generales emitidos por las Entidades de Derecho Público, tales como colegios profesionales, siempre que la ley no lo sometiere a una jurisdicción especial. A manera de complemento a lo anterior, la Sala de lo Constitucional observa que el Arancel del Profesional de Derecho no tiene rango de ley, puesto que el origen, discusión y aprobación de su contenido no ha sido efectuada a través del órgano competente (Congreso Nacional) y no se ha dado cumplimiento con los procedimientos previstos en la Constitución de la República para la formación de la ley, razón suficiente para concluir que las disposiciones de dicho arancel no se encuentran dentro del ámbito de conocimiento de la garantía de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo preceptuado por el artículo 30 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, las acciones que se sigan en contra de las disposiciones del Arancel del Profesional de Derecho, podrán efectuarse directamente y en cualquier tiempo a partir de la fecha en que éstas entren en vigencia; en virtud de que el Arancel del Profesional del Derecho es un acto de carácter general, de naturaleza normativa, emitido por una entidad de derecho público como lo es el Colegio de Abogados de Honduras sujeto a publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”. A criterio de la Sala de lo Constitucional, los actos normativos con efectos generales, no están sometidos a plazo alguno para incoar la acción de impugnación, rigiéndose por el carácter que informa al recurso de inconstitucionalidad que establece que puede ser interpuesto en cualquier tiempo a partir de su vigencia, teniendo como único límite la concurrencia de los presupuestos de legitimación. CONSIDERANDO: Que en virtud de las razones expuestas, la Sala de lo Constitucional estima procedente declarar no ha lugar a la Garantía de Inconstitucionalidad de mérito opuesta por vía de excepción contra el Decreto Legislativo No.82-96, que contiene el Arancel del Profesional del Derecho y en particular el artículo 89, emitido por delegación de del Colegio de Abogados de Honduras.”

Legislación citada

  • Arancel del Profesional del Derecho, art. 89 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

de la Corte Suprema de Justicia, certifica la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de octubre de dos mil seis. VISTA: Para dictar sentencia las Garantías de Inconstitucionalidad interpuestas vía excepción por: a) El Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en su condición de apoderado legal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS Y DE ENERGIA ELECTRICA “ENEE” y b) Por VALLADARES SOLORZANO en su condición de apoderada legal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO: garantías cuya acumulación fue declarada por este Tribunal, pretendiendo la declaratoria de inconstitucionalidad del articulo 89 del Arancel del Profesional del Derecho.- A N T E C E D E N T E S 1) Que consta en los autos haberse promovido ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de esta Sección Judicial las siguientes acciones legales: a) En fecha veintiuno de Septiembre del año dos mil cuatro, el Abogado OSCAR DANIEL HERNANDEZ BARAHONA, actuando en su condición de apoderado legal del señor CARLOS ALBERTO FUENTES UMANZOR, promovió Demanda Ordinaria Laboral, contra el Registro Nacional de las Personas, por medio de su Director y Representante señor RAMON FRITZNED IZAGUIRRE RODRIGUEZ, para que se haga efectivo el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido directo.- b) El veintidós de octubre del año dos mil cuatro, el Abogado MARIO DONALDO ACOSTA CARCAMO, actuando en nombre propio, presentó Demanda Ordinaria Laboral, contra el Registro Nacional de las Personas, por medio de su director y representante, señor RAMON FRITZNED IZAGUIRRE RODRIGUEZ, para que se haga efectivo el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido directo.- c) El siete de diciembre del año dos mil cuatro, CHANDIAS, actuando en nombre propio, promovió Demanda Ordinaria Laboral, contra la mencionada oficina registral reclamando el pago de diecisiete días de salario, pago de reajuste salarial, pago de prestaciones laborales en base a VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (LPS.24,500.00), pago de aumentos anuales de conformidad al índice inflacionario del Banco Central de Honduras el cual es de 8.8% y a Título de Daños y Perjuicios una indemnización equivalente al salario devengado desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la presente por falta de reconocimiento y aplicabilidad de disposición legal contenida en el Arancel del Profesional del Derecho.- d) El nueve de diciembre del año dos mil seis, BALLESTEROS, actuando en nombre propio, presentó Demanda Ordinaria Laboral, contra el indicado Registro Nacional de las Personas, para que se haga efectivo el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido directo.- e) El dos de noviembre del año dos mil cuatro, el Abogado DARIO ELIEZER CACERES ZAVALA, actuando en nombre propio, presentó Demanda Ordinaria Laboral, para que se haga efectivo el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones en virtud de despido directo.- f) El veintiocho de febrero del año dos mil cinco, el Abogado OSCAR ROLANDO MONTOYA, actuando en su condición de apoderado legal de CARRASCO MUÑOZ, promovió Demanda Ordinaria Laboral, contra el señalado Registro Nacional de las Personas, para el pago de complemento de prestaciones e indemnizaciones que le correspondan conforme a derecho, más daños y perjuicios.- g) El veintisiete de enero del año dos mil cinco, el Abogado GUILLERMO JOSE MEJIA SUAREZ, actuando en nombre propio, interpuso Demanda Ordinaria Laboral, contra el Registro Nacional de las Personas, para el pago de complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales.- h) El diecisiete de marzo del año dos mil cuatro, los Abogados ERCILIA KARINA RODRIGUEZ, WILMER URQUIA RODRIGUEZ, HILDA ARGENTINA SUAZO MONDRAGON y ROGER EDGARDO URQUIA RODRIGUEZ, actuando en nombre propio, promovieron Demanda Ordinaria Laboral, contra de Energía Eléctrica, “ENEE” a través de su representante legal señor ANGELO BOTTAZZI SUAREZ, para que en sentencia definitiva se otorgue el reconocimiento de la vigencia y aplicación del Articulo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, pago de ajuste salarial en forma retroactiva desde la fecha de su promulgación en el Diario Oficial La Gaceta y costas del juicio.- i) Que el treinta y uno de marzo del año dos mil cinco, RODRIGUEZ, actuando en nombre propio, promovió Demanda Ordinaria Laboral, contra de Energía Eléctrica, “ENEE” a través de su representante legal señor ANGELO BOTTAZZI SUAREZ, para que en sentencia definitiva se otorgue el reconocimiento de la vigencia y aplicación del articulo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, pago de ajuste salarial en forma retroactiva desde la fecha de su promulgación en el Diario Oficial La Gaceta y costas del juicio. 2) Que el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, actuando en su condición de apoderado de los demandados REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) y de ENERGIA ELECTRICA (ENEE), en el momento oportuno y con fundamento en los artículos 710 del Código del Trabajo en relación con el articulo 185 numeral 2 de la Constitución de la Republica, interpuso Recurso de Inconstitucionalidad por vía de excepción para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 82-96 del 30 de Mayo de 1996 que contiene el Arancel del Profesional del Derecho y en particular su articulo 89, en las diligencias que se dejan señaladas en el inciso que antecede, cuya acumulación ordenó este Tribunal para mantener la unidad o continencia de los autos y ser resuelto por una misma sentencia. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conoce de las Garantías de Inconstitucionalidad acumuladas que por vía de excepción opuso por razón de fondo, el abogado Rigoberto Cerrato Ramírez, en su condición de apoderado legal del Registro Nacional de las Personas (RNP) y de de Energía Eléctrica (ENEE), en contra del Decreto 82-96 del 30 de Mayo de 1996 que contiene el Arancel del Profesional del Derecho y en particular en contra del artículo 89, para declarar su Inconstitucionalidad e Inaplicabilidad; excepción interpuesta en relación con las Demandas Ordinarias Laborales promovidas ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Francisco Morazán, por los señores Carlos Alberto Fuentes Umanzor (Expediente 4144), Mario Donaldo Acosta (Expediente 4214), Maria Eduviges Sánchez Chandías (Expediente 4302), Damicela Soto Ballesteros (Expediente 4305), Darío Eliécer Cáceres Zavala (Expediente 4236), Bessy Maritza Carrasco Muñoz (Expediente 4462) y Guillermo José Mejía Juárez, todos contra el Registro Nacional de las Personas (RNP); asimismo, en relación con la demanda incoada ante el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo de Francisco Morazán por los señores Wilmer Urquía Rodríguez y Ercilia Karina Rodríguez (Expediente 1517) contra de Energía Eléctrica. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República establece el control de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de excepción, en cualquier procedimiento judicial, la Inconstitucionalidad de una ley que considere contraria a la referida norma fundamental; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será objeto de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto derogarán dicha norma. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional de de Justicia, en su carácter de intérprete último y definitivo de la Constitución al caso concreto, tiene la facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de inconstitucionalidad y del control previo de constitucionalidad previsto en el artículo 216 de la Constitución de : Que el Registro Nacional de las Personas (RNP) y de Energía Eléctrica (ENEE), ambas en su condición de personas jurídicas legalmente reconocidas, se encuentran legitimadas para demandar la inconstitucionalidad del Decreto 82-96 del 30 de Mayo de 1996 y del artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, en virtud de tener un interés directo, personal y legítimo; requisitos ineludibles exigidos por la Constitución de : Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido; es decir, inconstitucionalidad material y formal; refiriéndose la primera al planteamiento de la cuestión de sí en la formación de una ley se han seguido los procedimientos previstos en las normas constitucionales y, en la segunda, se determinará su adecuación o inadecuación de la ley con una norma constitucional, o sea que, el problema de fondo consistirá, por tanto, en una labor de interpretación y confrontación de dos normas de distinta jerarquía, a fin de verificar su conformidad o disconformidad. CONSIDERANDO: Que el excepcionista al formalizar la inconstitucionalidad de mérito, dirigida por razón de fondo, contra el Decreto 82-96 contentivo del Arancel del Profesional del Derecho y en particular del artículo 89, arguye lo siguiente: I. El Decreto Legislativo Número 82-96 del 30 de mayo de 1996, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 28,026, del lunes 5 de agosto de 1996, el cual en su artículo 1 establece: (sic) “Derogase el Decreto Legislativo No. 48 de fecha 24 de septiembre de 1971, que contiene el Arancel Judicial, Notarial y Administrativo, quedando facultado el Colegio de Abogados de Honduras, a emitir el que corresponda de conformidad con su ley orgánica.” Conforme acusa el garantista, el Decreto 82-96 resulta inconstitucional porque el Congreso Nacional al facultar al Colegio de Abogados a establecer el arancel judicial, administrativo y notarial colisiona con los artículos 205 numeral 1 y 206 de desarrollar esta aseveración el garantista expresa que mediante este Decreto, el Congreso Nacional en contravención a lo estipulado en el artículo 206 constitucional, mismo que preceptúa la indelegabilidad de las facultades del Congreso Nacional, traslada a favor del Colegio de Abogados la facultad de: crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes, consignada en el numeral 1 del artículo 205 de Arancel del Profesional del Derecho, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 30,131 del día miércoles 9 de julio de 2003, contiene el artículo 89, el cual establece un sueldo mínimo de veintiún mil lempiras mensuales para los profesionales del derecho que sean empleados permanentemente en instituciones públicas y privadas, en virtud de estimar que tal disposición contradice lo prescrito por los artículos 205 No.1 y 32, 206, 331 de incidentista desarrolla la demanda de inconstitucionalidad, asumiendo que el Colegio de Abogados de Honduras, en cumplimiento a lo ordenado en el Decreto No. 82-96, quebrantó la Libertad de Contratación, garantizada por la Constitución, en su artículo 331, al arrogarse la facultad de normar no sólo la relación cliente-profesional, sino las laborales, patrono-empleado; es decir, fijando sueldos o salarios mínimos y beneficios económicos de índole laboral, desnaturalizando por completo el Arancel de honorarios profesionales. Entonces la inconstitucionalidad solicitada estriba en que mediante el Decreto Legislativo 82-96, el Congreso Nacional le atribuyó al Colegio de Abogados la facultad de regular salarios, o al menos esa es la interpretación del Colegio de Abogados de Honduras, al establecerlo así, en el artículo 89 del Arancel del profesional del Derecho. Por otro lado, para el recurrente las pretensiones exigidas a sus poderdantes, con base en el artículo 89 que se impugna, implica la reforma de una ley en vigencia como lo es de Ingresos y Egresos que se aprueba cada año por el Congreso Nacional, conforme a la atribución 32 del artículo 205 de el excepcionista se somete el presupuesto de estas instituciones al arbitrio de una asociación privada, como lo es el Colegio de Abogados de Honduras, pues podrá fijar discrecionalmente sueldos y salarios. El garantista en este sentido resalta que lo referente al presupuesto constituye facultad específicamente atribuida a la cámara legislativa, de la cual quedaría privada en cuanto a que pretende imponer coercitivamente el tiempo completo en instituciones públicas, centralizadas, descentralizadas, autónomas, semi autónomas, empresas mixtas, los tres poderes del Estado y empresa privada en general, fijando además un sueldo mínimo mensual de veintiún mil lempiras (L 21,000.00) y aumentos anuales de acuerdo al índice inflacionario establecido por el Banco Central de Honduras y en caso de que las instituciones privadas otorguen un aumento mayor, se aplicará éste según la conveniencia del profesional del derecho. CONSIDERANDO: Que el excepcionista asevera también que el Arancel del Profesional de Derecho no es una ley por cuanto no nace del Congreso Nacional; pero se deriva de una ley que es el Decreto Legislativo 82-96. Además, es una disposición interna del Colegio de Abogados cuyas normas sólo pueden aplicarse a los miembros de dicha entidad. CONSIDERANDO: Que en la formalización de la Garantía de Inconstitucionalidad el abogado Rigoberto Cerrato Ramírez agrega que la Constitución de la República, en el artículo 177, establece la colegiación profesional obligatoria y dispone que la Ley reglamentará su organización y funcionamiento. En el caso de autos, la normativa legal vigente y constitucionalmente dispuesta, es la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, contenida en el Decreto 73-62 del Congreso Nacional, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 6 de junio de 1962. Dicha ley dispone en su artículo 4 cuales son las finalidades de los colegios profesionales, sin que ninguna de ellas tenga relación con la fijación de honorarios profesionales y mucho menos salarios que son propios y constitutivos de una relación de índole laboral, pues esto seria una contravención a la libertad contractual fijada en el artículo 331 de para el recurrente el artículo 89 atenta contra el Principio de Equidad Tributaria que prohíbe todo incremento salarial, al afectar las partidas presupuestarias a fin de cubrir las disposiciones emitidas en el nuevo arancel, las que para poder viabilizar su aplicación deberán crearse. El excepcionista en este sentido señala que debe tomarse en cuenta el Decreto Legislativo número 219-2003 del Congreso Nacional de fecha 19 de diciembre de 2003, publicado en el Diario Oficial 30,287 de 12 de enero de 2004, mediante el cual se emitió la Ley de Racionalización de las Finanzas Públicas. Dicha ley uniforma y regula la política de sueldos del gobierno central y de las instituciones desconcentradas del Estado, con el propósito de lograr la equidad que garantiza la Constitución de igual forma estima que debe tomarse en cuenta el Decreto Legislativo número 220-2003, de igual fecha y con la misma publicación, mediante el cual se emitió la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, cuyo objetivo fundamental es racionalizar el gasto público mediante la utilización adecuada de los limitados recursos de que dispone el sector público, para el cumplimiento de sus fines. Todo lo cual excluye la posibilidad de aplicación de las disposiciones contenidas en los aranceles profesionales. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Constitución de la República, del Colegio de Abogados de Honduras, fue promulgada porque el ejercicio y práctica de la Profesión del Derecho conlleva un interés público que el Estado está interesado que se cumpla dentro de normas específicas de organización y funcionamiento, a fin de que aseguren al público y a los propios profesionales, la mayor garantía y eficiencia. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en referencia a la inconstitucionalidad que se demanda del Decreto 82-96, se remite a lo dispuesto en el artículo 177 de la Constitución de la Republica vigente, el cual de manera paladina dispone que la regulación, en cuanto a organización y funcionamiento de la colegiación profesional obligatoria, deberá hacerse mediante ley. Disposición constitucional ésta que también se contenía en las Constituciones de 1957 y 1965, las cuales dieron origen a la promulgación de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria en 1962, misma que propicio posteriormente del Colegio de Abogados en 1972. Con todo esto para la Sala de lo Constitucional queda justificada la constitucionalidad de las disposiciones contenidas en del Colegio de Abogados, la cual en el inciso a) del artículo 2, manda que el Colegio, (sic): “regule el ejercicio de la profesión del Derecho en toda la República y establezca los aranceles judicial, administrativo y notarial”. Asimismo, el inciso d) del artículo 8 de esta ley, establece como derecho de los colegiados: (sic) “Convenir sus honorarios con el cliente, sin rebajar las tarifas asignadas en los aranceles Judicial, Notarial y Administrativo. A falta de convenio se aplicarán dichos aranceles. (Se resalta para subrayar el carácter vinculante de las disposiciones arancelarias). Según la ley citada la atribución de aprobar los aranceles judiciales, administrativos y notariales corresponden a la Asamblea, en virtud de que el inciso i) del artículo 25, dispone que todas las atribuciones que determine la ley de mérito y aquellas que no se asignen a otros órganos del Colegio, corresponderán a otra parte, será atribución de , decidir sobre honorarios, cuando surja sobre los mismos, desacuerdo entre los colegiados y sus clientes, si ambas partes determinan someter a su conocimiento la discrepancia, de conformidad con lo previsto en el inciso ñ) del artículo 33, de la ley citada. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional estima que el Arancel de los Profesionales del Derecho fue emitido a instancias del órgano previsto, por la ley aplicable y en líneas generales, de conformidad con lo preceptuado por la Constitución de : Que como confirmación a lo anterior se observa que entre las atribuciones indelegables del Congreso Nacional, contenidas en el artículo 205 de la Constitución, no se incluye la referida a la regulación de los honorarios profesionales ni mucho menos la promulgación de disposiciones arancelarias. De manera que la Sala de lo Constitucional estima que el Arancel de los Profesionales del Derecho fue emitido por el órgano previsto por la Ley aplicable y de conformidad con lo preceptuado por la Constitución de ello debe admitirse que la delegación alegada por el incidentista se hubiera producido si el artículo 205 constitucional, dispusiera como atribución del Congreso Nacional la regulación de los ingresos de los profesionales. En consecuencia, la Sala estima improcedente la Garantía de Inconstitucionalidad dirigida en contra del Decreto Legislativo 82-96, en virtud de que este decreto únicamente reproduce lo ya dispuesto por del Colegio de Abogados de Honduras, en cuanto a la facultad que tiene esta entidad para fijar su Arancel. CONSIDERANDO: Que con relación a la inconstitucionalidad que se demanda del artículo 89 del Arancel de Profesionales del Derecho, la Sala de lo Constitucional estima que de conformidad a Constitucional procede la acción de inconstitucionalidad contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales; en este sentido cabe y es de suyo muy importante puntualizar, que el Arancel del Profesional de Derecho solo es susceptible de impugnación por la vía contenciosa administrativa, en virtud de no tener el rango de un cuerpo legal emitido por el Congreso Nacional, puesto que la discusión y aprobación de su contenido no ha sido efectuada a través del Órgano competente (legislativo) de conformidad con los procedimientos previstos en la Constitución de la República para la formación de : Que en este sentido cabe subrayar que el Arancel del Profesional de Derecho sólo es susceptible de impugnación por la vía contenciosa administrativa, en virtud de que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dispone que dentro del ámbito de su aplicación conocerá inter alia de lo relativo a los actos generales emitidos por las Entidades de Derecho Público, tales como colegios profesionales, siempre que la ley no lo sometiere a una jurisdicción especial. A manera de complemento a lo anterior, la Sala de lo Constitucional observa que el Arancel del Profesional de Derecho no tiene rango de ley, puesto que el origen, discusión y aprobación de su contenido no ha sido efectuada a través del órgano competente (Congreso Nacional) y no se ha dado cumplimiento con los procedimientos previstos en la Constitución de la República para la formación de la ley, razón suficiente para concluir que las disposiciones de dicho arancel no se encuentran dentro del ámbito de conocimiento de la garantía de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo preceptuado por el artículo 30 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, las acciones que se sigan en contra de las disposiciones del Arancel del Profesional de Derecho, podrán efectuarse directamente y en cualquier tiempo a partir de la fecha en que éstas entren en vigencia; en virtud de que el Arancel del Profesional del Derecho es un acto de carácter general, de naturaleza normativa, emitido por una entidad de derecho público como lo es el Colegio de Abogados de Honduras sujeto a publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”. A criterio de la Sala de lo Constitucional, los actos normativos con efectos generales, no están sometidos a plazo alguno para incoar la acción de impugnación, rigiéndose por el carácter que informa al recurso de inconstitucionalidad que establece que puede ser interpuesto en cualquier tiempo a partir de su vigencia, teniendo como único límite la concurrencia de los presupuestos de legitimación. CONSIDERANDO: Que en virtud de las razones expuestas, la Sala de lo Constitucional estima procedente declarar no ha lugar a la Garantía de Inconstitucionalidad de mérito opuesta por vía de excepción contra el Decreto Legislativo No.82-96, que contiene el Arancel del Profesional del Derecho y en particular el artículo 89, emitido por delegación de del Colegio de Abogados de Honduras. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Señor Fiscal Especial, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 62, 80, 82, 90, 96, 128 numerales 5 y 15, 184, 185, 219, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 315, 321, 323, 324, 328 y 332 de la Constitución de la República; 1, 2, 7, 8, 10, 23 No.2 de de los Derechos Humanos; 2, 3, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3, .i del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; 1, 8 y 25 de sobre Derechos Humanos; 2, 18 y 24 de de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 11 y 74 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1 No.2, 5 No.1 y 38 de la Ley de Amparo; 3 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1 del Decreto 82-96; 1, 2, 8 literal d), 20, 25 literal i) y 33 literal ñ) de del Colegio de Abogados de Honduras; 6 Atribución 5ta., del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, FALLA: DECLARAR NO HA LUGAR a la Garantía de Inconstitucionalidad por razón de fondo, interpuesta por vía de excepción de que se ha hecho mérito, en contra del Decreto No.82-96 del 30 de mayo de 1996 contentivo del Arancel del Profesional del Derecho y en particular de su artículo 89, y MANDA: 1) Que la presente sentencia sea notificada personalmente o de oficio mediante cédula fijada en la Tabla de Avisos a más tardar al día siguiente de su fecha. 2) Que se proceda a certificar el presente fallo remitiéndose juntamente con las actuaciones del proceso principal al órgano jurisdiccional, para que decida de conformidad con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, y, 3) Archívense las presentes diligencias en la Secretaría del Tribunal. Redactó DE FLORES. NOTIFIQUESE. Firmas y sello, SUYAPA THUMANN CONDE, Coordinadora, JOSE ROLANDO ARRIAGA MANCIA, CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO, CARLOS ARMANDO FLORES CARIAS, SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, Firma y sello, LUCILA CRUZ MENENDEZ, Secretaria General”Y para ser entregada al Juzgado de Letras Primero del Trabajo de ésta Sección Judicial, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha quince de noviembre de dos mil seis, recaída en el recurso de Inconstitucionalidad de Oficio No 787=06, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de enero de dos mil siete, certificación de la sentencia de fecha diez de octubre de dos mil seis, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad con orden de ingreso en este Tribunal No.57-58-253-355-428-431-465- y 535=05.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

Secretaria General