Sentencia AP-1568-05 — Registro 17990
Resumen
Sentencia declaró con lugar recurso de apelación y revocó auto de prisión dictado contra imputado por suponerlo responsable del delito de Falsificación de Documentos Privados en perjuicio de la Fe Pública, por considerar que incumplió sus obligaciones de Notario; La Autoridad recurrida sobreseyó definitivamente las diligencias a favor del imputado; Consideró que no hay fundamento para dictar Auto de prisión en tanto no se declare en sentencia definitiva de juicio declarativo civil la existencia de un acto ilícito; es por ello que no procede la competencia del juez penal, sólo si en lo civil se determine la existencia de un acto ilícito cometido por el ministro de fe
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"el Ad-quem en su motivación valora en qué consiste la fe pública y relaciona que el requerimiento fiscal se basa en el dictamen del Laboratorio Criminalístico y de Ciencias Forenses, el que al evacuar su pericia respecto de la firma cuestionada, concluye en que no es posible asociar la confección de la misma con una autoría por parte del señor Roberto Carlos pacheco Quiróz, llegando a la conclusión que no existen indicios para fundar otra decisión. Concluyendo, es competencia del Tribunal de instancia, la calificación del delito, quedando vedado a esta Sala pronunciarse al respecto, pues el Ad-quem motiva suficientemente su resolución..."..."analizada la decisión recurrida en amparo, así como el expediente de mérito esta Sala de lo Constitucional considera que no se producen las violaciones constitucionales al derecho de acción ni al debido proceso, pues el representante del Ministerio Público ha tenido el acceso al proceso y a los recursos y acciones legales, y la resolución del Ad-quem ha valorado y motivado suficientemente su decisión. .."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de agosto de dos mil seis. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de Amparo interpuesto ante este Tribunal, el doce de diciembre del año dos mil cinco, por el Abogado JUAN RAFAEL SOTO AGUILAR, hondureño, mayor de edad y de este domicilio, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el doce de octubre del año dos mil cinco, que revoca auto de prisión dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de julio de dos mil cinco, en relación a la causa instruida contra JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ por suponerlo responsable del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS en perjuicio de la FE PÚBLICA. Estima el recurrente como violadas las garantías contenidas en los Artículos 82 párrafo segundo y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.- RESULTA: Que de los antecedentes aparece: a) Que en fecha veintitrés de junio de dos mil cinco, el Abogado ROSA AMALIA SEAMAN SHERAN, en su condición del Fiscal del Ministerio Publico, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores TOMAS HERNÁNDEZ, FRANCISCO ANDARA Y ANDRES REYES, atribuyéndoles responsabilidad en la comisión de los delitos de ESTAFA en perjuicio del señor RICARDO DIONISIO OLIVA y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS en perjuicio de la FE PÚBLICA y contra JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ por considerarlo responsable del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS en perjuicio de la FE PÚBLICA.- b) Que en fecha catorce de julio del año dos mil cinco, el Tribunal A-Quo celebró una Audiencia Inicial en la cual decretó auto de prisión por el delito de falsificación de documentos privados al imputado Juan Ángel Benavides Paz en perjuicio de la Fe Publica, por considerar que incumplió con sus obligaciones de notario, ya que como tal debe verificar que las firmas de los documentos que el autoriza sean puestas por las personas partes en los documentos.- c) Que la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha doce de octubre del año dos mil cinco, resolvió declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado legal del señor Juan Ángel Benavides Paz, revocó el auto de prisión decretado en su contra por el A-Quo y sobreseyó definitivamente las diligencias a favor del imputado, por considerar que la fe pública notarial “no puede ser cuestionada sino únicamente en juicio declarativo civil contradictorio con la participación del respectivo cartulario cuya actuación se cuestione, lo cual permite que en el caso del notariado cuando se trata de un acto o contrato sobre el cual se persigue su invalidación o anulabilidad como efecto, no procede la competencia del juez penal, el cual sólo puede decidir si la jurisdicción civil ha determinado la existencia de un acto ilícito cometido por el ministro de fe, debidamente comprobado en aquel juicio contradictorio”.- RESULTA: Que el Abogado JUAN RAFAEL SOTO AGUILAR, al recurrir de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia proferida la Corte Primera de Apelaciones con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el doce de octubre de dos mil cinco, en la formalización de su Recurso conceptualiza la infracción que alega expresando, entre otros argumentos, los siguientes: a) Que se ha violado el debido proceso, ya que las explicaciones que el Ad-Quem estima oportunas para decretar el Sobreseimiento Definitivo no son congruentes con el hecho de que “el señor ROBERTO CARLOS PACHECO no firmó el documento, por lo que el Notario Público falto a la verdad diciendo que la firma que autenticaba era puesta por el señor Pacheco”.- b) Asimismo se viola dicho precepto al señalar la Corte recurrida que no existen los fundamentos suficientes para decretar un auto de prisión en virtud de no se ha declarado en una Sentencia Definitiva de juicio declarativo civil la existencia de un acto ilícito por lo cual no procede la competencia del juez penal en el caso de que se hace mérito.- c) Que según el artículo 54 del Código Procesal Penal, la jurisdicción en materia penal es improrrogable, por lo que no se puede limitar la prosecución penal en el caso de sub-judice por subsumirse las actuaciones del notario público JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ en el tipo penal de FALSIFICACIÓN DE DOCUENTOS PRIVADOS además, no existe motivación valida que respalde el sobreseimiento.- d) El recurrente alega que el Sobreseimiento Definitivo equivale a una Sentencia Definitiva Absolutoria, e imposibilita al Ministerio Público el derecho que le asiste para incorporar medios de prueba violándose así el derecho al Debido Proceso.- e) El impetrante cita el auto acordado emitido por esta Honorable Corte Suprema en la sesión celebrada el veinte de marzo de mil novecientos noventa y uno y expone que en el caso que nos ocupa “no procede deferir las presentes actuaciones a conocimiento de ningún otro juez o tribunal, ya que los hechos que configuran el delito de Falsificación de Documentos Privados no se derivan de cuestiones civiles, mercantiles ni administrativas, si no de una acción eminentemente criminal como lo tipifica el código penal”.- f) Que se viola el derecho de acción establecido en el artículo 82 Constitucional ya que se le esta imposibilitando al Ministerio Público ejercitar de las acciones en la forma que señala el Código Procesal Penal, impidiéndole poder continuar con la sustentación de la causa.- g) Invoca el recurrente como jurisprudencia las Sentencias de Amparo de fechas dieciocho de junio de mil novecientos noventa y seis, en la causa instruida por el delito de Falsificación de Sellos Oficiales, Falsificación de Documentos Públicos y Violación a los Deberes de los Funcionarios, y uno de noviembre de dos mil uno, en la causa instruida contra Luís Felipe Tercero Flores y Elsa Martínez Morales por el delito de Falsificación de Documentos Públicos.- h) Finalmente expone el impetrante que el Tribunal Ad-Quem aplicó en su resolución de manera indebida el artículo 296 del Código Procesal Penal, siendo el correcto el 297 del mismo cuerpo legal.- RESULTA: Que este Tribunal, en auto de fecha trece de febrero de dos mil seis, tuvo a bien omitir la vista al Señor Fiscal del Despacho para que emitiera su dictamen, por ser el Ministerio Público el recurrente en el presente amparo.- CONSIDERANDO: Que el Abogado JUAN RAFAEL SOTO AGUILAR recurre en amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de esta Sección Judicial de fecha doce de octubre de dos mil cinco, que revoca el auto de prisión de fecha catorce de julio del mismo año, dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa que sobresee definitivamente la cusa a favor del imputado, en el proceso instruido contra JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ por el delito de Falsificación de documentos privados, en perjuicio de la fe pública, alegando violación de los artículos 82 párrafo segundo y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, por considerar que al dictarse sobreseimiento definitivo por el Ad-quem argumentando que no existen fundamentos para decretar el auto de prisión, mientras no se declare en sentencia definitiva de juicio declarativo civil que ha existido un acto ilícito no procede la competencia del juez penal, se ha violado el debido proceso, ya que considera que no se puede limitar la persecución penal en el caso de autos, puesto que la actuación del Notario Público Juan Angel Benavides Paz se subsume en el tipo penal de falsificación de documentos públicos y es competente la jurisdicción penal y estima que los fundamentos del Ad-quem para dictar sobreseimiento definitivo son equívocos, es decir, que si la motivación es errónea, el sobreseimiento dictado, es ausente de motivación y por ende violatorio del debido proceso; y en cuanto al artículo 82 párrafo segundo de la Constitución de la República considera que al dictarse sobreseimiento definitivo, se ha obstaculizado al Ministerio Público el ejercicio de sus acciones, porque le impide al fiscal continuar con la sustentación de la causa. CONSIDERANDO: Que del estudio de los antecedentes aparece que el Ministerio Público en fecha veintidós de junio de dos mil cinco, presentó requerimiento fiscal contra Tomás Hernández, Francisco Andara y Andrés Reyes por el delito de estafa en perjuicio del señor Ricardo Dionisio Oliva y Falsificación de documentos privados en perjuicio de la fe pública. En audiencia inicial de fecha catorce de julio de dos mil cinco el A-quo decreta auto de prisión contra Francisco Andara y al Abogado Juan Angel Benavides Paz le decreta auto de prisión con medidas cautelares de presentarse a la judicatura un día hábil de cada semana y prohibición de salir del país. El apoderado legal del Abogado Juan Angel Benavides Paz recurre en apelación pidiendo se revoque el auto de prisión y se dicte sobreseimiento definitivo. En fecha doce de octubre de dos mil cinco, la Corte Primera de Apelaciones de esta Sección Judicial declara con lugar el recurso de apelación y revoca el auto de prisión decretado contra Juan Angel Benavides Paz y sobresee definitivamente las diligencias a favor del imputado antes citado. CONSIDERANDO: Que el Ad-quem en su motivación valora en qué consiste la fe pública y relaciona que el requerimiento fiscal se basa en el dictamen del Laboratorio Criminalístico y de Ciencias Forenses, el que al evacuar su pericia respecto de la firma cuestionada, concluye en que no es posible asociar la confección de la misma con una autoría por parte del señor Roberto Carlos pacheco Quiróz, llegando a la conclusión que no existen indicios para fundar otra decisión. Concluyendo, es competencia del Tribunal de instancia, la calificación del delito, quedando vedado a esta Sala pronunciarse al respecto, pues el Ad-quem motiva suficientemente su resolución. CONSIDERANDO: Que analizada la decisión recurrida en amparo, así como el expediente de mérito esta Sala de lo Constitucional considera que no se producen las violaciones constitucionales al derecho de acción ni al debido proceso, pues el representante del Ministerio Público ha tenido el acceso al proceso y a los recursos y acciones legales, y la resolución del Ad-quem ha valorado y motivado suficientemente su decisión. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 No. 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 63 de la Ley de Justicia Constitucional, FALLA: 1) DENEGANDO el recurso de amparo de mérito. MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada THUMANN CONDE. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello, SUYAPA THUMANN CONDE, COORDINADORA, JOSÉ ROLANDO ARRIAGA MANCIA, CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO, CARLOS ARMANDO FLORES CARIAS, SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, Firma y Sello LUCILA CRUZ MENENDEZ, Secretaria General.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de octubre de dos mil seis, certificación de la sentencia de fecha diez de agosto de dos mil seis, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1568=05/84-87=06.-
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL