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Sentencia AC-586-19 — Registro 12701

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó la acción de amparo con relación a la demanda para el reconocimiento de una unión de hecho póstuma. - Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado, en perjuicio de su representada, los derechos constitucionales contenidos en los artículos 64, 80, 82, 90, 183 y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (9): Que, a folio 38 de la segunda pieza, consta la nota de remisión enviada por la secretaria por ley Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán, en el cual se lee que se remitieron los antecedentes en mención, en fecha diecisiete de junio de dos mil diecinueve, sobrepasando por mucho el termino de veinticuatro horas señalado. Esta Sala de lo Constitucional observa que el término supra, fue incumplido al enviar los antecedentes, de manera extemporánea. (Ver folio 38). - Acto seguido el Tribunal dictó la sentencia que corresponde en aplicación del artículo 53 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (10): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (11): Que la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, ha sido dictada con apego a la legalidad y consecuentemente respetando el debido proceso, por lo que, es procedente cumplir con la sanción impuesta por el legislador, en este caso al A-quo, al incumplir con el procedimiento preestablecido, vulnerándole el derecho de defensa y el debido proceso al recurrente, al negarse de manera injustificada a enviar los antecedentes requeridos, por lo que es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, que otorga de pleno derecho el amparo venido en consulta.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (9): Que, a folio 38 de la segunda pieza, consta la nota de remisión enviada por la secretaria por ley Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán, en el cual se lee que se remitieron los antecedentes en mención, en fecha diecisiete de junio de dos mil diecinueve, sobrepasando por mucho el termino de veinticuatro horas señalado. Esta Sala de lo Constitucional observa que el término supra, fue incumplido al enviar los antecedentes, de manera extemporánea. (Ver folio 38). - Acto seguido el Tribunal dictó la sentencia que corresponde en aplicación del artículo 53 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (10): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (11): Que la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, ha sido dictada con apego a la legalidad y consecuentemente respetando el debido proceso, por lo que, es procedente cumplir con la sanción impuesta por el legislador, en este caso al A-quo, al incumplir con el procedimiento preestablecido, vulnerándole el derecho de defensa y el debido proceso al recurrente, al negarse de manera injustificada a enviar los antecedentes requeridos, por lo que es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, que otorga de pleno derecho el amparo venido en consulta.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de enero de dos mil veinte. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil diecinueve (2019), que otorgó la acción de amparo interpuesta por el abogado MARCO ANTONIO ZELAYA REYES, en su condición de apoderado legal de la ciudadana KENIA MARITZA CASTRO MARTÍNEZ, contra la Resolución del JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha nueve (9) de abril del año dos mil diecinueve (2019); con relación a la demanda promovida por la señora KENIA GRISELDA BORJAS LÓPEZ, para el reconocimiento de una unión de hecho póstuma, con el señor JOSÉ ALEJANDRINO CASTRO ORTIZ, contra la ciudadana KENIA MARITZA CASTRO MARTÍNEZ.- Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado, en perjuicio de su representada, los derechos constitucionales contenidos en los artículos 64, 80, 82, 90, 183 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintisiete (27) de julio de dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de Familia del departamento de Francisco Morazán, la señora KENIA GRISELDA BORJAS LÓPEZ, interponiendo demanda para el reconocimiento de una unión de hecho póstuma, que sostuvo con el señor JOSÉ ALEJANDRINO CASTRO ORTIZ, contra la ciudadana KENIA MARITZA CASTRO MARTÍNEZ, solicitando que se declare con lugar la demanda, declarando la unión de hecho, y se libre el mandamiento de ejecución para su inscripción en el registro correspondiente. (Folios 1–9 de la Primera Pieza de los antecedentes) 2) Que conociendo de un incidente de nulidad presentado en fecha tres (3) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), por el abogado MARCO ANTONIO ZELAYA REYES, en su condición de representante procesal de la ciudadana KENIA MARITZA CASTRO MARTÍNEZ, el citado Juzgado dictó su Resolución en fecha nueve (9) de abril del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: En virtud de lo antes expuesto, este juzgado resuelve decretar SIN LUGAR EL INCIDENTE DE NULIDAD interpuesto por el abogado MARCO ANTONIO ZELAYA REYES, en su condición de representante procesal de la señora KENIA MARITZA CASTRO MARTINEZ.- SEGUNDO: Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.-” (Folios 173, 174, 221 y 222 de la Primera Pieza de los antecedentes). 3) Que el abogado MARCO ANTONIO ZELAYA REYES, compareció ante Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve (9) de mayo de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de la ciudadana KENIA MARITZA CASTRO MARTÍNEZ, contra la Resolución de fecha veinticuatro nueve (9) de abril del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 80, 82, 90, 183 y 321 de la Constitución de la República. (Folio 55 de la Pieza de Amparo). 4) Que seguido el trámite de ley, que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó Sentencia en fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: OTORGAR DE PLENO DERECHO la acción de amparo interpuesta por el Abogado MARCO ANTONIO ZELAYA REYES, actuando en su condición de apoderado legal de la joven KENIA MARITZA CASTRO MARTINEZ, contra la resolución proferida por el Juzgado de Letras de Familia del departamento de Francisco Morazán de fecha 24 de abril de 2018; SEGUNDO: Tener por violados los derechos Constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 en su párrafo primero de la Constitución de la República, por el Juzgado antes referido.” (Folios 44–47 de la Pieza de Amparo). 5) Que en fecha veintiséis (26) de junio de dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciocho de junio del año dos mil diecinueve, que OTORGO la acción de amparo interpuesta por el abogado MARCO ANTONIO ZELAYA REYES, en su condición de apoderado legal de la ciudadana KENIA MARITZA CASTRO MARTÍNEZ, contra la Resolución del JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha nueve (9) de abril del año dos mil diecinueve (2019); con relación a la demanda promovida por la señora KENIA GRISELDA BORJAS LÓPEZ, para el reconocimiento de una unión de hecho póstuma, con el señor JOSÉ ALEJANDRINO CASTRO ORTIZ, contra la ciudadana KENIA MARITZA CASTRO MARTÍNEZ. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su contra los artículos 64, 80, 82, 90, 183 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que de entrada es menester señalar que no es necesario entrar al fondo del asunto, ya que el caso que nos ocupa se ha resuelto en puertas, siguiendo cuidadosamente la normativa contenida en los artículos 52 y 53 de la Ley sobre Justicia Constitucional, en los que el Legislador mandan un procedimiento específico a cumplir por parte del órgano jurisdiccional, con sanciones severas, pues se trata de posibles vulneraciones de derechos humanos. CONSIDERANDO (4): Que el Artículo 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, relativo a: DE LA COMUNICACIÓN PIDIENDO ANTECEDENTES INFORME, literalmente dice: “…En el auto de admisión de la demanda de amparo, el órgano jurisdiccional ordenará el libramiento de comunicación a la autoridad, persona o entidad contra la que se interpone la acción para que remita los respectivos antecedentes o rinda un informe circunstanciado en relación con los mismos. El plazo para remitir los antecedentes o el informe será determinado por el órgano jurisdiccional, pero no podrá exceder de cinco (5) días hábiles teniendo en cuenta la distancia y la rapidez de los medios de comunicación, sin perjuicio de que en casos excepcionales el órgano jurisdiccional pueda ampliar el plazo. Los informes se considerarán rendidos bajo juramento, por consiguiente, cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir a quienes lo firmen en el delito de falsificación de documentos públicos. El auto de admisión de la demanda de amparo se notificará al Ministerio Público, para el cumplimiento de los deberes de su cargo. La ausencia de apersonamiento del Ministerio Público no impedirá la tramitación y resolución del recurso. El envío de los antecedentes no obsta para que la autoridad recurrida siga con el conocimiento del asunto hasta el momento para dictar sentencia definitiva, y con tal fin, dejará un extracto de las actuaciones principales, siempre y cuando el amparo no se haya admitido con suspensión del acto reclamado.” CONSIDERANDO (5): Que asimismo el Artículo 53 de la misma ley en estudio, contiene lo relativo al EFECTO DE LA NO REMISIÓN DE ANTECEDENTES O INFORME, y dice: “…Si dentro del plazo señalado en el artículo anterior no se enviaren los antecedentes o el informe, la autoridad que estuviere conociendo de la acción dictará auto de apremio, mandando a requerir a la autoridad recurrida bajo el apercibimiento de que, si no cumple dentro del término de veinticuatro horas con el mandato, se tendrá como violado el derecho o garantía que motiva la acción, y se resolverá éste sin más trámite, salvo el caso fortuito o de fuerza mayor. El no envío de los antecedentes o, en su caso, del informe, hará incurrir al responsable en el delito de abuso de autoridad y los daños y perjuicios que se ocasionaren, correrán por cuenta de quien haya incumplido lo prescrito en el párrafo anterior. El órgano jurisdiccional ante quien se promoviere la acción, deberá hacer, a la autoridad recurrida, las prevenciones establecidas en este y el precedente artículo.” CONSIDERANDO (6): Que, así las cosas, la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece taxativamente los procedimientos a seguir en cada una de las acciones constitucionales que desarrolla. En el presente caso, en la acción de amparo interpuesta, consta en autos que en fecha seis de junio de dos mil diecinueve, el Tribunal de alzada, dictó auto de admisión, ordenando el A-quo, en cumplimiento a los términos legales establecidos, que dentro de tres días remita los antecedentes, es decir, el expediente en el cual se dictó la resolución objeto del Amparo, mandamiento de obligado cumplimiento, para la continuación fundamental del procedimiento constitucional de amparo. CONSIDERANDO (7): Que, se observa en los antecedentes la desobediencia injustificada protagonizada por el A-quo, al incumplir la comunicación enviada en fecha siete de junio de dos mil diecinueve, enviada por la secretaria del Tribunal de alzada, en la cual se comunica el contenido del auto de fecha seis de junio de dos mil diecinueve, conteniendo el auto de admisión de la acción de amparo interpuesta, y los mandamientos señalados en el artículo 52 de la ley Sobre Justicia Constitucional supra. (Ver folio 27 p.p.). - CONSIDERANDO (8): Que, a folio 32 de la segunda pieza, consta el informe emitido por la secretaria del Tribunal de Alzada de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, en el cual se lee que el término de tres días concedidos al Tribunal de primera instancia para el envío de los antecedentes en acatamiento a la ley, fue incumplido, por lo que se procedió a dictar un auto de apremio de fecha 13 de junio de dos mil diecinueve, y mandó requerir la autoridad recurrida bajo el apercibimiento que otorga solamente el término de veinticuatro horas para que el A-quo remita el expediente, mandando que si no cumple dentro del término de veinticuatro horas, se tendrá: 1.- Como violado el derecho o garantía que motiva la acción, y se resolverá éste sin más trámite, salvo el caso fortuito o de fuerza mayor. El no envío de los antecedentes o, en su caso, del informe, 2.- Hará incurrir al responsable en el delito de abuso de autoridad y 3.- Responderá por los daños y perjuicios que se ocasionaren. CONSIDERANDO (9): Que, a folio 38 de la segunda pieza, consta la nota de remisión enviada por la secretaria por ley Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán, en el cual se lee que se remitieron los antecedentes en mención, en fecha diecisiete de junio de dos mil diecinueve, sobrepasando por mucho el termino de veinticuatro horas señalado. Esta Sala de lo Constitucional observa que el término supra, fue incumplido al enviar los antecedentes, de manera extemporánea. (Ver folio 38). - Acto seguido el Tribunal dictó la sentencia que corresponde en aplicación del artículo 53 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (10): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (11): Que la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, ha sido dictada con apego a la legalidad y consecuentemente respetando el debido proceso, por lo que, es procedente cumplir con la sanción impuesta por el legislador, en este caso al A-quo, al incumplir con el procedimiento preestablecido, vulnerándole el derecho de defensa y el debido proceso al recurrente, al negarse de manera injustificada a enviar los antecedentes requeridos, por lo que es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, que otorga de pleno derecho el amparo venido en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5), 316 No. 1) de la Constitución de la República, 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 52, 53, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 3 y 78 del Código Procesal Civil, FALLA: Confirmando la Sentencia dictada la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil diecinueve (2019), que otorgó la acción de amparo interpuesta por el abogado MARCO ANTONIO ZELAYA REYES, en su condición de apoderado legal de la ciudadana KENIA MARITZA CASTRO MARTÍNEZ, contra la Resolución del JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha nueve (9) de abril del año dos mil diecinueve (2019); con relación a la demanda promovida por la señora KENIA GRISELDA BORJAS LÓPEZ, para el reconocimiento de una unión de hecho póstuma, con el señor JOSÉ ALEJANDRINO CASTRO ORTIZ, contra la ciudadana KENIA MARITZA CASTRO MARTÍNEZ. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. – Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos días del mes de febrero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil veinte, recaída en el recurso de amparo civil venido en consulta registrada en este Tribunal con el número SCO-0586-2019.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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