Sentencia AP-873-09 — Registro 3857
Resumen
Sentencia recurrida ,dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, que revocó el sobreseimiento provisional y ordeno el auto de prisión por considerarlos responsables del delito de Estafa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."..."CONSIDERANDO: Vistos que fueron los antecedentes del caso sobre el particular se desprende de que la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán al revocar el sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en la causa enfatizó en el curso de su motivación que en esta etapa del proceso no se requiere acudir al Standard convictivo de certeza, puesto que no se trata de un juicio de condena, para lo cual se precisa de un cúmulo exhaustivo de prueba para que el Juez tome la decisión pertinente en Derecho; valorando que con la prueba documental, inspeccional (Sic) y testifical evacuada se ha cumplido con la acreditación plena de un delito de estafa e indicios racionales de que el imputado tuvo participación en los hechos. Mientras tanto, el párrafo segundo del artículo 297 numeral 1), que es uno de los fundamentos de la resolución impugnada, establece los alcances conceptuales del caso: “Para decretar auto de prisión, el Juez considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión de un delito…”. En la resolución que se examina se realiza una sucinta valoración de cómo los testigos de cargo examinados, a saber: WENDY XIOMARA JUÁREZ MONCADA, MARLON OMAR ZALDIVAR Y CÉSAR ANTONIO RÁPALO RIVERA, y la presentación de otros medios de prueba documental (consistente en fotocopia) e Inspección Judicial a otro expediente deducido contra la misma persona que se presenta como agraviada y en perjuicio de la misma compañía de seguros que se conceptúa como víctima en el caso, han sido considerados como plena acreditación del delito cometido, a saber, el de Estafa y, asimismo, como: “… hecho, acto o circunstancia que (le) sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión de un delito…”, según reza el citado artículo. CONSIDERANDO: Que amen del deber legal de motivación, el cual se encuentra cumplimentado con los elementos fácticos y valorativos que anteceden, asiste al caso concreto la observancia de la Circular de fecha dos de mayo de dos mil uno emitida por la honorable Corte Suprema de Justicia, por la cual, en lo conducente a los autos de prisión, se establece que en el proveído correspondiente debe exponerse: 1. Cuáles son los hechos que se subsumen en el tipo penal del caso; 2. Cuál es la prueba plena, relativa a esos hechos; 3. Cuáles son los indicios racionales en que se fundan para estimar la posible participación del imputado; y 4. Cuál es la prueba con que los mismos se consideran acreditados, constatándose que la presente motivación está referenciada al caso concreto, con expresión de los elementos probatorios tenidos en cuenta tanto para la acreditación del delito como para adquirir la convicción de la participación del imputado en el mismo; fundada en ley adjetiva y material, y consiste en una simple cita o reiteración de los preceptos legales aplicables al caso (Vid. Artículo 141 del Código Procesal Penal), por lo cual no se encuentra asidero al alegato formalizado por la garantista en el sentido que dicha resolución ultraja el principio de legalidad según dispuesto en el artículo 92 constitucional. En virtud de ello y por todo lo señalado en el iter de este fallo, se estima procedente denegar el amparo de mérito."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 92 (Decreto)
Sentencia
Certificación del fallo recaído en el AP 873=09 en fecha 28 de abril de 2010
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA:La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de abril de dos mil diez.VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada RITZA YOLANDA ANTUNES REYES, a favor del señor JOSUE ALEJANDRO CARRASCO MONCADA, mayor de edad, soltero, licenciado en comercio internacional, hondureño y de este domicilio, contra la sentencia de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil nueve, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, que revocó el sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de febrero del año dos mil nueve; con relación a la causa instruida contra los señores JOSUE ALEJANDRO CARRASCO MONCADA E ISMAEL EDGARDO RAUDALES MOLINA, por considerarlos responsables del delito de ESTAFA en perjuicio de la sociedad mercantil denominada INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A..ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve de diciembre del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada EDITH RODRIGUEZ VALLE, actuando en su condición de agente de tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores JOSUE ALEJANDRO CARRASCO MONCADA E ISMAEL EDGARDO RAUDALES MOLINA, por considerarlos responsables del delito de ESTAFA en perjuicio de la sociedad mercantil denominada INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.2) Que en fecha veintisiete de febrero del año dos mil nueve, el Juzgado instructor, en resolución tomada en Audiencia Inicial, decretó: a) sobreseimiento definitivo a favor del señor ISMAEL EDGARDO RAUDALES MOLINA, por el delito que se le imputa, en virtud de no existir los elementos suficientes para decretar auto de prisión en su contra, por no haberse acreditado fehacientemente los indicios de participación de este en el hecho, citando como fundamento jurídico el artículo 296 numeral 1) del Código Procesal Penal; y, b) sobreseimiento provisional a favor del señor JOSUE ALEJANDRO CARRASCO MONCADA, por suponerlo responsable del delito de Estafa en relación al cheque número 154641 extendido por la compañía Interamericana de Seguros S.A., en virtud de no existir indicios razonables suficientes en contra de este, pues según el cargo que ocupaba en la aseguradora, no era la persona que autorizaba dicho pago, tampoco aparece que haya cobrado dicho cheque y sumado a todo ello no se presentó la documentación completa a este caso; citando como fundamento jurídico los artículos 294 numeral 1) y 295 del Código Procesal Penal.3) Que en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil nueve, la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, declaró ha lugar los Recursos de Apelación interpuestos, tanto por el Ministerio Público como por el Acusador Privado y revocó el sobreseimiento provisional dictado por el A-quo a favor del señor JOSUE ALEJANDRO CARRASCO MONCADA, ordenando al Tribunal de primera instancia que dicte el respectivo auto de prisión en su contra, por considerar que con la prueba allegada y evacuada en el juicio, se logró establecer tanto la plena prueba de la comisión del delito, como el indicio racional de que el imputado participó en el mismo; citando como fundamento de su decisión los artículos 294 y 297 numeral 1) del Código Procesal Penal. 4) La recurrente abogada RITZA YOLANDA ANTUNES REYES, compareció ante este Tribunal, en fecha diecinueve de junio del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor del señor JOSUE ALEJANDRO CARRASCO MONCADA, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil nueve, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 89 y 92 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO: Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil nueve por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán que revocó el sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán a favor del agraviado en audiencia inicial, por considerar que no existían indicios razonables suficientes de supuesta participación del imputado en el ilícito penal objeto del proceso. CONSIDERANDO: La exposición de agravios contra las garantías que amparan al señor JOSUE ALEJANDRO CARRASCO MONCADA, la realiza así la recurrente, abogada RITZA YOLANDA ANTUNES REYES: 1. Que se ha violado con la resolución impugnada el Estado de inocencia que asiste al imputado, protegido constitucionalmente en el artículo 89 de la Constitución de la República dado que entre los fundamentos de su resolución se establece en el numeral primero que la Defensa no aportó en audiencia inicial elementos probatorios en descargo de su representado; “… dejando entrever la Corte que su decisión de revocar el sobreseimiento provisional dictado por la A-Quo, obedece a la ausencia de pruebas por parte de la Defensa, y no a que la parte acusadora haya ofrecido elementos probatorios que acreditarán los dos requisitos indispensables para dictar un auto de prisión, tales como son, plena prueba de comisión de un delito e indicio racional de participación”; lo cual resultaría en una infracción a la presunción iuris tantum, lo que no exime a la parte acusada de realizar una actividad probatoria a su favor cuando exista un mínimo de pruebas en su contra, lo cual no es el caso; y, asimismo, a que se realice suficiente actividad probatoria de signo incriminatorio, no pudiendo presentarse meras copias fotostáticas como equivalente a una adecuada actividad probatoria, y 2. Que se ha violado el principio de legalidad, según dispuesto en el artículo 92 constitucional, el cual establece que para dictar auto de prisión debe concurrir, plena prueba de configuración del delito, e indicio racional de participación del imputado, elementos que no concurren al caso de autos por lo siguiente: 2.1 Porque en ningún momento se ofrecieron y evacuaron por los acusadores actos de investigación tendientes a acreditar la existencia de un hecho punible, antes bien, sus acciones denotan que sus pretensiones son utilizar la jurisdicción penal para la recuperación de un pago de lo no debido; y, 2.2 Porque, entre otras razones, establece que se ha acreditado plenamente la existencia de un delito de estafa, lo cual no es cierto, entre otras razones porque no se probó que el agraviado haya recibido pago de seguro de vida alguno, ni que haya intentado hacer creer a la Aseguradora mediante la presentación de documentos que el señor CESAR ANTONIO RÁPALO RIVERA estuviere muerto; llegándose al extremo de presentar copias de una supuesta póliza a su favor, alegando el extravió de la original. Asimismo no se presento la supuesta acta de defunción falsa, que medió, según el argumento acusatorio, para inducir a la Aseguradora a pagar el supuesto cheque. Continúa su alegato la recurrente en hacer notar a la Sala que la acusación argumenta que existe una estafa porque el agraviado, en su condición de ajustador de la compañía, pagaba y revisaba la documentación, lo cual a simple vista es falso, dado que un simple ajustador no puede tener tan amplias facultades, privativas en montos mayores a CINCUENTA MIL LEMPIRAS del Comité de Reclamos, tal y como lo ha indicado la testigo WENDY XIOMARA JUAREZ MONCADA, lo cual es parte de un protocolo actuaciones que involucra además a un analista, al departamento de auditoria y al departamento de contabilidad, donde finalmente se extiende el finiquito. La Corte de Apelaciones al revocar la resolución de merito, no valoró que la Fiscalia en ningún momento presentó la supuesta póliza de seguros suscrita el señor CESAR ANTONIO RÁPALO RIVERA, por lo tanto no podía presumirse por parte del Juez la existencia de la misma, por el sólo dicho de la parte acusadora. Señala la recurrente que los elementos documentales presentados por la Acusación no vinculan de manera alguna a su representado al caso y que tampoco se ha probado que el imputado haya inducido a la Aseguradora a error, ni que esta haya sufrido un daño patrimonial; no procediendo referirse al tema de indicio racional de participación, dado que no se probó la existencia de delito. Finaliza expresando la recurrente que los testigos presentados por los acusadores público y privado han referido que los responsables del hecho son personas muy poderosas dentro de la Aseguradora, nunca se mencionó por el señor VLADIMIR NUÑEZ a su cliente; mientras tanto, MARLON OMAR SALDIVAR RÁPALO y su sobrino, CESAR ANTONIO RÁPALO, quienes han sido beneficiados por la fiscalía por abstención de ejercitar contra ellos la acción penal, tienen un interés profundo en acusar falsamente a cualquier persona a cambio de que no se les cobre lo defraudado a la Aseguradora, además de haber entrado ambos en serias contradicciones, por lo cual no merecen confianza alguna, peor aún cuando se trata de poner en tela de juicio el estado de inocencia de una persona.CONSIDERANDO: Que se impone analizar en sede constitucional los argumentos planteados por la amparista por los cuales se señala como violentado el Estado de Inocencia que ampara al imputado, señor JOSUE ALEJANDRO CARRASCO MONCADA, así como el principio de legalidad en el presente caso, por parte de la autoridad recurrida.CONSIDERANDO: Que en relación al primer alegato del caso, analizada que fue la resolución de alzada, resulta claro para la Sala Constitucional que si bien se establece en el numeral primero: “… que el apoderado defensor no aportó en audiencia, elementos probatorios en descargo de su representado…“, no menos cierto es que dicha aseveración se explica a continuación, al tenor literal de la resolución recurrida: “… en consecuencia, la prueba incriminatoria no fue controvertida, mucho menos desvirtuados los cargos formulados por el Ministerio Público”. Bajo este contexto, resulta lógico el aserto del Tribunal Ad-Quem, que habiéndose presentado elementos de cargo por el Ministerio Público en contra de la presunción de inocencia que ampara al imputado, su Defensa Técnica no los controvirtió, haciendo uso, inter alia, de elementos probatorios que los desvirtuarán. Lo anterior es admisible a la luz de la teoría general del proceso, pues la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no al imputado; siendo en todo caso aquel y no éste quien la cumplimentó en debida forma. Por otra parte, en la formalización del recurso por la amparista, se afirma: (que) no exime a la parte acusada de realizar una actividad probatoria a su favor cuando exista un mínimo de pruebas en su contra; criterio razonable, que se condice de la actividad valorativa llevada a cabo por el juzgador de segunda instancia; siempre en el entendido que es la jurisdicción la que puede calificar jurídicamente, y con efecto obligatorio, la existencia o inexistencia de la actividad mínima probatoria suficiente, como en este caso se ha proferido en forma afirmativa y con fundamento en derecho por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán al resolver el recurso de alzada. Por todo ello, el alegato de la garantista no logra demostrar cómo, y de qué manera, una cierta valoración de los elementos probatorios por parte de la jurisdicción en el marco del debido proceso, resulta lesiva de la presunción iuris tantum invocada como violada; no resultando de recibo, asimismo, que no puedan presentarse meras copias fotostáticas como equivalente a una adecuada actividad probatoria, apreciándose claramente de la resolución recurrida que la actividad probatoria de cargo no se basó únicamente en la presentación de copias fotostáticas, sino que también en la deposición de una pluralidad de testigos pertinentes al hecho que se juzga.CONSIDERANDO: Que el segundo concepto de la infracción reclamada por la recurrente, es relativo a: Que se ha violado el principio de legalidad, según dispuesto en el artículo 92 constitucional, el cual establece que para dictar auto de prisión debe concurrir, plena prueba de configuración del delito, e indicio racional de participación del imputado, elementos que no concurren al caso. Este postulado constitucional tiene desarrollo procesal penal en el artículo 294 y subsiguientes del Código Procesal Penal, y especialmente, en lo atinente al caso concreto en el artículo 297 numeral 1) que es uno de los fundamentos de la resolución impugnada en sede constitucional. Dicha norma jurídica contiene dos puntos esenciales para la persona imputada, a saber: primero, que para dictársele auto de prisión debe haber plena prueba de haberse cometido un delito, y, en segundo término, que deben concurrir elementos racionales de participación en dicho delito. Conviene pues examinar desde el punto de vista constitucional y procesal, si ambos elementos concurren a la causa.CONSIDERANDO: Vistos que fueron los antecedentes del caso sobre el particular se desprende de que la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán al revocar el sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en la causa enfatizó en el curso de su motivación que en esta etapa del proceso no se requiere acudir al Standard convictivo de certeza, puesto que no se trata de un juicio de condena, para lo cual se precisa de un cúmulo exhaustivo de prueba para que el Juez tome la decisión pertinente en Derecho; valorando que con la prueba documental, inspeccional (Sic) y testifical evacuada se ha cumplido con la acreditación plena de un delito de estafa e indicios racionales de que el imputado tuvo participación en los hechos. Mientras tanto, el párrafo segundo del artículo 297 numeral 1), que es uno de los fundamentos de la resolución impugnada, establece los alcances conceptuales del caso: “Para decretar auto de prisión, el Juez considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión de un delito…”. En la resolución que se examina se realiza una sucinta valoración de cómo los testigos de cargo examinados, a saber: WENDY XIOMARA JUÁREZ MONCADA, MARLON OMAR ZALDIVAR Y CÉSAR ANTONIO RÁPALO RIVERA, y la presentación de otros medios de prueba documental (consistente en fotocopia) e Inspección Judicial a otro expediente deducido contra la misma persona que se presenta como agraviada y en perjuicio de la misma compañía de seguros que se conceptúa como víctima en el caso, han sido considerados como plena acreditación del delito cometido, a saber, el de Estafa y, asimismo, como: “… hecho, acto o circunstancia que (le) sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión de un delito…”, según reza el citado artículo. CONSIDERANDO: Que amen del deber legal de motivación, el cual se encuentra cumplimentado con los elementos fácticos y valorativos que anteceden, asiste al caso concreto la observancia de la Circular de fecha dos de mayo de dos mil uno emitida por la honorable Corte Suprema de Justicia, por la cual, en lo conducente a los autos de prisión, se establece que en el proveído correspondiente debe exponerse: 1. Cuáles son los hechos que se subsumen en el tipo penal del caso; 2. Cuál es la prueba plena, relativa a esos hechos; 3. Cuáles son los indicios racionales en que se fundan para estimar la posible participación del imputado; y 4. Cuál es la prueba con que los mismos se consideran acreditados, constatándose que la presente motivación está referenciada al caso concreto, con expresión de los elementos probatorios tenidos en cuenta tanto para la acreditación del delito como para adquirir la convicción de la participación del imputado en el mismo; fundada en ley adjetiva y material, y consiste en una simple cita o reiteración de los preceptos legales aplicables al caso (Vid. Artículo 141 del Código Procesal Penal), por lo cual no se encuentra asidero al alegato formalizado por la garantista en el sentido que dicha resolución ultraja el principio de legalidad según dispuesto en el artículo 92 constitucional. En virtud de ello y por todo lo señalado en el iter de este fallo, se estima procedente denegar el amparo de mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 80, 82, 89, 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 55, 56 y 63 de la Ley de Justicia Constitucional; y 141 del Código Procesal Penal; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado RUIZ GAEKEL. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. COORDINADOR. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el uno de junio de dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No 873-P726=09.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA CONSTITUCIONAL
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