Sentencia CC-46-22 — Registro 20143
Resumen
En segunda instancia se revoca la sentencia y se declara sin lugar la demanda de nulidad absoluta de título de propiedad en dominio pleno otorgado por la Corporación municipal de Colomoncagua, departamento de Intibucá y de su asiento registral.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL ÚNICO MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR EL ABOGADO BANEGAS EUCEDA. Esta Sala observa que no se ha seguido el rigor procesal en el planteamiento del mismo, esto es que incurre en una indebida técnica casacional que tiene que ver con lo siguiente: A) Falta de especificidad al invocarse como precepto autorizante o causal del motivo los artículos 716.1, 719 y 720.2 del Código Procesal Civil; al respecto se establece que el primero de tales artículos (716.1), está referido a los fines de la casación, por tanto no constituye precepto autorizante alguno; el segundo artículo (719), contiene los distintos supuestos o causales de casación, pero es de hacer notar que el mismo está conformado por los numerales uno y dos; el numeral uno comprende los literales a), b) y c) y esta referido a la probable vulneración de normas procesales, mientras que el numeral dos, refiere la probable vulneración de normas sustantivas; respecto de la tercera causal invocada por el recurrente (720.2), el mismo tiene cabida como causal recursiva, siempre y cuando el impetrante haya invocado como precepto autorizante el artículo 719.1 c) del Código Procesal Civil. En ese orden de cosas, es factible ilustrar que el recurrente al momento de plantear los motivos de su recurso deberá señalar con precisión en cuales de los numerales enmarca el mismo, por tanto, si tiene a bien invocar el número uno, deberá ir más allá y señalar también el literal que considere adecuado, el a), b), o c), ya que los mismos contemplan causales específicas y diferentes entre sí. Por tanto, el artículo 719 del Código Procesal Civil no podrá ser invocado de manera general y ambigua como precepto autorizante del motivo; B) Falta a la suficiente separación y claridad con la que debe plantear el motivo; esto se colige así ya que ha citado la vulneración de varios artículos, tanto de carácter sustantivo como adjetivo, así tenemos que estima que el fallo de segunda instancia vulnera los artículos 1566, en relación con los artículos 1567.2, 1575 todos del Código Civil y 321 de la Constitución de la República, y como normas procesales los artículos 228, 234.1, 238. 3 y 4, 245 y 253 del Código Procesal Civil. De lo anterior se coligen dos situaciones, en primer lugar, el precepto autorizante se ha invocado de manera imprecisa y en segundo lugar, no se puede plantear en un solo motivo la vulneración de normas sustantivas y procesales de manera conjunta, en ese sentido es necesario ilustrar al recurrente que si su pretensión se encaminaba a impugnar la posible transgresión de normas sustantivas y procesales, devenía entonces en plantear tales vulneraciones en los motivos adecuados a cada uno de ellos; C) El recurrente al cuestionar el razonamiento esgrimido por el Tribunal de Alzada respecto de los medios de prueba denominados interrogatorio de parte y testifical; confunde la viabilidad de la impugnación, ello porque si se pretende impugnar la motivación fáctica de la sentencia, a fin de revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente al fallo, indefectiblemente para ello deberá fundamentarse en el artículo 719.1, literal c), autorizado por el artículo 720.2 del Código Procesal Civil; y D) Finalmente la Sala otea que del cumulo de artículos que el impetrante considera se han vulnerado, señala su aplicación errónea y apreciación errónea, por parte del Tribunal de segunda instancia en el fallo impugnado, sobre lo anterior es necesario apuntar que en un mismo motivo no se podrá argüir ambos supuestos, esto porque tanto la aplicación errónea o indebida y la interpretación o apreciación errónea son supuestos diferentes, el primero de ellos “Es aplicar en la resolución del negocio normas jurídicas ajenas a la cuestión debatida.”; por su parte la mala interpretación o interpretación errónea “Consiste en aplicar la ley con un sentido distinto del que tiene”. De tal manera que el censor deberá precisar cuál de ellos viene impugnando en casación; amen de lo señalado, la técnica recursiva exige que quien alegue la aplicación indebida de una norma, deberá señalar también cuál es la que el juzgador debió de haber aplicado; dicho lo anterior se aprecia también que el recurrente no ha precisado y justificado la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. 4. La defectuosa estructuración del recurso de casación subjudice se tipifica en la causal prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil que ad literam establece: “TRÁMITE DE ADMISIÓN. 1.-…2. Sólo podrá inadmitirlo por las siguientes causales: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización…”.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 719 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil veintiséis, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados Gaudy Alejandra Bustillo Martínez como Coordinadora, Milton Danilo Jiménez Puerto y Rubenia Esperanza Galeano Barralaga en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES EN ESTA JURISDICCION: El abogado Pompilio Banegas Euceda, actuando en su condición de representante procesal de los señores Miguel Ángel Hernández Pineda y Vicente Hernández Pineda; contra la sentencia de fecha doce de noviembre del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua. OBJETO DEL PROCESO: Demanda de nulidad de un título de propiedad denominado dominio pleno, otorgado sin los requisitos legales, cancelación de las inscripciones registrales que se encuentren en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Intibucá; promovida en fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, ante el Juzgado Segundo de Letras departamental de Intibucá, por el abogado Roberto Otoniel Bueso Reyes, actuando en su condición de representante procesal de los señores Miguel Ángel Hernández Pineda y Vicente Hernández Pineda, contra la Alcaldía Municipal de Colomoncagua, departamento de Intibucá, por medio del Alcalde de ese entonces, señor Ridel Abdelio Rivas Pineda, y contra el señor Reinaldo Antonio Hernández Pineda. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo de Letras departamental de Intibucá, dictó sentencia de la manera siguiente: (Sic) PRIMERO: DECLARANDO ESTIMADA Y CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE UN TITULO DE PROPIEDAD DENOMINADO DOMINIO PLENO OTORGADO SIN LOS REQUISITOS LEGALES CANCELACION DE LAS INSCRIPCIONES REGISTRALES QUE SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, promovida por el Abogado ROBERTO OTONIEL BUESO REYES, en representación de los señores: MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PINEDA y VICENTE HERNANDEZ PINEDA, en contra de RIDEL ABDELIO RIVAS PINEDA, en su condición de Alcalde y representante de la Corporación Municipal de Colomoncagua. Intibucá y el señor REINALDO ANTONIO HERNANDEZ PINEDA. SEGUNDO: SE DECLARA LA NULIDAD DEL DOMINIOS PLENO que le fueron otorgados por la Honorable Corporación Municipal del Municipio de Colomoncagua, Departamento de Intibucá, al señor REINALDO ANTONIO HERNÁNDEZ PINEDA, referentes a los contenidos en: Certificación en Dominio Pleno de la resolución del Punto No seis (06) de la agenda del acta número 273 doscientos setenta y tres, de la sesión ordinaria de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil once (2011) en este caso específico el Dominio Pleno Inscrito en Registro de Propiedad Inmueble y mercantil del Departamento de Intibucá número cuarenta y tres (43) del tomo setecientos cuarenta y dos (742) extendida por el Registro de la Propiedad Inmueble del Departamento de Intibucá. TERCERO: CONDENAR EN COSTAS a la parte demandada señor REINALDO ANTONIO HERNANDEZ PINEDA, procediéndose a su exacción luego que sea firme la presente resolución, por el procedimiento de apremio, previa tasación. CUARTO: ORDENA la cancelación en el Registro de la Propiedad de este Departamento de Intibucá, de la inscripción del referido Dominio Pleno y posterior Inscripciones; para tal efecto la secretaria del Despacho deberá librarse atento mandamiento con las inserciones correspondientes, a dicho registro para el cumplimiento de lo ordenado en este fallo. Y MANDA: ... NOTIFÍQUESE.” SEGUNDO: En fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, dictó sentencia de la manera siguiente: “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR EL RECURSOS DE APELACIÓN que han planteado La ABOGADA ALICIA JOAQUINA FLORES ZELAYA QUIEN ACTÚA EN DEFENSA Y REPRESENTACIÓN DE REINALDO ANTONIO HERNANDEZ PINEDA EN SU CONDICIÓN DE PARTE DEMANDANDA EN LA DEMANDA DE NULIDAD ABSOLUTA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO OTORGADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA Y DE SU ASIENTO REGISTRAL, QUE LE HA PRESENTADO LOS SEÑORES MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PINEDA Y VICENTE HERNANDEZ PINEDA, recurso presentado contra la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Letras de Intibucá, en fecha 29 de abril del dos mil veintiuno LA CUAL EN SU PARTE FALLA PRIMERO: DECLARANDO ESTIMADA Y CON LUGAR LA DEMANDA ODINARIA DE NULIDAD DE UN TITULO DE PROPIEDAD DENOMINADO DOMINIO PLENO OTORGADO SIN LOS REQUISITOS LEGALES CANCELACION DE LAS INSCRIPCIONES REGISTRALES QUE SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO promovida por el Abogado ROBERTO OTONIEL BUESO REYES, en DE LA representación de los señores: MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PINEDA y 111 VICENTE HERNANDEZ PINEDA, en contra de RIDEL ABDELIO RIVAS la PINEDA, PROPIEDAD, en su condición de Alcalde y representante de Corporación Municipal de Colomoncagua, Intibucá y el señor REINALDO ANTONIO HERNANDEZ PINEDA.- SEGUNDO: SE DECLARA LA NULIDAD DEL DOMINI PLENO que le fueron otorgados por la Honorable Corporación Municipal del Municipio de Colomoncagua, Departamento de Intibucá, al señor REINALDO ANTONIO HERNANDEZ PINEDA, referentes a los contenidos siguientes: Certificación en Dominio Pleno de la resolución del Punto N° seis (6) de la agenda del acta número 273 doscientos setenta y tres, de la sesión ordinaria de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil once (2011), en este caso específico el Dominio Pleno Inscrito en Registro de Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Intibucá número cuarenta y tres (43) del tomo setecientos cuarenta y dos (742) extendida por el Registro de la Propiedad Inmueble del Departamento de Intibucá.. TERCERO: CONDENAR EN COSTAS a la parte demandada señor REINALDO ANTONIO HERNANDEZ PINEDA, procediéndose a su exacción luego que sea firme la presente resolución, por el procedimiento de apremio, previa tasación.- CUARTO: ORDENA la cancelación en el Registro de la Propiedad de este Departamento de Intibucá, de la inscripción del referido Dominio Pleno y posterior inscripciones; para tal efecto la secretaria del Despacho deberá librarse atento mandamiento con las inserciones correspondientes, a dicho registro para el cumplimiento de lo ordenado en este fallo. SEGUNDO: SE REVOCA LA SENTENCIA DEFINITIVA RELACIONADA EN EL APARTADO QUE ANTECEDE.- EN CONSECUENCIA 1) SE DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA DE NULIDAD ABSOLUTA DE TITULO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO OTORGADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA Y DE SU ASIENTO REGISTRAL, QUE LE HA PRESENTADO SEÑORES MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PINEDA Y LOS VICENTE HERNANDEZ PINEDA 2) SE ABSUELVE AL DEMANDADO REINALDO ANTONIO HERNANDEZ PINEDA Y A LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA, DE LAS PRETENSIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE DEMANDANTE CON BASE AL PRINCIPIO DE VENCIMIENTO. Y MANDA: Que sean debidamente notificadas las partes, y que se les haga saber que el presente fallo pone fin recurso de Casación, y al pleito, cabe contra el mismo el una vez adquiera firmeza el presente fallo, remítanse las diligencias al Juzgado de su procedencia con la certificación de estilo para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE.” TERCERO: En fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno, el abogado Pompilio Banegas Euceda, actuando en su condición de representante procesal de los señores Miguel Ángel Hernández Pineda y Vicente Hernández Pineda, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del mismo, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: La abogada Alicia Joaquina Flores Zelaya, actuando en su condición de representante procesal del señor Reinaldo Antonio Hernández Pineda, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, tener por pronunciada a la recurrida, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: El abogado Nelson Milton Ayala Bautista, actuando en su condición de representante procesal de la Municipalidad de Colomoncagua, departamento de Intibucá, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. SEXTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y una vez conformado el expediente de casación S.C. 46-2022, los abogados Pompilio Banegas Euceda y Alicia Joaquina Flores Zelaya, actuando en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas veinticinco y veintiocho de enero de dos mil veintidós, resolviendo este Tribunal, mediante proveído de fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, tener por personado en tiempo y forma a los mismos, asimismo se tuvo por precluido el plazo concedido al recurrido, abogado Nelson Milton Ayala Bautista. SÉPTIMO: El recurrente, abogado Pompilio Banegas Euceda, actuando en su condición de representante procesal de los señores Miguel Ángel Hernández Pineda y Vicente Hernández Pineda, planteó recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua de la manera siguiente: (Sic) “UNICO MOTIVO DE CASACIÒN Acuso a sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional de índole civil por infracción directa en la aplicación e interpretación de las normas sustantivas vinculante al control de la motivación fáctica de la sentencia y que se revise su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, ya que la misma fue determinante para un fallo desfavorable para mis representados. Aplicando la Corte de Apelaciones la norma de manera errónea lo preceptuado en el artículo 1566 de Código Civil. Infracción proveniente la apreciación errónea de la norma en concordancia a los medios de prueba INTERROGATORIO DE PARTE propuesto por la parte demandante que obra a folios 145 frente vuelto, específicamente en la declaración del señor REINALDO ANTONIO HERNÀNDEZ PINEDA en sus respuestas a las preguntas realizadas por el apoderado legal de la parte demandante, que calzan en los renglones 30 al 36 (F145), reglones del 1 al 6 vuelta folio 145, reglones del al 6 y del 27 al 31 folio 146, todos de la primera pieza de autos. TESTIFICAL propuesto por la parte demandada específicamente la declaración de los testigos ELIAZAR JOSE MARTINEZ (vuelta folio 146) y la declaración de la señora NORA HERNANDEZ PINEDA (folio 148). NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO Las normas sustantivas nacionales de índole civil violada por la sentencia recurrida están contenidas en el artículo 1566 del Código Civil, en relación con los artículos 1567 numeral 2, 1575, del Código Civil y 321 de la Constitución de la República. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 228, 234.1, 238 numerales 3 y 4, 245, 253, del Código Procesal Civil. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE En este motivo debe de ser revisada la prueba en concordancia al artículo 720 numeral 2 del Código Procesal Civil es: INTERROGATORIO DE PARTE: Consistente en la declaración realizada al señor REINALDO ANTONIO HERNÀNDEZ PINEDA, que consta a folios 145 y 146 de la primera pieza de autos, en específico en las respuestas que el dio a las preguntas realizadas por el apoderado legal de la parte demandante, misma que calzan a los renglones del 30 al 36, del folio 145 y reverso mismo folio en los reglones del 1 al 6 de la primera pieza de autos. Donde la parte demandada afirma que el dominio de goce y uso le pertenecían a su padre CARLOS HERNANDEZ LOPEZ conocido también como CARLOS HERNANDEZ (QDDG). TESTIFICAL propuesto por la parte demandada específicamente la declaración de los testigos ELIAZAR JOSE MARTINEZ (vuelta folio 146) y la declaración de la señora NORA HERNANDEZ PINEDA (folio 148), donde los testigos afirman que la propiedad objeto de nulidad pertenecía a la masa hereditaria del señor CARLOS HERNANDEZ LOPEZ conocido también como CARLOS HERNANDEZ (QDDG). PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO Este motivo está comprendido el artículo 716 numeral 1, 719 y 720 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN El Juzgador Ad-Quem, que revoca la sentencia de primera instancia, con un análisis y fundamentación diferente a la sentencia de primera instancia, en sus fundamentos de derecho, en su numeral tercero del apartado MOTIVACION que para la Alzada hay tres aspectos interesantes a desarrollar según el planteamiento de las partes a) Quien poseía la titularidad de dominio sobre el bien inmueble antes del otorgamiento del título, b) Que facultades tenía la Municipalidad de Colomoncagua para la expedición del título y c) Que consecuencias legales podría generar la inexistencia física de expediente en la Municipalidad sobre los requisitos que exige la ley para el otorgamiento del Título de Propiedad, todo ello para concluir sobre la existencia o no de los requisitos esenciales de un contrato, o su defecto un acto sentencial de la autoridad municipal. Es así que dicho Tribunal dejó por sentado y concluye a sus interrogantes así; en cuanto al primer planteamiento indica que no se acreditó por la parte demandante que para la fecha del 17 de diciembre del dos mil once, fecha en que se celebra la Sesión de Corporación donde se otorga el Título de Propiedad al hoy demandado (Reinaldo Antonio), mantuviera la titularidad del Dominio por parte del señor CARLOS HERNANDEZ LOPEZ padre de los demandantes y demandado (Reinaldo Antonio); y concluye....porque de serlo así sin duda alguna existiría una infracción en uno de los elementos esenciales del contrato, como lo establece el artículo 1567 numeral 2 del Código Civil. (Las negrillas y subrayados son nuestras). ¿Por qué norma violada el artículo 1566 del Código Civil?, Cita el referido artículo que -El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona- Situación está que en efecto sucedió cuando el causante (padre de las partes en contienda) poseía el uso, goce y posesión sobre el bien en litigio, derechos que son parte de la masa hereditaria ya sea que cuenten o no con dominio pleno u otro título, como ser al caco concreto documento privado, o bien por el mero uso y goce del inmueble. Entonces no cabe duda que el inmueble perteneció al señor CARLOS HERNANDEZ LOPEZ conocido también como CARLOS HERNANDEZ (QDDG). Esto se subsume a que las reglas de la sana crítica son empleadas para emitir este tipo de fallos, en armonía con todo el material probatoria, es decir, las declaraciones testificales y el interrogatorio de parte, donde todos los interrogados concluyen que las tierras en disputa pertenecieron al señor CARLOS HERNANDEZ LOPEZ conocido también como CARLOS HERNANDEZ (QDDG). Por consiguiente, todo este proceso se resume en la LEGITIMA TESTA que manda el artículo 1566 del Código Civil en relación con la COLACIÓN DE BIENES y que como estudiosos del derecho civil sabemos que no es más que la acción de la obligación que tiene un heredero forzoso (LEGITIMA TESTA) de traer a la masa hereditaria el valor de aquellos bienes que recibió del causante en concepto de donación o cualquier otro título, y está más que claro que el difunto padre le donó al demandado el derecho de uso y goce a través de un documento privado (presunción del título administrativo de Domino Pleno) y que el demandado procedió a elevar a través de la Municipalidad de Colomoncagua en venta de Domino Pleno (Transcripción literal del título) dichas tierras. Mas, sin embargo, en un acto OFICIOCIDAD INÈDITA por parte del Tribunal del Alzada, este indica que no se aportó prueba que indicara que el bien en disputa perteneció al difunto CARLOS HERNANDEZ LOPEZ conocido también como CARLOS HERNANDEZ (QDDG). Olvidando el Tribunal de Alzada que las reglas de la sana critica no son otras que las que prescribe la lógica y derivan de la experiencia, las primeras con carácter permanente y las segundas, variables en el tiempo y en el espacio como es el caso que nos atañe. Por lo tanto, sería NO restarle valor probatorio a la PRUEBA testifical e interrogatorio de parte, misma que fue evacuada en legal y debida forma, cuando los testigos y el interrogado declaran de su viva voz que el dominio del bien en disputa le pertenecía al fallecido, y por ende es un hecho que pertenece a la masa hereditaria, no importando el tiempo en que el dominio pleno fue otorgado por la Municipalidad, ya que las partes no alegaron en ningún momento LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD. Pero es totalmente alejado de toda realidad fáctica y jurídica, cuando el Tribunal asegura que el dominio le pertenecía a la Municipalidad, olvidando que los Tierras Ejidales Rurales hacen goce y uso sus habitantes (art. 613, 660, 738, 790 del Código Civil), el Estado las enajena a través de Titulo previos a los requisitos de ley a quien ostente el derecho de posesión (es decir se legalizan, para que surtan efecto frente a terceros). En cuando el Juzgador Ad-Quem se plantea su segunda interrogante, consistente en la inexistencia física del expediente en la Municipalidad de Colomoncagua, que no existe prueba en contrario sobre la inexistencia del incumplimiento de los requisitos para la expedición del título de propiedad, ya que existe la presunción de la ley de ser cierto en cuanto a su contenido y que motivó su otorgamiento, sin embargo, la parte actora pidió y exigió los expedientes y estos no fueron ni siquiera aportados a juicio por la Municipalidad de Colomoncagua, faltando así a unos de los principios sagrados del derecho administrativo, mismo que consiste en PRINCIPIO DE OFICIALIDAD y que transcribo así "Principio formal que consiste en que la administración debe de dirigir e impulsar el procedimiento y ordenar la práctica de las actuaciones necesarias para el esclarecimiento y resolución de los asuntos. Asi pues, el principio inquisitivo o de oficiosidad consiste en que los órganos administrativos deben de dirigir e impulsar el procedimiento y ordenar la práctica de cuanto estimen conveniente para el esclarecimiento y resolución de los asuntos que le son sometidos a consideración (Elementos del Derecho Administrativo, pág. 208, Noriega Editores), esto en relación a los artículos 5 de la Ley de Administración Pública y 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo. En Vista que no se tuvo una respuesta en cuanto a la exhibición del expediente (esto de forma previa a instancias judiciales y probadas en juicio) se presume la irregularidad en que fue otorgado el título de dominio pleno, art. 8 numeral 4 siempre de la Ley de Administración Pública, entonces Honorables Magistrados, era deber imperativo de la Municipalidad de Colomoncagua llevar a Juicio el expediente solicitado; Sin embargo, la Municipalidad no presentó prueba alguna que desvirtuara las presunciones legales de mis representados, es decir, la Municipalidad cayó en completa desidia y su participación en el proceso fue en silencio, y al momento de no aportar prueba que disminuyera la probabilidad de asegurar que el título en mención fue otorgado de manera legal. Es decir, se toma la presunción a favor de una parte, pero no a favor de la otra, puesto que, en un ejercicio de generosidad por parte de la Corte de Apelaciones, se le esta ayudando a la parte negligente que a lo largo del procedimiento mostro un comportamiento de desidia e indiferencia a la imperiosidad de la autoridad judicial.” OCTAVO: La abogada Alicia Joaquina Flores Zelaya, planteó pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación hecho por la contraparte de la siguiente manera: (Sic) “CONTESTACIONA LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION UNICO MOTIVO PROCESAL: ESTABLECE EN UN SOLO MOTIVO DE CASACION INFRACCION DIRECTA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE NORMAS SUSTANTIVAS REFIRIENDOSE AL ARTICULO 1566 DEL CODIGO CIVIL EN RELACION CON LOS ARTICULO 1567 NUMERAL 2, 1575 DEL CODIGO CIVIL Y 321 DE LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA Y COMO NORMAS PROCESALES LOS ARTICULOS 228, 234.1, 238 NUEMERALES 3 Y 4.245 Y 253 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. El motivo en relación no cumple con los requisitos de fundamentación, como se ha dicho en los numerales anteriores, pues aduce la vulneración de lo establecido de una norma sustantiva. concretamente el articulo 1566 en relación al artículo 1657 numeral 2, y 1675 del Código Civil. no nos deja establecidos en los indicados artículos, la individualización concreta de cada uno. si no que de manera general hace alusión a las normas, sin establecer si considera se han aplicado indebidamente, se ha interpretado erróneamente, o se ha omitido su aplicación, pero además de lo señalado, hace referencia en su recurso a las siguientes normas de derecho: Articulo 1566. El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona. Artículo 1567. Hay un objeto ilícito en la enajenación: 2°. De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Artículo 1575. Deberán constar en documento público; 1... 2… 3… De las normas relacionadas de los artículos 1566 y 1575 del Código Civil, no han sido objeto de debate en juicio y en concreto de los fijados en la sentencia de segunda instancia que ahora es cuestionada, por lo tanto los hechos del debate no están relacionadas con las normas indicadas, por ello su argumentación nada tiene que ver con lo fijado en la resolución de segunda instancia para que su argumento pueda considerarse incida en la resolución del objeto del proceso que no ocupa. La pretendida interpretación del artículo 1566 del Código Civil para el efecto de su consideración, al tratar de argumentar ERRONEAMENTE, que es aplicable al caso en virtud de que la posesión del bien en litigio estuvo a favor del padre de las partes, afirmando que el inmueble de cuyo título se ha solicitado la nulidad es un bien proveniente de la masa hereditaria, sin embargo dicha afirmación (que el Tribunal A-Quo considera no probada como se afirma en sentencia cuestionada), nada tiene que ver con la indicada norma, ya que la norma hace referencia exclusivamente a la prohibición de donar o realizar cualquier contrato relacionado con el Derecho a Suceder por causa de muerte a una persona viva, circunstancia que como se ha dicho no tiene relación con el objeto del presente juicio, el acto de donación. es un acto totalmente válido conforme lo establece el artículo 1296 del Código Civil. por lo tanto, ni uno ni otro nos demuestra ninguna interpretación incorrecta del Tribunal A-Quo. por lo tanto no ha sido objeto de juicio y contrario a las reglas de interpretación de tipo legal aplicables al presente caso.- Refiere incorrectamente el recurrente, que ante la Inexistencia de las diligencias de dominio pleno del inmueble, existe una presunción de existencia de un documento privado de donación, lo cual tampoco esta relacionado con los hechos fijados de la sentencia recurrida, por lo tanto dicha afirmación no incide en demostrar que la motivación contenida en la sentencia infrinja de algún modo la norma relaciona, ni ninguna otra de carácter sustantivo. En contraste con lo anterior, afirma el recurrente que su conclusión para efectos recursivos es que la norma invocada no fue aplicada correctamente por haber interpretado erróneamente el Tribunal A-Quem la prueba de interrogatorio de parte del demandado REINALDO ANTONIO HERNANDEZ, y de pruebas testificales cuyos fragmentos extracta en su argumentación, es decir que en el análisis de un recurso de casación argumentado infracción de normas sustantivas, pretende mezclar, con mala técnica recursiva para justificar su posición. argumentos de fondo y procesales. pretendiendo el nuevo análisis de la indicada prueba a través de las reglas de la sana critica. y argumenta artículos que son adjetivas. es decir, relativas al proceso, sin embargo, no establece el sentido en que considera que dicho articulos fueron infringidos, su argumentación está orientada a disentir con la valoración de la prueba, como se ha dicho interrogatorio de parte y testifical, y pretende una nueva valoración incumpliendo la exclusión prevista en el artículo 720 del CPC. que constituye un argumento de forma, pero no establece la parte de la resolución cuestiona conforme a los requisitos de la sentencia, sin establecer además la incidencia de la supuesta infracción en la sentencia, tomando en cuenta que existe en el proceso, abundante prueba relevante que justifica la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Argumento del cual podemos contrastar los siguientes aspectos: En principio, como lo hemos dicho al inicio, no es claro el planteamiento de la parte recurrente en cuanto la indefensión sufrida, y la incidencia en el fallo, no obstante lo anterior hace una confusión evidente en el recurso, y no hace mas que evidenciar que no justifica ni fundamenta su motivo con desatinado criterio jurídico. veamos las razones: a) El recurrente genera un nuevo argumento jurídico al pretender afirmar la existencia de un documento privado de donación y su obligatoriedad de que fuera documento público. lo cual no consta como hecho probado ni hay prueba en ese sentido. b) Afirma la concurrencia de la institución jurídica de colación de bienes, de lo cual no existe ningún hecho que haya sido objeto de debate en ese sentido, por lo tanto. es una argumentación que no incide en ninguno de los elementos del fallo. c) El recurrente afirma que se debió tener en cuenta la reglas de la sana critica, en cuanto a la prueba testifical y documentos, sin embargo, omite considerar que el Articulo 255 CPC, la valoración de la prueba en el proceso civil por el tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia. atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano. así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca. Es así que dicha norma en relación al articulo 477, del mismo Código nos establece normas relacionadas con las. normas de valoración, cuando estamos ante una presunción establecida por la Ley, que claramente establece que queda dispensada de la prueba del hecho presunto, al existir indicios base, y aun cuando admita la prueba en contrario. la actividad probatoria se podrá dirigir tanto a demostrar que los indicios probados conducen a un hecho distinto del presumido por la ley, o a ninguno, como a efectuar la contraprueba de dichos indicios para establecer su inexistencia, obligando en este caso, en la sentencia, a justificar y razonar los argumentos que han llevado al tribunal a la concreta decisión sobre si el hecho presunto es la consecuencia de los indicios. Ahora bien, esta parte desde la contestación de la demanda. y en el decurso del proceso que nos ocupa, en virtud de que el contrato cuestionado es precisamente, el "Dominio Pleno otorgado en acta número 273 de la sesión ordinaria de fecha 17 de diciembre del año 2011, otorgada por la Corporación Municipal de Colomoncagua. Intibucá, a favor de Reinaldo Antonio Hernández Pineda. e inscribe y certificación bajo el número 43 del Tomo 742 del Registro de la Propiedad. Inmueble y Mercantil de este Departamento", se ha argumentado la existencia de un acto administrativo sujeto por consiguiente a la Ley de Procedimientos Administrativos, según lo dispone el artículo 1 de dicha Ley, en la se establece que: "los órganos y entidades de la administración pública estarán sujetos a la presente ley, cuando declaren, reconozcan o limiten los derechos de los particulares.", en ese mismo orden de ideas, hemos de tener en cuenta que la Ley General de la Administración Pública, nos establece los órganos que legalmente son considerados parte de dicho engranaje, así en dicha Ley, en sus artículos 1 y 2 establece: "Articulo 1. La presente Ley establece las normas a que estará sujeta la Administración Pública.: "Articulo 2. La Administración Pública es Centralizada y Descentralizada…" "Articulo 47. La Administración Descentralizada está integrada por la siguiente categoría de entidades: 1) Instituciones Autónomas: y. 2) Municipalidades o Corporaciones Municipales.". por consiguiente, no cabe duda, que estamos ante la existencia de un acto administrativo dictado por un órgano descentralizado de La Administración Pública. En ese sentido. la Ley de Procedimientos Administrativos. en su artículo 30 establece la PRESUNCION DE LEGITIMIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. el cual literalmente establece: "Se presume la legitimidad de los actos administrativos. La administración tiene potestad de ejecutarlos a través de sus órganos competentes, previo apercibimiento. Salvo disposición legal en contrario, la ejecución y los efectos de un acto administrativo, solo podrán suspenderse cuando la administración, de oficio o a petición de parte interesada, lo estime pertinente, para evitar perjuicios graves al interesado, de difícil o imposible reparación o cuando se alegue fundadamente una nulidad absoluta." Siguiendo con el contenido anterior, se hace preciso, establecer que según la doctrina la presunción de legalidad consiste "en que los actos administrativos deben ser obedecidos, tanto por las autoridades como por los particulares, desde el momento en que comienza su vigencia y mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en (sic) lo contencioso administrativo. Quiere decir lo anterior que, el acto administrativo puede ser expedido viciado por alguna de las causales de nulidad, pero se presume legal y conserva su vigencia hasta que no sea declarado nulo por la jurisdicción contencioso administrativa" (RODRÍGUEZ SANTOS. Carlos Manuel. Manual de Derecho Administrativo. Ediciones Librería del Profesional. Santa Fe de Bogotá. 1996. pág. 53). Por lo tanto, el cuestionamiento de la legalidad del acto administrativo. vía jurisdiccional, no puede tampoco efectuarse de manera arbitraria, si no ajustado a las reglas. que para el presente caso, están establecidas en el Código Procesal Civil en su artículo 477 relacionado, obligando al Juez a establecer en la sentencia, justificando y razonando los argumentos que han llevado al tribunal a la concreta decisión sobre si el hecho presunto es la consecuencia de los indicios, en ese sentido, hemos de considerar que el acto estaba sujeto a las normas contenidas en la Ley de Municipalidad, que al efecto establece: "Artículo 70.- (Reformado mediante Decreto 127-2000).- Las municipalidades podrán titular equitativamente a favor de terceros, los terrenos de su propiedad que no sean de vocación forestal, pudiendo cobrar por tal concepto los valores correspondientes, siempre que no violentaren lo dispuesto en esta Ley." Y su reglamento establece: "Artículo 69.- La Municipalidad otorgará el dominio pleno mediante venta de los terrenos urbanos ejidales y su uso estará sujeto a lo que dispone el plano de zonificación y uso del suelo aprobado por la Municipalidad. cuando exista, y siempre que se acrediten las siguientes condiciones: a) Estar solvente con la Municipalidad: y b) Cumplir con las normas y regulaciones establecidas por la Municipalidad. Para el uso del inmueble." Por lo cual no queda duda de la facultad legal de otorgar la compraventa en dominio pleno, a favor de la particulares, como así se hizo en el presente caso, y que la carga de la prueba de la alegación que el acto administrativo está sujeto a nulidad, es para quien la alega, en este caso la parte demandante. pero como bien lo fija la sentencia de segunda instancia en su motivación "no se acredito por la parte demandante que para la fecha 17 de diciembre de 2011 fecha en que se celebrara la sesión de corporación donde se otorgara el título de propiedad al hoy demandado. mantuviera la titularidad del dominio, por parte del señor CARLOS HERNANDEZ LOPEZ, padre de los demandantes y demandado" ante dicha afirmación del Tribunal A-Quo ha sido coherente a la Ley su motivación y el recurrente no realiza argumentación coherente de motivo de casación que determine una infracción en su valoración, por lo tanto el pretender que sea considerada una nueva interpretación de la prueba testifical e interrogatorio de parte, excede el ámbito del presente recurso, como así lo hace el recurrente cuando en los antecedentes del proceso, señala dichas pruebas, y el sentido en que pretende sean interpretadas parte de esas deposiciones, que como se a dicho esta fuera del control de la casación quien no ha tenido la inmediación de los medios de prueba. a) Se nómina de igual manera como infringido el artículo 1567 del Código Civil. sin embargo señala solamente la argumentación efectuada por el Tribunal A-Quo (ver acápite sexto de los antecedes del hecho en el recurso) a través de las cuales se determina la suficiencia, coherencia y legalidad de la motivación, sin embargo alega el recurrente falta de motivación en la valoración de la prueba, cuando el Tribunal hace explicita porque no le es aplicable a la solución del presente proceso el artículo 1556 del Código Civil, no existe a raíz de lo anterior objeto ilícito en el contrato, que demuestra un motivo de nulidad absoluta, por el contrario, Según lo preceptuado por el art. 1562 del Código Civil, pueden ser objeto del contrato todas las cosas que no estén fuera del comercio de los hombres.- Según la doctrina, el objeto del contrato debe ser lícito, posible, determinado o determinable y susceptible de valoración económica, es decir revestido de las condiciones siguientes: 1) Licitud: el contrato debe tener un objeto lícito. No puede ser contrario a la ley. 2) El contrato contrario a una norma imperativa es un contrato ilegal por ser contrario al orden público, todos concurrentes en el contrato y por lo tanto resulta coherente la motivación explicita en la sentencia cuestionada. Ninguno de los supuestos de vicio en el objeto, concurren en el caso que nos ocupa, pues como hemos dicho, en este caso el objeto del contrato es un BIEN INMUEBLE, que la Ley habilita a las Alcaldías Municipales para otorgar la compraventa en dominio pleno de los bienes en posesión de particulares. como ocurre en el presente caso, que el orden de una sucesión, no forma parte del concepto de objeto, por consiguiente, no puede ser considerado como vicio del mismo, mucho más como se ha explicado el título de declaratoria de herencia no constituye título de dominio sobre el inmueble. En el supuesto del artículo 1565 del CC, sobre la ilicitud en el objeto. de inicio descartado, ya que el ilícito previsto es el hecho a que alguien pueda obligarse y se atente contra el Derecho público de una nación, y es hecho es la cosa sobre la cual recae la obligación nacida del contrato. En ese sentido el bien, sobre el cual fue otorgado el dominio de la Ley a favor de la autoridad Municipal, es decir reconocer el derecho de dominio pleno de un bien inmueble a favor de un particular, en base a los requerimientos administrativos. Que, ante ese supuesto, consta únicamente la declaratoria de herencia a favor de los demandantes, no un título de dominio a favor del causante, como incorrectamente lo presume el Juez A-quo, por lo tanto no sería tampoco viable el considerar que el objeto es ilícito por tratarse de bienes provenientes de una masa hereditaria. b) En cuanto a la inexistencia del expediente y la supuesta negativa de su exhibición, tampoco el argumento del recurrente encuentra sustento, puesto que como se ha explicado en el motivo anterior, ya la Ley establece una presunción legal de la carga de la prueba del demandante de nulidad frente a un acto que esta revestido de Presunción de Legalidad, y en sus argumentos únicamente se encarga de criticar las actuaciones de la Alcaldía Municipal de Colomoncagua, y su afirmación de que la Corte ayuda a la parte negligente en el proceso. sin embargo, dicho argumento, no demuestra ninguna infracción legal que incida en el proceso, o que demuestre que se infringido la Ley sustantiva o adjetiva. y su incidencia en el fallo. f) En cuanto al numeral CUARTO de los antecedentes de hecho fijado en el recurso, hace referencia el recurrente que el Tribunal ha incurrido en la Prohibición de la Reforma Peyorativa, que es una institución acogida de inicio en el sistema procesal penal. confundiendo lo anterior con la legitimación para recurrir, pero igual ninguno de los elementos aplicables al presente caso, en principio el primero, está referido. La reforma en situación del apelante, en los casos en que no ha mediado recurso de su adversario. El principio de la reforma en perjuicio es, en cierto modo, un principio negativo: consiste fundamentalmente en una prohibición. No es posible reformar la sentencia apelada en perjuicio del único apelante, lo cual no es el caso pues la sentencia contrario a ello, acoge el recurso interpuesto, por lo tanto no ha agravado nuestra situación, erróneamente dice conculcado el principio puesto que lo que afirma es que el único apelante podría haber sido La Alcaldía Municipal de Colomoncagua, sin embargo la legitimación para recurrir en apelación, fue analizada en la admisión del recurso, y en su caso en nuestra condición de aportación representante procesal demandada se encontraba legitimada por el Artículo 690 del Código Procesal Civil, que posibilita que las partes a las que la resolución judicial cause directamente un perjuicio tendrán derecho a recurrir, establecidos en por lo tanto su afirmación además de errónea carece de sustento jurídico.. g) En cuanto al alcalde de impugnación, la parte recurrente se limita a formular un proyecto de parte dispositiva de una sentencia, sin embargo, incumple con formular de manera clara. y precisa à petición conforme lo dispone el articulo 715 y 727 del CPC. y ello por la falta de coherencia en la fundamentación del recurso, puestos que en un mismo motivo formula cuestiones de forma y fondo, cuando las consecuencias jurídicas son diversas en ambos motivos. h) Finalmente, esta parte considera improcedente la celebración de la audiencia prevista en el artículo 721 del CPC, toda vez que con los argumentos se exponen en el presente libelo se hace manifiesta la falta de claridad en la interposición del recurso, y puede ser resuelto con solo la vista del escrito de impugnación. Todas las razones expuestas nos demuestran que no hay posibilidad legal, de tener por justificado el recurso de casación en su único motivo.” NOVENO: El abogado Nelson Milton Ayala Bautista, planteó pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación de la siguiente manera: (Sic) “Esta parte considera que con el presente Recurso Extraordinario. de Casación, se pretende revertir la decisión expresada en la Sentencia de Segunda Instancia y su planteamiento recursivo externa sobre el derecho privado referente a que el inmueble en litigio perteneció al señor CARLOS HERNANDEZ LOPEZ, situación que solo la determinan las probanzas cuyo análisis corresponde al sentenciador; el Recurso de casación tiene como fines la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional.” FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Es atribución de la Corte Suprema de Justicia conocer del recurso de casación, el mismo es un medio de impugnación de carácter extraordinario, cuyo conocimiento en materia civil se atribuye a la Sala de lo Civil; tiene claramente definidos dos fines expresos, el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo; el segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por otra parte, nuestra normativa procesal civil conmina a este Alto Tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2. El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia, únicamente podrá ser interpuesto contra las resoluciones expresamente previstas por la ley y por los motivos taxativamente establecidos en ella. 3. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL ÚNICO MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR EL ABOGADO BANEGAS EUCEDA. Esta Sala observa que no se ha seguido el rigor procesal en el planteamiento del mismo, esto es que incurre en una indebida técnica casacional que tiene que ver con lo siguiente: A) Falta de especificidad al invocarse como precepto autorizante o causal del motivo los artículos 716.1, 719 y 720.2 del Código Procesal Civil; al respecto se establece que el primero de tales artículos (716.1), está referido a los fines de la casación, por tanto no constituye precepto autorizante alguno; el segundo artículo (719), contiene los distintos supuestos o causales de casación, pero es de hacer notar que el mismo está conformado por los numerales uno y dos; el numeral uno comprende los literales a), b) y c) y esta referido a la probable vulneración de normas procesales, mientras que el numeral dos, refiere la probable vulneración de normas sustantivas; respecto de la tercera causal invocada por el recurrente (720.2), el mismo tiene cabida como causal recursiva, siempre y cuando el impetrante haya invocado como precepto autorizante el artículo 719.1 c) del Código Procesal Civil. En ese orden de cosas, es factible ilustrar que el recurrente al momento de plantear los motivos de su recurso deberá señalar con precisión en cuales de los numerales enmarca el mismo, por tanto, si tiene a bien invocar el número uno, deberá ir más allá y señalar también el literal que considere adecuado, el a), b), o c), ya que los mismos contemplan causales específicas y diferentes entre sí. Por tanto, el artículo 719 del Código Procesal Civil no podrá ser invocado de manera general y ambigua como precepto autorizante del motivo; B) Falta a la suficiente separación y claridad con la que debe plantear el motivo; esto se colige así ya que ha citado la vulneración de varios artículos, tanto de carácter sustantivo como adjetivo, así tenemos que estima que el fallo de segunda instancia vulnera los artículos 1566, en relación con los artículos 1567.2, 1575 todos del Código Civil y 321 de la Constitución de la República, y como normas procesales los artículos 228, 234.1, 238. 3 y 4, 245 y 253 del Código Procesal Civil. De lo anterior se coligen dos situaciones, en primer lugar, el precepto autorizante se ha invocado de manera imprecisa y en segundo lugar, no se puede plantear en un solo motivo la vulneración de normas sustantivas y procesales de manera conjunta, en ese sentido es necesario ilustrar al recurrente que si su pretensión se encaminaba a impugnar la posible transgresión de normas sustantivas y procesales, devenía entonces en plantear tales vulneraciones en los motivos adecuados a cada uno de ellos; C) El recurrente al cuestionar el razonamiento esgrimido por el Tribunal de Alzada respecto de los medios de prueba denominados interrogatorio de parte y testifical; confunde la viabilidad de la impugnación, ello porque si se pretende impugnar la motivación fáctica de la sentencia, a fin de revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente al fallo, indefectiblemente para ello deberá fundamentarse en el artículo 719.1, literal c), autorizado por el artículo 720.2 del Código Procesal Civil; y D) Finalmente la Sala otea que del cumulo de artículos que el impetrante considera se han vulnerado, señala su aplicación errónea y apreciación errónea, por parte del Tribunal de segunda instancia en el fallo impugnado, sobre lo anterior es necesario apuntar que en un mismo motivo no se podrá argüir ambos supuestos, esto porque tanto la aplicación errónea o indebida y la interpretación o apreciación errónea son supuestos diferentes, el primero de ellos “Es aplicar en la resolución del negocio normas jurídicas ajenas a la cuestión debatida.”; por su parte la mala interpretación o interpretación errónea “Consiste en aplicar la ley con un sentido distinto del que tiene”. De tal manera que el censor deberá precisar cuál de ellos viene impugnando en casación; amen de lo señalado, la técnica recursiva exige que quien alegue la aplicación indebida de una norma, deberá señalar también cuál es la que el juzgador debió de haber aplicado; dicho lo anterior se aprecia también que el recurrente no ha precisado y justificado la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. 4. La defectuosa estructuración del recurso de casación subjudice se tipifica en la causal prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil que ad literam establece: “TRÁMITE DE ADMISIÓN. 1.-…2. Sólo podrá inadmitirlo por las siguientes causales: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización…”. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos de derecho citados y en aplicación de los artículos 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719.1.c, 721.2, 722, 723.2.a), 724.1 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; profiere el presente auto irrecurrible y declara: 1. INADMISIBLE el recurso de casación en su ÚNICO motivo que ha sido formalizado por el abogado Pompilio Banegas Euceda, en su condición de representante procesal de los señores Miguel Ángel Hernández Pineda y Vicente Hernández Pineda. 2. FIRME la sentencia recurrida proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha doce de noviembre del año dos mil veintiuno, contenida en el expediente de apelación número 1001-2019-00050, originado en los autos que conforman el expediente registrado con el mismo número del Juzgado Segundo de Letras de La Esperanza departamento de Intibucá. 3. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus representantes procesales constituidos en juicio. Redactó la Magistrada Bustillo Martínez. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTÍNEZ. MAGISTRADA COORDINADORA. MILTON DANILO JIMENEZ PUERTO. MAGISTRADO. RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. SECRETARIA SALA DE LO CIVIL”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de marzo del año dos mil veintiséis; Certificación del auto de fecha veintiséis de enero del año dos mil veintiséis, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 46=2022
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
SECRETARIA SALA DE LO CIVIL