Sentencia CC-46-20 — Registro 20124
Resumen
En el presente caso, la Sala de lo Civil advierte que consta como hecho probado en las sentencias de primera y segunda instancia, la existencia de otros titulares de derechos que dimanan del testamento cuya nulidad pretende la parte actora. En tal sentido, estas personas pueden resultar afectadas por la decisión que haya de resolver la presente litis, resultando necesario que sean llamados al proceso de conformidad al precitado artículo 69.2 del Código Procesal Civil, en condición de litisconsorcio pasivo necesario. La jurisprudencia viene admitiendo la posibilidad de estimación de oficio de la defectuosa constitución de la relación procesal por falta de llamado al litigio de todos aquellos que necesariamente deben intervenir en él. De ahí que la inobservancia del artículo 69 del Código Procesal Civil sea susceptible de ser apreciado incluso en la fase de casación, al ser una cuestión de orden público, porque es garantizar la tutela judicial efectiva y dar acceso a la justicia a quienes procesalmente tienen legitimidad; y además es cumplir con uno de los fines del recurso de casación, como lo es garantizar la igualdad ante la ley (716.2 del CPC); pues la defectuosa constitución de la relación procesal impide la decisión sobre el fondo del litigio.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “4. El artículo 1215 del Código Civil establece que el derecho de petición de herencia prescribe en veinte años, resultando claro que conforme al artículo 1210 del mismo cuerpo legal, el heredero que pruebe su derecho a una herencia ocupada por otra persona tendrá acción para que se le adjudique la herencia, como ha ocurrido en el caso de autos. Sin embargo, esta Sala de lo Civil considera prioritario preservar el derecho a la defensa de otras personas que resultan afectadas por el proceso conforme se explica a continuación. Esta Sala de lo Civil observa que el fallo proferido por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, de fecha veintidós de noviembre del año dos mil diecinueve, confirmó la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, de fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, que en el numeral tercero de los antecedentes de hecho señala lo siguiente: (Sic) “[...] se efectúo una tradición de dominio a favor de cuatro de sus hermanos, las dos demandadas y dos varones que ya murieron de nombre Elder Madrid Guerra, quien falleció recientemente pero aun su descendencia no ha obtenido declaración de herencia y JESUS EDGARDO MADRID GUERRA, quien no dejo descendencia y el cual son sus herederos las demandadas, el difunto ELDER MADRID GUERRA […]”.
Legislación citada
- Código Civil, art. 1210 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1215 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “De la revisión de los antecedentes del caso, esta Sala de lo Civil aprecia a folios 14 al 18 del expediente de primera instancia, que además de las señoras demandadas Meri Madrid Guerra y Ana Gertrudiz Madrid Guerra, en el testamento contenido en el instrumento público número 31 autorizado por el notario Aníbal Rodríguez Umanzor en fecha nueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho, cuya nulidad la parte actora pretende con el presente proceso, también se establecen como herederos a otras personas no llamadas al proceso, siendo ellos, además de los fallecidos Jesus Edgardo Madrid Guerra y Elder Madrid Guerra, también la señora Dina Maribel Madrid Guerra y el señor Alex Florencio Madrid Cardona 6. El artículo 69 del Código Procesal Civil prescribe: “LITISCONSORCIO NECESARIO. 1. Cuando la decisión de fondo a recaer en el proceso afecte de manera uniforme a varias personas consideradas en su conjunto, solo será dictada válidamente si todos demandan o son demandados según se trate de litisconsorcio activo o pasivo, respectivamente, salvo disposición legal en contrario. 2. El juez, de oficio o a instancia de parte, puede integrar la posición de parte actora o demandada emplazando a las personas interesadas, si de la demanda o de la contestación parece evidente que la decisión a recaer en el proceso les va a afectar. Si carece de la información necesaria, requerirá a las partes para que proporcionen los datos necesarios para el emplazamiento, sin suspensión del procedimiento”. Salvo algunos casos en que el litisconsorcio viene impuesto legalmente, lo habitual es que el litisconsorcio provenga de la relación de derecho material que se va a dirimir en el proceso y corresponde a los jueces, de oficio, apreciar esta necesidad, con el objeto de ofrecer a los terceros la oportunidad de pronunciarse de forma previa a que se adopte la resolución que en su caso pueda afectarles.” … “10. En el presente caso, esta Sala de lo Civil advierte que consta como hecho probado en las sentencias de primera y segunda instancia, la existencia de otros titulares de derechos que dimanan del testamento cuya nulidad pretende la parte actora. En tal sentido, estas personas pueden resultar afectadas por la decisión que haya de resolver la presente litis, resultando necesario que sean llamados al proceso de conformidad al precitado artículo 69.2 del Código Procesal Civil, en condición de litisconsorcio pasivo necesario. La jurisprudencia viene admitiendo la posibilidad de estimación de oficio de la defectuosa constitución de la relación procesal por falta de llamado al litigio de todos aquellos que necesariamente deben intervenir en él. De ahí que la inobservancia del artículo 69 del Código Procesal Civil sea susceptible de ser apreciado incluso en la fase de casación, al ser una cuestión de orden público, porque es garantizar la tutela judicial efectiva y dar acceso a la justicia a quienes procesalmente tienen legitimidad; y además es cumplir con uno de los fines del recurso de casación, como lo es garantizar la igualdad ante la ley (716.2 del CPC); pues la defectuosa constitución de la relación procesal impide la decisión sobre el fondo del litigio. 11. El artículo 215.5 del Código Procesal Civil, establece los supuestos de la nulidad de actuaciones, indicando que: “Si se estimara la nulidad, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente establecido[...]”. 12. Por las razones expuestas es procedente declarar la nulidad de oficio de las actuaciones procesales, inclusive del auto de admisión de la demanda, de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho y posteriores actuaciones, debiendo complementarse el auto de admisión en el sentido de ordenar el emplazamiento de las partes demandadas, de los sucesores de los herederos testamentarios fallecidos y de los herederos testamentarios Dina Maribel Madrid Guerra y Alex Florencio Madrid Cardona. 13. La anulación de las sentencias y la retroacción de las actuaciones son determinantes por lo que no procede examinar los motivos de casación formulados. 14. Al estimarse la nulidad de las sentencias, no resulta de aplicación el principio de vencimiento en materia de costas con ocasión del recurso de devolutivo (artículo 221 con relación al 219, ambos del Código Procesal Civil), en consecuencia, no procede la imposición de costas. 15. Contra la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad a lo que establece el artículo 724.1 del Código Procesal Civil, siendo que el procedimiento normado para las nulidades en instancia es mediante audiencia que se celebra siguiendo las particularidades del proceso abreviado y por ende susceptible a impugnación, por tal razón se omite ese procedimiento por impertinente en la sustanciación del recurso extraordinario de casación”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 215 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 219 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 221 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 716.2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724.1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “De la revisión de los antecedentes del caso, esta Sala de lo Civil aprecia a folios 14 al 18 del expediente de primera instancia, que además de las señoras demandadas Meri Madrid Guerra y Ana Gertrudiz Madrid Guerra, en el testamento contenido en el instrumento público número 31 autorizado por el notario Aníbal Rodríguez Umanzor en fecha nueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho, cuya nulidad la parte actora pretende con el presente proceso, también se establecen como herederos a otras personas no llamadas al proceso, siendo ellos, además de los fallecidos Jesus Edgardo Madrid Guerra y Elder Madrid Guerra, también la señora Dina Maribel Madrid Guerra y el señor Alex Florencio Madrid Cardona 6. El artículo 69 del Código Procesal Civil prescribe: “LITISCONSORCIO NECESARIO. 1. Cuando la decisión de fondo a recaer en el proceso afecte de manera uniforme a varias personas consideradas en su conjunto, solo será dictada válidamente si todos demandan o son demandados según se trate de litisconsorcio activo o pasivo, respectivamente, salvo disposición legal en contrario. 2. El juez, de oficio o a instancia de parte, puede integrar la posición de parte actora o demandada emplazando a las personas interesadas, si de la demanda o de la contestación parece evidente que la decisión a recaer en el proceso les va a afectar. Si carece de la información necesaria, requerirá a las partes para que proporcionen los datos necesarios para el emplazamiento, sin suspensión del procedimiento”. Salvo algunos casos en que el litisconsorcio viene impuesto legalmente, lo habitual es que el litisconsorcio provenga de la relación de derecho material que se va a dirimir en el proceso y corresponde a los jueces, de oficio, apreciar esta necesidad, con el objeto de ofrecer a los terceros la oportunidad de pronunciarse de forma previa a que se adopte la resolución que en su caso pueda afectarles.” … “10. En el presente caso, esta Sala de lo Civil advierte que consta como hecho probado en las sentencias de primera y segunda instancia, la existencia de otros titulares de derechos que dimanan del testamento cuya nulidad pretende la parte actora. En tal sentido, estas personas pueden resultar afectadas por la decisión que haya de resolver la presente litis, resultando necesario que sean llamados al proceso de conformidad al precitado artículo 69.2 del Código Procesal Civil, en condición de litisconsorcio pasivo necesario. La jurisprudencia viene admitiendo la posibilidad de estimación de oficio de la defectuosa constitución de la relación procesal por falta de llamado al litigio de todos aquellos que necesariamente deben intervenir en él. De ahí que la inobservancia del artículo 69 del Código Procesal Civil sea susceptible de ser apreciado incluso en la fase de casación, al ser una cuestión de orden público, porque es garantizar la tutela judicial efectiva y dar acceso a la justicia a quienes procesalmente tienen legitimidad; y además es cumplir con uno de los fines del recurso de casación, como lo es garantizar la igualdad ante la ley (716.2 del CPC); pues la defectuosa constitución de la relación procesal impide la decisión sobre el fondo del litigio. 11. El artículo 215.5 del Código Procesal Civil, establece los supuestos de la nulidad de actuaciones, indicando que: “Si se estimara la nulidad, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente establecido[...]”. 12. Por las razones expuestas es procedente declarar la nulidad de oficio de las actuaciones procesales, inclusive del auto de admisión de la demanda, de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho y posteriores actuaciones, debiendo complementarse el auto de admisión en el sentido de ordenar el emplazamiento de las partes demandadas, de los sucesores de los herederos testamentarios fallecidos y de los herederos testamentarios Dina Maribel Madrid Guerra y Alex Florencio Madrid Cardona. 13. La anulación de las sentencias y la retroacción de las actuaciones son determinantes por lo que no procede examinar los motivos de casación formulados. 14. Al estimarse la nulidad de las sentencias, no resulta de aplicación el principio de vencimiento en materia de costas con ocasión del recurso de devolutivo (artículo 221 con relación al 219, ambos del Código Procesal Civil), en consecuencia, no procede la imposición de costas. 15. Contra la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad a lo que establece el artículo 724.1 del Código Procesal Civil, siendo que el procedimiento normado para las nulidades en instancia es mediante audiencia que se celebra siguiendo las particularidades del proceso abreviado y por ende susceptible a impugnación, por tal razón se omite ese procedimiento por impertinente en la sustanciación del recurso extraordinario de casación”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 215 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 219 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 221 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 716.2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724.1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “El artículo 211 del Código Procesal Civil manda que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes, con relación a los actos procesales, da lugar a la nulidad o anulabilidad de acuerdo con lo establecido en el citado Código. Sobre la nulidad procesal y su procedencia la doctrina ha establecido la concurrencia de requisitos, que se concretan en: a) La existencia de una infracción procesal sustancial, esto es, de una omisión total y absoluta de las normas esenciales del procedimiento, por lo que, "a sensu contrario", no cualquier infracción de las normas procedimentales podrá determinar la nulidad de las actuaciones judiciales; y b) Que, como consecuencia directa de tal infracción procesal, se haya producido efectiva indefensión. Sigue enunciado la doctrina la diferencia entre: "indefensiones jurídico procesales" o meramente formales, deducidas de la infracción de la ley procesal; y las "indefensiones jurídico-constitucionales", materiales o reales, que derivan de una apreciación de la situación específica del justiciable afectado por la irregularidad procesal. Conforme al artículo 212.4 del Código Procesal Civil, los actos procesales serán nulos cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión. En ese sentido, la Sala de lo Civil establece que por indefensión constitucionalmente relevante solo puede entenderse la situación en la que, normalmente con infracción de una norma procesal, el órgano judicial, en el curso del proceso, impide a una parte el ejercicio del derecho de defensa, privando o limitando bien su facultad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos. En otras palabras, la indefensión relevante comporta la introducción de factores diferentes del mero respeto de las normas procesales, consistiendo sustancialmente en la negación del derecho de defensa y en un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por la decisión judicial. En fin, debe alcanzar una significación material, produciendo una lesión efectiva en el derecho fundamental de defensa que consagra el artículo 82 de la Constitución de la república. 8. Tal y como ya se dejó señalado, el Código Procesal Civil prevé los canales para que la nulidad tenga cabida; tratándose de un recurso de casación, este tiene su propia vía de examen de conformidad con lo previsto en el artículo 719.1 b) del Código Procesal Civil, cuando se trate de normas procesales que regulen los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. 9. No es procedente invocar la nulidad en el recurso de casación de forma independiente, debiendo articularse, en todo caso, a través de los motivos que se formulen en el medio de impugnación. Sin embargo, en virtud del control procesal de los órganos jurisdiccionales, podrá el tribunal decretar nulidad de los actos procesales cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión (artículo 212.4 del Código Procesal Civil). El tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso, declarar la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular (artículo 214.2 del Código Procesal Civil). En relación, el artículo 701.1 del Código Procesal Civil, establece que: “El tribunal que resuelva los recursos de apelación y casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes, y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por las cuestiones de derecho a que se refiera la impugnación... 3. No obstante lo anterior, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 211 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 212.4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de enero del año dos mil veintiséis, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados GAUDY ESPERANZA BUSTILLO MARTÍNEZ COMO COORDINADORA, MILTON DANILO JIMÉNEZ PUERTO y RUBENIA ESPERANZA GALEANO MARADIAGA, en la fecha supra indicada dicta el siguiente AUTO: SON PARTES EN ESTA JURISDICCIÓN: El señor Florencio Madrid Guerra, representado en juicio por la abogada Anabelly Suyapa Medina Moncada, como recurrente; contra la sentencia de fecha veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare nulo un testamento por inexistencia de su matriz en el protocolo del notario autorizante, en consecuencia, se declare la nulidad de la declaratoria de herencia testamentaria, la nulidad de la sentencia emitida y subsecuentemente la distribución de esta; promovida en fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, por la abogada Anabelly Suyapa Medina Moncada, en su condición de representante procesal del señor Florencio Madrid Guerra, contra los señores Meri Madrid Guerra, Ana Gertrudiz Madrid Guerra y Aníbal Rodríguez Umanzor. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en el caso de autos dictó fallo, mismo que en su parte dispositiva establece lo siguiente: (Sic) “RESUELVE: PRIMERO: ESTIMA CON LUGAR el defecto material de PRESCRIPCIÓN de la Acción interpuesto por la parte demandada a través de su representante procesal. SEGUNDO: SE DESESTIMA el defecto material de FALTA DE CAPACIDAD, LEGITIMACIÓN PASIVA, interpuesto por la parte demandada atraves de su representante procesal. TERCERO: SE DESESTIMA la pretensión de NULIDAD DEL TESTAMENTO POR INEXISTENCIA DE SU MATRIZ EN EL PROTOCOLO AUTORIZANTE por estar prescrita la acción promovida por el señor Florencio Madrid Guerra a través de su representante procesal. CON COSTAS. MANDA Notificar a las partes a la mayor brevedad posible la presente sentencia sin que el plazo de notificación exceda de los Tres (3) días desde que se dicto tal como lo establece el artículo 480 párrafo primero del Código Procesal Civil, a las partes procesales. DISPOSICIÓN IMPUGNATIVA La Presente resolución judicial es susceptible de Recurso de Apelación, el que deberá de ser interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de su notificación ante este Órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE”.SEGUNDO: En fecha veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, dictó sentencia de la siguiente manera: (Sic) “FALLA: 1) DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha 27 de mayo del año 2019.- 2) CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha 27 de mayo del año 2019.- 3) Y MANDA: Que una vez firme el presente fallo con certificación de la presente resolución, se remita la primera pieza de autos al Juzgado de su origen para los efectos legales subsiguientes- SIN COSTAS. NOTIFÍQUESE”. TERCERO: La abogada Anabelly Suyapa Medina Moncada, actuando en su condición de representante procesal del señor Florencio Madrid Guerra, en fecha dieciséis de enero de dos mil veinte, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte de la recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del recurso, debiendo entregarse copia del mismo. CUARTO: La abogada Blanca Cristina Mejía Oseguera, actuando en su condición de representante procesal de los señores Meri Madrid Guerra, Ana Gertrudiz Madrid Guerra y Aníbal Rodríguez Umanzor, en fecha treinta y uno de enero del año dos mil veinte presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo el Ad-quem, tener por pronunciado a la recurrida, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, y una vez conformado el expediente de casación número S.C. 46-2020, la abogada Anabelly Suyapa Medina Moncada, en su condición ya indicada, presentó escrito de personamiento en fecha diecisiete de febrero del año dos mil veinte, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, tenerla por personada dentro del plazo concedido y por precluído el plazo dejado de utilizar por la abogada Blanca Cristina Mejía Oseguera, como recurrida. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Conforme dispone el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. En tal sentido, para que en un proceso existan verdaderamente las garantías judiciales, también conocidas como garantías procesales, es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. En consonancia con la Convención precitada, dispone la Constitución de la República en su artículo 90 párrafo primero que: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; principio que ha sido recogido por el Código Procesal Civil en el artículo 3, el cual dispone: “DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los tramites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada”. 2. Según el artículo 12.1 del Código Procesal Civil, la dirección del proceso está a cargo del juez, quien ejerce esa potestad de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y en el mencionado texto legislativo. 3. El artículo 7 en sus numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil, establece que: “1. El proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en el, son imperativas. 2. Las normas contenidas en este Código son obligatorias para órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso, salvo que la ley ofrezca excepcionalmente otra posibilidad de actuación. El órgano jurisdiccional adecuará la exigencia de las normas al logro de los fines del proceso respetando las garantías legalmente previstas”. 4. El artículo 1215 del Código Civil establece que el derecho de petición de herencia prescribe en veinte años, resultando claro que conforme al artículo 1210 del mismo cuerpo legal, el heredero que pruebe su derecho a una herencia ocupada por otra persona tendrá acción para que se le adjudique la herencia, como ha ocurrido en el caso de autos. Sin embargo, esta Sala de lo Civil considera prioritario preservar el derecho a la defensa de otras personas que resultan afectadas por el proceso conforme se explica a continuación. Esta Sala de lo Civil observa que el fallo proferido por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, de fecha veintidós de noviembre del año dos mil diecinueve, confirmó la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, de fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, que en el numeral tercero de los antecedentes de hecho señala lo siguiente: (Sic) “[...] se efectúo una tradición de dominio a favor de cuatro de sus hermanos, las dos demandadas y dos varones que ya murieron de nombre Elder Madrid Guerra, quien falleció recientemente pero aun su descendencia no ha obtenido declaración de herencia y JESUS EDGARDO MADRID GUERRA, quien no dejo descendencia y el cual son sus herederos las demandadas, el difunto ELDER MADRID GUERRA […]”. 5. De la revisión de los antecedentes del caso, esta Sala de lo Civil aprecia a folios 14 al 18 del expediente de primera instancia, que además de las señoras demandadas Meri Madrid Guerra y Ana Gertrudiz Madrid Guerra, en el testamento contenido en el instrumento público número 31 autorizado por el notario Aníbal Rodríguez Umanzor en fecha nueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho, cuya nulidad la parte actora pretende con el presente proceso, también se establecen como herederos a otras personas no llamadas al proceso, siendo ellos, además de los fallecidos Jesus Edgardo Madrid Guerra y Elder Madrid Guerra, también la señora Dina Maribel Madrid Guerra y el señor Alex Florencio Madrid Cardona. 6. El artículo 69 del Código Procesal Civil prescribe: “LITISCONSORCIO NECESARIO. 1. Cuando la decisión de fondo a recaer en el proceso afecte de manera uniforme a varias personas consideradas en su conjunto, solo será dictada válidamente si todos demandan o son demandados según se trate de litisconsorcio activo o pasivo, respectivamente, salvo disposición legal en contrario. 2. El juez, de oficio o a instancia de parte, puede integrar la posición de parte actora o demandada emplazando a las personas interesadas, si de la demanda o de la contestación parece evidente que la decisión a recaer en el proceso les va a afectar. Si carece de la información necesaria, requerirá a las partes para que proporcionen los datos necesarios para el emplazamiento, sin suspensión del procedimiento”. Salvo algunos casos en que el litisconsorcio viene impuesto legalmente, lo habitual es que el litisconsorcio provenga de la relación de derecho material que se va a dirimir en el proceso y corresponde a los jueces, de oficio, apreciar esta necesidad, con el objeto de ofrecer a los terceros la oportunidad de pronunciarse de forma previa a que se adopte la resolución que en su caso pueda afectarles. 7. El artículo 211 del Código Procesal Civil manda que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes, con relación a los actos procesales, da lugar a la nulidad o anulabilidad de acuerdo con lo establecido en el citado Código. Sobre la nulidad procesal y su procedencia la doctrina ha establecido la concurrencia de requisitos, que se concretan en: a) La existencia de una infracción procesal sustancial, esto es, de una omisión total y absoluta de las normas esenciales del procedimiento, por lo que, "a sensu contrario", no cualquier infracción de las normas procedimentales podrá determinar la nulidad de las actuaciones judiciales; y b) Que, como consecuencia directa de tal infracción procesal, se haya producido efectiva indefensión. Sigue enunciado la doctrina la diferencia entre: "indefensiones jurídico procesales" o meramente formales, deducidas de la infracción de la ley procesal; y las "indefensiones jurídico-constitucionales", materiales o reales, que derivan de una apreciación de la situación específica del justiciable afectado por la irregularidad procesal. Conforme al artículo 212.4 del Código Procesal Civil, los actos procesales serán nulos cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión. En ese sentido, la Sala de lo Civil establece que por indefensión constitucionalmente relevante solo puede entenderse la situación en la que, normalmente con infracción de una norma procesal, el órgano judicial, en el curso del proceso, impide a una parte el ejercicio del derecho de defensa, privando o limitando bien su facultad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos. En otras palabras, la indefensión relevante comporta la introducción de factores diferentes del mero respeto de las normas procesales, consistiendo sustancialmente en la negación del derecho de defensa y en un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por la decisión judicial. En fin, debe alcanzar una significación material, produciendo una lesión efectiva en el derecho fundamental de defensa que consagra el artículo 82 de la Constitución de la república. 8. Tal y como ya se dejó señalado, el Código Procesal Civil prevé los canales para que la nulidad tenga cabida; tratándose de un recurso de casación, este tiene su propia vía de examen de conformidad con lo previsto en el artículo 719.1 b) del Código Procesal Civil, cuando se trate de normas procesales que regulen los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. 9. No es procedente invocar la nulidad en el recurso de casación de forma independiente, debiendo articularse, en todo caso, a través de los motivos que se formulen en el medio de impugnación. Sin embargo, en virtud del control procesal de los órganos jurisdiccionales, podrá el tribunal decretar nulidad de los actos procesales cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión (artículo 212.4 del Código Procesal Civil). El tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso, declarar la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular (artículo 214.2 del Código Procesal Civil). En relación, el artículo 701.1 del Código Procesal Civil, establece que: “El tribunal que resuelva los recursos de apelación y casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes, y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por las cuestiones de derecho a que se refiera la impugnación... 3. No obstante lo anterior, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente”. 10. En el presente caso, esta Sala de lo Civil advierte que consta como hecho probado en las sentencias de primera y segunda instancia, la existencia de otros titulares de derechos que dimanan del testamento cuya nulidad pretende la parte actora. En tal sentido, estas personas pueden resultar afectadas por la decisión que haya de resolver la presente litis, resultando necesario que sean llamados al proceso de conformidad al precitado artículo 69.2 del Código Procesal Civil, en condición de litisconsorcio pasivo necesario. La jurisprudencia viene admitiendo la posibilidad de estimación de oficio de la defectuosa constitución de la relación procesal por falta de llamado al litigio de todos aquellos que necesariamente deben intervenir en él. De ahí que la inobservancia del artículo 69 del Código Procesal Civil sea susceptible de ser apreciado incluso en la fase de casación, al ser una cuestión de orden público, porque es garantizar la tutela judicial efectiva y dar acceso a la justicia a quienes procesalmente tienen legitimidad; y además es cumplir con uno de los fines del recurso de casación, como lo es garantizar la igualdad ante la ley (716.2 del CPC); pues la defectuosa constitución de la relación procesal impide la decisión sobre el fondo del litigio. 11. El artículo 215.5 del Código Procesal Civil, establece los supuestos de la nulidad de actuaciones, indicando que: “Si se estimara la nulidad, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente establecido[...]”. 12. Por las razones expuestas es procedente declarar la nulidad de oficio de las actuaciones procesales, inclusive del auto de admisión de la demanda, de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho y posteriores actuaciones, debiendo complementarse el auto de admisión en el sentido de ordenar el emplazamiento de las partes demandadas, de los sucesores de los herederos testamentarios fallecidos y de los herederos testamentarios Dina Maribel Madrid Guerra y Alex Florencio Madrid Cardona. 13. La anulación de las sentencias y la retroacción de las actuaciones son determinantes por lo que no procede examinar los motivos de casación formulados. 14. Al estimarse la nulidad de las sentencias, no resulta de aplicación el principio de vencimiento en materia de costas con ocasión del recurso de devolutivo (artículo 221 con relación al 219, ambos del Código Procesal Civil), en consecuencia, no procede la imposición de costas. 15. Contra la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad a lo que establece el artículo 724.1 del Código Procesal Civil, siendo que el procedimiento normado para las nulidades en instancia es mediante audiencia que se celebra siguiendo las particularidades del proceso abreviado y por ende susceptible a impugnación, por tal razón se omite ese procedimiento por impertinente en la sustanciación del recurso extraordinario de casación. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los articulos 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 20, 21, 24, 25 y 27 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial; 3, 7, 12.1, 21, 69, 71, 72, 73, 115.1, 119 numerales 1 y 2, 129, 169, 170, 190, 191, 193.2, literal b), 197, 199, 206, 207, 211, 212.3 y 4, 214.2, 214.3, 215.5, 219, 221, 701, 716, 717, 718 y 727.3 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; dicta el presente auto irrecurrible y declara: 1. La NULIDAD de las actuaciones procesales, inclusive del auto de admisión de la demanda de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho y posteriores actuaciones; ORDENANDO reponer las actuaciones al momento y estado inmediatamente anterior a aquel en que se hubiere producido la falta, debiendo el Juzgado de instancia ordenar el emplazamiento de todas las partes que conforme a la demanda parezca evidente que la decisión a recaer en el proceso les va a afectar. 2. Sin costas. Y MANDA: Certificar la presente resolución y remitir los antecedentes al tribunal de su procedencia para sus efectos legales consecuentes. Redactó el Magistrado Jiménez Puerto. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTÍNEZ. MAGISTRADA COORDINADORA. MILTON DANILO JIMENEZ PUERTO. MAGISTRADO. RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. SECRETARIA SALA DE LO CIVIL”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de marzo del año dos mil veintiséis; Certificación del auto de fecha trece de enero del año dos mil veintiséis, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 46=2020
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
SECRETARIA SALA DE LO CIVIL