Sentencia CC-154-21 — Registro 20219
Resumen
La Secretaría de Seguridad, presentó reclamo a la compañía aseguradora demandada notificando que el ahora demandante había sido declarado en Estado de Invalidez en su capacidad funcional en un sesenta y seis por ciento (66%) por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (deterior físico suficiente para operar el protocolo de siniestralidad por incapacidad total), por tanto, procedieran a los términos indemnizatorios acordados en el contrato contentivo a la póliza de seguros colectiva celebrada entre las partes. La sociedad Seguros Atlántida S.A. opuso resistencia a la acción promovida en su contra, sustentado en la inoperatividad de las cláusulas de los contratos mercantiles y ejerciendo objeción en que el demandante sufrió un accidente que dejó como secuelas la epilepsia, deterioro cognitivo, alteración del comportamiento y lumbalgia, las que fueron diagnosticadas antes de la adquisición de la póliza de seguros. En el contrato de seguro colectivo que nos ocupa, existe una clara discriminación a la persona humana en estado de vulnerabilidad, porque en la interpretación que se ha hecho en la instancia de esa cláusula, ha sido de manera obscura entre lo que es el concepto de enfermedad común e invalidez permanente. La Sala de lo Civil expresa que el denegar el beneficio de la póliza por la existencia de cláusulas excluyentes que denuncia el demandado, constituye un abuso mercantil al afectar directamente el principio pro persona, por lo que se declara con lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “4. Quedan acreditados los siguientes extremos: a) En fecha 15 de junio de 2016 la Secretaría de Seguridad suscribió póliza de vida colectivo con la compañía Seguros Atlántida, S.A. b) El demandante, señor José Enrique Ávila Velásquez era empleado de la Secretaría de Seguridad y por ende beneficiario colectivo de la póliza TG-3-282. c) En fecha 20 de noviembre de 2015 el señor José Enrique Ávila Velásquez, a sus cincuenta y un años de edad, fue diagnosticado de las siguientes enfermedades: Epilepsia, Deterioro Cognitivo, Alteración del Comportamiento, Lumbalgia. d) En fecha 23 de octubre de 2016, al estar en vigencia la póliza TG-3-282, la Comisión Técnica del Instituto Hondureño de Seguridad Social modificó el estado de salud del demandante pasando de enfermedad común a una nueva condición de salud cual es el estado de invalidez permanente en un sesenta y seis por ciento (66%), siniestralidad que sí estaba cubierta por la póliza en mención. 5. La doctrina define al siniestro como un hecho o acontecimiento que genera una pérdida o daño cubierto por una póliza de seguro. Es el evento que activa la obligación de la aseguradora de indemnizar o de gestionar la cobertura prevista en el contrato. Con dicha definición se hace la pregunta: ¿Cuándo inicia el hecho o acontecimiento? La respuesta es obvia, a partir que el Instituto Hondureño de Seguridad Social reconoce que el señor José Enrique Ávila Velásquez ha pasado de enfermedad común al estado de invalidez en un sesenta y seis por ciento (66%), es decir el 23 de octubre de 2016. ¿Se encontraba el demandante amparado por la póliza? La respuesta es SI, ya que la misma tenía vigencia a partir del 15 de junio de 2016 hasta el 15 de junio de 2017.”
Legislación citada
- Código de Comercio, art. 1116 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Comercio, art. 1124 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “En la presente causa debe distinguirse entre lo que son lesiones y la incapacidad física permanente: Las lesiones son daños concretos y puntuales en el cuerpo o la integridad física de una persona, resultado de un hecho dañino, que pueden ser temporales o permanentes, pero no necesariamente se traducen en una limitación funcional de carácter permanente; la incapacidad física permanente, en cambio, es una realidad jurídica que se configura cuando, como consecuencia de las lesiones, la persona presenta una disminución estable y duradera de su capacidad para realizar actividades básicas de la vida diaria o para ejercer su profesión, capacidad que debe ser valorada conforme a criterios médicos y sociales establecidos por la normativa aplicable y, en su caso, dar lugar a prestaciones, adaptaciones razonables o medidas de protección social debidamente acreditada por informe médico y valoración funcional acorde a la normativa vigente.”
Legislación citada
- Código de Comercio, art. 1116 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Comercio, art. 1124 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “ADMITIR el recurso de casación en su segundo motivo formalizado por el abogado Luís Armando Acosta Funez, en su condición ya indicada. 3. Señálese el día jueves 25 de septiembre de 2025, a las 3:30 p.m., para la celebración de la audiencia de vista, la cual se llevará a cabo en el Salón de Prensa del Poder Judicial”. OCTAVO: En el motivo admitido el impetrante argumenta: “EI Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, relacionado con la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio… 3. En la presente causa debe distinguirse entre lo que son lesiones y la incapacidad física permanente: Las lesiones son daños concretos y puntuales en el cuerpo o la integridad física de una persona, resultado de un hecho dañino, que pueden ser temporales o permanentes, pero no necesariamente se traducen en una limitación funcional de carácter permanente; la incapacidad física permanente, en cambio, es una realidad jurídica que se configura cuando, como consecuencia de las lesiones, la persona presenta una disminución estable y duradera de su capacidad para realizar actividades básicas de la vida diaria o para ejercer su profesión, capacidad que debe ser valorada conforme a criterios médicos y sociales establecidos por la normativa aplicable y, en su caso, dar lugar a prestaciones, adaptaciones razonables o medidas de protección social debidamente acreditada por informe médico y valoración funcional acorde a la normativa vigente. 4. Quedan acreditados los siguientes extremos: a) En fecha 15 de junio de 2016 la Secretaría de Seguridad suscribió póliza de vida colectivo con la compañía Seguros Atlántida, S.A. b) El demandante, señor José Enrique Ávila Velásquez era empleado de la Secretaría de Seguridad y por ende beneficiario colectivo de la póliza TG-3-282. c) En fecha 20 de noviembre de 2015 el señor José Enrique Ávila Velásquez, a sus cincuenta y un años de edad, fue diagnosticado de las siguientes enfermedades: Epilepsia, Deterioro Cognitivo, Alteración del Comportamiento, Lumbalgia. d) En fecha 23 de octubre de 2016, al estar en vigencia la póliza TG-3-282, la Comisión Técnica del Instituto Hondureño de Seguridad Social modificó el estado de salud del demandante pasando de enfermedad común a una nueva condición de salud cual es el estado de invalidez permanente en un sesenta y seis por ciento (66%), siniestralidad que sí estaba cubierta por la póliza en mención. 5. La doctrina define al siniestro como un hecho o acontecimiento que genera una pérdida o daño cubierto por una póliza de seguro. Es el evento que activa la obligación de la aseguradora de indemnizar o de gestionar la cobertura prevista en el contrato. Con dicha definición se hace la pregunta: ¿Cuándo inicia el hecho o acontecimiento? La respuesta es obvia, a partir que el Instituto Hondureño de Seguridad Social reconoce que el señor José Enrique Ávila Velásquez ha pasado de enfermedad común al estado de invalidez en un sesenta y seis por ciento (66%), es decir el 23 de octubre de 2016. ¿Se encontraba el demandante amparado por la póliza? La respuesta es SI, ya que la misma tenía vigencia a partir del 15 de junio de 2016 hasta el 15 de junio de 2017.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 719 numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “6. Establecido lo anterior, las cláusulas de un contrato de seguro colectivo NO son imperativas sobre los convenios y tratados suscritos por Honduras cuando las primeras vulneran, mediante su práctica, derechos humanos. Prueba de la especial importancia del principio pro persona se evidencia con la consagración de esta cláusula hermenéutica en diversos instrumentos internacionales. Así, por ejemplo, el principio pro homine aparece consagrado en instrumentos internacionales como: La Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 30), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 5), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 5), Convención Americana Sobre Derechos Humanos (art. 29), Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (art. 4). A partir de esta normativa, se constituye una obligación de los jueces de hacer control de convencionalidad como parte del derecho interno hondureño, reconociendo que la persona del señor Velásquez se ha encontrado en una condición de vulnerabilidad y que, por ende, es obligación del Estado una protección reforzada. 7. La hermenéutica mercantil establece como no escritas las cláusulas que limiten derechos fundamentales de los contratantes. En el contrato de seguro colectivo que nos ocupa, existe una clara discriminación a la persona humana en estado de vulnerabilidad, porque en la interpretación que se ha hecho en la instancia de esa cláusula, ha sido de manera obscura entre lo que es el concepto de enfermedad común e invalidez permanente. El denegar el beneficio de la póliza por la existencia de cláusulas excluyentes que denuncia el demandado, constituye un abuso mercantil al afectar directamente el principio pro persona, recogido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 29), obligando a interpretar cualquier norma o contrato en el sentido más favorable a la persona, especialmente cuando está en juego la integridad física y psicológica. 8. El reclamo de Noventa Mil Lempiras (L 90,000.00) en concepto de acuerdo de pago con la empresa Consultor Investigador Asesor de Seguros y Hospitales S. de R.L. son pertinentes a ser deducidos en la partida de costa, siendo esta etapa procesal la adecuada para determinar su condena.”
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 29 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil veintiséis, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados Gaudy Alejandra Bustillo Martínez como Coordinadora, Milton Danilo Jiménez Puerto y Rubenia Esperanza Galeano Barralaga, en la fecha supra indicada dictan la siguiente sentencia: SON PARTES PROCESALES: Como parte demandante el señor José Enrique Ávila Velásquez, representado procesalmente por el abogado Luís Armando Acosta Fúnez; y como parte demandada la sociedad Seguros Atlántida, S.A., representada procesalmente por el abogado Henry Mauricio Cárdenas Ardón. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria de incumplimiento de contrato de seguro colectivo, pago de daño emergente por pagare firmado, daños y perjuicios, promovida en fecha once de febrero del dos mil diecinueve, ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, por el señor José Enrique Ávila Velásquez, mayor de edad, hondureño, Licenciado en Investigaciones, casado y de este domicilio, contra la sociedad mercantil Seguros Atlántida. S.A., por medio de su representante legal, señor Juan Miguel Orellana Maldonado. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: El once de febrero del dos mil diecinueve, el señor José Enrique Ávila Velásquez interpuso demanda por incumplimiento de contrato de una póliza de seguro colectivo, pago del daño emergente, intereses, en contra de la sociedad Seguros Atlántida S.A. Cabe resaltar que la parte actora renunció en escrito anterior, a las pretensiones de daños y perjuicios. (ver. folios 120-121) SEGUNDO: El demandante afirma que él se encontraba amparado por póliza de seguro adquirida mediante licitación pública para la contratación de una póliza de seguro colectivo de vida entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y la empresa mercantil Seguros Atlántida, S.A., identificada con el pliego de condiciones administrativas y especificaciones técnicas identificada con la nomenclatura SEDS-No.003-2016 del año 2016 y adjudicada el 19 de abril de ese mismo año. Para esa fecha el demandante presentaba sintomatología de varias dolencias que afectaban su calidad de vida regular. TERCERO: En fecha catorce de octubre del año dos mil dieciséis, la Comisión Técnica de Invalidez del Instituto Hondureño de Seguridad Social, procedió a la revisión técnica del expediente clínico y evaluación física del señor José Enrique Ávila Velásquez, determinando que efectivamente presentaba una pérdida de capacidad funcional del sesenta y seis por ciento (66%) a consecuencia de accidente común, con los diagnósticos de: Epilepsia, Deterioro Cognitivo, Alteración del Comportamiento, Lumbalgia; calificando al asegurado con estado de invalidez. En fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, la Secretaría de Seguridad, presentó reclamo a la compañía aseguradora demandada notificando que el ahora demandante había sido declarado en Estado de Invalidez en su capacidad funcional en un sesenta y seis por ciento (66%) por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (deterior físico suficiente para operar el protocolo de siniestralidad por incapacidad total), por tanto, procedieran a los términos indemnizatorios acordados en el contrato contentivo a la póliza de seguros colectiva celebrada entre las partes. La cantidad a indemnizar al señor José Enrique Ávila Velásquez es de Seiscientos Mil Lempiras (L 600,000.00). En la pretensión deducida, el demandante amplia dicha cantidad en Noventa Mil Lempiras (L 90,000.00); cantidad derivada por un acuerdo de pago con la empresa mercantil Consultor Investigador Asesor de Seguros y Hospitales S. de R.L. (CIASH). CUARTO: La sociedad Seguros Atlántida S.A. opuso resistencia a la acción promovida en su contra, sustentado en la inoperatividad de las cláusulas de los contratos mercantiles y ejerciendo objeción en que el demandante sufrió un accidente en año 2015; la opinión médico-legal (f.136) que concluye que el demandante sufrió un accidente en el año 2015, que dejó como secuelas la epilepsia, deterioro cognitivo, alteración del comportamiento y lumbalgia, las que fueron diagnosticadas antes de la adquisición de la póliza de seguros; que la póliza tuvo relación contractual a partir del 15 de junio de 2016, y que el 14 de octubre de 2016, el asegurado calificó para un estado de invalidez con una perdida funcional de 66%, lo que significa que al momento de suscribir la póliza el demandado no participó a la compañía de seguros su estado de salud existente, condición excluyente para ser beneficiado por el seguro contratado. QUINTO: Para acreditar su pretensión, el demandante-recurrente hizo uso de medios de prueba controvertidas siguientes: 1) Constancia laboral del demandante; 2) Dictamen pericial de experto ajustador de nombre Marlon Guardado; 3) Dictamen de la Comisión de Invalidez del Instituto Hondureño de Seguridad Social; 4) Documentos acreditativos al reclamo y su denegatoria por parte de la compañía aseguradora; 5) Contrato de suministro para la adquisición de una póliza de seguro colectivo de vida regido por la Licitación Pública SEDS-003-2016; 6) Acuerdo de pago con la empresa mercantil Consultor Investigador Asesor de Seguros y Hospitales S. de R.L. (CIASH). SEXTO: Como resistencia, la parte demandada-recurrida procedió a evacuar los siguientes medios de prueba: 1) Póliza TG-3-282; 2) Dictamen médico No. 457-16 CTI-TEG, de fecha 14 de octubre de 2016: 3) Informe rendido por la firma Consultores, Investigadores, Ajustadores de Seguros y Hospitales, S.A.; 4) Constancia emitida en fecha 20 de enero 2016, por Radiología del Centro Médico hondureño; 5) Constancia emitida por el doctor Ovidio Alvarado; 6) Reclamo ante la CNBS de fecha 15 de enero de 2013. SÉPTIMO: Con fecha veinte de agosto de dos mil veinticinco, esta Sala de lo Civil dictó auto admitiendo el recurso de casación en su segundo motivo, formalizado por el abogado Luís Armando Acosta Fúnez como representante procesal del señor José Enrique Ávila Velásquez, en contra de la sentencia proferida por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, de fecha veintidós de marzo del año dos mil veintiuno, resolución que en su parte dispositiva sucintamente dice: “… 1. INADMITIR el primer motivo del recurso de casación formalizado por el abogado Luís Armando Acosta Funez, en su condición de representante procesal del señor José Enrique Ávila Velásquez contra la sentencia proferida por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de marzo del año dos mil veintiuno, por las razones que se han hecho mérito. 2. ADMITIR el recurso de casación en su segundo motivo formalizado por el abogado Luís Armando Acosta Funez, en su condición ya indicada. 3. Señálese el día jueves 25 de septiembre de 2025, a las 3:30 p.m., para la celebración de la audiencia de vista, la cual se llevará a cabo en el Salón de Prensa del Poder Judicial”. OCTAVO: En el motivo admitido el impetrante argumenta: “EI Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, relacionado con la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. EXPLICACION: Como parte afectada, consideramos que la sentencia hoy objeto de recurso en su fundamento de derecho quinto establece: "QUINTO: Que de lo antes expuesto podemos categóricamente concluir lo siguiente: A)- Que la perdida de la "Capacidad Funcional o invalidez" del Asegurado, fue el resultado del ACCIDENTE COMUN que tuvo lugar el 20 de noviembre del año 2015 como a eso de las 13: 30 horas" antes del inicio de vigencia del contrato de seguro 15 de junio del año 2016; por esto y conforme al contenido del literal "i" de la Cláusula "3"del Anexo "3" de la POLIZA COLECTIVO DE VIDA: TG-3-282. la condición de invalidez del demandante Señor JOSE ENRIQUE AVILA VELASQUEZ, efectivamente tal como aduce el Apelante, está excluido del beneficio que solicita." En ese sentido, la Sentencia hoy objeto de recurso a nuestro criterio no tiene una aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio de conformidad a lo establecido en el artículo 719 numeral 2 del Código procesal Civil, pues tal y como lo expresamos en el motivo de casación que antecede, el juzgador no realizó una aplicación debida de la norma sustantiva, pues nunca logro acreditar en la motivación de su sentencia que hubo una dación de consentimiento en la supuesta póliza TG-3-282, esbozando una relación Lógica que determinara que efectivamente ese documento tuviese fuerza legal para condenarnos, y siempre hemos denunciado la falta de consentimiento en la "POLIZA TG-3-282" presentada por SEGUROS ATLANTIDA al presente juicio, pues vulnera lo preceptuado en los artículos 1550 y 1552 del Código Civil, donde literalmente se establece lo siguiente: "Articulo ° 1550.- Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento salvo que la ley exija alguna otra formalidad.", y "No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes; 1- Consentimiento de los contratantes. 2 - Objeto cierto que sea materia del contrato. 3- Causa de la obligación que se establezca. ", todo esta aplicado por supletoriedad que establece el artículo 1 del Código del Comercio con las disposiciones del Código Civil, aunado a ello, el fallo de la Corte de Apelaciones contraviene las interpretaciones que esta honorable sala ha emitido en el sentido de otorgar el consentimiento, que en un documento físico debe de ir la firma impronta, en el caso que nos ocupa, el documento no la tiene, pues ni siquiera aparece en el la firma del señor Juan Miguel Orellana Maldonado en su condición de Representante Legal de SEGUROS ATLANTIDA. Vale la pena establecer que en todo momento durante el presente proceso hemos alegado la falta de consentimiento (Firma de las partes contratantes), sin embargo, consideramos esta extrema no ha sido tornado en consideración, y tampoco se establece en la sentencia una relación Lógica para condenarnos amparándose en dicho documento. Adicionalmente, ya el Código de Comercio establece los requisitos mínimos legales para que un documento pueda ser considerado una póliza de seguro, para ello debemos ver lo preceptuado en el "CODIGO DE COMERCIO. - Art. 1116.- La empresa aseguradora estará obligada a entregar al contratante del seguro, una póliza en la que consten los derechos y obligaciones de las partes. La póliza deberá contener: I Los nombres, domicilios de las contratantes y firma de la empresa aseguradora; II.- a designación de la cosa o de la persona asegurada; ///.- La naturaleza de los riesgos garantizados; IV.-EI momento a partir del cual se garantiza el riesgo y la duración de esta garantía· VI La cuota o prima del seguro y VIII, Las demás cláusulas que deban figurar en la póliza de acuerdo con las disposiciones legales, así como las convenidas lícitamente por los contratantes”, Así mismo, el “CODIGO DE COMERCIO.- Art 1224.- La póliza del seguro sobre las personas, además de los requisitos del artículo 1116, deberá contener los siguientes El nombre completo y fecha de nacimiento de la persona o personas sobre quienes recaiga el seguro; II.- nombre completo del beneficiario, si hay alguno determinado; ///.-El acontecimiento o el término del cual depende la exigibilidad de las sumas asegurada y, IV.- En su caso, los valores garantizados.” En ese sentido, Al documento (Borrador de póliza Tg-3-282) en el que se argumenta la sentencia hoy objeto de recurso no describe las sumas aseguradas y las primas cobradas dice que es Lps 0.00, darle validez significara que si la Secretaria de Seguridad debió pagar Lps 0.00, pero en la realidad pago más de L.49,000,000.00, significa entonces que todas las primas recibidas por SEGUROS ATLANTIDA deberían ser devueltas. Como podrá observar estos son requisitos establecidos para que surta efectos legales, motivo que ocasiona una mala aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Por otra parte, el artículo 729 del Código de Comercio es de aplicación al existir únicamente coma media de prueba contrato de póliza o documento emitido por una parte y, en este caso existe tres (3) documentos (Licitación SEDS-No.003-2016, borrador de Póliza TG-3-282 y Contrato de Suministros para la Adquisición de un Seguro Colectivo de Vida Regido por la Licitación SEDS-No.003-2016). En consonancia del artículo 727 del Código de Comercio, no tienen valor las condiciones a favor del redactor unilateral de la póliza que limita su responsabilidad fijada y aceptada al participar en proceso de licitación pública y expresamente plasmada en el contrato de suministro suscrito. El contrato de suministro fue suscrito en base a la solicitud u oferta (licitación pública), en consonancia al párrafo segundo del artículo 1111 del Código de Comercio. En consonancia a lo anterior, en aplicación del principio pro usuario o en este caso principio pro asegurado, existiendo controversia entre una condición general sobre una particular, prevalecerá la que favorezca al tomador o suscriptor del seguro. Artículo 86 de la Ley de instituciones de Seguros y Reaseguros. Es importante establecer que SEGUROS ATLANTIDA al haber participado de manera voluntaria y aceptado los términos y condiciones establecidas en el pliego de condiciones de la Licitación SEDS-No.003-2016 INTENTO BURLAR EL PROCESO DE LICITACION emitiendo en fecha 15 de junio del 2016 el BORRADOR DE POLIZA TG-3282, sin embargo, sus esfuerzos fueron infructíferos, pues 7 días después, ósea el 22 de junio del 2016 la Secretaria de Seguridad obligó a la suscripción del CONTRATO DE SUMINISTROS PARA LA ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA REGIDO POR LA LICITACION SEDS-No.003-2016 siendo firmado y aceptado sin reserva alguna para Juan Miguel Orellana Maldonado en representación de SEGUROS ATLANTIDA y el señor Julián Pacheco Tinoco en representación de la Secretaria de Seguridad y todos sus empleados; documento que al no haber sido impugnado quedo firme y exigible de conformidad a lo establecido en el artículo 87 de la Ley de instituciones de Seguros y Reaseguros.” NOVENO: La audiencia de vista se realizó solo con la presencia del representante procesal de la parte demandante-recurrente, la contraparte no justificó su incomparecencia, lo cual, al no poder crearse contradicción, se sustentaron los mismos argumentos que dieran admisibilidad al recurso. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. El recurso de casación es un recurso extraordinario y formalmente regulado que procede contra sentencias definitivas o resoluciones susceptibles de ser casadas ante la Corte Suprema de Justicia, con el fin de corregir errores jurídicos (interpretación o aplicación del derecho) cometidos por los tribunales inferiores. No se reexamina la valoración de hechos, sino la correcta aplicación del derecho sustantivo y procesal y así eliminar vicios de interpretación o aplicación del derecho que afecten la seguridad jurídica, la certeza de las normas y la correcta resolución de la controversia (artículo 717 del Código Procesal Civil). 2. El artículo 716 numeral 2) del Código Procesal Civil expresa que las normas sobre recurso de casación deberán aplicarse e interpretarse en la forma más favorable a la finalidad de unificación de la jurisprudencia como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas; es decir la garantía de todos ante la ley. 3. En la presente causa debe distinguirse entre lo que son lesiones y la incapacidad física permanente: Las lesiones son daños concretos y puntuales en el cuerpo o la integridad física de una persona, resultado de un hecho dañino, que pueden ser temporales o permanentes, pero no necesariamente se traducen en una limitación funcional de carácter permanente; la incapacidad física permanente, en cambio, es una realidad jurídica que se configura cuando, como consecuencia de las lesiones, la persona presenta una disminución estable y duradera de su capacidad para realizar actividades básicas de la vida diaria o para ejercer su profesión, capacidad que debe ser valorada conforme a criterios médicos y sociales establecidos por la normativa aplicable y, en su caso, dar lugar a prestaciones, adaptaciones razonables o medidas de protección social debidamente acreditada por informe médico y valoración funcional acorde a la normativa vigente. 4. Quedan acreditados los siguientes extremos: a) En fecha 15 de junio de 2016 la Secretaría de Seguridad suscribió póliza de vida colectivo con la compañía Seguros Atlántida, S.A. b) El demandante, señor José Enrique Ávila Velásquez era empleado de la Secretaría de Seguridad y por ende beneficiario colectivo de la póliza TG-3-282. c) En fecha 20 de noviembre de 2015 el señor José Enrique Ávila Velásquez, a sus cincuenta y un años de edad, fue diagnosticado de las siguientes enfermedades: Epilepsia, Deterioro Cognitivo, Alteración del Comportamiento, Lumbalgia. d) En fecha 23 de octubre de 2016, al estar en vigencia la póliza TG-3-282, la Comisión Técnica del Instituto Hondureño de Seguridad Social modificó el estado de salud del demandante pasando de enfermedad común a una nueva condición de salud cual es el estado de invalidez permanente en un sesenta y seis por ciento (66%), siniestralidad que sí estaba cubierta por la póliza en mención. 5. La doctrina define al siniestro como un hecho o acontecimiento que genera una pérdida o daño cubierto por una póliza de seguro. Es el evento que activa la obligación de la aseguradora de indemnizar o de gestionar la cobertura prevista en el contrato. Con dicha definición se hace la pregunta: ¿Cuándo inicia el hecho o acontecimiento? La respuesta es obvia, a partir que el Instituto Hondureño de Seguridad Social reconoce que el señor José Enrique Ávila Velásquez ha pasado de enfermedad común al estado de invalidez en un sesenta y seis por ciento (66%), es decir el 23 de octubre de 2016. ¿Se encontraba el demandante amparado por la póliza? La respuesta es SI, ya que la misma tenia vigencia a partir del 15 de junio de 2016 hasta el 15 de junio de 2017. 6. Establecido lo anterior, las cláusulas de un contrato de seguro colectivo NO son imperativas sobre los convenios y tratados suscritos por Honduras cuando las primeras vulneran, mediante su práctica, derechos humanos. Prueba de la especial importancia del principio pro persona se evidencia con la consagración de esta cláusula hermenéutica en diversos instrumentos internacionales. Así, por ejemplo, el principio pro homine aparece consagrado en instrumentos internacionales como: La Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 30), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 5), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 5), Convención Americana Sobre Derechos Humanos (art. 29), Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (art. 4). A partir de esta normativa, se constituye una obligación de los jueces de hacer control de convencionalidad como parte del derecho interno hondureño, reconociendo que la persona del señor Velásquez se ha encontrado en una condición de vulnerabilidad y que, por ende, es obligación del Estado una protección reforzada. 7. La hermenéutica mercantil establece como no escritas las cláusulas que limiten derechos fundamentales de los contratantes. En el contrato de seguro colectivo que nos ocupa, existe una clara discriminación a la persona humana en estado de vulnerabilidad, porque en la interpretación que se ha hecho en la instancia de esa cláusula, ha sido de manera obscura entre lo que es el concepto de enfermedad común e invalidez permanente. El denegar el beneficio de la póliza por la existencia de cláusulas excluyentes que denuncia el demandado, constituye un abuso mercantil al afectar directamente el principio pro persona, recogido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 29), obligando a interpretar cualquier norma o contrato en el sentido más favorable a la persona, especialmente cuando está en juego la integridad física y psicológica. 8. El reclamo de Noventa Mil Lempiras (L 90,000.00) en concepto de acuerdo de pago con la empresa Consultor Investigador Asesor de Seguros y Hospitales S. de R.L. son pertinentes a ser deducidos en la partida de costa, siendo esta etapa procesal la adecuada para determinar su condena. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos de derecho citados y en aplicación de los artículos 15, 17, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 29 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 4 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; 1116 y 1124 del Código de Comercio; 194, 197, 200 numeral 2) literal b), 201.2, 206, 207, 208, 228, 716, 718, 725 numeral 2), 193.2 literal c), 701, 716, 718, 719, 725, 726.1, 727.4, 729 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; profiere la presente SENTENCIA Y FALLA: 1. Estima procedente y DECLARA HA LUGAR el recurso la casación interpuesto por el abogado Luís Armando Acosta Funez en su condición de representante procesal del señor José Enrique Ávila Velásquez. 2. CASA la sentencia proferida por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de marzo del año dos mil veintiuno. 3. Declara CON LUGAR la demanda ordinaria por incumplimiento de póliza de seguro colectivo, pago de intereses, promovida por el señor José Enrique Ávila Velásquez, CONDENANDO a la sociedad mercantil Seguros Atlántida, S.A., al pago de SEISCIENTOS MIL LEMPIRAS (L 600,000.00) más intereses legales (6%). 4. El reclamo de Noventa Mil Lempiras (L 90,000.00) en concepto de acuerdo de pago con la empresa Consultor Investigador Asesor de Seguros y Hospitales S. de R.L., son pertinentes a las partidas de costas, siendo esa etapa procesal la adecuada para determinar su condena. 5. CONDENA en costas a la parte vencida en esta jurisdicción. Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes por medio de sus representantes legalmente constituidos en el juicio, tras lo cual se ordena asimismo devolver las actuaciones a la correspondiente Corte de Apelaciones del lugar de su procedencia, con la certificación del presente fallo, para que disponga el curso que debe seguirse conforme a la ley. Redactó el Magistrado Jiménez Puerto. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTÍNEZ. MAGISTRADA COORDINADORA. MILTON DANILO JIMENEZ PUERTO. MAGISTRADO. RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. SECRETARIA SALA DE LO CIVIL”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil veintiséis; Certificación de la sentencia de fecha cuatro de febrero del año dos mil veintiséis, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 154=2021
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
SECRETARIA SALA DE LO CIVIL