Sentencia CC-109-21 — Registro 20218
Resumen
La Corte de Apelaciones confirmó parcialmente la sentencia que condena a la sociedad mercantil a pagar L 3,700,002.30, más un 7% de interés legal anual generado desde junio de 2005, por los daños ocasionados a un barco pesquero; no obstante, el tribunal rechazó la reclamación por perjuicios de pesca, razón por la cual la Sala de lo Civil admitió el recurso de casación al detectar fallas de motivación y congruencia en los argumentos de la resolución de segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “12. Habiéndose dejado señalado en los acápites anteriores los argumentos expuestos por las partes sobre el Segundo Motivo admitido, se hace cita de la motivación fáctica y jurídica de la sentencia impugnada, específicamente en lo relacionado con los argumentos esgrimidos por el recurrente, así tenemos que el tribunal de alzada expresa entre otros, lo siguiente: (Sic) "CUARTO: En cuanto a los perjuicios reclamados, el juez en la sentencia hace ver que la prueba documental presentada consistente en un documento privado de certificación de estimación de egresos e ingresos por de cada temporada de pesca, no permite adquirir la certeza suficiente para otorgar el monto reclamado por perjuicios.- manifestando el apelante demandante, en sus agravios que el juez omitió valorar en la sentencia el medio de prueba número seis; inspección personal del juez a los despachos de agricultura y ganadería, a SENASA, a la dirección de pesca y agricultura.- Resulta que de la revisión del medio de prueba número seis a que alude el apelante; este tribunal de alzada, no encuentra dato alguno que arroje el monto de perjuicios causados al demandante o dato alguno para ordenar la liquidación de los perjuicios, medio de prueba que se considera inútil en el presente juicio, razón por la que el juez no lo toma en consideración.". QUINTO: El artículo 1365 del Código Civil, dispone, "Que la indemnización de daños y perjuicios comprende no solo el valor de la perdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya ·dejado de obtener el acreedor ...".- Si bien en el presente juicio fueron acreditados los daños no ha si los perjuicios causados, al no demostrarse a cuánto ascienden los mismos, al no contar la parte demandante con soporte contable, financiero, etc., que permita la realización de los cálculos." 13. La Sala de lo Civil deviene en señalar que una de las casuales o motivo para interponer recurso de casación es la contemplada en el artículo 719.1 c) del Código Procesal Civil, que establece lo siguiente: “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)….; b)…… y c) La forma y contenido de la sentencia.”; causal esta que precisamente ha sido invocada por el recurrente y que relaciona con el artículo 720.2 del referido código y que preceptúa: “Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente del fallo.” Señala como norma vulnerada por falta de aplicación, el artículo 207.2 del Código Procesal Civil, que referente al requisito interno de la motivación dice: “La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y la razón.” 14. En el caso de autos, la parte recurrente resiste los argumentos del tribunal de segunda instancia, arguyendo básicamente que en el fallo proferido no se aplican las reglas de la lógica y de la sana crítica en su motivación, ello en razón de que los argumentos del fallo versan sobre la carencia de datos del monto de los perjuicios causados a la demandante, lo cual impide poder ordenar la liquidación de los perjuicios, así como también cuando señala que se requiere de información contable o financiera de un ingreso que no se tuvo. Señala que tal postura no se corresponde con el medio de prueba número seis (6) propuesto y evacuado en el juicio y que comprende información acerca de lo siguiente: 1) Los buques de pesca de camarón, donde se encuentra el barco denominado "Captain Bill"; 2) Las procesadoras e industrias que compran el producto de la pesca para exportar, donde se encuentra la exportadora donde el barco "Captain Bill" se encontraba listo para la faena, cuando fue secuestrado y no retornado; 3) El tonelaje de camarón reportado por toda la flota de barcos pesqueros por cada temporada de pesca perdida, donde figura el barco secuestrado; y 4) El valor FOB (Franco a Bordo) de las toneladas de camarón reportadas por las exportadoras por cada temporada de pesca perdida, figurando la empresa donde se vendería la pesca. Que, en consideración a la fecha del secuestro del buque hasta la actualidad, tenemos que a través de una simple operación matemática se determina que el barco retenido dejó de percibir el promedio de la pesca de camarón reportada ante las autoridades de la República por todas las temporadas de pesca en que ha estado secuestrado el buque, y que su cuota de pesca resulta de la división de las toneladas pescadas por la flota completa entre la cantidad de barcos pesqueros, y el valor en dólares para determinar la cuantía de la perdida, resulta de multiplicar esa cuota de pesca por el valor FOB de la tonelada que está determinada por las mismas autoridades. Por lo que las razones argüidas por el tribunal de alzada escapan de la razón, la lógica y la sana crítica en consideración a la especialidad de la materia de pesca de camarón y de haber sido aplicadas estas normas procesales sé habría obtenido un fallo distinto.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 207.2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 720.2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “12. Habiéndose dejado señalado en los acápites anteriores los argumentos expuestos por las partes sobre el Segundo Motivo admitido, se hace cita de la motivación fáctica y jurídica de la sentencia impugnada, específicamente en lo relacionado con los argumentos esgrimidos por el recurrente, así tenemos que el tribunal de alzada expresa entre otros, lo siguiente: (Sic) "CUARTO: En cuanto a los perjuicios reclamados, el juez en la sentencia hace ver que la prueba documental presentada consistente en un documento privado de certificación de estimación de egresos e ingresos por de cada temporada de pesca, no permite adquirir la certeza suficiente para otorgar el monto reclamado por perjuicios.- manifestando el apelante demandante, en sus agravios que el juez omitió valorar en la sentencia el medio de prueba número seis; inspección personal del juez a los despachos de agricultura y ganadería, a SENASA, a la dirección de pesca y agricultura.- Resulta que de la revisión del medio de prueba número seis a que alude el apelante; este tribunal de alzada, no encuentra dato alguno que arroje el monto de perjuicios causados al demandante o dato alguno para ordenar la liquidación de los perjuicios, medio de prueba que se considera inútil en el presente juicio, razón por la que el juez no lo toma en consideración.". QUINTO: El artículo 1365 del Código Civil, dispone, "Que la indemnización de daños y perjuicios comprende no solo el valor de la perdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya ·dejado de obtener el acreedor ...".- Si bien en el presente juicio fueron acreditados los daños no ha si los perjuicios causados, al no demostrarse a cuánto ascienden los mismos, al no contar la parte demandante con soporte contable, financiero, etc., que permita la realización de los cálculos." 13. La Sala de lo Civil deviene en señalar que una de las casuales o motivo para interponer recurso de casación es la contemplada en el artículo 719.1 c) del Código Procesal Civil, que establece lo siguiente: “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)….; b)…… y c) La forma y contenido de la sentencia.”; causal esta que precisamente ha sido invocada por el recurrente y que relaciona con el artículo 720.2 del referido código y que preceptúa: “Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente del fallo.” Señala como norma vulnerada por falta de aplicación, el artículo 207.2 del Código Procesal Civil, que referente al requisito interno de la motivación dice: “La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y la razón.” 14. En el caso de autos, la parte recurrente resiste los argumentos del tribunal de segunda instancia, arguyendo básicamente que en el fallo proferido no se aplican las reglas de la lógica y de la sana crítica en su motivación, ello en razón de que los argumentos del fallo versan sobre la carencia de datos del monto de los perjuicios causados a la demandante, lo cual impide poder ordenar la liquidación de los perjuicios, así como también cuando señala que se requiere de información contable o financiera de un ingreso que no se tuvo. Señala que tal postura no se corresponde con el medio de prueba número seis (6) propuesto y evacuado en el juicio y que comprende información acerca de lo siguiente: 1) Los buques de pesca de camarón, donde se encuentra el barco denominado "Captain Bill"; 2) Las procesadoras e industrias que compran el producto de la pesca para exportar, donde se encuentra la exportadora donde el barco "Captain Bill" se encontraba listo para la faena, cuando fue secuestrado y no retornado; 3) El tonelaje de camarón reportado por toda la flota de barcos pesqueros por cada temporada de pesca perdida, donde figura el barco secuestrado; y 4) El valor FOB (Franco a Bordo) de las toneladas de camarón reportadas por las exportadoras por cada temporada de pesca perdida, figurando la empresa donde se vendería la pesca. Que, en consideración a la fecha del secuestro del buque hasta la actualidad, tenemos que a través de una simple operación matemática se determina que el barco retenido dejó de percibir el promedio de la pesca de camarón reportada ante las autoridades de la República por todas las temporadas de pesca en que ha estado secuestrado el buque, y que su cuota de pesca resulta de la división de las toneladas pescadas por la flota completa entre la cantidad de barcos pesqueros, y el valor en dólares para determinar la cuantía de la perdida, resulta de multiplicar esa cuota de pesca por el valor FOB de la tonelada que está determinada por las mismas autoridades. Por lo que las razones argüidas por el tribunal de alzada escapan de la razón, la lógica y la sana crítica en consideración a la especialidad de la materia de pesca de camarón y de haber sido aplicadas estas normas procesales sé habría obtenido un fallo distinto.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 207.2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 720.2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “18. El derecho a la tutela judicial efectiva incluye el de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, es una exigencia derivada del derecho de defensa y del derecho de independencia e imparcialidad de los jueces que recogen los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 90 párrafo primero de la Constitución de la República y 3 del Código Procesal Civil; la motivación adecuada del fallo permite conocer las razones de la decisión que contienen y posibilita su control mediante el sistema de los recursos; es decir que la motivación incide en los elementos fácticos y jurídicos del proceso, y desarrolla la función de subsunción, entendida esta, cuando el hecho que produce una determinada consecuencia jurídica, se subsume en el artículo concreto que regula la situación jurídica, bajo las reglas de la lógica y la razón. Este deber de motivación son las razones por las cuales se adopta la decisión hecha constar en la parte dispositiva del fallo; los elementos de la motivación son el objeto del razonamiento, este ha de ser, la prueba y la norma o normas aplicables, donde el juez deberá justificar el motivo; por el cual aplica la norma alegada por los litigantes o el motivo por el cual se aparta de esa aplicación alegada por las partes. De la suficiencia de los fallos, entendemos cumplida la misma, cuando: a) Resuelve todas las defensas y pretensiones; b) Explica con claridad los fundamentos de hecho y de derecho; c) Contiene una parte dispositiva completa; y d) Permite su ejecución sin necesidad de acudir a interpretaciones adicionales para entender el fallo. Es necesario acotar también que acerca de la motivación se puede, en algunas ocasiones, considerar motivada una sentencia cuando se remita a un documento, o en la segunda instancia, cuando se remita a la sentencia dictada en primera instancia. En estos casos se considera motivada a pesar de estar remitida la referencia a documentos existentes en el expediente. A mayor abundamiento, la razón última que sustenta este deber de motivación, en tanto que la obligación de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional, reside en la prohibición de la arbitrariedad y, por tanto, en la necesidad de evidenciar que el fallo de la resolución no es un simple y arbitrario acto de voluntad del juzgador en ejercicio de un rechazable absolutismo judicial, sino una decisión razonada en términos de derecho. Esta exigencia cumple una doble finalidad inmediata: de un lado, garantizar el eventual control jurisdiccional de los fallos dictados por los jueces y Tribunales a través del sistema de recursos y de otro permitir al ciudadano conocer el fundamento de las decisiones judiciales, haciendo explícito que éstas corresponden a una determinada aplicación de la Ley; constituyendo la esencia del control a desarrollar por este Tribunal la comprobación de la relación directa y manifiesta existente entre la norma que el juzgador declara aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la argumentación jurídica conducente a éste. Lo señalado permite que puedan ser conocidos como tales, los fundamentos en que se basa la resolución judicial, esto es, al menos, los hechos probados de que se parte y la calificación jurídica que se les atribuye, dicho en términos más sencillos, motivar es explicar la decisión judicial.”
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “18. El derecho a la tutela judicial efectiva incluye el de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, es una exigencia derivada del derecho de defensa y del derecho de independencia e imparcialidad de los jueces que recogen los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 90 párrafo primero de la Constitución de la República y 3 del Código Procesal Civil; la motivación adecuada del fallo permite conocer las razones de la decisión que contienen y posibilita su control mediante el sistema de los recursos; es decir que la motivación incide en los elementos fácticos y jurídicos del proceso, y desarrolla la función de subsunción, entendida esta, cuando el hecho que produce una determinada consecuencia jurídica, se subsume en el artículo concreto que regula la situación jurídica, bajo las reglas de la lógica y la razón. Este deber de motivación son las razones por las cuales se adopta la decisión hecha constar en la parte dispositiva del fallo; los elementos de la motivación son el objeto del razonamiento, este ha de ser, la prueba y la norma o normas aplicables, donde el juez deberá justificar el motivo; por el cual aplica la norma alegada por los litigantes o el motivo por el cual se aparta de esa aplicación alegada por las partes. De la suficiencia de los fallos, entendemos cumplida la misma, cuando: a) Resuelve todas las defensas y pretensiones; b) Explica con claridad los fundamentos de hecho y de derecho; c) Contiene una parte dispositiva completa; y d) Permite su ejecución sin necesidad de acudir a interpretaciones adicionales para entender el fallo. Es necesario acotar también que acerca de la motivación se puede, en algunas ocasiones, considerar motivada una sentencia cuando se remita a un documento, o en la segunda instancia, cuando se remita a la sentencia dictada en primera instancia. En estos casos se considera motivada a pesar de estar remitida la referencia a documentos existentes en el expediente. A mayor abundamiento, la razón última que sustenta este deber de motivación, en tanto que la obligación de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional, reside en la prohibición de la arbitrariedad y, por tanto, en la necesidad de evidenciar que el fallo de la resolución no es un simple y arbitrario acto de voluntad del juzgador en ejercicio de un rechazable absolutismo judicial, sino una decisión razonada en términos de derecho. Esta exigencia cumple una doble finalidad inmediata: de un lado, garantizar el eventual control jurisdiccional de los fallos dictados por los jueces y Tribunales a través del sistema de recursos y de otro permitir al ciudadano conocer el fundamento de las decisiones judiciales, haciendo explícito que éstas corresponden a una determinada aplicación de la Ley; constituyendo la esencia del control a desarrollar por este Tribunal la comprobación de la relación directa y manifiesta existente entre la norma que el juzgador declara aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la argumentación jurídica conducente a éste. Lo señalado permite que puedan ser conocidos como tales, los fundamentos en que se basa la resolución judicial, esto es, al menos, los hechos probados de que se parte y la calificación jurídica que se les atribuye, dicho en términos más sencillos, motivar es explicar la decisión judicial.”
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “19. Habida cuenta que el a quo y el ad quem admiten la responsabilidad de la parte demandada, sin embargo, no condenan a la misma a los perjuicios que a propia admisión tiene derecho por no ser posible realizar su cálculo con certeza. Corresponde a los juzgadores conocer la legislación, misma que brinda las herramientas adecuadas con el objeto de proferir decisiones justas y ajustadas a derecho, en el caso autos, la existencia de la figura de sentencia con reserva de liquidación. 20. Que a la fecha de la interposición de la demanda se encontraba vigente el Código de Procedimientos Comunes, que establecía en su artículo 191 párrafo segundo cuando no fuere posible fijar el importe de la cantidad líquida ni las bases para realizar la liquidación se hará la condena a reserva de fijar su importe en la ejecución de la sentencia. Esta figura se recoge ahora en el artículo 209.3 del Código Procesal Civil, que señala: “…. No obstante, lo anterior, se permitirá al demandante solicitar, y al tribunal sentenciar, la condena al pago de cantidad de dinero, frutos, rentas, utilidades o productos cuando ésa sea exclusivamente la pretensión planteada y se dejen para un proceso posterior los problemas de liquidación concreta de las cantidades. Artículo este por el cual se trata de evitar posteriores y dilatados incidentes de ejecución y de meras sentencias declarativas cuando es posible fijar la cuantía exacta de lo debido dentro del proceso principal; existiendo la diferencia que ahora debe ser solicitada por la parte demandante. El artículo 913 del Código Procesal Civil regula la aplicación del Código de Procedimientos Comunes en primera instancia hasta la fecha de su resolución, aplicando en el caso de autos el Código Procesal Civil para el juicio de segunda instancia. De la revisión de los antecedentes, esta Sala verifica que mediante el recurso de apelación interpuesto la parte demandante efectivamente solicitó se emitiera sentencia con reserva de liquidación, en virtud de no haber sido aplicado el artículo 191 párrafo segundo del Código de Procedimientos Comunes por parte del a quo, cumpliendo el presupuesto procesal ya establecido en el citado artículo 209.3 del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 191 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 209.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “19 Habida cuenta que el a quo y el ad quem admiten la responsabilidad de la parte demandada, sin embargo, no condenan a la misma a los perjuicios que a propia admisión tiene derecho por no ser posible realizar su cálculo con certeza. Corresponde a los juzgadores conocer la legislación, misma que brinda las herramientas adecuadas con el objeto de proferir decisiones justas y ajustadas a derecho, en el caso autos, la existencia de la figura de sentencia con reserva de liquidación. 20. Que a la fecha de la interposición de la demanda se encontraba vigente el Código de Procedimientos Comunes, que establecía en su artículo 191 párrafo segundo cuando no fuere posible fijar el importe de la cantidad líquida ni las bases para realizar la liquidación se hará la condena a reserva de fijar su importe en la ejecución de la sentencia. Esta figura se recoge ahora en el artículo 209.3 del Código Procesal Civil, que señala: “…. No obstante, lo anterior, se permitirá al demandante solicitar, y al tribunal sentenciar, la condena al pago de cantidad de dinero, frutos, rentas, utilidades o productos cuando ésa sea exclusivamente la pretensión planteada y se dejen para un proceso posterior los problemas de liquidación concreta de las cantidades. Artículo este por el cual se trata de evitar posteriores y dilatados incidentes de ejecución y de meras sentencias declarativas cuando es posible fijar la cuantía exacta de lo debido dentro del proceso principal; existiendo la diferencia que ahora debe ser solicitada por la parte demandante. El artículo 913 del Código Procesal Civil regula la aplicación del Código de Procedimientos Comunes en primera instancia hasta la fecha de su resolución, aplicando en el caso de autos el Código Procesal Civil para el juicio de segunda instancia. De la revisión de los antecedentes, esta Sala verifica que mediante el recurso de apelación interpuesto la parte demandante efectivamente solicitó se emitiera sentencia con reserva de liquidación, en virtud de no haber sido aplicado el artículo 191 párrafo segundo del Código de Procedimientos Comunes por parte del a quo, cumpliendo el presupuesto procesal ya establecido en el citado artículo 209.3 del Código Procesal Civil. 21. La Sala de lo Civil establece que la sentencia de segunda instancia incumple lo preceptuado en el artículo 207.2 del Código Procesal Civil, atinente a la motivación de los fallos, y más concretamente en hacer una valoración conforme a las máximas de la experiencia; ello se estila así ya que, en el caso de autos se desprende de la prueba aportada, que la actividad comercial desarrollada por la demandante, reviste características especiales que tienen que ver con las faenas pesqueras por temporadas llevadas a cabo por la embarcación Captain Bill, en ese sentido, el fallo proferido resulta insuficiente en cuanto a la sana critica, que tiene que ver con la experiencia común, es decir lo que realmente ocurre en la vida real. La parte demandante ha planteado dentro de sus pretensiones el pago de la indemnización de daños y perjuicios (artículo 1365 del Código Civil); a modo de introito la Sala tiene a bien establecer que el objeto de la responsabilidad civil es la reparación del daño o perjuicio causado, en ese sentido la indemnización debe tener un carácter reparatorio. Del artículo citado se desprende que no hay ninguna regla valorativa del daño, sino solamente que debe comprender el valor de la pérdida sufrida y las ganancias dejadas de obtener a causa del evento; en el caso que nos ocupa la controversia se suscita en torno a este segundo aspecto, esto es el pago de la utilidad, ventaja o provecho que se ha dejado de percibir, en otras palabras el perjuicio se define como la ganancia lícita que una persona deja de obtener o los gastos que le ocasiona un acto u omisión de otra que contraviene una norma jurídica, dando lugar consecuentemente a una indemnización. 22. Expuesto todo lo anterior, la Sala de lo Civil, estima la admisibilidad del recurso de casación impetrado, ello en razón de que el fallo del tribunal de segunda instancia denota insuficiencia en su motivación, al carecer de la congruencia entre lo admitido por el juzgador y el fallo otorgado a la parte demandante, falencia que se denota cuando la legislación procesal civil brinda las herramientas necesarias para el efecto y la parte demandante lo ha solicitado de esa manera. "
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 193 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1365 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “19 Habida cuenta que el a quo y el ad quem admiten la responsabilidad de la parte demandada, sin embargo, no condenan a la misma a los perjuicios que a propia admisión tiene derecho por no ser posible realizar su cálculo con certeza. Corresponde a los juzgadores conocer la legislación, misma que brinda las herramientas adecuadas con el objeto de proferir decisiones justas y ajustadas a derecho, en el caso autos, la existencia de la figura de sentencia con reserva de liquidación. 20. Que a la fecha de la interposición de la demanda se encontraba vigente el Código de Procedimientos Comunes, que establecía en su artículo 191 párrafo segundo cuando no fuere posible fijar el importe de la cantidad líquida ni las bases para realizar la liquidación se hará la condena a reserva de fijar su importe en la ejecución de la sentencia. Esta figura se recoge ahora en el artículo 209.3 del Código Procesal Civil, que señala: “…. No obstante, lo anterior, se permitirá al demandante solicitar, y al tribunal sentenciar, la condena al pago de cantidad de dinero, frutos, rentas, utilidades o productos cuando ésa sea exclusivamente la pretensión planteada y se dejen para un proceso posterior los problemas de liquidación concreta de las cantidades. Artículo este por el cual se trata de evitar posteriores y dilatados incidentes de ejecución y de meras sentencias declarativas cuando es posible fijar la cuantía exacta de lo debido dentro del proceso principal; existiendo la diferencia que ahora debe ser solicitada por la parte demandante. El artículo 913 del Código Procesal Civil regula la aplicación del Código de Procedimientos Comunes en primera instancia hasta la fecha de su resolución, aplicando en el caso de autos el Código Procesal Civil para el juicio de segunda instancia. De la revisión de los antecedentes, esta Sala verifica que mediante el recurso de apelación interpuesto la parte demandante efectivamente solicitó se emitiera sentencia con reserva de liquidación, en virtud de no haber sido aplicado el artículo 191 párrafo segundo del Código de Procedimientos Comunes por parte del a quo, cumpliendo el presupuesto procesal ya establecido en el citado artículo 209.3 del Código Procesal Civil. 21. La Sala de lo Civil establece que la sentencia de segunda instancia incumple lo preceptuado en el artículo 207.2 del Código Procesal Civil, atinente a la motivación de los fallos, y más concretamente en hacer una valoración conforme a las máximas de la experiencia; ello se estila así ya que, en el caso de autos se desprende de la prueba aportada, que la actividad comercial desarrollada por la demandante, reviste características especiales que tienen que ver con las faenas pesqueras por temporadas llevadas a cabo por la embarcación Captain Bill, en ese sentido, el fallo proferido resulta insuficiente en cuanto a la sana critica, que tiene que ver con la experiencia común, es decir lo que realmente ocurre en la vida real. La parte demandante ha planteado dentro de sus pretensiones el pago de la indemnización de daños y perjuicios (artículo 1365 del Código Civil); a modo de introito la Sala tiene a bien establecer que el objeto de la responsabilidad civil es la reparación del daño o perjuicio causado, en ese sentido la indemnización debe tener un carácter reparatorio. Del artículo citado se desprende que no hay ninguna regla valorativa del daño, sino solamente que debe comprender el valor de la pérdida sufrida y las ganancias dejadas de obtener a causa del evento; en el caso que nos ocupa la controversia se suscita en torno a este segundo aspecto, esto es el pago de la utilidad, ventaja o provecho que se ha dejado de percibir, en otras palabras el perjuicio se define como la ganancia lícita que una persona deja de obtener o los gastos que le ocasiona un acto u omisión de otra que contraviene una norma jurídica, dando lugar consecuentemente a una indemnización. 22. Expuesto todo lo anterior, la Sala de lo Civil, estima la admisibilidad del recurso de casación impetrado, ello en razón de que el fallo del tribunal de segunda instancia denota insuficiencia en su motivación, al carecer de la congruencia entre lo admitido por el juzgador y el fallo otorgado a la parte demandante, falencia que se denota cuando la legislación procesal civil brinda las herramientas necesarias para el efecto y la parte demandante lo ha solicitado de esa manera. "
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 193 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1365 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veintiséis; la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados Milton Danilo Jiménez Puerto como Coordinador, Rubenia Esperanza Galeano Barralaga y Gaudy Alejandra Bustillo Martínez, en esta fecha dictan la siguiente SENTENCIA: SON PARTES PROCESALES: Como parte demandante la señora Elnor Arety Smith Hernández, representada en juicio por el abogado Rafael Enrique Gómez Mateo; y como parte demandada la sociedad mercantil denominada Banco Lafise S.A., (antes Banco Futuro S. A.), representada en juicio por el abogado Jorge Alberto García Martínez. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria de Pago de Daños e Indemnización de Perjuicios, promovida en fecha ocho de enero de dos mil ocho, ante el entonces Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por el abogado Víctor Guillermo Perelló Paranky, actuando en su condición de representante procesal de la señora Elnor Arety Smith Hernández, contra la sociedad mercantil denominada Banco Futuro S.A., ahora Banco Lafise S.A., representada por el señor Roberto Joseph Zamora Llanes, en su condición de Presidente del Consejo de Administración y representante legal. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: El día ocho de enero del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, el abogado Víctor Guillermo Perelló Paranky, en su condición de apoderado judicial de la señora Elnor Arety Smith Hernández, presentando Demanda Ordinaria Para el Pago de Daños y Perjuicios, contra la sociedad mercantil denominada Banco Futuro ahora Banco Lafise Honduras, estableciendo como hechos cronológicos, entre otros, los siguientes: a) Que en fecha 14 de marzo de 2003, la parte demandada, a través de su apoderado legal Alan Virgilio Pineda Chinchilla, interpuso ante ese juzgado solicitud de ejecución de un bien mueble dado en prenda por el señor Billy Adolfo Smith, en la que solicito se hiciera efectiva la ejecución mediante la venta en pública subasta del bien mueble objeto del gravamen; solicitud que además debía de realizarse sin notificar al deudor por el deterioro o temor de que pueda sufrir daños o extravió por encontrarse en total abandono; tal y como consta en el acta de comparecencia; b) En fecha 17 de marzo de 2003, el juzgado admitió la referida solicitud, y decreto sin notificación al demandado la venta en pública subasta del bien mueble pignorado en virtud de la urgencia manifestada por el acreedor; ejecutándola bajo la responsabilidad del demandante, en la misma providencia el juez ordeno el secuestro de la embarcación objeto de la prenda (Vid. folios del 1 al 3 y 15 del expediente V-3175 ahora 0501-2007-08309 del tribunal); c) Para llevar a cabo lo solicitado, el juzgado libró comunicación al Juzgado de Letras de Islas de la Bahía el día 19 de marzo del 2003, a fin de hacer efectivo el secuestro y la venta en pública subasta de la embarcación objeto de la prenda; d) En fecha 20 de marzo del 2003 se procedió a embargar la embarcación, atendiendo los argumentos del solicitante sobre que estaba en total abandono y descuido; lo cual era falso ya que dicho barco se encontraba en buen estado en las instalaciones de Mariscos Hibur, listo para zarpar y llevar a cabo sus labores de pesca; consecuentemente a partir de la referida fecha se nos privó de la posesión de la embarcación, quedando en poder de Banco Futuro S.A., (ahora Banco Lafise S.A.), quien nombró como depositario al gerente de turno de la Agencia de Roatán, Islas de la Bahía, el señor Saul Orlando Burgos Jacome; e) Como consecuencia directa del secuestro judicial de la embarcación “Capitán Bill”, la misma se destruyó por completo, al dejar de faenar en las temporadas de pesca de los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, por lo que se ha dejado de percibir un monto mínimo aproximado de Cuatro Millones de Lempiras (L 4,000.000.00) por temporada; haciendo un total hasta el año 2007 de Veinte Millones de Lempiras (L 20,000,000.00); f) La demanda que presentamos tiene su fundamento, no en el hecho del secuestro de la embarcación; sino que se origina a raíz del desistimiento de la Demanda de Ejecución de Prenda solicitado por la demandante el día 20 de mayo del año 2005, la cual fue admitida por este juzgado, emitiéndose resolución por la cual se tiene por retirada las diligencias y considera como no presentada la misma, se ordena que la secretaria proceda a la devolución de los documentos acompañados, el archivo de las diligencias y se decreta el cese del secuestro de la moto nave pesquera Capitán Bill (antes Carnival IX), con registro N° RHU-24147, inscrito bajo el número 32 Tomo 2 del Registro de embarcaciones del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Islas de La Bahía, orden que no se llevó a cabo por razones de peso, tales como: 1) El barco, debido a la falta de mantenimiento durante su secuestro judicial, se encuentra totalmente deteriorado, lo que no permite su movilización ni utilización; 2) El depositario al momento de ser requerido para la devolución del barco, manifestó no poder hacerlo, ya que no se encontraba en su poder; 3) Los instrumentos de navegación del barco se encuentran en poder del depositario (Banco Futuro S.A.), y no los entregó a su propietario; g) De todo lo anterior se establece la responsabilidad del Banco Lafise S.A., para el pago de daños que se calcula de la siguiente manera: 1) Valor del Barco Capitán Bill Trescientos Veinte Mil Dólares ($ 320,000.00) o su equivalente en Lempiras; 2) Deudas contraídas para el mantenimiento del barco, no pagadas a consecuencia del secuestro, más gastos por el uso del muelle donde se encuentra la embarcación que ascienden a la suma de Setenta Mil Dólares ($ 70,000.00) o su equivalente en lempiras; y 3) Perjuicios ocasionados por las temporadas que no se pudo faenar hasta el año 2007 y que ascienden a la suma de Veinte Millones de Lempiras (L 20,000,000.00). SEGUNDO: En fecha dieciocho de junio del año dos mil dieciocho, el abogado Jorge Alberto García Martínez, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada Banco Lafise S.A. (Honduras), compareció ante la primera instancia (a-quo) contestando la demanda interpuesta contra su representada, en dicho libelo sucintamente se señaló lo siguiente: a) Que respecto del Hecho Primero de la demanda se acepta parcialmente en lo referente a que su representada, en el ejercicio legítimo de su derecho, presentó un juicio de ejecución de un crédito prendario constituido por el señor Billy Adolfo Smith, por lo que el juzgado competente decretó la medida cautelar de secuestro de un bien mueble propiedad del demandado; diligencia que fue ejecutada y el bien mueble fue puesto a la orden del depositario, por el juez ejecutor; la veracidad de los demás argumentos expuestos por la parte demandante deberán ser objeto de análisis en el momento procesal oportuno; todas las diligencias llevadas a cabo fueron por orden de juez competente; b) Sobre lo externado en el Hecho Segundo, no se acepta ello en razón de que el hecho de que una embarcación tenga sus licencias de pescar o certificación de navegabilidad, no necesariamente determina que esté en condiciones de perfecto estado de funcionamiento; tampoco resulta cierto que el depositario hubiese sido nombrado por Banco Lafise S.A., porque tal nombramiento fue hecho por el juez ejecutor en atención a lo señalado por el artículo 463 en relación con el artículo 272 del Código de Procedimientos Civiles vigente; c) En respuesta al Hecho Tercero de la demanda, se rechaza, ya que se alega situaciones fácticas que no son acreditadas con ningún medio de prueba, ya que si se hubiese producido la alegada destrucción o inutilización de la motonave, tampoco se puede asegurar que se han producido como consecuencia de su secuestro judicial; tampoco se aporta prueba alguna sobre la alegación de las temporadas que dicha embarcación haya perdido las temporadas de pesca a partir del año 2003 en adelante, es cierto que el juicio ordinario contempla la posibilidad de presentar y evacuar pruebas en el momento procesal oportuno, pero también lo es que artículo 262 del Código de Procedimientos Civiles obliga al demandante a presentar los instrumentos en que se funde la demanda o señalar el archivo en que obren. Respecto de las alegaciones sobre los instrumentos de navegación del barco al aducirse que no fueron entregados por el depositario; el demandante no aporta ningún medio de prueba sobre tal cuestión, como tampoco señala archivo alguno donde conste documento alguno que acredite tal aseveración tal y como lo señala el artículo 483 del citado código, y si lo aseverado fuese cierto bien pudo haberse interpuesto la denuncia ante el Ministerio Publico de la ciudad de La Ceiba departamento de Atlántida. Se rechaza la pretensión del demandante de atribuir responsabilidad por un supuesto deterioro de la embarcación al Banco Lafise S.A., mismo que no fue denunciado ante el juzgado que decretó y ordenó el secuestro de dicho bien mueble, ni ante el Ministerio Público, ya que la responsabilidad invocada amparada en el artículo 1303 del Código de Comercio se establece cuando el juez ordena la venta del bien pignorado, situación que en el caso de autos no sucedió, por lo tanto tal vinculación de responsabilidad no es válida. También se rechaza el antojadizo cálculo de daños planteado en la demanda, ello por las mismas razones expuestas, es decir no se acredita con medio de prueba alguno en donde consten los mismos; y d) De manera general se rechaza la demanda interpuesta ya que la misma no establece, no relaciona, no señala ni justifica las razones por las cuales se deberá responder por los infundados daños y perjuicios que se reclaman; el demandante de manera vaga señala lo preceptuado por el artículo 1303 párrafo cuarto del Código de Comercio; pero tal artículo condiciona que la venta se haya realizado sin notificación para que se produzca la responsabilidad del acreedor; pero en el caso de autos tal venta nunca se efectuó. De igual menara se indica el artículo 1360 del Código Civil, sin embargo en la demanda no se establece cuáles son los actos dolosos o negligentes, por los cuales la demandada está obligada a indemnizar por daños y perjuicios, amén de que no existe ninguna relación entre los supuestos hechos y la demandada, ello porque como ya se expresó, todos los actos judiciales fueron ordenados por el juez respectivo en cumplimiento de la ley procesal civil y por no existir prueba alguna por la cual se pueda inferir responsabilidad alguna del banco. TERCERO: En fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el caso de autos, dictó sentencia confirmando la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia (a-quo), de fecha treinta de octubre de dos mil veinte, que en su parte dispositiva estableció lo siguiente: (Sic) “PRIMERO: Declarando CON LUGAR PARCIALMENTE la Demanda Ordinaria Para El Pago De Daños Y Perjuicios, promovida por la señora ELNOR ARETY SMITH HERNANDEZ, mayor de edad, soltera, Hondureña con identidad número 1102-1980 00126 y del domicilio de Guanaja, Islas de la Bahía, contra la sociedad mercantil denominada BANCO FUTURO ahora BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD ANONIMA (BANCO LAFISE S. A.) a través de su presidente del consejo de administración y representante legal, el señor ROBERTO JOSEPH ZAMORA LLANES. SEGUNDO: SE CONDENA a la sociedad mercantil denominada BANCO FUTURO ahora BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD ANONIMA (BANCO LAFISE S. A.) a través de su presidente del consejo de administración y representante legal, el señor ROBERTO JOSEPH ZAMORA LLANES a pagar a favor de la señora ELNOR ARETY SMITH HERNANDEZ la cantidad total de TRES MILLONES SETECIENTOS MIL DOS LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (L 3,700,002.30) en concepto de los DAÑOS causados a la moto nave pesquera CAPTAIN BILL ex CARNIVAL IX propiedad de la demandante, más el siete por ciento (7%) anual que devengue dicha cantidad, en concepto de interés legal, calculado a partir del trece (13) de junio del año dos mil cinco (2005), hasta la fecha en que se haga efectiva la misma. TERCERO: SIN LUGAR el pago de los PERJUICIOS solicitados por la señora ELNOR ARETY SMITH HERNANDEZ por la cantidad de Cuatro millones de lempiras (L 4,000,000.00) como mínimo por temporada anual de pesca perdida que al año dos mil siete (2007) suman Veinte millones de lempiras (L 20,000.00) más la cantidad de las temporadas de pesca perdidas hasta la fecha. CUARTO: SE CONDENA EN COSTAS a la sociedad mercantil denominada BANCO FUTURO ahora BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD ANONIMA (BANCO LAFISE S. A.) a través de su presidente del consejo de administración y representante legal, el señor ROBERTO JOSEPH ZAMORA LLANES. QUINTO: Esta sentencia por ser definitiva admite recurso de apelación el que debe interponerse por escrito dentro de los diez días siguientes a la Notificación, debiendo aplicarse a partir de la fecha de esta sentencia las reglas y lineamientos establecidos en el Código Procesal Civil (vigente). NOTIFIQUESE.” CUARTO: En fecha once de mayo de dos mil veintiuno, el abogado Rafael Enrique Gómez Mateo, actuando en su condición de representante procesal de la señora Elnor Arety Smith Hernández, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolviendo el Ad-quem mediante proveído de fecha once de mayo de dos mil veintiuno, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del mismo, debiendo entregársele copia del mismo. QUINTO: En fecha once de mayo de dos mil veintiuno, el abogado Jorge Alberto García Martínez, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada Banco Lafise (Honduras) S.A., (antes Banco Futuro S.A.), presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, y mediante proveído de fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del mismo, debiendo entregársele copia del mismo. Recibidas las actuaciones en este Alto Tribunal y una vez conformado el expediente de casación con número S.C. 109-2021, los abogados Rafael Enrique Gómez Mateo y Jorge Alberto García Martínez, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas siete y diecisiete de junio de dos mil veintiuno, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, tener por personado de manera extemporánea como recurrente-recurrido al abogado Rafael Enrique Gómez Mateo, actuando su condición ya indicada, asimismo se tuvo por personado en tiempo y forma como recurrido-recurrente al abogado Jorge Alberto García Martínez, actuando en su condición ya indicada. SEXTO: En fecha dieciséis de junio de mil novecientos veinticinco, esta Sala de lo Civil profirió por unanimidad de votos auto irrecurrible, el cual resolvió: (Sic) “1. LA INADMISION del recurso de casación en el Motivo Primero y la Nulidad Subsidiaria, formalizado por el Recurrente abogado Rafael Enrique Gómez Mateo, actuando en su condición de representante procesal de la señora Elnor Arety Smith Hernández, contra la sentencia dictada en fecha cinco de abril del año dos mil veintiuno, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula departamento de Cortes. 2. LA ADMISION del recurso de casación en su Segundo Motivo, por infracción de norma adjetiva, formalizado por el recurrente abogado Rafael Enrique Gómez Mateo, actuando en su condición señalada, contra la sentencia dictada en fecha cinco de abril del año dos mil veintiuno, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula departamento de Cortes. 3. LA INADMISION del recurso de casación en sus Cinco Motivos y la Nulidad Subsidiaria planteados por el impetrante abogado Jorge Alberto García Martínez, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada Banco Lafise S.A., contra la sentencia dictada en fecha cinco de abril del año dos mil veintiuno, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula departamento de Cortes. Señálese votación y fallo para el día jueves 25 de septiembre de 2025, a las 3:00 p. m. Redacto el Magistrado Jiménez Puerto. Notifíquese.” MOTIVACIÓN JURÍDICA 1. Respecto de las garantías judiciales, el artículo 8.1 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustantación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” 2. Por su parte, La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; preceptúa en su artículo 17: “Derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles. Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales.”; encontramos también el artículo 18 “Derecho de justicia. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos……”, y el artículo 24 Derecho de Petición. “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución.” 3. El Título III, Capitulo II De Los Derechos Individuales de la Constitución de la República en su artículo 80 preceptúa el derecho que le asiste a toda persona de presentar peticiones a las autoridades y obtener una respuesta en el plazo legal; por su parte, el artículo 82 constitucional, garantiza la inviolabilidad del derecho de defensa y el libre acceso a los tribunales de los habitantes de la República, para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes; además, el párrafo primero del artículo 90 preceptúa: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.” 4. El artículo 313 de la Constitución de la República, entre otras atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, señala: “5. Conocer de los recursos de habeas corpus, habeas data, casación, amparo, revisión e inconstitucionalidad de conformidad con la constitución y la ley.” 5. Por el principio de acceso a los juzgados, reconocido en el artículo 1 deI Código Procesal Civil, toda persona tiene derecho a peticionar ante los juzgados la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. En ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso, derecho originado en el artículo 82 de la Constitución de la República que garantiza que el derecho de defensa es inviolable, teniendo libre acceso a los tribunales los habitantes de la República para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes. 6. El recurso de casación, al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, tiene dos fines expresos, el primero de ellos se encamina a la protección de las normas del ordenamiento jurídico (función nomofiláctica), y esto se hace procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo; el segundo fin tiene que ver con la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte, el numeral dos del artículo precitado, conmina a este Alto Tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 7. Conforme el artículo 718 del Código Procesal Civil, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, es competente para conocer del recurso de casación, teniendo facultades para estimar y casar la resolución recurrida y resolver conforme a derecho o bien para no estimar procedente la casación por ningún motivo en cuyo caso declarar que no ha lugar al recurso. 8. La Sala de lo Civil identifica como thema decidendi o ámbito del recurso de casación únicamente la vinculación que nace en el caso de autos respecto del Motivo Segundo de casación formalizado por el censor y admitido por este Tribunal. En consecuencia, sólo podrá decidir en relación a los pronunciamientos recurridos y por cuestión de derecho mediante el principio “el juez conoce el derecho” (iura novit curia), todo ello de conformidad a los artículos 701.1,2 y 726.1 del Código Procesal Civil. 9. Como consecuencia de lo anterior y al tenor de lo dispuesto en el artículo 726.1 del Código Procesal Civil, corresponde a la Sala de lo Civil confrontar el Motivo Segundo admitido, mismo que versa por infracción de norma adjetiva contra la sentencia dictada en fecha cinco de abril de dos mil veintiuno por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés. 10. Se retoma textualmente el Segundo Motivo admitido al abogado Rafael Enrique Gómez Mateo, actuando en su condición de representante procesal de la señora Elnor Arety Smith Hernández, el cual expresa lo siguiente: (Sic) “FALTA DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA POR VICIOS EN LA MOTIVACIÓN FÁCTICA DE LA MISMA POR FALTA DE RACIONALIDAD Y CARÁCTER LÓGICO. PRECEPTO AUTORIZANTE DEL MOTIVO DE CASACIÓN: Este motivo de casación está autorizado por el Artículo 719 número 1 letra c, en relación al artículo 720 número 2 del Código Procesal Civil vigente. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO, NORMAS INFRINGIDAS Y SU EXPLICACIÓN: La Sentencia incurre en este motivo de casación por cuanto falta a la aplicación que del contenido de la misma exige el artículo 207 número 2 del Código Procesal Civil, al no incidir la motivación con la suficiente lógica, racionalidad y faltando al deber de la aplicación de la sana crítica, sobre los elementos fácticos y jurídicos del fallo, lo que explico a continuación: El fallo recurrido establece en su ordinal cuarto y quinto lo siguiente: "CUARTO: En cuanto a los perjuicios reclamados, él juez en la sentencia hace ver que la prueba documental presentada consistente en un documento privado de certificación de estimación de egresos e ingresos por cada temporada de pesca, no permite adquirir la certeza suficiente para otorgar el monto reclamado por perjuicios.- manifestando el apelante demandante, en sus agravios que el juez omitió valorar en la sentencia el medio- de prueba número seis; inspección personal del juez a la los despachos de agricultura y ganadería, a SENASA, a la dirección de pesca y agricultura.- Resulta que de la revisión del medio de prueba número seis a que alude el apelante; este tribunal de alzada, no encuentra dato alguno que arroje el monto de perjuicios causados al demandante o dato alguno para ordenar la liquidación de los perjuicios, medio de prueba que se considera inútil en el presente juicio, razón por la que el juez no lo toma en consideración." QUINTO: El artículo 1365 del Código que, dispone, "Que la indemnización de daños y perjuicios comprende no solo el valor de la perdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor ... ".- Si bien en el presente juicio fueron acreditados los daños no ha si los perjuicios causados, al no demostrarse a cuánto ascienden los mismos, al no contar la parte demandante con soporte contable, financiero, etc; que permita la realización de los cálculos." De lo anterior se colige que la Honorable Corte, no aplica las reglas de la lógica y de la sana crítica en su motivación, cuando dictamina que "no encuentra dato alguno que arroje el monto de perjuicios causados al demandante o dato alguno para ordenar la liquidación de los perjuicios," o cuando establece que requiere de información contable o financiera de un ingreso que no se tuvo, cuando el medio de prueba número seis (6) que fuera debidamente propuesto y evacuado en juicio practicado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) (F467 785 p.p.), está compuesto precisamente de datos que estaban . .. .destinados a este propósito, como son: 1. Los buques de pesca de camarón, donde se encuentra el barco de mi representada "CAPTAIN BlLL". 2. Las procesadoras e industrias que compran el producto de la pesca para exportar, donde se encuentra la exportadora donde el barco "CAPTAIN BILL" se encontraba listo para la faena, cuando fue secuestrado y no retornado. 3. El tonelaje de camarón reportado por toda la flota de barcos pesqueros por cada temporada de pesca perdida, donde figura el barco de mi representada. 4. El valor FOB (Franco a Bordo) de las toneladas de camarón reportadas por las exportadoras por cada temporada de pesca perdida, donde figura la empresa donde mi representada vendería su pesca. Todos los datos anteriores desde la fecha del secuestro del buque hasta la actualidad, por lo que dicha motivación se escapa de la razón, la lógica y la sana crítica en consideración a la especialidad de la materia de pesca de camarón y de haber sido aplicadas estas normas procesales sé habría obtenido un fallo distinto ya que a través de una simple operación matemática se puede determinar que el barco de mi representada dejó de percibir el promedio de la pesca de camarón reportada ante las autoridades de la República por todas las temporadas de pesca en que ha estado secuestrado el buque, y que su cuota de pesca resulta de la división de las toneladas pescadas por la flota completa entre la cantidad de barcos pesqueros, y el valor en dólares para determinar la cuantía de la perdida, resulta de multiplicar esa cuota de pesca por el valor FOB de la tonelada que está determinada por las mismas autoridades. No existe otra forma para determinar la “oportunidad” que perdió mi representada que, a través de la información oficial brindada por el Estado de Honduras, por lo que este motivo debe de ser estimado y casada parcialmente la sentencia…”. 11. El abogado Jorge Alberto García Martínez, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada Banco Lafise (Honduras) S.A., respecto del Segundo Motivo de casación admitido a la parte recurrente, planteó su respuesta de la siguiente manera: (Sic) “SOBRE EL SEGUNDO MOTIVO INVOCANDO LA FALTA DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA POR VICIOS EN SU MOTIVACIÓN FACTICA POR FALTA DE RACIONALIDAD Y CARÁCTER LOGICO” El Recurrente invoca como precepto autorizante el articulo 719 numero 1, literal c), en relación al artículo 720 numeral 2 ambos del Código Procesal Civil.- Al Igual que el motivo anterior, El Censor incurre en diversas violaciones al Principio de DEBIDA TÉCNICA, establecido en el artículo 221 del Código Procesal Civil, que constituye los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso, Violaciones que paso a relacionar de la siguiente manera: 1) Falta de Claridad en el Vicio que tiene la Motivación fáctica, puesto que de manera indistinta, el Recurrente señala como vicios, dos de las distintos vicios, los que son: 1) LA RACIONALIDAD, y 2) EL CARÁCTER LÓGICO, y los postulados de la Debida Técnica, establecen que los victos deberán expresarse de manera clara, separadamente, y no en forma conjunta como lo está haciendo el censor en este motivo, puesto que los vicios de la :razón y los vicios de la Lógica, son científica y doctrinalmente distintos. 2) El Censor, en su exposición y explicación del motivo, alude a que el Tribunal Ad- quem,” NO APLICA LAS REGLAS DE LA LOGICA Y DE LA SANA CRITICA EN SU MOTIVACION” sin explicar, cual de todas las reglas de la Lógica y de la Sana Critica fueron INAPLICADAS, lo que incide en la FALTA DE CLARIDAD Y PRECISION DEL MOTIVO, que impide que esta parte contraria pueda contestar adecuadamente, causando además de Ia violación a la Debida Técnica Casacional, una Violación al derecho de Defensa, y a la vez que esta Honorable Sala pueda hacer una valoración adecuada de alguna falencia de la sentencia. 3) Además de las reiteradas violaciones a los requisitos establecidos por el Código Procesal Civil, respecto a la interpretación y formalización de los recursos de Casación, consagrados en el Principio de Debida Técnica, el Recurrente violenta lo dispuesto en el artículo 721 numeral 3 del Código Procesal Civil, al no indicar si requiere o no la celebración de audiencia, lo cual forma parte de este conjunto de requisitos que señala el Código Procesal Civil, lo que no pueden ser eludidos por ninguna persona, ni por ningún motivo, por lo que esta falta de indicación sobre la celebración de audiencia, constituye uno más de los motivos por los que el Recurso de Casación y los motivos invocados por el Recurrente deben ser DESESTIMADOS.” 12. Habiéndose dejado señalado en los acápites anteriores los argumentos expuestos por las partes sobre el Segundo Motivo admitido, se hace cita de la motivación fáctica y jurídica de la sentencia impugnada, específicamente en lo relacionado con los argumentos esgrimidos por el recurrente, así tenemos que el tribunal de alzada expresa entre otros, lo siguiente: (Sic) "CUARTO: En cuanto a los perjuicios reclamados, el juez en la sentencia hace ver que la prueba documental presentada consistente en un documento privado de certificación de estimación de egresos e ingresos por de cada temporada de pesca, no permite adquirir la certeza suficiente para otorgar el monto reclamado por perjuicios.- manifestando el apelante demandante, en sus agravios que el juez omitió valorar en la sentencia el medio de prueba número seis; inspección personal del juez a los despachos de agricultura y ganadería, a SENASA, a la dirección de pesca y agricultura.- Resulta que de la revisión del medio de prueba número seis a que alude el apelante; este tribunal de alzada, no encuentra dato alguno que arroje el monto de perjuicios causados al demandante o dato alguno para ordenar la liquidación de los perjuicios, medio de prueba que se considera inútil en el presente juicio, razón por la que el juez no lo toma en consideración.". QUINTO: El artículo 1365 del Código Civil, dispone, "Que la indemnización de daños y perjuicios comprende no solo el valor de la perdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya ·dejado de obtener el acreedor ...".- Si bien en el presente juicio fueron acreditados los daños no ha si los perjuicios causados, al no demostrarse a cuánto ascienden los mismos, al no contar la parte demandante con soporte contable, financiero, etc., que permita la realización de los cálculos." 13. La Sala de lo Civil deviene en señalar que una de las casuales o motivo para interponer recurso de casación es la contemplada en el artículo 719.1 c) del Código Procesal Civil, que establece lo siguiente: “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)….; b)…… y c) La forma y contenido de la sentencia.”; causal esta que precisamente ha sido invocada por el recurrente y que relaciona con el artículo 720.2 del referido código y que preceptúa: “Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente del fallo.” Señala como norma vulnerada por falta de aplicación, el artículo 207.2 del Código Procesal Civil, que referente al requisito interno de la motivación dice: “La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y la razón.” 14. En el caso de autos, la parte recurrente resiste los argumentos del tribunal de segunda instancia, arguyendo básicamente que en el fallo proferido no se aplican las reglas de la lógica y de la sana crítica en su motivación, ello en razón de que los argumentos del fallo versan sobre la carencia de datos del monto de los perjuicios causados a la demandante, lo cual impide poder ordenar la liquidación de los perjuicios, así como también cuando señala que se requiere de información contable o financiera de un ingreso que no se tuvo. Señala que tal postura no se corresponde con el medio de prueba número seis (6) propuesto y evacuado en el juicio y que comprende información acerca de lo siguiente: 1) Los buques de pesca de camarón, donde se encuentra el barco denominado "Captain Bill"; 2) Las procesadoras e industrias que compran el producto de la pesca para exportar, donde se encuentra la exportadora donde el barco "Captain Bill" se encontraba listo para la faena, cuando fue secuestrado y no retornado; 3) El tonelaje de camarón reportado por toda la flota de barcos pesqueros por cada temporada de pesca perdida, donde figura el barco secuestrado; y 4) El valor FOB (Franco a Bordo) de las toneladas de camarón reportadas por las exportadoras por cada temporada de pesca perdida, figurando la empresa donde se vendería la pesca. Que, en consideración a la fecha del secuestro del buque hasta la actualidad, tenemos que a través de una simple operación matemática se determina que el barco retenido dejó de percibir el promedio de la pesca de camarón reportada ante las autoridades de la República por todas las temporadas de pesca en que ha estado secuestrado el buque, y que su cuota de pesca resulta de la división de las toneladas pescadas por la flota completa entre la cantidad de barcos pesqueros, y el valor en dólares para determinar la cuantía de la perdida, resulta de multiplicar esa cuota de pesca por el valor FOB de la tonelada que está determinada por las mismas autoridades. Por lo que las razones argüidas por el tribunal de alzada escapan de la razón, la lógica y la sana crítica en consideración a la especialidad de la materia de pesca de camarón y de haber sido aplicadas estas normas procesales sé habría obtenido un fallo distinto. 15. El artículo 228 del Código Procesal Civil, referente a los fines de la prueba, establece que a través de los medios de prueba las partes acreditan las afirmaciones de hecho alegadas que sean controvertidas, convencen al juez o tribunal de la verdad o certeza de un hecho, o lo verifican como ciertos a los efectos del proceso; asimismo el artículo 238 del mismo Código establece que: 1. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos constitutivos de su demanda o de su reconvención. 2. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o excluyan la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el numeral anterior. 16. A fin de establecer si el fallo proferido por el tribunal de segunda instancia (iudex ad-quem), vulnera o no el artículo 207.2, en relación con el artículo 200.1.2 letra c) ambos del Código Procesal Civil; y así revisar por parte nuestra si la motivación fáctica del fallo responde a la racionalidad de los hechos que el órgano judicial de primera instancia tuvo por acreditados y que la segunda instancia hace suyos, y con ello estimar o no si tal fallo tiene existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico. El impetrante ha señalado la afectación de la motivación fáctica de la sentencia, al no aplicarse las reglas de la lógica y de la sana crítica en su motivación, distorsionando con ello la exigencia del artículo 207.2 del Código Procesal Civil. 17. Señalado lo anterior, la Sala de lo Civil a modo de preámbulo, tiene a bien establecer que el artículo 304 de la Constitución de la República al consignar el termino juzgar nos lleva a la afirmación, que la sentencia supone un juicio lógico jurídico que responde a la estructura del silogismo; tal juicio se ve acentuado por el derecho a una tutela judicial efectiva (artículo 90 constitucional), esto es la obligación procesal de motivación de las sentencias, tanto en la determinación de los hechos probados y su valoración y en la aplicación del derecho. En ese mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso Barbera y Otros Vrs., Venezuela, entre otras, ha afirmado que: “el deber de motivación es una de las debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos para salvaguardar el derecho a un debido proceso; también dice que “el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de la sociedad democrática.”; así pues todo Juez tiene inexcusable obligación, en garantía de la legitimidad de sus funciones y de los derechos de las partes, a la debida motivación en todas las resoluciones que dicten en cumplimiento de su función jurisdiccional; aunado a lo anterior el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial es contundente al establecer como obligación para el juzgador la motivación de las decisiones que profiera, orientadas al buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, como la garantía de una resolución judicial justa, razón por la cual esta motivación debe expresar de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, que han sido aptas para justificar la resolución (artículos 20, 21, 24, 25 y 27 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial). Lo anterior tiene una enorme trascendencia, ello en razón de que una sentencia no motivada puede dar lugar a la indefensión, razón para estimar que el juzgador deviene ineludiblemente en hacerlo, amén de que por el principio del sometimiento del mismo a la ley debe hacerlo tal y lo preceptuado por el artículo 303 constitucional “…por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la constitución y las leyes...”. La Sala entiende que las sentencias que no tienen motivación o la misma resulta insuficiente, devienen en ser arbitrarias, irrazonables o irrazonadas y por tanto vulneran el derecho a una tutela judicial efectiva. 18. El derecho a la tutela judicial efectiva incluye el de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, es una exigencia derivada del derecho de defensa y del derecho de independencia e imparcialidad de los jueces que recogen los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 90 párrafo primero de la Constitución de la República y 3 del Código Procesal Civil; la motivación adecuada del fallo permite conocer las razones de la decisión que contienen y posibilita su control mediante el sistema de los recursos; es decir que la motivación incide en los elementos fácticos y jurídicos del proceso, y desarrolla la función de subsunción, entendida esta, cuando el hecho que produce una determinada consecuencia jurídica, se subsume en el artículo concreto que regula la situación jurídica, bajo las reglas de la lógica y la razón. Este deber de motivación son las razones por las cuales se adopta la decisión hecha constar en la parte dispositiva del fallo; los elementos de la motivación son el objeto del razonamiento, este ha de ser, la prueba y la norma o normas aplicables, donde el juez deberá justificar el motivo; por el cual aplica la norma alegada por los litigantes o el motivo por el cual se aparta de esa aplicación alegada por las partes. De la suficiencia de los fallos, entendemos cumplida la misma, cuando: a) Resuelve todas las defensas y pretensiones; b) Explica con claridad los fundamentos de hecho y de derecho; c) Contiene una parte dispositiva completa; y d) Permite su ejecución sin necesidad de acudir a interpretaciones adicionales para entender el fallo. Es necesario acotar también que acerca de la motivación se puede, en algunas ocasiones, considerar motivada una sentencia cuando se remita a un documento, o en la segunda instancia, cuando se remita a la sentencia dictada en primera instancia. En estos casos se considera motivada a pesar de estar remitida la referencia a documentos existentes en el expediente. A mayor abundamiento, la razón última que sustenta este deber de motivación, en tanto que la obligación de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional, reside en la prohibición de la arbitrariedad y, por tanto, en la necesidad de evidenciar que el fallo de la resolución no es un simple y arbitrario acto de voluntad del juzgador en ejercicio de un rechazable absolutismo judicial, sino una decisión razonada en términos de derecho. Esta exigencia cumple una doble finalidad inmediata: de un lado, garantizar el eventual control jurisdiccional de los fallos dictados por los jueces y Tribunales a través del sistema de recursos y de otro permitir al ciudadano conocer el fundamento de las decisiones judiciales, haciendo explícito que éstas corresponden a una determinada aplicación de la Ley; constituyendo la esencia del control a desarrollar por este Tribunal la comprobación de la relación directa y manifiesta existente entre la norma que el juzgador declara aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la argumentación jurídica conducente a éste. Lo señalado permite que puedan ser conocidos como tales, los fundamentos en que se basa la resolución judicial, esto es, al menos, los hechos probados de que se parte y la calificación jurídica que se les atribuye, dicho en términos más sencillos, motivar es explicar la decisión judicial. 19. Habida cuenta que el a quo y el ad quem admiten la responsabilidad de la parte demandada, sin embargo, no condenan a la misma a los perjuicios que a propia admisión tiene derecho por no ser posible realizar su cálculo con certeza. Corresponde a los juzgadores conocer la legislación, misma que brinda las herramientas adecuadas con el objeto de proferir decisiones justas y ajustadas a derecho, en el caso autos, la existencia de la figura de sentencia con reserva de liquidación. 20. Que a la fecha de la interposición de la demanda se encontraba vigente el Código de Procedimientos Comunes, que establecía en su artículo 191 párrafo segundo cuando no fuere posible fijar el importe de la cantidad líquida ni las bases para realizar la liquidación se hará la condena a reserva de fijar su importe en la ejecución de la sentencia. Esta figura se recoge ahora en el artículo 209.3 del Código Procesal Civil, que señala: “…. No obstante, lo anterior, se permitirá al demandante solicitar, y al tribunal sentenciar, la condena al pago de cantidad de dinero, frutos, rentas, utilidades o productos cuando ésa sea exclusivamente la pretensión planteada y se dejen para un proceso posterior los problemas de liquidación concreta de las cantidades. Artículo este por el cual se trata de evitar posteriores y dilatados incidentes de ejecución y de meras sentencias declarativas cuando es posible fijar la cuantía exacta de lo debido dentro del proceso principal; existiendo la diferencia que ahora debe ser solicitada por la parte demandante. El artículo 913 del Código Procesal Civil regula la aplicación del Código de Procedimientos Comunes en primera instancia hasta la fecha de su resolución, aplicando en el caso de autos el Código Procesal Civil para el juicio de segunda instancia. De la revisión de los antecedentes, esta Sala verifica que mediante el recurso de apelación interpuesto la parte demandante efectivamente solicitó se emitiera sentencia con reserva de liquidación, en virtud de no haber sido aplicado el artículo 191 párrafo segundo del Código de Procedimientos Comunes por parte del a quo, cumpliendo el presupuesto procesal ya establecido en el citado artículo 209.3 del Código Procesal Civil. 21. La Sala de lo Civil establece que la sentencia de segunda instancia incumple lo preceptuado en el artículo 207.2 del Código Procesal Civil, atinente a la motivación de los fallos, y más concretamente en hacer una valoración conforme a las máximas de la experiencia; ello se estila así ya que, en el caso de autos se desprende de la prueba aportada, que la actividad comercial desarrollada por la demandante, reviste características especiales que tienen que ver con las faenas pesqueras por temporadas llevadas a cabo por la embarcación Captain Bill, en ese sentido, el fallo proferido resulta insuficiente en cuanto a la sana critica, que tiene que ver con la experiencia común, es decir lo que realmente ocurre en la vida real. La parte demandante ha planteado dentro de sus pretensiones el pago de la indemnización de daños y perjuicios (artículo 1365 del Código Civil); a modo de introito la Sala tiene a bien establecer que el objeto de la responsabilidad civil es la reparación del daño o perjuicio causado, en ese sentido la indemnización debe tener un carácter reparatorio. Del artículo citado se desprende que no hay ninguna regla valorativa del daño, sino solamente que debe comprender el valor de la pérdida sufrida y las ganancias dejadas de obtener a causa del evento; en el caso que nos ocupa la controversia se suscita en torno a este segundo aspecto, esto es el pago de la utilidad, ventaja o provecho que se ha dejado de percibir, en otras palabras el perjuicio se define como la ganancia lícita que una persona deja de obtener o los gastos que le ocasiona un acto u omisión de otra que contraviene una norma jurídica, dando lugar consecuentemente a una indemnización. 22. Expuesto todo lo anterior, la Sala de lo Civil, estima la admisibilidad del recurso de casación impetrado, ello en razón de que el fallo del tribunal de segunda instancia denota insuficiencia en su motivación, al carecer de la congruencia entre lo admitido por el juzgador y el fallo otorgado a la parte demandante, falencia que se denota cuando la legislación procesal civil brinda las herramientas necesarias para el efecto y la parte demandante lo ha solicitado de esa manera. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos de derecho citados y en aplicación de los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 20, 21, 24, 25 y 27 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial; 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; ; 1, 115, 118.1, 129, 169, 170, 190, 191, 193, 194, 197, 200.2, 206, 207.1, 208, 209.3, 228, 716, 717, 718, 719.2, 721, 722, 725.2, 726.1, 728.1, 729 y 903 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; profiere la presente SENTENCIA Y FALLA: 1. ESTIMA procedente y DECLARA HA LUGAR el recurso de casación interpuesto y formalizado por el abogado Rafael Enrique Gómez Mateo, actuando en su condición de representante procesal de la señora Elnor Arety Smith Hernández. 2. CASA la sentencia proferida en fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por insuficiente motivación. 3. ORDENA EL REENVÍO a la honorable la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, para que dicte nueva sentencia dentro del plazo de quince (15) días, corrigiendo de acuerdo a las observaciones enunciadas en esta sentencia. Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes por medio de sus representantes procesales constituidos en el juicio, tras lo cual se ordena devolver las actuaciones a la Corte de Apelaciones del lugar de su procedencia, con certificación del presente fallo. Redactó el Magistrado Jiménez Puerto. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MILTON DANILO JIMENEZ PUERTO. MAGISTRADO COORDINADOR. RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA. MAGISTRADA. GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTÍNEZ. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. SECRETARIA SALA DE LO CIVIL”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de abril del año dos mil veintiséis; Certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil veintiséis, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 109=2021
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
SECRETARIA SALA DE LO CIVIL