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Sentencia CC-96-21 — Registro 18802

Resumen

En primera instancia se interpuso demanda ordinaria de reivindicatoria de dominio declarada con lugar en primera instancia y se ordenó en base al principio legal de vencimiento reconocido en el artículo 219 del Código Procesal Civil vigente, por haber sido vencida en todas sus pretensiones condénese con costas en esta instancia a los recurrentes. Confirmada por la Corte de Apelaciones.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “3. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN. La Sala encuentra que este motivo no reúne los requisitos indispensables para su admisibilidad, ya que denota falencias que evidencian una indebida técnica casacional, que tienen que ver con lo siguiente: a) Falta de precepto autorizante o causal del motivo; sobre lo anterior, la Sala tiene a bien señalar que cuando se interpone recurso de casación, quien pretende tal, deberá invocar como precepto autorizante del motivo, cualquiera de los supuestos del artículo 719 del Código Procesal Civil, luego señalará la norma que estima vulnerada y el concepto de tal infracción, así como la incidencia de tal infracción en la sentencia proferida en la segunda instancia; b) Señala la vulneración por interpretación errónea del artículo 868 del Código Civil, al respecto menester es recordar que la interpretación errónea “consiste en aplicar la ley con un sentido distinto del que tiene”; sin embargo no explica a la Sala cual es el sentido erróneo que la Corte de Apelaciones le dio al mismo en el fallo proferido y más bien se limita a señalar sobre lo planteado por la parte demandante acerca de las medidas del bien inmueble que pretende reivindicar, lo cual dice entra en contradicción con el título proindiviso de San Antonio de Liquitimay; y c) Sobre la norma que estima vulnerada, tenemos que tal artículo del Código Civil al contener una definición de carácter general, consecuentemente resulta inviolable para efectos de casación.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “3. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN. La Sala encuentra que este motivo no reúne los requisitos indispensables para su admisibilidad, ya que denota falencias que evidencian una indebida técnica casacional, que tienen que ver con lo siguiente: a) Falta de precepto autorizante o causal del motivo; sobre lo anterior, la Sala tiene a bien señalar que cuando se interpone recurso de casación, quien pretende tal, deberá invocar como precepto autorizante del motivo, cualquiera de los supuestos del artículo 719 del Código Procesal Civil, luego señalará la norma que estima vulnerada y el concepto de tal infracción, así como la incidencia de tal infracción en la sentencia proferida en la segunda instancia; b) Señala la vulneración por interpretación errónea del artículo 868 del Código Civil, al respecto menester es recordar que la interpretación errónea “consiste en aplicar la ley con un sentido distinto del que tiene”; sin embargo no explica a la Sala cual es el sentido erróneo que la Corte de Apelaciones le dio al mismo en el fallo proferido y más bien se limita a señalar sobre lo planteado por la parte demandante acerca de las medidas del bien inmueble que pretende reivindicar, lo cual dice entra en contradicción con el título proindiviso de San Antonio de Liquitimay; y c) Sobre la norma que estima vulnerada, tenemos que tal artículo del Código Civil al contener una definición de carácter general, consecuentemente resulta inviolable para efectos de casación.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “3. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN. La Sala encuentra que el mismo no se aprueba, en tanto no se ha seguido una correcta técnica recursiva, así tenemos las siguientes falencias: a) Falta de claridad y precisión respecto del precepto autorizante invocado, ello porque señala como tal el artículo 719.1 c) y 2 del Código Procesal Civil, al respecto es preciso por parte nuestra señalar que el numeral uno esta referido a la impugnación por interpretación o aplicación de normas procesales, en cambio el numeral dos se refiere a la impugnación de normas sustantivas, así que tratándose de la impugnación de unas u otras, el recurrente indefectiblemente devenía en plantarlas en motivos separados; b) La recurrente señala la no aplicación de los artículos 103 y 106 de la Constitución de la República, sobre tal asunto no explica a la Sala la incidencia de tales vulneraciones constitucionales. De lo anterior es necesario acotar que la vía casacional que posibilita el poder impugnar los actos y garantías procesales cuando su vulneración suponga la nulidad o produjere indefensión es la que señala el artículo 719.1 literal b), del Código Procesal Civil; aunque se debe aclarar que no siempre cabe tal invocación, ello porque los dos únicos supuestos en que cabra alegar tal cosa en vía casacional civil, serán respecto del derecho de defensa y debido proceso, entendiendo entonces que la aplicación o no aplicación de determinados artículos procesales en el fallo de segunda instancia vulnera tales garantías; no se puede pretender en vía casacional la impugnación de artículos constitucionales que no tienen nada que ver con lo antes apuntado; en ese sentido la Sala de lo Civil es objetiva y funcionalmente incompetente para conocer sobre la probable infracción constitucional referida a derechos o garantías constitucionales diferentes a los de una tutela judicial efectiva en los casos de defensa y debido proceso; en otra palabras tenemos que respecto de cualquier vulneración constitucional diferente a los dos supuestos referidos, será competente para conocer de los mismos la Sala de lo Constitucional, al tenor de lo establecido en los artículos 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y 716 del Código Procesal Civil; c) La recurrente cuestiona la motivación de la sentencia impugnada y señala contradicción entre el fallo proferido en segunda instancia y el proferido por el a-quo, al respecto olvida que solo es viable impugnar mediante el recurso extraordinario de casación “las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones….” (artículo 717 del Código Procesal Civil), de todo lo cual se establece que corresponde a la Sala revisar la sentencia o auto que, bajo el precepto anteriormente citado, sea proferido por el iudex ad-quem, se reitera que el recurrente en casación deberá tener sumo cuidado al exponer su motivo y no cuestionar el fallo dictado en primera instancia, ello porque tal y como se ha dejado señalado, el fallo de primera instancia no es susceptible del recurso extraordinario de Casación; y d) Se cuestiona la sentencia del ad-quem aduciendo su falta de motivación, pero la recurrente omite señalar específicamente el artículo procesal referente a tal supuesto. 4. La defectuosa estructuración del recurso de casación subjudice se tipifica en la causal prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil que ad literam establece: “TRÁMITE DE ADMISIÓN. 1.-…2. Sólo podrá inadmitirlo por las siguientes causales: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización…”. En consecuencia, es procedente declarar su inadmisión en los dos motivos planteados. 5. No procede la condena de las costas a la parte recurrente, por estimar esta Sala que ha tenido motivos racionales de litigar, siendo personas en situación de vulnerabilidad, y además en el legítimo ejercicio que les da la Constitución de la República para peticionar.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes enero del año dos mil veinticinco; la Sala de lo Civil integrada por las Magistradas RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA como Coordinadora, GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTINEZ y el Magistrado MILTON DANILO JIMÉNEZ PUERTO, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES EN ESTA JURISDICCIÓN: Los señores Lidia Castro Herrera, Santos Darío Plata Castro, Esteban Mardoqueo Plata Castro, Débora Mariana Plata Castro, Senovia Plata Castro, María Antonia Plata Martínez, Rene Adalberto Martínez Plata, José Noel Flores Posadas y Jesús González Rosales, representados en juicio por la abogada Karen Yolany Zelaya Lagos, como recurrente; contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve. OBJETO DEL PROCESO: Demanda de reivindicación de dominio, promovida en fecha quince de octubre de dos mil catorce, ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Yuscarán, departamento de El Paraíso, por el señor Osman Eduardo García Vega, actuando en su condición de representante procesal del Instituto Nacional Agrario (INA), contra los señores Lidia Castro Herrera, Santos Darío Plata Castro, Esteban Mardoqueo Plata Castro, Débora Mariana Plata Castro, Senovia Plata Castro, María Antonia Plata Martínez, Rene Adalberto Martínez Plata, José Noel Flores Posadas, Jesús González Rosales, todos mayores de edad, hondureños con excepción del último de nacionalidad nicaragüense. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Yuscarán, departamento de El Paraíso Seccional, dictó sentencia que en su parte dispositiva falló lo siguiente: (Sic) “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA PRESENTE DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICATORIA DE DOMINIO, promovida por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, contra de los señores LIDIA CASTRO HERRERA, SANTOS DARIO PLATA CASTRO, ESTEBAN MARDOQUEO PLATA CASTRO, DEVORA MARIANA PLATA CASTO, ZENOVIA PLATA CASTRO, MARIA ANTONIA PLATA MARTINEZ, JESUS GONZALES ROSALES RENE ADALBERTO MARTINEZ PLATA, JOSE NOE FLORES POSADAS, SEGUNDO: Condenar a los señores LIDIA CASTRO HERRERA, SANTOS DARIO PLATA CASTRO, ESTEBAN MARDOQUEO PLATA CASTRO, DEVORA MARIANA PLATA CASTO, ZENOVIA PLATA CASTRO, MARIA ANTONIA PLATA MARTINEZ, JESUS GONZALES ROSALES RENE ADALBERTO MARTINEZ PLATA, JOSE NOE FLORES POSADAS, la Fracción de Terreno equivalente a 183.37 Manzanas a Favor del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, TERCERO: En base al principio legal de vencimiento reconocido en el artículo 219 del Código procesal Civil vigente, por haber sido vencida en todas sus pretensiones condénese CON COSTAS en esta instancia a los Señores LIDIA CASTRO HERRERA, SANTOS DARIO PLATA CASTRO, ESTEBAN MARDOQUEO PLATA CASTRO, DEVORA MARIANA PLATA CASTO, ZENOVIA PLATA CASTRO, MARIA ANTONIA PLATA MARTINEZ, JESUS GONZALES ROSALES RENE ADALBERTO MARTINEZ PLATA, JOSE NOE FLORES POSADAS… NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: En fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve, la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, departamento de El Paraíso, de la siguiente manera: “I.- SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN presentado por la Abogada KAREN YOLANY ZELAYA LAGOS, Representante Procesal de los señores LIDIA CASTRO HERRERA, SANTOS DARÍO PLATA CASTRO, ESTEBAN MARDOQUEO PLATA CASTRO, ZENOVIA PLATA CASTRO, DEVORA MARIANA PLATA CASTRO, JESÚS GONZÁLEZ ROSALES RENE ADALBERTO MARTÍNEZ PLATA, JOSÉ NOEL FLORES POSADAS, MARÍA ANTONIA PLATA MARTÍNEZ. II.- CONFIRMAR SENTENCIA DEFINITIVA, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Yuscarán, departamento de El Paraíso, el treinta de enero del dos mil diecinueve, en la DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICACIÓN DE DOMINIO promovida por el abogado OSMAN EDUARDO GARCÍA VEGA, Apoderado Legal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (I.N.A.), contra los señores LIDIA CASTRO HERRERA, SANTOS DARÍO PLATA CASTRO, ESTEBAN MARDOQUEO PLATA CASTRO, ZENOVIA PLATA CASTRO, DEVORA MARIANA PLATA CASTRO, JESÚS GONZÁLEZ ROSALES RENE ADALBERTO MARTÍNEZ PLATA, JOSÉ NOEL FLORES POSADAS, MARÍA ANTONIA PLATA MARTÍNEZ… NOTIFÍQUESE”. TERCERO: La abogada Karen Yolany Zelaya Lagos, actuando en su condición de representante procesal de los señores Lidia Castro Herrera, Santos Darío Plata Castro, Esteban Mardoqueo Plata Castro, Débora Mariana Plata Castro, Senovia Plata Castro, María Antonia Plata Martínez, Jesús González Rosales, Rene Adalberto Martínez Plata y José Noel Flores Posadas, en fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte de la recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del mismo, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: El abogado José Ramón Idiáquez, actuando en su condición de representante procesal del Instituto Nacional Agrario (INA), presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, los abogados Karen Yolany Zelaya Lagos y José Ramón Idiáquez, en sus condiciones ya indicada, presentaron escritos de personamiento en fechas catorce y diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. SEXTO: La parte recurrente planteó recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de la manera siguiente: (Sic) “MOTIVOS DE CASACION El Recurso Extraordinario de Casación, es aplicable a los casos que las normas legales determinan, y puede invocarlo quien obtenga una sentencia negativa total o parcialmente en Apelación, su fin es proteger el derecho fundamental de los ciudadanos a la igualdad en la aplicación de Ley, y es procedente cuando el fallo emitido en apelación ha causado Agravios, sin reconocer el derecho que asiste a la parte, ocasionándole Daños y Perjuicios irreparables, Violentándoles los Derechos Constitucionales o la Ley ordinaria aplicable al caso concreto de sus pretensiones.- La finalidad de este recurso es identificar si durante todo el proceso y hasta la sentencia una vez agotadas las instancias, existen causales de nulidad en el juicio de derecho por infracción de ley o de una norma procesal, debiendo en su caso anular la sentencia recurrida, dejándola sin efecto. Pudiendo las partes a fin de mantener la unificación de la jurisprudencia nacional, invocar cualquier otras resoluciones que se hayan emitido en iguales circunstancias o similares pretensiones, con el propósito de crear la jurisprudencia y así garantizar la equidad e igualdad de sus derechos. En nuestro código Procesal Civil se establece expresamente para el caso del recurso de casación los siguientes artículos: ARTÍCULO 716.- FINES DE LA CASACION. 1.- El recurso de casación tiene como fines la protección de las normas del ordenamiento Jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la Jurisprudencia nacional. 2.- Las normas sobre recurso de casación deberán aplicarse e interpretarse en la forma más favorable a la finalidad de la unificación de la jurisprudencia como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. La primera es la que se conoce en Doctrina como la finalidad eminentemente defensora del ius constitutionis, del ordenamiento jurídico, a través de dos vías, ordenadas ambas a la común tarea de una exacta interpretación de la ley (calamandrei); La función nomofilactica, de protección o salva guarda de la norma, y la segunda es la llamada función uniformadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación del derecho objetivo para lograr unidad del ordenamiento jurídico. Pero es además, finalidad de la casación instaurada por el código procesal civil la defensa del ius litigatoris, en tal virtud se suprime el reenvió al Tribunal de instancia para que la sala, o en su caso, el pleno, decidan sobre el fondo, declarando definitivamente lo que en derecho proceda cuando se trate de un error en el juicio; en esa forma, la casación ahora responde al objetivo de que los particulares tengan derecho a un recurso rápido y sencillo a la manera en que lo exigen los artículos 8.1 y 25.1 de la convención Interamericana de los Derechos Humanos, para lograr a través de la casación la justicia que se les negó en el fallo del Tribunal de Instancia. ARTÍCULO 717: RESOLUCIONES RECURRIBLES: solo serán recurribles en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario así como las sentencias que expresamente establezca este código. En el presente caso la sentencia o auto resolutorio emitido por el Juzgado de primera instancia por medio de la cual se declaró CON LUGAR LA PRESENTE DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICATORIA DE DOMINIO, promovida por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, contra de los señores LIDIA CASTRO HERRERA, SANTOS DARIO PLATA CASTRO, ESTEBAN MARDOQUEO PLATA CASTRO, DEVORA MARIANA PLATA CASTO, ZENOVIA PLATA CASTRO, MARIA ANTONIA PLATA MARTINEZ, JESUS GONZALES ROSALES RENE ADALBERTO MARTINEZ PLATA, JOSE NOE FLORES POSADAS, y luego dicha sentencia fue confirmada por la Corte Tercera de Apelaciones en consecuencia da por terminado el juicio de reivindicación de dominio, lesionando gravemente los derechos de mis representados. En base a las normas adjetivas señaladas Honorable Corte hacemos constar los siguientes motivos: PRIMER MOTIVO: Se impugna la interpretación errónea del artículo 868 del código civil ya que el demandante dice ser dueño legítimo, caracterizado de un lote de terreno situado en el sitio de San Antonio de liquitimay, jurisdicción de Moroceli departamento de El Paraíso, con una extensión superficial de 240.39 Mzs; entrando en contradicción con el título de San Antonio de liquitimay ya que el mismo esta de manera proindiviso y el mismo se habla de caballerías y no se puede singularizar una fracción de terreno manera antojadiza. SEGUNDO MOTIVO: Se impugna la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones por falta de Motivación PRECEPTO AUTORIZANTE: El motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numera 1 literal c y numeral 2 del código procesal civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia recurrida. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Con fecha treinta de enero del año 2019 el Juzgado de Letras seccional de Yuscarán departamento del Paraíso en la parte dispositiva FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA PRESENTE DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICATORIA DE DOMINIO, promovida por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, contra de los señores LIDIA CASTRO HERRERA, SANTOS DARIO PLATA CASTRO, ESTEBAN MARDOQUEO PLATA CASTRO, DEVORA MARIANA PLATA CASTO, ZENOVIA PLATA CASTRO, MARIA ANTONIA PLATA MARTINEZ, JESUS GONZALES ROSALES RENE ADALBERTO MARTINEZ PLATA, JOSE NOE FLORES POSADAS, SEGUNDO: Condenar a los señores LIDIA CASTRO HERRERA, SANTOS DARIO PLATA CASTRO, ESTEBAN MARDOQUEO PLATA CASTRO, DEVORA MARIANA PLATA CASTO, ZENOVIA PLATA CASTRO, MARIA ANTONIA PLATA MARTINEZ, JESUS GONZALES ROSALES RENE ADALBERTO MARTINEZ PLATA, JOSE NOE FLORES POSADAS, la Fracción de Terreno equivalente a 183.37 Manzanas a Favor del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, TERCERO: En base al principio legal de vencimiento reconocido en el artículo 219 del Código procesal Civil vigente, por haber sido vencida en todas sus pretensiones condénese CON COSTAS en esta instancia a los Señores LIDIA CASTRO HERRERA, SANTOS DARIO PLATA CASTRO, ESTEBAN MARDOQUEO PLATA CASTRO, DEVORA MARIANA PLATA CASTO, ZENOVIA PLATA CASTRO, MARIA ANTONIA PLATA MARTINEZ, JESUS GONZALES ROSALES RENE ADALBERTO MARTINEZ PLATA, JOSE NOE FLORES POSADAS; CUARTO: Que contra la presente resolución cabe el recurso de apelación, y si dentro del término de Ley no se interpone el Recurso alguno que el mismo quede firme; Dictada en esta Fecha por la carga judicial que lleva este tribunal y de la perdida de los archivos digital ocasionadas por reparaciones Técnicas por el Departamento de Infotecnología del Poder Judicial.-NOTIFIQUESE.; Recurrida que fue la sentencia, el tribunal de Alzada Falla SIN LUGAR el recurso de Apelación presentado por la Abogada KAREN YOLANY ZELAYA LAGOS, representante procesal de los señores LIDIA CASTRO HERRERA, SANTOS DARIO PLATA CASTRO, ESTEBAN MARDOQUEO PLATA CASTRO, DEBORA MARIANA PLATA CASTRO, SENOVIA PLATA CASTRO, MARIA ANTONIA PLATA MARTINEZ, JESUS GONZALES ROSALES, RENE ADALBERTO MARTINEZ PLATA, JOSE NOE FLORES POSADAS; II. CONFIRMAR SENTENCIA DEFINITIVA dictada el 30 de Enero del año 2019, por el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán departamento del Paraíso en la DEMANDA ORDINARIA DE REINVINDICACION DE DOMINIO promovida por el señor OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA, en su condición de Apoderado Legal del Instituto Nacional Agrario (INA), contra los señores LIDIA CASTRO HERRERA, SANTOS DARIO PLATA CASTRO, ESTEBAN MARDOQUEO PLATA CASTRO, DEBORA MARIANA PLATA CASTRO, SENOVIA PLATA CASTRO, MARIA ANTONIA PLATA MARTINEZ, JESUS GONZALES ROSALES, RENE ADALBERTO MARTINEZ PLATA, JOSE NOE FLORES POSADAS; Y MANDA que una vez firme la Resolución se devuelva la pieza de autos con la certificación de estilo al Juzgado Correspondiente.- NOTIFIQUESE. La Corte recurrida sustento la sentencia en el fundamento de derecho Noveno La prueba de reconocimiento judicial que no aparecen personadas las partes solo aparece el Juez con testigos de asistencia acta agregada al expediente de mérito sin foliar, a pesar que no consta en el expediente que haya sido solicita por ninguna de las partes intervinientes en el presente juicio ver folio que debería ser según el orden del expediente 220; en el Décimo el informe rendido por el perito nombrado señor, Edwin Bladimir Vargas Aguilar respecto a inspección realizada en el sitio san Antonio de liquitimay visible a folio 151 totaliza el área en 248.912 Mzs. Entrando en contradicción al fallo de la sentencia en hecho dictado por el Juez de primera instancia transcrito literal SEGUNDO: Condenar a los señores LIDIA CASTRO HERRERA, SANTOS DARIO PLATA CASTRO, ESTEBAN MARDOQUEO PLATA CASTRO, DEVORA MARIANA PLATA CASTO, ZENOVIA PLATA CASTRO, MARIA ANTONIA PLATA MARTINEZ, JESUS GONZALES ROSALES RENE ADALBERTO MARTINEZ PLATA, JOSE NOE FLORES POSADAS, "La Fracción de Terreno equivalente a 183.37 Manzanas a Favor del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO". Esto debido a que la sentencia carece de motivación, y tan es así que refiere a Manzanas siendo una unidad de medida que no es oficial en Honduras lo correcto es utilizar la unidad de medida consistente en la hectárea y el INA lo sabe muy bien, omitiendo que en el título en mención, está en caballerías. medida antigua, esto en total contravención a lo que establece el artículo 103 y 106 de la Constitución la Republica ya que mis representados han acreditado el derecho que les asiste como propietarios y la posesión que han mantenido de manera quieta pacifica e ininterrumpida en el terreno en mención, De la lectura de este artículo se infiere un sentido totalmente diferente al razonamiento que hace el Tribunal sentenciador en la sentencia impetrada. El artículo 17 del código civil expresa "No podrá atribuírsele a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. Por consiguiente el Titulo san Antonio de Liquitimay es proindiviso y no puede dividirse sin acuerdo de los respectivos condueños y no es de manera antojadiza que se puede singularizar es el área de un terreno como lo pretende demostrar el INA; pues consta en actos que el terreno que pretende singularizar el INA se desprende de dicho sitio tantas veces mencionado es así que la interpretación que hace el sentenciador es errónea, e incide en la sentencia de tal manera que la llevo a confirmar el fallo de primera instancia la que ha declarado CONFIRMAR SENTENCIA DEFINITIVA dictada el 30 de Enero del año 2019, por el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán departamento del Paraíso en la DEMANDA ORDINARIA DE REINVINDICACION DE DOMINIO promovida por el señor OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA, en su condición de Apoderado Legal del Instituto Nacional Agrario (INA), contra los señores LIDIA CASTRO HERRERA, SANTOS DARIO PLATA CASTRO, ESTEBAN MARDOQUEO PLATA CASTRO, DEBORA MARIANA PLATA CASTRO, SENOVIA PLATA CASTRO, MARIA ANTONIA PLATA MARTINEZ, JESUS GONZALES ROSALES, RENE ADALBERTO MARTINEZ PLATA, JOSE NOE FLORES POSADAS; Con consabido perjuicio a mis representados pues ellos es lo único que tienen como patrimonio familiar y viven de lo que cosechan en las tierras y de los alquileres de pastos; en dichos predio tienen construidas sus casas de habitación y además son personas de la tercera edad, con enfermedades crónicas e hijos con discapacidad mental; que es precisamente donde han vivido los demandados por más de 30 años acreditándose en los medios de prueba en el desarrollo del presente juicio Por lo expuesto y siendo evidente la interpretación errónea que ha hecho el Tribunal sentenciador de los medios de prueba evacuados en juicio, por lo que se impugna la sentencia emitida por la Corte Tercera de Apelaciones por interpretación errónea de los medios de prueba citados y por otra parte se ha obviado la aplicación de los artículo 103 y 106 de la Constitución de la Republica motivos de casación comprendidos en el artículo 719 número 1 literal, numeral 2 del Código Procesal Civil que señala que es procedente en derecho que se case la sentencia recurrida y que se revoque la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán departamento del Paraíso.” SÉPTIMO: El abogado José Ramón Idiáquez, planteó pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación hecho por la contraparte de la siguiente manera: (Sic) “RELACION AL ALCANCE DE LA IMPUGNACION. Que al conocer el recurso extraordinario denominado Casación y luego de la relación sucinta de los hechos expuestos de manera puntual en esta contestación al referido medio de impugnación declarando sin lugar el recurso por su manifiesta Improcedencia, y en consecuencia confirmando la sentencia recurrida. Que en cuanto a la motivación del presente recurso de casación, que si bien es cierto que sirve para que las sentencias sean revisadas, consultadas para garantizar los derechos que en algún momento han sido conculcados, se logre establecer invocarlos para ratificar los derechos reales ya existentes, por lo que los fallos que hacen relevancia en la justa aplicación del buen derecho por el Aparato Judicial del Estado, de igual manera garantizando el debido proceso y el Derecho a la propiedad privada por la Carta Magna. Por lo que es de igual forma relevante señalar que la parte recurrente no tiene motivo alguno a fin de poder validar esta acción, orientado a lo que establece el artículo 719 del Código de Procesal Civil como causales para la interposición del recurso que se conoce por esta vía procesal, en el entendido que la sentencia recurrida está debidamente motivada, de igual forma congruente apegada a los hechos que fueron probados y sustentados en este debido proceso tal como lo establece claramente en el numeral DECIMO QUINTO ;numeral UNO; el Tribunal de Alzada observa de manera minuciosa el derecho dominical de la parte demandante en este caso mi representado el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, donde hace saber que se corrobora con la prueba documental allegada al juicio particularmente la Escritura Pública debidamente inscrita bajo el número de Asiento 96 Tomo 7, lo que totalmente congruente con la prueba pericial consistente en los Informes Técnicos presentados por peritos nombrados, que determinan la Identidad del terreno, verificándose el derecho dominical que corresponde al titular el cual es el caso del Instituto Nacional Agrario, el cual se ENCUENTRA INDIVIDUALIZADO Y debidamente Registrado, caso contrario dirime este Tribunal de Alzada en el numeral TRES, que los derechos adquiridos por sucesión no se comprobó que esos derechos en el Sitio de San Antonio de Liquitimay, sin límites específicos que determinen el área, ubicación y colindancias de la fracción de terreno que pudiera pertenecer a cada uno de los herederos, importante lo relacionado en el numeral CUATRO; fundamentando de manera doctrinal los preceptos y motivación de la presente sentencia al referir el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual definiendo lo que es el derecho Pro Indiviso, concluyendo que se denominan herencias pro indivisas en las cuales los coherederos no han realizado todavía la partición sucesoria; de igual manera y en forma sucinta el numeral CINCO: determinando por los medios probatorios que la posesión la detentan los Demandados circunstancia comprobada con la prueba documental coincidente con la pericial e Interrogatorio de Parte, resaltando el mismo Fallo que la Reivindicación es propia del Dominio y no de la Posesión. Finalmente expresa en el numeral OCHO, que el FALLO impetrado, se apoya en los cánones legales y en la prueba aportada al juicio, y que el proceso no es contrario a las Garantías Judiciales establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Es imperativo establecer que el instrumento jurídico llamado sentencia que en el presente caso está siendo impugnada por la parte demandada, FALLO emitido con la claridad requerida respetando el derecho que le corresponde a mi representado el Instituto Nacional Agrario, en la compra venta realizada en su momento Contrato que se perfecciono mediante el consentimiento y la voluntad de las partes en la firma del mismo contrato, hecho que surte efectos frente a terceros mediante la inscripción en el Registro de la Propiedad hoy Instituto de la Propiedad como referencia probatoria en las instancias judiciales correspondientes tal como lo hace saber la Corte Tercera de Apelaciones en la Sentencia objeto del Recurso Extraordinario Casación, que se constató la ocupación de los demandados, que si bien cierto es que los demandados obtuvieron un derecho que en el sitio San Antonio de Liquitimaya, derecho que no fue individualizado en el presente juicio de Reivindicación de Dominio y que siendo lo contrario y como Hecho Probado el documento consistente en el Testimonio de la Escritura Publica número 1 de fecha 11 de enero del año 2006, y que está debidamente inscrita en el Instituto de la Propiedad bajo el Asiento 96 del tomo 71 a favor del Instituto Nacional Agrario, de igual forma relata esa sentencia que El Juez condena a los demandados a restituir un Área de tierra consistente en 183.37 Manzanas de superficie terrestre, a favor del Instituto Nacional Agrario, por lo que dicha sentencia en su Parte Dispositiva es Por Tanto que la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, en apego a los fundamentos de derecho que fueron estimados para que finalmente fallara en el sentido diciendo que Sin Lugar el Recurso de Apelación presentado por la Representante Procesal de los Señores demandados ya mencionados anteriormente, y en segundo lugar Confirma la Sentencia Definitiva, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Yuscarán, del departamento de El Paraíso, de fecha treinta de enero de dos mil diecinueve.” FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. El recurso de casación tiene claramente definidos dos fines expresos al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2. El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia, debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, mismos que devienen en su cumplimiento por parte del impetrante, para que la Corte pueda considerarlo. 3. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN. La Sala encuentra que este motivo no reúne los requisitos indispensables para su admisibilidad, ya que denota falencias que evidencian una indebida técnica casacional, que tienen que ver con lo siguiente: a) Falta de precepto autorizante o causal del motivo; sobre lo anterior, la Sala tiene a bien señalar que cuando se interpone recurso de casación, quien pretende tal, deberá invocar como precepto autorizante del motivo, cualquiera de los supuestos del artículo 719 del Código Procesal Civil, luego señalará la norma que estima vulnerada y el concepto de tal infracción, así como la incidencia de tal infracción en la sentencia proferida en la segunda instancia; b) Señala la vulneración por interpretación errónea del artículo 868 del Código Civil, al respecto menester es recordar que la interpretación errónea “consiste en aplicar la ley con un sentido distinto del que tiene”; sin embargo no explica a la Sala cual es el sentido erróneo que la Corte de Apelaciones le dio al mismo en el fallo proferido y mas bien se limita a señalar sobre lo planteado por la parte demandante acerca de las medidas del bien inmueble que pretende reivindicar, lo cual dice entra en contradicción con el titulo proindiviso de San Antonio de Liquitimay; y c) Sobre la norma que estima vulnerada, tenemos que tal artículo del Código Civil al contener una definición de carácter general, consecuentemente resulta inviolable para efectos de casación. 3. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN. La Sala encuentra que el mismo no se aprueba, en tanto no se ha seguido una correcta técnica recursiva, así tenemos las siguientes falencias: a) Falta de claridad y precisión respecto del precepto autorizante invocado, ello porque señala como tal el artículo 719.1 c) y 2 del Código Procesal Civil, al respecto es preciso por parte nuestra señalar que el numeral uno esta referido a la impugnación por interpretación o aplicación de normas procesales, en cambio el numeral dos se refiere a la impugnación de normas sustantivas, así que tratándose de la impugnación de unas u otras, el recurrente indefectiblemente devenía en plantarlas en motivos separados; b) La recurrente señala la no aplicación de los artículos 103 y 106 de la Constitución de la República, sobre tal asunto no explica a la Sala la incidencia de tales vulneraciones constitucionales. De lo anterior es necesario acotar que la vía casacional que posibilita el poder impugnar los actos y garantías procesales cuando su vulneración suponga la nulidad o produjere indefensión es la que señala el artículo 719.1 literal b), del Código Procesal Civil; aunque se debe aclarar que no siempre cabe tal invocación, ello porque los dos únicos supuestos en que cabra alegar tal cosa en vía casacional civil, serán respecto del derecho de defensa y debido proceso, entendiendo entonces que la aplicación o no aplicación de determinados artículos procesales en el fallo de segunda instancia vulnera tales garantías; no se puede pretender en vía casacional la impugnación de artículos constitucionales que no tienen nada que ver con lo antes apuntado; en ese sentido la Sala de lo Civil es objetiva y funcionalmente incompetente para conocer sobre la probable infracción constitucional referida a derechos o garantías constitucionales diferentes a los de una tutela judicial efectiva en los casos de defensa y debido proceso; en otra palabras tenemos que respecto de cualquier vulneración constitucional diferente a los dos supuestos referidos, será competente para conocer de los mismos la Sala de lo Constitucional, al tenor de lo establecido en los artículos 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y 716 del Código Procesal Civil; c) La recurrente cuestiona la motivación de la sentencia impugnada y señala contradicción entre el fallo proferido en segunda instancia y el proferido por el a-quo, al respecto olvida que solo es viable impugnar mediante el recurso extraordinario de casación “las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones….” (artículo 717 del Código Procesal Civil), de todo lo cual se establece que corresponde a la Sala revisar la sentencia o auto que, bajo el precepto anteriormente citado, sea proferido por el iudex ad-quem, se reitera que el recurrente en casación deberá tener sumo cuidado al exponer su motivo y no cuestionar el fallo dictado en primera instancia, ello porque tal y como se ha dejado señalado, el fallo de primera instancia no es susceptible del recurso extraordinario de Casación; y d) Se cuestiona la sentencia del ad-quem aduciendo su falta de motivación, pero la recurrente omite señalar específicamente el artículo procesal referente a tal supuesto. 4. La defectuosa estructuración del recurso de casación subjudice se tipifica en la causal prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil que ad literam establece: “TRÁMITE DE ADMISIÓN. 1.-…2. Sólo podrá inadmitirlo por las siguientes causales: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización…”. En consecuencia, es procedente declarar su inadmisión en los dos motivos planteados. 5. No procede la condena de las costas a la parte recurrente, por estimar esta Sala que ha tenido motivos racionales de litigar, siendo personas en situación de vulnerabilidad, y además en el legítimo ejercicio que les da la Constitución de la República para peticionar. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) literal c), 197, 200, 201.2, 203, 206, 207, 208, 228, 234, 238, 245, 479, 716, 717, 718, 719, 726 del Código Procesal Civil; 613, 868, 869, 874 del Código Civil; profiere auto irrecurrible y declara: I. La INADMISIÓN del recurso de casación en sus dos motivos formalizado por la abogada Karen Yolany Zelaya Lagos, actuando en su condición de representante procesal de los señores Lidia Castro Herrera, Santos Darío Plata Castro, Esteban Mardoqueo Plata Castro, Débora Mariana Plata Castro, Senovia Plata Castro, María Antonia Plata Martínez, Rene Adalberto Martínez Plata, José Noel Flores Posadas y Jesús González Rosales, en el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve. II. FIRME la sentencia recurrida dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve e identificada en el expediente de apelación bajo el número 26-19, originado en los autos que conforman el expediente número 0701-2014-00058 del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Yuscarán, departamento de El Paraíso. III. SIN COSTAS. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada Galeano Barralaga. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA. MAGISTRADA COORDINADORA. GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTÍNEZ. MAGISTRADA. MILTON DANILO JIMENEZ PUERTO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. SECRETARIA SALA DE LO CIVIL”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil veinticinco; Certificación del auto de fecha veintidós de enero del año dos mil veinticinco, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 96=2021

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

SECRETARIA SALA DE LO CIVIL