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Sentencia CC-45-21 — Registro 20209

Resumen

La Corte de Apelación declara con lugar la pretensión de nulidad de dos títulos de dominio pleno, otorgado por el Instituto Nacional Agrario, sus inscripciones registrales las sucesivas y posteriores tradiciones de domino, declarando sin lugar la pretensión del pago e indemnización de daños y perjuicios personales y materiales causados. En consecuencia, declara y decreta la nulidad absoluta del expediente de solicitud no.22067-40847/2004 del Instituto Nacional Agrario.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “FUNDAMENTOS DE DERECHO. Toda persona tiene derecho a peticionar ante los Juzgados y Tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, así como a recibir respuesta, es decir, esa voluntad de recurrir debe estar específicamente vinculada al acto que se impugna, y en tal sentido no deben existir dudas respecto a la resolución o sentencia que se demanda, este requisito surge de la necesidad de expresar la voluntad del impetrante en un sentido concreto, pues la falta de claridad y congruencia produce indefensión para las partes del proceso. La nota esencial de los recursos es que constituyen la máxima expresión del principio dispositivo.El Recurso de Apelación es el remedio impugnativo por excelencia, mediante el cual se procura revocar o sustituir una decisión judicial, labor que se lleva a cabo por un superior jerárquico y es este quien tiene la función de revisar la labor del juez inferior en lo relativo a los hechos y al derecho. Después de un minucioso estudio de los dos recursos de casación interpuestos por los abogados Eduardo Duarte Salgado como representante procesal de la señora Elsa Margot Cerna Avila y el abogado Osman Eduardo García Vega en representación procesal del Instituto Nacional Agrario (INA) respectivamente, confrontándolos con la sentencia impetrada que reforma parcialmente la dictada por el A-quo, la Sala de lo Civil observa serias irregularidades que vulneran el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Lo anterior se afirma porque en la sentencia dictada por el Tribunal Ad-quem se evidencia: A) La falta de revisión de la labor del juez inferior en lo relativo a los hechos y al derecho a que está obligado; B) Una absoluta indefensión para ambas partes del proceso, por inobservar tanto los principios generales como los límites de la valoración probatoria, ya que la sentencia recurrida ha inobservado la motivación en la valoración de los medios de prueba sin rendir cuentas del por qué le otorga valor a unas y desecha otras; C) No brinda respuesta a todos los agravios presentados por las partes; D) No puede haber condena en costas para el Instituto Nacional Agrario (INA) en virtud del Decreto Legislativo No. 266-2013 que consiste en la Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia. Sobre ese particular, dispone en el artículo 8 de las Disposiciones Generales: “El Estado o sus entidades en juicio de cualquier naturaleza estará exento del pago de costas, salvo que haya actuado con dolo”. E) Asimismo, el Ad-quem ha violentado el “Principio Peyorativo” que limita la medida de la apelación por los agravios invocados por las partes, es así que el Tribunal de alzada no puede ir más allá de los límites marcados por el recurso y los agravios en perjuicio del único apelante, resultando incongruente y violenta el principio dispositivo, puesto que en su parte dispositiva el Ad-quem reforma su sentencia agravando la situación de los apelantes al declarar “con lugar la pretensión de indemnización de daños y perjuicios personales y materiales causados a los demandantes”; vulnerando además, el principio de “Non Reformatio in Peius”, el cual es un principio constitucional y una garantía procesal que limita la capacidad decisoria del juez superior, prohibiendo agravar la situación de la parte que ha apelado la sentencia. Cabe resaltar que el citado principio non reformatio in peius es contrastado con el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de defensa, principios que no se observan en la sentencia dictada por el Ad-quem. F) Se recomienda la utilización del lenguaje acorde a lo dispuesto en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), misma que forma parte de nuestro derecho interno y es de obligatorio acatamiento. G) No hay ninguna motivación ni fundamentación en la sentencia, respecto a la existencia de alguna causal de las contenidas en el artículo 1586 del Código Civil para decretar la nulidad absoluta en los actos o contrato.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “FUNDAMENTOS DE DERECHO. Toda persona tiene derecho a peticionar ante los Juzgados y Tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, así como a recibir respuesta, es decir, esa voluntad de recurrir debe estar específicamente vinculada al acto que se impugna, y en tal sentido no deben existir dudas respecto a la resolución o sentencia que se demanda, este requisito surge de la necesidad de expresar la voluntad del impetrante en un sentido concreto, pues la falta de claridad y congruencia produce indefensión para las partes del proceso. La nota esencial de los recursos es que constituyen la máxima expresión del principio dispositivo.El Recurso de Apelación es el remedio impugnativo por excelencia, mediante el cual se procura revocar o sustituir una decisión judicial, labor que se lleva a cabo por un superior jerárquico y es este quien tiene la función de revisar la labor del juez inferior en lo relativo a los hechos y al derecho. Después de un minucioso estudio de los dos recursos de casación interpuestos por los abogados Eduardo Duarte Salgado como representante procesal de la señora Elsa Margot Cerna Avila y el abogado Osman Eduardo García Vega en representación procesal del Instituto Nacional Agrario (INA) respectivamente, confrontándolos con la sentencia impetrada que reforma parcialmente la dictada por el A-quo, la Sala de lo Civil observa serias irregularidades que vulneran el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Lo anterior se afirma porque en la sentencia dictada por el Tribunal Ad-quem se evidencia: A) La falta de revisión de la labor del juez inferior en lo relativo a los hechos y al derecho a que está obligado; B) Una absoluta indefensión para ambas partes del proceso, por inobservar tanto los principios generales como los límites de la valoración probatoria, ya que la sentencia recurrida ha inobservado la motivación en la valoración de los medios de prueba sin rendir cuentas del por qué le otorga valor a unas y desecha otras; C) No brinda respuesta a todos los agravios presentados por las partes; D) No puede haber condena en costas para el Instituto Nacional Agrario (INA) en virtud del Decreto Legislativo No. 266-2013 que consiste en la Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia. Sobre ese particular, dispone en el artículo 8 de las Disposiciones Generales: “El Estado o sus entidades en juicio de cualquier naturaleza estará exento del pago de costas, salvo que haya actuado con dolo”. E) Asimismo, el Ad-quem ha violentado el “Principio Peyorativo” que limita la medida de la apelación por los agravios invocados por las partes, es así que el Tribunal de alzada no puede ir más allá de los límites marcados por el recurso y los agravios en perjuicio del único apelante, resultando incongruente y violenta el principio dispositivo, puesto que en su parte dispositiva el Ad-quem reforma su sentencia agravando la situación de los apelantes al declarar “con lugar la pretensión de indemnización de daños y perjuicios personales y materiales causados a los demandantes”; vulnerando además, el principio de “Non Reformatio in Peius”, el cual es un principio constitucional y una garantía procesal que limita la capacidad decisoria del juez superior, prohibiendo agravar la situación de la parte que ha apelado la sentencia. Cabe resaltar que el citado principio non reformatio in peius es contrastado con el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de defensa, principios que no se observan en la sentencia dictada por el Ad-quem. F) Se recomienda la utilización del lenguaje acorde a lo dispuesto en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), misma que forma parte de nuestro derecho interno y es de obligatorio acatamiento. G) No hay ninguna motivación ni fundamentación en la sentencia, respecto a la existencia de alguna causal de las contenidas en el artículo 1586 del Código Civil para decretar la nulidad absoluta en los actos o contrato.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “FUNDAMENTOS DE DERECHO. Toda persona tiene derecho a peticionar ante los Juzgados y Tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, así como a recibir respuesta, es decir, esa voluntad de recurrir debe estar específicamente vinculada al acto que se impugna, y en tal sentido no deben existir dudas respecto a la resolución o sentencia que se demanda, este requisito surge de la necesidad de expresar la voluntad del impetrante en un sentido concreto, pues la falta de claridad y congruencia produce indefensión para las partes del proceso. La nota esencial de los recursos es que constituyen la máxima expresión del principio dispositivo.El Recurso de Apelación es el remedio impugnativo por excelencia, mediante el cual se procura revocar o sustituir una decisión judicial, labor que se lleva a cabo por un superior jerárquico y es este quien tiene la función de revisar la labor del juez inferior en lo relativo a los hechos y al derecho. Después de un minucioso estudio de los dos recursos de casación interpuestos por los abogados Eduardo Duarte Salgado como representante procesal de la señora Elsa Margot Cerna Avila y el abogado Osman Eduardo García Vega en representación procesal del Instituto Nacional Agrario (INA) respectivamente, confrontándolos con la sentencia impetrada que reforma parcialmente la dictada por el A-quo, la Sala de lo Civil observa serias irregularidades que vulneran el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Lo anterior se afirma porque en la sentencia dictada por el Tribunal Ad-quem se evidencia: A) La falta de revisión de la labor del juez inferior en lo relativo a los hechos y al derecho a que está obligado; B) Una absoluta indefensión para ambas partes del proceso, por inobservar tanto los principios generales como los límites de la valoración probatoria, ya que la sentencia recurrida ha inobservado la motivación en la valoración de los medios de prueba sin rendir cuentas del por qué le otorga valor a unas y desecha otras; C) No brinda respuesta a todos los agravios presentados por las partes; D) No puede haber condena en costas para el Instituto Nacional Agrario (INA) en virtud del Decreto Legislativo No. 266-2013 que consiste en la Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia. Sobre ese particular, dispone en el artículo 8 de las Disposiciones Generales: “El Estado o sus entidades en juicio de cualquier naturaleza estará exento del pago de costas, salvo que haya actuado con dolo”. E) Asimismo, el Ad-quem ha violentado el “Principio Peyorativo” que limita la medida de la apelación por los agravios invocados por las partes, es así que el Tribunal de alzada no puede ir más allá de los límites marcados por el recurso y los agravios en perjuicio del único apelante, resultando incongruente y violenta el principio dispositivo, puesto que en su parte dispositiva el Ad-quem reforma su sentencia agravando la situación de los apelantes al declarar “con lugar la pretensión de indemnización de daños y perjuicios personales y materiales causados a los demandantes”; vulnerando además, el principio de “Non Reformatio in Peius”, el cual es un principio constitucional y una garantía procesal que limita la capacidad decisoria del juez superior, prohibiendo agravar la situación de la parte que ha apelado la sentencia. Cabe resaltar que el citado principio non reformatio in peius es contrastado con el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de defensa, principios que no se observan en la sentencia dictada por el Ad-quem. F) Se recomienda la utilización del lenguaje acorde a lo dispuesto en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), misma que forma parte de nuestro derecho interno y es de obligatorio acatamiento. G) No hay ninguna motivación ni fundamentación en la sentencia, respecto a la existencia de alguna causal de las contenidas en el artículo 1586 del Código Civil para decretar la nulidad absoluta en los actos o contrato.”

Legislación citada

  • Código Civil, art. 1586 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, art. Articulo 8 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “FUNDAMENTOS DE DERECHO. Toda persona tiene derecho a peticionar ante los Juzgados y Tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, así como a recibir respuesta, es decir, esa voluntad de recurrir debe estar específicamente vinculada al acto que se impugna, y en tal sentido no deben existir dudas respecto a la resolución o sentencia que se demanda, este requisito surge de la necesidad de expresar la voluntad del impetrante en un sentido concreto, pues la falta de claridad y congruencia produce indefensión para las partes del proceso. La nota esencial de los recursos es que constituyen la máxima expresión del principio dispositivo.El Recurso de Apelación es el remedio impugnativo por excelencia, mediante el cual se procura revocar o sustituir una decisión judicial, labor que se lleva a cabo por un superior jerárquico y es este quien tiene la función de revisar la labor del juez inferior en lo relativo a los hechos y al derecho. Después de un minucioso estudio de los dos recursos de casación interpuestos por los abogados Eduardo Duarte Salgado como representante procesal de la señora Elsa Margot Cerna Avila y el abogado Osman Eduardo García Vega en representación procesal del Instituto Nacional Agrario (INA) respectivamente, confrontándolos con la sentencia impetrada que reforma parcialmente la dictada por el A-quo, la Sala de lo Civil observa serias irregularidades que vulneran el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Lo anterior se afirma porque en la sentencia dictada por el Tribunal Ad-quem se evidencia: A) La falta de revisión de la labor del juez inferior en lo relativo a los hechos y al derecho a que está obligado; B) Una absoluta indefensión para ambas partes del proceso, por inobservar tanto los principios generales como los límites de la valoración probatoria, ya que la sentencia recurrida ha inobservado la motivación en la valoración de los medios de prueba sin rendir cuentas del por qué le otorga valor a unas y desecha otras; C) No brinda respuesta a todos los agravios presentados por las partes; D) No puede haber condena en costas para el Instituto Nacional Agrario (INA) en virtud del Decreto Legislativo No. 266-2013 que consiste en la Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia. Sobre ese particular, dispone en el artículo 8 de las Disposiciones Generales: “El Estado o sus entidades en juicio de cualquier naturaleza estará exento del pago de costas, salvo que haya actuado con dolo”. E) Asimismo, el Ad-quem ha violentado el “Principio Peyorativo” que limita la medida de la apelación por los agravios invocados por las partes, es así que el Tribunal de alzada no puede ir más allá de los límites marcados por el recurso y los agravios en perjuicio del único apelante, resultando incongruente y violenta el principio dispositivo, puesto que en su parte dispositiva el Ad-quem reforma su sentencia agravando la situación de los apelantes al declarar “con lugar la pretensión de indemnización de daños y perjuicios personales y materiales causados a los demandantes”; vulnerando además, el principio de “Non Reformatio in Peius”, el cual es un principio constitucional y una garantía procesal que limita la capacidad decisoria del juez superior, prohibiendo agravar la situación de la parte que ha apelado la sentencia. Cabe resaltar que el citado principio non reformatio in peius es contrastado con el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de defensa, principios que no se observan en la sentencia dictada por el Ad-quem. F) Se recomienda la utilización del lenguaje acorde a lo dispuesto en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), misma que forma parte de nuestro derecho interno y es de obligatorio acatamiento. G) No hay ninguna motivación ni fundamentación en la sentencia, respecto a la existencia de alguna causal de las contenidas en el artículo 1586 del Código Civil para decretar la nulidad absoluta en los actos o contrato.”

Legislación citada

  • Código Civil, art. 1586 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, art. Articulo 8 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “FUNDAMENTOS DE DERECHO. Toda persona tiene derecho a peticionar ante los Juzgados y Tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, así como a recibir respuesta, es decir, esa voluntad de recurrir debe estar específicamente vinculada al acto que se impugna, y en tal sentido no deben existir dudas respecto a la resolución o sentencia que se demanda, este requisito surge de la necesidad de expresar la voluntad del impetrante en un sentido concreto, pues la falta de claridad y congruencia produce indefensión para las partes del proceso. La nota esencial de los recursos es que constituyen la máxima expresión del principio dispositivo.El Recurso de Apelación es el remedio impugnativo por excelencia, mediante el cual se procura revocar o sustituir una decisión judicial, labor que se lleva a cabo por un superior jerárquico y es este quien tiene la función de revisar la labor del juez inferior en lo relativo a los hechos y al derecho. Después de un minucioso estudio de los dos recursos de casación interpuestos por los abogados Eduardo Duarte Salgado como representante procesal de la señora Elsa Margot Cerna Avila y el abogado Osman Eduardo García Vega en representación procesal del Instituto Nacional Agrario (INA) respectivamente, confrontándolos con la sentencia impetrada que reforma parcialmente la dictada por el A-quo, la Sala de lo Civil observa serias irregularidades que vulneran el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Lo anterior se afirma porque en la sentencia dictada por el Tribunal Ad-quem se evidencia: A) La falta de revisión de la labor del juez inferior en lo relativo a los hechos y al derecho a que está obligado; B) Una absoluta indefensión para ambas partes del proceso, por inobservar tanto los principios generales como los límites de la valoración probatoria, ya que la sentencia recurrida ha inobservado la motivación en la valoración de los medios de prueba sin rendir cuentas del por qué le otorga valor a unas y desecha otras; C) No brinda respuesta a todos los agravios presentados por las partes; D) No puede haber condena en costas para el Instituto Nacional Agrario (INA) en virtud del Decreto Legislativo No. 266-2013 que consiste en la Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia. Sobre ese particular, dispone en el artículo 8 de las Disposiciones Generales: “El Estado o sus entidades en juicio de cualquier naturaleza estará exento del pago de costas, salvo que haya actuado con dolo”. E) Asimismo, el Ad-quem ha violentado el “Principio Peyorativo” que limita la medida de la apelación por los agravios invocados por las partes, es así que el Tribunal de alzada no puede ir más allá de los límites marcados por el recurso y los agravios en perjuicio del único apelante, resultando incongruente y violenta el principio dispositivo, puesto que en su parte dispositiva el Ad-quem reforma su sentencia agravando la situación de los apelantes al declarar “con lugar la pretensión de indemnización de daños y perjuicios personales y materiales causados a los demandantes”; vulnerando además, el principio de “Non Reformatio in Peius”, el cual es un principio constitucional y una garantía procesal que limita la capacidad decisoria del juez superior, prohibiendo agravar la situación de la parte que ha apelado la sentencia. Cabe resaltar que el citado principio non reformatio in peius es contrastado con el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de defensa, principios que no se observan en la sentencia dictada por el Ad-quem. F) Se recomienda la utilización del lenguaje acorde a lo dispuesto en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), misma que forma parte de nuestro derecho interno y es de obligatorio acatamiento. G) No hay ninguna motivación ni fundamentación en la sentencia, respecto a la existencia de alguna causal de las contenidas en el artículo 1586 del Código Civil para decretar la nulidad absoluta en los actos o contrato.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “FUNDAMENTOS DE DERECHO. Toda persona tiene derecho a peticionar ante los Juzgados y Tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, así como a recibir respuesta, es decir, esa voluntad de recurrir debe estar específicamente vinculada al acto que se impugna, y en tal sentido no deben existir dudas respecto a la resolución o sentencia que se demanda, este requisito surge de la necesidad de expresar la voluntad del impetrante en un sentido concreto, pues la falta de claridad y congruencia produce indefensión para las partes del proceso. La nota esencial de los recursos es que constituyen la máxima expresión del principio dispositivo.El Recurso de Apelación es el remedio impugnativo por excelencia, mediante el cual se procura revocar o sustituir una decisión judicial, labor que se lleva a cabo por un superior jerárquico y es este quien tiene la función de revisar la labor del juez inferior en lo relativo a los hechos y al derecho. Después de un minucioso estudio de los dos recursos de casación interpuestos por los abogados Eduardo Duarte Salgado como representante procesal de la señora Elsa Margot Cerna Avila y el abogado Osman Eduardo García Vega en representación procesal del Instituto Nacional Agrario (INA) respectivamente, confrontándolos con la sentencia impetrada que reforma parcialmente la dictada por el A-quo, la Sala de lo Civil observa serias irregularidades que vulneran el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Lo anterior se afirma porque en la sentencia dictada por el Tribunal Ad-quem se evidencia: A) La falta de revisión de la labor del juez inferior en lo relativo a los hechos y al derecho a que está obligado; B) Una absoluta indefensión para ambas partes del proceso, por inobservar tanto los principios generales como los límites de la valoración probatoria, ya que la sentencia recurrida ha inobservado la motivación en la valoración de los medios de prueba sin rendir cuentas del por qué le otorga valor a unas y desecha otras; C) No brinda respuesta a todos los agravios presentados por las partes; D) No puede haber condena en costas para el Instituto Nacional Agrario (INA) en virtud del Decreto Legislativo No. 266-2013 que consiste en la Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia. Sobre ese particular, dispone en el artículo 8 de las Disposiciones Generales: “El Estado o sus entidades en juicio de cualquier naturaleza estará exento del pago de costas, salvo que haya actuado con dolo”. E) Asimismo, el Ad-quem ha violentado el “Principio Peyorativo” que limita la medida de la apelación por los agravios invocados por las partes, es así que el Tribunal de alzada no puede ir más allá de los límites marcados por el recurso y los agravios en perjuicio del único apelante, resultando incongruente y violenta el principio dispositivo, puesto que en su parte dispositiva el Ad-quem reforma su sentencia agravando la situación de los apelantes al declarar “con lugar la pretensión de indemnización de daños y perjuicios personales y materiales causados a los demandantes”; vulnerando además, el principio de “Non Reformatio in Peius”, el cual es un principio constitucional y una garantía procesal que limita la capacidad decisoria del juez superior, prohibiendo agravar la situación de la parte que ha apelado la sentencia. Cabe resaltar que el citado principio non reformatio in peius es contrastado con el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de defensa, principios que no se observan en la sentencia dictada por el Ad-quem. F) Se recomienda la utilización del lenguaje acorde a lo dispuesto en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), misma que forma parte de nuestro derecho interno y es de obligatorio acatamiento. G) No hay ninguna motivación ni fundamentación en la sentencia, respecto a la existencia de alguna causal de las contenidas en el artículo 1586 del Código Civil para decretar la nulidad absoluta en los actos o contrato.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “FUNDAMENTOS DE DERECHO. Toda persona tiene derecho a peticionar ante los Juzgados y Tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, así como a recibir respuesta, es decir, esa voluntad de recurrir debe estar específicamente vinculada al acto que se impugna, y en tal sentido no deben existir dudas respecto a la resolución o sentencia que se demanda, este requisito surge de la necesidad de expresar la voluntad del impetrante en un sentido concreto, pues la falta de claridad y congruencia produce indefensión para las partes del proceso. La nota esencial de los recursos es que constituyen la máxima expresión del principio dispositivo.El Recurso de Apelación es el remedio impugnativo por excelencia, mediante el cual se procura revocar o sustituir una decisión judicial, labor que se lleva a cabo por un superior jerárquico y es este quien tiene la función de revisar la labor del juez inferior en lo relativo a los hechos y al derecho. Después de un minucioso estudio de los dos recursos de casación interpuestos por los abogados Eduardo Duarte Salgado como representante procesal de la señora Elsa Margot Cerna Avila y el abogado Osman Eduardo García Vega en representación procesal del Instituto Nacional Agrario (INA) respectivamente, confrontándolos con la sentencia impetrada que reforma parcialmente la dictada por el A-quo, la Sala de lo Civil observa serias irregularidades que vulneran el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Lo anterior se afirma porque en la sentencia dictada por el Tribunal Ad-quem se evidencia: A) La falta de revisión de la labor del juez inferior en lo relativo a los hechos y al derecho a que está obligado; B) Una absoluta indefensión para ambas partes del proceso, por inobservar tanto los principios generales como los límites de la valoración probatoria, ya que la sentencia recurrida ha inobservado la motivación en la valoración de los medios de prueba sin rendir cuentas del por qué le otorga valor a unas y desecha otras; C) No brinda respuesta a todos los agravios presentados por las partes; D) No puede haber condena en costas para el Instituto Nacional Agrario (INA) en virtud del Decreto Legislativo No. 266-2013 que consiste en la Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia. Sobre ese particular, dispone en el artículo 8 de las Disposiciones Generales: “El Estado o sus entidades en juicio de cualquier naturaleza estará exento del pago de costas, salvo que haya actuado con dolo”. E) Asimismo, el Ad-quem ha violentado el “Principio Peyorativo” que limita la medida de la apelación por los agravios invocados por las partes, es así que el Tribunal de alzada no puede ir más allá de los límites marcados por el recurso y los agravios en perjuicio del único apelante, resultando incongruente y violenta el principio dispositivo, puesto que en su parte dispositiva el Ad-quem reforma su sentencia agravando la situación de los apelantes al declarar “con lugar la pretensión de indemnización de daños y perjuicios personales y materiales causados a los demandantes”; vulnerando además, el principio de “Non Reformatio in Peius”, el cual es un principio constitucional y una garantía procesal que limita la capacidad decisoria del juez superior, prohibiendo agravar la situación de la parte que ha apelado la sentencia. Cabe resaltar que el citado principio non reformatio in peius es contrastado con el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de defensa, principios que no se observan en la sentencia dictada por el Ad-quem. F) Se recomienda la utilización del lenguaje acorde a lo dispuesto en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), misma que forma parte de nuestro derecho interno y es de obligatorio acatamiento. G) No hay ninguna motivación ni fundamentación en la sentencia, respecto a la existencia de alguna causal de las contenidas en el artículo 1586 del Código Civil para decretar la nulidad absoluta en los actos o contrato.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “FUNDAMENTOS DE DERECHO. Toda persona tiene derecho a peticionar ante los Juzgados y Tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, así como a recibir respuesta, es decir, esa voluntad de recurrir debe estar específicamente vinculada al acto que se impugna, y en tal sentido no deben existir dudas respecto a la resolución o sentencia que se demanda, este requisito surge de la necesidad de expresar la voluntad del impetrante en un sentido concreto, pues la falta de claridad y congruencia produce indefensión para las partes del proceso. La nota esencial de los recursos es que constituyen la máxima expresión del principio dispositivo.El Recurso de Apelación es el remedio impugnativo por excelencia, mediante el cual se procura revocar o sustituir una decisión judicial, labor que se lleva a cabo por un superior jerárquico y es este quien tiene la función de revisar la labor del juez inferior en lo relativo a los hechos y al derecho. Después de un minucioso estudio de los dos recursos de casación interpuestos por los abogados Eduardo Duarte Salgado como representante procesal de la señora Elsa Margot Cerna Avila y el abogado Osman Eduardo García Vega en representación procesal del Instituto Nacional Agrario (INA) respectivamente, confrontándolos con la sentencia impetrada que reforma parcialmente la dictada por el A-quo, la Sala de lo Civil observa serias irregularidades que vulneran el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Lo anterior se afirma porque en la sentencia dictada por el Tribunal Ad-quem se evidencia: A) La falta de revisión de la labor del juez inferior en lo relativo a los hechos y al derecho a que está obligado; B) Una absoluta indefensión para ambas partes del proceso, por inobservar tanto los principios generales como los límites de la valoración probatoria, ya que la sentencia recurrida ha inobservado la motivación en la valoración de los medios de prueba sin rendir cuentas del por qué le otorga valor a unas y desecha otras; C) No brinda respuesta a todos los agravios presentados por las partes; D) No puede haber condena en costas para el Instituto Nacional Agrario (INA) en virtud del Decreto Legislativo No. 266-2013 que consiste en la Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia. Sobre ese particular, dispone en el artículo 8 de las Disposiciones Generales: “El Estado o sus entidades en juicio de cualquier naturaleza estará exento del pago de costas, salvo que haya actuado con dolo”. E) Asimismo, el Ad-quem ha violentado el “Principio Peyorativo” que limita la medida de la apelación por los agravios invocados por las partes, es así que el Tribunal de alzada no puede ir más allá de los límites marcados por el recurso y los agravios en perjuicio del único apelante, resultando incongruente y violenta el principio dispositivo, puesto que en su parte dispositiva el Ad-quem reforma su sentencia agravando la situación de los apelantes al declarar “con lugar la pretensión de indemnización de daños y perjuicios personales y materiales causados a los demandantes”; vulnerando además, el principio de “Non Reformatio in Peius”, el cual es un principio constitucional y una garantía procesal que limita la capacidad decisoria del juez superior, prohibiendo agravar la situación de la parte que ha apelado la sentencia. Cabe resaltar que el citado principio non reformatio in peius es contrastado con el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de defensa, principios que no se observan en la sentencia dictada por el Ad-quem. F) Se recomienda la utilización del lenguaje acorde a lo dispuesto en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), misma que forma parte de nuestro derecho interno y es de obligatorio acatamiento. G) No hay ninguna motivación ni fundamentación en la sentencia, respecto a la existencia de alguna causal de las contenidas en el artículo 1586 del Código Civil para decretar la nulidad absoluta en los actos o contrato.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

... "La Reforma Agraria tiene como finalidad garantizar la función social en el campo, lo cual se encuentra plasmado en el artículo 344 constitucional que dispone: “La Reforma Agraria es un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país destinado a sustituir el latifundio y minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad del sector agropecuario”. Dicho precepto constitucional es acorde con lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Reforma Agraria reafirmando la finalidad de la función social de la tierra. En el artículo 6 de la Ley de Reforma Agraria, se establece cuáles son los fines de esta: a) …b) Las tierras nacionales y ejidales rurales; c) …d) …e) …Conforme al artículo 86 de la misma ley, la adjudicación de tierras estará a cargo del Instituto Nacional Agrario y se hará de acuerdo con los planes y programas que el mismo formule de conformidad con la ley. Nuestra ley sustantiva civil establece que: “Hay nulidad absoluta de los actos y contratos: 1) Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia. 2) Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene. 3) Cuando se ejecutan o celebran por personas absolutamente incapaces”. Nuestro Código Civil define que: “Se llama dominio o propiedad el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario”.

Legislación citada

  • Ley de Reforma Agraria, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Reforma Agraria, art. 86 (Jerarquía Ordinaria)
  • Constitución de la República, art. 344 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

… "La sentencia impetrada fue dictada al amparo del Código Procesal Civil, razón por la cual el Iudex Ad Quem está obligado en redactar su sentencia respetando las garantías de orden convencional, constitucional y procesal, así como los requisitos y lineamientos contenidos en los artículos 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil. Respecto al alcance del derecho a doble instancia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que debe tratarse de un “examen integral o íntegro” de la decisión recurrida. Por su parte, el derecho convencional establece que debe entenderse: “para que éste (el fallo) sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una posible condena errónea. Ello requiere que pueda analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria” (artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Comentada. Pag.244). Esto no convierte a la Sala de lo Civil en un ente de revisión per se, pero no la desliga de su obligación, como tribunal superior, en tutelar el respeto al debido proceso. El artículo 211 del Código Procesal Civil, demanda del juzgador que declare la nulidad o anulabilidad de los actos procesales que se realizan con incumplimiento de los requisitos contemplados en la ley. Por su parte el artículo 214.1 y 2 del mismo código facultan al juzgador para que, en virtud del cargo (ex oficio), declare la nulidad de actos procesales que impliquen ausencia de requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión. Para ello la ley exige que la declaración de nulidad se produzca antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso y siempre que no proceda la subsanación. Se considera adecuada, aquí y ahora (Hic Et Nunc), la causal de nulidad prevista en el artículo 212.4 del Código Procesal Civil, que dispone que los actos procesales son nulos cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que por esa causa se haya producido indefensión en el recurso de casación interpuesto. Los recurrentes, abogado Eduardo Duarte Salgado como representante procesal de la señora Elsa Margot Cerna, y abogado Osman Eduardo García Vega en su condición de representante procesal del Instituto Nacional Agrario (INA), alegaron “Falta de Aplicación e Indebida Interpretación”, señalando que “dicha decisión resulta contraria a lo que en derecho corresponde”. Por las razones expuestas, la Sala de lo Civil, ante su deber de vigilar y hacer uso de los mecanismos legales necesarios para enmendar todos aquellos casos que llegan a su conocimiento y que adolecen de errores que violentan los cimientos del Estado de Derecho, tal como sucede en el presente caso; se ve en la imperiosa necesidad de enmendar, según el cause jurisprudencial, declarando la nulidad absoluta de la sentencia definitiva dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, de fecha diez de diciembre del año dos mil veinte, la cual reforma en algunos apartados la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Comayagua dictada en fecha siete de marzo del año dos mil diecinueve”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… "La sentencia impetrada fue dictada al amparo del Código Procesal Civil, razón por la cual el Iudex Ad Quem está obligado en redactar su sentencia respetando las garantías de orden convencional, constitucional y procesal, así como los requisitos y lineamientos contenidos en los artículos 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil. Respecto al alcance del derecho a doble instancia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que debe tratarse de un “examen integral o íntegro” de la decisión recurrida. Por su parte, el derecho convencional establece que debe entenderse: “para que éste (el fallo) sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una posible condena errónea. Ello requiere que pueda analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria” (artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Comentada. Pag.244). Esto no convierte a la Sala de lo Civil en un ente de revisión per se, pero no la desliga de su obligación, como tribunal superior, en tutelar el respeto al debido proceso. El artículo 211 del Código Procesal Civil, demanda del juzgador que declare la nulidad o anulabilidad de los actos procesales que se realizan con incumplimiento de los requisitos contemplados en la ley. Por su parte el artículo 214.1 y 2 del mismo código facultan al juzgador para que, en virtud del cargo (ex oficio), declare la nulidad de actos procesales que impliquen ausencia de requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión. Para ello la ley exige que la declaración de nulidad se produzca antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso y siempre que no proceda la subsanación. Se considera adecuada, aquí y ahora (Hic Et Nunc), la causal de nulidad prevista en el artículo 212.4 del Código Procesal Civil, que dispone que los actos procesales son nulos cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que por esa causa se haya producido indefensión en el recurso de casación interpuesto. Los recurrentes, abogado Eduardo Duarte Salgado como representante procesal de la señora Elsa Margot Cerna, y abogado Osman Eduardo García Vega en su condición de representante procesal del Instituto Nacional Agrario (INA), alegaron “Falta de Aplicación e Indebida Interpretación”, señalando que “dicha decisión resulta contraria a lo que en derecho corresponde”. Por las razones expuestas, la Sala de lo Civil, ante su deber de vigilar y hacer uso de los mecanismos legales necesarios para enmendar todos aquellos casos que llegan a su conocimiento y que adolecen de errores que violentan los cimientos del Estado de Derecho, tal como sucede en el presente caso; se ve en la imperiosa necesidad de enmendar, según el cause jurisprudencial, declarando la nulidad absoluta de la sentencia definitiva dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, de fecha diez de diciembre del año dos mil veinte, la cual reforma en algunos apartados la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Comayagua dictada en fecha siete de marzo del año dos mil diecinueve”

Legislación citada

Sentencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil veinticinco, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados Gaudy Alejandra Bustillo Martínez como Coordinadora, Milton Danilo Jiménez Puerto y Rubenia Esperanza Galeano Barralaga, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES EN ESTA JURISDICCIÓN: El Instituto Nacional Agrario (INA), representado en juicio por el abogado Osman Eduardo García Vega, asimismo la señora Elsa Margot Cerna Ávila, representada en juicio por el abogado Eduardo Duarte Salgado como recurrentes; contra la sentencia de fecha diez de diciembre de dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria por la vía del proceso declarativo civil para que se declare la nulidad de un expediente de solicitud N° 22067-40847/2004 del Instituto Nacional Agrario y de dos títulos de dominio pleno otorgados por el Instituto Nacional Agrario, sus inscripciones registrales, las sucesivas y posteriores tradiciones de dominio. Pago de indemnización de daños y perjuicios personales y materiales causados; promovida en fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, por el abogado Willians Alejandro Mendez Euceda, actuando en su condición de representante procesal de los señores Allan Carias Lavaire y Marco Iván Carias Lavaire, ambos mayores de edad, hondureños y con domicilio en Minas de Oro, departamento de Comayagua, contra el Instituto Nacional Agrario (INA), representado legalmente por el Director Ejecutivo el señor Ramón Antonio Lara Buezo, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, y contra la señora Elsa Margot Cerna Avila, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio. ANTECEDENTES DE HECHOPRIMERO: En fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, dictó sentencia fallando de la siguiente manera: “FALLA: 1) DECLARANDO Sin Lugar la DEMANDA ORDINARIA POR LA VIA DEL PROCESO DECLARATIVO CIVIL PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UN EXPEDIENTE DE SOLICITUD No. 22067-40847/2004 DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO. 2) Declara con lugar la pretensión de nulidad de dos títulos de dominio pleno, otorgado por el Instituto Nacional Agrario, sus inscripciones registrales, las sucesivas y posteriores TRADICIONES DE DOMINIO presentada por los señores ALLAN CARIAS LAVAIRE Y MARCO IVAN CARIAS LAVAIRE, en contra del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO representado legalmente por su director ejecutivo, el señor RAMON ANTONIO LARA BUEZO, y en contra de la señora ELSA MARGOT CERNA AVILA. 3) DECLARANDO SIN LUGAR la pretensión del PAGO E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS PERSONALES Y MATERIALES CAUSADOS presentada por los señores ALLAN CARIAS LAVAIRE Y MARCO IVAN CARIAS LAVAIRE en contra del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, representado legalmente por su director ejecutivo, el señor RAMON ANTONIO LARA BUEZO, y en contra de la señora ELSA MARGOT CERNA AVILA. 4) SIN LUGAR LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION EXTINTIVA DE LA ACCION PARA DEMANDAR presentada por la señora ELSA MARGOT CERNA AVILA. 4) SIN LUGAR la EXCEPCION POR PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCION PARA DEMANDAR presentada por la señora ELSA MARGOT CERNA AVILA en la contestación de la demanda. 5) SE DECRETA LA NULIDAD de los asientos registrales inscritos con números 52 y 53 ambos del tomo 163 del Instituto Nacional Agrario. 6) Se condena en costas según el principio de vencimiento”. SEGUNDO: En fecha diez de diciembre del año dos mil veinte, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, reformó parcialmente la sentencia del Aquo, fallando de la siguiente manera: “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR LA APELACION interpuesta por el abogado EDUARDO DUARTE SALGADO, Apoderado de la señora ELSA MARGOT CERNA AVILA, y por el Abogado OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA, representante procesal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contra la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, el siete (07) de marzo del año dos mil diecinueve (2019, mediante la cual falla: “1) DECLARANDO Sin Lugar LA DEMANDA ORDINARIA POR LA VIA DEL PROCESO DECLARATIVO CIVIL PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UN EXPEDIENTE DE SOLICITUD No.22067-40847/2004 DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO. 2) Declara con lugar la pretensión de nulidad de dos títulos de dominio pleno, otorgado por el Instituto Nacional Agrario, sus inscripciones registrales las sucesivas y posteriores TRADICIONES DE DOMINO presentada por los señores ALLAN CARIAS LAVAIRE Y MARCO IVAN CARIAS LAVAIRE en contra del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, representado legalmente por su director ejecutivo, el señor RAMON ANTONIO LARA BUEZO, y en contra de la señora ELSA MARGOT CERNA AVILA. 3) DECLARANDO SIN LUGAR la pretensión del pago e indemnización de daños y perjuicios personales y materiales causados. 4) SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCION EXTINTIVA DE LA ACCION PARA DEMANDAR presentada por la señora ELSA MARGOT CERNA AVILA, en la contestación de la demanda. 5) SE DECRETA LA NULIDAD de los asientos registrales inscritos con números 52 y 53 ambos del tomo 163 del Instituto Nacional Agrario. 6) Se condena en costas. SEGUNDO: DECLARA CON LUGAR LA APELACION PARCIAL interpuesta por el Abogado CESAR RAMOS CACERES, representante procesal de los señores ALLAN CARIAS LAVAIRE Y MARCO IVAN CARIAS LAVAIRE, EN CONSECUENCIA: REFORMA LA SENTENCIA DEFINITIVA RECURRIDA, DESCRITA EN EL NUMERAL ANTERIOR, Y QUE SE HA RELACIONADO, reforma que esta Corte verifica así: A) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA POR VIA DEL PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO CIVIL PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UN EXPEDIENTE DE SOLICITUD No.22067-40847/2004 del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO y de dos títulos de dominio pleno otorgados por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, SUS INSCRIPCIONES REGISTRALES, LAS SUCESIVAS Y POSTERIORES TRADICIONES DE DOMINIO, ASI MISMO SE CONDENA A LOS DEMANDADOS AL PAGO E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS, interpuesta por el Abogado WILLIANS ALEJANDRO MENDEZ EUCEDA, representante procesal de los señores ALLAN CARIAS LAVAIRE Y MARCO IVAN CARIAS LAVAIRE CONTRA EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, representado legalmente por su director ejecutivo el señor RAMON ANTONIO LARA BUEZO, y en contra de la señora ELSA MARGOT CERNA AVILA. B) En consecuencia DECLARA Y DECRETA LA NULIDAD ABSOLUTA DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD No.22067-40847/2004 DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, iniciado el trece de Julio de dos mil cuatro, que contiene trámite de adjudicación de tierras en dos títulos definitivos de propiedad en favor de la demandada ELSA MARGOT CERNA AVILA. C) DECLARA Y DECRETA LA NULIDAD DE DOS TITULOS EN DOMINIO PLENO otorgados por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO en favor de la demandada ELSA MARGOT CERNA AVILA, inscritos bajo los asientos registrales número 52 y número 53 del tomo 163 del INA, Registro o Instituto de la Propiedad de Comayagua. EN CONSECUENCIA, ORDENA LA CANCELACION DE LOS REFERIDOS ASIENTOS, así como las sucesivas y posteriores tradiciones de dominio. D) DECLARA CON LUGAR, la pretensión indemnizatoria de daños y perjuicios personales y materiales, causadas a los demandantes recurrentes ALLAN CARIAS LAVAIRE Y MARCO IVAN CARIAS LAVAIRE, cuya cuantía y valoración deberá dirimirse una vez firme la presente sentencia. E) SIN LUGAR LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION EXTINTIVA DE LA ACCION PARA DEMANDAR o puesta POR LA DEMANDADA ELSA MARGOT CERNA AVILA, y a la cual se adhirió el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO. F) ORDENA Y DISPONE que se libre comunicación o mandamiento con las inserciones necesarias al Instituto de la Propiedad de Comayagua y al Instituto Nacional Agrario, para los efectos legales consiguientes. TERCERO: CON COSTAS. Que contra el presente fallo cabe el RECURSO DE CASACION el cual deberá interponerse por escrito dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. Pasado dicho plazo sin haberse interpuesto, quedará de derecho firme la presente sentencia. Y MANDA: Que una vez firme el presente fallo se envíen los antecedentes al Juzgado para los efectos legales consiguientes…”.TERCERO: El abogado Osman Eduardo Garcia Vega, actuando en su condición de representante procesal del Instituto Nacional Agrario (INA), en fecha veinte de enero de dos mil veintiuno, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha diez de diciembre del año dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del mismo, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: El abogado Eduardo Duarte Salgado, actuando en su condición de representante procesal de la señora Elsa Margot Cerna Avila, en fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha diez de diciembre del año dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del mismo, debiendo entregársele copia del mismo. QUINTO: El abogado César Ramos Cáceres actuando en su condición de representante procesal de los señores Allan Carias Lavaire y Marco Iván Carias Lavaire, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.SEXTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados Osman Eduardo García Vega, César Ramos Cáceres y Eduardo Duarte Salgado, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas veinticuatro y veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. SÉPTIMO: La parte recurrente, abogado Osman Eduardo García Vega actuando en su condición de representante procesal del Instituto Nacional Agrario (INA) planteó su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, de la manera siguiente: “UNICO MOTIVO EN QUE LA CASACION SE BASA Acuso la sentencia por "la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio". PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo lo autoriza el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, en lo que dice: Artículo 719.- CAUSALES DEL RECURSO ... 2.- Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio" NORMAS DE DERECHO QUEBRANTADAS: La sentencia recurrida Transgrede las siguientes disposiciones legales SUSTANTIVAS o MATERIALES: del Código Civil Artículo 2263.- Por la Prescripción se adquieren de la manera y con las condiciones determinadas en la Ley, el dominio y demás derechos reales. También se extinguen del propio modo por la prescripción los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean. Articulo 2267.- La prescripción produce sus efectos jurídicos a favor y en contra de la herencia antes de haber sido aceptada ... Artículo 2289.- Las Acciones Prescriben por el mero lapso de tiempo fijado por la Ley. Articulo 2291.- Las acciones reales sobre bienes inmuebles prescriben a los diez años. Entiéndase esta disposición sin perjuicio de lo establecido para la adquisición del dominio o derechos reales por prescripción. Artículo 2292.- Las acciones personales que no tengan señalado término especial, prescriben a los diez años. Artículo 2301.- La Prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor ... Artículo 2310.- Los títulos sujetos a registro no perjudican a terceros, sino desde la fecha de su inscripción. Se considera como tercero aquel que no ha sido parte en el acto o contrato a que se refiere la inscripción. El heredero se considera como una sola persona con su causante. SUSTANTIVAS o MATERIALES: de la Ley Para Optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno (Decreto Legislativo No. 266-2013). Artículo 8.- DISPOSICIÓN GENERAL. El estado o sus entidades, en juicios de cualquier naturaleza, estarán exentos del pago de costas, salvo que haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN: atropello directo, por FALTA DE APLICACIÓN E INDEBIDA INTERPRETACIÓN. EXPLICACIÓN Acción real es la que tiende a hacer reconocer o sancionar un derecho de propiedad, mientras que la acción personal se persigue la ejecución de una obligación. Dicho de otra forma, la acción real surge del derecho que se tiene respecto de las cosas y la acción personal la que se tiene respecto de una determinada persona. Por definición, la falta de Aplicación e indebida interpretación solo puede darse cuando el fallo combatido deja de hacer actuar una norma cuya observancia en el es indispensable. Los artículos denunciados como violados son normas de derecho sustancial nacional, que consagran derechos y obligaciones, y su indebida o no aplicación e interpretación es un error trascendente y que aparece reflejado en la parte resolutiva de la sentencia recurrida (nexo de causalidad entre el error y la resolución proferida a tal punto que la violación es el origen del fallo) o sea que sin la infracción revelada el fallo hubiera sido distinto, declarar SIN LUGAR la demanda en su totalidad por la excepción material de prescripción denunciada (consta en el escrito de contestación de la demanda por parte de mi representada el INA) y como tal omisión implica un desconocimiento del derecho que claramente consagra el precepto legal, dicho texto resulta entonces vulnerado ("error sobre la existencia del precepto"); error judicial sobre la existencia de la disposición, en todo caso, el desconocimiento de la verdadera y real voluntad del Legislador expresada en el proceso legal no aplicado o indebidamente interpretado; por lo tanto, la decisión resulta absolutamente contraria a lo que en derecho corresponde. Demostrada la violación de la ley, la decisión impugnada se derrumba, cae por su propia base, aniquilándose, por lo tanto el veredicto recurrido no ha sido dictado secudum jus, no se ha realizado el derecho objetivo, correspondiendo al Tribunal Superior volver por los fueros de la ley violada, restaurando la ley conculcada”.OCTAVO: La parte recurrente, abogado Eduardo Duarte Salgado en su condición de representante procesal de la señora Elsa Margot Cerna planteó su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, de la manera siguiente: “MOTIVOS DE CASACION: UNICO MOTIVO DE CASACION Acuso la sentencia dictada por este Tribunal en fecha Diez (10) de Diciembre del año Dos Mil Veinte 2020) por "LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DE FONDO DEL LITIGIO". PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo lo autoriza el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, que en lo conducente dice: Artículo 719.- CAUSALES DEL RECURSO… 2.- Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio" NORMAS DE DERECHO QUEBRANTADAS: La sentencia recurrida de fecha Diez (10) de Diciembre del año Dos Mil Veinte (2020) dictada por este Tribunal trasgrede las siguientes disposiciones legales contempladas en el Código Civil y en la Ley Para Optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno (Decreto Legislativo No. 266-2013): NORMAS SUSTANTIVAS O MATERIALES: del Código Civil Artículo 2263.- Por la Prescripción se adquieren de la manera y con las condiciones determinadas en la Ley, el dominio y demás derechos reales. También se extinguen del propio modo por la prescripción los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean. Articulo 2267.- La prescripción produce sus efectos jurídicos a favor y en contra de la herencia antes de haber sido aceptada… Articulo 2289.- Las Acciones Prescriben por el mero lapso de tiempo fijado por la Ley. Articulo 2291.- Las acciones reales sobre bienes inmuebles prescriben a los diez años. Entiéndase esta disposición sin perjuicio de lo establecido para la adquisición del dominio o derechos reales por prescripción. Artículo 2292. Las acciones personales que no tengan señalado término especial, prescriben a los diez años. Artículo 2301. La Prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor ... Artículo 2310.- Los títulos sujetos a registro no perjudican a terceros, sino desde la fecha de su inscripción. Se considera como tercero aquel que no ha sido parte en el acto o contrato a que se refiere la inscripción. El heredero se considera como una sola persona con su causante. La sentencia recurrida transgrede además las siguientes disposiciones legales SUSTANTIVAS O MATERIALES: contenidas en la LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMIINISTRACION PUBLICA: MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y FORTALECIOMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO (Decreto Legislativo No. 266-2013. 8413754254500Artículo 8.- DISPOSICIÓN GENERAL. El estado o sus entidades, en juicios de cualquier naturaleza, estarán exentos del pago de costas, salvo que haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y Penalmente. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN: atropello directo, por FALTA DE APLICACIÓN E INDEBIDA INTERPRETACIÓN. EXPLICACION: 8731251778000En el caso que nos ocupa, el origen del conflicto se da a raíz de un trámite administrativo que genera la concesión de un derecho de propiedad a favor de mi representada ELSA MARGOT CERNA AVILA por parte de una institución del Estado toda vez que se hubo cumplido con los requisitos de ley que amparan la acción legal del INA completamente enmarcada en derecho, al conceder a mi representada el Dominio Pleno debidamente registrado de dos inmuebles que mi cliente había tenido en posesión bajo el amparo de un Documento Privado que acredita el ánimo de dueño y Buena Fe con que se actuó y quien además había dado cumplimiento a los requisitos legales establecidos por el INA para dicha adjudicación de los inmuebles objeto de este juicio, por un lado; por otra parte, los demandantes después de más de DIEZ AÑOS que el INA hubo extendido e inscrito los Títulos de Propiedad a favor de mi representada ELSA MARGOT CERNA AVILA, demandan a mi cliente por los inmuebles que el INA le otorgo bajo el marco legal, inmuebles que había estado en posesión de mi cliente desde 1986 con un documento privado que le extendiera la madre de los demandantes, por tanto ella trabajo y posesiono esas tierras como suyas, que bajo un programa nacional de adjudicación de tierras le fueron concedidas por el INA como propietario de esos inmuebles, mediante un proceso iniciado enjulio del año 2004.9188451778000 La prescripción adquisitiva es el medio de adquirir un derecho de propiedad de los bienes por la posesión continuada en el tiempo y otros requisitos señalados por ley, conocida como usucapión y el fundamento subjetivo de la usucapión o prescripción adquisitiva se apoya en el abandono o negligencia del titular del derecho, que, por su inactividad, ha permitido que otro adquiera su derecho por la posesión continuada durante cierto tiempo; es decir, que de conformidad a la legislación y doctrina legal, Acción real es la que tiende a hacer, reconocer o sancionar un derecho de propiedad; mientras que en la acción personal se persigue la ejecución de una obligación. Dicho de otra forma la acción real surge del derecho que se tiene respecto de las cosas y la acción personal la que se tiene respecto de una determinada persona. En ese sentido, surge la Acción Real que constituye y reconoce un Derecho de Propiedad a favor de la señora ELSA MARGOT CERNA AVILA y pasados más de 10 años en que mi clienta poseyera de buena fe, con ánimo de dueño y Justo Titulo, considerando que nuestra legislación civil establece que LAS ACCIONES REALES SOBRE BIENES INMUEBLES PRESCRIBE A LOS DIEZ AÑOS y esto sin perjuicio de lo que la misma ley plasma para la adquisición del dominio o derechos reales por prescripción, no obstante, la prescripción es un concepto jurídico en virtud del cual el transcurso del tiempo consolida situaciones de hecho, pero que va en dos direcciones: a) la adquisición de cosas ajenas que consolida situaciones de hecho y reconoce derechos y, b) Aquella que permite la extinción de un derechos por el transcurso del tiempo conferido para su ejercicio y tanto, las acciones reales sobre bienes inmuebles prescriben a los diez años, al igual que las acciones personales que no tengan termino señalado de forma especial también prescriben a los diez años, entonces, a los demandantes les prescribió el termino para la acción de demandar, considerando que las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo. De lo anterior se puede deducir dos cosas de suma importancia: a) Que la señora ELSA MARGOTH CERNA AVILA adquirió los inmuebles por PRESCRIPCION ADQUISITIVA bajo una modalidad de adjudicación de títulos dentro de un Programa Nacional de Regularización de Tierra y el Estado de Honduras a través del Instituto Nacional Agrario constituyo un derecho de propiedad a su favor, al cumplirse con los requisitos legales que dicha institución estatal exigía dentro del marco legal para la adjudicación de los títulos de propiedad que le acreditan como dueña, y b) Que a los demandantes, señores ALLAN CARIAS LAVAIRE Y MARCO IVAN CARIAS LAVAIRE, les PRESCRIBIO EL DERECHO DE ACCION y por tanto, les prescribió el Derecho de Demandar a mi cliente y el INA, puesto que ese derecho caduco y se extinguió aI transcurrir DIEZ AÑOS, es decir que su derecho pereció por el mero lapso del tiempo, tal cual exige la ley, razón por la cual siempre he mantenido LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION EXTINTIVA DE LA ACCIÓN PARA DEMANDAR por parte de los señores ALLAN CARIA LAVAIRE Y MARCO IVAN CARIAS LAVAIRE, postura a la cual se adhirió el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO. Por definición, la falta de Aplicación e indebida interpretación de la ley solo puede darse cuando el fallo combatido deja de hacer actuar una norma cuya observancia en él es indispensable, tal cual ha sucedido en el caso que nos ocupa Los artículos enunciados como violados dentro de la sentencia que por este acto impugno, son normas de derecho sustancial nacional, con vigencia y de aplicación a nivel nacional que consagran derechos y obligaciones, y su indebida o no aplicación e interpretación es un error trascendente y que aparece reflejado en la parte resolutiva de la sentencia recurrida y en este caso particular existe un nexo de causalidad entre el error y la resolución proferida, a tal punto que la violación de las normas legales constituyen el origen del fallo que estoy impugnando por medio de este acto o sea que sin la infracción revelada el fallo hubiera sido distinto; en consecuencia, se hubiera declarado SIN LUGAR la demanda presentada por los señores ALLAN CARIAS LAVAIRE Y MARCO IVAN CARIAS LAVAIRE, en su totalidad por la Excepción Material de Prescripción denunciada desde que el juicio inicio en primera instancia ante el Juez A-Quo tal cual fue mi posición de defensa y de igual forma, tal como consta en el escrito de contestación de la demanda por parte del Apoderado del INA. No obstante, tal omisión por parte del operador de justicia implica un desconocimiento del derecho que claramente consagra el precepto legal, dicho texto resulta entonces vulnerado ("error sobre la existencia del precepto"); error judicial sobre la existencia de la disposición, en todo caso, el desconocimiento de la verdadera y real voluntad del Legislador expresada en el proceso legal no aplicado o indebidamente interpretado; por lo tanto, la decisión resulta absolutamente contraria a lo que en derecho corresponde. Demostrada la violación de la ley que a lo largo de este juicio se ha venido dando, la decisión impugnada se derrumba y cae por su propia base, aniquilándose, por lo tanto el veredicto recurrido no ha sido dictado secudum jus, y no se ha realizado el derecho objetivo, correspondiendo en consecuencia al Tribunal Superior volver por los fueros de la ley violada, restaurando la ley conculcada.”NOVENO: El abogado César Ramos Cáceres, planteó su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación formalizado por el abogado Eduardo Duarte Salgado, de la siguiente manera: “A LA EXPRESION DEL UNICO MOTIVO EN QUE LA CASACION SE BASA. PRIMERO: En pronunciamiento sobre este único motivo de casación interpuesto por el representante procesal de la señora ELSA MARGOTH CERNA AVILA, y para el efecto de desmerecer por ser incongruente lo expuesto en el escrito de casación a la sentencia recurrida emitida por la Honorable Corte de Apelaciones de Comayagua, me manifiesto que el fallo impugnado se emite en cumplimiento estricto a los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, y en virtud del principio del derecho justicia rogada, y garantía de la tutela judicial los tribunales civiles decidirán los asuntos en base a las aportaciones de hechos, fundamentos jurídicos, pruebas y pretensiones de las partes en un solo contexto, sin exonera ninguna de estos presupuestos procesales para emitir sus fallos, por lo que en consonancia a ello y siendo que en todo proceso civil la prueba TIENE UNA IMPORTANCIA CAPITAL decisoria por el Juzgador, por lo que para demostrar la veracidad de las afirmaciones, le sigue a la parte litigante para acreditar su pretensión la máxima denominado ONUS PROBANDI carga de la prueba, que indica quien es el que está obligado a probar un determinado hecho alegado ante los tribunales o sea que quien alega un hecho debe acreditarlo; y me pronuncio en ello, porque en el caso de mérito el censor, en el proceso de la demanda incoada, tenía la carga de probar la certeza de sus hechos y la pretensión de su contestación, y es el caso que una vez revisado los momentos procesales (audiencias), en la práctica de prueba (audiencia probatoria), se aprecia que contrario al Apoderado Legal del Instituto Nacional Agrario (INA), que no compareció a la audiencia probatoria realizada en fecha 18 de octubre del 2017, (consta en folio 220), en la cual se practicó la prueba de las partes, éste recurrente si compareció; pero NO CONSTA práctica de prueba alguna de esa parte demandada sobre el caso sub examen y que respalde su pretensión, ya más bien SI CONSTA que más bien RENUNCION a los medios de prueba que anuncio oportunamente se haría valer para probar sus pretensiones; por lo que contrario a ello la parte demandante o recurrida que represento si acreditó jurídica y con la prueba oportuna y necesaria todos los extremos de la pretensión de los demandantes, por lo que difícilmente podía el Tribunal de alzada favorecer en la sentencia impugnada una pretensión como la que planteaba la parte demandada en su apoyo; y el existir en juicio una nula probanza de la parte demandada, por no haber practicado ninguna prueba que apoyara sus alegatos en el proceso judicial, analizado tal extremo, si el juzgador no fallaba como lo hizo se vería ante la violación del debido proceso garantizado en el artículo 90 de la Constitución de la República, el atropello a la legalidad procesal y formal garantizado en el artículo 7 del Código Procesal Civil, que en relación a este estamento legal manda que "Las formalidades previstas en él, son imperativas", así como estaría favoreciendo a la inaplicabilidad o no aplicación eficaz de la norma de derecho procesal de carácter probatorio establecidas para el caso de mérito, que en nuestro sistema procesal se garantiza en los artículos número 3, 228, 238, 239.1 242.1, 466, 467, 469, 473 del referido Código Procesal Civil, por lo que resulta inapropiado e incongruente lo invocado en el recurso de casación presentado por el Apoderado Legal de la Institución demandada. SEGUNDO: Asimismo sobre este único motivo de casación como lo ha formalizado la parte recurrente, su argumentación, fundamentación y explicación no expresa claridad y precisión, y aún más imposible que sea la expresión de un recurso extraordinario de casación, efectos estos que evidentemente impiden la prosperidad del motivo, igual que el Representante Procesal del INA, solo se concreta a enlistar y señalar una serie de artículos que supuestamente dice son trasgredidos en la sentencia, en su explicación expone un pobre argumento, en el cual únicamente escribe literalmente artículos del Código Civil y otras materias, enmarcándolos en alguna acepción que tienen dentro del derecho objetivo dichos artículos, y manifestando que no se aplicaron al fallo o que fueron interpretados erróneamente, así como hace exposiciones de algunas definiciones de instituciones jurídicas como lo que es acción real, acción personal, falta de aplicación e indebida interpretación, error judicial, dice que hay un desconocimiento de la verdadera y real voluntad del legislador y otras manifestaciones incongruentes, innecesarias y que resultan irrelevantes en su recurso de casación, y por lo tanto sus fundamentos expuestos están alejados de ser propios para este tipo recurso extraordinario contra una sentencia definitiva; nunca define en su explicación que persigue en este recurso extraordinario con respecto a la sentencia recurrida al no indicar ni tan siquiera la parte de la sentencia en que aparece algún quebrantamiento de la norma que le agrava, habida cuenta de la estructura legal que tiene la sentencia emitida por el Tribunal de Segunda instancia y hoy por él recurrida, por lo que resulta imposible considerar o apreciar para efectos de casación el escrito presentado en el caso de mérito. Todo ello en consideración y enmarcada lo que en este pronunciamiento expongo, a lo que manda el Código Procesal Civil, en "TRAMITE DE ADMISION", en el artículo 723 inciso 2) numeral a), que autoriza la inadmisión del recurso de casación, cuando manda así: "1-......2. Solo podrá inadmitirlo por las causales siguientes: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización, entre las que se comprende la falta de relación de las normas de derecho citadas como infringidas con las cuestiones debatidas y la pretensión de que se reviste la interpretación y valoración de la pruebas…" (negrillas ajenas al texto original); asimismo el numeral b) del mismo artículo 723, expresa, "Carencia manifiesta de fundamento del recurso....."; siendo lo preceptuado en este artículo lo que con claridad se observa ocurre en la exposición del escrito de casación del recurrente, y como en este acápite lo he expuesto, considerándose estos defectos insubsanables que evidentemente impiden la prosperidad del motivo.- Asimismo de la lectura que se hace del escrito de la interposición de la casación, se observa que no demuestra el recurrente la forma errónea en que incurrió el Tribunal juzgador, teniéndose en cuenta que el error debe ser manifiesto con claridad en su escrito, ostensible esto es que sea evidente, sin que para apreciarlo no se deban efectuar análisis complejos; por lo que por la certeza que reviste el pronunciamiento que sobre ese UNICO MOTIVO de casación he expuesto, debe ser declarado en auto la INADMISION de ese único motivo el referido recurso de casación.- O en su caso y frente a la incongruencia manifiesta de lo expuesto en el recurso y siendo que la sentencia emitida por el Tribunal de Segunda instancia y que se acusa, se encuentra dictada de conformidad a los lineamientos que exigen los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, se dicte sentencia declarando NO HA LUGAR el Recurso de Casación, con costas.” DÉCIMO: El abogado César Ramos Cáceres, planteó su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación formalizado por el abogado Osman Eduardo García Vega, de la siguiente manera: “A LA EXPRESION DEL UNICO MOTIVO EN QUE LA CASACION SE BASA PRIMERO: En pronunciamiento sobre este único motivo de casación interpuesto por el representante procesal del INA, y para el efecto de desmerecer por ser incongruente lo expuesto en el escrito de casación a la sentencia recurrida emitida por la Honorable Corte de Apelaciones de Comayagua, me manifiesto que el fallo impugnado se emite en cumplimiento estricto a los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, y en virtud del principio del derecho justicia rogada, y garantía de la tutela judicial los tribunales civiles decidirán. los asuntos en base a las aportaciones de hechos, fundamentos jurídicos, pruebas y pretensiones de las partes en un solo contexto, sin exonerar ninguna de estos presupuestos procesales para emitir sus fallos, por lo que en consonancia a ello y siendo que en todo proceso civil la prueba TIENE UNA IMPORTANCIA CAPITAL decisoria por el Juzgador, por lo que para demostrar la veracidad de las afirmaciones, le sigue a la parte litigante para acreditar su pretensión la máxima denominado ONUS PROBANDI o carga de la prueba, que indica quien es el que está obligado a probar un determinado hecho alegado ante los tribunales o sea que quien alega un hecho debe acreditarlo; y me pronuncio en ello, porque en el caso de mérito el censor, en el proceso de la demanda incoada, tenía la carga de probar la certeza de sus hechos y la pretensión de su contestación, y es el caso que una vez revisado los momentos procesales (audiencias), en la práctica de prueba (audiencia probatoria), se aprecia que contrario al Apoderado Legal del Instituto Nacional Agrario (INA), que no compareció a la audiencia probatoria realizada en fecha 18 de octubre del 2017, (consta en folio 220), en la cual se practicó la prueba de las partes, éste recurrente si compareció; pero NO CONSTA práctica de prueba alguna de esa parte demandada sobre el caso sub examen y que respalde su pretensión, ya más bien SI CONSTA que más bien RENUNCION a los medios de prueba que anuncio oportunamente se haría valer para probar sus pretensiones; por lo que contrario a ello la parte demandante o recurrida que represento si acreditó jurídica y con la prueba oportuna y necesaria todos los extremos de la pretensión de los demandantes, por lo que difícilmente podía el Tribunal de alzada favorecer en la sentencia impugnada una pretensión como la que planteaba la parte demandada en su apoyo; y el existir en juicio una nula probanza de la parte demandada, por no haber practicado ninguna prueba que apoyara sus alegatos en el proceso judicial, analizado tal extremo, si el juzgador no fallaba como lo hizo se vería ante la violación del debido proceso garantizado en el artículo 90 de la Constitución de la República, el atropello a la legalidad procesal y formal garantizado en el artículo 7 del Código Procesal Civil, que en relación a este estamento legal manda que "Las formalidades previstas en él, son imperativas", así como estaría favoreciendo a la inaplicabilidad o no aplicación eficaz de la norma de derecho procesal de carácter probatorio establecidas para el caso de merito, que en nuestro sistema procesal se garantiza en los artículos número 3, 228, 238, 239.1, 242.1, 466, 467, 469, 473 del referido Código Procesal Civil, por lo que resulta inapropiado e incongruente lo invocado en el recurso de casación presentado por el Apoderado Legal de la Institución demandada. SEGUNDO: Asimismo sobre este único motivo de casación como lo ha formalizado la parte recurrente, su argumentación, fundamentación y explicación no expresa claridad y precisión, y aún más imposible que sea la expresión de un recurso extraordinario de casación, efectos estos que evidentemente impiden la prosperidad del motivo, igual que el Representante Procesal del lNA, solo se concreta a enlistar y señalar una serie de artículos que supuestamente dice son trasgredidos en la sentencia; en su explicación expone un pobre argumento, en el cual únicamente escribe literalmente artículos del Código Civil y otras materias, enmarcándolos en alguna acepción que tienen dentro del derecho objetivo dichos artículos, y manifestando que no se aplicaron al fallo o que fueron interpretados erróneamente, así como hace exposiciones de algunas definiciones de instituciones jurídicas como lo que es acción real, acción personal, falta de aplicación e indebida interpretación, erro judicial, dice que hay un desconocimiento de la verdadera y real voluntad del legislador y otras manifestaciones incongruentes, innecesarias y que resultan irrelevantes en su recurso de casación y por lo tanto sus fundamentos expuestos están alejados de ser propios para este tipo recurso extraordinario contra una sentencia definitiva; nunca define en su explicación que persigue en este recurso extraordinario con respecto a la sentencia recurrida al no indicar ni tan siquiera la parte de la sentencia en que aparece algún quebrantamiento de la norma que le agrava, habida cuenta de la estructura legal que tiene la sentencia emitida por el Tribunal de Segunda instancia y hoy por él recurrida, por lo que resulta imposible considerar o apreciar para efectos de casación el escrito presentado en el caso de mérito. Todo ello en consideración y enmarcada lo que en este pronunciamiento expongo, a lo que manda el Código Procesal Civil, en "TRAMITE DE ADMISION'', en el artículo 723 inciso 2) numeral a), que autoriza la inadmisión del recurso de casación, cuando manda así: "1……. .2.-Solo podrá inadmitirlo por las causales siguientes: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización, entre las que se comprende la falta de relación de las normas de derecho citadas como infringidas con las cuestiones debatidas y la pretensión de que se reviste la interpretación y valoración de la pruebas ..." (negrillas ajenas al texto original); asimismo el numeral b) del mismo artículo 723, expresa, "Carencia manifiesta de fundamento del recurso ..."; siendo lo preceptuado en este artículo lo que con claridad se observa ocurre en la exposición del escrito de casación del recurrente, y como en este acápite lo he expuesto, considerándose estos defectos insubsanables que evidentemente impiden la prosperidad del motivo y Asimismo de la lectura que se hace del escrito de la interposición de la casación, se observa que no demuestra el recurrente la forma errónea en que incurrió el Tribunal juzgador, teniéndose en cuenta que el error debe ser manifiesto con claridad en su escrito, ostensible esto es que sea evidente, sin que para apreciarlo no se deban efectuar análisis complejos; por lo que por la certeza que reviste el pronunciamiento que sobre ese UNICO MOTIVO de casación he expuesto, debe ser declarado en auto la INADMISION de ese único motivo el referido recurso de casación- O en su caso y frente a la incongruencia manifiesta de lo expuesto en el recurso y siendo que la sentencia emitida por el Tribunal de Segunda instancia y que se acusa, se encuentra dictada de conformidad a los lineamientos que exigen los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, se dicte sentencia declarando NO HA LUGAR el Recurso de Casación, con costas”.FUNDAMENTOS DE DERECHOToda persona tiene derecho a peticionar ante los Juzgados y Tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, así como a recibir respuesta, es decir, esa voluntad de recurrir debe estar específicamente vinculada al acto que se impugna, y en tal sentido no deben existir dudas respecto a la resolución o sentencia que se demanda, este requisito surge de la necesidad de expresar la voluntad del impetrante en un sentido concreto, pues la falta de claridad y congruencia produce indefensión para las partes del proceso. La nota esencial de los recursos es que constituyen la máxima expresión del principio dispositivo.El Recurso de Apelación es el remedio impugnativo por excelencia, mediante el cual se procura revocar o sustituir una decisión judicial, labor que se lleva a cabo por un superior jerárquico y es este quien tiene la función de revisar la labor del juez inferior en lo relativo a los hechos y al derecho. Después de un minucioso estudio de los dos recursos de casación interpuestos por los abogados Eduardo Duarte Salgado como representante procesal de la señora Elsa Margot Cerna Avila y el abogado Osman Eduardo García Vega en representación procesal del Instituto Nacional Agrario (INA) respectivamente, confrontándolos con la sentencia impetrada que reforma parcialmente la dictada por el A-quo, la Sala de lo Civil observa serias irregularidades que vulneran el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Lo anterior se afirma porque en la sentencia dictada por el Tribunal Ad-quem se evidencia: A) La falta de revisión de la labor del juez inferior en lo relativo a los hechos y al derecho a que está obligado; B) Una absoluta indefensión para ambas partes del proceso, por inobservar tanto los principios generales como los límites de la valoración probatoria, ya que la sentencia recurrida ha inobservado la motivación en la valoración de los medios de prueba sin rendir cuentas del por qué le otorga valor a unas y desecha otras; C) No brinda respuesta a todos los agravios presentados por las partes; D) No puede haber condena en costas para el Instituto Nacional Agrario (INA) en virtud del Decreto Legislativo No. 266-2013 que consiste en la Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia. Sobre ese particular, dispone en el artículo 8 de las Disposiciones Generales: “El Estado o sus entidades en juicio de cualquier naturaleza estará exento del pago de costas, salvo que haya actuado con dolo”. E) Asimismo, el Ad-quem ha violentado el “Principio Peyorativo” que limita la medida de la apelación por los agravios invocados por las partes, es así que el Tribunal de alzada no puede ir más allá de los límites marcados por el recurso y los agravios en perjuicio del único apelante, resultando incongruente y violenta el principio dispositivo, puesto que en su parte dispositiva el Ad-quem reforma su sentencia agravando la situación de los apelantes al declarar “con lugar la pretensión de indemnización de daños y perjuicios personales y materiales causados a los demandantes”; vulnerando además, el principio de “Non Reformatio in Peius”, el cual es un principio constitucional y una garantía procesal que limita la capacidad decisoria del juez superior, prohibiendo agravar la situación de la parte que ha apelado la sentencia. Cabe resaltar que el citado principio non reformatio in peius es contrastado con el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de defensa, principios que no se observan en la sentencia dictada por el Ad-quem. F) Se recomienda la utilización del lenguaje acorde a lo dispuesto en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), misma que forma parte de nuestro derecho interno y es de obligatorio acatamiento. G) No hay ninguna motivación ni fundamentación en la sentencia, respecto a la existencia de alguna causal de las contenidas en el artículo 1586 del Código Civil para decretar la nulidad absoluta en los actos o contratos.La Reforma Agraria tiene como finalidad garantizar la función social en el campo, lo cual se encuentra plasmado en el artículo 344 constitucional que dispone: “La Reforma Agraria es un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país destinado a sustituir el latifundio y minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad del sector agropecuario”. Dicho precepto constitucional es acorde con lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Reforma Agraria reafirmando la finalidad de la función social de la tierra. En el artículo 6 de la Ley de Reforma Agraria, se establece cuáles son los fines de esta: a) …b) Las tierras nacionales y ejidales rurales; c) …d) …e) …Conforme al artículo 86 de la misma ley, la adjudicación de tierras estará a cargo del Instituto Nacional Agrario y se hará de acuerdo con los planes y programas que el mismo formule de conformidad con la ley. Nuestra ley sustantiva civil establece que: “Hay nulidad absoluta de los actos y contratos: 1) Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia. 2) Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene. 3) Cuando se ejecutan o celebran por personas absolutamente incapaces”. Nuestro Código Civil define que: “Se llama dominio o propiedad el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario”. Estima esta Sala de lo Civil, que el Ad-quem no ha observado ni salvaguardado el cumplimiento de las garantías dispuestas en las normas sustantivas, adjetivas y constitucionales que garantizan la tutela efectiva del proceso, entre las que se encuentra la inobservancia que por obligación tiene el órgano jurisdiccional de emitir la resolución proferida de manera congruente con la disposición probatoria, conforme al artículo 11 del Código Procesal Civil. Las irregularidades descritas en el numeral segundo del acápite de fundamentación jurídica, obligan a los tribunales de alzada en ordenar la corrección de dichas carencias, con el propósito de que las partes puedan saber los razonamientos fácticos y jurídicos con total precisión por los cuales se ha proferido el fallo del proceso, y con ello los intervinientes en el mismo se vean posibilitados a impugnar la resolución judicial que cause directa o indirectamente un perjuicio en los términos de ley, tal como lo establecen los artículos 14, 690 y 705 del Código Procesal Civil. Es importante resaltar que, nuestra Constitución de la República en su artículo 90, comprende dentro de los derechos individuales, el derecho al debido proceso, describiendo este como “el derecho a ser juzgado por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. A su vez el artículo 82 del mismo cuerpo legal reza que: “El Derecho de Defensa es inviolable”. De lo anterior se establece indudablemente que existe un nexo entre el debido proceso y el respeto del derecho de defensa en cualquier tipo de procedimiento, pues ya la Corte IDH ha establecido que “el debido proceso, abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial; a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos”; constituyendo así un límite a la discrecionalidad del poder público en cualquier materia. El artículo 303 de la Constitución de la República establece en su parte conducente que: “la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado por magistrado y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes”. A su vez, el artículo 304 del mismo texto legal reza que: “Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado”; lo cual es un llamado a velar por que toda resolución sea dictada al amparo del debido proceso (artículo 90 párrafo primero constitucional). Sumado a lo anterior, el Estado de Honduras reconoce como derecho positivo las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a este tema, entre ellas se establece que: “los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex-officio, entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales pertinentes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control debe ejercerse siempre, sin considerar otros supuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de este tipo de acciones”. También establece: “En otras palabras, el poder judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana”. La Interseccionalidad es un enfoque al momento de juzgar, que permite explorar la diversidad y el cruce de las diferentes modalidades de opresión, dominación y discriminación que pueden concurrir en una misma persona que la hacen más vulnerable, para lo cual es necesario analizar el contexto en el que se realizan los hechos, a efecto de brindar un efectivo acceso a la justicia a las personas en condición de vulnerabilidad, cuya reflexión y recomendaciones se encuentran plasmadas en “Las 100 Reglas de Brasilia”, instrumento en el cual se consigna como grupo vulnerable a las mujeres, por el simple hecho de serlo, condición a la cual se suma su condición social de pobreza en el caso de mérito. La sentencia impetrada fue dictada al amparo del Código Procesal Civil, razón por la cual el Iudex Ad Quem está obligado en redactar su sentencia respetando las garantías de orden convencional, constitucional y procesal, así como los requisitos y lineamientos contenidos en los artículos 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil. Respecto al alcance del derecho a doble instancia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que debe tratarse de un “examen integral o íntegro” de la decisión recurrida. Por su parte, el derecho convencional establece que debe entenderse: “para que éste (el fallo) sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una posible condena errónea. Ello requiere que pueda analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria” (artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Comentada. Pag.244). Esto no convierte a la Sala de lo Civil en un ente de revisión per se, pero no la desliga de su obligación, como tribunal superior, en tutelar el respeto al debido proceso. El artículo 211 del Código Procesal Civil, demanda del juzgador que declare la nulidad o anulabilidad de los actos procesales que se realizan con incumplimiento de los requisitos contemplados en la ley. Por su parte el artículo 214.1 y 2 del mismo código facultan al juzgador para que, en virtud del cargo (ex oficio), declare la nulidad de actos procesales que impliquen ausencia de requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión. Para ello la ley exige que la declaración de nulidad se produzca antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso y siempre que no proceda la subsanación. Se considera adecuada, aquí y ahora (Hic Et Nunc), la causal de nulidad prevista en el artículo 212.4 del Código Procesal Civil, que dispone que los actos procesales son nulos cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que por esa causa se haya producido indefensión en el recurso de casación interpuesto. Los recurrentes, abogado Eduardo Duarte Salgado como representante procesal de la señora Elsa Margot Cerna, y abogado Osman Eduardo García Vega en su condición de representante procesal del Instituto Nacional Agrario (INA), alegaron “Falta de Aplicación e Indebida Interpretación”, señalando que “dicha decisión resulta contraria a lo que en derecho corresponde”. Por las razones expuestas, la Sala de lo Civil, ante su deber de vigilar y hacer uso de los mecanismos legales necesarios para enmendar todos aquellos casos que llegan a su conocimiento y que adolecen de errores que violentan los cimientos del Estado de Derecho, tal como sucede en el presente caso; se ve en la imperiosa necesidad de enmendar, según el cause jurisprudencial, declarando la nulidad absoluta de la sentencia definitiva dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, de fecha diez de diciembre del año dos mil veinte, la cual reforma en algunos apartados la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Comayagua dictada en fecha siete de marzo del año dos mil diecinueve. PARTE DISPOSITIVAPor lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 15, 18, 59, 60, 63, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 20, 21, 24, 25 y 27 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial; 3, 7, 21, 69, 115.1, 119 numerales 1) y 2), 129, 169, 170, 190, 191, 193.2, literal b), 197, 199, 206, 207, 212.3, 214.2, 214.3, 215.5, 701, 705.1.2, 716, 717, 718, 719.b y 727.3 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; dicta el presente auto irrecurrible y declara: 1. La NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, de fecha diez de diciembre del año dos mil veinte, por la vulneración de garantías constitucionales y procesales que se han señalado, y posteriores actuaciones realizadas por el Ad-quem. 2. Que la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, del departamento de Comayagua, proceda a dictar nueva sentencia con el respeto del derecho al debido proceso. Y MANDA: Que con la certificación de este auto se remitan las actuaciones a la Corte de Apelaciones de su procedencia para los efectos consecuentes, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus representantes procesales constituidos en juicio.3. Librar atento oficio al Ministerio Público para que proceda a investigar las actuaciones del Aquo y del Ad-quem en la presente causa. Redactó la Magistrada Galeano Barralaga. NOTIFÍQUESE.GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTINEZMAGISTRADA COORDINADORAMILTON DANILO JIMÉNEZ PUERTOMAGISTRADO RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGAMAGISTRADA