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Sentencia CC-21-21 — Registro 19048

Resumen

En primera instancia se interpuso demanda de nulidad de unos instrumentos públicos, daños y perjuicios mediante el proceso ordinario; el juzgado fallo con lugar la prescripción de la acción, sobre las donaciones y otorgamientos de poder realizadas por la parte demandada en representación de su padre. En segunda instancia se confirmo la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “3. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN. El motivo planteado no aprueba el examen previo de admisibilidad, dada la inadecuada técnica casacional con que se expone el mismo, falencias recursivas que giran en torno a lo siguiente: Falta de claridad, separación y especificidad, cuando el impetrante señala que en el fallo proferido por el tribunal Ad-quem, se ha aplicado e interpretado erróneamente el contenido del artículo 1334 del Código Civil. Al respecto es menester recordar que en un mismo motivo no se podrá argüir por una parte la aplicación errónea, y por otra la interpretación errónea de una misma norma, esto porque tanto la aplicación indebida y la interpretación errónea son supuestos diferentes; indicándose que, la aplicación indebida: “Es aplicar en la resolución del negocio normas jurídicas ajenas a la cuestión debatida.”; y la mala interpretación o interpretación errónea: “Consiste en aplicar la ley con un sentido distinto del que tiene.”. De tal manera que el censor deberá precisar cuál de ellos viene impugnando en casación; amen de lo señalado, la técnica recursiva exige que quien alegue la aplicación indebida de una norma, deberá señalar también cuál es la norma que el juzgador debió de haber aplicado.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “4. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN. Sobre el planteamiento del motivo, encuentra la Sala que el impetrante ha utilizado una inadecuada técnica casacional, incurriendo en defectos recursivos que concitan su inadmisibilidad, así tenemos lo siguiente: a) La causal invocada como precepto autorizante es la prevista en el artículo 719.1 b) del Código Procesal Civil que establece que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, está norma procesal está referida a impugnar las posibles irregularidades que se hayan cometido por el impartidor de justicia en el desarrollo del proceso; irregularidades que dejen en manifiesto, actos mal ejecutados y que han violentado las garantías procesales de los justiciables, todo ello previo a la emisión de la sentencia; y b) Se estima como norma vulnerada el artículo 207 del Código Procesal Civil, referido al requisito interno de motivación de las sentencias. De lo anterior es necesario señalar que el recurrente equivoca la causal recursiva, ya que, tratándose de cuestionar la carencia o insuficiente motivación del fallo de segunda instancia, debió entonces invocar como precepto autorizante el artículo 719.1 c) referido a la forma y contenido de la sentencia, en relación con el 720.2 ambos del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “5. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL TERCER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN. Llevado a cabo el examen de admisibilidad del motivo, la Sala encuentra que no aprueba el mismo, ello en virtud de que el impetrante nuevamente incurre en las falencias apuntadas en el motivo precedente, esto es, en cuanto que invoca como precepto autorizante el artículo 719.1 b), y aduce que el fallo de segunda instancia vulnera el artículo 208.1 y 2 del Código Procesal Civil (congruencia de los fallos); asimismo enfatiza que tales irregularidades se cometieron en la elaboración de la sentencia; al respecto es menester ilustrar que la causal utilizada por el recurrente es incorrecta, pues ya nuestra norma procesal civil establece cual es la vía a utilizar cuando se quiera impugnar normas procesales que tengan que ver con “La forma y contenido de la sentencia”, esto es la causal recursiva del artículo 719.1 c), en relación con el artículo 720.2, ambos del Código Procesal Civil, enfatiza la Sala en apuntar que la congruencia, es un requisito interno de la sentencia, por tanto el juzgador en el desarrollo intelectivo de su fallo tiene la obligación de emitir un fallo congruente, si no lo hace, o si lo hace de forma incorrecta, el recurrente puede denunciarlo ante esta Sala, y al hacerlo, tiene la obligación de desarrollar la infracción de forma precisa y detallada, pero a través del precepto correcto; situación que en el presente motivo el recurrente no lo hace. 6. En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en los tres motivos de casación expuestos, las causas previstas en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil veinticinco, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados Gaudy Alejandra Bustillo Martínez como Coordinadora, Milton Danilo Jiménez Puerto y Rubenia Esperanza Galeano Barralaga, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES EN ESTA JURISDICCIÓN: Los señores Elizabeth Rivera Henderson, Luis Mariano Rivera Castro, Ondina Gabriela Rivera Osorio, Osmand Alberto Rivera Osorio, Alexis Edgardo Rivera Osorio y Juan René Rivera Osorio, representados procesalmente por el abogado José Antonio Taixes López, como recurrentes; contra la sentencia dictada en fecha veintidós de octubre de dos mil diecinueve, por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán. OBJETO DEL PROCESO: Demanda de nulidad de unos instrumentos públicos, daños y perjuicios mediante el proceso ordinario; interpuesta ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, por los señores Elizabeth Rivera Henderson y Luis Mariano Rivera Castro, contra la señora Vicky Renee Rivera Girón; y como intervinientes voluntarios en calidad de demandantes los señores Ondina Gabriela Rivera Osorio, Osmand Alberto Rivera Osorio, Alexis Edgardo Rivera Osorio y Juan René Rivera Osorio. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha treinta de julio de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia que, en su parte dispositiva, falló: (Sic) “FALLA: 1) CON LUGAR la prescripción de la acción, incoada por el Abogado FELIX ANTONIO IRÍAS RODEZNO en su condición de representante procesal de la señora VICKY RENEE RIVERA GIRÓN sobre las Donaciones y otorgamientos de poder realizadas por ella en representación de su padre el señor JUAN RENE RIVERA MARTÍNEZ. 2) Con costas a las partes demandantes… NOTIFÍQUESE”. SEGUNDO: En fecha veintidós de octubre de dos mil diecinueve, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, por mayoría de votos, dictó sentencia Confirmando la emitida por el A-quo, de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación del que se ha hecho mérito; SEGUNDO: CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el treinta (30) de julio del año dos mil diecinueve (2019), en la "DEMANDA DE NULIDAD DE INSTRUMENTOS PUBLICOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por los Señores ELIZABETH RIVERA HENDERSON Y LUIS MARIANO RIVERA CASTRO en contra de la Señora VICKY RENEE RIVERA GIRON.- CON COSTAS.- Y MANDA: … NOTIFIQUESE”. TERCERO: En fecha once de febrero de dos mil veinte, el abogado José Antonio Taixes López, actuando en su condición de representante procesal de los señores Elizabeth Rivera Henderson, Luis Mariano Rivera Castro, Ondina Gabriela Rivera y hermanos, presento escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha veintidós de octubre de dos mil diecinueve, emitida por la Corte Segunda de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del recurso, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: En fecha once de enero del año dos mil veintidós, el abogado Félix Antonio Irías Rodezno, actuando en su condición de representante procesal de la señora Vicky Renee Rivera Girón, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Segunda de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal y conformado el expediente de casación número S.C. 21-2021, los abogados José Antonio Taixes López y Félix Antonio Irías Rodezno, en fechas dos y tres de febrero del año dos mil veintiuno, presentaron escritos de personamiento respectivamente; resolviendo este tribunal mediante proveído de fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintiuno, tener por personados a los mismos en sus condiciones ya indicadas. SEXTO: La parte recurrente planteó su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, de la manera siguiente: (Sic) “PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Según la sentencia dictada por La Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán con fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), y en cumplimiento a la regla general de los recursos devolutivos al tenor del Artículo 704 del Código Procesal Civil, se impugna con precisión el pronunciamiento siguiente: "FUNDAMENTOS DE DERECHO: ... PRIMERO: ... SEGUNDO: ... SEPTIMO: No obstante, y en contraposición a lo expresado en el numeral anterior, igualmente hemos verificado que el mismo Señor JUAN RENE RIVERA MARTINEZ, en fecha 8 de febrero del año 2010, dirigió a la demandada señora VICKY RENEE RIVERA GIRON una nota mediante la cual entre otras cosas y en relación a su gestión le expresaba lo siguiente Por medio de la presente ... OCTAVO: Que con lo expresado en la aludida nota, que no ha sido objeto de confrontación, el señor JUAN RENE RIVERA MARTINEZ no obstante la revocatoria del poder que hizo, evidencia que aprobó y consintió todo lo hecho en su nombre y representación por su apoderada, que dicho sea de paso es su hija y ahora demandada señora VICKY RENEE RIVERA GIRON.- Que asimismo y como prueba del mencionado consentimiento y aprobación también resultó acreditado en juicio, que durante el tiempo que transcurrido hasta antes de su fallecimiento el señor RIVERA MARTINEZ, tampoco, promovió ninguna "acción revocatoria, contra las cuestionadas donaciones, tal y como pudo haberlo hecho según el caso, y conforme le resultare aplicables lo que para ese efecto disponen los artículos 1334, 1335, 1336, 1337 del Código Civil. NOVENO: Que con la acción revocatoria que le hubiere correspondido intentar el señor JUAN RENE RIVERA MARTINEZ precluyó en el término de cuatro años y al no haberla promovido judicialmente como se lo permitía el citado artículo 1336 del Código Civil, dicha acción no fue trasmitida a sus herederos. - En tal sentido, por los argumentos tanto fácticos y normativos anteriormente señalados es criterio de este Ad quem que la resolución apelada amerita ser confirmada por ser conforme a derecho." MOTIVOS: En base al pronunciamiento impugnado anteriormente, expondremos con la suficiente claridad y separación los motivos en que se base el presente recurso de Casación, expresando las normas de derecho cuya infracción se sustentan al tenor de lo dispuesto en los Artículos 719 del Código Procesal Civil, veamos: PRIMERO: a) PRECEPTO AUTORIZANTE: La causal del recurso en el presente motivo es: La Según el fallo recurrido por La Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán con fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), pues rechazamos por no encontrarse ajustado a derecho, derivando el motivo de recurso de casación siguiente: aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio (Art. 719.2 CPC). b) INFRACCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO La norma cuya Infracción se sustenta el presente motivo por una aplicación e interpretación errónea es el Artículo 1334 del Código Civil, veamos: "Artículo 1334.- La donación entre vivos, puede revocarse por ingratitud. Se tiene por acto de ingratitud, cualquier hecho ofensivo del donatario, que le hiciere indigno de heredar al donante" (subrayado de mi parte). c) MOTIVO CAUSAL: Según el fallo dictado por Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán con fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), manifiesta que la acción revocatoria de las donaciones por ingratitud precluye a los cuatro años y el no haberlo realizado por el causante en el plazo antes referido pues le prescribió tal acción. Siendo este argumento una errónea aplicación e interpretación de la norma citada en el inciso anterior, veamos: "Código Civil Artículo 1334.- La donación entre vivos, puede revocarse por ingratitud Se tiene por acto de ingratitud, cualquier hecho ofensivo del donatario, que le hiciere indigno de heredar al donante (subrayado de mi parte). Si bien, el presente recurso de casación es contra la sentencia dictada por La Honorable Corte de Apelaciones, es menester referir como antecedente la sentencia en primera instancia, puesto que declaró sin lugar nuestra pretensión de solicitar la nulidad de las donaciones porque la ACCION REVOCATORIA POR INGRATITUD prescribió a los cuatro años, es decir, que la motivación de dicha sentencia nunca fue el objeto del debate, pero fue más sorprendente que la Corte de Apelaciones con dos votos confirmó tal absurdo jurídico puesto que interpretan erróneamente la figura jurídica de una acción revocatoria por ingratitud. Según el Artículo 1334 del Código Civil, se desprenden dos requisitos sine qua non; por un lado, la exigencia de dirigir tal acción solamente al donatario y, por otro lado, la exigencia de una conducta ofensiva posterior del donatario. Por lo tanto, se hace incompatible aplicar la figura de una acción revocatoria por ingratitud referida en la sentencia recurrida numeral NOVENO de la fundamentación de derecho, puesto que la acción objeto de debate en el presente proceso es contra la "donante / mandataria por el “acto o momento” que se realizó la donación como tal, es decir, que no interesa, en este proceso, los nombres de los donatarios, tampoco interesa saber si hay alguna conducta ofensiva posterior por el donatario que haga ingrata tal donación, ya que nuestra demanda recae en solicitar la nulidad de ciertos actos de donación, realizados con un poder de representación sin ostentar con dicha facultad. Por lo expuesto anteriormente, concluimos que una ACCION REVOCATORIA POR INGATITUD no procede, por los argumentos expuestos anteriormente, en consecuencia, se ha aplicado e interpretado erróneamente dicha norma (Art. 1334 CC), ya que en la presente sentencia impugnada, específicamente en el numeral ocho y nueve de la fundamentación de derecho, se basa en tal absurdo jurídico, pero para ser más grafico en el escenario de la acción revocatoria por ingratitud, tal y como recomienda dicha sentencia, expondremos lo siguiente: En el caso que el causante Señor JUAN RENE RIVERA MARTINEZ estuviese vivo y dentro del periodo de cuatro (4) años después de la donación, y quisiese solicitar la nulidad de las donaciones realizadas por su mandataria por haberse extralimitado en sus facultades, pues tampoco procedería una acción revocatoria por ingratitud, puesto que la acción que se pretende es la nulidad de los actos de donación realizados por la mandataria por no ostentar con dicha facultad de expresa mención, es decir, que si se interpone una acción revocatoria por ingratitud a la mandataria/donante, sin duda, contestarían la demanda anunciando la falta de legitimidad debido a que la acción revocatoria por ingratitud referida en la sentencia sola procede contra el Donatario y no contra la mandataria/donante, a quien ha demandado mis representados en el proceso de mérito. En consecuencia, La Honorable Corte de Apelaciones, con el respeto debido, mal aplica e interpreta la norma sustantiva de la ACCION REVOCATORIA POR INGRATITUD puesto que no es posible, jurídicamente hablando, aplicar dicha norma al caso de mérito, ya que no se puede incoar contra la demandada bajo la figura de donante/mandataria, debido a que tal acción revocatoria solo puede ir dirigida contra los donatarios. Por ende, es una errónea aplicación e interpretación de la norma jurídica. SEGUNDO. El fallo recurrido por La Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán con fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), lo rechazamos por no encontrarse ajustado a derecho, derivando el motivo de recurso de casación siguiente: a) PRECEPTO AUTORIZANTE: La causal del recurso en el presente motivo es el Artículo 719.1.b), veamos ARTICULO 719. CAUSALES DEL RECURSO. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)… b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. b) INFRACCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO: La norma procesal cuya infracción se sustenta el presente motivo es el Artículo 207 del Código procesal civil, veamos: "ARTICULO 207. Motivación: 1. Las sentencias se motivan expresando los razonamientos jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, facticos y así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá de incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerado individualmente y en conjunto ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón." (subrayado de mi parte), c) MOTIVO CAUSAL: Según el fallo dictado por La Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán con fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), indica específicamente en el numeral SEXTO de la fundamentación jurídica en la sentencia recurrida, que se ha constatado que no tenía facultades de donar la demandada, tal y como, hemos venido señalando. Asimismo, en el numeral SEPTIMO en la Fundamentación de Derecho indica que, "en contraposición" (pobre motivación fáctica) a la falta de facultades, el causante señor JUAN RENE RIVERA MARTINEZ envió una nota simple a la demandada donde manifiesta el supuesto agradecimiento por la gestión realizada en el ejercicio del mandato. Pero en dicho pronunciamiento impugnado se obvió motivar de manera clara y precisa los elementos jurídicos con que se basa la pobre motivación fáctica expuesta, tal omisión, acarrea nulidad puesto que la sentencia recurrida carece de los elementos o requisitos de motivación contentivo en el Artículo 207 del Código Procesal Civil, siendo este hecho el sustento del presente motivo, ya que la sentencia debe cumplir con dos elementos fundamentales que no deben de faltar, como ser: el contenido formal de las sentencias y los requisitos internos, debiendo ser estos requisitos claros, precisos, exhaustivos con la motivación fáctica y jurídica, así como, la congruencia de la sentencia con la demanda. En el caso que nos ocupa, el pronunciamiento impugnado de la sentencia en el numeral SEPTIMO en la Fundamentación de Derecho, hace una pobre motivación fáctica al indicar únicamente la palabra "en contraposición" como único razonamiento, es decir, que se argumenta en la sentencia recurrida que, en contraposición a la falta de facultades para donar contentivo en un documento público, pues se envió una nota simple en documento privado y, tal hecho, exime la falta de facultades para donar. Pero en la referida sentencia recurrida, se omite totalmente la motivación jurídica que basa el hecho de que "en contraposición se puede eximir la falta de facultades para donar otorgado mediante documento público con todas las formalidades que exige la ley, por ende, dicha omisión vuelve incomprensible la sentencia recurrida y acarrea en indefensión también, debido a que mis representados desconocen las razones jurídicas para indicar que una nota simple puede eximir, a la demandada, obviar o eludir el mandato conferido. La motivación comprende la expresión de los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de la prueba, así como la aplicación e interpretación del derecho, debiendo incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, ajustándose a las reglas de la lógica y de razón. Por ende, la falta de motivación jurídica hace imposible a las partes comprender las razones de convicción del juzgador y el alcance dispositivo/declarativo del fallo. Por lo expuesto anteriormente, la omisión de la motivación jurídica infringe la norma procesal contentiva en el Artículo 207 del Código Procesal Civil, causando como efecto la nulidad de la sentencia. TERCERO: El fallo recurrido por La Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán con fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), lo rechazamos por no encontrarse ajustado a derecho, derivando el motivo de recurso de casación siguiente: a) PRECEPTO AUTORIZANTE: La causal del recurso en el presente motivo es el Artículo 719.1.b), veamos: ARTICULO 719. CAUSALES DEL RECURSO. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) ... b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. b) INFRACCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO: La norma cuya infracción se sustenta el presente motivo es el Artículo 207 del Código procesal civil, veamos: "ARTICULO 208. Congruencia 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate." (subrayado de mi parte) c) MOTIVO CAUSAL: Según el fallo dictado por La Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán con fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), manifiesta en el numeral QUINTO de la fundamentación de derecho el objeto de debate, en síntesis, si tenía o no facultades de donar por parte de la demandada, pero la sentencia per se, no se pronunció al respecto si condenaba o absolvía a la demandada por las pretensiones objeto del debate. Tal omisión, significa que la sentencia recurrida es incongruente con el objeto del debate señalada por la misma Corte de Apelaciones, infringiendo la norma procesal contentiva en el Artículo 208 del Código Procesal Civil antes referido. Según la doctrina, se ha distinguido cuatro diferentes modalidades de incongruencias, veamos: a. Incongruencia por ultra petita (ne eat judex ultra petita partium) b. Incongruencia por extra petita (ne eat extra petita partium) c. Incongruencia por infra petita (ne eat judex infra petita partium) d. Incongruencia por citra petita (ne eat judex citra petita partium). llamada también omisiva o ex silentio, falta de pronunciamiento que puede ser total o parcial. Es decir, que la sentencia recurrida omite pronunciarse sobre el objeto del debate señalada en la misma, contentiva en el numeral QUINTO de la fundamentación de derecho, tal infracción a la norma procesal, deja a mis representados en indefensión, ya que el mismo, no establece las razones fácticas y jurídicas de lo que inicialmente se solicitó en la demanda, en consecuencia, la sentencia recurrida es incongruente con la demanda, por lo tanto, no se ha obtenido la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos por parte del Tribunal. Es importante mencionar, como antecedente, lo que manifestó en su voto particular la Magistrada Ingrid Monzón en el presente fallo recurrido: "1- no realizó pronunciamiento sobre cuestiones que fueron objeto del proceso, omitiendo pronunciarse sobre el planteamiento alegado por la parte demandada respecto a la nulidad absoluta de nueve (9) instrumentos públicos de donación celebrados mediante poder o mandato otorgado mediante instrumento público sin ostentar la facultad de donar bienes inmuebles. Asimismo, la resolución impugnada carece de motivación al no expresar los razonamientos facticos y jurídicos tomados en consideración para resolver el asunto bajo el conocimiento del juzgador. No expresando, de manera ordenada y clara, las razones jurídicamente validas, aptas para justificar su decisión, al punto que el juzgador se pronunció sobre una pretensión que no fue fijada como objeto del proceso, como fue una acción revocatoria de donación por causa de ingratitud. 2- Obvio pronunciarse en cuanto a si condena o absuelve al demandado. Si bien, el presente recurso de casación va dirigido a la sentencia dictada por La Honorable Corte de Apelaciones al tenor de lo dispuesto en el Artículo 717 del Código Procesal Civil, también es importante mencionarlo como antecedente. Asimismo, es de suma importancia manifestar, como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, la unificación de la jurisprudencia nacional, ya que existen sentencias de la Corte Suprema de Justicia referente a la infracción de la norma procesal señala en este motivo (sentencia incongruente con la demanda): veamos: 1. Resolución CC-38-2012 de la Sala de lo Civil, Corte Suprema de Justicia: Ver fundamento de derecho numeral quince (15) 2. Resolución CC-61-2012 de la Sala de lo Civil, Corte Suprema de Justicia: Ver fundamento de derecho numeral cinco (5) 3. Resolución CC-38-2015 de la Sala de lo Civil, Corte Suprema de Justicia: Ver fundamento de derecho numeral TERCERO. Según las resoluciones expuestas anteriormente, todas indican que la falta de congruencia entre la sentencia con la demanda es objeto de nulidad y mandan a que se emita nueva sentencia por el Ad-Quem con las garantías procesales que establece la norma suprema en su artículo 90 (Principio del debido proceso)”. SÉPTIMO: El abogado Félix Antonio Irías Rodezno, en la condición indicada, hizo pronunciamiento del recurso de casación interpuesto, de la siguiente manera: (Sic) “I. RESPECTO AL ACAPITE "ANTECEDENTES DE HECHO" Para el abogado José Taixes puede ser un argumento sorprendente el hecho que el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, así como la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, hayan basado sus respectivas sentencias en la prescripción de la acción en relación con la acción revocatoria de las donaciones de acuerdo al artículo 1336 del Código Civil, sin embargo, reitero que este argumento fue parte de la defensa de la señora Vicky Renee Rivera Girón, alegada como excepción en la contestación a la demanda y en la audiencia preliminar, por lo que en apego al derecho constitucional de defensa, se formuló la misma conforme a los razonamientos y fundamentos de derecho que se creían pertinentes y aplicables al caso en concreto; en ese sentido, el Juez de primera instancia y honorables Magistrados de la Corte de Apelaciones, aplicaron el principio contenido en el artículo 12.5 del Código Procesal Civil referente a la facultad procesal de resolver la cuestión litigiosa conforme a derecho, aunque no haya sido invocado por las partes (en este caso, por la parte demandante) o lo haya sido erróneamente. En ese sentido, no debería existir sorpresa para el abogado recurrente que, en dos instancias, se confirmaran los alegatos que conformaron el objeto del debate, ya que tales fallos se apegaron a lo invocado por mi parte en representación de la señora Vicky Renee Rivera Girón, a las pruebas evacuadas y a la norma jurídica invocada, aunque éstas hayan diferido con las de la parte demandante, pero es sabido que en todo proceso existe contradicción. II. RESPECTO AL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN Reitero que discrepo totalmente con el criterio del Abogado José Taixes al manifestar que no fue objeto de debate lo concerniente a la acción revocatoria por ingratitud, ya que con mi oposición formulada a través del escrito de contestación a la demanda, en donde planteé la excepción de prescripción de la acción con base en que ya habían transcurrido los cuatro años que permite el Código Civil para revocar por ingratitud las donaciones entre vivos, y, posteriormente ratificada dicha oposición en la audiencia preliminar, se conformó lo que es el objeto del debate, según lo indica el artículo 10.1 del Código Procesal Civil Por ende, no es comprensible que el abogado recurrente insista, como así lo hace a lo largo de su escrito, que el Juzgado de Letras Civil y la Corte de Apelaciones de lo Civil emitieron sus fallos fundamentándose en preceptos diferentes a los que conformaban su pretensión como parte demandante, sin embargo, si fallaron bajo fundamentos de derecho que si conformaban parte de la defensa de la señora Vicky Renee Rivera Girón (esencialmente los artículos 1334 y 1336 del Código Civil). Con todo respeto manifiesto al abogado recurrente que él no pude determinar qué argumentos jurídicos son los que yo debí o no expresar en la defensa de la parte demandada. La acción revocatoria por ingratitud fue alegada como parte de la defensa de la señora Vicky Rivera, precisamente porque en el libelo de la demanda los demandantes mencionan que mi representada "dilapido los bienes del señor Juan René Rivera Martinez", como si hubiese existido un contubernio entre mi representada como mandataria y los donatarios, quienes no son más que otros hijos del señor Juan René Rivera y otra persona quien es la madre de tres de sus hijas. De haber existido una lapidación de bienes o extralimitaciones en las atribuciones conferidas a mi representada, consecuentemente el señor Juan René Rivera Martínez hubiese sentido ingratitud hacia ella y/o hacia los donatarios y él personalmente hubiese interpuesto demanda para anular y revocar las donaciones alegadas en el presente caso y no hubiera otorgado a la señora Vicky Rivera la carta contentiva de la aprobación de los actos y contratos celebrados en virtud del mandato otorgado y a la vez finiquito de responsabilidad, como así lo hizo. Por ende, si interesa la conducta de la donante y de los donatarios frente al señor Juan René Rivera después de realizadas las donaciones, ya que el Código Civil indica la causal por la cual se pueden revocar las donaciones entre vivos, que es por ingratitud (artículo 1334). En ese sentido, el señor Juan Rivera, como donante a través de su hija Vicky Rivera, tuvo el término de cuatro años para interponer acción revocatoria de las donaciones, por cualquier hecho ofensivo de los donatarios, lo cual no hizo puesto que no existió motivo para hacerlo, y por el contrario, prefirió extender un finiquito de responsabilidad a mi representada como mandataria, el cual también abarca a las personas a favor de quien se hicieron las donaciones, puesto que él expresa su conformidad y agradecimiento por todo lo actuado con el poder que él otorgó. Con base a lo anterior, es que se interpuso la excepción de prescripción de la acción, ya que el donante Juan René Rivera Martínez, quien era la única persona facultada para ejercitar acciones de nulidad y revocación de las donaciones, es decir, titular de la legitimación procesal, tuvo hasta el mes de octubre del año 2013 para hacerlo (puesto que las donaciones se inscribieron en el registro público en octubre del año 2009), sin embargo, no lo hizo. Lastimosamente el señor Juan Rivera, padre de mi representada, falleció en el mes de mayo del año 2016, sin haber intentado la acción revocatoria o cualquier tipo de reclamo judicial o extrajudicial, como tampoco lo hicieron los ahora demandantes en ese período de cuatro años, según se los permitía el artículo 1337 del Código Civil: Cuando el donante, por haber perdido el juicio o por otro impedimento, se hallare imposibilitado de intentar la acción que se le concede por el artículo 1334, podrán ejercerla a su nombre, mientras viva y dentro del plazo señalado en el artículo anterior, no solo su guardador, sino cualquiera de sus descendientes o ascendientes o su cónyuge. Indudablemente a los demandantes, quienes legitimaron su acción por ser herederos ab intestato del señor Juan René Rivera Martinez, ya les prescribió la acción para demandar la nulidad de los actos de donación ya que interpusieron la demanda 4 años y 10 meses después de la fecha en que se cumplió la fecha de prescripción. El artículo 2289 del Código Civil establece que las acciones prescriben por el mero lapso de tiempo fijado por la ley, relacionado también con los artículos 2263 y 2265 referentes a la extinción de las acciones por la prescripción. La pretensión de los demandantes de querer anular a estas alturas diversas escrituras públicas de titularidad de bienes inmuebles, no es más que un claro atentado contra la propiedad privada, la cual debe ser garantizada y protegida por el Estado de Honduras según lo dispone el artículo 103 y 106 de la Constitución de la República; la improcedencia de la demanda radica en el hecho de que los bienes inmuebles cuyas escrituras públicas de dominio se pretenden anular, no constituyen en ningún momento parte de una masa hereditaria, puesto que su traspaso de dominio sea realizo mientras estuvo con vida el propietario de los inmuebles. Es deber de la Corte Suprema de Justicia, proteger el fallo recurrido por la parte demandante puesto que sería un atentado a las leyes y a la seguridad jurídica del país. En cuanto a lo que expresa el Abogado recurrente sobre qué hubiese sucedido o contestado mi representada si el señor Juan René Rivera Martinez hubiese demandado la nulidad de las donaciones, en primer lugar, debo expresar que eso es una mera especulación de un escenario que nunca sucedió, ya que como mencioné anteriormente, el señor Juan René Rivera Martínez no demandó a mi representada en el periodo de cuatro años, sino que por el contrario, le extendió un finiquito de responsabilidad y esos dos extremos si fueron hechos probados en juicio, por lo que no es pertinente en una casación hacer alegatos de circunstancias que no se dieron. En segundo lugar, siguiendo el supuesto del Abogado Taixes, de haber demandado el señor Juan Rivera a su hija Vicky Rivera, la defensa de mi representada también se hubiera enmarcado en la carta del finiquito de responsabilidad y ratificación de los actos o contratos celebrados en virtud del mandato otorgado, que él le extendió en fecha 8 de febrero de 2010, después de inscritas las cuestionadas donaciones en el registro público y revocado el poder a ella otorgado. De igual manera, la defensa se hubiera enmarcado en que mi representada sí contaba con la facultad de donar pues la donación es un acto definida como tal en el artículo 1296 del Código Civil, definiéndola también como un acto el abogado recurrente en su escrito de casación, y en el Poder de Representación y Poder Especial para Pleitos otorgado a mi representada claramente se indica que se le otorga facultades de riguroso dominio como...y en fin, de ejecutar cualquier acto o contrato... Concluyo expresando que lo que sí es claro y fue un hecho probado en juicio por el mismo Abogado José Taixés, es que todos los hermanos Rivera como demandantes, legitimaron su acción por haber sido declarados herederos ab intestato de su padre Juan René Rivera Martinez, pretendiendo así anular donaciones que se realizaron como acto entre vivos, consecuentemente los bienes inmuebles objeto de las donaciones no entraron en la masa hereditaria. Si bien ellos heredaron las acciones que le hubieran podido corresponder a su padre, en este caso en concreto, heredaron una acción ya prescrita puesto que esta no fue promovida oportunamente por el causante ni por ellos mismos, según lo dispone el artículo 1336 del Código Civil. III. RESPECTO AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN. Expone el abogado recurrente que la Corte de Apelaciones de lo Civil obvió la motivación jurídica en lo que respecta a la carta de agradecimiento y a la vez finiquito de responsabilidad otorgado a mi representada Vicky Rivera por su padre Juan Rivera; sin embargo, difiero en que esta sea una "nota simple", como así la ha definido la contraparte, pues consiste en una prueba documental privada que fue propuesta, admitida y evacuada en el juicio, habiendo tenido la contraparte la oportunidad de oponerse a su admisión, quien así lo hizo, sin embargo, no pudo sustentar válidamente y conforme a ley los motivos de su oposición. Conforme a la carga de la prueba regulada en el artículo 238 de la normativa procesal civil, el abogado José Taixes debió contraprobar el contenido de ese documento, sin embargo, con ninguno de sus medios de prueba logró desvanecer el contenido de la carta de fecha 8 de febrero de 2010 suscrita por el Abogado Juan René Rivera Martínez, por el contrario, ésta vino a extinguir los hechos constitutivos de la demanda, y no es posible que mediante un recurso de casación pretenda atacar su valoración, pues por regla general la revisión probatoria está excluida en virtud de un Recurso de Casación (artículo 720.1 del Código Procesal Civil). La Corte de Apelaciones fue clara en su sentencia al apreciar una prueba y otra (el poder de representación/poder para pleitos y la carta de agradecimiento/finiquito), en ese sentido, teniendo presente las reglas de la sana critica, conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico (artículo 245 del Código Procesal Civil) coligió que no había motivo para anular escrituras públicas de donaciones cuando el mismo señor Juan René Rivera Martínez, como mandante, agradeció y ratificó cualquier acto (donaciones incluidas) efectuado por mi representada en uso del poder a ella otorgado, liberándola a la vez de cualquier tipo de responsabilidad pasada, presente y futura; siendo consecuente con esa aprobación del mandante, el hecho de que él no promovió ninguna acción revocatoria de las donaciones, como así lo expresó la Corte en el numeral ocho de los fundamentos de derecho de la sentencia impugnada. Es importante recalcar que la normativa procesal civil otorga fuerza probatoria a los documentos privados del hecho, acto o estado de cosas que documenten y motivó su otorgamiento, por lo que no puede haber lugar a duda de la declaración de voluntad del señor Juan René Rivera Martinez contenida en la carta de fecha 8 de febrero de 2010 dirigida a su hija Vicky Rivera y otra. El abogado recurrente debió analizar en su conjunto todos los fundamentos de derecho de la sentencia, pues es así en conjunto, y no solamente en uno o dos, que se comprenden claramente los motivos jurídicos que llevaron a los Magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Civil a fallar declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por su parte, motivos que son congruentes y confirman lo alegado por nuestra parte como defensa. IV. RESPECTO AL TERCER MOTIVO DE CASACIÓN. Si el abogado recurrente consideró que la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil era incomprensible y/o incongruente, o si omitía algún pronunciamiento, entonces debió solicitar la subsanación de la misma dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que le fue notificada la sentencia, según lo dispone el artículo 205 del Código Procesal Civil. Sin embargo, no hizo uso de este derecho que la normativa procesal le confiere, como tampoco lo hizo en primera instancia. Asimismo, recuerdo al abogado apelante que como defensa de la señora Vicky Rivera, interpuse la excepción de prescripción de la acción, tal como la he explicado ampliamente en los párrafos anteriores y correspondía al Juez de primera instancia declararía con lugar o no, quien la declaró con lugar y este fallo fue posteriormente confirmado por mayoría de votos por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil en el marco de sus atribuciones según los artículos 705 y 715 del Código Procesal Civil; en ese sentido, al haber una confirmación de la sentencia de primera instancia, objeto de apelación, no hay motivo por el cual la Corte de Apelaciones se pronunciara sobre una absolución o condena de la parte demandada. De ninguna manera puede entenderse que hay una incongruencia de la sentencia por falta de pronunciamiento en lo referente a si la señora Vicky Rivera tenía o no facultades de donar, puesto que la sentencia de segunda instancia, como de la primera, aborda la revisión y valoración del medio de prueba de Poder de Representación y Especial para Pleitos, y a su vez también valora los demás medios de prueba propuestos y evacuados por mi parte consistentes en la carta con el finiquito de responsabilidad y constancia del Juzgado de Letras Civil de no existir demanda contra mi representada, y es al hacer esa valoración en su conjunto que la Corte determinó que existió una aprobación y consentimiento del mandante Juan René Rivera Martínez por lo realizado por mi representada con el cuestionado Poder, como también confirmó que la acción de los demandantes ya se encontraba prescrita pues el señor Juan Rivera, mientras estuvo con vida, nunca promovió una acción revocatoria de las también cuestionadas donaciones. Nuevamente reitero, que al hacer un análisis en su conjunto de todos los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida, la parte demandante podrá comprender por qué la sentencia fue confirmada, no debe enfocarse únicamente en el numeral quinto de los fundamentos de derecho, pues en los sucesivos numerales (sexto, séptimo, octavo y noveno) se explica motivadamente las razones por las cuales se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, razones que son completamente acorde a lo alegado por mi parte como defensa de la señora Vicky Renee Rivera Girón desde el momento de la contestación a la demanda. Manifiesta el abogado José Taixes que la sentencia recurrida es incongruente con las pretensiones de la demanda, sin embargo, esta aseveración parece más bien un intento de obtener a toda costa una reposición de las actuaciones u obtener una nueva sentencia al haber sido vencido en juicio, cuando es claro que en el presente juicio se aplicaron los principios rectores de todo proceso, como la independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados, contradicción, igualdad de partes, el dispositivo y la valoración de la prueba, y es así que se llegó al convencimiento de los juzgadores que la pretensión de los demandantes no procedía legalmente. Expresar que con la sentencia impugnada se dejó en indefensión a los demandantes y alegar a su vez la nulidad de ésta, no es más que un abuso al derecho de acción, ya que el hecho de que el apoderado legal de la parte contraria, nuevamente, no haya hecho uso de la oportunidad que le concede la ley para haber solicitado por escrito la subsanación de la sentencia recurrida, no da pie para pretender mediante un Recurso de Casación obtener correcciones de forma que en su momento no fueron solicitadas; pues antes que un Recurso de Casación, e inclusive de Apelación, la parte contraria contó con la posibilidad de solicitar la subsanación de la sentencia (artículo 205) y no lo hizo. Debo expresar que el voto disidente de una magistrada de la Corte de Apelaciones en nada debe incidir sobre el fallo que se emita en virtud de este Recurso de Casación, pues el fallo es respecto a la sentencia de la mencionada Corte, no del fallo de primera instancia, así que no merece ninguna consideración como antecedente lo expresado en este sentido por el recurrente”. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. El recurso de casación, al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, tiene dos fines expresos, el primero de ellos se encamina a la protección de las normas del ordenamiento jurídico (función nomofiláctica), y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte, el numeral 2) del artículo precitado, conmina a este Alto Tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídica. 2. El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia, debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, mismos que devienen en su cumplimiento por parte del impetrante, para que la Corte pueda considerarlo. 3. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN. El motivo planteado no aprueba el examen previo de admisibilidad, dada la inadecuada técnica casacional con que se expone el mismo, falencias recursivas que giran en torno a lo siguiente: Falta de claridad, separación y especificidad, cuando el impetrante señala que en el fallo proferido por el tribunal Ad-quem, se ha aplicado e interpretado erróneamente el contenido del artículo 1334 del Código Civil. Al respecto es menester recordar que en un mismo motivo no se podrá argüir por una parte la aplicación errónea, y por otra la interpretación errónea de una misma norma, esto porque tanto la aplicación indebida y la interpretación errónea son supuestos diferentes; indicándose que, la aplicación indebida: “Es aplicar en la resolución del negocio normas jurídicas ajenas a la cuestión debatida.”; y la mala interpretación o interpretación errónea: “Consiste en aplicar la ley con un sentido distinto del que tiene.”. De tal manera que el censor deberá precisar cuál de ellos viene impugnando en casación; amen de lo señalado, la técnica recursiva exige que quien alegue la aplicación indebida de una norma, deberá señalar también cuál es la norma que el juzgador debió de haber aplicado. 4. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN. Sobre el planteamiento del motivo, encuentra la Sala que el impetrante ha utilizado una inadecuada técnica casacional, incurriendo en defectos recursivos que concitan su inadmisibilidad, así tenemos lo siguiente: a) La causal invocada como precepto autorizante es la prevista en el artículo 719.1 b) del Código Procesal Civil que establece que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, está norma procesal está referida a impugnar las posibles irregularidades que se hayan cometido por el impartidor de justicia en el desarrollo del proceso; irregularidades que dejen en manifiesto, actos mal ejecutados y que han violentado las garantías procesales de los justiciables, todo ello previo a la emisión de la sentencia; y b) Se estima como norma vulnerada el artículo 207 del Código Procesal Civil, referido al requisito interno de motivación de las sentencias. De lo anterior es necesario señalar que el recurrente equivoca la causal recursiva, ya que, tratándose de cuestionar la carencia o insuficiente motivación del fallo de segunda instancia, debió entonces invocar como precepto autorizante el artículo 719.1 c) referido a la forma y contenido de la sentencia, en relación con el 720.2 ambos del Código Procesal Civil. 5. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL TERCER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN. Llevado a cabo el examen de admisibilidad del motivo, la Sala encuentra que no aprueba el mismo, ello en virtud de que el impetrante nuevamente incurre en las falencias apuntadas en el motivo precedente, esto es, en cuanto que invoca como precepto autorizante el artículo 719.1 b), y aduce que el fallo de segunda instancia vulnera el artículo 208.1 y 2 del Código Procesal Civil (congruencia de los fallos); asimismo enfatiza que tales irregularidades se cometieron en la elaboración de la sentencia; al respecto es menester ilustrar que la causal utilizada por el recurrente es incorrecta, pues ya nuestra norma procesal civil establece cual es la vía a utilizar cuando se quiera impugnar normas procesales que tengan que ver con “La forma y contenido de la sentencia”, esto es la causal recursiva del artículo 719.1 c), en relación con el artículo 720.2, ambos del Código Procesal Civil, enfatiza la Sala en apuntar que la congruencia, es un requisito interno de la sentencia, por tanto el juzgador en el desarrollo intelectivo de su fallo tiene la obligación de emitir un fallo congruente, si no lo hace, o si lo hace de forma incorrecta, el recurrente puede denunciarlo ante esta Sala, y al hacerlo, tiene la obligación de desarrollar la infracción de forma precisa y detallada, pero a través del precepto correcto; situación que en el presente motivo el recurrente no lo hace. 6. En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en los tres motivos de casación expuestos, las causas previstas en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 80.1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118.1, 129, 169, 170, 190, 191, 193, 197, 199.1, 717, 718, 719, 720.1, 721.2, 722, del Código Procesal Civil; profiere el presente auto irrecurrible y declara: I. INADMISIBLE el recurso de casación en sus tres motivos, formalizado por el abogado José Antonio Taixes López, actuando en su condición de ya indicada. II. FIRME La sentencia recurrida de fecha veintidós de octubre de dos mil diecinueve, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, e identificada bajo el expediente de apelación número 04983-18, originado en los autos que conforman el expediente de primera instancia registrada bajo el número 0801-2018-04983-CPCO, del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. III. CONDENA EN COSTAS a la parte recurrente. Y MANDA: Que con la certificación de este auto se remitan las actuaciones a la Corte de Apelaciones de su procedencia, para los efectos legales consecuentes. Redacto el Magistrado Jiménez Puerto. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTÍNEZ. MAGISTRADA COORDINADORA. MILTON DANILO JIMENEZ PUERTO. MAGISTRADO. RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. SECRETARIA SALA DE LO CIVIL”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de abril del año dos mil veinticinco; Certificación del auto de fecha veinticinco de febrero del año dos mil veinticinco, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 21=2021

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

SECRETARIA SALA DE LO CIVIL