Sentencia CC-105-21 — Registro 19042
Resumen
En primera instancia se declaró sin lugar la Demanda de nulidad de un contrato por adolecer de vicios del consentimiento consistentes en error y dolo; indemnización de daños y perjuicios. Confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL PRIMER MOTIVO DE CASACION. De lo expuesto en este motivo por el recurrente, y llevado a cabo el estudio de admisibilidad del mismo, la Sala encuentra que no reúne los requisitos indispensables para su aceptación, ya que denota falencias que evidencian una indebida técnica casacional que tienen que ver con lo siguiente: a) Falta de precisión y claridad, ello porque aduce la vulneración por falta de aplicación y de interpretación del artículo 207 del Código Procesal Civil, referido al requisito interno de motivación de las sentencias; con lo cual torna confuso el motivo, ello porque si la referida norma no fue aplicada, evidentemente no podía ser interpretada; al respecto es necesario apuntar que existen varias causales o motivos del recurso de casación, tenemos la referida a la falta de aplicación de la norma, también tenemos que respecto de la aplicación de una norma, se podrá alegar su indebida aplicación, o en su caso su interpretación errónea. Señalado lo anterior, la Sala no encuentra como se podrá impugnar la falta de interpretación de una norma, cuando se alega que la misma no fue aplicada; b) Señala el impetrante la vulneración del artículo 303 de la Constitución de la Republica; sobre tal asunto, la Sala estima prudente señalar que, sobre la probable vulneración de normas constitucionales, quien pretenda tal, deberá hacer invocación, en primer lugar, del precepto autorizante del motivo, esto es por lo dispuesto en el artículo 719.1 literal b), del Código Procesal Civil, mismo que posibilita el poder interponer recurso de casación por la posible vulneración de normas que supongan la nulidad o produjeren indefensión; y en segundo lugar, deberá plantear el motivo con la debida separación y claridad, señalando también la incidencia de tal vulneración en el sentido de la sentencia recurrida. Cabe apuntar que, respecto de la vulneración de artículos constitucionales, los dos supuestos en que se puede alegar tal cosa, será respecto del derecho de defensa y debido proceso, entendiendo entonces que la aplicación o no aplicación de determinados artículos procesales en el fallo de segunda instancia vulnera tales garantías; c) Bajo la egida del precepto autorizante invocado, esto es el artículo 719.1 c) en relación con los artículos 720 y 717 del Código Procesal Civil, aduce el impetrante la vulneración de los artículos 17, 18 y 19 del Código Civil, que resultan ser normas sustantivas de carácter general, al respecto se ilustra que si su pretensión se encaminaba en ese sentido, devenía entonces en invocar como causal del motivo, lo preceptuado en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil; d) Con referencia a la supuesta vulneración de los artículos 17, 18 y 19 del Código Civil, los mismos versan sobre la interpretación de la ley, por tanto resultan ser disposiciones de carácter general, inviolables para los efectos del recurso de casación; e) El impetrante se equivoca al señalar el fallo proferido por el A-quo, cuando puntualmente cita: (Sic) “(ver hechos probados, parte demandante, PRIMERO y pruebas admitidas 2 y 4 de sentencia A-quo), y también: “que el inmueble se encuentra libre de gravamen (ver pruebas admitidas 1) clausula tercera; en la sentencia A-quo)”; con lo cual olvida que sólo son recurrible en vía de casación, las sentencias y los autos que le pongan termino al pleito en juicio ordinario dictados por las Cortes de Apelaciones, tal y lo preceptuado por el artículo 717 del Código Procesal Civil; razón por la cual está completamente vedado el cuestionamiento de los fallos dictados por la primera instancia; y, f) Finalmente, estima la Sala que respecto de la prolija exposición del impetrante, lo planteado no son más que alegatos de instancia.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL PRIMER MOTIVO DE CASACION. De lo expuesto en este motivo por el recurrente, y llevado a cabo el estudio de admisibilidad del mismo, la Sala encuentra que no reúne los requisitos indispensables para su aceptación, ya que denota falencias que evidencian una indebida técnica casacional que tienen que ver con lo siguiente: a) Falta de precisión y claridad, ello porque aduce la vulneración por falta de aplicación y de interpretación del artículo 207 del Código Procesal Civil, referido al requisito interno de motivación de las sentencias; con lo cual torna confuso el motivo, ello porque si la referida norma no fue aplicada, evidentemente no podía ser interpretada; al respecto es necesario apuntar que existen varias causales o motivos del recurso de casación, tenemos la referida a la falta de aplicación de la norma, también tenemos que respecto de la aplicación de una norma, se podrá alegar su indebida aplicación, o en su caso su interpretación errónea. Señalado lo anterior, la Sala no encuentra como se podrá impugnar la falta de interpretación de una norma, cuando se alega que la misma no fue aplicada; b) Señala el impetrante la vulneración del artículo 303 de la Constitución de la Republica; sobre tal asunto, la Sala estima prudente señalar que, sobre la probable vulneración de normas constitucionales, quien pretenda tal, deberá hacer invocación, en primer lugar, del precepto autorizante del motivo, esto es por lo dispuesto en el artículo 719.1 literal b), del Código Procesal Civil, mismo que posibilita el poder interponer recurso de casación por la posible vulneración de normas que supongan la nulidad o produjeren indefensión; y en segundo lugar, deberá plantear el motivo con la debida separación y claridad, señalando también la incidencia de tal vulneración en el sentido de la sentencia recurrida. Cabe apuntar que, respecto de la vulneración de artículos constitucionales, los dos supuestos en que se puede alegar tal cosa, será respecto del derecho de defensa y debido proceso, entendiendo entonces que la aplicación o no aplicación de determinados artículos procesales en el fallo de segunda instancia vulnera tales garantías; c) Bajo la egida del precepto autorizante invocado, esto es el artículo 719.1 c) en relación con los artículos 720 y 717 del Código Procesal Civil, aduce el impetrante la vulneración de los artículos 17, 18 y 19 del Código Civil, que resultan ser normas sustantivas de carácter general, al respecto se ilustra que si su pretensión se encaminaba en ese sentido, devenía entonces en invocar como causal del motivo, lo preceptuado en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil; d) Con referencia a la supuesta vulneración de los artículos 17, 18 y 19 del Código Civil, los mismos versan sobre la interpretación de la ley, por tanto resultan ser disposiciones de carácter general, inviolables para los efectos del recurso de casación; e) El impetrante se equivoca al señalar el fallo proferido por el A-quo, cuando puntualmente cita: (Sic) “(ver hechos probados, parte demandante, PRIMERO y pruebas admitidas 2 y 4 de sentencia A-quo), y también: “que el inmueble se encuentra libre de gravamen (ver pruebas admitidas 1) clausula tercera; en la sentencia A-quo)”; con lo cual olvida que sólo son recurrible en vía de casación, las sentencias y los autos que le pongan termino al pleito en juicio ordinario dictados por las Cortes de Apelaciones, tal y lo preceptuado por el artículo 717 del Código Procesal Civil; razón por la cual está completamente vedado el cuestionamiento de los fallos dictados por la primera instancia; y, f) Finalmente, estima la Sala que respecto de la prolija exposición del impetrante, lo planteado no son más que alegatos de instancia.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL PRIMER MOTIVO DE CASACION. De lo expuesto en este motivo por el recurrente, y llevado a cabo el estudio de admisibilidad del mismo, la Sala encuentra que no reúne los requisitos indispensables para su aceptación, ya que denota falencias que evidencian una indebida técnica casacional que tienen que ver con lo siguiente: a) Falta de precisión y claridad, ello porque aduce la vulneración por falta de aplicación y de interpretación del artículo 207 del Código Procesal Civil, referido al requisito interno de motivación de las sentencias; con lo cual torna confuso el motivo, ello porque si la referida norma no fue aplicada, evidentemente no podía ser interpretada; al respecto es necesario apuntar que existen varias causales o motivos del recurso de casación, tenemos la referida a la falta de aplicación de la norma, también tenemos que respecto de la aplicación de una norma, se podrá alegar su indebida aplicación, o en su caso su interpretación errónea. Señalado lo anterior, la Sala no encuentra como se podrá impugnar la falta de interpretación de una norma, cuando se alega que la misma no fue aplicada; b) Señala el impetrante la vulneración del artículo 303 de la Constitución de la Republica; sobre tal asunto, la Sala estima prudente señalar que, sobre la probable vulneración de normas constitucionales, quien pretenda tal, deberá hacer invocación, en primer lugar, del precepto autorizante del motivo, esto es por lo dispuesto en el artículo 719.1 literal b), del Código Procesal Civil, mismo que posibilita el poder interponer recurso de casación por la posible vulneración de normas que supongan la nulidad o produjeren indefensión; y en segundo lugar, deberá plantear el motivo con la debida separación y claridad, señalando también la incidencia de tal vulneración en el sentido de la sentencia recurrida. Cabe apuntar que, respecto de la vulneración de artículos constitucionales, los dos supuestos en que se puede alegar tal cosa, será respecto del derecho de defensa y debido proceso, entendiendo entonces que la aplicación o no aplicación de determinados artículos procesales en el fallo de segunda instancia vulnera tales garantías; c) Bajo la egida del precepto autorizante invocado, esto es el artículo 719.1 c) en relación con los artículos 720 y 717 del Código Procesal Civil, aduce el impetrante la vulneración de los artículos 17, 18 y 19 del Código Civil, que resultan ser normas sustantivas de carácter general, al respecto se ilustra que si su pretensión se encaminaba en ese sentido, devenía entonces en invocar como causal del motivo, lo preceptuado en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil; d) Con referencia a la supuesta vulneración de los artículos 17, 18 y 19 del Código Civil, los mismos versan sobre la interpretación de la ley, por tanto resultan ser disposiciones de carácter general, inviolables para los efectos del recurso de casación; e) El impetrante se equivoca al señalar el fallo proferido por el A-quo, cuando puntualmente cita: (Sic) “(ver hechos probados, parte demandante, PRIMERO y pruebas admitidas 2 y 4 de sentencia A-quo), y también: “que el inmueble se encuentra libre de gravamen (ver pruebas admitidas 1) clausula tercera; en la sentencia A-quo)”; con lo cual olvida que sólo son recurrible en vía de casación, las sentencias y los autos que le pongan termino al pleito en juicio ordinario dictados por las Cortes de Apelaciones, tal y lo preceptuado por el artículo 717 del Código Procesal Civil; razón por la cual está completamente vedado el cuestionamiento de los fallos dictados por la primera instancia; y, f) Finalmente, estima la Sala que respecto de la prolija exposición del impetrante, lo planteado no son más que alegatos de instancia.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. No resultan de aceptación las razones expuestas en este motivo, tal rechazo resulta de la indebida técnica recursiva empleada por el recurrente en esta vía, así tenemos lo siguiente: a) Falta de precisión y claridad, ello porque aduce la vulneración de los artículos 287.1 y 4, y 212.4 y 6 del Código Procesal Civil, por inaplicación (que no fueron aplicadas), pero por otro lado señala que: “…provocada por una defectuosa aplicación e interpretación de las normas procesales…” ; con lo cual torna confuso el motivo, ello porque no queda claro si el recurrente se refiere a su falta de aplicación, si fueron mal aplicadas o mal interpretadas en la sentencia proferida por Ad-quem; b) Falta de separación, ello porque se aduce en un mismo motivo la vulneración en forma conjunta de dos artículos adjetivos, debiendo hacerse una exposición separada y en motivos distintos, la probable infracción de cada uno de los artículos referidos por el recurrente; y c) El recurrente ha invocado como precepto autorizante del motivo, lo dispuesto en el artículo 719.1 b) del Código Procesal Civil, referido a la infracción de normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción supone la nulidad o produce indefensión, para luego señalar la infracción (indeterminada) de los artículos 287.1 y 4, y 212.4 y 6 del Código Procesal Civil; la Sala, sin embargo, no comparte la razón del impetrante cuando pretende que sea estimado el argumento de que dichas normativas fueron quebrantadas por el juzgador de primera instancia, al no respetarse actos procesales, con lo cual olvida que el Código Procesal Civil establece los recursos que permite el proceso civil y cuando es aplicable cada uno de ellos, tal y lo preceptuado en los artículos 690 y 691 del citado texto legal; en ese sentido, la Sala encuentra que el recurrente inobserva el alcance de impugnación contra las sentencias dictadas por los tribunales de segunda instancia, ya que comparece alegando supuestas irregularidades en actos procesales realizados en primera instancia, los cuales no son susceptibles de recurso extraordinario de casación. Para ello es preciso repasar el alcance del recurso de apelación que se encuentra consignado en el artículo 706 de la ley adjetiva en referencia, cuando establece que las Cortes de Apelaciones conocerán los recursos interpuestos en contra de las resoluciones de que dicten los Juzgados de Letras. Asimismo, precisa recordar que sólo es procedente el recurso extraordinario de casación, contra las sentencias y autos definitivos, dictados por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario y otras establecidas expresamente, tal como lo preceptúa el artículo 717 siempre del mismo cuerpo legal.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes marzo del año dos mil veinticinco, la Sala de lo Civil integrada por los Magistrados GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTINEZ como Coordinadora, MILTON DANILO JIMÉNEZ PUERTO y RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA; en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES EN ESTA JURISDICCIÓN: El señor Delmer Francisco Munguía Pagoada, representado en juicio por el abogado José Ángel Caceres Valladares, como recurrente; contra la sentencia dictada en fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno, por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán. OBJETO DEL PROCESO: Demanda de nulidad de un contrato por adolecer de vicios del consentimiento consistentes en error y dolo; indemnización de daños y perjuicios por la cantidad de L 9,768,160.00 (Nueve Millones Setecientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Sesenta Lempiras), correspondiente a daño eventual, lucro cesante y daño emergente; promovida en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil diecisiete, ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, por el abogado José Ángel Cáceres Valladares como representante procesal del señor Delmer Francisco Munguía Pagoada, contra la sociedad mercantil denominada Banco Lafise, S.A., representada por el Presidente del Consejo de Administración señor Robert Joseph Zamora, quien es mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y de este domicilio. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: El fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia, misma que en su parte dispositiva establece lo siguiente: (Sic) “FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la presente Demanda por la vía proceso declarativo ordinario de nulidad de un contrato, por adolecer de vicios del consentimiento consistentes en error y dolo, más las indemnización de daños y perjuicios, promovida por el abogado JOSÉ ANGEL CACERES VALLADARES, en su condición de representante procesal del Señor DELMER FRANCISCO MUNGUÍA PAGOADA, como parte demandante; contra la Sociedad Mercantil BANCO LAFISE, S.A. por medio de su Representante Legal el Señor ROBERT JOSEPH ZAMORA, como parte demandada.- SEGUNDO: ABSUELVE a la parte demandada Sociedad Mercantil BANCO LAFISE, S.A. por medio de su Representante Legal el Señor ROBERT JOSEPH ZAMORA, de la acción deducida en su contra.- TERCERO: CON COSTAS, para la parte demandante por el principio de vencimiento.- CUARTO: Que la Secretaría del despacho proceda a dar cumplimiento al artículo 202 referente a la publicación, archivo y registro de la presente resolución.- QUINTO: Contra esta sentencia cabe recurso de apelación que deberá interponerse y formalizarse dentro del plazo que indica el Código Procesal Civil en el artículo 709. NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: En fecha cinco de marzo del año dos mil veintiuno, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito, dictó sentencia confirmando la dictada por el a-quo de la siguiente manera:(Sic) “FALLA: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro (04) de diciembre (2019).- SEGUNDO: SE CONFIRMA, la misma.- TERCERO: SE CONDENA EN COSTAS, en esta instancia al apelante.- Y MANDA: Que una vez firme la presente se devuelvan al Juzgado de su procedencia los antecedentes respectivos junto con la certificación del presente fallo para los efectos legales correspondientes. NOTIFIQUESE.” TERCERO: En fecha tres de mayo del año dos mil veintiuno, el abogado José Ángel Caceres Valladares, actuando en su condición de representante procesal del señor Delmer Francisco Munguía Pagoada, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha cinco de marzo del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: El abogado Saúl Armando Reyes Saa, quien actúa en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada Banco Lafise, (Honduras), Sociedad Anónima (Banco Lafise, S.A.), presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciado al recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Alto Tribunal, los abogados Saúl Armando Reyes Saa y José Ángel Cáceres Valladares, actuando en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fecha uno de junio del año dos mil veintiuno, resolviendo este Tribunal, mediante proveído de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. SEXTO: El abogado José Ángel Caceres Valladares, actuando en su condición ya indicada, planteó su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, de la manera siguiente: (Sic) “III.- CAUSAL PROCESAL. FUNDAMENTACION DEL RECURSO POR INFRACCION EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE NORMAS PROCESALES PARA LA SOLUCION DE FONDO DEL LITIGIO. PRIMER MOTIVO: INFRACCION POR FALTA DE APLICACIÓN DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 207 CODIGO PROCESAL CIVIL, EN CUANTO AL CONTENIDO DE LA SENTENCIA RECURRIDA, POR NO EXPRESAR LA OBLIGADA Y CORRECTA FIJACION DE LOS HECHOS PROBADOS Y UNA INSUFICIENTE, APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DE FONDO DE LITIGIO, POR LO QUE SOLICITA EL CONTROL DE LA DEFECTUOSA MOTIVACION FACTICA DE LA SENTENCIA PARA REVISAR SU EXISTENCIA, SUFICIENCIA, RACIONALIDAD Y CARÁCTER LOGICO, POR SER DETERMINANTE DE UN SENTIDO DIFERENTE DEL FALLO. DESARROLLO DEL MOTIVO: A).- CONCEPTO DE LA INFRACCION: Se denuncia como infracción procesal, por falta de aplicación de lo dispuesto por el artículo 207 del Código procesal Civil, referido al requisito interno de motivación de las sentencias.- según el cual cito: “Articulo 207 MOTIVACION: 1. Las sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de lógica y de la razón. Basta un somero examen de los pronunciamientos de la sentencia de fecha cinco (5) de marzo 2021, para caer en cuenta que, al proferirla la Honorable Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, amparada en la sentencia cuatro (4) de diciembre 2019, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil Departamento de Francisco Morazán, inobservo abiertamente las disposiciones antes citadas. FUNDAMENTOS DE DERECHO: SEXTO: “HECHOS PROBADOS PARTE DEMANDANTE: SEGUNDO: expresa la Honorable Corte de Apelaciones: “En ese orden de ideas, si bien se ha acreditado que en efecto sobre el inmueble objeto de comprar venta existía un gravamen decretado por el Juzgado de Letras de Familia desde el año 2008; es de aclarar que la ley no prohíbe en ninguno de sus pasajes, transacciones sobre bienes inmuebles sobre los cuales pesa un gravamen (embargo), a menos que se trate de otra medida cautelar que prohíbe tal transacción como ser PROHIBICION DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, que se imponga al titular de dicho bien; situación que no es el caso.- y al no estar prohibido de forma expresa la transacciones sobre bienes inmuebles sobre los cuales pesa un embargo, es lógico suponer que está permitido, con la salvedad que el nuevo dueño asume la obligación que pesa sobre el inmueble, y tal situación solo ocurre cuando éste resulta consciente de tal situación, al haber previamente averiguado la condición jurídica del inmueble a adquirir, mediante su personamiento al Registro de la Propiedad correspondiente; no siendo válido alegato alguno al respecto, si consideramos que los Registros Públicos de la Propiedad se rigen entre otros, por los principios de publicidad, por medio del cual toda la ciudadanía nacional o extranjera conoce la situación del predio a adquirir.- Por lo anterior no resulta de recibo dicho agravio”. Cuando examinados este motivo de la sentencia de la Corte de Apelaciones, se observa que el mismo es carente de una correcta aplicación e interpretación de la norma de derecho para la solución de fondo del litigio, así como los hechos y pruebas que los sustentan, por tal razón la motivación es cuestionable y susceptible de impugnación por contradecir lo preceptuado por La Constitución de la Republica, articulo 303 La potestad… únicamente sometidos a la Constitución y las leyes; El Código Civil articulo 17.- No podrá atribuirse a la ley otro sentido en el que resulte explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. 18.- Cuando el legislador de definiere expresamente las palabras para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal. El significado legal de la palabra ilícito: Del latín ilícitus, ilícito es aquello que no está permitido legal o moralmente. Se trata, por tanto, de un quebrantado de la ley. Al interpretar el juzgador que la palabra ilícito, no impone la prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes embargados, infiere que no existió vicio en el consentimientos por error y dolo sobre la compra venta del contrato 406 de fecha veintinueve de noviembre año 2013, razonamiento que es contrario a los propios términos de la norma, que establece: “Hay un objeto ilícito en la enajenación” define con claridad cuál es la intención, que no es otra que buscar la normalidad o buen funcionamiento en las relaciones contractuales, porque de considerar, que hacer negocios con bienes embargados y sin el consentimiento de las partes son buenas costumbres, normales o legales, no tienen razón de ser la ley; pero es más que evidente que la intención del legislador es mantener las buenas relaciones contractuales, por tanto es lógico, razonable y legal conceptualizar que ilícito tiene el mismo significado que prohibido, ya que ILICITO lleva implícito expresamente la prohibición de celebrar actos y contratos o negociaciones de cualquier tipo sobre bienes embargados y mucho menos, sin el conocimiento de las partes. En el presente caso el juzgador hace una narrativa en la que expresa que no es prohibido contratar sobre bienes embargados, pero en sus fundamentos legales que le sirven de base para sustentar su fallo, no consigna ni tan solo un artículo de la ley, que le respalde su decisión, aun y cuando Honduras es un estado de derecho; por el contrario, la parte demandante si tiene norma legal en que fundamentar su demanda y recurso: articulo 1567 y muchos más del Código Civil donde se establece que es prohibido (Ilícito) la enajenación o venta de bienes embargados, y en caso de considerarse que fuese oscuro el pasaje o artículo, el mismo Código Civil, nos ilustra en el artículo 19 segundo párrafo.– Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto: Código Penal articulo 365.- comete estafa quien con ánimo de lucro, utiliza engaño suficiente para producir error en otro y le induce a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Articulo 367.- Estafas Impropias.– Se debe castigar con la pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años, quien ejecute alguna de las conductas siguientes: numeral 1) Quien, en perjuicio de tercero, dispone de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga o gravamen sobre sobre la misma. Como se puede constatar la intensión del legislador sigue siendo la misma, mantener la armonía en las relaciones a través de buenas costumbres, disposiciones contrarias al criterio de la Honorable Corte Primera de Apelaciones, que no está en armonía a dichos principios los cuales invalidan su sentencia por no estar dictada conforme ley, porque simplemente la ley prohíbe enajenar bienes muebles e inmuebles sobre los cuales exista un objeto ilícito o gravamen (embargo judicial) sin consentimiento de las partes. Los sinónimos de la palabra ilícito, son: indebido, ilegal ilegitimo, prohibido, vedado, inconstitucional, fraudulento, falsificado, adulterio; es lógico y razonable pensar que al no considerar el juzgador que ilícito es lo mismo que prohibido lo lleva a una interpretación desacertada de la norma jurídica que produjera resultados adversos en la aplicación de la norma para resolver el fondo del juicio, interpretación y aplicación que debe ser corregido por el Ad-Quem en consonancia con lo expresado en El Código Civil articulo 1567.- Hay un objeto ilícito en la enajenación 1º De las cosas que no están en el comercio (embargadas, hipotecadas, prohibiciones de celebrar actos y contratos, bienes nacionales, etc.) 2º, 3º Lo hay también en la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial, o cuya propiedad se litiga, a menos que preceda autorización judicial, o el consentimiento de las partes;… según la doctrina el significado general de ILICITO es: Que no está permitido por la ley o no es conforme a la moral; JUAN D. RAMIREZ GRONDA, expone que ILICITO: Lo prohibido por la ley, a causa de oponerse a la justicia; Diccionario Enciclopédico de Derecho Usal: ILICITO, es: Lo prohibido por la ley a causa de oponerse a la justicia equidad, razón o buenas costumbres, y se vuelve transcendente por violar derecho positivo; por lo anteriormente expuesto por connotados juristas el concepto ILICITO, es lo mismo que prohibido por ende se pueden celebrar actos y contratos o negociaciones de cualquier tipo sobre bienes embargados, sin consentidos de las partes, criterios legales que contradicen la motivación de la Corte de Apelaciones. En ese orden de ideas, una vez que hemos concluido que ilícito es lo mismo que prohibido es consecuente pensar que el contrato 406 es prohibido y si prohibido, es nulo, por tal razón no existe motivo legal, lógico o razonable en que se amparara la Corte Primera de Apelaciones para no enmendar la aplicación e interpretación de las normas que rigen los actos y garantías del proceso de la sentencia cuatro (4) de diciembre 2019, que infringe abiertamente las normas de orden procesal cuya inobservancia acarrea nulidad. Artículo 10 del Código Civil. - Los actos que prohíbe le ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención. En el caso de autos los hechos de la demanda se subsumen en la norma invocada ya que reúne los presupuesto exigidos por la ley, como: embargo por decreto judicial, trabado por Juzgado de Familia, con el agravante que Banco Lafise, tenía pleno conocimiento de la existencia del embargo previo a la venta, (ver pruebas admitidas 2 y 4 de sentencia A-quo), no existió el consentimiento del comprador que validara la transacción del inmueble embargado bajo esa condición, porque de ser el caso que el comprador hubiese consentido el negocio bajo esas condiciones, lo legal, lógico y correcto, era: plasmar esa voluntad en el mismo contrato 406, donde se hace el negocio, para quitar la ilicitud (prohibido, nulo) del vicio en el consentimiento error y dolo, como si se hizo en ciertas cláusulas del contrato relacionadas sobre otros condiciones “Ejemplo: cláusula Décimo Séptima, donde consigna: que el comprador declara bajo juramento que el bien inmueble se encuentra libre de gravamen”. Interpreta la Corte de Apelaciones, que el comprador estaba obligado a saber que sobre el inmueble pesaba un embargo o que cuando lo registró supo de su existencia: de forma errónea interpreta y aplica norma legal y deja de valorar los hechos y medios probatorios que los sustentan; por un lado el comprador es víctima de un engaño porque tanto los vendedores como el financista, tenían pleno conocimiento que sobre el inmueble pesaba un gravamen de alimentos desde noviembre del año 2008, notificados por el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, en la demanda de ejecución directa y exclusiva bienes hipotecados matricula 380678 asiento 6 (ver hechos probados, parte demandante, PRIMERO y pruebas admitidas 2 y 4 de sentencia A-quo), y en vez de consignar en el contrato o darle a conocer al comprador la existencia del gravamen sobre el inmueble, plasmaron otras condiciones que no iban dirigidas a sacar del error al comprador para que conociera la existencia del embargo en el contrato 406 de fecha veintinueve de noviembre año 2013, como: que el inmueble se encuentra libre de gravamen (ver pruebas admitidas 1) clausula tercera; en la sentencia A-quo), que en vez de sacarlo del error lo indujeron a la celebrar el mismo, porque de otra forma el comprador no se hubiese aceptado la venta bajo esas condiciones, ¡es más! Banco Lafise, tubo el control del hecho todo el tiempo, previo a la venta y posterior a ella; se encargó de ordenar de inmediato la liberación de la hipoteca sobre el bien, financió la compra venta del inmueble, cuatro años seis meses (4 años 6 meses) después específicamente el nueve (9) de mayo 2017 desembarga el inmueble, y el 12 de mayo del 2017 lo inscribió o registró el testimonio de escritura pública 406 ante el Instituto de la Propiedad, Ejemplo: expresa el mismo contrato 406 de fecha veintinueve de noviembre año 2013, último acápite que taxativamente dice: y para entregar al señor ARTURO EUGENIO GIACOMIN ZUNIGA, en representación de Banco Lafise, libro, sello y firmo esta primera copia, siendo este un hecho notorio que no necesita probarse porque lo hacen en todas los contratos que financian a los compradores y a los garantizan con primera hipoteca, donde ellos mismos registran las escrituras, previo cobro de gastos administrativos; en otras palabras toda la tramitación la realizó banco Lafise; por ende lo argumentado como motivación por la Ad-quem no constituye formalmente lo que la ley adjetiva requiere fijar como “hechos probados” su valoración, interpretación y aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, en apariencia pretende ser razonable pero es ajena las reglas de lógica y razón, porque en estricto derecho es imperioso declarar la nulidad del contrato 406 de fecha veintinueve de noviembre año 2013, por adolecer vicios en el consentimiento erro y dolo, en tal sentido dictar nueva sentencia donde se declare con lugar la demanda de mérito o reenviar el expediente a la Corte Primera de Apelaciones para que dicte nueva sentencia en el plazo de quince días, declarando con lugar la demanda. B) FUNDAMENTO DE LO PEDIDO: Este motivo está contenido en el artículo 719.1 litera c, relacionados con los artículos 720 y 717 Código Procesal Civil C) DETEMINACION E IDENTIFICACION DEL PERJUICIO O GRAVIO SUFRIDO. El perjuicio ocasionado a la parte actora es la desestimación de todas las pretensiones deducidas, por infracción al contenido de la sentencia impugnada provocada por la defectuosa motivación fáctica a lo que es lo mismo, defectuosa fijación de los hechos probados, sustituyéndola con la valoración arbitraria de la prueba, acarreando por ello necesariamente la sanción de nulidad de la sentencia, y la consecuente aplicación de lo dispuesto en el artículo 727.4 y 5 Código procesal Civil. D) IDENTIFICACION DEL VICIO QUE LO CAUSA. El vicio que causa la infracción es la inobservancia en la sentencia recurrida, de lo dispuesto en el articulo 207 Código Procesal Civil, que dejó de aplicar, en cuanto a la motivación como como requisito interno de las sentencias, una obligada y correcta fijación de los hechos probados, es decir motivándola con expresión de los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho, debiendo incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. E) PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA. Contra la sentencia cuatro (4) de diciembre del dos mil diecinueve dictada por el Juzgado de Letras de los Civil del Departamento de Francisco Morazán, se efectuó previa denuncia de los vicios procesales contenidos en ella ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. F) PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Los pronunciamientos que se impugnan son: SEXTO, SEPTIMO, NOVENO, DECIMO, DECIMO PRIMERO, DECIMO SEGUNDO, DECIMO SEXTO, DECIMO NOVENO, del fallo o parte dispositiva contenidos en la sentencia de fecha cinco (5) de marzo dos mil veintiuno dictada por la Corte Primera de Apelaciones, mediante la cual confirma la sentencia definitiva de fecha cuatro (4) de diciembre del dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. PRONUNCIAMIENTO QUE SE PRETENDE: En base a lo anteriormente expuesto, sea casada la sentencia recurrida, para reparar la infracción adjetiva cometida, para tal efecto el Ad-quem en esta instancia y en observancia de lo dispuesto en el artículo 727.4 y 5 del Código Procesal Civil, dicte nueva sentencia con arreglo a derecho, con pronunciamientos así:1) Se declare con lugar la presente demanda; decretando la nulidad de Testimonio de Escritura Pública 406 del 29 de noviembre 2013, inscrito bajo matricula 380678 asiento 14 del Instituto de la Propiedad 2) Condenando a Banco Lafise a través del señor ROBERT JOSEPH ZAMORA, a pagar en concepto de Indemnización de Daños y Perjuicios la Cantidad de Nueve Millones Setecientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Sesenta Lempiras (L. 9, 768,160.00), Correspondientes a Daño Eventual, Lucro Cesante y Daño Emergente: a favor del señor DELMER FRANCISCO MUNGUIA PAGOADA. 3) Condena en costas a la parte demandada. SEGUNDO MOTIVO: I.- ANTECEDENTES 1).- En la Audiencia Preliminar específicamente en la audiencia probatoria la parte demandada propuso y la A-quo admitió ilegalmente el medio de prueba documental público consistente en el instrumento 406 de préstamo e hipoteca del 29 noviembre del 2013,registrado ante el Instituto de la Propiedad, en virtud que en la contestación a la demanda no anexó escritura inscrita ante el IP sino una copia del instrumento público 406 del 29 noviembre del 2013, sin registrar, hecho este que fue recurrido oralmente a través del recurso de reposición, haciéndole saber a la A-quo, que no era el momento procesal oportuno para que la parte demandada presentara la Escritura Pública 406 registrada ante el instituto de la Propiedad, que debió haberla anexado conjuntamente con la contestación a la demanda, como lo establece el Código Procesal Civil, articulo 287.1, lo que fue desestimado por la A-quo, manifestando que la admisión de un medio de prueba es irrecurrible; resolución contra la cual formulamos el protesta a efecto de hacer valer nuestros derechos en el recurso pertinente; hechos que se pueden constatar en la cinta de grabación o magnética, que para tal efecto llevan los juzgados. 3).-Conociendo en apelación del fallo supra indicado, la Honorable Corte de Primera Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en sentencia de cinco (5) de marzo del 2021, declaró sin Lugar el recurso de apelación y MOTIVA: FUNDAMENTOS DE DERECHO OCTAVO: expone el recurrente que la a-quo, no justifica porque da como hechos probados con la presentación de la Escritura Pública número 406 de fecha 29 de noviembre de 2013 el financiamiento del préstamo con garantía hipotecaria cuando la parte demandada no anexo a su contestación de la demanda dicha escritura, sino de forma extemporánea hasta la audiencia preliminar siendo este un requisito sine qua non, para la validez de los fundamentos de su oposición.- En ese orden de ideas es preciso acotar que carece de veracidad lo expuesto por el apelante en este supuesto agravio ya que el instrumento a que hace referencia (Escritura Pública número 406 de fecha 29 de noviembre de 2012), fue presentada por la parte demandada al contestarse la demanda, tal como aparece de la foliada 78 "a" al folio 89 de autos.- Por lo anterior se desestima su alegato. II.- CAUSAL PROCESAL SEGUNDO MOTIVO: POR INFRACCION DE LOS ACTOS Y GARANTIAS PROCESALES CUANDO SU INCUMPLIMIENTO SUPONGA NULIDAD O PRODUJERE INDEFENSION. DESARROLLO DEL MOTIVO: A). - CONCEPTO DE LA INFRACCION: Se denuncia como infracción procesal el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales por falta de aplicación de lo dispuesto por el articulo 287.1 y 4 del Código Procesal Civil, referido al incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes.-según el cual cito: PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS Articulo 287.- MOMENTO DE PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS 1) Los documentos en los que las partes funden su derecho deben presentarse acompañando a la demanda y a la contestación a la demanda 2, 3.... 4) Cuando un documento, medio o instrumento sobre hechos relativos al fondo del asunto, se presentare fuera de plazo, las demás partes podrán alegar en la audiencia la improcedencia de tomarlo en consideración, por no encontrarse en ninguno de los casos a que se refiere el numeral anterior. El tribunal resolverá en el acto rechazándolo y, si apreciare animo dilatorio o mala fe procesal en la presentación del documento, podrá además imponer al responsable una multa de uno (1) a tres (3) salarios mínimos. Banco Lafise, a través de su representante procesal Abg. SAUL ARMANDO REYES SAA al momento de contestar la Demanda Ordinaria de Nulidad de un Contrato por Adolecer Vicios del Consentimiento ERROR Y DOLO, para fundamentar su derecho, anexo contestación de la demanda una copia del Testimonio de la Escritura Publica 406 de fecha 29 noviembre 2013, sin registrar ante el Instituto de la Propiedad. Aun así, se prosiguió con el desarrollo del proceso y, en la audiencia probatoria la parte demandada propuso y fue admitida por la Adquo. el medio de prueba documental publico consistente en el Testimonio de la Escritura Publica 406 de fecha 29 noviembre 2013, ahora ya inscrito ante el Instituto de la Propiedad, contra el cual legalmente nos opusimos por no ser el momento procesal que establece la ley para la presentación de estos documentos: El Código Procesal Civil artículo 287.1.4.- Los documentos en los que las partes funden su derecho deben presentarse acompañando a la demanda y a la contestación a la demanda 2, 3.... 4. Cuando un documento, medio instrumento sobre hechos relativos al fondo del asunto, se presentare fuera de plazo, las demás partes podrán alegar en la audiencia la improcedencia de tomarlo en consideración, por no encontrarse en ninguno de los casos a que se refiere el numeral anterior. El tribunal resolverá en el acto rechazándolo y, si apreciare animo dilatorio o mala fe procesal en la presentación del documento, podrá, además imponer al responsable una multa de uno (1) a tres (3) salarios mínimos. Los puntos sustanciales del hecho son: Que la hipoteca para que produzca efectos o tenga validez debe inscribirse, como lo establece El Código Civil artículo 2099.-La hipoteca debe constituirse por escritura pública e inscribirse en el competente registro y 2137.- La hipoteca registrada conserva el derecho del acreedor.... se infiere; que si no está registrada no surte efectos y por ende no conserva el derecho el acreedor. En el caso de autos se discute y está probado en juicio que el demandado no presentó o no anexó conjuntamente a la contestación de la demanda el contrato con garantía hipotecaria 406 registrado ante el Instituto de la Propiedad, ni en ningún otro momento antes de la audiencia probatoria, sino, en ella; y para efectos del juicio, es lo mismo, como si no hubiese registrado la hipoteca, y si no registro la hipoteca, las pretensiones del actor son válidas por tanto no hay causa por la cual el demandado se haya opuesto a la demanda, ni el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, haber desestimado la misma y confirmada por la Corte Primera de Apelaciones. El Código Procesal Civil artículo 287. 1 establece el momento legal o procesal para presentar los documentos que sirven de base, en tal sentido, conforme a la legalidad procesal la A-quo, estaba obligada a rechazar el documento inscrito presentado fuera del momento legal; por tal razón se esgrime que cuando la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil Francisco Morazán, motiva el fundamento de derecho: En ese orden de ideas es preciso acotar que carece de veracidad lo expuesto por el apelante en este supuesto agravio ya que el instrumento a que hace referencia (Escritura Pública número 406 de fecha 29 de noviembre de 2012), fue presentada por la parte demandada al contestarse la demanda, tal como aparece de la foliada 78 "a" al folio 89 de autos.- Por lo anterior se desestima su alegato. Que no examinó detalladamente los hechos que le sirven para sustentar su motivación del fundamento de derecho, se percibe que la Corte de Apelaciones solo revisó el expediente para formar su opinión, pero el Código Procesal Civil precisamente para solucionar estas controversias incorpora en su artículo 15 el principio de ORALIDAD, donde se establece: que todos los actos orales se gravarán en soporte magnético o digital, o por cualquier otro medio técnico idóneo; para que al momento de formar su convencimiento jurídico esté basado en la valoración de una prueba precisa y razonada para su sentencia, utilizando como fundamento la sana critica, para determinar si el resultado de valorar aisladamente el expediente es suficiente prueba para establecer o acreditar si se presentó, o, no se presentó conjuntamente con la contestación a la demanda el contrato inscrito, o al contrario haciendo uso de la razón y lógica se apoya en la cinta magnética para contrastar los hechos alegados y asegurar que ambos medios de prueba coinciden, o, no, con las alegaciones del recurrente o viceversa; porque de haber escuchado la cinta magnética la Corte Primera de Apelaciones, hubiese llegado a una conclusión diferente de la ya expresada, declarando la existencia de una nulidad o estado de indefensión, porque hubiera corroborado que verdaderamente la parte demandada presentó hasta la audiencia probatoria del juicio ordinario la Escritura Pública número 406 de fecha 29 de noviembre de 2012, registrada ante el Instituto de la Propiedad, extremos verificables, inclusive valorar cual fue la aptitud y actitud de la señora juez A-quo, para resolver el alegato en la audiencia probatoria relacionado a la improcedencia del documento inscrito por no ser el momento procesal oportuno para presentarlo: ¡y de haber sido el caso! que se hubiese acusado falsamente a la parte demandada de no haber acompañado el documento inscrito con la contestación de la demanda, la propia señora Juez A-quo, de plano hubiese corregido cualquier comportamiento contrario a la verdad, de no hacerlo, es porque el alegato es procedente, como verdaderamente sucedió; por todo lo anterior la Honorable Corte Primera de Apelaciones de la Civil debió declarar la existencia de infracción procesal que da origen a la nulidad y ordenar la retracción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó. B) FUNDAMENTO DE LO PEDIDO: Este motivo está contenido en el artículo 719.1 literal b. relacionados con los artículos 212.4.6 y 287.1 y 4 Código Procesal Civil C) DETERMINACION E IDENTIFICACION DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO. El perjuicio ocasionado a la parte actora es la desestimación de todas las pretensiones deducidas, por infracción a los actos y garantías procesales que producen nulidad o indefensión en la sentencia impugnada provocada por una defectuosa aplicación e interpretación de las normas procesales, acarreando por ello necesariamente la sanción de reponer las actuaciones al momento y estado inmediatamente anterior a aquel en que se hubiera producido la falta, y la consecuente aplicación de lo dispuesto en el artículo 727.3 Código Procesal Civil. D) IDENTIFICACION DEL VICIO QUE LO CAUSA. El vicio que causa la infracción es la inobservancia en la sentencia recurrida de lo dispuesto en los artículos 212.4.6 y 287.1 y 4 Código Procesal Civil, que dejó de aplicar en la motivación la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuya infracción supone indefensión o nulidad de lo actuado, ordenando la reposición de lo actuado hasta antes del origen de la falta cometida E) PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA.- Contra la sentencia cuatro (4) de diciembre del dos mil diecinueve dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, se efectúo previa denuncia de los vicios procesales contenidos en ella ante la Corte de Primera Apelaciones de lo Civil del Francisco Morazán, sentencia cinco (5) marzo 2021. F) PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: El pronunciamiento que se impugna es: OCTAVO del fallo o parte dispositiva contenidos en la sentencia de fecha cinco (5) de marzo dos mil veintiunos dictada por la Corte Primera de Apelaciones, mediante la cual confirma la sentencia definitiva de fecha cuatro (4) de diciembre del dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. PRONUNCIAMIENTO QUE SE PRETENDE: En base a lo anteriormente expuesto, sea casada la sentencia recurrida para reparar la infracción adjetiva cometida, para tal efecto el Ad-quem en esta instancia y en observancia de lo dispuesto en el artículo 727.3 del Código Procesal Civil, ordene reponer las actuaciones al momento y estado inmediatamente anterior en que se produjo la falta con arreglo a derecho, con pronunciamientos así: 3) Se ordena a la Corte de Primera de Apelaciones dejar sin valor y efecto todo lo actuado posterior a la presentación del Testimonio de Escritura Pública 406 del 29 de noviembre 2013, inscrito ante el instituto de la propiedad, para tal efecto repóngase las actuaciones al estado inmediatamente anterior a la presentación del contrato inscrito o audiencia probatoria.” SÉPTIMO: El abogado Saúl Armando Reyes Saa, planteó su pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación hecho por la contraparte de la manera siguiente: (Sic) “SE CONTESTAN LOS MOTIVOS DE CASACION INVOCADOS POR EL RECURRENTE. PRIMERO: En el primer motivo el recurrente invoca, la infracción del artículo 207 del Código Procesal Civil, autorizado el motivo por el articulo 719 numeral 1literal “c” del Código Procesal Civil, argumentando; Impugna la Motivación Fáctica y Jurídica del fallo emitido por el tribunal A-quem en el Numeral Sexto, Fundamentos de Derecho “Hechos Probados Parte Demandante”, alegando que el fallo no está suficientemente motivado, al respecto expongo: a) Este casual de Impugnación por la forma y contenido de la sentencia, es imperativo que el recurrente acredite que ya intento hacer valer su derecho por recurso de apelación, el cual, habiendo sido desestimado, se ve en la obligación de interponer recurso extraordinario de casación, Honorable sala en ningún momento del trámite de la apelación el recurrente agravio la forma y contenido de la sentencia, se limitó a atacar los argumentos facticos del fallo nunca en su contenido y forma. b) La sentencia que se impugne por la forma y contenido, debe referirse a la emitida por el tribunal de primera instancia y en ningún momento a la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones, el recurrente ataca la forma y contenido de la sentencia del tribunal Ad-quem (cinco de marzo del año dos mil veintiuno), cuando debió atacar la sentencia del tribunal A-quo (cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve), es muy fácil de apreciar, cito el pasaje de su libelo “Basta un somero examen de los pronunciamientos de la sentencia de fecha cinco de marzo del 2021, para caer en cuenta que al proferirla la Honorable Corte Primera de Apelaciones, amparada en la sentencia cuatro de diciembre del 2019, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil Departamento de Francisco Morazán, inobservo abiertamente las disposiciones antes citadas”, es obvio que el recurrente se desvía de este casual de impugnación en casación al atacar la sentencia A-quem y no la sentencia A-quo. c) El recurrente fuera del motivo de casación y en flagrante deslealtad procesal digna de aplicación de un correctivo como multa de 1 a 3 salarios mínimos, vienen hacer alegaciones diferentes a los hechos controvertidos, si el con su demanda fijo el objeto del juicio, y su casual de nulidad invocado era por vicios en el consentimiento, derivado que al comprar un inmueble que no pudo acceder al dominio al no inscribirse el mismo, al estar embargado el inmueble por demanda de alimentos y por orden del Juzgado de Familia, no puede venir a cambiar el debate introduciendo o cambiando el casual de nulidad en alzada, así lo deja establecido en el hecho tercero de la demanda “Al comparecer al instituto de la Propiedad específicamente a la Oficina Registral del Departamento de Francisco Morazán, denegaron la inscripción de la escritura de mérito, bajo los asientos de presentación 1035594 de fecha 19 de diciembre de 2013 y 1179606 de fecha 30 de enero 2015, en consecuencia el Dominio de dicho inmueble, con respecto a mi representado es una mera ficción, ya que según lo define el artículo 613 del código civil “se llama dominio o propiedad el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella sin mas limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad de propietario” al no haberse inscrito el domingo a su favor no puede disponer de dicho bien de la manera discrecional que considere pertinente, ni hacer transacciones, valga decir celebra actos y contratos, que redunden en su beneficio y ello sin excluir los daños que produce la incertidumbre de inicialmente concebir que había adquirido un bien y que en la practica esto no se materializo, por las razones expuesta…”. Es evidente que no alego que se inscrito tardío la tradición, su demanda se basó en que no se inscribió la tradición. Es claro que el recurrente no cumple los requisitos indispensables al plantear el motivo de casación impugnando la forma y contenido de la sentencia, al impugnar la sentencia del Ad-quem y no la del Ad-quo, y pedir revisión fáctica de los hechos, lo que denota mala técnica casacional, desconoce el recurrente que este recurso es extraordinario y debe imperativamente sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser entendible por los sentenciadores, ya que el mismo es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, mismos que señalan cumplimientos que el impetrante no considera y que hace imposible que el tribunal pueda analizarlo, razón por la cual debe inadmitirse el motivo. SEGUNDO: El recurrente con una pésima técnica casacional, opone un segundo motivo de casación en el artículo 719 numeral 1 literal “b”, “CASUALES DEL RECURSO. 1.- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) La jurisdicción, competencia genérica, objetiva, funcional y adecuación de procedimiento. b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. c) La forma y contenido de la sentencia. 2.- Igualmente, se podrá impugnar la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”. - Argumenta el recurrente que no se debió admitir como de prueba documental atinente a “Escritura Pública número cuatrocientos seis, de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil trece, autorizado en la Notaria del Abogado Alex Javier Carranza Polanco, que contiene: a) Compraventa otorgada por los señores Paola Elizabeth Martínez Vides y Jorge Alberto Carbajal Sevilla, a favor del señor DELMER FARNCISCO MUNGUIA PAGOAGA, siendo el objetivo de la venta, una fracción del lote 74 ubicado en la colonia la campaña, D.C. b) Contrato de Préstamo con Garantía Hipotecaria, celebrado entre la sociedad mercantil BANCO LAFISE (HONDURAS), SOCIEDAD ANONIMA (BANCO LAFISE, S.A.), con el señor DELMER FRANCISCO MUNGUIA PAGOAGA, inscrito el Dominio bajo asiento número 13 y el gravamen hipotecario bajo asiento numero 14 ambos de la Matricula 380678 del Instituto de la Propiedad del Departamento de Francisco Morazán”, los cuales por los que no debió admitirse el medio, es que no se acompañó el original a la contestación de la demanda, su pretensión es que se anule o deje sin valor y efecto todo lo actuado posterior a la admisión del medio de prueba cito su pretensión en el libelo “PRONUNCIAMIENTO QUE SE PRETENDE: En base a lo anteriormente expuesto, sea casada la sentencia recurrida, para reparar la infracción adjetiva cometida para tal efecto el Ad-quem en esta instancia y en observación de lo dispuesto en el artículo 727.3 del Código Procesal Civil, ordene reponer las actuaciones al momento y estado inmediatamente anterior en que se produjo la falta con arreglo a derecho, con pronunciamiento así; 3) Se ordena a la Corte Primera de Apelaciones, dejar sin ningún valor y efecto todo lo actuado posterior a la presentación del testimonio de la Escritura Publica 406 del 29 de noviembre del 2013, inscrito ante el instituto de la propiedad, para tal efecto repóngase las actuaciones al estado inmediatamente anterior a la presentación del contrato inscrito o audiencia preliminar”. Al respecto expongo: 1.- Para poder alegar nulidad en casación debió de alegarse en Apelación, lo que no hizo el recurrente, que viene a plantear nulidad directamente ante el tribunal superior, saltándose la interposición la nulidad en el tribunal Ad-quem, quien obviamente no se pronuncia sobre la nulidad pues no fue planteada, la falta de este requisito veda al recurrente presentar nulidad como un Motivo de Casación. 2.- No obstante que el recurrente no cumplió con el requisito de interponer la nulidad en apelaciones para poder replicar la misma en tribunal superior, expongo lo siguiente: a) La prueba se presentó en tiempo y forma, es decir en la contestación de la demanda, se acompañó copia simple identificando plenamente el documento, y se anunció presentar en audiencia preliminar la original, se doto su carga probatoria, lo que va en consonancia con el artículo 239 del Código Procesal Civil, “PROPOSICION DE PRUEBA. 1. Siendo necesaria la práctica de la prueba, las partes, por escrito en la demanda o contestación, en su caso, u oralmente en la audiencia preliminar del proceso ordinario o en la audiencia del proceso ordinario o en la audiencia del proceso abreviado, solicitarán en el mismo escrito el recibimiento del pleito a prueba y propondrán los medios de prueba que en su opinión deben ser practicados. 2. La proposición de los distintos medios probatorios se hará expresándolos con separación. 3. Igualmente, se indicará la identidad y el domicilio o residencia de las personas que hayan de ser citadas, en su caso, para la práctica de cada medio de prueba. 4. Cuando las partes no dispusieren de algunos datos relativos a dichas personas en el momento de proponer la prueba, podrán aportarlos al juez o tribunal dentro de los cinco (5) días siguientes, y en todo caso con antelación suficiente a la práctica de la prueba. 5. El juez o tribunal procurara que un simple defecto de forma en la proposición de un medio probatorio no deje sin efecto la petición, si se deduce claramente su propósito. 6. Cuando el tribunal considere que las pruebas propuestas por las partes pudieran resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos lo pondrá de manifiesto a las partes indicando el hecho o hechos que, a su juicio, podrían verse afectados por la insuficiencia probatoria. En el caso a que se refiere el numeral anterior, las partes podrán completar o modificar sus proposiciones de prueba”, en ningún momento la prueba fue declara inútil ni prohibida que será por lo único que se inadmitiría, así mismo se cumplió con lo que ordena articulo 287 numeral primero MOMENTO DE PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS 1. Los documentos en los que las partes funden su derecho deben presentarse acompañando a la demanda y a la contestación a la demanda…2…3…4…5…6…7...”., este motivo deberá ser desestimado. TERCERO: El recurrente pretende que la Corte, realice revisión fáctica de las pruebas y los hechos, al impugnar la admisión de un medio de prueba vía nulidad, pretender cambiar el objeto del debate en casación, estos alegatos no son de recibo en vía de casación, ya que son alegaciones de instancia y además el objeto fijado en audiencia preliminar es invariable, y el recurso de casación tiene como finalidad analizar, estudiar y dictaminar si se produjo infracción procesal o de ley, la parte recurrente no podrá exigir que la Sala de lo Civil se pronuncie sobre la pertinencia o procedencia de los hechos comparativamente con la valoración de la prueba, bien por la admisión que tiene carácter de irrecurrible o inadmisión de la misma, o en su caso, el criterio adoptado por el tribunal de primera instancia en su derecho de libre apreciación de la prueba. Este derecho y petición solamente es procedente ante la Corte de Apelaciones y así lo deja establecido el artículo 720 del Código Procesal Civil, “EXCLUSION DE LA REVISION PROBATORIA EN CASACION. 1. Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia.”. - Por lo que resulta evidente que los motivos adolecen de defectuosa estructuración, en consecuencia, es evidente declarar su inadmisión.” FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. El recurso de casación tiene claramente definidos dos fines expresos al tenor de lo preceptuado por el artículo 716 del Código Procesal Civil, el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2. El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia, debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere; requisitos consignados en los artículos 704 y 721 del Código Procesal Civil, mismos que devienen en su cumplimiento por parte del impetrante, para que la Corte pueda considerarlo. 3. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL PRIMER MOTIVO DE CASACION. De lo expuesto en este motivo por el recurrente, y llevado a cabo el estudio de admisibilidad del mismo, la Sala encuentra que no reúne los requisitos indispensables para su aceptación, ya que denota falencias que evidencian una indebida técnica casacional que tienen que ver con lo siguiente: a) Falta de precisión y claridad, ello porque aduce la vulneración por falta de aplicación y de interpretación del artículo 207 del Código Procesal Civil, referido al requisito interno de motivación de las sentencias; con lo cual torna confuso el motivo, ello porque si la referida norma no fue aplicada, evidentemente no podía ser interpretada; al respecto es necesario apuntar que existen varias causales o motivos del recurso de casación, tenemos la referida a la falta de aplicación de la norma, también tenemos que respecto de la aplicación de una norma, se podrá alegar su indebida aplicación, o en su caso su interpretación errónea. Señalado lo anterior, la Sala no encuentra como se podrá impugnar la falta de interpretación de una norma, cuando se alega que la misma no fue aplicada; b) Señala el impetrante la vulneración del artículo 303 de la Constitución de la Republica; sobre tal asunto, la Sala estima prudente señalar que, sobre la probable vulneración de normas constitucionales, quien pretenda tal, deberá hacer invocación, en primer lugar, del precepto autorizante del motivo, esto es por lo dispuesto en el artículo 719.1 literal b), del Código Procesal Civil, mismo que posibilita el poder interponer recurso de casación por la posible vulneración de normas que supongan la nulidad o produjeren indefensión; y en segundo lugar, deberá plantear el motivo con la debida separación y claridad, señalando también la incidencia de tal vulneración en el sentido de la sentencia recurrida. Cabe apuntar que, respecto de la vulneración de artículos constitucionales, los dos supuestos en que se puede alegar tal cosa, será respecto del derecho de defensa y debido proceso, entendiendo entonces que la aplicación o no aplicación de determinados artículos procesales en el fallo de segunda instancia vulnera tales garantías; c) Bajo la egida del precepto autorizante invocado, esto es el artículo 719.1 c) en relación con los artículos 720 y 717 del Código Procesal Civil, aduce el impetrante la vulneración de los artículos 17, 18 y 19 del Código Civil, que resultan ser normas sustantivas de carácter general, al respecto se ilustra que si su pretensión se encaminaba en ese sentido, devenía entonces en invocar como causal del motivo, lo preceptuado en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil; d) Con referencia a la supuesta vulneración de los artículos 17, 18 y 19 del Código Civil, los mismos versan sobre la interpretación de la ley, por tanto resultan ser disposiciones de carácter general, inviolables para los efectos del recurso de casación; e) El impetrante se equivoca al señalar el fallo proferido por el A-quo, cuando puntualmente cita: (Sic) “(ver hechos probados, parte demandante, PRIMERO y pruebas admitidas 2 y 4 de sentencia A-quo), y también: “que el inmueble se encuentra libre de gravamen (ver pruebas admitidas 1) clausula tercera; en la sentencia A-quo)”; con lo cual olvida que sólo son recurrible en vía de casación, las sentencias y los autos que le pongan termino al pleito en juicio ordinario dictados por las Cortes de Apelaciones, tal y lo preceptuado por el artículo 717 del Código Procesal Civil; razón por la cual está completamente vedado el cuestionamiento de los fallos dictados por la primera instancia; y, f) Finalmente, estima la Sala que respecto de la prolija exposición del impetrante, lo planteado no son más que alegatos de instancia. 4. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. No resultan de aceptación las razones expuestas en este motivo, tal rechazo resulta de la indebida técnica recursiva empleada por el recurrente en esta vía, así tenemos lo siguiente: a) Falta de precisión y claridad, ello porque aduce la vulneración de los artículos 287.1 y 4, y 212.4 y 6 del Código Procesal Civil, por inaplicación (que no fueron aplicadas), pero por otro lado señala que: “…provocada por una defectuosa aplicación e interpretación de las normas procesales…” ; con lo cual torna confuso el motivo, ello porque no queda claro si el recurrente se refiere a su falta de aplicación, si fueron mal aplicadas o mal interpretadas en la sentencia proferida por Ad-quem; b) Falta de separación, ello porque se aduce en un mismo motivo la vulneración en forma conjunta de dos artículos adjetivos, debiendo hacerse una exposición separada y en motivos distintos, la probable infracción de cada uno de los artículos referidos por el recurrente; y c) El recurrente ha invocado como precepto autorizante del motivo, lo dispuesto en el artículo 719.1 b) del Código Procesal Civil, referido a la infracción de normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción supone la nulidad o produce indefensión, para luego señalar la infracción (indeterminada) de los artículos 287.1 y 4, y 212.4 y 6 del Código Procesal Civil; la Sala, sin embargo, no comparte la razón del impetrante cuando pretende que sea estimado el argumento de que dichas normativas fueron quebrantadas por el juzgador de primera instancia, al no respetarse actos procesales, con lo cual olvida que el Código Procesal Civil establece los recursos que permite el proceso civil y cuando es aplicable cada uno de ellos, tal y lo preceptuado en los artículos 690 y 691 del citado texto legal; en ese sentido, la Sala encuentra que el recurrente inobserva el alcance de impugnación contra las sentencias dictadas por los tribunales de segunda instancia, ya que comparece alegando supuestas irregularidades en actos procesales realizados en primera instancia, los cuales no son susceptibles de recurso extraordinario de casación. Para ello es preciso repasar el alcance del recurso de apelación que se encuentra consignado en el artículo 706 de la ley adjetiva en referencia, cuando establece que las Cortes de Apelaciones conocerán los recursos interpuestos en contra de las resoluciones de que dicten los Juzgados de Letras. Asimismo, precisa recordar que sólo es procedente el recurso extraordinario de casación, contra las sentencias y autos definitivos, dictados por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario y otras establecidas expresamente, tal como lo preceptúa el artículo 717 siempre del mismo cuerpo legal. 5. La defectuosa estructuración del recurso de casación subjudice se tipifica en la causal prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil que ad literam establece: “TRÁMITE DE ADMISIÓN. 1.-…2. Sólo podrá inadmitirlo por las siguientes causales: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización…”. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7, 21, 80, 115, 118 numeral 1), 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) literal b), 219.3, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723.2 a), 724, 725 del Código Procesal Civil, profiere el presente auto irrecurrible y declara: 1. La INADMISIÓN del recurso de casación en sus dos motivos formalizado por el abogado José Ángel Cáceres Valladares, en su condición de representante procesal del señor Delmer Francisco Munguía Pagoada. 2. FIRME la sentencia recurrida, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha día cinco de marzo del año dos mil veintiuno, contenida en el expediente de apelación número 0801-2017-05838-CPCO, originada en los autos que conforman la primera pieza, registrada con el mismo número del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. 3. Condenar en costas a la parte recurrente. Y MANDA: REMITIR las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado Jiménez Puerto. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTÍNEZ. MAGISTRADA COORDINADORA. MILTON DANILO JIMENEZ PUERTO. MAGISTRADO. RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. SECRETARIA SALA DE LO CIVIL”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil veinticinco; Certificación del auto de fecha cuatro de marzo del año dos mil veinticinco, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 105=2021
BETTY JANETH PALMA O’CONNOR
SECRETARIA SALA DE LO CIVIL