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Sentencia CC-91-18 — Registro 16880

Resumen

En primera instancia se declaró parcialmente con lugar la demanda ordinaria de pago por incumplimiento de contrato de servicio de operación y cierre técnico. Confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “I. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. El recurso de casación, al tenor de lo preceptuado en el artículo 716 del Código Procesal Civil, tiene dos fines expresos: El primero de ellos se encamina a la protección de las normas del ordenamiento jurídico (función nomofiláctica), esto se hace procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin tiene que ver con la unificación de la jurisprudencia nacional en materia civil. Por su parte, el numeral 2) del artículo precitado, conmina a este Alto Tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley y de la seguridad y certidumbre jurídica. 2. La Sala de lo Civil identifica como thema decidendi o ámbito del recurso de casación únicamente la vinculación que nace en el caso de autos, respecto del Primer Motivo del recurso de casación formalizado por el censor y que fue admitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y que en el presente caso consiste “en la violación de la Ley Adjetiva (Ley de Procedimiento Administrativo) por infracción directa por falta de aplicación del artículo 149 de la Ley de Procedimiento Administrativo, relacionado con el 90 y 321 de la Constitución de la República, 3 y 7 del Código Procesal civil, teniendo como precepto autorizante el articulo 719 numeral 1 Inciso b) del Código Procesal Civil”; “Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”; en consecuencia, si se trata del ámbito civil, sólo se podrá decidir en relación a los pronunciamientos fácticos y jurídicos conforme al mismo. 3. El artículo 726 del Código Procesal Civil nos establece que la Corte Suprema de Justicia estará vinculada por los motivos alegados por el recurrente, es así que como precepto autorizante el censor fundamenta su motivo en el artículo 719 numeral 1) inciso b) del Código Procesal Civil que indica: “Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”. Lo anterior es el campo de aplicación y de acción con el que cuenta este máximo Tribunal para poder debatir y pronunciarse en la presente resolución dentro del ámbito atributivo que le conceden las normas generales sobre jurisdicción y competencia establecidas en nuestro ordenamiento adjetivo, el ir más allá implicaría contravenir la figura del juez natural. 4. Estudiado el motivo recursivo con la sentencia dictada por el Ad quem, se evidencia que la parte recurrente no logra acreditar los supuestos que podrían vincular a esta Sala de lo Civil con la normativa procesal aplicable en las pretensiones civiles, y bajo cuyo paraguas este Tribunal deba darle una respuesta a sus intereses jurídicos. El recurso de casación, por su condición extraordinaria, es parte de nuestro derecho interno para poder aplicar o interpretar debidamente las normas jurídicas que se consideran agraviadas por los tribunales inferiores, y es por esa naturaleza que obliga al tribunal casacional a respetar irrestrictamente todos los actos y garantías que, por materia, involucra el proceso civil a fin de homogenizar los criterios, de tal manera que afiancen la seguridad jurídica para su aplicación en las diferentes instancias; razón por la cual y ante la imposibilidad de esta Sala de entrar al conocimiento de asuntos que no son de su competencia ni jurisdicción, es procedente desestimar el presente recurso de casación.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de mayo del año dos mil veintitrés, de lo Civil integrada por los Magistrados: MILTON DANILO JIMENEZ PUERTO como Coordinador, RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA y GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTINEZ, siendo ponente la tercera para el conocimiento y redacción de la presente resolución, en la fecha indicada dictan SENTENCIA: SON PARTES DEL PROCESO: La sociedad WPP CONTINENTAL DE HONDURAS S.A., representada procesalmente por el abogado Farid Roberto Sanabria Polanco y LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, representada procesalmente por el abogado José Francisco Moreira Salazar. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE PAGO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE OPERACIÓN Y CIERRE TECNICO DEL SITIO DE DISPOSICION DE DESECHOS SÓLIDOS “LOS LAURELES”, promovida en fecha treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, por el abogado FARID ROBERTO SANABRIA POLANCO, en su condición de representante procesal de la sociedad WPP CONTINENTAL DE HONDURAS, S.A., contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, representada en ese entonces por el señor CARLOS ALEJANDRO AGUILAR PONCE, en su condición de Alcalde Municipal. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha 31 de marzo del año 2016, la sociedad WPP CONTINENTAL DE HONDURAS S.A. promovió demanda ordinaria de pago por incumplimiento de contrato por la cantidad de Cincuenta y Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Diez Lempiras con Cuarenta y Cinco Centavos (L 52,456,310.45) desglosados según certificación del Contador de empresa demandante de la siguiente manera: L 24,827,828.79 en concepto de capital y L 27,094,981.66 en concepto de mora, en contra de la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, por incumplimiento de contrato de servicios de operación y cierre técnico del sitio de disposición de desechos sólidos “Los Laureles”. LO QUE SE DEMANDA: 1. Argumenta el demandante que en fecha 30 de junio del año 2007, las partes celebraron contrato para la prestación de servicios de operación ordinaria y del cierre técnico del sitio actual para la disposición final de los desechos sólidos ordinarios mediante la técnica de relleno sanitario mecanizado, llamado “Los Laureles”; que entre los objetos del contrato cláusula 2.1 establecía que el objeto del mismo es la prestación de servicios de operación ordinaria para los servicios antes descritos; asimismo, se acordó que la demandante instalaría en el sitio de operaciones una báscula para el peso de los desechos sólidos y conforme a ello haría los cobros a la municipalidad, de igual manera, la Corporación Municipal se comprometía al pago puntual de sus obligaciones contractuales. 2. Continua manifestando el demandante que en fecha 30 de junio del año 2007, la partes acordaron adicionar un adendum al contrato antes descrito, particularmente al capítulo 4 donde estipula que el plazo seria de 15 meses contados a partir del 01 de octubre del año 2012 hasta el 30 de enero del año 2014; asimismo, al capítulo 6.4 la Municipalidad se comprometió a pagar puntualmente el servicio objeto del contrato por semana vencida y en base al informe de toneladas métricas ingresadas y capítulo 8 estableciéndose que en caso de presentarse cualquier controversia o descuerdo, las partes se someterían ya fuera a la Cámara de Comercio en Honduras o al Poder Judicial. 3. Que en fecha 23 de mayo de 2014, se realizó por parte de la sociedad WPP CONTINENTAL DE HONDURAS S.A., el correspondiente reclamo administrativo para el pago de cantidades de dinero derivadas por la prestación de servicios contractuales, más pago de daño y perjuicios. La Municipalidad de La Ceiba, en punto de Acta de sesión ordinaria de fecha 13 de enero del año 2014, sometió al pleno de corporación municipal autorización para la firma de terminación de contrato y al pago de deudas documentadas por la cantidad de L 32,000,000.00, acordando una reducción del monto. Asimismo, la parte actora pretende el pago de daños y perjuicios por la evasión total de la deuda más intereses que deberán tasarse al equivalente del promedio para operaciones activas vigentes en el sistema bancario nacional, de conformidad a lo pactado en la cláusula 6.4 antes mencionada. Esta acción agotó el trámite administrativo ante la honorable Corporación Municipal, además es un documento que acredita el incumplimiento de pago del contrato referido. 4. En fecha 30 de noviembre del año 2013 se levantó acta de recepción final del proyecto terminación del contrato entre la Municipalidad de La Ceiba y la sociedad WPP CONTINENTAL DE HONDURAS S.A., documento en el cual consta que el proyecto fue ejecutado de acuerdo a contrato y se dio por recibida en forma definitiva la obra. 5. Según certificación del Contador, la parte demandante, la Municipalidad de La Ceiba, refleja un pago adeudado por incumplimiento del contrato de L 52,456,310.45 en concepto de deuda más intereses corrientes y moratorios en concepto de daños y perjuicios. SEGUNDO: EN CUANTO A LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: La parte demandada sostiene su defensa contestando de la manera siguiente: Aceptando el hecho primero por ser cierto. El hecho segundo no se acepta ya que el adendum señalado no es de fecha 30 de junio del año 2007. El hecho tercero se rechaza parcialmente el mismo y aceptándose únicamente el haberse aceptado el reclamo administrativo y el contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Municipalidad de La Ceiba. Los hechos cuarto, quinto y sexto los rechaza en su totalidad, sin mayor explicación. Acto seguido interpone defectos procesales consistentes en: a) Falta de agotamiento de la vía administrativa previa; y, b) Falta de jurisdicción por existir compromiso válido de someter el litigio a la decisión de árbitros. TERCERO: MEDIOS DE PRUEBA PROPUESTOS Y ADMITIDOS A LAS PARTES: A folio 602 del tomo IV primera pieza del expediente 0101-2016-00274, se encuentra la audiencia preliminar, la cual en su etapa conciliatoria se vio fracasada a voluntad de las partes. En cuanto a su segunda etapa, saneamiento de defectos procesales denunciados en la contestación de la demanda, declara ambos sin lugar ya que en el primero existe un silencio y en el segundo porque existe prescripción de acción. Respecto al objeto del debate se concentra en la presunta obligación de pago por la cantidad de Cincuenta y Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Diez Lempiras con Cuarenta y Cinco Centavos (L 52,456,310.45), por incumplimiento del contrato. A la proposición de prueba propuesta y admitida a la parte demandante se validaron la documental y la testifical; a la parte demandada se tiene por ofertado y admitido el medio de prueba documental y reconocimiento judicial, todas ellas debidamente enunciadas en autos y que obran en los escritos de demanda y contestación respectivamente. CUARTO: HECHOS PROBADOS. Se tienen como probado la existencia de una relación contractual entre la Alcaldía Municipal de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida y la empresa WPP CONTINENTAL DE HONDURAS S.A., consistente en la prestación de servicios de operación ordinaria y del cierre técnico del sitio actual para la disposición final de los desechos sólidos ordinarios mediante la técnica de relleno sanitario mecanizado, llamado Los Laureles, contrato suscrito en fecha 30 de junio de 2007, con su respectivo Adendum de fecha 26 de septiembre del año 2012, Certificación de Reclamo Administrativo de Acta No.21, así como el Acta de recepción final y terminación de contrato de fecha 30 de noviembre del año 2013, estados de cuenta por cobrar, notas de cobros de recibos de basculas, detalles de facturas, constancia emitida por la empresa Solution Atlántida S.A., nota de cobro de la empresa de servicio técnico de personal especializado. QUINTO: El Juez de Primera Instancia, en fecha 6 de diciembre del año 2016, profirió su fallo de la manera siguiente: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE CON LUGAR LA PRESENTE DEMANDA ORDINARIA DE PAGO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIO DE OPERACIÓN Y CIERRE TECNICO. Promovida por el Abogado FARID ROBERTO SANABRIA POLANCO, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil WPP CONTINENTAL DE HONDURAS S.A., demanda dirigida en contra La MUNICIPALIDAD DE ESTA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, Representada por el Licenciado CARLOS ALEJANDRO AGUILAR PONCE, en su condición de Alcalde Municipal, todos de generales ya conocidas en el preámbulo de esta Sentencia. SEGUNDO: POR CONSIGUIENTE, SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA A PAGAR A LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA WPP CONTINENTAL DE HONDURAS S.A., LA CANTIDAD DE VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 24, 827, 828.79), en concepto de principal, más la cantidad que resulte en intereses por mora correspondiente al pago de operaciones pasivas, calculados hasta que se dé cumplimiento al presente fallo. TERCERO: SIN LUGAR lo referente al pago de indemnización por daños y perjuicios, por no haberse demostrado que los mismos se hayan causado. SIN COSTAS, por no haberse declarado con lugar todas las pretensiones de la parte demandante. Y MANDA: Que si dentro del término de ley, no se recurre el presente fallo, quede firme el mismo, el cual ha sido redactado por el Abogado JARED ENOC MARTINEZ RIVAS, Juez de Letras Seccional de la Ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida. Se resuelve hasta la fecha, en virtud del exceso de trabajo que impera en este despacho de justicia, y por haber estado el Suscrito con incapacidad médica. NOTIFIQUESE.” SEXTO: Que en fecha 30 de noviembre del año 2017, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en el juicio de mérito, dictó sentencia CONFIRMANDO la del A-quo de la manera siguiente: “PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO en su condición de Procurador de la Municipalidad de La Ceiba, Atlántida- Tanto la apelación diferida como la directa. SEGUNDO: CONFIRMA la resolución interlocutoria adoptada en la audiencia preliminar de fecha veinte de julio del año dos mil dieciséis que desestimo las excepciones procesales. CONFIRMA la sentencia definitiva de fecha seis de diciembre del año dos mil dieciséis. Y MANDA: Que una vez firme esta resolución, con certificación de la presente se devuelva la primera pieza de autos al Órgano Jurisdiccional de su procedencia para su ejecución y demás efectos legales. CON COSTAS en esta instancia. Redactó la MAGISTRADA PEREZ VALLE. NOTIFIQUESE.” SÉPTIMO: El representante procesal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, abogado JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO, presentó en fecha 30 de enero del año 2018, escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 30 de noviembre del año 2017, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida. OCTAVO: La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en fecha 22 de febrero del año 2022 no llegó a un consenso en cuanto a su admisibilidad, por tanto, se remitió al Honorable Pleno de Corte Suprema de Justicia, quien tras deliberación y fallo conceden al recurso de casación presentado, la admisibilidad para sentencia únicamente en su primer motivo, el que reza así: “PRIMER MOTIVO DE CASACION. Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley Adjetiva (Ley de Procedimiento Administrativo) de orden Público Nacional por infracción directa porque tanto el Juzgado de Primera Instancia como el Tribunal Ad Quem no aplicaron la norma pertinentemente, concretamente el artículo 149 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, relacionado con el Articulo 90, y 321 de la Constitución de la Republica, 3 y 7 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 1 Inciso b) del Código Procesal Civil; “Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida en el artículo 149 de la Ley de Procedimientos Administrativos es clara, de modo que su interpretación no ofrece duda, no obstante tanto el Tribunal Ad Quo, en la Audiencia preliminar, en su resolución de fecha veinte (20) de julio del dos mil dieciséis (2016) como el tribunal Ad Quem, en la sentencia objeto del presente Recurso de fecha treinta (30) de diciembre del año dos mí diecisiete (2017) no aplicaron los plazos que establece esta norma adjetiva, ya que lo esgrimido por este recurrente ante el Juzgado de Primera Instancia y la Corte Primera de Apelaciones no se han referido sobre la situación planteada por mi persona en cuanto a los plazos que tenía la demandante para interponer su respectiva demanda posterior al reclamo administrativo.- Argumentación que expreso de la siguiente manera: 1.- El Juzgador A quo, en su resolución en la cual denegó los argumentos expuestos manifestó que el punto de Acta fecha 15 de octubre del 2014, era la respuesta Negativa por parte de la Municipalidad, lo cual no es correcto, y se puede analizar con la simple lectura del acta, ya que se puede apreciar que dicha sesión fue de fecha 15 de octubre del 2014, tomando en cuenta la fecha en que se interpuso la demanda (31 de marzo del 2016), el juez debe considerar la fecha de la sesión de Corporación Municipal en la cual se conoció el Reclamo, y no la fecha de la certificación que esa cambia según el día en la cual se solicite la misma en el departamento de Secretaría Municipal, y considerar que dicha certificación no hace referencia a una negativa a la solicitud presentada, en ambos casos, los plazos para presentar la demanda Judicial, con negativa o sin negativa, silencio, ya había transcurrido, por haber pasado más de quince meses.” El defecto procesal señalado en la Audiencia Preliminar consiste en que si no hubo respuesta al reclamo que presentó la demandante, por haber habido un silencio, por un buen lapso de tiempo, el reclamo debió haberse presentado dos meses después de los sesenta días que concede la Ley para resolver el reclamo, para presentar la demanda judicial.- Dicho reclamo administrativo se presentó en fecha veintitrés (23) de mayo del dos mil catorce (2014), la ley señala que el plazo para resolver el Reclamo Administrativo será de sesenta (60) días (art. 147 LPAdm.) los cuales vencieron el 15 de agosto del mismo (2014), y al no haber una respuesta a dicha fecha, la reclamante a partir del día siguiente del 15 de agosto, tuvo dos (02) meses para interponer la acción judicial correspondiente, es decir al 16 de octubre del dos mil catorce (2014), fue su fecha máxima para presentar su demanda ante el Juzgado de Letra de lo Civil de esta Sección Judicial de La Ceiba, y siendo que consta en autos, que la demanda actual se presentó en fecha 31 de marzo del 2016, el plazo que la Ley señala no se cumplió, precepto jurídico administrativo que no fue considerado ni observado en la fundamentación jurídica de la Sentencia emitida por la Corte de Apelaciones concretamente su tercer epíteto, y que tal inobservancia a dicha norma adjetiva de manera manifiesta violenta el Articulo 90 de la Constitución de la Republica en lo referente al debido proceso, y artículo 3 del Código Procesal Civil rompiéndose con ello el principio de legalidad establecido en el Artículo 321 de nuestra Carta Magna, y artículo 7 del Código Procesal Civil, infracción del acto procesal que es un defecto que no puede ser subsanado, y debe decretarse la nulidad de todo lo actuado, por adolecer de un requisito SINE QUA NON para haberse admitido la demanda respectiva. En relación a la Sentencia emitida por el Ad Quem, reconoce expresamente en el hecho tercero de su fundamentación jurídica, que la demandada interpuso su reclamo administrativo en el año 2014, en fecha veintitrés (23) de mayo, dicho Ad Quem no se pronuncia sobre la argumentación realizada por mi persona en atención a los Plazos que deben transcurrir para interponer la demanda, que es en concreto el objeto de este Recurso de Casación; concluyendo que nuestra Carta magna la Constitución de la República literalmente en su artículo 90 establece las formalidades y garantías bajo las cuales debe realizarse un proceso, en otras palabras el Juzgador está obligado a seguir con los principios establecidos en las leyes adjetivas de nuestro país, aplicando el debido proceso en cuanto a la formalidad de cada acto procesal principio que sido vulnerado u omitido tanto por el Juez Ad quo y Ad Quem. (Ver el los Artículos 148 y 149 de la Ley de Procedimiento Administrativos, en relación a las fechas en que se interpuso el Reclamo Administrativo 23 de mayo del 2014, y la fecha en que promovió la demanda Judicial en el Juzgado correspondiente 30 de marzo del 2016)”. NOVENO: La parte demandante se pronunció al motivo primero del recurso interpuesto de la siguiente manera: “… En fecha 13 de Enero del año 2016 (folio 14 y 14 vuelto), el abogado FARID ROBERTO SANABRIA POLANCO, actuando en su condición de apoderado Legal de la Empresa WPP CONTINENTAL DE HONDURAS, S.A., compareció ante la Honorable CORPORACIÓN MUNICIPAL de la ciudad de La Ceiba, solicitando Certificación valida sobre resolución objeto de petición de reclamo administrativo para el pago de cantidades de dinero por prestación de servicios contractuales de una obra.- Resarcimiento de perjuicios causado por incumplimiento de pago de una deuda administrativa. Resolviendo la Honorable CORPORACIÓN MUNICIPAL extender certificación en fecha 25 de enero del año 2016, del punto de acta número 21 (folios 15 -16). Acta en la cual se puede apreciar que desde el año 2014 se autorizó negociar la deuda y que hasta la fecha de hoy la demandada no ha hecho ni el mínimo intento en negociar o pagar la deuda en su totalidad. - Honorables Magistrados, aunado a estas circunstancias, es de hacer notar que, si bien es cierto en el año 2014, específicamente el 23 de mayo, se realizó un reclamo administrativo, no es menos cierto que dicho expediente administrativo no fuera caducado. Es por esta razón, que era imposible abrir una nueva causa o reclamo en el año 2016, al volver a realizar solicitud o reclamo sobre resolución, cuando la pretensión es la misma, así como las partes interesadas en el objeto de este proceso. Dada las circunstancias anteriormente descritas, en enero del 2016, se solicita certificación válida de resolución en aras de darle cumplimiento y dar por agotado el trámite administrativo en base a lo que establece el artículo 46 y 47 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Dicho requisito Honorables Magistrados fue cumplido a cabalidad, y a todas luces, está más que claro que la CORPORACIÓN MUNICIPAL, de la Ciudad de La Ceiba, Atlántida, no tiene ni la más mínima intención de llegar a un acuerdo conciliatorio, sino al contrario, perder tiempo, ya que desde el año 2014 mi Representada, WPP CONTINENTAL DE HONDURAS, S.A. hizo varios intentos al tratar de llegar a un acuerdo conciliatorio sobre el presente caso, tal y como se acredita según la primera solicitud, siendo imposible lograrlos - Según punto de Acta #21. fecha 23 de Mayo del año 2014 se acordó autorizar al Alcalde Municipal, señor CARLOS ALEJANDRO AGUILAR PONCE, negociar la deuda y hasta la fecha, aun a pesar de haber solicitado certificación valida en Enero del 2016, lo que hace la CORPORACIÓN MUNICIPAL es extender nuevamente la misma certificación de acta número 21, no existiendo interés alguno por parte de la Corporación Municipal, al contrario en su defecto existió un silencio total.- Es por esta razón, que no se puede obstaculizar para la continuación de la Demanda por la vía Judicial, al haberse agotado dicho reclamo Administrativo. Es un derecho fundamental de toda persona poder acceder a los tribunales independientes en procura de la Justicia o sea la tutela judicial efectiva. El abogado de la parte Demandada, manifiesta, que también le causa perjuicio el hecho que la Ley señala un plazo para resolver de 60 días. Según la parte demandada, estos vencieron el 15 de agosto de 2014 al haberse presentado un reclamo en fecha 23 de mayo del año 2014. Es decir, según la parte contraria, el 16 de octubre, era la fecha máxima para presentar Demanda, ya que la certificación extendida por la Municipalidad lleva la fecha de la sesión y según él, es esta fecha la que debe de tomarse en cuenta y no la fecha en que fuera emitida la certificación, siendo esta el 25 de enero del año 2016. Quiero hacer de su conocimiento, Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que efectivamente la fecha del reclamo fue en el año 2014, nuevamente en Enero del año 2016, se volvió a solicitar se extendiera certificación valida según reclamo administrativo, en vista de encontrarse activa la causa, con la esperanza de tener una resolución pronta y positiva.- Causando asombro a mi representada, así como a mí persona, que la reclamada Corporación Municipal, extendió nuevamente la misma certificación según Acta número 21, en fecha 25 de enero del 2016.- Siendo lo correcto, en esta segunda oportunidad, dar una respuesta positiva al reclamo hecho por parte de mi representada. La Demanda fue interpuesta dentro del plazo legal establecido por la ley o sea dentro de 60 días. Es importante dejar establecido, que una resolución causa perjuicio cuando se le ha violentado el derecho de defensa en un procedimiento, no siendo este el caso, pues, como Ustedes Honorables Magistrados pueden apreciar, fueron múltiples los reclamos hechos, agotando los famosos 60 días por escrito ante la Corporación Municipal…” DÉCIMO: Celebrada la Audiencia de Vista en fecha 26 de abril del presente año con la comparecencia única del Abogado Farid Roberto Sanabria Polanco, quien manifestó: El 13 de enero de 2014 la Corporación Municipal se reunió tal y como consta en la primera pieza de autos, autorizando al Alcalde para que negociara la deuda que tenía con su representado, y la misma Alcaldía autoriza para que sea pagado, y prosiguiendo con la lectura al artículo 149 de la Ley de Procedimiento Administrativo manifestando que se presentó el Reclamo de Pago y que la Corporación hizo caso omiso sin darle respuesta, seguidamente da lectura al artículo 148 de la Ley de Procedimiento Administrativo que establece el plazo para dar respuesta a las peticiones, señala el artículo 146 de la misma Ley, relacionándolo con el artículo 414. 1. del CPC. Continúa manifestado que 15 meses después del Reclamo solicitan una certificación a la Corporación, quien extiende la misma 12 días después, la cual es de fecha 15 de octubre de 2014. La Municipalidad no notificó el reclamo, guardo silencio y no honró la deuda. El Ad Quem en su sentencia, establece que de la prueba aportada por la parte demandante se estableció que hay Reclamo Administrativo. El silencio de la administración puede interpretarse como un obstáculo para que el demandante pueda interponer acción judicial. La intención de la municipalidad fue dilatar y finalmente hace mención de los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. Dice que se sometieron al órgano jurisdiccional competente. Se refiere a los artículos 3 y 7 del CPC y el precepto autorizante, solicitando dar por desestimado el motivo admitido y admitir la contestación de su motivo quedando firme la sentencia del Ad quem. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. El recurso de casación, al tenor de lo preceptuado en el artículo 716 del Código Procesal Civil, tiene dos fines expresos: El primero de ellos se encamina a la protección de las normas del ordenamiento jurídico (función nomofiláctica), esto se hace procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin tiene que ver con la unificación de la jurisprudencia nacional en materia civil. Por su parte, el numeral 2) del artículo precitado, conmina a este Alto Tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley y de la seguridad y certidumbre jurídica. 2. La Sala de lo Civil identifica como thema decidendi o ámbito del recurso de casación únicamente la vinculación que nace en el caso de autos, respecto del Primer Motivo del recurso de casación formalizado por el censor y que fue admitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y que en el presente caso consiste “en la violación de la Ley Adjetiva (Ley de Procedimiento Administrativo) por infracción directa por falta de aplicación del artículo 149 de la Ley de Procedimiento Administrativo, relacionado con el 90 y 321 de la Constitución de la República, 3 y 7 del Código Procesal civil, teniendo como precepto autorizante el articulo 719 numeral 1 Inciso b) del Código Procesal Civil”; “Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”; en consecuencia, si se trata del ámbito civil, sólo se podrá decidir en relación a los pronunciamientos fácticos y jurídicos conforme al mismo. 3. El artículo 726 del Código Procesal Civil nos establece que la Corte Suprema de Justicia estará vinculada por los motivos alegados por el recurrente, es así que como precepto autorizante el censor fundamenta su motivo en el artículo 719 numeral 1) inciso b) del Código Procesal Civil que indica: “Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”. Lo anterior es el campo de aplicación y de acción con el que cuenta este máximo Tribunal para poder debatir y pronunciarse en la presente resolución dentro del ámbito atributivo que le conceden las normas generales sobre jurisdicción y competencia establecidas en nuestro ordenamiento adjetivo, el ir más allá implicaría contravenir la figura del juez natural. 4. Estudiado el motivo recursivo con la sentencia dictada por el Ad quem, se evidencia que la parte recurrente no logra acreditar los supuestos que podrían vincular a esta Sala de lo Civil con la normativa procesal aplicable en las pretensiones civiles, y bajo cuyo paraguas este Tribunal deba darle una respuesta a sus intereses jurídicos. El recurso de casación, por su condición extraordinaria, es parte de nuestro derecho interno para poder aplicar o interpretar debidamente las normas jurídicas que se consideran agraviadas por los tribunales inferiores, y es por esa naturaleza que obliga al tribunal casacional a respetar irrestrictamente todos los actos y garantías que, por materia, involucra el proceso civil a fin de homogenizar los criterios, de tal manera que afiancen la seguridad jurídica para su aplicación en las diferentes instancias; razón por la cual y ante la imposibilidad de esta Sala de entrar al conocimiento de asuntos que no son de su competencia ni jurisdicción, es procedente desestimar el presente recurso de casación. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 110, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7, 21, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) literal b), 219 numeral 2), 414 numeral 1), 692, 716, 717, 718, 719, 720, 725.3, 726.1, 727.4, 728.1 y 729 del Código Procesal Civil; DICTA SENTENCIA IRRECURRIBLE y FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto y formalizado por el abogado JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de fecha 30 de noviembre del año 2017, por las razones antes expuestas. SEGUNDO: Declarar FIRME la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de fecha 30 de noviembre del año 2017. TERCERO: Sin costas. Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes por medio de sus representantes legalmente constituidos en el juicio, ordenándose devolver las actuaciones a la correspondiente Corte de Apelaciones de su procedencia con la certificación del presente fallo, para que disponga el curso que debe seguir conforme a la ley. Magistrada Ponente Bustillo Martínez. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MILTON DANILO JIMÉNEZ PUERTO. MAGISTRADO COORDINADOR. RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA. MAGISTRADA. GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTÍNEZ. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. SECRETARIA SALA DE LO CIVIL”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés; Certificación de la sentencia de fecha diez de mayo del año dos mil veintitrés, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 91=2018.BETTY JANETH PALMA O’CONNORSECRETARIA SALA DE LO CIVIL