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Sentencia CC-76-20 — Registro 17691

Resumen

En segunda instancia se declara con lugar el recurso de apelación, se revoca la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Procede, con base en los argumentos y fundamentos de derecho arriba expuestos, bajo los siguientes términos: 1) declara sin lugar la demanda de “nulidad absoluta de dos instrumentos publico denominados testamento abiertos vía proceso ordinario por ser el otorgante inhábil para testar. los testigos no entender el idioma del testador y el otorgante firma la escritura pública de testamento sin la presencia de intérpretes en virtud de no hablar el idioma español; acto que acarrea nulidad absoluta por la falta de requisitos y formalidades que la ley exige”, absuelve al demandado de la pretensión deducida en su contra.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... 5. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL EN CUANTO AL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA ABOGADA KAREN WALESKA VALLADARES DIAZ. La Sala es del criterio que la recurrente ha incumplido las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil para el escrito de interposición y formalización del recurso de casación, ello en virtud de faltar al requisito fundamental de hacer constar el motivo en que la casación se basa, con expresión de las normas cuya infracción sustenta el mismo con la suficiente separación y claridad, tal y como lo demanda el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; denuncia la impetrante la infracción de una norma procesal (art. 206 del CPC), que contiene tres numerales que regulan aspectos diferentes; el primer numeral se refiere a que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas y sobre estos tres elementos (que a su vez, por ser diferentes, deben ser explicados por separado) no emprendió ninguna explicación; el segundo numeral se refiere al principio iuri novit curia en la sentencia; y, el tercero refiere que cuando los puntos de litigio son varios, el tribunal debe separadamente pronunciarse por cada uno de ellos, y sobre este último elemento no planteo ninguna explicación. La recurrente tampoco se ocupó de intentar dar una explicación de la relación de estos tres numerales; por otra parte, más adelante intenta relacionar el principio de acceso a los tribunales del artículo 1.1 del Código Procesal Civil con el artículo 90 de la Constitución de la República, sin que para ello dé una explicación satisfactoria y suficientemente clara como para entender el quebranto de la norma procesal civil denunciada, por lo tanto; concurre la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “6. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL EN CUANTO AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA ABOGADA KAREN WALESKA VALLADARES DIAZ. Es criterio de la Sala que la impetrante incurre nuevamente en el incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil para el escrito de interposición y formalización del recurso de casación, en virtud de faltar al requisito fundamental de hacer constar el motivo en que la casación se basa, con expresión de las normas cuya infracción sustenta el mismo con la suficiente separación y claridad, tal y como lo demanda el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, presentando básicamente la misma norma infringida y el mismo argumento del motivo anterior, de manera que cabe también la misma respuesta en el sentido de que viene denunciando la infracción de una norma procesal que contiene tres numerales que regulan aspectos diferentes (art. 206 del CPC); el primer numeral se refiere a que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas y sobre estos tres elementos (que a su vez, por ser diferentes, deben ser explicados por separado) no hizo ninguna explicación; el segundo numeral se refiere al principio iura novit curia (principio procesal que da a los jueces facultades de traer normas de interpretación, normas procesales y principios que un demandante o un demandado hubiera podido olvidar y que el juzgador, porque los conoce, los aplica con el objeto de que, por falta de hacerlo, pudiera hacerse una errónea decisión o, si se quiere, una denegación de justicia); y, el tercero refiere que cuando los puntos de litigio son varios, el tribunal debe separadamente pronunciarse por cada uno de ellos, elemento este sobre el cual la impetrante tampoco explica a la Sala su vulneración; tampoco se ocupó en intentar argumentar la relación de estos tres numerales; por otra parte, más adelante intenta relacionar el principio de acceso a los tribunales del artículo 1.1 del Código Procesal Civil con el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, para terminar sin una explicación satisfactoria que sea suficientemente clara como para entender el quebranto de la ley denunciado. Lo nuevo que incorpora en este motivo de casación, es que señala que la supuesta infracción causa nulidad de actuaciones y debe dictarse nueva sentencia saneando los vicios de nulidad tal como lo disponen los artículos 9, 10, 11, 1586 y 1589 del Código Civil, incorporando a la impugnación preceptos de orden material, que no pueden ser examinados por la vía de la causal elegida por la censora, pues la nulidad de orden procesal que avala la causal propuesta ha de buscarse en normas de esa misma naturaleza, porque la nulidad de las normas del Código Civil que sugiere la impetrante, se refiere a los actos y contratos sustantivos y no a actos y garantías procesales que son las susceptibles de ser abordadas por la vía elegida por la censora y que no fueron señaladas, por lo tanto; concurre la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL EN CUANTO AL TERCER MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA ABOGADA KAREN WALESKA VALLADARES DIAZ. La Sala encuentra que la misma ha incumplido las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil para el escrito de interposición y formalización del recurso de casación, en virtud de faltar al requisito fundamental de hacer constar el motivo en que la casación se basa con expresión de las normas cuya infracción sustenta el motivo con la suficiente separación y claridad, tal y como lo demanda el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, falencia que se hace notar porque la impetrante invoca la infracción de una norma que contiene dos numerales (art. 207 del CPC); el primero relacionado con los razonamientos fácticos y jurídicos que debe emplear el juzgador; y, el segundo referente a considerar los elementos fácticos y jurídicos individualmente y en conjunto atendiendo a las reglas de la lógica y de la razón. Sin embargo, no ha sido capaz de relacionar estos dos supuestos de la norma, afincando su alegato en el primer numeral desentendiéndose del segundo numeral y desorientando totalmente su argumento al acudir al artículo 1.1 del Código Procesal Civil que establece que toda persona tiene derecho a peticionar ante los Juzgados y Tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, torna aún más confuso e ilógico el motivo al señalar: “… no hay motivación fáctica en la Sentencia puesto que señalamos que no se cumple con normas imperativas que relacionadas afectan a la motivación que el Tribunal debe llegar para resolver el objeto del debate.”; para señalar enseguida que el precitado artículo está relacionado con los artículos 691 de la obligación mercantil que nace de la contraprestación siendo onerosas, y 694 ambos del Código de Comercio, al decir puntualmente que las obligaciones mercantiles no hay períodos de gracia; y que esto es lo que motivó a comparecer ante el Juzgado por la mora en el pago de la obligación mercantil. Tales razonamientos por parte de la recurrente, haciendo cita de dos artículos del Código de Comercio, que no tienen nada que ver con el asunto que se conoce, vuelven el motivo carente de claridad, ya que la impetrante de manera poco juiciosa crea una confusión en su exposición y que concita, por parte nuestra, el señalarle a la misma el cuidado que debe tenerse al plantear un motivo de casación; todo lo cual da lugar a la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL EN CUANTO AL CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA ABOGADA KAREN WALESKA VALLADARES DIAZ. La Sala da respuesta a los argumentos expuestos por la recurrente estimando que la misma ha incumplido las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil para el escrito de interposición y formalización del recurso de casación, en virtud de faltar al requisito fundamental de hacer constar el motivo en que la casación se basa, con expresión de las normas cuya infracción sustenta el mismo con la suficiente separación y claridad, tal y como lo demanda el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, falencia que se hace notar porque viene señalando como precepto autorizante el artículo 719.1.b) del Código Procesal Civil y cita como norma infringida el artículo 208 del mismo Código referente a la congruencia (requisito interno de la sentencia). En sustento, establece que la congruencia consiste en la adecuada relación que ha de existir entre la pretensión procesal y la parte dispositiva de la misma, para luego afirmar que la sentencia dictada por el iudex ad-quem no reúne los requisitos formales ni materiales que debe contener el fallo, pues no fundamenta legalmente la sentencia sino con valoraciones subjetivas. Sobre lo anterior, la Sala señala que la recurrente confunde totalmente la congruencia con la motivación, pues se ocupa de cuestionar la congruencia de la motivación que no se examina por la vía casacional optada por la censora, pues para ello es necesario interesar el control fáctico de la sentencia como vía causal; por otra parte, no ha explicado como la infracción de la norma fustigada determina nulidad o produce indefensión, concurriendo, en consecuencia, la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL EN CUANTO AL QUINTO MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA ABOGADA KAREN WALESKA VALLADARES DIAZ. La Sala es del criterio que la recurrente ha incumplido las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil para el escrito de interposición y formalización del recurso de casación, en virtud de faltar al requisito fundamental de hacer constar el motivo en que la casación se basa, con expresión de las normas cuya infracción sustenta el mismo con la suficiente separación y claridad, tal y como lo demanda el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, falencia que se hace notar porque viene señalando como norma infringida el artículo 208 del mismo Código referente a la congruencia de la sentencia que forma parte de los requisitos internos de la misma. Se ocupa en establecer que la congruencia consiste en la adecuada relación que ha de existir entre la pretensión procesal y la parte dispositiva de la misma, para afirmar luego que “la sentencia no reúne los requisitos formales ni materiales que debe contener el fallo pues no fundamenta legalmente la sentencia sino con valoraciones subjetiva”; “Se denota la falta de congruencia con síntomas de arbitrariedad en los argumentos del tribunal de alzada para dictar la sentencia hoy impugnada”; “es completamente incongruente y absurdo el fundamento de derecho décimo segundo”; y así sucesivamente, confunde totalmente la congruencia de la sentencia con la motivación, pues se ocupa de cuestionar la congruencia de la motivación que no se examina por la vía casacional optada por la censora, pues para ello es necesario interesar el control fáctico de la sentencia como vía causal, concurriendo, en consecuencia, la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de abril del año dos mil veintitrés, la Sala de lo Civil integrada por los ilustres Magistrados: Milton Danilo Jiménez Puerto, como Coordinador, Rubenia Esperanza Galeano Barralaga y Gaudy Alejandra Bustillo Martínez, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la presente resolución, en esta fecha dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: El señor Chang Hwan Koh, representado en juicio por el abogado Max Ricardo Salgado Lagos, como recurrente; siendo recurrido el señor Deok Hwan Koh, representado en juicio por el abogado Daniel Torres Herrera. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA LA NULIDAD ABSOLUTA DE DOS INSTRUMENTOS PUBLICOS DENOMINADOS TESTAMENTO ABIERTO VIA PROCESO ORDINARIO, POR SER EL OTORGANTE INHABIL PARA TESTAR, LOS TESTIGOS NO ENTENDER EL IDIOMA DEL TESTADOR Y EL OTORGANTE FIRMAR LA ESCRITURA PUBLICA DE TESTAMENTO SIN LA PRESENCIA DE INTERPRETES EN VIRTUD DE NO HABLAR EL IDIOMA ESPAÑOL; ACTO QUE ACARREA NULIDAD ABSOLUTA POR LA FALTA DE REQUISITOS Y FORMALIDADES QUE LA LEY EXIGE”, promovida en fecha veinte de febrero de dos mil quince, ante el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, por el abogado Darwin Lindolfo García, actuando en su condición de representante procesal del señor Chang Hwan Koh, mayor de edad, soltero, de nacionalidad coreana y de este domicilio, contra el señor Deok Hwan Koh, mayor de edad, casado, con nacionalidad coreana y de este domicilio. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: En fecha tres de junio de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en la que falló de la siguiente manera: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA PRESENTE DEMANDA VIA PROCESO ORDINARIO DE NULIDAD ABSOLUTA DE DOS INSTRUMENTOS PUBLICOS DENOMINADOS TESTAMENTO ABIERTOS, interpuesta por el Abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, quien actúa en su condición de Representante procesal del señor CHANG HWAN KOH, demanda que se interpuso contra el señor DEOK HWAN KOH. SEGUNDO: DECRETESE NULIDAD ABSOLUTA DE DOS INSTRUMENTOS PUBLICOS QUE CONTIENEN DOS testamentos abiertos, uno que constan en la escritura pública No. 259 otorgado por SONN JA KIN a favor de sus hijos CHANG HWAN KOH Y DEOK HWAN KOH que corre agregada a folios 8-10 y en el testimonio de escritura pública No. 244 otorgado por SONN JA KIN a favor de CHANG HWAN KOH Y DEOK HWAN KOH que corre agregada a folios 11 a 13 del expediente de mérito. TERCERO: Que una vez que este firme la presente sentencia, se libre atento oficio a la contraloría del Notariado para el solo efecto de ponerles en conocimiento que se ha decretado nulidad de los instrumentos antes relacionados, especificándose de manera clara los numero, los datos de las partes y el notario autorizante.” MANDA: que si dentro del término de ley no se interpone recurso alguno en su contra quede firme el presente fallo Se dicta el presente fallo hasta la fecha por la incapacidad pre y post natal de la suscrita. CON COSTAS. NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: En fecha treinta de enero de dos mil veinte, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en el asunto de autos dictó sentencia de la siguiente manera: (Sic) “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación de que se ha hecho merito; consecuentemente, REVOCA la sentencia de fecha tres de junio del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán.- SEGUNDO: Procede a dictar nueva sentencia con base en los argumentos y fundamentos de derecho arriba expuestos, bajo los siguientes términos: 1) DECLARA SIN LUGAR la demanda de “NULIDAD ABSOLUTA DE DOS INSTRUMENTO PUBLICO DENOMINADOS TESTAMENTO ABIERTOS VIA PROCESO ORDINARIO POR SER EL OTORGANTE INHABIL PARA TESTAR. LOS TESTIGOS NO ENTENDER EL IDIOMA DEL TESTADOR Y EL OTORGANTE FIRMA LA ESCRITURA PUBLICA DE TESTAMENTO SIN LA PRESENCIA DE INTERPRETES EN VIRTUD DE NO HABLAR EL IDIOMA ESPAÑOL; ACTO QUE ACARREA NULIDAD ABSOLUTA POR LA FALTA DE REQUISITOS Y FORMALIDADES QUE LA LEY EXIGE”, promovida por el Abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, en su condición de apoderado legal del señor CHANG HWAN KOH, en contra del señor DEOK HWAN KOH, todos de generales conocidas en el presente juicio; 2) ABSUELVE al demandado DEOK HWAN KOH de la pretensión deducida en su contra; TERCERO: CONDENA EN COSTAS de primera y segunda instancia al demandante, señor CHANG HWAN KOH, por el principio del vencimiento.- Y MANDA: Que una vez notificadas las partes de esta sentencia, se devuelva la primera pieza, al Juzgado de su procedencia con certificación de la misma, para su debido cumplimiento. NOTIFIQUESE.” TERCERO: La abogada Karen Waleska Valladares Díaz, actuando en su condición de representante procesal del señor Chang Hwan Koh, en fecha diez de marzo de dos mil veinte, presento escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil veinte, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte de la Recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del mismo, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: El abogado Darwin Torres Herrera, actuando en su condición de representante procesal del señor Deok Hwan Koh, en fecha uno de septiembre de dos mil veinte, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciado a los recurridos, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Alto Tribunal, los abogados Daniel Torres Herrera en su condición ya indicada, y Max Ricardo Salgado Lagos, como representante procesal del señor Chang Hwan Koh, presentaron escritos de personamiento en fecha once de septiembre de dos mil veinte, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. SEXTO: La parte recurrente plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, de la manera siguiente: “MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO DE CASACION SE IMPUGNA LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN: LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 719.1.c) del Código Procesal Civil que establece: “1.- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) … b) … c) La forma y contenido de la sentencia. 2…” NORMA DE DERECHO INFRINGIDA El Código Procesal Civil establece: REQUISITOS INTERNOS DE LA SENTENCIA. ARTÍCULO 206.- CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. FUNDAMENTO DEL MOTIVO El art. 206 del Código Procesal Civil, dice que las sentencia deben ser claras, precisas y exhaustivas en el numeral dos dice que el Tribunal no puede sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a los fundamentos de hecho o derechos distintos a los que las partes hemos querido hacer valer (principio dispositivo art. 10 CPC) y dice que solo le permite resolver conforme a las normas aplicables al caso aunque no hayan sido citadas o alegadas por las partes procesales, entendiéndose en el plan de la demanda o de la contestación de la misma, en las cuales consta las pretensiones del demandante como objeto del proceso o la resistencia del demandado lo que constituye el objeto del debate. En el FUNDAMENTO DECIMO de la sentencia impugnada el Tribunal de Alzada se aparta de la causa de pedir, al argumentar que concluye: “1) Se plantea la nulidad de dos testamentos nuncupativos otorgados ante Notario Público; y siendo que se trata de una de una misma testadora, el último testamento viene a derogar expresamente todos los anteriores otorgados, por disposición legal; consecuentemente el testamento otorgado por la Señora KIM SOON JA en Instrumento público número 244 autorizado por el Notario SANTIAGO VALLADARES ARGUETA, en fecha 01 de noviembre del 2013, derogo expresa y tácitamente el anteriormente otorgado por la misma testadora de fecha 18 de enero de 2011, contenido en Instrumento Público No. 259, autorizado por el Notario JOSE REYNALDO ANDINO M., y revocado ese testamento, ninguna de las declaraciones o disposiciones contenidas en el tendrá efecto alguno, ni aún para pruebas que alguien quiera aducir en juicio contra el testador, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1161 del Código Civil. Entonces siendo que el primero de los testamentos quedó revocado no cabe referirse al mismo, puesto que con su revocatoria dejó de tener valor legal y por ello resulta improcedente que se pretenda anular el mismo si ya no existe y por ello la Juez de Primera Instancia no debió proceder anular ese Instrumento Público ya que no tiene validez legal ni consecuencia jurídica..- 2 Por estas razones que han sido expuestas en el numeral anterior solamente procede referirnos a los motivos de nulidad argumentados en cuanto al testamento abierto vigente que es el que autorizó el Notario SANTIAGO VALLADARES ARGUETA. 3…” La conclusión argumentativa del Tribunal de Alzada que decidió por mayoría de votos, violenta el art. 206.2 del CPC porqué el Tribunal no puede sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a los fundamentos de hecho o derechos distintos de los que las partes hayan querido hacer valer. Una consecuencia jurídica es la revocación del testamento anterior al vigente, y otro distinto a apartarse de los fundamentos de hecho y derecho pretendido por mi mandante en cuento a la Nulidad Absoluta del Instrumento Público No. 259, autorizado por el Notario JOSE REYNALDO ANDINO M. de fecha 18 de enero de 2011. En atención a lo anterior si el caso factico entre manos se hubiera solicitado únicamente la nulidad absoluta del segundo TESTAMENTO ABIERTO mediante Instrumento público número 244 autorizado por el Notario SANTIAGO VALLADARES ARGUETA, en fecha 01 de noviembre del 2013, la consecuencia jurídica es que el Instrumento Público No. 259, autorizado por el Notario JOSE REYNALDO ANDINO M. de fecha 18 de enero de 2011 quedaría vigente, por lo cual la pretensión de mi mandante es la anulación de ambos instrumentos por vicios de nulidad absoluta, por el hecho que la testadora no tenía la capacidad de testar, no hablaba el idioma español, por lo que siempre se tuvo que auxiliar de un traductor, tal como se acredito en autos, por ende no podía comparecer ante Notario sin la presencia de un traductor que no fueran sus hijos, lo cual no se llevó a cabo en ambos instrumentos públicos objeto del juicio. Por tanto, el hecho de excluir en la Sentencia pronunciamiento por el Tribunal de Alzada en referencia al Instrumento Público No. 259, autorizado por el Notario JOSE REYNALDO ANDINO M. de fecha 18 de enero de 2011, vulnera y conculca el artículo 206.1 y 2 del CPC, los cuales se encuentran entrelazados con el artículo 1.1 del CPC al decir: Artículo 1.- DERECHO DE ACCESO A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES. 1. Toda persona tiene derecho a peticionar ante los juzgados y tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. El precitado artículo está relacionado con el art. 90 párrafo segundo de la Constitución de la República que dice: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. De igual manera se encuentra relacionado con el Artículo 10.1.2. del CPC- PRINCIPIO DISPOSITIVO. 1. Salvo en los procesos no dispositivos con las particularidades que esta ley prevé, la parte que haya ejercido su derecho de acción determina con su pretensión el objeto del proceso; la parte que se oponga a la misma fija con su resistencia el objeto del debate. Lo mismo es aplicable en caso de reconvención. 2. La resolución del órgano jurisdiccional que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado, teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas. Y ligado también con el Artículo 12.5 del CPC.- FACULTADES PROCESALES... 5. El juez debe resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, pero no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. LA INCIDENCIA DE LA INFRACCION FRENTE A LA RESOLUCION IMPUGNADA La incidencia que provoca la infracción procesal de excluir pronunciamiento por el Ad-quem en pronunciarse sobre la nulidad que el mismo A-quo decreta sobre el instrumento Público No. 259, autorizado por el Notario JOSE REYNALDO ANDINO M. de fecha 18 de enero de 2011, violenta el derecho constitucional al debido proceso, sobre el juzgamiento según los procedimientos y formalidades, así como la violación al principio dispositivo en el sentido que solo las partes pueden renunciar a las pretensiones deducidas en su escrito de demanda, y siendo que la nulidad del referido instrumento es parte de las pretensiones incoadas, es una flagrante violación que conlleva a que la sentencia no tenga claridad, precisión y exhaustividad, más aún cuando el Ad-quem al momento de revocar la sentencia venida en apelación, se convierte en Juez de Instancia, por cuanto el cumplimiento de los requisitos formales e internos de la sentencia son más exigidos, porque no tiene la inmediación de la prueba, sino que tiene un juicio valoratorio limitado. Es procedente que la Honorable Sala de lo Civil estime la procedencia del presente motivo casacional, debiendo dictar la sentencia de mérito casando la misma y dictando una Sentencia de conformidad a Derecho. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN SE IMPUGNA LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN: LOS ACTOS Y GARANTÍAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCIÓN SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENSIÓN. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 719.1.b) del Código Procesal Civil que establece: “1.- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) … b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. C)... 2.-…” NORMA DE DERECHO INFRINGIDA El Código Procesal Civil establece: REQUISITOS INTERNOS DE LA SENTENCIA. ARTÍCULO 206.- CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. FUNDAMENTO DEL MOTIVO El art. 206 del Código Procesal Civil, dice que las sentencia deben ser claras, precisas y exhaustivas en el numeral dos dice que el Tribunal no puede sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a los fundamentos de hecho o derecho distintos a los que las partes hemos querido hacer valer y dice que solo se le permite resolver conforme a las normas aplicables al caso aunque no hayan sido citadas o alegadas por las partes procesales, entendiéndose en el plan de la demanda o de la contestación de la misma, en las cuales consta las pretensiones del demandante como objeto del proceso o la resistencia del demandado lo que constituye el objeto del debate. En el FUNDAMENTO DECIMO de la sentencia impugnada el Tribunal de Alzada se aparta de la causa de pedir, al argumentar que concluye: “1) Se plantea la nulidad de dos testamentos nuncupativos otorgados ante Notario Público; y siendo que se trata de una de una misma testadora, el último testamento viene a derogar expresamente todos los anteriores otorgados, por disposición legal; consecuentemente el testamento otorgado por la Señora KIM SOON JA en Instrumento público número 244 autorizado por el Notario SANTIAGO VALLADARES ARGUETA, en fecha 01 de noviembre del 2013, derogo expresa y tácitamente el anteriormente otorgado por la misma testadora de fecha 18 de enero de 2011, contenido en Instrumento Público No. 259, autorizado por el Notario JOSE REYNALDO ANDINO M., y revocado ese testamento, ninguna de las declaraciones o disposiciones contenidas en el tendrá efecto alguno, ni aún para pruebas que alguien quiera aducir en juicio contra el testador, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1161 del Código Civil. Entonces siendo que el primero de los testamentos quedó revocado no cabe referirse al mismo, puesto que con su revocatoria dejó de tener valor legal y por ello resulta improcedente que se pretenda anular el mismo si ya no existe y por ello la Juez de Primera Instancia no debió proceder anular ese Instrumento Público ya que no tiene validez legal ni consecuencia jurídica.- 2 Por estas razones que han sido expuestas en el numeral anterior solamente procede referirnos a los motivos de nulidad argumentados en cuanto al testamento abierto vigente que es el que autorizó el Notario SANTIAGO VALLADARES ARGUETA. 3…” La conclusión argumentativa del Tribunal de Alzada que decidió por mayoría de votos, violenta el art. 206.2 del CPC porqué el Tribunal no puede sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a los fundamentos de hecho o derechos distintos de los que las partes hayan querido hacer valer. Una consecuencia jurídica es la revocación del testamento abierto del 2011 y otro distinto a apartarse de los fundamentos de hecho y derecho pretendido por mi mandante en cuanto a la Nulidad Absoluta del Instrumento Público No. 259, autorizado por el Notario JOSE REYNALDO ANDINO M. de fecha 18 de enero de 2011. En atención a lo anterior si el caso factico entre manos se hubiera solicitado únicamente la nulidad absoluta del segundo TESTAMENTO ABIERTO mediante Instrumento público número 244 autorizado por el Notario SANTIAGO VALLADARES ARGUETA, en fecha 01 de noviembre del 2013, la consecuencia jurídica fuera que el Instrumento Público No. 259, autorizado por el Notario JOSE REYNALDO ANDINO M. de fecha 18 de enero de 2011 quedaría vigente, por lo cual la pretensión de mi mandante es la anulación de ambos instrumentos por vicios de nulidad absoluta, por el hecho que la testadora no tenía la capacidad de testar, no hablaba el idioma español, por lo que siempre se tuvo que auxiliar de un traductor, tal como se acreditó en autos, por ende no podía comparecer ante Notario sin la presencia de un traductor que no fueran sus hijos ya que el testamento tendría estipulaciones a favor, la ausencia de traductor en ambos instrumentos cuestionados, implica un grave incumplimiento al Código de Notariado en su artículo 16 numeral 6) que dice textualmente: “Los instrumentos públicos deben contener: 1) ... 6) La intervención de un intérprete designado por la persona que ignora el idioma español, quien prometerá el fiel cumplimiento de su cometido y firmará también el instrumento. Por tanto, el hecho de excluir en la Sentencia por el Tribunal de Alzada el Instrumento Público No. 259, autorizado por el Notario JOSE REYNALDO ANDINO M. de fecha 18 de enero de 2011, vulnera y conculca el artículo 206.1 y 2 del CPC, los cuales se encuentran entrelazados con el artículo 1.1 del CPC al decir: Artículo 1.- DERECHO DE ACCESO A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES. 1. Toda persona tiene derecho a peticionar ante los juzgados y tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. El precitado artículo está relacionado con el art. 90 párrafo segundo de la Constitución de la República que dice: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. e igual manera se encuentra relacionado con el Artículo 10.1.2. del CPC- PRINCIPIO DISPOSITIVO. 1. Salvo en los procesos no dispositivos con las particularidades que esta ley prevé, la parte que haya ejercido su derecho de acción determina con su pretensión el objeto del proceso; la parte que se oponga a la misma fija con su resistencia el objeto del debate. Lo mismo es aplicable en caso de reconvención. 2. La resolución del órgano jurisdiccional que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado, teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas. Y ligado también con el Artículo 12.5 del CPC.- FACULTADES PROCESALES... 5. El juez debe resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, pero no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. Por lo cual ante este motivo de casación invocado, y por las normas procesales que se denuncian es procedente que los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, proceda a CASAR el segundo motivo ya que la exclusión de pronunciamiento sobre el instrumentos precitado en la Sentencia, genera vulneración de las garantías procesales ya que su infracción causa nulidad absoluta de actuaciones, y debe de dictarse una nueva sentencia saneando los vicios de nulidad tal como lo dispone los artículos 9, 10, 11. 1586 y 1589 del Código Civil[1]. En tal sentido las normas sustantivas establecen que los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, por lo cual la falta de interprete incumple los requisitos sine qua non para que el testador designara un intérprete, siendo un requisito formal de los cuales debe constar ya que es un hecho acreditado que la Testadora KIM SOON JA necesitaba para comunicarse con un intérprete que en muchas ocasiones fue uno de los hijos, y siendo que también está acreditado en autos que los instrumentos cuestionados de nulidad no tienen la referencia del interprete que valide la voluntad de la testadora, motivo suficiente para no cumplir los requisitos formales, por cuanto cuando la ley declara nulo cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato, por lo cual la falta de este requisito implica un vicio absoluto, como es la falta de un intérprete que necesitaba la Testadora KIM SOON JA porque como ya hemos referido anteriormente está acreditado que necesitaba de un intérprete para darse a entender con sus médicos que la trataban de su problemas de salud. LA INCIDENCIA DE LA INFRACCION FRENTE A LA RESOLUCION IMPUGNADA Tal como hemos mencionado anteriormente la falta de claridad, precisión y exhaustividad en la sentencia incide en el fondo del juicio, porque el Tribunal Ad-quem ha omitido pronunciarse sobre la nulidad del instrumento Nulidad Absoluta del Instrumento Público No. 259, autorizado por el Notario JOSE REYNALDO ANDINO M. de fecha 18 de enero de 2011, lo cual violenta el debido proceso y el principio dispositivo de la I Instancia (escrito de la demanda y su contestación) y de la II Instancia (escrito de agravios y su contestación) extralimitándose a resolver lo que no se le ha pedido (reforma in peus). Es procedente que la Honorable Sala de lo Civil estime la procedencia del presente motivo casacional, debiendo dictar la sentencia de mérito casando la misma y dictando una Sentencia de conformidad a Derecho. TERCER MOTIVO DE CASACIÓN SE IMPUGNA LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN: LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 719.1.c) del Código Procesal Civil que establece: “1.- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) … b) … c) La forma y contenido de la sentencia. 2.-…” NORMA DE DERECHO INFRINGIDA El Código Procesal Civil establece: ARTÍCULO 207.- MOTIVACIÓN. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. FUNDAMENTO DEL MOTIVO El art. 207 del Código Procesal Civil, regula REQUISITOS INTERNOS DE LA SENTENCIA, en este caso la motivación de la sentencia como uno de los requisitos esenciales de la sentencia, motivando y expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que a criterio del Tribunal de Alzada lo conduce a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. Además, que la motivación debe incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. Es preciso señalar que la decisión del Tribunal de Apelación es la de revocar la sentencia impugnada dictando una nueva, por cuanto al no ser el Tribunal de Apelación la inmediación de las pruebas aportadas al proceso, en tal sentido los requisitos formales e internos de la sentencia como si fuera Juzgado de Instancia, son más rigurosos, en el sentido que la motivación es un principio procesal fundamental para llegar al convencimiento de declarar con lugar o no las pretensiones deducidas en el presente juicio. [MOTIVACION] la Falta de motivación en la Sentencia del Ad-quem quebranta el Debido Proceso, cuando se constata la ausencia de motivación del Ad-quem, es decir, no se desprenden razones o argumentos que ilustren al Justiciable o reclamante sobre la decisión emitida. Asimismo, La Sala de lo Constitucional concluye y ha sido reiterativa sobre la imperiosa obligación de la motivación en las resoluciones judiciales, pues de otra manera, no hay forma de saber, entender y comprenderse los elementos racionales que un Tribunal invocó, como asidero o justificación, para la asunción de una decisión. Irregularidad reclamada por el Recurrente, que, desde luego, vulnera la garantía del Debido Proceso invocada, toda vez, que uno de los derechos fundamentales comprendido dentro de la misma, es el que tienen las partes e inclusive el censor, en obsequio a una tutela judicial efectiva, a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones. Esta omisión, puesta aquí de relieve, puede tener incidencia, como lo reconoce numerosa jurisprudencia nacional y extranjera, en generar una denegación técnica de justicia causante de indefensión, en la medida que no se resuelve verdaderamente lo planteado en el proceso; falencia procesal que debe ser evitada en perjuicio de los justiciables, por lo cual resulta meritorio el otorgamiento de la presente Acción de Amparo. La tutela judicial efectiva se concreta en el derecho que tienen todas las personas al acceso a los órganos jurisdiccionales con arreglo a las normas de procedimiento legalmente establecidas y a obtener de ellos una respuesta motivada y de fondo, dotada de invariabilidad y a la ejecución de lo resuelto. Consideramos que no hay motivación fáctica en la Sentencia puesto que señalamos que no se cumple con normas imperativas que relacionadas afectan a la motivación que el Tribunal debe llegar para resolver el objeto del debate veamos: El artículo 1.1 del CPC al decir: Artículo 1.- DERECHO DE ACCESO A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES. 1. Toda persona tiene derecho a peticionar ante los juzgados y tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. El precitado artículo está relacionado con el art. 691 al señalar la obligación mercantil que nace de la contraprestación siendo onerosas y 694 del Código de Comercio al decir puntualmente que las obligaciones mercantiles no hay periodos de gracia.[2] Esto es lo que motivo a comparecer ante el Juzgado por la mora en el pago de la obligación mercantil. Artículo 10.1.2. del CPC- PRINCIPIO DISPOSITIVO. 1. Salvo en los procesos no dispositivos con las particularidades que esta ley prevé, la parte que haya ejercido su derecho de acción determina con su pretensión el objeto del proceso; la parte que se oponga a la misma fija con su resistencia el objeto del debate. Lo mismo es aplicable en caso de reconvención. 2. La resolución del órgano jurisdiccional que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado, teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas. ARTÍCULO 12.5 del CPC.- FACULTADES PROCESALES... 5. El juez debe resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, pero no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. La falta de motivación en la sentencia incide en el fondo de la sentencia, ya que el Ad-quem hace una distorsión de los hechos de la demanda y de los hechos de derecho en el sentido que el silogismo jurídico utilizado para las conclusiones que llevan al fallo, no están debidamente motivados, en el sentido que le Ad-quem introduce elementos subjetivos como el hecho que hace una desvaloración de las certificaciones medicas aportadas al juicio, haciendo un parafraseo sobre que la Testadora podría hablar y entender el español, y que se puede hacer entender por la escritura, además ninguno de estos argumentos absurdos son comprobables con material probatorio sino que es una deducción sin soporte. Además, que lo importante es que de a conocer a quien quiere testar, la motivación es completamente absurda. La conclusión argumentativa del Tribunal de Alzada que decidió por mayoría de votos, violenta el art. 207 del CPC porqué el Tribunal debe motivar la sentencia de conformidad a las pruebas aportadas en juicio y no por valoraciones propias subjetivas y de estas motivaciones deficientes concluye el Ad-quem que la demanda debe ser desestimada. LA INCIDENCIA DE LA INFRACCION FRENTE A LA RESOLUCION IMPUGNADA Al conocer lo dispuesto como motivación por la Sala Constitucional quedan claro que la presente sentencia impugnada mediante el presente recurso extraordinario de Casación, al tener motivaciones subjetivas y absurdas con respecto a motivaciones absurdas, vicia los requisitos internos de la sentencia con respecto a la motivación. Es procedente que la Honorable Sala de lo Civil estime la procedencia del presente motivo casacional, debiendo dictar la sentencia de mérito casando la misma y dictando una Sentencia de conformidad a Derecho. CUARTO MOTIVO DE CASACION SE IMPUGNA LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN: LOS ACTOS Y GARANTÍAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCIÓN SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENSIÓN. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 719.1.b) del Código Procesal Civil que establece: “1.- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) … b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. c)... 2.-…” NORMA DE DERECHO INFRINGIDA El Código Procesal Civil establece: REQUISITOS INTERNOS DE LA SENTENCIA. ARTÍCULO 208.- CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. FUNDAMENTO DEL MOTIVO El art. 208 del Código Procesal Civil, regula la congruencia y para ello señalamos lo que la Honorable Sala de lo Constitucional ha expuesto sobre el requisito de la congruencia como requisito interno de la sentencia, además de doctrina y jurisprudencia española relativa al principio de congruencia que está ligada al debido proceso, veamos a continuación: La congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a los extremos alegados por las partes en forma clara, precisa y concisa; en especial deberá ser una exposición coherente y lógica, de tal suerte que el criterio del Juzgador quede explicado y comprendido con facilidad.” El derecho fundamental al debido proceso (adjetivo o formal), como el conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[3]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual el fallo que se emita llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Es en este momento donde el Estado de Derecho funciona al aparecer la tutela jurisdiccional efectiva, entendiendo el derecho fundamental al debido proceso (adjetivo o formal), como el conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[4]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual el fallo que se emita llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Es en este momento donde el Estado de Derecho funciona al aparecer la tutela jurisdiccional efectiva, que supone el derecho a esperar un fallo justo y acorde con el ordenamiento y procedimiento debido, de modo que no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que tiene que satisfacer materialmente el derecho reconocido. Es una obligación del Estado reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[5]. Todos los ciudadanos tenemos el derecho de acudir a los Tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso en el que se respeten tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. En el Fallo dictado en el expediente AC 281-10 por la Honorable Sala de lo Constitucional en su considerando 5 desarrolla lo que considera el Debido Proceso: “Considerando 5: Que el derecho al debido Proceso constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un límite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sean respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende entre otros el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, el derecho a ser oído, y el derecho a resoluciones debidamente motivadas; en ese orden de ideas esta Sala de lo Constitucional estima que toda sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad a fin de garantizar los derechos constitucionales de petición, defensa y debido proceso. La congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a los extremos alegados por las partes en forma clara, precisa y concisa: en especial deberá ser una exposición coherente y lógica, de tal suerte que el criterio del juzgador quede explicado y comprendido con facilidad. La exclusividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar repuesta a los extremos planteados, tal respuesta por parte del juzgador se hará en forma detallada de tal forma que no exista incertidumbre respecto de las razones que tuvo para decidir de esa forma y no otra; en otras palabras lo que no puede suceder es que se omita en el fallo referirse a todas y cada de las cuestiones que fueron objeto del debate en el proceso, ya que no hacerlo, indefectiblemente provocara la vulneración del derecho al debido proceso.” [CONGRUENCIA]. Como referencia la Sentencia del Tribunal Constitucional Español 101/1998 de 18 de mayo dice: 2. Es doctrina reiterada de este Tribunal que el derecho fundamental a la tutela judicial obliga a los Jueces y Tribunales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que se vengan planteadas de tal modo que el incumplimiento de dicha obligación constituye una lesión de aquel derecho fundamental. (STC 172/1997, fundamento jurídico 6, en la misma línea SSTC 14/1984, 142/2987, 69/1992, 91/1995 y 30/1998). Asimismo, consideramos que la Sentencia hoy censurada es completamente incongruente y para sostener nuestro alegato seguimos y apoyamos un fragmento de la obra “La Incongruencia de la Sentencia” por Eladio Escusol Barra, Magistrado de Tribunal Supremo Español, de la editorial Colex. Capitulo III. EL VICIO DE INCONGRUENCIA DE LAS SENTENCIAS A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO. Pag. 64 y 65. Expone: “Hemos dicho anteriormente que los principios dispositivos y congruencia, están íntimamente relacionados. Esa íntima relación nos facilita dar el concepto de congruencia y nos ayuda a establecer sus límites. La congruencia es un concepto jurídico procesal (v.gr. SSTS de 11 de Julio 1955, 23 junio de 1965, 10 de abril 1973, 16 de Julio 1992 y 4 de mayo 1993), que obliga al juzgador a decidir, conforme a derecho, sobre todas las cuestiones planteadas en el proceso por las partes. Pero ello no comporta que el juzgador quede vinculado a cuantos alegatos sean formulados. El juzgador está vinculado por el principio de la congruencia, a los hechos alegados en cuanto que éstos sean el soporte o fundamento relevante de la pretensión deducida. Por ello, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, de fecha 29 de Abril 1977, dijo que el principio de congruencia que el artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento Civil proclama, obliga que el fallo de la sentencia guarde sustancial acatamiento a lo solicitado y a los hechos en que la pretensión tenga su fundamento, sin que sea lícito al juzgador modificar éstos; y, completando el concepto de congruencia, la sentencia de dicha sala con fecha 14 de Noviembre de 1978, se expresó en el siguiente sentido: que el principio de congruencia entraña una relación de conformidad y concordancia entre las pretensiones que constituyen el objeto del proceso y la sentencia que le pone fin, pero que en manera alguna significa que el órgano judicial tenga que llevar a su juicio lógico todos los argumentos utilizados por los contendientes en apoyo de sus respectivas peticiones, sino que son éstas, estrictamente, las que delimitan el campo de la resolución.” La congruencia, pues, es un requisito esencial de la sentencia, consistente en la adecuada relación que ha de existir entre la pretensión procesal y la parte dispositiva de la sentencia, de suerte que no cabe que el juzgador traspase los límites de la pretensión. La sentencia no puede conceder ni negar lo que nadie haya pedido (ne eat iudex ultra petita partium), porque incurriría en incongruencia positiva; la sentencia debe decidir todas las pretensiones procesales deducidas en el pleito (ne eat iudex citra petita partium), porque incurrirían en incongruencia negativa o también llamada de omisión; la sentencia no puede dar algo distinto de lo pedido (ne eat iudex extra petita partium), porque incurriría en incongruencia mixta.” En consecuencia, la Sentencia no reúne los requisitos formales ni materiales que debe contener el fallo hoy impugnado. No fundamenta legalmente la sentencia sino con valoraciones subjetivas. LA INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN FRENTE A LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Para exponer de forma clara la infracción es preciso disgregar el FUNDAMENTO DE DERECHO DECIMO: El Tribunal de Alzada viene a concluir lo siguiente: 1) Se plantea la nulidad de dos testamentos nuncupativos otorgados ante Notario Público; y siendo que se trata de una misma testadora el ultimo testamento viene da derogar expresamente todos los anteriormente otorgados por disposición legal; consecuentemente, el testamento presentados por la testadora KIM SOON JA, en Instrumento Publico No. 244, autorizado por el notario SANTIAGO VALLADARES ARGUETA, en fecha 1 de noviembre de 2013, derogo expresa y tácitamente el anteriormente otorgado por la misma testadora en fecha 18 de enero de 2011, contenido en Instrumento Publico No. 259, autorizado por el notario JOSE REINALDO ANDINO M.; y revocado ese testamento, ninguna de las declaraciones o disposiciones contenidas en el, tendrá efecto alguno, ni aun para pruebas que alguien quiera aducir en juicio contra el testador, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1161 del Código Civil. Entonces, siendo que el primero de los testamentos quedo revocado no cabe referirse al mismo, puesto que con su revocatorio dejo de tener valor legal y por ello resulta improcedente que se pretenda anular el mismo si ya no existe y por ello la Juez de Primera Instancia no debió proceder a anular ese Instrumento Publico que ya no tiene validez legal ni consecuencias jurídicas. Porque afecta el principio de congruencia procesal, porque es una obligación del Juzgador y más el de Alzada quien viene a revocar la sentencia del A-quo, de dar respuesta a los extremos alegados por las partes, no a alterar la causa de pedir materia que la tiene excluida, es por ello por lo que hace incongruente el fundamento de derecho al excluir del pronunciamiento sobre el Instrumento Publico No. 259, autorizado por el notario JOSE REINALDO ANDINO M. de fecha 18 de enero de 2011, bajo el razonamiento inadecuado que de haber sido revocado ese testamento, ninguna de las declaraciones o disposiciones contenidas en el, tendrá efecto alguno, y argumento incongruente porque de anularse únicamente el segundo Instrumento Publico No. 244, autorizado por el notario SANTIAGO VALLADARES ARGUETA, en fecha 1 de noviembre de 2013, el instrumento 259 del año 2011, quedaría vigente porque la causa que originaba su revocación se extinguió. Sin embargo la causa petendi de mi mandante es la nulidad absoluta de los dos instrumentos antes citados por no reunir los requisitos formales que deben contener esta clase de instrumentos, es por ello que es GRAVE el hecho que el Tribunal de Alzada disponga “2)…solamente procede referirnos a los motivos de nulidad argumentados en cuanto al testamento abierto vigente, que es el que autorizo el Notario SANTIAGO VALLADARES ARGUETA.” excluir una pretensión admitida en la audiencia preliminar, violentando adicionalmente el principio dispositivo consagrado en el art. 10 del CPC. Es incongruente la argumentación del Ad- quem del mismo fundamento citado en su numeral 3) Aduce el demandante que la testadora SOON JA KIM, no se daba a entender en idioma español y que por tanto era inhábil para testar, que el Notario debió hacerse asistir de un intérprete para redactar el testamento; en ese sentido vemos que el testamento de marras se hizo constar por parte del Notario, que dicha señora ¨se encontraba en el pleno goce de sus facultades mentales y físicas, como asi parece al notario y testigos que dan fe y con el habla expedita para poder testar;¨, además el Notario consigno en el Instrumento ¨quién encontrándose en buen estado de Salud, a su entero y sano juicio, en el uso completo de sus facultades mentales y con el habla expedida para poder testar y hacerse entender, como así parece a los testigos que adelante nominaré y al suscrito Notario…¨ En relación con el acápite anterior, el hecho de exponer que el Notario autorizante dice: ¨se encontraba en el pleno goce de sus facultades mentales y físicas, como así parece al notario y testigos que dan fe y con el habla expedita para poder testar;¨, además el Notario consigno en el Instrumento ¨quién encontrándose en buen estado de Salud, a su entero y sano juicio, en el uso completo de sus facultades mentales y con el habla expedida para poder testar y hacerse entender, como así parece a los testigos que adelante nominaré y al suscrito Notario…¨ Creo que se está mal interpretando la fe notarial, con respecto a las condiciones de salud de la Señora KIM SOON JA, no es un requisito del art. 16 del Código de Notariado, dado que el Notario no es un profesional del Derecho para saber a ciencia cierta o afirmar tal condición, lo que si prevé la norma notarial es el hecho de que el compareciente afirme encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles (numeral 4 de la norma notarial precitada), por ser una persona extranjera si es un requisito formal que se encuentre un traductor como lo señala el art. 16 numeral 6 del Código de Notariado. Es extensivo el hecho de relacionar que le constan a los testigos la condición mental de la compareciente, lo cual tampoco es un requisito formal, como para dar alcance probatorio a una condición imposible de constatar por parte del Notario ya que no tiene los conocimientos para que concluya o determine tal condición de salud. Al confrontar con las constancias medicas aportadas hace cuestionable lo expresado en el instrumento. Expone el Tribunal de Alzada en el numeral 4) quienes realmente pudieron aclarar las dudas que ahora se pretenden imponer para demandar la nulidad del segundo Instrumento Público, son el propio notario SANTIAGO VALLADARES ARGUETA que lo autorizó así como los testigos que comparecieron al acto y que son los Abogados EDMUNDO NEPTALY UMANZOR OSORIO, MIRIAM MARLENE MALDONADO ORTIZ, ESTEFANIA ZAMORA SAUCEDA, pero por razones inexplicables tanto el cómo los testigos instrumentales no fueron llamados al juicio por el demandante, sembrando dudas sobre los argumentos que podrían dar todos ellos; pero ante tales falencias, es de suponer por mandamiento de ley (presunción legal que debe ser desbaratada por el impugnante del documento), que realmente el notario cumplió con todos esos requerimientos establecidos en el ordenamiento legal; y en cuanto a la intervención de un intérprete en la redacción de un Instrumento Publico, ya el artículo 16 del Código del Notariado, dispone que: ¨ los Instrumentos Públicos deben contener…6) ¨ La intervención de un intérprete designada por la persona que ignora el idioma español, quien prometerá el fiel cumplimiento de su cometido y firmará también el instrumento.¨. – vemos pues que es la propia persona que otorga el Instrumento ¨en este caso la testadora SOON JA KIM¨, ante la supuesta posibilidad de no hablar el español tal como así aduce el demandante, debió ella proceder a designar la intervención de un intérprete, pero no el notario; y si ella no lo hizo fue porque entendía, pretendía y podía darse a entender en nuestro idioma. Ante el numeral anterior el Tribunal argumenta incongruentemente cuando señala: “pero por razones inexplicables tanto el cómo los testigos instrumentales no fueron llamados al juicio por el demandante, sembrando dudas sobre los argumentos que podrían dar todos ellos; pero ante tales falencias” Véase la contestación de la demanda cuando dice el representante procesal en el último párrafo del HECHO SEGUNDO que dice textualmente: “En lo que se refiere a los supuestos requisitos que omitieron los notarios autorizantes, habrá que preguntarle a ellos y los seis testigos que presenciaron esos actos sí pudieron entenderse con la testadora, no demandar a mí representado, porque, repito, él no tuvo ninguna participación en la elaboración de esos instrumentos públicos.- También habría que preguntarle a los distintos notarios públicos que le sirvieron durante su vida aquí en Honduras si le pareció que tenía el hablé expedita y estaba en su sano juicio, para que, junto a los diferentes testigos que presenciaron los hechos en distintas oportunidades, la madre de mi representado podría estipular y expresar su última y deliberada voluntad en un acto testamentario o notarial.” Quien tiene la carga de la prueba con respecto a los alegatos de defensa es la parte Demandada, ella anuncia que será prueba de descargo, véase el artículo 238.2 del CPC que dice: CARGA DE LA PRUEBA. DISTRIBUCIÓN. 2. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o excluyan la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el numeral anterior. Y paralelamente relacionado con el Artículo 10.2. del CPC- PRINCIPIO DISPOSITIVO. 2. La resolución del órgano jurisdiccional que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado, teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas. Asimismo, el art. ARTÍCULO 11.1 y 2 CPC- APORTACIÓN DE PARTE. 1. Los hechos en que se deba fundar la resolución judicial de fondo se han de alegar por las partes en los momentos fijados por este Código. 2. Las pruebas que deban practicarse para la acreditación de los hechos controvertidos habrán de ser igualmente aportadas por las partes en el momento procesal dispuesto por este Código. En tal sentido se denota la falta de congruencia con síntomas de arbitrariedad en los argumentos del Tribunal de Alzada para dictar la sentencia hoy impugnada, ya que la arbitrariedad al no haber congruencia en los hechos de hecho y derecho, fundamentos jurídicos en que se funda el Tribunal de Alzada para emitir su fallo. El inciso 5) que argumenta sobre la fe pública notarial, no se puede entender sobre las manifestaciones que el Notario público no puede percibir con sus sentidos, ya que la condición de salud es una materia para un profesional de la medicina, por cuanto ese no ha sido un hecho controvertido. En el mismo literal 5) el Tribunal de Alzada se pronuncia al decir que la fe notarial no puede ser tirada al cesto de la basura con la simple declaración de un testigo que participó como fedatario en un instrumento público (ya derogado) y que posteriormente viene a desdecir lo que presenció y ratificó con su firma anteriormente ( es de preguntarse, ese testigo será creíble), obviamente la respuesta es no puesto que como es posible que participó como testigo en el otorgamiento de un instrumento público sin manifestar alguna objeción sobre la condiciones de la otorgante, y posteriormente manifiesta que la otorgante no habla el idioma en que se redactó aquel documento y del cual, junto a la notario participaron en su formalización. -Por lo que a criterio de este Tribunal su declaración pierde eficacia por sí sola, ya que no se sabe si en aquel momento faltó a la verdad o lo está haciendo ahora, lo que motivaría a investigar el hecho concreto y si ha incurrido en alguna acción contraria a la ley; pero esto corresponde a otras autoridades, pero si reafirmamos que de todas formas el testamento abierto en que el testigo ROBERTO RENE SOTO, quedó revocado expresa y tácitamente y sin ningún valor ni efecto con el otorgamiento del segundo testamento, y que es el que actualmente tiene vigencia.- Es un argumento incongruente porque anteriormente en el mismo fundamento de derecho DECIMO decía que no se pronunciaría sobre el instrumento 295 derogado, con ello puntualizo que es incongruente ya que por una parte dice que no se va a pronunciar y viene a hacer valoración probatorio a un medio de prueba de un instrumento que según los justiciables no se debía pronunciar. El Tribunal Arbitral en el numeral 6) vuelve a cometer incongruencia véase su argumentación: “en cuanto a las afirmaciones y certificaciones medicas agregadas al juicio por los doctores SUYAPA MAYEN GOMEZ, CIRCE JIMENEZ BUCHALTER, OVIDIO EDGARDO ALVARADO Y TULIO POMPEYO BONILLA, con las que se pretendió probar por la testadora SOON JA KIM, adolecía de varias enfermedades y necesitaba de un intérprete para hacerse entender en el idioma español en las diferentes citas médicas que realizó con ellos, no son contundentes y suficientes para refutar la fe pública notarial, pues si bien es cierto se expresa en dichas certificaciones medicas que la señora SOON JA KIM, se presentaba a los consultorios médicos acompañada de sus hijos que le servían de traductor por varias circunstancias como ser: la doctora CIRCE JIMENEZ, refiere ¨… porque no entendía el español…¨; la doctora SUYAPA GOMEZ ¨… que en cada consulta necesitaba de traductor…¨; el Doctor OVIDIO ALVARADO, ¨… siempre en la consulta necesitaba traducción por alguno de sus hijos…¨; el Doctor TULIO POMPEYO BONILLA, simplemente refiere que el hijo de la señora SOON JA KIM, sirve de traductor tales referencias medicas no denotan un convencimiento absoluto respecto si es que la señora SOON JA KIM no podía darse a entender dirigiéndose al médico, o necesitaba de traductor porque no entendía lo que el médico le indicaba, preguntaba o refería por no entender el idioma español; ya que cosa distinta es hablar un idioma y otra es no entenderlo, pues muchas personas ostentan la facilidad de hablar una lengua extranjera pero no entenderla, es decir se pueden dar a entender ya sea de palabras o por escrito, pero no entender lo que se les dice o se responde. y en asuntos notariales testamentarios el requisito indispensable para testar es PODER EXPRESAR SU VOLUNTAD YA SEA DE PALABRA O POR ESCRITO, ( Articulo 985 guarismo 4 del código civil), por lo que se desprende de tal precepto que perfectamente una persona puede comparecer ante un notario a expresar su voluntad de testar independiente si entiende o no el idioma español, pues basta que expresarse a quien o quienes desea constituir como sus herederos y de que cosas o derechos; en vista que el testar es un acto personalísimo, unilateral que no requiere de interlocutor alguno que le confirme, refute u objete lo expresado, y que por ello deba de entender lo que se le ha manifestado. – en este orden de ideas habiendo sido el resultado de dichas certificaciones medicas vagas e imprecisas pues no establecen los elementos señalados anteriormente, las mismas por sí solas no son suficientes para neutralizar los efectos jurídicos de la FE NOTARIAL impregnada en los instrumentos públicos de los cuales la parte demandante intenta su declaratoria de nulidad. 7) consecuentemente en el caso que nos ocupa, si bien es cierto que el demandante aportó medios probatorios al juicio, los mismos no son suficientes ni contundentes para demostrar que el testamento abierto otorgado por la señora SOON JA KIM, conocida también como KIM SOON JA, ante los oficios del Notario SANTIAGO VALLADARES ARGUETA, adolezca el vicio de forma alguno, al grado de que por tal motivo se impusiera la declaratoria judicial de su nulidad.” Hay incongruencia muy grave en este argumento abrazado por el Tribunal de Apelación, en el sentido que el requisito formal que el instrumento debe contener de tener un traductor es porque es una persona extranjera que ya los médicos han señalado necesitaba de un intérprete para hacerse entender en el idioma español, véase el artículo 985 del código Civil que dice: “La facultad de testar es indelegable.” El Tribunal cita el mismo artículo 985 guarismo 4 el cual no existe. Los testamentos son nulos porque el Testador no se podía de palabra o por escrito expresar. (Art. 987 párrafo primero Código Civil[6]) su voluntad ya que no tenía un traductor tal como lo dispone el art. 16 numeral 6 del Código de Notariado el cual es un requisito específico para extranjeros tomando en consideración que es de nacionalidad coreana. Cabe señalar que en el fundamento de derecho DECIMO SEGUNDO dice: DECIMO SEGUNDO: Además de lo anterior, es preciso mencionar que en la tramitación del presente proceso se ha pasado por alto un elemento procesal de ineludible observancia, como es determinar si las partes procesales que comparezcan al juicio ocupan la posición jurídica contrapuesta afirmando se titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, sea inter vivos, sea mortis causa.- En ese orden de ideas, el juez no solo puede, sino debe analizar de oficio la existencia o no, de la legitimación activa y pasiva; sin embargo, ello no obsta para que la parte demandada también pueda alegarla, complementando de esta forma el examen de oficio llevado a cabo por el juzgador, al igual que ocurre en todos los presupuestos procesales.- Pues bien, en consonancia con lo ya expuesto, el examen sobre la falta de legitimación debe llevarse a cabo como una cuestión previa, con anterioridad al dictado de la sentencia sobre el fondo, toda vez que: a)Cuando de las propias afirmaciones de la demanda se desprenda con claridad que el actor o es titular del derecho cuya tutela insta y no exista una norma de legitimación extraordinaria que le faculte a su ejercicio; b) Cuando de las propias afirmaciones de la demanda se desprenda que el demandado no es el sujeto obligado en la redacción jurídica objeto de la demanda. Por lo anterior, es totalmente claro que de las mismas afirmaciones de la parte demandante, la parte demandada en el presente caso no es el sujeto obligado en la relación jurídica objeta de la demanda pues este no ha participado en la creación del instrumento notarial del cual la parte demandante intenta se declara su nulidad.- Y sin embargo, a pesar de haber sido un alegato del demandado en el escrito de contestación de la demanda, aun así no ha habido respuesta a tal oposición; siendo un criterio de este juzgado que, no obstante debió haber sido objeto de observancia al inicio del proceso, cuando se ha omitido tal obligación y se ha llegado a la etapa de resolver el fondo del asunto, el resultado es indudablemente la desestimación de la acción incoada, pues no se puede condenar a quien no ha tenido ningún vínculo jurídico ni factico en el acto o hecho que motiva la demanda. Es completamente incongruente y absurdo el FUNDAMENTO DE DERECHO DECIMO SEGUNDO por la sencilla razón que el TESTAMENTO ABIERTO el heredero testamentario es la parte demandada en el presente juicio, por ello es incongruente tal argumentación, lo que lo vuelve arbitraria a todas luces, ya que el solo hecho de ser el heredero testamentario lo vuelve el sujeto pasivo procesal. Por lo cual, ante este motivo de casación invocado, y por las normas procesales que se denuncian es procedente que los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, proceda a CASAR el cuarto motivo ya que se ha quedado evidenciado la falta de congruencia que implica vicio de nulidad como ser la falta de este requisito esencial por lo cual debe de dictarse una nueva sentencia saneando los vicios de nulidad tal como lo dispone los artículos 9, 10,11. 1586 y 1589 del Código Civil. En tal sentido las normas sustantivas establecen que los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, por lo cual la falta de interprete incumple los requisitos sine qua non para que el testador designara un intérprete, siendo un requisito formal de los cuales debe constar ya que es un hecho acreditado que la Testadora KIM SOON JA necesitaba para comunicarse con un intérprete que en muchas ocasiones fue uno de los hijos, y siendo que también está acreditado en autos que los instrumentos cuestionados de nulidad no tienen la referencia del interprete que valide la voluntad de la testadora, motivo suficiente para no cumplir los requisitos formales, por cuanto cuando la ley declara nulo cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato, por lo cual la falta de este requisito implica un vicio absoluto, como es la falta de un intérprete que necesitaba la Testadora KIM SOON JA porque como ya hemos referido anteriormente está acreditado que necesitaba de un intérprete para darse a entender con sus médicos que la trataban de su problemas de salud. QUINTO MOTIVO DE CASACIÓN SE IMPUGNA LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN: LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 719.1.c) del Código Procesal Civil que establece: “1.- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) … b) … c) La forma y contenido de la sentencia. 2.-…” NORMA DE DERECHO INFRINGIDA El Código Procesal Civil establece: REQUISITOS INTERNOS DE LA SENTENCIA. ARTÍCULO 208.- CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. FUNDAMENTO DEL MOTIVO El art. 208 del Código Procesal Civil, regula la congruencia y para ello señalamos lo que la Honorable Sala de lo Constitucional ha expuesto sobre el requisito de la congruencia como requisito interno de la sentencia, además de doctrina y jurisprudencia española relativa al principio de congruencia que está ligada al debido proceso, veamos a continuación: La congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a los extremos alegados por las partes en forma clara, precisa y concisa; en especial deberá ser una exposición coherente y lógica, de tal suerte que el criterio del Juzgador quede explicado y comprendido con facilidad.” El derecho fundamental al debido proceso (adjetivo o formal), como el conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[7]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual el fallo que se emita llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Es en este momento donde el Estado de Derecho funciona al aparecer la tutela jurisdiccional efectiva, entendiendo el derecho fundamental al debido proceso (adjetivo o formal), como el conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[8]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual el fallo que se emita llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Es en este momento donde el Estado de Derecho funciona al aparecer la tutela jurisdiccional efectiva, que supone el derecho a esperar un fallo justo y acorde con el ordenamiento y procedimiento debido, de modo que no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que tiene que satisfacer materialmente el derecho reconocido. Es una obligación del Estado reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[9]. Todos los ciudadanos tenemos el derecho de acudir a los Tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso en el que se respeten tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. En el Fallo dictado en el expediente AC 281-10 por la Honorable Sala de lo Constitucional en su considerando 5 desarrolla lo que considera el Debido Proceso: “Considerando 5: Que el derecho al debido Proceso constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un límite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sean respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende entre otros el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, el derecho a ser oído, y el derecho a resoluciones debidamente motivadas; en ese orden de ideas esta Sala de lo Constitucional estima que toda sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad a fin de garantizar los derechos constitucionales de petición, defensa y debido proceso. La congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a los extremos alegados por las partes en forma clara, precisa y concisa: en especial deberá ser una exposición coherente y lógica, de tal suerte que el criterio del juzgador quede explicado y comprendido con facilidad. La exclusividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar repuesta a los extremos planteados, tal respuesta por parte del juzgador se hará en forma detallada de tal forma que no exista incertidumbre respecto de las razones que tuvo para decidir de esa forma y no otra; en otras palabras lo que no puede suceder es que se omita en el fallo referirse a todas y cada de las cuestiones que fueron objeto del debate en el proceso, ya que no hacerlo, indefectiblemente provocara la vulneración del derecho al debido proceso.” [CONGRUENCIA]. Como referencia la Sentencia del Tribunal Constitucional Español 101/1998 de 18 de mayo dice: 2. Es doctrina reiterada de este Tribunal que el derecho fundamental a la tutela judicial obliga a los Jueces y Tribunales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que se vengan planteadas de tal modo que el incumplimiento de dicha obligación constituye una lesión de aquel derecho fundamental. (STC 172/1997, fundamento jurídico 6, en la misma línea SSTC 14/1984, 142/2987, 69/1992, 91/1995 y 30/1998). Asimismo, consideramos que la Sentencia hoy censurada es completamente incongruente y para sostener nuestro alegato seguimos y apoyamos un fragmento de la obra “La Incongruencia de la Sentencia” por Eladio Escusol Barra, Magistrado de Tribunal Supremo Español, de la editorial Colex. Capitulo III. EL VICIO DE INCONGRUENCIA DE LAS SENTENCIAS A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO. Pag. 64 y 65. Expone: “Hemos dicho anteriormente que los principios dispositivos y congruencia, están íntimamente relacionados. Esa íntima relación nos facilita dar el concepto de congruencia y nos ayuda a establecer sus límites. La congruencia es un concepto jurídico procesal (v.gr. SSTS de 11 de Julio 1955, 23 junio de 1965, 10 de abril 1973, 16 de Julio 1992 y 4 de mayo 1993), que obliga al juzgador a decidir, conforme a derecho, sobre todas las cuestiones planteadas en el proceso por las partes. Pero ello no comporta que el juzgador quede vinculado a cuantos alegatos sean formulados. El juzgador está vinculado por el principio de la congruencia, a los hechos alegados en cuanto que éstos sean el soporte o fundamento relevante de la pretensión deducida. Por ello, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, de fecha 29 de Abril 1977, dijo que el principio de congruencia que el artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento Civil proclama, obliga que el fallo de la sentencia guarde sustancial acatamiento a lo solicitado y a los hechos en que la pretensión tenga su fundamento, sin que sea lícito al juzgador modificar éstos; y, completando el concepto de congruencia, la sentencia de dicha sala con fecha 14 de Noviembre de 1978, se expresó en el siguiente sentido: que el principio de congruencia entraña una relación de conformidad y concordancia entre las pretensiones que constituyen el objeto del proceso y la sentencia que le pone fin, pero que en manera alguna significa que el órgano judicial tenga que llevar a su juicio lógico todos los argumentos utilizados por los contendientes en apoyo de sus respectivas peticiones, sino que son éstas, estrictamente, las que delimitan el campo de la resolución.” La congruencia, pues, es un requisito esencial de la sentencia, consistente en la adecuada relación que ha de existir entre la pretensión procesal y la parte dispositiva de la sentencia, de suerte que no cabe que el juzgador traspase los límites de la pretensión. La sentencia no puede conceder ni negar lo que nadie haya pedido (ne eat iudex ultra petita partium), porque incurriría en incongruencia positiva; la sentencia debe decidir todas las pretensiones procesales deducidas en el pleito (ne eat iudex citra petita partium), porque incurrirían en incongruencia negativa o también llamada de omisión; la sentencia no puede dar algo distinto de lo pedido (ne eat iudex extra petita partium), porque incurriría en incongruencia mixta.” En consecuencia, la Sentencia no reúne los requisitos formales ni materiales que debe contener el fallo hoy impugnado. No fundamenta legalmente la sentencia sino con valoraciones subjetivas. LA INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN FRENTE A LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Para exponer de forma clara la infracción es preciso disgregar el FUNDAMENTO DE DERECHO DECIMO: El Tribunal de Alzada viene a concluir lo siguiente: 1) Se plantea la nulidad de dos testamentos nuncupativos otorgados ante Notario Público; y siendo que se trata de una misma testadora el ultimo testamento viene da derogar expresamente todos los anteriormente otorgados por disposición legal; consecuentemente, el testamento presentados por la testadora KIM SOON JA, en Instrumento Publico No. 244, autorizado por el notario SANTIAGO VALLADARES ARGUETA, en fecha 1 de noviembre de 2013, derogo expresa y tácitamente el anteriormente otorgado por la misma testadora en fecha 18 de enero de 2011, contenido en Instrumento Publico No. 259, autorizado por el notario JOSE REINALDO ANDINO M.; y revocado ese testamento, ninguna de las declaraciones o disposiciones contenidas en el, tendrá efecto alguno, ni aun para pruebas que alguien quiera aducir en juicio contra el testador, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1161 del Código Civil. – Entonces, siendo que el primero de los testamentos quedo revocado no cabe referirse al mismo, puesto que con su revocatorio dejo de tener valor legal y por ello resulta improcedente que se pretenda anular el mismo si ya no existe y por ello la Juez de Primera Instancia no debió proceder a anular ese Instrumento Publico que ya no tiene validez legal ni consecuencias jurídicas. Porque afecta el principio de congruencia procesal, porque es una obligación del Juzgador y más el de Alzada quien viene a revocar la sentencia del A-quo, ´de dar respuesta a los extremos alegados por las partes, no a alterar la causa de pedir materia que la tiene excluida, es por ello por lo que hace incongruente el fundamento de derecho al excluir del pronunciamiento sobre el Instrumento Publico No. 259, autorizado por el notario JOSE REINALDO ANDINO M. de fecha 18 de enero de 2011, bajo el razonamiento inadecuado que de haber sido revocado ese testamento, ninguna de las declaraciones o disposiciones contenidas en el, tendrá efecto alguno, y argumento incongruente porque de anularse únicamente el segundo Instrumento Publico No. 244, autorizado por el notario SANTIAGO VALLADARES ARGUETA, en fecha 1 de noviembre de 2013, el instrumento 259 del año 2011, quedaría vigente porque la causa que originaba su revocación se extinguió. Sin embargo la causa petendi de mi mandante es la nulidad absoluta de los dos instrumentos antes citados por no reunir los requisitos formales que deben contener esta clase de instrumentos, es por ello que es GRAVE el hecho que el Tribunal de Alzada disponga “2)…solamente procede referirnos a los motivos de nulidad argumentados en cuanto al testamento abierto vigente, que es el que autorizo el Notario SANTIAGO VALLADARES ARGUETA.” excluir una pretensión admitida en la audiencia preliminar, violentando adicionalmente el principio dispositivo consagrado en el art. 10 del CPC. Es incongruente la argumentación del Ad- quem del mismo fundamento citado en su numeral 3) Aduce el demandante que la testadora SOON JA KIM, no se daba a entender en idioma español y que por tanto era inhábil para testar, que el Notario debió hacerse asistir de un intérprete para redactar el testamento; en ese sentido vemos que el testamento de marras se hizo constar por parte del Notario, que dicha señora ¨se encontraba en el pleno goce de sus facultades mentales y físicas, como así parece al notario y testigos que dan fe y con el habla expedita para poder testar;¨, además el Notario consigno en el Instrumento ¨quién encontrándose en buen estado de Salud, a su entero y sano juicio, en el uso completo de sus facultades mentales y con el habla expedida para poder testar y hacerse entender, como así parece a los testigos que adelante nominaré y al suscrito Notario…¨ En relación con el acápite anterior, el hecho de exponer que el Notario autorizante dice: ¨se encontraba en el pleno goce de sus facultades mentales y físicas, como así parece al notario y testigos que dan fe y con el habla expedita para poder testar;¨, además el Notario consigno en el Instrumento ¨quién encontrándose en buen estado de Salud, a su entero y sano juicio, en el uso completo de sus facultades mentales y con el habla expedida para poder testar y hacerse entender, como así parece a los testigos que adelante nominaré y al suscrito Notario…¨ Creo que se está mal interpretando la fe notarial, con respecto a las condiciones de salud de la Señora KIM SOON JA, no es un requisito del art. 16 del Código de Notariado, dado que el Notario no es un profesional del Derecho para saber a ciencia cierta o afirmar tal condición, lo que si prevé la norma notarial es el hecho de que el compareciente afirme encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles (numeral 4 de la norma notarial precitada), por ser una persona extranjera si es un requisito formal que se encuentre un traductor como lo señala el art. 16 numeral 6 del Código de Notariado. Es extensivo el hecho de relacionar que le constan a los testigos la condición mental de la compareciente, lo cual tampoco es un requisito formal, como para dar alcance probatorio a una condición imposible de constatar por parte del Notario ya que no tiene los conocimientos para que concluya o determine tal condición de salud. Al confrontar con las constancias medicas aportadas hace cuestionable lo expresado en el instrumento. Expone el Tribunal de Alzada en el numeral 4) quienes realmente pudieron aclarar las dudas que ahora se pretenden imponer para demandar la nulidad del segundo Instrumento Público, son el propio notario SANTIAGO VALLADARES ARGUETA que lo autorizó así como los testigos que comparecieron al acto y que son los Abogados EDMUNDO NEPTALY UMANZOR OSORIO, MIRIAM MARLENE MALDONADO ORTIZ, ESTEFANIA ZAMORA SAUCEDA, pero por razones inexplicables tanto el cómo los testigos instrumentales no fueron llamados al juicio por el demandante, sembrando dudas sobre los argumentos que podrían dar todos ellos; pero ante tales falencias, es de suponer por mandamiento de ley (presunción legal que debe ser desbaratada por el impugnante del documento), que realmente el notario cumplió con todos esos requerimientos establecidos en el ordenamiento legal; y en cuanto a la intervención de un intérprete en la redacción de un Instrumento Publico, ya el artículo 16 del Código del Notariado, dispone que: ¨ los Instrumentos Públicos deben contener…6) ¨ La intervención de un intérprete designada por la persona que ignora el idioma español, quien prometerá el fiel cumplimiento de su cometido y firmará también el instrumento.¨. – vemos pues que es la propia persona que otorga el Instrumento ¨en este caso la testadora SOON JA KIM¨, ante la supuesta posibilidad de no hablar el español tal como así aduce el demandante, debió ella proceder a designar la intervención de un intérprete, pero no el notario; y si ella no lo hizo fue porque entendía, pretendía y podía darse a entender en nuestro idioma. Ante el numeral anterior el Tribunal argumenta incongruentemente cuando señala: “pero por razones inexplicables tanto el cómo los testigos instrumentales no fueron llamados al juicio por el demandante, sembrando dudas sobre los argumentos que podrían dar todos ellos; pero ante tales falencias” Véase la contestación de la demanda cuando dice el representante procesal en el último párrafo del HECHO SEGUNDO que dice textualmente: “En lo que se refiere a los supuestos requisitos que omitieron los notarios autorizantes, habrá que preguntarle a ellos y los seis testigos que presenciaron esos actos sí pudieron entenderse con la testadora, no demandar a mí representado, porque, repito, él no tuvo ninguna participación en la elaboración de esos instrumentos públicos.- También habría que preguntarle a los distintos notarios públicos que le sirvieron durante su vida aquí en Honduras si le pareció que tenía el hablé expedita y estaba en su sano juicio, para que, junto a los diferentes testigos que presenciaron los hechos en distintas oportunidades, la madre de mi representado podría estipular y expresar su última y deliberada voluntad en un acto testamentario o notarial.” Quien tiene la carga de la prueba con respecto a los alegatos de defensa es la parte Demandada, ella anuncia que será prueba de descargo, véase el artículo 238.2 del CPC que dice: CARGA DE LA PRUEBA. DISTRIBUCIÓN. 2. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o excluyan la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el numeral anterior. Y paralelamente relacionado con el Artículo 10.2. del CPC- PRINCIPIO DISPOSITIVO. 2. La resolución del órgano jurisdiccional que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado, teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas. Asimismo, el art. ARTÍCULO 11.1 y 2 CPC- APORTACIÓN DE PARTE. 1. Los hechos en que se deba fundar la resolución judicial de fondo se han de alegar por las partes en los momentos fijados por este Código. 2. Las pruebas que deban practicarse para la acreditación de los hechos controvertidos habrán de ser igualmente aportadas por las partes en el momento procesal dispuesto por este Código. En tal sentido se denota la falta de congruencia con síntomas de arbitrariedad en los argumentos del Tribunal de Alzada para dictar la sentencia hoy impugnada, ya que la arbitrariedad al no haber congruencia en los hechos de hecho y derecho, fundamentos jurídicos en que se funda el Tribunal de Alzada para emitir su fallo. El inciso 5) que argumenta sobre la fe pública notarial, no se puede entender sobre las manifestaciones que el Notario público no puede percibir con sus sentidos, ya que la condición de salud es una materia para un profesional de la medicina, por cuanto ese no ha sido un hecho controvertido. En el mismo literal 5) el Tribunal de Alzada se pronuncia al decir que la fe notarial no puede ser tirada al cesto de la basura con la simple declaración de un testigo que participó como fedatario en un instrumento público (ya derogado) y que posteriormente viene a desdecir lo que presenció y ratificó con su firma anteriormente (es de preguntarse, ese testigo será creíble), obviamente la respuesta es no puesto que como es posible que participó como testigo en el otorgamiento de un instrumento público sin manifestar alguna objeción sobre la condiciones de la otorgante, y posteriormente manifiesta que la otorgante no habla el idioma en que se redactó aquel documento y del cual, junto a la notario participaron en su formalización. -Por lo que a criterio de este Tribunal su declaración pierde eficacia por sí sola, ya que no se sabe si en aquel momento faltó a la verdad o lo está haciendo ahora, lo que motivaría a investigar el hecho concreto y si ha incurrido en alguna acción contraria a la ley; pero esto corresponde a otras autoridades, pero si reafirmamos que de todas formas el testamento abierto en que el testigo ROBERTO RENE SOTO, quedó revocado expresa y tácitamente y sin ningún valor ni efecto con el otorgamiento del segundo testamento, y que es el que actualmente tiene vigencia.- Es un argumento incongruente porque anteriormente en el mismo fundamento de derecho DECIMO decía que no se pronunciaría sobre el instrumento 295 derogado, con ello puntualizo que es incongruente ya que por una parte dice que no se va a pronunciar y viene a hacer valoración probatorio a un medio de prueba de un instrumento que según los justiciables no se debía pronunciar. El Tribunal Arbitral en el numeral 6) vuelve a cometer incongruencia véase su argumentación: “en cuanto a las afirmaciones y certificaciones medicas agregadas al juicio por los doctores SUYAPA MAYEN GOMEZ, CIRCE JIMENEZ BUCHALTER, OVIDIO EDGARDO ALVARADO Y TULIO POMPEYO BONILLA, con las que se pretendió probar por la testadora SOON JA KIM, adolecía de varias enfermedades y necesitaba de un intérprete para hacerse entender en el idioma español en las diferentes citas médicas que realizó con ellos, no son contundentes y suficientes para refutar la fe pública notarial, pues si bien es cierto se expresa en dichas certificaciones medicas que la señora SOON JA KIM, se presentaba a los consultorios médicos acompañada de sus hijos que le servían de traductor por varias circunstancias como ser: la doctora CIRCE JIMENEZ, refiere ¨… porque no entendía el español…¨; la doctora SUYAPA GOMEZ ¨… que en cada consulta necesitaba de traductor…¨; el Doctor OVIDIO ALVARADO, ¨… siempre en la consulta necesitaba traducción por alguno de sus hijos…¨; el Doctor TULIO POMPEYO BONILLA, simplemente refiere que el hijo de la señora SOON JA KIM, sirve de traductor tales referencias medicas no denotan un convencimiento absoluto respecto si es que la señora SOON JA KIM no podía darse a entender dirigiéndose al médico, o necesitaba de traductor porque no entendía lo que el médico le indicaba, preguntaba o refería por no entender el idioma español; ya que cosa distinta es hablar un idioma y otra es no entenderlo, pues muchas personas ostentan la facilidad de hablar una lengua extranjera pero no entenderla, es decir se pueden dar a entender ya sea de palabras o por escrito, pero no entender lo que se les dice o se responde. – y en asuntos notariales testamentarios el requisito indispensable para testar es PODER EXPRESAR SU VOLUNTAD YA SEA DE PALABRA O POR ESCRITO, ( Articulo 985 guarismo 4 del código civil), por lo que se desprende de tal precepto que perfectamente una persona puede comparecer ante un notario a expresar su voluntad de testar independiente si entiende o no el idioma español, pues basta que expresarse a quien o quienes desea constituir como sus herederos y de que cosas o derechos; en vista que el testar es un acto personalísimo, unilateral que no requiere de interlocutor alguno que le confirme, refute u objete lo expresado, y que por ello deba de entender lo que se le ha manifestado. – en este orden de ideas habiendo sido el resultado de dichas certificaciones medicas vagas e imprecisas pues no establecen los elementos señalados anteriormente, las mismas por sí solas no son suficientes para neutralizar los efectos jurídicos de la FE NOTARIAL impregnada en los instrumentos públicos de los cuales la parte demandante intenta su declaratoria de nulidad. 7) consecuentemente en el caso que nos ocupa, si bien es cierto que el demandante aportó medios probatorios al juicio, los mismos no son suficientes ni contundentes para demostrar que el testamento abierto otorgado por la señora SOON JA KIM, conocida también como KIM SOON JA, ante los oficios del Notario SANTIAGO VALLADARES ARGUETA, adolezca el vicio de forma alguno, al grado de que por tal motivo se impusiera la declaratoria judicial de su nulidad.” Hay incongruencia muy grave en este argumento abrazado por el Tribunal de Apelación, en el sentido que el requisito formal que el instrumento debe contener de tener un traductor es porque es una persona extranjera que ya los médicos han señalado necesitaba de un intérprete para hacerse entender en el idioma español, véase el artículo 985 del código Civil que dice: “La facultad de testar es indelegable.” El Tribunal cita el mismo artículo 985 guarismo 4 el cual no existe. Los testamentos son nulos porque el Testador no se podía de palabra o por escrito expresar. (Art. 987 párrafo primero Código Civil[10]) su voluntad ya que no tenía un traductor tal como lo dispone el art. 16 numeral 6 del Código de Notariado el cual es un requisito específico para extranjeros tomando en consideración que es de nacionalidad coreana. Cabe señalar que en el fundamento de derecho DECIMO SEGUNDO dice: DECIMO SEGUNDO: Además de lo anterior, es preciso mencionar que en la tramitación del presente proceso se ha pasado por alto un elemento procesal de ineludible observancia, como es determinar si las partes procesales que comparezcan al juicio ocupan la posición jurídica contrapuesta afirmando se titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, sea inter vivos, sea mortis causa.- En ese orden de ideas, el juez no solo puede, sino debe analizar de oficio la existencia o no, de la legitimación activa y pasiva; sin embargo, ello no obsta para que la parte demandada también pueda alegarla, complementando de esta forma el examen de oficio llevado a cabo por el juzgador, al igual que ocurre en todos los presupuestos procesales.- Pues bien, en consonancia con lo ya expuesto, el examen sobre la falta de legitimación debe llevarse a cabo como una cuestión previa, con anterioridad al dictado de la sentencia sobre el fondo, toda vez que: a) Cuando de las propias afirmaciones de la demanda se desprenda con claridad que el actor o es titular del derecho cuya tutela insta y no exista una norma de legitimación extraordinaria que le faculte a su ejercicio; b) Cuando de las propias afirmaciones de la demanda se desprenda que el demandado no es el sujeto obligado en la redacción jurídica objeto de la demanda. Por lo anterior, es totalmente claro que de las mismas afirmaciones de la parte demandante, la parte demandada en el presente caso no es el sujeto obligado en la relación jurídica objeta de la demanda pues este no ha participado en la creación del instrumento notarial del cual la parte demandante intenta se declara su nulidad.- Y sin embargo, a pesar de haber sido un alegato del demandado en el escrito de contestación de la demanda, aun así no ha habido respuesta a tal oposición; siendo un criterio de este juzgado que, no obstante debió haber sido objeto de observancia al inicio del proceso, cuando se ha omitido tal obligación y se ha llegado a la etapa de resolver el fondo del asunto, el resultado es indudablemente la desestimación de la acción incoada, pues no se puede condenar a quien no ha tenido ningún vínculo jurídico ni factico en el acto o hecho que motiva la demanda. Es completamente incongruente y absurdo el FUNDAMENTO DE DERECHO DECIMO SEGUNDO por la sencilla razón que el TESTAMENTO ABIERTO el heredero testamentario es la parte demandada en el presente juicio, por ello es incongruente tal argumentación, lo que lo vuelve arbitraria a todas luces, ya que el solo hecho de ser el heredero testamentario lo vuelve el sujeto pasivo procesal. Por lo cual, ante este motivo de casación invocado, y por las normas procesales que se denuncian es procedente que los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, proceda a CASAR el quinto motivo ya que se ha quedado evidenciado la falta de congruencia que implica vicio de nulidad como ser la falta de este requisito esencial por lo cual debe de dictarse una nueva sentencia saneando los vicios de nulidad tal como lo dispone los artículos 9, 10,11. 1586 y 1589 del Código Civil. En tal sentido las normas sustantivas establecen que los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, por lo cual la falta de interprete incumple los requisitos sine qua non para que el testador designara un intérprete, siendo un requisito formal de los cuales debe constar ya que es un hecho acreditado que la Testadora KIM SOON JA necesitaba para comunicarse con un intérprete que en muchas ocasiones fue uno de los hijos, y siendo que también está acreditado en autos que los instrumentos cuestionados de nulidad no tienen la referencia del interprete que valide la voluntad de la testadora, motivo suficiente para no cumplir los requisitos formales, por cuanto cuando la ley declara nulo cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato, por lo cual la falta de este requisito implica un vicio absoluto, como es la falta de un intérprete que necesitaba la Testadora KIM SOON JA porque como ya hemos referido anteriormente está acreditado que necesitaba de un intérprete para darse a entender con sus médicos que la trataban de su problemas de salud NULIDAD SUBSIDIARIA. Tal como se ha expuesto en los motivos que anteceden, la Corte recurrida ha dictado un fallo incongruente, con defectos de forma que resalta de su simple lectura, pero además a pesar de sustentarse ahora mediante disposición sustantiva, tal como puede apreciarse de la parte dispositiva de dicho fallo, la misma al citar artículos sustantivos que no guardan aplicación al fondo del juicio limita la defensa de esta parte procesal porque tal como se ha denunciado en los motivos casacionales no son de recibo los fundamentos invocados además de citar disposiciones procesales todo lo cual implica un obstáculo para el mismo Recurso de Casación, ya que no se puede atacar la aplicación de normas sustantivas que no están fundamentadas en la parte resolutiva del fallo, con lo cual se violenta el deber de citar las leyes en que se funden las sentencias, tal como lo determina el artículo 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil. Asimismo, como el hecho de señalar aspectos que no han sido debatidos en juicio como ser los motivos de aducir una falta de capacidad legal para demandar o derecho para demanda sin que la otra parte lo haya alegado y que esta parte procesal pueda responder vulnerando el derecho a la defensa. “Iura novita curia” Los jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido. Es por ello, que procede se anule el fallo recurrido, a efecto de que dicho Tribunal proceda de conformidad a derecho, ya que todo ello indica que dicho Tribunal infringió el artículo 200 del Código Procesal Civil, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del mismo Código Procesal Civil, ya que dicha sentencia no resulta clara, precisa ni congruente con las cuestiones del debate y las pretensiones deducidas oportunamente en dichas diligencias.” SEPTIMO: El abogado Daniel Torres Herrera, plantea pronunciamiento sobre la formalización del recurso de casación hecho por la contraparte de la siguiente manera: (Sic) “A LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO En el primer motivo la impetrante denuncia que “SE IMPUGNA LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN: LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA”. Esto equivale a decir la forma y contenido de la sentencia, en cuanto a la motivación fáctica. El impetrante del recurso de casación, en su primer motivo, claramente trata de confundir a la Honorable Sala Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, al pretender dar a entender que el Tribunal de Segunda Instancia, al dictar su sentencia definitiva en el caso en estudio, no hizo clara aplicación de lo establecido en el artículo 206 del Código Procesal Civil, que se refiere estrictamente a los requisitos internos de la sentencia, es decir, a su manera quiere hacer ver, que dicho Tribunal, no ha dictado una sentencia conforme a sus intereses, digo esto, porque, al hacer el análisis del fallo, encontramos que éste, si está redactado hasta la saciedad con plena claridad, precisión y exhaustividad y; que, bajo ninguna circunstancia se aparta de la causa de pedir; pues, la resuelve en toda su extensión y tomando en cuenta todos y cada uno de los puntos tratados por ambas partes contendientes. Si el fallo impugnado no satisface al impetrante del recurso de casación; es, simple y sencillamente, porque, para el caso de dejar fuera de discusión el primer testamento contenido en instrumento público número 259 autorizado por el Notario José Reynaldo Andino M., fue precisamente porque, en uso de sus facultades, dejó de discutir no solo la efectividad o no de ese instrumento, sino que, deja precisa y claramente establecido el hecho que, si el mismo instrumento dejó de existir o quedó fuera de la esfera jurídica por no causar ya ningún efecto, por haber sido revocado por un nuevo testamento contenido en otro instrumento absolutamente vigente, no es necesario referirse a él.- Insisto porque ya no existe y al no existir no produce ningún efecto de cualquier manera.- No puede la Honorable Corte Primera de Apelaciones Civil de este departamento de Francisco Morazán, devolverle la vida a ese instrumento inexistente jurídicamente hablando, para aniquilarlo después nuevamente si ya lo había hecho la testadora de manera expresa al otorgar un nuevo y último acto testamentario, de modo que, cuando no exista un fundamento del recurso y el motivo de casación se apoya en normas meramente procesales, no de derecho sustantivo, tal el caso en estudio, como bien lo sostiene la doctrina no es procedente siquiera admitirlo, reitero, porque ese fundamento de derecho sustantivo no existe, por lo tanto, tampoco lo autoriza para ello, es decir, para sustentar su motivo de casación en normas meramente de procedimiento. Todos los demás preceptos legales invocados por el recurrente han sido observados a cabalidad por la Corte de Apelaciones Civil que dictó el fallo; lo único que no ha hecho dicho Tribunal de Alzada es conceder los caprichos del demandante, pues, ha tenido acceso completo a los Tribunales de Justicia y tal como se indica al inicio de los fundamentos jurídicos del fallo impugnado, la Honorable Corte Primera de Apelaciones Civil recurrida sí cuenta con la capacidad legal para dirimir esta situación en base a derecho y haciendo estricta aplicación de la normativa legal existente. La motivación de la sentencia si bien se refiere a varios puntos en particular, para los efectos prácticos es una sola, como un silogismo, comprende dos premisas y una conclusión; y si las premisas son erróneas igual lo será la conclusión, además, la infracción de las normas jurídicas eran las mismas para la motivación defectuosa.- De la lectura del primer motivo se desprende fácilmente que sí se cumplió con este requisito y si bien es cierto no se le puso título, eso no significa que no se dio cumplimiento a ello, tomar un argumento para rebatir el motivo de casación es llevar el cuestionamiento al rigorismo y formalismo. SOBRE LA INADMISIBILIDAD DEL MOTIVO El artículo 723 numeral 2, literal a) del Código Procesal Civil, establece que se podrá inadmitir el motivo en caso de concurrir “incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidas por este código para el escrito de interposición y formalización, entre las que se comprende la falta de la relación de las normas de derecho citadas como infringidas con las cuestiones debatidas y la pretensión de que se revise la interpretación y valoración de las pruebas”. De esta manera, la citada norma determina que le incumplimiento de las exigencias y requisitos del escrito de interposición y formalización del Recurso de Casación, constituye una causal de admisibilidad.- Y el artículo 721 numeral 2 del mismo código determina las exigencias y requisitos del Recurso al prescribir: “En este escrito se harán constar los motivos en que la Casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo.- Todo ello se deberá fundamentar con la debida separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada”. Y, siendo, que, en el presente caso el casacionista no ha cumplido con la normativa legal vigente a la que nos hemos referido anteriormente, es decir que su libelo adolece de: a) Falta de separación y claridad de las infracciones que alega; y, b) Omite la expresión sobre la incidencia de la infracción en la resolución impugnada, exigencia puntual acogida en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil, que a la letra dice: “Por medio del Recurso de Casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia”. Así, siendo que las infracciones denunciadas por el recurrente resultan improcedentes, reafirmamos nuestra posición del porqué el primer motivo no puede prosperar y debe ser inadmitido. SEGUNDO MOTIVO En el segundo motivo el recurrente denuncia: “SE IMPUGNA LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN: LOS ACTOS Y GARANTÍAS CUANDO SU INFRACCIÓN SUPUNGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENSIÓN”. Lo relacionado prima facie en el segundo motivo de casación que se impugna, es una copia literal del primer motivo ya tratado, con la leve diferencia que ahora el impetrante, en una jugada de palabras sin concordancia alguna, alega que la infracción tratada en el indicado primer motivo, ahora debe de verse en este segundo como un motivo de nulidad, dadas las explicaciones a su antojo o de acuerdo a su manera de entender las cosas en relación a la materia de la casación.- Lamentamos que desconozca el sentido y razón del Recurso de Casación y por eso, adelante le señalaremos lo que al respecto ha dejado asentado la Honorable Corte Suprema de Justicia, esto es eminentemente técnico y así debe ser tratado. Al respecto, queremos dejar claramente establecido el hecho de que, estamos totalmente de acuerdo con el impetrante en que, si fuera el caso de estudio que nos ocupa, la realidad de lo que él narra o le han contado, entonces de nuestra parte jamás señalaríamos el hecho que el resto de documentos tanto públicos como privados que suscribió el demandante con su madre quien en vida fuera la testadora, en donde, en ninguno de ellos se ocupó de decir que había necesidad de nombrarle un traductor porque simple y sencillamente solo a él le beneficiaban y no lo necesitaba, debido a que, tal como lo señalaron los distintos Notarios en estricto apego a derecho, a ellos y a los testigos, les pareció que se encontraba en su sano juicio, con el habla expedita y se pudieron dar a entender con la testadora; y, como, el impetrante equivocadamente y por la fuerza como tantas veces lo hemos dicho hasta la saciedad, no los demandó para saber la verdad de si quien le dio la vida al demandante se podía dar a entender en el idioma español o castellano o si lo hablaba y escribía el castellano, con el agravante de no haber podido probar su incapacidad para ello, mas bien, se encargó de presentar en otros juicios como medios de prueba documentos firmados por él y su difunta madre en perfecto español sin necesidad de requerir de la asistencia de un traductor. Por esas razones tan claras como la luz del sol vista a pleno día, no existe ninguna infracción como la que señala el impetrante en su segundo motivo de casación, máxime cuando tuvo toda la oportunidad de probar su demanda y comparecer a todas las audiencias que se suscitaron durante el juicio sin restricciones de ninguna naturaleza, por lo que, está desautorizado para alegar indefensión, así como tampoco puede alegar o basar su recurso en normas de procedimiento únicamente porque su propio planteamiento lo vuelve inadmisible como lo dispone la doctrina y así lo ha reiterado la Honorable Corte Suprema de Justicia que se encargará de resolver esta situación en base a la ley. Reiteramos, que la sentencia recurrida por el impetrante reúne todos los requisitos exigidos por el artículo que él utiliza para impugnarla, es decir, es clara, precisa y exhaustiva, de manera que no deja duda en ningún aspecto a pesar del voto disidente o particular, lo único es, que, en su existencia afecta los intereses de una persona que ha pregonado ser la ley y nadie más que la ley de acuerdo a su cultura, quieran o no las autoridades judiciales de nuestra querida Honduras, tal como se lo hizo saber a la propia Juez de Primera Instancia en una de las tantas audiencias llevadas a cabo. Es contradictorio el recurrente en casación, al afirmar que cuando la ley declara nulo un acto con el fin expreso de precaver un fraude, o de proveer a algún objeto de conveniencia pública o privada, no se dejará de aplicar la ley, aunque se pruebe que el acto que ella anula no ha sido fraudulento contrario al fin de la ley.- Al respecto, manifiesto que en el instrumento número 244 del mes de noviembre del año 2013, autorizado por el Notario Santiago Valladares Argueta, por parte de la otorgante la testadora ahora difunta se hizo estricto cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 1161 del Código Civil, al derogar expresamente el primer testamento autorizado por el Notario José Reynaldo Andino M., contenido en instrumento número 259 del mes enero del año 2011, se le dio fiel cumplimiento a la ley, precisamente, para evitar casos como el que nos ocupa, de lo contrario, sí se habría cometido un quebranto a la ley por parte del Notario indicado, si no hubiera advertido a la testadora que, como consecuencia del otorgamiento de su nuevo testamento, por mandado expreso suyo y de la ley, en este caso, del artículo 1161 del Código Civil, quedaba derogado cualquier otro testamento anterior que hubiera otorgado.- En el caso que nos ocupa, se dio cumplimiento a ese precepto jurídico, por lo tanto, este motivo segundo de casación basado en normas de procedimiento, debe ser desestimado, declarándolo inadmisible y mandarlo a los archivos del Poder Judicial para que conste su admisión e inaplicabilidad desde el punto de vista jurídico para la eternidad. Finalizo impugnando este segundo motivo, afirmando que la Honorable Corte de Apelaciones Civil recurrida, tampoco ha resuelto más de lo pedido como malintencionadamente lo asegura el recurrente, ni mucho menos ha dejado de pronunciarse sobre algún aspecto, porque, ha hecho estricta aplicación de la ley de procedimiento al caso que nos ocupa, resolviendo todos los puntos litigiosos tratados por las partes, con el agravante que el referido recurrente sin haber probado los hechos en que basó su demanda, ahora por la vía de la interpretación pretende que se le conceda la razón, lo cual si sería atentatorio del principio de legalidad y de legítima defensa, ya que, dicho impetrante quiere además que se reviva un muerto para volverlo a poner en esa condición como lo fue el instrumento autorizado por el Notario Andino que sin ninguna duda ya había sido aniquilado por el nuevo instrumento que autorizó el Notario Valladares, con motivo del otorgamiento hecho por la testadora quien en vida fuera la honorable señora SOON JA KIM a quien mezquinamente su hijo mayor hoy demandante quiere ordenarle hasta en su última morada.- No existe pues ninguna alteración a los actos y garantías procesales cuya infracción suponga la nulidad o produjera indefensión; y, al no darse ni lo uno ni lo otro, el motivo alegado debe desestimarse. El presente motivo de casación también debe ser inadmitido, puesto que contiene elementos repetitivos del primer motivo y no aportan nada nuevo al análisis pretendido. TERCER MOTIVO En el tercer motivo de casación, el recurrente denuncia que “SE IMPUGNA LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA”. Continuando con el intento por parte del impetrante del recurso de casación, nuevamente, en este tercer motivo de pretender confundir a la Honorable Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia que es la que en definitiva resolverá este recurso, al señalar que la decisión del Tribunal de Apelación es la de revocar la sentencia impugnada dictando una nueva, algo totalmente disparatoso; pues, al analizar el recurso de apelación que de nuestra parte se interpuso y luego de rever la sentencia apelada, la Honorable Corte de Apelaciones Civil, efectúa un análisis minucioso de toda la sentencia de Primer Grado, en especial, pone sobre la balanza el haz probatorio del que hicieron uso ambas partes contendientes, para llegar a la convicción de que el Juzgador de Primera Instancia estaba totalmente equivocado hablando en términos legales y forma su convencimiento para llegar a la conclusión que hoy afecta los intereses del recurrente, lo cual deja claramente establecido de manera motivada de acuerdo a su propia interpretación luego del análisis respectivo y de imponerse tanto de los agravios como de la contestación de éstos. No existe en la sentencia recurrida la falta de motivación que alega el impetrante del recurso, ni mucho menos quebranto del debido proceso, lo que sucede en este caso concreto, es el hecho de que, cuando están invocadas, normas procesales y normas materiales como se invoca en este motivo tercero, la Honorable Corte Suprema de Justicia se pronunciará sobre las normas materiales.- Sin embargo, después de haber hecho ese análisis, dispone el hecho de que no exista infracción procesal que pueda invalidar el procedimiento, lo que no fue alegado ni deducido en el momento procesal oportuno.- La Honorable Corte de Apelaciones Civil recurrida hizo estricta aplicación de las normas procesales que rigen el procedimiento y otros fundamentos de derecho que ni siquiera fueron invocados por el recurrente en su momento, dado que, eso está dentro de la esfera de sus atribuciones.- Tampoco en el caso de autos existe indefensión pues el recurrente ha tenido acceso a los Tribunales de Justicia, ha abusado de ese derecho en demasía; y, sobre todo, no existe a lo largo del proceso, un reclamo de su parte para que hoy invoque resoluciones dictadas en un recurso de Amparo que no son aplicables a este caso concreto. De otro lado, sabemos y así ha quedado establecido en distintos fallos dictados por los tribunales, que la forma en que debe ajustarse la redacción de las sentencias en base a lo prescrito en el artículo 200 del Código Procesal Civil, conlleva a seguir la siguiente estructuración: 1) Encabezamiento; 2) Antecedentes de hecho; 3) Valoración de la prueba y hechos probados (que son parte de los antecedentes de hecho y no acápite distinto); 4) Fundamentos de derecho, que no deben limitarse a una simple transcripción literal de los artículos legales en los que se fundamenta el fallo; y, 5) Parte dispositiva.- Estos señalamientos no son un mero capricho, sino que una exigencia del legislador, tal como se señala en el artículo 200 del Código Procesal Civil.- A efecto de establecer la forma y el contenido correcto de las sentencias, éstas deberán constar de: 1) ENCABEZAMIENTO, en el que se expresará el nombre de las partes, legitimación y representación, el de sus apoderados legales y el objeto del proceso.- Además se identificará el lugar y fecha en que se adopte la resolución, el tribunal que la emite, la firma y nombre del juez que la dicte, como una exigencia del artículo 197.1 del Código Procesal Civil.- 2) ANTECEDENTES DE HECHO, serán redactados en párrafos separados y numerados, en los que se describirá un resumen de la controversia que debe ser resuelta por el juez, es decir: las pretensiones de las partes, los hechos alegados por dichas partes, las pruebas practicadas y los hechos probados, es aquí donde debe hacerse referencia a los hechos controvertidos entre las partes y que han sido acreditados en juicio y que la redacción de los mismos entraña gran dificultad, en tanto es difícil separarlos de la motivación jurídica del fallo, pero debe hacerse un esfuerzo para lograr una redacción correctas de los mismos y no separarlos como si fueran un acápite distinto de la sentencia, pues son un punto más de los antecedentes de hecho.- 3) FUNDAMENTOS DE DERECHO, que contendrá en párrafos separados y numerados los puntos de derecho fijados por las partes, las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos del fallo, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso, y esto no quiere decir que se limita a una transcripción literal de artículos legales, éste es precisamente el lugar en que el Juzgador coloca la explicación exhaustiva del por qué una norma legal es aplicable al caso concreto y por ello se dice que ésta es la parte más importante de la sentencia, pues aquí se expresa el apoyo del juzgador para decidir la controversia. 4) FALLO, que contendrá numerados los pronunciamientos de estimación o desestimación que correspondan a las pretensiones de las partes, aunque se deduzcan de los fundamentos legales del fallo, pues el legislador pretende que exista una verdadera claridad en las sentencias, también deberá hacerse el pronunciamiento sobre las costas y se especificará la cantidad objeto de condena, rechazándose la antigua y viciosa costumbre de dejar esta cuestión para la fase de ejecución de la sentencia, salvo las excepciones previstas en el propio Código Procesal Civil.- Otra práctica errónea y viciosa que debe evitarse, es colocar en esta parte de la sentencia, fundamentos de derecho o preceptos jurídicos, por ello se dice que el fallo debe ser autónomo, de manera que no tenga que acudirse a otras partes de la sentencia para determinar su contenido, ni mucho menos a las leyes.- Artículo 200 del Código Procesal Civil.- Pero, además de los requisitos de forma ya descritos, las sentencias deben contener los siguientes requisitos internos: 1) Claridad, pues la sentencia debe ser fácilmente comprendida por las partes a quienes va destinada aunque evidentemente algunos asuntos extrañan una gran dificultad no solo jurídica, pues también requieren de aspectos técnicos para resolverlas, por ello es indispensable que las partes estén asesoradas de un profesional del derecho, pues no es labor del Juez, explicar nociones jurídicas. 2) Precisión, es decir, motivando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como la aplicación e interpretación del derecho.- 3) Congruencia, pues deben resolverse todas las cuestiones planteadas en el proceso, es decir que el juzgador debe ceñirse a lo que ha sido objeto del debate, es decir que solo se resolverán las pretensiones que han sido deducidas oportunamente en el pleito por las partes.- La incongruencia es un vicio de la sentencia, entre lo pedido por las partes y lo concedido por el Tribunal.- Puede ser: Omisiva, si deja de resolverse alguna cuestión litigiosa.- Excesiva, si se resuelve o concede más de lo pedido.- 4) Motivación, ésta es una exigencia ineludible del derecho, pues solo a través de una resolución motivada, puede controlarse que la decisión del juzgador no sea arbitraria y que se encuentre basada en la razón y lógica jurídica.- Artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil. De la simple lectura de la sentencia que nos ocupa, podemos apreciar que la sentencia que se pretende impugnar reúne todos los requisitos de forma y los internos que debe cumplir la misma, razones por las cuales el motivo que se analiza no debe admitirse, sino que rechazarse, decretándose oportunamente la inadmisibilidad del mismo. La petición planteada en la demanda, al comparecer en procura de justicia, ha tenido una respuesta motivada y de fondo, dotada de invariabilidad por ser lo correcto, todo lo demás indicado en este motivo que se impugna es pura ilusión de parte del recurrente que no ha leído con detenimiento la sentencia que ha impugnado por esta vía. Resulta además, que el recurrente miente al asegurar que la Corte de Apelaciones recurrida hizo una desvaloración de las certificaciones médicas (entiendo que quiso decir desvalorización), repito, miente, porque en realidad lo que sucede es que esas certificaciones médicas fueron desacreditadas por el propio Perito Experto propuesto por el recurrente y que lo nombró la Dirección de Medicina Forense, como quien dice, les salió el tiro por la culata porque hasta la señora Juez se hizo acreedora a una reprimenda por parte del perito experto, claro, desde todo punto de vista respetuosa cuando le dejó bien claro que todos los seres humanos tenemos capacidad mental, dado que, ella le había ordenado que dictaminara si la testadora tenía capacidad mental.- Esa orden inaudita, entre otros errores que contiene la demanda que ha sido resuelta en estricto apego al derecho, a la razón y a la verdad, son las que han motivado la sentencia impugnada.- Tampoco la Honorable Corte recurrida ha hecho ningún parafraseo, lo que sucede es que el demandante de acuerdo a su cultura coreana sin importarle la voluntad de su propia madre, mucho menos nuestras leyes hondureñas quiere destruir la fe notarial, por la fuerza como dijo lo haría de acuerdo a su cultura coreana, repito, sin importarle la voluntad de su propia madre ni mucho menos nuestras leyes hondureñas.- En resumen, la sentencia recurrida no contiene valoraciones subjetivas antojadizas como las denomina el recurrente, lo que si contiene, son motivaciones claras y precisas en estricto apego a la ley y a lo sucedido en el juicio, en el cual, el demandante lo único que pudo probar es su testarudez y su no observancia a nuestras leyes. CUARTO MOTIVO En este motivo el casacionista acusa que “SE IMPUGNA LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN: LOS ACTOS Y GARANTÍAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCIÓN SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENSIÓN”. Después de leer detenidamente la teoría esgrimida por el recurrente de casación en este motivo cuarto, lo felicitamos por haber leído y transcrito bastante de esas obras de derecho; pero, no estamos de acuerdo cuando al hacer sus propios comentarios asevera que la sentencia recurrida es completamente incongruente, más bien creemos, que no ha entendido el alcance del fallo que recurre en cuanto a todos los términos jurídicos que ha venido desarrollando a lo largo de sus motivos de casación, simple y sencillamente, porque, el fallo recurrido le es adverso.- Repito, en el fallo que hoy recurre, se encuentran plenamente desarrollados todos los aspectos, como ser: motivación de la sentencia, discusión o relación de todos los puntos acordados por las partes, congruencia en el análisis y sobre todo sobriedad para llegar a la convicción final, la que no ha sido favorable al recurrente y más bien le falta el respeto al Tribunal de Alzada con los epítetos que le achaca. Finalizo esta impugnación, rechazando la aseveración hecha por el recurrente en contra del Tribunal de Alzada cuando dice que la sentencia no reúne los requisitos formales ni materiales que debe contener el fallo hoy impugnado.- Al respeto, digo, basta leer sin apasionamientos y con el Código Procesal Civil en la mano para comprender que esas sí son apreciaciones sin fundamento que nada mas han salido de la boca del demandante porque Dios y su madre le enseñaron a hablar nada más, puesto que tampoco es cierto que se le vulnere ningún derecho al demandante, ya que, en el supuesto caso que se anulara el segundo testamento vigente, a la hora de proceder cualquiera de los herederos a declararse heredero testamentario con el primer testamento, éstos, independientemente de cuál de los dos lo haga, se tiene expedita la vía judicial para oponerse a esa tramitación hereditaria alegando la nulidad del testamento que revivió basando tal oposición en iguales circunstancias.- Insisto, si este fuera el caso cuando no se ha hecho uso de todos los recursos que la ley franquea a los ciudadanos, claro, a aquellos ciudadanos que las respetan, que no se consideran superiores a dichas leyes por razón de cultura y que no hacen las cosas por la fuerza o la cultura coreana como lo ha hecho el demandante.- Que conste. No existe en el fallo impugnado ningún síntoma de arbitrariedad como lo indica el recurrente, pero si se observa en este motivo cuarto que impugno, no uno, si no varios signos de borrachera, pues, es difícil hilvanar una impugnación cuando solo se tienen conocimientos generales de los hechos como así parece los tiene la persona que redactó el extenso recurso quien cree va a emborrachar al Supremo Tribunal con sus improperios para que le concedan la razón que no la tiene, solo por su capricho.- Todo lo demás es pura argumentación estéril por parte del recurrente y no vamos a caer en ese juego; eso sí, le vamos a recordar que la fe notarial es una institución que no se destruye con arrebatos ni con certificados médicos que hablan de incontinencia urinaria, ni con testigos falsos como el famoso René Soto, que hoy dice sí y mañana se arrepiente y se desdice en sus afirmaciones originales. Las razones y argumentos expuestos nos conminan a solicitar muy respetuosamente a la Honorable Corte Suprema de Justicia que decrete la inadmisibilidad de este motivo de casación por no ajustarse a derecho, ya que no reúne los postulados o parámetros ya establecidos por el Honorable Tribunal Supremo de Justicia. QUINTO MOTIVO Finaliza el recurrente con su quinto motivo en que manifiesta que “SE IMPUGNA LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN: LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA”. En relación a lo expresado por el recurrente en su motivo quinto de casación, entendemos que de manera distinta y arbitraria se refiere al mismo fundamento autorizante que utiliza en el motivo tercero de casación, con la única diferencia que es más extenso; pero, que aquí dispuso de un poco más de tiempo para intentar desarrollarlo, con el agravante que trata exactamente lo mismo, de modo que está de demás referirse en toda su extensión, lo que si encontramos en este motivo quinto, es el hecho de tratar por parte del impetrante, que su recurso no sea desestimado de entrada, pues, intenta convencer al Tribunal que en definitiva lo resolverá, que no se trata de una impugnación de la sentencia en base a normas de procedimiento sino que en aplicación de normas sustantivas.- Eso si es totalmente incongruente y sin vacilaciones debe ser inadmitido, porque, de lo contrario nos puede convencer de que el coronavirus es totalmente inofensivo. MOTIVOS GENERALES PARA LA NO ADMISIÓN DE NINGUNO DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. Al analizar lo que la Honorable Corte Suprema de Justicia ha dejado claramente establecido en sus motivaciones jurídicas en cuanto a los siguientes aspectos: “1. Naturaleza y función del recurso de casación. El recurso de casación se caracteriza por su función nomofiláctica, en virtud de lo cual el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos, es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precisado, conmina a este alto tribunal a que aplique e interprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2. Características del recurso de casación. Las características del recurso de casación son las siguientes: a) Es un recurso extraordinario reservado a determinadas resoluciones y delimitado por causales predeterminadas. b) No constituye una nueva instancia por tanto no permite nuevo examen de hechos y valoración probatoria, salvo de manera excepcional cuando se denuncien infracciones de interpretación o aplicación de normas in prodedendo que regulen el contenido y forma de las sentencias. c) “Su objetivo específico es resolver la existencia de la infracción alegada, de modo que si el recurso es estimado, se casará la sentencia en todo o en parte, provocando que la Corte Suprema a través de la Sala de lo Civil, en la misma sentencia que casa la sentencia impugnada se pronuncie sobre el tema de fondo objeto del proceso”.- Existen varias sentencias en que se establecen los parámetros mencionados, pero de momento nos referimos a la sentencia de fecha 6 de mayo del año 2014, S.C.135-2013.primera. Apreciamos entonces que todo lo transcrito reafirma nuestra posición del porqué todos los motivos de casación desarrollados por el impetrante, no pueden prosperar, sino que deben ser inadmitidos, puesto que ninguno de ellos se ajusta a lo ya establecido por el Supremo Tribunal de Justicia, conforme lo que dispone el artículo 716 del Código Procesal Civil. EN RELACIÓN A LA NULIDAD SUBSIDIARIA Si no existe ninguna infracción legal por aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia recurrida, tampoco existe motivo alguno de nulidad, lo que si existe es el claro deseo del recurrente que se le conceda la razón a como de lugar. Finalizo diciendo, los connotados e ilustres Abogados y Notarios MARÍA LASTENIA CRÚZ MEJÍA (QDDG), ÁNGEL AUGUSTO MORALES VILLEDA; y, ROY EDMUNDO MEDINA (EX FISCAL GENERAL DEL ESTADO), al autorizar sendos otorgamientos en escrituras públicas que obran en el juicio de personas jurídicas junto a la madre del demandante quien en vida fuera la testadora SOON JA KIM (QDDG), todos ellos dejaron plasmados para la eternidad los dichos siguientes que por su orden transcribo en cierta medida a continuación así: A.- En instrumento Público número 370, de fecha 18 de junio de 1998.- “comparecen personalmente los señores KOH CHANG HWAN…, KIM SOON JA…, quienes me aseguran de hallarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente declaran….- Así lo dicen y otorgan….- enterados todos del derecho que la ley les faculta para leer por si esta escritura, por su acuerdo di lectura integra en cuyo contenido se ratifican los otorgantes y firman… de todo lo cual del conocimiento, edad, estado civil, profesión, nacionalidad, oficio y domicilio, Doy Fe…- B.- Instrumento Público número 81, de fecha 1 de febrero de 1999.- “comparecen personalmente los señores KOH CHANG HWAN…. KIM SOON JA…, quienes asegurándome de encontrarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente declaran….- Así lo dicen y otorgan los comparecientes, quienes enterados del derecho que la ley les faculta para leer por si esta escritura, por su acuerdo di lectura integra en cuyo contenido se ratifican, de todo lo cual del conocimiento, estado civil, profesión, oficio, nacionalidad y domicilio, Doy Fe”.- C.- Instrumento Público número 18, de fecha 18 de enero del año 2002.- “comparecen personalmente los señores KIM SOON JA…, KOH CHANG HWAN…. y CARLOS ERNESTO CANIZALES SOLENO…, quienes asegurándome hallarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente dicen…- Así lo dicen y otorgan. Por su acuerdo di lectura integra, cuyo contenido ratifican los otorgantes, de todo lo cual del conocimiento, estado civil, edad, profesión, oficio, nacionalidad y vecindario de los comparecientes, Doy Fe.”.- D.- Instrumento Público número 20, de fecha 26 de septiembre de 2007.- “comparecen personalmente la señora KIM SOON JA… y el señor HECTOR ENRIQUE GAMERO ALMENDARES…, quienes asegurándome encontrarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente dicen….- Así lo dicen y otorgan y enterados del derecho que la ley les confiere para leer por si esta escritura, por su acuerdo procedí a su lectura integra, cuyo contenido ratifican los otorgantes, firman e imprimen la huella digital del dedo índice de su mano derecha.- De todo lo cual, del conocimiento, estado, edad, profesión, oficio, nacionalidad y vecindad de los otorgantes…, Doy Fe…”. Al igual que el propio demandante y su madre ahora difunta en claro documento privado para la eternidad establecieron lo siguiente: “CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. - Nosotros, SOON JA KIM, mayor de edad, casada, de nacionalidad de coreana, con residencia legal en el territorio hondureño con el No. 2410-2006-06265 y el señor CHANG HWAN KOH, en su condición de Gerente General de la empresa KOHPLASTIC S. DE R.L. DE C.V.,...”. Que más que claro, pues, el hecho que, en ninguno de esos documentos públicos y privado se dijo que la testadora no sabía, no entendía, ni escribía el idioma español y que por eso necesitaba un traductor.- Si eso fue así, entonces, ¿Por qué el propio demandante ahora niega que su madre sí podía, hablar, leer y entender el idioma español?.- Al parecer esa cruda realidad plasmada para la eternidad en esos documentos, lo desmiente y debe ser sancionado no solo con la inadmisión de sus pretensiones sino que debe ser condenado totalmente en costas por irrespetuoso de la memoria de quien le dio la vida.- Que conste. Suplicamos muy respetuosamente a los señores Magistrados Integrantes de la Sala de los Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia no dejarse sorprender por las acciones malintencionadas del demandante y sus Abogados representantes para embaucarlos en la aventura pretendida de destruir la sagrada institución de la “fe pública notarial” con las acciones tan nefastas que nos llevarán a una completa inseguridad jurídica. Rogamos el prestar mucha atención a las verdaderas intenciones del impetrante”. I. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Conforme el artículo 718 del Código Procesal Civil, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, es competente para conocer del recurso de casación. 2. La Sala de lo Civil reitera la naturaleza y función del recurso de casación, así tenemos que el recurso de casación tiene una función nomofiláctica, para ello el artículo 716 del Código Procesal Civil dispone dos fines expresos, el primero de ellos es la protección de las normas del ordenamiento jurídico, y esto se hace, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional. Por su parte el numeral dos del artículo precitado, conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. (Ver resoluciones de fechas 13-12-2013 exp. S.C. 236-2012; 18-03-2014 exp. S.C. 003-2013; y 06-05-2014 exp. S.C. 135-2013). 3. De conformidad con el artículo 719 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales, así como la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, y de conformidad con el artículo 721 del mismo código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia. 4. Con los requisitos formales establecidos en el artículo 721 del Código Procesal Civil, queda reconocido el denominado principio de “Debida Técnica”, que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso. 5. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL EN CUANTO AL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA ABOGADA KAREN WALESKA VALLADARES DIAZ. La Sala es del criterio que la recurrente ha incumplido las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil para el escrito de interposición y formalización del recurso de casación, ello en virtud de faltar al requisito fundamental de hacer constar el motivo en que la casación se basa, con expresión de las normas cuya infracción sustenta el mismo con la suficiente separación y claridad, tal y como lo demanda el artículo 721.2 del Código Procesal Civil; denuncia la impetrante la infracción de una norma procesal (art. 206 del CPC), que contiene tres numerales que regulan aspectos diferentes; el primer numeral se refiere a que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas y sobre estos tres elementos (que a su vez, por ser diferentes, deben ser explicados por separado) no emprendió ninguna explicación; el segundo numeral se refiere al principio iuri novit curia en la sentencia; y, el tercero refiere que cuando los puntos de litigio son varios, el tribunal debe separadamente pronunciarse por cada uno de ellos, y sobre este último elemento no planteo ninguna explicación. La recurrente tampoco se ocupó de intentar dar una explicación de la relación de estos tres numerales; por otra parte, más adelante intenta relacionar el principio de acceso a los tribunales del artículo 1.1 del Código Procesal Civil con el artículo 90 de la Constitución de la República, sin que para ello dé una explicación satisfactoria y suficientemente clara como para entender el quebranto de la norma procesal civil denunciada, por lo tanto; concurre la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil. 6. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL EN CUANTO AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA ABOGADA KAREN WALESKA VALLADARES DIAZ. Es criterio de la Sala que la impetrante incurre nuevamente en el incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil para el escrito de interposición y formalización del recurso de casación, en virtud de faltar al requisito fundamental de hacer constar el motivo en que la casación se basa, con expresión de las normas cuya infracción sustenta el mismo con la suficiente separación y claridad, tal y como lo demanda el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, presentando básicamente la misma norma infringida y el mismo argumento del motivo anterior, de manera que cabe también la misma respuesta en el sentido de que viene denunciando la infracción de una norma procesal que contiene tres numerales que regulan aspectos diferentes (art. 206 del CPC); el primer numeral se refiere a que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas y sobre estos tres elementos (que a su vez, por ser diferentes, deben ser explicados por separado) no hizo ninguna explicación; el segundo numeral se refiere al principio iura novit curia (principio procesal que da a los jueces facultades de traer normas de interpretación, normas procesales y principios que un demandante o un demandado hubiera podido olvidar y que el juzgador, porque los conoce, los aplica con el objeto de que, por falta de hacerlo, pudiera hacerse una errónea decisión o, si se quiere, una denegación de justicia); y, el tercero refiere que cuando los puntos de litigio son varios, el tribunal debe separadamente pronunciarse por cada uno de ellos, elemento este sobre el cual la impetrante tampoco explica a la Sala su vulneración; tampoco se ocupó en intentar argumentar la relación de estos tres numerales; por otra parte, más adelante intenta relacionar el principio de acceso a los tribunales del artículo 1.1 del Código Procesal Civil con el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, para terminar sin una explicación satisfactoria que sea suficientemente clara como para entender el quebranto de la ley denunciado. Lo nuevo que incorpora en este motivo de casación, es que señala que la supuesta infracción causa nulidad de actuaciones y debe dictarse nueva sentencia saneando los vicios de nulidad tal como lo disponen los artículos 9, 10, 11, 1586 y 1589 del Código Civil, incorporando a la impugnación preceptos de orden material, que no pueden ser examinados por la vía de la causal elegida por la censora, pues la nulidad de orden procesal que avala la causal propuesta ha de buscarse en normas de esa misma naturaleza, porque la nulidad de las normas del Código Civil que sugiere la impetrante, se refiere a los actos y contratos sustantivos y no a actos y garantías procesales que son las susceptibles de ser abordadas por la vía elegida por la censora y que no fueron señaladas, por lo tanto; concurre la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil. 7. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL EN CUANTO AL TERCER MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA ABOGADA KAREN WALESKA VALLADARES DIAZ. La Sala encuentra que la misma ha incumplido las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil para el escrito de interposición y formalización del recurso de casación, en virtud de faltar al requisito fundamental de hacer constar el motivo en que la casación se basa con expresión de las normas cuya infracción sustenta el motivo con la suficiente separación y claridad, tal y como lo demanda el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, falencia que se hace notar porque la impetrante invoca la infracción de una norma que contiene dos numerales (art. 207 del CPC); el primero relacionado con los razonamientos fácticos y jurídicos que debe emplear el juzgador; y, el segundo referente a considerar los elementos fácticos y jurídicos individualmente y en conjunto atendiendo a las reglas de la lógica y de la razón. Sin embargo, no ha sido capaz de relacionar estos dos supuestos de la norma, afincando su alegato en el primer numeral desentendiéndose del segundo numeral y desorientando totalmente su argumento al acudir al artículo 1.1 del Código Procesal Civil que establece que toda persona tiene derecho a peticionar ante los Juzgados y Tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, torna aún más confuso e ilógico el motivo al señalar: “… no hay motivación fáctica en la Sentencia puesto que señalamos que no se cumple con normas imperativas que relacionadas afectan a la motivación que el Tribunal debe llegar para resolver el objeto del debate.”; para señalar enseguida que el precitado artículo está relacionado con los artículos 691 de la obligación mercantil que nace de la contraprestación siendo onerosas, y 694 ambos del Código de Comercio, al decir puntualmente que las obligaciones mercantiles no hay períodos de gracia; y que esto es lo que motivó a comparecer ante el Juzgado por la mora en el pago de la obligación mercantil. Tales razonamientos por parte de la recurrente, haciendo cita de dos artículos del Código de Comercio, que no tienen nada que ver con el asunto que se conoce, vuelven el motivo carente de claridad, ya que la impetrante de manera poco juiciosa crea una confusión en su exposición y que concita, por parte nuestra, el señalarle a la misma el cuidado que debe tenerse al plantear un motivo de casación; todo lo cual da lugar a la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil. 8. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL EN CUANTO AL CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA ABOGADA KAREN WALESKA VALLADARES DIAZ. La Sala da respuesta a los argumentos expuestos por la recurrente estimando que la misma ha incumplido las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil para el escrito de interposición y formalización del recurso de casación, en virtud de faltar al requisito fundamental de hacer constar el motivo en que la casación se basa, con expresión de las normas cuya infracción sustenta el mismo con la suficiente separación y claridad, tal y como lo demanda el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, falencia que se hace notar porque viene señalando como precepto autorizante el artículo 719.1.b) del Código Procesal Civil y cita como norma infringida el artículo 208 del mismo Código referente a la congruencia (requisito interno de la sentencia). En sustento, establece que la congruencia consiste en la adecuada relación que ha de existir entre la pretensión procesal y la parte dispositiva de la misma, para luego afirmar que la sentencia dictada por el iudex ad-quem no reúne los requisitos formales ni materiales que debe contener el fallo, pues no fundamenta legalmente la sentencia sino con valoraciones subjetivas. Sobre lo anterior, la Sala señala que la recurrente confunde totalmente la congruencia con la motivación, pues se ocupa de cuestionar la congruencia de la motivación que no se examina por la vía casacional optada por la censora, pues para ello es necesario interesar el control fáctico de la sentencia como vía causal; por otra parte, no ha explicado como la infracción de la norma fustigada determina nulidad o produce indefensión, concurriendo, en consecuencia, la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil. 9. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL EN CUANTO AL QUINTO MOTIVO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA ABOGADA KAREN WALESKA VALLADARES DIAZ. La Sala es del criterio que la recurrente ha incumplido las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil para el escrito de interposición y formalización del recurso de casación, en virtud de faltar al requisito fundamental de hacer constar el motivo en que la casación se basa, con expresión de las normas cuya infracción sustenta el mismo con la suficiente separación y claridad, tal y como lo demanda el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, falencia que se hace notar porque viene señalando como norma infringida el artículo 208 del mismo Código referente a la congruencia de la sentencia que forma parte de los requisitos internos de la misma. Se ocupa en establecer que la congruencia consiste en la adecuada relación que ha de existir entre la pretensión procesal y la parte dispositiva de la misma, para afirmar luego que “la sentencia no reúne los requisitos formales ni materiales que debe contener el fallo pues no fundamenta legalmente la sentencia sino con valoraciones subjetiva”; “Se denota la falta de congruencia con síntomas de arbitrariedad en los argumentos del tribunal de alzada para dictar la sentencia hoy impugnada”; “es completamente incongruente y absurdo el fundamento de derecho décimo segundo”; y así sucesivamente, confunde totalmente la congruencia de la sentencia con la motivación, pues se ocupa de cuestionar la congruencia de la motivación que no se examina por la vía casacional optada por la censora, pues para ello es necesario interesar el control fáctico de la sentencia como vía causal, concurriendo, en consecuencia, la causal de inadmisión prevista en el artículo 723.2.a) del Código Procesal Civil. 10. RESPUESTA DE LA SALA DE LO CIVIL EN CUANTO A LA NULIDAD SUBSIDIARIA INTERPUESTO POR LA ABOGADA KAREN WALESKA VALLADARES DIAZ. La impetrante sustenta la misma alegando: (Sic) “tal como se ha expuesto en los motivos que anteceden, la Corte recurrida ha dictado un fallo incongruente, con defectos de forma que resalta su simple lectura”; igualmente manifiesta que “tal como se ha denunciado en los motivos casacionales no son de recibo los fundamentos invocados”, reconociendo con ello que ya introdujo su reclamo por los motivos de casación. La Sala de lo Civil al respecto estima lo siguiente:

a) Conforme lo dispone el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías…”; en ese sentido, para que en un proceso existan verdaderamente las garantías judiciales –también conocidas como garantías procesales–, es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”[11]; es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”[12]. En consonancia con la Convención, dispone la Constitución hondureña en su artículo 90 párrafo primero que: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”, principio que ha sido recogido por el Código Procesal Civil en el artículo 3. b) Tal como lo establece el artículo 12.1 del Código Procesal Civil, la dirección del proceso está a cargo del Juez, quien ejerce esa potestad de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y el precitado Código.

c) El artículo 7 en sus numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, establece que: 1. “El Proceso Civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas”. 2. “Las normas contenidas en este Código son obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso…”. d) El artículo 211 del Código Procesal Civil manda que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes, con relación a los actos procesales da lugar a la nulidad o anulabilidad de acuerdo con lo establecido en el citado Código.

e) En nuestra legislación vigente, el Código Procesal Civil ha previsto los canales para que la nulidad tenga cabida, así ha dispuesto que la nulidad y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate o mediante el procedimiento para incidentes según el caso (214.1, 215.1.2.3 CPC), pero tratándose de un recurso de casación, esta tiene su propia vía de examen de conformidad con lo previsto en el artículo 719.1.b) del Código Procesal Civil, cuando se trate de normas procesales que regulen los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, vía que ha intentado la impetrante en el segundo y cuarto motivo de casación sin éxito debido a las falencias en su técnica recursiva; no obstante, en virtud del control procesal de los órganos jurisdiccionales, podrá el Tribunal decretar nulidad de los actos procesales cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, (artículo 212.4 del Código Procesal Civil), y en ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso (artículo 214.3 del Código Procesal Civil), lo que significa que si ha sido solicitada, entonces sí puede entrar a considerarla el Tribunal de Casación, sin embargo, al examinar la pretensión de nulidad, esta Sala observa que la recurrente ha tenido las vías procesales autorizadas por la ley para llevar al examen jurisdiccional aquellas falencias que, según su opinión, podrían redundar en nulidades procesales, que como se explicó antes, fracasaron por su inobservancia de los requisitos y exigencias propios del recurso extraordinario de casación, consecuentemente no es labor del tribunal de casación, vía nulidad, subsanar la incapacidad de la recurrente de hacer valer correctamente su impugnación por las vías casacionales legalmente instituidas, amén de observar oficiosamente que no existen razones para dar lugar a una nulidad procesal. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7, 21, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) literal b), 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723.2 a) y b), 724, 725 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación en sus cinco motivos, interpuesto y formalizado por la abogada Karen Waleska Valladares Diaz en la condición con que actúa. 2) Sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada. 3) Firme la sentencia recurrida, dictada en fecha treinta de enero del año dos mil veinte, por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en el expediente de apelación número 0801-2015-01592-CPCO, originado en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el mismo número del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. 4) CONDENA EN COSTAS a la parte recurrente. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes personadas, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. MILTON DANILO JIMÉNEZ PUERTO. MAGISTRADO COORDINADOR. RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA. MAGISTRADA. GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTÍNEZ. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. SECRETARIA SALA DE LO CIVIL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil veintitrés; Certificación del auto de fecha veinte de abril del año dos mil veintitrés, recaído en el Recurso de Casación registrado bajo el No. S.C. 76=2020.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

SECRETARIA SALA DE LO CIVIL

[1] Artículo No. 9 C.C.: Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención.

Artículo No. 10 C.C.: Cuando la ley declara nulo algún acto con el fin expreso o tácito de precaver un fraude, o de proveer a algún objeto de conveniencia pública o privada, no se dejará de aplicar la ley, aunque se pruebe que el acto que ella anula no ha sido fraudulento contrario al fin de la ley.

Artículo No. 11 C.C.: Las Leyes que interesan al orden Público y a las buenas costumbres, no podrán eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares; pero podrán renunciarse los derechos Conferidos por las leyes, con tal que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia.

Art. No. 1586 C.C.: Hay nulidad absoluta en los actos o contratos: 1 - cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia. 2 - cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o Estado de la persona que en ellos interviene. 3 - cuando se ejecutan o celebran por personas absolutamente incapaces.

Art. No. 1589 C.C.: La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe, cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria.

[2] Articulo No. 691 CCom. Toda obligación mercantil ha de tener como objeto una prestación económicamente favorable, que corresponderá a un interés del acreedor. Las obligaciones mercantiles siempre serán onerosas.

Articulo No. 694 CCom. No habrá términos de gracia o cortesía para el cumplimiento de las obligaciones mercantiles.

[3] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 DE AGOSTO DE 1987.

[4] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 DE AGOSTO DE 1987.

[5] Gonzalez, Pérez Jesús. El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001. Pág. 53.

[6] Art. 987 párrafo primero C.C.: El testamento otorgado durante la existencia de cualquiera de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo precedente es nulo, aunque posteriormente deje de existir la causa.

[7] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 DE AGOSTO DE 1987.

[8] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 DE AGOSTO DE 1987.

[9] Gonzalez, Pérez Jesús. El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001. pág. 53.

[10] Art. 987 párrafo primero C.C.: El testamento otorgado durante la existencia de cualquiera de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo precedente es nulo, aunque posteriormente deje de existir la causa.

[11] Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, párr. 147, y Caso Mohamed vs.

Argentina, párr. 80.

[12] Corte IDH. Opinión Consultiva OC-9/87, párr. 28, y Caso Mohamed vs. Argentina, párr. 80.